Por Agustín Bontempo e Iván Barrera. Foto: Télam

Desde su asunción el 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández y su gobierno tuvieron en claro que su principal desafío sería poder cumplir con sus promesas de campaña teniendo al Fondo Monetario Internacional y su cronograma de pagos insostenible sobre las espaldas. Mucho se dijo al respecto: se acusó oportunamente al gobierno cambiemita de tamaña irresponsabilidad y hasta se amenazó con una investigación de la deuda que terminaría con los responsables políticos en manos de la justicia, con una denuncia internacional hacia el FMI por incumplir con su propio acuerdo y con la soberanía económica impoluta al no tener que cumplir con un acuerdo fraudulento desde sus bases hasta su ejecución. Como tantas otras promesas, nada de eso sucedió. De hecho, fue todo lo contrario: pandemia de por medio se cumplió con cada uno de los pagos acordados en tiempo y forma y se llevaron adelante discusiones, en general atravesadas por mucho hermetismo, que tenían un fundamento oficial de dudosa credibilidad: el FMI no es el mismo de antes. Así como anunciaron en Grecia y Portugal que el FMI no era el mismo que en el 2001 en Argentina y así como Macri anunció que el FMI de Grecia y Portugal no era el mismo que en Argentina 2018, Alberto nos muestra un FMI que es distinto al de Macri, un FMI abierto al crecimiento y el desarrollo del país.

Spoiler alert: es el mismo FMI de siempre 

Cuando sucedieron las PASO y el gobierno sufrió una derrota electoral en todo el país, decíamos que el oficialismo había comenzado a mostrar su debilidad política con retrocesos, como la expropiación de Vicentín, pero que había una alternativa, no solamente para remontar el resultado en las generales, sino para cumplir con las exigencias por las cuales habían sido votados: mejorar las condiciones de la ciudadanía y para eso “El camino debe ser claro: pasar de lo imaginario, lo retórico, de los amagues discursivos para alcanzar las soluciones concretas en términos económicos y sociales, con la firmeza que eso implica, incluso cuando la exigencia viene de actores con el poder de la talla del FMI”.

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La media sanción obtenida en la madrugada del viernes da cuenta de dos elementos fundamentales para comprender, además, la situación interna de la coalición del Frente de Todos. Por un lado, el sector que responde al albertismo despeja mantos de dudas sobre su orientación política general. No se iba a expropiar Vicentín ni se iba a confrontar al FMI. Un camino que, no por antipático, deja de ser coherente. Por otro lado, el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner con la clara expresión en su hijo y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que en estos escenarios mostraron posiciones contrarias llegando en esta instancia a aportar la mayoría de los votos negativos en contra del acuerdo, con la misma Cristina publicando un video el día después recordando las penurias del fondo y la posición del ex presidente Néstor Kirchner.

Con esto último no decimos que el kirchnerismo duro y puro está en contra de pagar la deuda, pero evidentemente muestran una grieta sobre las negociaciones, donde busca despegarse de la decisión política. Tanto Máximo cuando renunció a su banca, como los argumentos de su bloque para votar en contra, hablan claramente del reconocimiento de la deuda, pero también de las condiciones en que fue tomada, las pautas para ser pagada y la búsqueda de responsabilidades para que la carga de la crisis que estos pagos desataría no recaiga exclusivamente en el pueblo trabajador.

Mención especial se debe hacer para aquellas organizaciones que mantuvieron una posición contraria a los intereses del FMI, tanto en las calles (incluso soportando la represión de la Policía de la Ciudad) como en el Congreso. Mérito que no alcanza a sectores libertarios que su negativa al acuerdo fue porque el ajuste les quedaba corto.

¿Que implica el acuerdo y qué escenarios se abren?

El hermetismo con el que el gobierno nacional de la mano de su ministro de Economía, Martín Guzmán, llevó adelante las negociaciones, hizo que se utilizaran litros de tinta para comprender de qué tipo de acuerdo se habla. No vamos a reponer todos los debates en cuestión, pero es importante destacar cuál es la deuda, qué implica el acuerdo y hacia dónde nos dirigimos.

Mauricio Macri, en apenas 3 minutos en el año 2018, anunció el retorno del FMI al país, tomando una deuda de 57 mil millones de dólares de los cuales 45 mil millones llegaron a desembolsarse, siendo la más grande en la historia de la entidad financiera. El FMI, antes que un organismo financiero es un organismo político. Detrás de sus acuerdos no solo se impone un esquema de pagos, sino una serie de políticas que determinan la posición de un país respecto de la economía mundial. La deuda contraída por Macri, insostenible desde su origen, sirvió para subvencionar una fuga de capitales escandalosa, financiar una campaña electoral que terminó en una derrota apabullante y someter a la economía del país a un ajuste brutal con aumento de tarifas de todos los servicios, alimentos, despidos, crecimiento de la pobreza y el ingrediente incendiario por excelencia: inflación. Coctel explosivo que se solucionaría con recortes de derechos por medio de reformas laborales, educativas, previsionales y ajustazos presupuestarios.

A su momento, el Frente de Todos denunció discursivamente este escenario sin radicalizar posturas concretas de ningún tipo. Luego de pagar miles de millones de dólares en estos dos años, el gobierno llega a un acuerdo que supone:

• Iniciar un esquema de pagos que va de 2026 hasta 2034
• El mismo se efectivizará por medio de un Programa de Facilidades Extendidas, que supone nuevos desembolsos para cumplir con los pagos
• Revisiones trimestrales durante 30 meses
• Compromiso por cumplir metas fiscales e inflacionarias y de reducción de subsidios, entre otros

Estos títulos suponen varias cosas. En primer lugar, a partir de la firma de este acuerdo finaliza el gobierno de Alberto Fernandez y se inicia el cogobierno FMI- Fernandez. Mientras la Argentina vaya cumpliendo con sus demandas, es posible que el Fondo sea flexible para que, si en alguna revisión los números no son los deseados, el acuerdo no se caiga. El objetivo es de largo aliento y supone una injerencia integral en nuestra economía.

Por otro lado, que el pago se inicie en 4 años supone dos problemas en el marco del acuerdo. En lo inmediato, porque el gobierno pretende crecer y fortalecer las arcas del Estado para el momento en que se deba pagar la deuda, sin embargo, uno de los compromisos asumidos es que cualquier crecimiento mayor al estipulado en el acuerdo se usará para cumplir con las metas fiscales impuestas por el FMI, es decir, el potencial ajuste que sucederá, no podrá contenerse por la vía del crecimiento y tampoco implicará mejoras sustanciales en los bolsillos de las y los trabajadores. Además, en una economía tan inestable, es factible que el próximo gobierno también deba rediscutir las formas de pago, más allá de que Argentina cumpla con todas las demandas.

Pero, al menos con este acuerdo, matamos al fantasma del default, ¿no? Pues no, mi ciela. Todo lo contrario: como se explicó antes, cada tres meses el gobierno recibirá la adorable visita de una misión del fondo para revisar la ejecución del acuerdo. Si entienden que este se incumplió –o dicho de otro modo: Si el FMI ve que la Argentina no va hacia el esquema político económico de su preferencia- puede suspender el desembolso de pagos y condenar nuevamente a la economía argentina al default, esta vez con un acuerdo firmado por el actual gobierno, legalizando todo lo ocurrido durante el macrismo, sin posibilidad de maniobra.

Este limitado punteo no tiene la intención de ser exhaustivo con la letra del Memorándum, sino poner sobre la mesa lo que muchos sabemos: el FMI es el mismo de siempre. Con recetas anticuadas que en todo el mundo ha generado crisis sociales, económicas y políticas (ya experimentadas por Argentina), vuelve a la carga con los mismos ingredientes para cocinar el mismo plato.

En esta oportunidad, hablar de una deuda que se tomó de manera irregular, contra el propio estatuto del Fondo, que además sirvió para fugar capitales y enriquecer a unos pocos sobre el hambre de las mayorías, solo puede ser leído como una estafa sustentada en una deuda ilegal e ilegítima. Una estafa que fue legitimada por primera vez en su historia por el Congreso de la Nación. 

Hace unos meses, el economista Olmos Gaona nos decía que decirle que no al fondo era posible, necesario y que además, sería un mensaje político contundente para la entidad. Aunque esta mañana hubo un paso institucional hacia adelante, la negativa de diversos sectores tanto en el congreso y como en la siempre necesaria resistencia callejera, mostraron, nuevamente, que otro camino es posible y que demanda la más amplia unidad, más allá de sus matices.

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Puestas así las cosas, queda la pregunta inicial por responder: ¿Las estafas se pagan? Por supuesto que no. 

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

¿Quiénes la toman y por qué motivo? ¿Quiénes la pagan y con qué recursos? ¿Por qué no se investiga y se discute ciertamente su legitimidad? Como contrapunto siempre hay sectores sociales que sí levantan esta línea y en concreto reclaman que ese dinero se use para paliar la pobreza que crece en una coyuntura sumamente compleja. 

En Antes que se acabe el mundo dialogamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador y experto en el tema, autor de los libros “Deuda odiosa” y “Deuda externa de Ecuador”, para profundizar en la situación.

Escuchá la entrevista completa: 

https://ia801403.us.archive.org/28/items/a-olmos-gaona/A_OLMOS_GAONA.mp3

¿Se puede recuperar la economía de la pospandemia con esta deuda que pesa sobre nuestras cabezas? 

Yo te diría que lamentablemente la Argentina no puede pagar esta deuda. No puede pagar esta deuda con el fondo, no puede pagar la deuda con el Club de París, no puede pagar la deuda acordada el año pasado con los acreedores, o sea, en este momento la situación económica en Argentina es extremadamente difícil y las cuentas no dan. Yo no entiendo por qué se dice “Vamos a acordar un plazo” es decir, ¿De dónde va a salir la plata? Macri dejó una deuda de 323.000 millones de dólares, ahora la deuda es de 348.000 millones de dólares.

Entonces, se pagan intereses, se siguen pagando intereses, se sigue refinanciando la deuda, pero la deuda sigue, sigue, sigue. Sigue porque no se pueden pagar todos los intereses, entonces se acumulan al capital por anatocismo. En estas negociaciones con el fondo, yo supongo que el ministro de Economía Martín Guzmán tiene que plantear un plan, pero como el Presidente de la República dice que él no cree en los planes económicos, realmente no entiendo cuál va a ser la definición.

Por otro lado, ayer (por el miércoles) se pagaron 1.885 millones de dólares al fondo y la situación en la Argentina es extremadamente grave y eso ha sido un pago, me imagino como un acto de buena voluntad para que el gobierno siga negociando con el fondo, aunque yo personalmente, esto es muy subjetivo, creo que ya hay un acuerdo cerrado con el fondo, pero el Gobierno no quiere mostrarlo hasta después de las elecciones, porque el acuerdo con el fondo no va a ser un acuerdo a 20 años a 25, no. Lo máximo que da el fondo es lo que da siempre, 10 años y por otro lado, va a establecer ajustes y condicionalidades porque lo ha hecho invariablemente siempre y el que no conoce la historia del fondo puede mirar que nos va a dar otras alternativas. Se ve que se olvida lo que pasó con Grecia hace unos años, donde una situación extremadamente grave, al Fondo Monetario Internacional no le importó porque el problema es que el fondo de ahora es el mismo de siempre, ahora puede tener actitudes distintas, diría más benevolentes como ha hecho este reparto Especiales de Giro, pero el fondo tiene una forma de manejarse que la Argentina la ha vivido en los 28 acuerdos que celebró con el fondo, ¿Por qué ahora va a ser distinto?, ¿Por la pandemia? Si, por la pandemia puede haber ciertas flexibilidades para no pagar esos intereses de más que habría que pagar por el monto desmesurado del crédito que nos dio y por otro lado, a mi lo que me llama la atención es que el Gobierno no ponga énfasis en señalar las responsabilidades del fondo de darle a Argentina un préstamo que equivalía a 10 veces los derechos que tenía la Argentina en ese momento y, con una situación que cuando se lo dio, el fondo sabía que la Argentina no iba a poder pagar. 

Cuando yo analizo todas estas cuestiones y veo los documentos, que al final parece que nadie los lee, cuando en el año 2017 Luis Caputo emitió el bono a 100 años, en el implosur del bono, que es la advertencia que hace un país a los que van a comprar el bono, en 12 puntos mostraba lo que iba a pasar. Que la Argentina iba a tener conflictos sociales y una de las partes fundamentales del bono de la Argentina no iba a poder pagar sus ventas, el fondo ese mismo año en su informe el artículo cuarto muestra lo que estaba pasando con economía y dice lo que había que hacer: ajustes, restricciones laborales, acortar el gasto público, la receta permanente del FMI, ¿Por qué ahora el fondo va a ser distinto?

¿Cuáles serían las condiciones que buscarían imponer? En definitiva, sabían que era un acuerdo impagable, ¿Cuál es la intención, incidir en la política económica del país?

El fondo fue creado con un objetivo y por supuesto eso cambió totalmente. En los acuerdos que hace el fondo siempre pide ajuste fiscal, siempre pide modificación de legislación laboral, por entender que es restrictiva, restringir el empleo público y disminuir los gastos del Estado. Los datos del Estado significa que sí hay que hacer inversiones importantes para desarrollo, eso hay que acotarlo. Uno de los ejemplos de los acuerdos más importantes que hizo el fondo con Argentina fue en el año 1992, cuando se llevó el Plan Brady, es decir, en ese momento la Argentina reestructuró 32.000 millones de deuda y el FMI envió una comunicación reservada a la comunidad financiera internacional para que apoyara al gobierno de ese entonces, diciéndole que el gobierno se había comprometido a vender las empresas públicas, a modificar la legislación laboral, que era restrictiva para las empresas extranjeras y a privatizar el sistema jubilatorio. Entonces, en este momento, el fondo no puede pedir que se vendan las empresas públicas, porque ya se vendieron todas, pero sí puede plantear que haya ajustes en el sistema jubilatorio. En rigor ya los hubo, porque la ley que se firmó durante la época de Macri era mejor de la que está en vigencia, cualquier análisis económico lo demuestra categóricamente.

Por otro lado, el ministro Guzmán estableció un déficit del 4,5% en el presupuesto del 2021 y de acuerdo al planteo que le hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciéndole “acá había una sustitución presupuestaria” ¿Qué pasa con la otra parte? Guzmán esto lo hace para quedar bien con el fondo, para mostrar que está tratando de constreñir el gasto público para que el déficit sea menor y, la divisa menor, eso significa que el fondo lo ve con buenos ojos. Ahora bien, ¿Qué pasa con el pueblo argentino? ¿Qué pasa con la gente que no tiene para comer? ¿Qué pasa con el índice de pobreza que ha crecido? Parece que el pueblo argentino, la gente, es un número. Es un número, es una variable eventualmente de ajuste. 

Entonces, yo me imagino que el fondo puede limitar un poco los intereses porque pedía cobrar más de los que finalmente cobra en razón del mundo, en el préstamo podía haber alguna limitación de eso, pero por supuesto primero va a pedir un plan muy concreto ¿Y cuál va a ser el plan? Eso es lo que yo no veo.

Por otro lado, si vos te fijas en el último presupuesto que acabo de empezar a leer, son más de 4.500 páginas, se habla de una inflación del 33%. En la página web del Banco Central hoy se habla de que la inflación va a ser más del 40%. ¿Qué pasa? ¿No hay coincidencia en lo que dice el Ministerio de Economía con lo que dice el Banco Central? Son cosas que sorprenden y muestran que indudablemente hay un gobierno que no funciona como debería.

En el mes de Marzo el Gobierno había anunciado que iba a denunciar al gabinete de Macri por endeudamiento, pero no dejamos de pagar por un lado y estamos viendo esta coyuntura, ¿Cuál es ese vínculo? 

Por un lado, la denuncia es una denuncia efectista sin ningún resultado y no solo fue la denuncia del gobierno. Fue la denuncia de Juan Grabois contra Nicolas Dujovne y Christine Lagarde, fue la denuncia de Claudio Lozano también contra los mismos, fueron recursos de amparo que hicieron un montón de abogados diciendo que no se habían seguido las normas de Procedimiento Administrativo para hacer el tema del pago. Esto es desconocer absolutamente lo que son los acuerdos con el fondo. 

Desde el punto de vista del procedimiento, el acuerdo de Macri con el fondo es exactamente igual al que firmó Néstor Kirchner en el 2003, es igual al acuerdo que firmó Carlos Menem y a todos los acuerdos anteriores desde el punto de vista del procedimiento. Siempre es el mismo porque así se maneja el fondo, no hay que establecer procedimientos especiales porque el fondo está exceptuando de esos procedimientos. Es una verdadera barbaridad, pero es lo que ha ocurrido siempre. Por otro lado, ¿Cómo se va a denunciar a Nicolás Dujovne que firmó el acuerdo con el fondo cuando Nicolás Dujovne, de acuerdo a la carta constitutiva del fondo, tiene inmunidades totales? No puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo porque era parte del fondo en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile y le corresponden todas las inmunidades. En estas cosas de las que se habla mucho pero se conoce poco, el Fondo Monetario Internacional, que es una barbaridad y ninguno de los 188 países que lo componen ha querido cambiar, tiene más inmunidades que un país soberano, no puede ser sometido a juicio como institución, no pueden ser imputados sus directores, ni sus gobernadores, ni sus operadores en cuanto hagan trabajo para el fondo. Tiene inmunidad de archivos, ningún tribunal de ninguna parte del mundo puede pedirle al fondo que muestre sus archivos, qué es lo que prepara, lo que no prepara. El fondo puede dañar impunemente a cualquier país que no pueda tocarlo en ninguna parte del mundo.

Entonces, se hace una denuncia trucha para salir en los diarios, que el jefe de la oficina de Anticorrupción después se sume al acuerdo del Tesoro, yo me imagino que se estarán riendo a carcajadas de la Argentina. No solo no resiste el menor análisis, sino que además todas las inmobiliarias del fondo están ratificadas por una convención internacional y lo que es terrible es que una institución como el fondo tenga esas prerrogativas y ningún país se haya animado nunca a cuestionarlas y a querer cambiarlas entonces.

¿Qué es lo que pasa? Denunciamos sin fundamento sabiendo que irá al archivo la denuncia, pero claro, en los diarios, en los grandes títulos “El Gobierno denunció en Fondo Monetario”.

Otro de los puntos claves de esto es ¿Qué pasó con la plata del fondo? Según el informe del Banco Central, durante la gestión macrista, se fugaron 86.000 millones de dólares. Si, se fugó la plata del fondo. Los responsables del gobierno de Macri dicen que la plata que vino del fondo sirvió para pagar deuda del gobierno anterior. Un fiscal amigo hace unos días decía los que hablan de esto de la que se la llevaron los amigos de Macri deben creer que los dólares del fondo vienen marcados con un sello del Fondo Monetario y que están los amigos de Macri con las valijas esperando para llevarlas. Es extremadamente grosero. Por otro lado la fuga no es delito y, además, se considera como fuga todos los capitales que se fueron. Los capitales que se fueron pueden haberse ido por revisión de utilidades de las empresas extranjeras, por compra de insumos de empresas que necesitan insumos extranjeros, por formación de activos y un señor que compró dos millones de dólares tiene todo el derecho porque no hay una norma legal que se le impida y ¿Por qué no hay una norma legal que lo impida? ¿Por qué hoy, año 2021, tenemos todavía leyes firmadas por Jorge Rafael Videla? Inversiones extranjeras, ley de sistema financiero. Leyes que fueron ratificadas por el Congreso Nacional en el 2014. Entonces tenemos que ir a las causas, no a las consecuencias. Si tenemos una estructura legal de la dictadura que sigue vigente, que los legisladores ratificaron en el 2014, no podemos quejarnos que haya fuga porque, ojo, en la fuga al lavado de activos que se van del país, hay dinero de la droga que también se va del país, pero hay otras, cuestiones legítimas, entonces no se puede englobar en lo mismo todo.

Yo creo que un auditoría en el Banco Central debería determinar exactamente, quién se llevó la plata, en concepto de que se la llevó ¿Por qué no lo hace el Banco Central? En el año 2001, las Comisión Investigadoras de la Cámara de Diputados hizo un informe demostrando que se habían fugado más de 30 mil millones de dólares, con nombre y apellido de todas las personas y todas las empresas que se habían llevado la plata, ¿Por qué eso no se hacía ahora? Serviría para determinar qué efectivamente la plata del fondo se la llevaron y entonces poder ir a la Corte de La Haya a través de una opinión consultiva y decirle “señores, el Fondo Monetario violó su carta constitutiva, porque el artículo sexto determina que cuando un país fuga el dinero que el fondo está prestando, el fondo debe advertirlo y si el fondo advierte y el gobierno no hace nada el fondo tiene que sancionarlo y cortar el flujo de fondos cosa que el fondo no hizo.

¿Cuál sería un escenario posible si se desconoce el pago de la deuda?

Yo creo que no habría ningún tipo de conmoción, como la oposición y las grandes empresas dicen, porque el fondo no va a ejecutar a la Argentina en un tribunal. Primero, no podría hacerlo y segundo, porque no lo va a hacer. Porque no es el sistema. El fondo va a seguir negociando, va a seguir apretando, va a seguir tratando de que la Argentina llegue a algún tipo de acuerdo y, eventualmente, si la Argentina tuviera una actitud de decisión política distinta, seguramente se podría obtener algún otro tipo de negociación. Lamentablemente, acá hay un gobierno que internamente tiene problemas y un Ministro de Economía que va a hacer con el fondo lo mismo que hicieron todos los ministros anteriores: un acuerdo de paciencias extendidas y reconociendo los intereses que se deben, porque se han pagado ahora 1.885 millones y se pagaron hace unos meses 400 millones. Se pagaron en plena pandemia, gravísima, el 3 de marzo, 320 millones de dólares al fondo. Si seguimos con esas pautas, dentro de este esquema, no hay solución que seguir negociando y pagando. Decirle “no” al Fondo sería una decisión soberana que quizás al Fondo lo haga reflexionar de lo que hizo con la Argentina, del préstamo inconsciente que hizo, de haber tratado de favorecer al gobierno de Macri para sostenerlo porque se estaba cayendo. Eso sería un llamado de atención, además de tener un recurso para ir a la Corte a apelar la carta consultiva, pero parece que esas no son las posibilidades que el gobierno en este momento está pensando muy bien. 

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Por Francisco Cantamutto | Fotode Leo Crovetto

Como todo este agitado 2020, el cierre del año nos promete nuevamente tener un final para agarrarse de la silla. Esta semana llegó la primera visita formal del Fondo Monetario Internacional, tras un mes de acercamientos preliminares, para negociar con el gobierno de Alberto Fernández la posible nueva vía para resolver la deuda dejada por el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que tras haber tenido dificultades para pasar la reforma previsional, y no haber podido ni siquiera tratar la reforma laboral en diciembre de 2017, el programa del gobierno de Macri entró en problemas, los cuales se hicieron más evidentes a partir del anuncio del posible movimiento de la tasa de interés en EE.UU. A partir de abril de 2018 se generaron una serie de corridas bancarias y movimientos de crisis financiera que hicieron que el resto del mandato se cumpliera en medio de la turbulencia total del mercado cambiario y financiero, con fuerte impacto en la situación económica y social.

Todos los indicadores relevantes empeoraron: aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, caída del salario real, aumento del desempleo, pérdida de calidad del empleo e incluso caída de la actividad. Este es el saldo que nos dejó el gobierno de Macri, y el cual financió el acuerdo del Fondo que se firmó en un trámite exprés sin mandato administrativo, sin estudios de prefactibilidad del Banco Central y sin tratamiento del Congreso. Todos estos datos son relevantes porque hablan de la vulneración de los mecanismos de control democrático instituidos por la Constitución y las leyes correspondientes.

El préstamo, luego ampliado en septiembre de 2018, habilitó un acuerdo del tipo stand by de 57 mil millones de dólares, de los cuales se giraron unos 44 mil. Recordemos que tras las derrotas en las PASO de agosto de 2019, el FMI dejó de girar el dinero correspondiente por entender que ya no era viable. Sin embargo, durante todo ese período financió una corrida de capitales. Esto es relevante y quedó demostrado en el estudio que presentó en mayo el Banco Central. La deuda tomada y, en particular, la deuda tomada con el FMI, fue para financiar centralmente la fuga de capitales y el atesoramiento de un puñado de personas y empresas. Esto significa que el carácter de la deuda tomada con el FMI, en particular, vulnera el propio estatuto del Fondo, que señala que no se pueden financiar corridas cambiarias, además de haber prestado casi mil por ciento por encima de la cuota asignada a la Argentina para préstamos, y con las reticencias del staff técnico y los directores del board desde Europa. Claramente se trataba del apoyo desde EE.UU. al gobierno de Macri, tal como relevó en declaraciones recientes el flamante electo director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, apostaron  a un gobierno que perdió.

El financiamiento de la fuga de capitales dio por resultado una socialización de la deuda, cuyos beneficios fueron netamente privados. Vale señalar que el otro fundamento de la deuda tiene que ver con el déficit fiscal que tiene que afrontar el gobierno, originado por la desgravación fiscal a los más ricos. En el gobierno de Mauricio Macri se redujeron las retenciones a las exportaciones, además de eliminar impuestos de bajo peso fiscal pero claramente indicativos del sesgo clasista, como la reducción de los aranceles a la importación de autos de alta gama. Con esta esta desgravación, los sectores poderosos se enriquecieron aún más y la cobertura de la diferencia fiscal pesó sobre todes nosotres.

Ese tipo de acuerdo stand by implicaba una vigilancia macroeconómica del FMI sobre el gobierno. Una vez que en septiembre de 2019 le soltó la mano a Macri, el Fondo expresó que la deuda heredada no era sostenible. A inicios de 2020 acompañó la negociación del gobierno argentino con los acreedores privados, a los cuales el FMI les pedía hacer algún tipo de recorte o concesión, si hacerse cargo ellos mismos de hacerlo.

Ahora viene la renegociación del acuerdo, cuyos vencimientos empiezan a pesar a partir del año que viene. Según las declaraciones del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la idea sería pasar de un acuerdo stand by que dura de 1 a 3 años, a uno de facilidades extendidas, que dura de 4 a 10 años, en la misma lógica que la reestructuración con los acreedores privados. Esto libera el horizonte en el cortísimo plazo pero hace pesar la carga en los próximos mandatos presidenciales, y de ninguna manera cuestiona el carácter ilegal y fraudulento de las operaciones.

El pasaje a un acuerdo de facilidades extendidas implica, además del control macroeconómico y los pedidos de ajuste que ya están haciendo viables a través del Presupuesto 2021, el pedido de reformas estructurales puntuales. El primer puntapié parece ser el cambio de fórmula para el cálculo de los aumentos previsionales, lo cual anticipa que puede ser una línea de trabajo. Otra puede ser la reforma laboral. Mirando todo esto, y la actuación del Fondo en Ecuador, pareciera que además de este tipo de reformas se puede esperar un carácter aún más regresivo de la estructura tributaria, incluso reformando más profundamente el sistema previsional.

El FMI enfrenta su propia corresponsabilidad, tanto en la crisis que sufre Argentina como en la situación de crisis de deuda a nivel global que el propio Fondo reconoce. Sin embargo, para las periferias sigue avanzado en una agenda que tiene que ver con ajuste y reformas estructurales, mientras endulzan los oídos de los países acreedores hablando de reformas tributarias progresivas o la necesidad de mantener algún tipo de resguardo sobre la arquitectura financiera internacional.

En el curso de esta semana sabremos más sobre cuál es la agenda precisa del acuerdo que sigue. Es imposible dejar de señalar que el acuerdo del FMI con la Argentina tiene vicios de legitimidad desde el origen y puede calificarse perfectamente de deuda odiosa, tal como se registró en el foro de denuncias contra la deuda, organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y su auditoría.

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Por Iván Barrera y Francisco Cantamutto

El contexto post Cambiemos presenta un panorama en el que la palabra crisis no resulta nada nuevo ni fundante. La economía al 10 de diciembre presentaba un decrecimiento sostenido de cuatro años, la moneda sistemáticamente devaluada y nulas posibilidades de acceso al crédito internacional a partir de una economía mega endeudada, pisando el default, por la emisión indiscriminada de bonos y el oneroso acuerdo con el FMI.  El gobierno encabezado por Alberto Fernández fue siempre claro con esta situación y puso como prioridad uno de la agenda del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la renegociación de la deuda con bonistas y el FMI.

Sin embargo, a la crisis económica y social se le sumo la crisis global que trajo la pandemia del Covid-19. Es en este contexto de aislamiento social en el que Martín Guzmán se acerca a los tenedores de bonos con el objetivo de lograr un último acuerdo antes de llegar al default.

Luego de la conferencia de prensa del día jueves, el viernes, en el horario que cerraron los mercados centrales, se hizo pública la propuesta de canje de bonos del gobierno. La oferta está centrada en alrededor de un 20% de la deuda pública total, la que se debe a acreedores privados bajo legislación extranjera, es decir, el tramo de la deuda cuya disputa se resuelve en tribunales extranjeros. Este tramo es el más sensible. En caso de no lograr un arreglo, se somete su resolución a las decisiones del exterior y siempre está la posibilidad de que se aplique la ley del país donde se está juzgando y bajo los designios de un juez con intereses espurios o con interpretaciones que no tienen en cuenta las realidades de los países involucrados, como ocurrió con el famoso Thomas Griesa, durante el conflicto con los fondos buitres en el mandato de Cristina Fernández.

Este tramo de la deuda no incluye la que está bajo legislación nacional, es decir, que se resuelve en tribunales locales, no incluye la deuda con los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial ni la deuda con otros Estados o grupos de acreedores, como el Club de Paris. Esta deuda se arrastra desde la dictadura, fue renegociada por Kicillof en el 2014 y, debido a la falta de pagos en la gestión Macri, aumentó la tasa de interés a niveles impagables. La propuesta de canje realizada por Guzmán se trata de 21 bonos. 17 de ellos fueron emitidos durante los últimos 4 años y 2 están ligados al canje de deuda del 2005. La oferta es que estos bonos sean reestructurados por otros 10 nuevos, la mitad con legislación en sede de Nueva York y la otra mitad en Londres. Están denominados en euros y en dólares, es decir que no solo se resuelven en el exterior, sino que se pagan en moneda extranjera, con tasas de interés bastante por debajo de lo que se venían pagando, la mayoría de ellos arrancando en 0,5% o 0,6% y aumentando paulatinamente hasta alcanzar un máximo de 4,5%. Como seguramente se coloquen por debajo del valor nominal, esto hace que la tasa real sea motivo de discusión y no los sabremos con certeza hasta conocer la oferta final.

Estos bonos incluyen distintos intereses según los tramos de vencimiento. Todos tienen en común que se dejan de pagar durante 3 años, es decir, se empezarían a pagar cuando esté finalizando el mandato actual de Alberto Fernández y durante los siguientes 3 años tienen una carga baja de paga. La quita fuerte aplica sobre los intereses y no hay quita fuerte en el monto total de capital, con algunos donde directamente no hay quita.

El problema es que del otro lado del mostrador existen acreedores que incluyen fondos de inversión, algunos de ellos que se los puede caracterizar claramente de “buitres”, como son Black Rock, Templeton o Greylock, viejos conocidos de la Argentina , que manejan activos que superan, combinadas entre sí, más de 30 PBI de nuestro país. Por supuesto, este peso lo han hecho sentir en la negociación y, según dijo Alejandro Bercovich, han tenido conversaciones con el ministro Guzmán antes de que se haga pública la propuesta, donde señalaban que estaban en condiciones de esperar que haya otro gobierno afín a sus intereses o incluso sacar al Ministro de Economía en caso de que no les gustara la propuesta. Algún negociador de los fondos llegó a decir que “hacía falta mayor sacrificio”.

En este marco, la negociación de la deuda dejó claro que al menos 3 grandes grupos de acreedores dijeron no estar dispuestos a aceptar esta oferta, a pesar de lo tibio del recorte en el capital y las distintas combinaciones plausibles. Cabe destacar que todos los fondos que estuvieron negociando los bonos en estos últimos días ganarían por el lado del valor actual, es decir, se los pagarían por encima de lo que valen en el mercado. Esto motivó que la primera reacción sea una suba en el valor de los bonos porque se los está tomando a un valor mayor al que estaban cotizando.

Más allá de la discusión sobre la quita total real que deberá contarse al final, aquí vale señalar que se le está otorgando a los fondos de inversión, en un contexto de crisis generalizada, la garantía de que van a cobrar estos bonos de alta probabilidad de impago, aun cuando sea una mora de tres años debido a la magnitud de la crisis que es mundial y la ola de quiebras que se está esperando, no deja de ser un seguro de cobro bastante interesante que revaloriza sus carteras. Claro que si del otro lado siempre van a exigir más de los que deben, de lo que es posible, era de esperar que se fueran a negar a cualquier tipo de oferta, incluso cuando sea una que no les exija una pérdida de capital relevante o significativa.

El apoyo del FMI no debe leerse solo como una nueva lavada de cara del organismo, sino como un interés real de reestructurar una deuda como ejemplo para prevenir otras cesaciones de pagos de otros países altamente endeudados. En ese sentido, la negociación de Argentina podría hacer ceñir en el mundo para ofrecer vías de salida para resolver una crisis que de otra manera sería de una magnitud aún superior.

¿Por qué entonces el gobierno hizo esta oferta, en este contexto de crisis global, con un salvataje que da garantías a los fondos especuladores? Una de las razones tiene que ver con mantener el programa como si la crisis no hubiera ocurrido, algo que se puede deslizar de las palabras del ministro Guzmán que dice que “la oferta es la misma que antes del estallido de la crisis”. Por otro lado, también puede pensarse que, previendo que los fondos buitres no vayan a aceptar en cualquier situación, el gobierno vaya al default pero habiendo demostrado la intención de pago con el apoyo de la comunidad internacional y del FMI, lo cual haría una cesación de pagos muy distinta a la del 2001. ¿Qué significaría esto para nuestro país? No demasiados cambios, es un poco lo que estamos viviendo ahora y es lo que declaró el ministro Guzmán en El Cohete a la luna el pasado domingo también. La situación de falta de acceso a dólares es exactamente la misma que la que estamos viviendo ahora.

Se vienen 20 días de negociación de los bonos que van a ser muy duros en materia de amenazas, desinformación y tergiversaciones de manos de la prensa amiga y los propios fondos que tienen control no solo de la economía sino de gran parte del aparato mediático. Ante ello, debe señalarse que el gobierno está proponiendo un ahorro fiscal de la mano de regularizar una deuda de dudosa legitimidad. Algunas organizaciones seguimos entendiendo que es necesario paralizar el pago de la deuda en este momento para poder auditarla.

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Por Agustín Bontempo

La deuda externa argentina es una de las cargas más pesadas que cae sobre la población a lo largo de nuestra historia. Esta situación ha tenido vaivenes, con el colapso reciente que nos deja como herencia el gobierno de Mauricio Macri que, entre otras cosas, tomó la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A diferencia de la deuda preexistente al macrismo que demandaba también su investigación, en este caso es evidente a los ojos de cualquier ciudadano. Al mismo tiempo que ingresaban los prestamos del organismo financiero, miles de millones de dolares se fugaban del país amparados por las facilidades que le otorgaba el gobierno de turno. Mientras, crecía una herencia que condenaba a la miseria a millones de argentinos y argentinas que se sumarían a la ya vergonzosa cifra de pobreza e indigencia que azota a nuestro país.

En ese sentido, el debate sobre qué hacer con la deuda externa está sobre la mesa. El gobierno reconoce la inviabilidad de la deuda, denuncia los mecanismos a través de los cuales se hizo posible contraerla e incluso se atreve a denunciar su ilegalidad e ilegitimidad, llegando a citar las bases y condiciones del propio FMI. Sin embargo, estos posicionamientos y la búsqueda de apoyo internacional tienen el objetivo de pagar la deuda pero buscando mejores condiciones para la negociación, orientando recursos indispensables para el desarrollo de la economía nacional y la inversión en servicios públicos a costa de una deuda odiosa que siembra más y más problemas.

Sin embargo, la situación tuvo una sustancial modificación en la coyuntura mundial: la propagación del coronavirus. Independientemente de cómo están abordando la situación los países (especialmente los más afectados), existieron medidas drásticas que movieron el tablero económico. Tal es así que en las últimas semanas todo el comercio internacional se vio trastocado por la pandemia, sumando jornadas negativas para las bolsas de todo el mundo, además de la delicada situación que se abrió luego de la falta de acuerdo en la cumbre de la OPEP, que generó un derrumbe en el precio del petroleo.

En ese marco, el gobierno debe renegociar la deuda. Francisco Cantamutto, economista e integrante de un nutrido grupo de especialistas que circularon una declaración en torno a la deuda, afirma que “el gobierno declaró la cantidad de bonos a reestructurar: 68 mil millones de dolares en jurisdicción extranjera. Básicamente en manos de tenedores privados que, de acuerdo a las leyes votadas, irá a renegociar Guzmán como la persona mandatada. Pero el road show que iba a empezar en estos días fue suspendido por el coronavirus y por lo tanto va a realizarse a través del contacto virtual. No obstante, se está avanzando en la negociación con un esquema que aunque no se sabe el detalle de la propuesta, va a constar de reducción en tasa de interés, montos y/o extensión de plazos”.

La negociación no se hará exenta de la participación de los buitres tenedores de bonos argentinos. Sin embargo, el escenario parece tornarse algo más favorable para la Argentina. Según Cantamutto, “el número que están hablando es de una reducción del 50%, considerando que los bonos están cotizando entre 35 y 40%, los tenedores podrían estar teniendo una ganancia capital”. Además, afirma que “muchos de los fondos buitres ya presentes estaban esperando si los bonos estaban por debajo del 35% para salir a comprar y repetir la lógica del juicio prolongado pero para eso necesitaban que el valor fuera muy bajo. Sin embargo, la situación del Coronavirus que acaba de estallar cambió la realidad porque al desplomarse las bolsas del mundo, incluso los papeles argentinos empiezan a ser más creíbles que otras tenencias, otros bienes”.

El señalamiento que hace Cantamutto no está al margen de las condiciones generales que se manifiestan al inicio del presente artículo. En la Declaración Pública titulada “La deuda pública externa es impagable y en buena parte odiosa”, firmada además de Cantamutto, por diversos profesionales y especialistas como Claudio Katz, Claudio Lozano, Alejandro Bercovich y Alejandra Roffinelli, entre otros y otras, afirma que “aún en una exitosa “negociación”, el pago de la deuda se constituye en una gravosa obligación a costo del sacrifico social. Pagar la deuda, hoy o más adelante, supone pérdidas de derechos sociales y ajustes fiscales en desmedro de los más necesitados, con un impacto mayor en las mujeres y las disidencias”.

Luego de cuatro años donde se profundizó la vulnerabilidad de sectores medios y populares de la población, estos ejes no son mera retórica. La principal deuda está con el pueblo. En ese sentido, la declaración asegura que “avanzar en pagos de la deuda, aun con quitas de capital e intereses y corrimientos de los plazos de los vencimientos, supone volver a endeudarse para seguir pagando. Los pagos, aún menguados, demorarán la reactivación de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social afectada por la elevada inflación y la recesión. Incluso, más allá de cualquier negociación, nada asegura que en poco tiempo el país retome una nueva crisis de deuda, más aún cuando hay serios indicios que la economía global podría deslizarse hacia una nueva recesión, lo que perjudicaría nuestras exportaciones y por lo tanto el ingreso de dólares”.

Contemplando este escenario, Cantamutto sentencia que “la caída de las bolsas en general lo que hace es que todos los papeles valgan menos y al generar una corrida de esa calidad afecta incluso a los especuladores con la deuda. En ese marco es posible que Guzmán consiga alguna mejora en la maduración de los bonos pero no obstante esto podría implicar continuar la lógica de pagos. Frente a esto es que surge la necesidad de ir por una política más radical y en base a eso, la declaración”.

Por la suspensión del pago y auditoria de la deuda

Así como manifestábamos la posición del gobierno entorno al pago de la deuda, también hay otros espacios políticos que proponen una alternativa. En ese marco se encuadra la “Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda”, un amplio espacio que nuclea organizaciones sociales y políticas que va desde la izquierda hasta algunos sectores vinculados e incluso integrados al gobierno actual.

En una reciente declaración del espacio, afirman que “la prioridad debe ser otra: garantizar nuestros derechos y necesidades básicas. Por eso planteamos suspender todo pago e iniciar una investigación integral y participativa de los reclamos. Cuestionar el origen y uso de la deuda y del acuerdo con el FMI, conocer las responsabilidades y los beneficiarios, denunciar su carácter fraudulento y su funcionamiento como mecanismo de dominación, antes de negociar su pago, es una necesidad para cualquier decisión soberana”. Además, asegura que “suspender los pagos, mientras se investiga, es necesario para no convalidar el fraude y para poder reactivar la economía, generar empleo, salarios dignos, educación, salud, vivienda y oportunidades. La exigencia para la sostenibilidad de la deuda pública, la imperiosa necesidad de acumular divisas para su pago, implica la aplicación de políticas de saqueo, contaminación, exclusión y pérdida de derechos laborales y sociales”.

Con esta base, la campaña viene desarrollando diversos espacios de difusión y debate sobre las posibilidades concretas de impulsar la suspensión del pago y su investigación. Por ejemplo, el último jueves, hubo una conferencia de prensa en la sede del Banco Central (BCRA) y decenas de mesas de difusión esparcidas por diferentes puntos del país. Esto se suma a diversas actividades que se vienen impulsando como la proyección del documental Fondo, de Alejandro Bercovich, charlas-debates, entre otras.

En la misma sintonía que la Autoconvocatoria, la Declaración Pública a la que hacíamos mención debate contra las posiciones apocalípticas y asegura: “¿Qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declara su propio default? Esto significaría suspender unilateralmente los pagos e iniciar una investigación integral. Se dice que quedaríamos aislados financiera, comercial y políticamente. ¿Acaso no estamos sin acceso a los mercados ´voluntarios´ de crédito desde marzo del 2018? ¿China o Brasil dejarían de comprarnos y vendernos? ¿El FMI, la OCDE, el G20 o la OMC nos expulsarían de sus filas? Nada de esto sucedió antes ni sucedería ahora”.

A continuación, transcribimos la Declaración Pública completa.

La deuda pública externa es impagable y en buena parte odiosa

Quienes firmamos esta declaración, profesionales, investigadores/as y docentes, todos/as del área de las ciencias económicas, queremos manifestar nuestra preocupación por el elevado endeudamiento público de la Argentina y el curso que está siguiendo la negociación. Somos conscientes que ello supone un gran condicionante de la política económica, que se constituye en una hipoteca que afecta a la mayoría empobrecida de la población. Tanto desde el Gobierno como desde el FMI se sostiene que la deuda no es sustentable, que no existe capacidad actual de cancelación y por ende se sugiere un proceso de renegociación que involucra posponer cancelaciones de deuda al FMI y a los prestamistas privados, en algunos casos estirando vencimientos y en otros, generando quita de intereses y de capital. En cualquier caso, aún en una exitosa “negociación”, el pago de la deuda se constituye en una gravosa obligación a costo del sacrifico social. Pagar la deuda, hoy o más adelante, supone pérdidas de derechos sociales y ajustes fiscales en desmedro de los más necesitados, con un impacto mayor en las mujeres y las disidencias. Es un resultado que escamotea a los grandes beneficiarios del endeudamiento, o sea, del uso de los dineros desembolsados por los prestamistas, sean privados o el propio FMI.

El Presidente de la Nación sostuvo, en la inauguración del periodo legislativo, que el destino de los fondos desembolsados entre 2015-2019 está en estudio en el Banco Central, lo que debería abonar para una tarea de la bicameral de la deuda y más aún para una comisión con participación popular de auditoría de la deuda. Se estima que gran parte de los desembolsos del FMI tuvieron como destino “fuga de capitales”, sea por pagos de intereses de deuda, remesas de utilidades al exterior o constitución de activos externos de residentes locales. Resulta así que un mínimo de esos recursos fue constituido como reservas internacionales. Esclarecer esta cuestión no es un tema menor, ya que podría accionarse judicialmente contra los responsables directos e indirectos de esta verdadera estafa al pueblo argentino. Sostenemos que hay responsabilidades en funcionarios nacionales intervinientes en la suscripción de diferentes modalidades de endeudamiento, también de los prestamistas externos, conocedores de la no sustentabilidad de la deuda pública del país. Es un argumento insoslayable al momento de definir a la deuda pública de la Argentina como Deuda Odiosa, ya que no satisfizo necesidades de la sociedad y tanto el prestatario como el prestador eran conscientes de la incapacidad de pago en los términos en que se asumieron los préstamos.

Avanzar en pagos de la deuda, aun con quitas de capital e intereses y corrimientos de los plazos de los vencimientos, supone volver a endeudarse para seguir pagando. Los pagos, aún menguados, demorarán la reactivación de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social afectada por la elevada inflación y la recesión. Incluso, más allá de cualquier negociación, nada asegura que en poco tiempo el país retome una nueva crisis de deuda, más aún cuando hay serios indicios que la economía global podría deslizarse hacia una nueva recesión, lo que perjudicaría nuestras exportaciones y por lo tanto el ingreso de dólares. Así un nuevo rescate del Fondo sería inevitable y colocaría a la Argentina en el rumbo de Grecia, con renovados ajustes tras ajustes que profundizarían la recesión, debilitarían la recaudación fiscal mientras crecerían el desempleo y la pobreza. También puede ocurrir que los poderosos fondos de inversión no acepten quitas importantes de deuda y exijan cobrar algo en efectivo, reducir poco o nada la carga de intereses y conocer el acuerdo con el Fondo antes que firmar su propio acuerdo. En este caso serían los propios fondos los que provocarían el default. Si así fuera la economía se dislocaría, el dólar blue estaría por las nubes y el precio de los bonos se derrumbaría.

Por el contrario ¿qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declara su propio default? Esto significaría suspender unilateralmente los pagos e iniciar una investigación integral. Se dice que quedaríamos aislados financiera, comercial y políticamente. ¿Acaso no estamos sin acceso a los mercados “voluntarios” de crédito desde marzo del 2018? ¿China o Brasil dejarían de comprarnos y vendernos? ¿El FMI, la OCDE, el G20 o la OMC nos expulsarían de sus filas? Nada de esto sucedió antes ni sucedería ahora.

Por lo antedicho proponemos:

1. Que la Deuda Pública de la Argentina sea investigada, auditada de manera integral e independiente, con participación popular, para lo cual los organismos estatales deben estar al servicio de esa Auditoria Popular. Así lo ha establecido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2012. En ese camino puede abonar la investigación en curso en el BCRA, para nutrir la bicameral y la participación popular.
2. Que al tiempo que se investiga la deuda, se suspendan los pagos, contemplando una diferenciación entre los prestadores. Especialmente aquellos vinculados a la política de seguridad social. Aludimos a los títulos en poder de ANSES y otros ámbitos del Estado, a quienes deberá establecerse un régimen particular para evitar el colapso de la política social y/o de seguridad social.
3. Que en la deuda con el FMI, sustentada en las consideraciones políticas de los principales accionistas del Fondo para otorgar el préstamo, en particular EE.UU., debe discutirse la legalidad de la actuación del Fondo y por lo tanto proponer la nulidad de lo actuado, claro, con las responsabilidades de los funcionarios y entidades involucradas en el accionar. Argentina debe denunciar al FMI ante la ONU por los incumplimientos de su Carta Orgánica.
4. Que se organice un Censo de tenedores de títulos, con detalle de las operaciones de compra, relativas a los valores de adquisición y cruzando la información con entes de recaudación tributaria en diferentes países. Se busca evitar la legitimación de acciones especulativas y de evasión fiscal. Ello incluye investigar en detalle la fuga de capitales.
5. Que es necesario derogar la Ley de Entidades Financieras vigente desde los tiempos de la dictadura y fuente de todas las maniobras bancarias y las sociedades financieras. También sancionar una legislación contra los fondos buitres, en el camino de las acciones internacionales impulsadas en 2014/5 en el ámbito de Naciones Unidas.

Nosotros y nosotras sostenemos que las medidas propuestas son la consecuencia lógica y coherente de haber declarado que la deuda es impagable e insostenible. Más aún, es odiosa. Que además está viciada de nulidad. No es legítima, ya que no ha sido autorizada por el Congreso Nacional.

Que constituyen una salida a la actual crisis, no exenta de problemas, pero basada en la defensa del interés nacional y de los intereses concretos de los/as trabajadores/as y los sectores más desprotegidos.

Buenos Aires, marzo de 2020.

Dr .Claudio Katz. Docente, investigador UBA-CONICET; Dr. Martín Schorr, IDAES/CONICET; Lic. Claudio Lozano, Coordinador de IPYPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas); Lic. Gabriela Roffinelli, Coordinadora del Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial de CLACSO, Docente UBA; Lic. Alejandro Bercovich, Periodista; Dr. Julio C. Gambina, SEPLA, UNR; Lic. Beverly Keene. Docente UBA; Dr. Enrique Elorza, Coordinador Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, UNSL; Lic. Andrea C. Haro Sly. UEDP-Tucumán; Lic. María Julia Eliosoff Ferrero. Economía Feminista, UNLP/SEC; Dr. Mariano Féliz. Investigador CONICET / UNLP / Sociedad de Economía Crítica (SEC); Dra. Agostina Costantino. Investigadora CONICET / UNS / SEC); Dr. Facundo Barrera. UNLP/CONICET/SEC; Lic. Sergio Arelovich, Docente UNR; Dra. Luciana Ghiotto. UNSAM-Conicet; Lic. Lucas Castiglioni, UNICEN, Tandil; Dr. Francisco Cantamutto. Investigador CONICET / UNS / SEC; Dr. Pablo Ernesto Pérez. Investigador CONICET / UNLP / SEC; Daniel Campione, UBA; Lic. Karina Forcinito. Docente investigadora UNLu/UNGS/UBA; Dr. Andrés Musacchio Idehesi-UBA/CONICET; Dr. Andrés Wainer. FLACSO/CONICET; Dr. Néstor Forero. Auditor Causa Olmos; Lic. Alejandro Marco del Pont, UNLP; Lic. Leonardo Pérez Esquivel. Auditor AGN: Lic. César Crocitto, UBA; Dr. Jesús Plaza y Guillermo Robledo, Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe; Eduardo Lucita, EDI; Lic. Demián García Orfanó, Del. ATE Min. de Economía; Lic. Rosario Escola, UBA; Dr. Jorge Francisco Cholvis. Lic. Luis Laferriere. UNER.

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Más de una década después, Argentina vuelve a acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), un actor importante en la crisis del 2001. Martín Guzmán, investigador en la Universidad de Columbia y especialista en problemas de deuda pública y desarrollo económico, evaluó que “había otras salidas a la crisis cambiaria actual” y que “la llegada del Fondo sólo va a empeorar las condiciones macroeconómicas del país”.

En diálogo con el programa radial La Revancha, que se emite los sábados de 15 a 17hs por FM La Tribu, Martín Guzmán, reconocido economista especializado en problemas de deuda pública y desarrollo, evaluó que la estrategia de acudir al FMI “va a conducirnos a un problema cada vez mayor de deuda pública” y que, en caso de continuar con estas políticas macroeconómicas, dentro de algunos años “podríamos volver a enfrentar una crisis de deuda como fue la del 2001”.

La situación económica actual se trata de una crisis cambiaria que el gobierno no pudo frenar a pesar de la venta masiva de reservas del Banco Central y la suba de las tasas de interés. El aumento del dólar tendrá un impacto en los precios que, con una serie de paritarias a la baja, orientadas por la fantasiosa pauta inflacionaria del 15%, implicará un fuerte recorte en el poder adquisitivo de la población.

Para Guzmán, la decisión de acudir al FMI no era “inevitable” y se trató de una “decisión política del gobierno”. “Este momento no es una crisis de deuda que es lo más costoso para la sociedad. Esta es una crisis cambiaria que claro que es costosa pero no de la magnitud de la crisis del 2001. Podrían haber lidiado con la crisis sin acudir al Fondo. Esto implica una profundización de los problemas”.

Esta profundización viene de la mano de las condicionalidades que buscará imponer el FMI para poder garantizarse el pago de los intereses del préstamo de 30 mil millones de dólares al que busca acceder el gobierno argentino. El pacto que buscan sellar con la financiera internacional es conocido como “stand by”, un tipo de préstamo al que la Argentina ha accedido en el pasado con resultados sobradamente conocidos. En relación a cuáles serían estas condicionalidades, el economista dijo que “están por verse pero en lo inmediato probablemente sean las mismas que el Gobierno está tratando de implementar o ya está implementando”, como es el caso de la reforma laboral que enviaron al Congreso hace poco más de dos semanas o el recorte jubilatorio del pasado diciembre.

Sin embargo, para el investigador de Columbia el verdadero problema para el país se dará en algunos años, cuando “Argentina esté enfrentando un problema más grave de deuda externa. Imaginate que se vuelve a ver que el país sigue teniendo dificultades para pagar la deuda, entonces aumentan los intereses. Entonces el gobierno va a tener que decidir, ¿qué hago? ¿Pago los mayores intereses y para eso recorto políticas públicas? Y ahí el Fondo te va a imponer qué políticas vas a tener que recortar para pagar. Si el país entra en esa dinámica, la contracción que va a tener que hacer el Gobierno deprime aún más la actividad económica y eso disminuye la capacidad de pago y así sucesivamente”. Un buen ejemplo de esto es la profundización de la crisis en Grecia, luego de la llegada del FMI a la cuna de la civilización occidental.

En relación al destino de los dólares que ingresen por este acuerdo, Guzmán no cree que se usen para contener el valor del tipo de cambio. Además criticó la venta de reservas del BCRA porque “no tiene lógica, desde el punto de vista de las políticas del gobierno. Si la idea es que los mercados van a determinar el tipo de cambio correcto, ¿por qué sale el Banco Central a vender reservas?” Reservas que por otra parte “eran deuda. Esto convalida el endeudamiento externo. El gobierno se endeudaba para poder financiar el déficit fiscal”. Continuar con esta política aumenta la vulnerabilidad de la economía argentina porque “se están desprendiendo del activo de la deuda y aumentando los pasivos. Las reservas en algún momento las vas a necesitar y no las vas a tener”.

En sintonía con esta postura, el especialista en deuda pública fue muy crítico con la política macroeconómica del gobierno macrista en los últimos dos años y medio. “Hay un déficit de la cuenta corriente, eso quiere decir que estás gastando por encima de aquello que producís. Se implementaron una serie de medidas consistentes con la salida de dólares, debido a un cierto optimismo del macrismo a finales de 2015 que no se confirmó en la realidad”.

Para Guzmán, el problema de fondo es estructural y se encuentra relacionado con las políticas macroeconómicas y de desarrollo que el Estado debe implementar. “El Estado tiene que tener un rol importante, generando conocimiento que se mantenga en la Nación y se aplique, de modo de poder ser más productivos y venderle más al mundo y no caer preso de la falta de dólares. Estas políticas además tienen que generar empleo. Casi todas las administraciones han caído en ese problema en la Argentina. Sí creo que hay posibilidades de lograrlo pero con el esquema de políticas de este gobierno es muy difícil que eso ocurra”.

El entrevistado llamó fuertemente la atención por el rumbo que está tomando el gobierno y alertó que “es iluso pensar que con este esquema de políticas que ya no dio resultado sí se va a poder generar una mayor cantidad de dólares por vender más al mundo en los próximos años. Es fundamental ser realista porque continuar con estas políticas va a agravar los problemas”.

El balance de los últimos años de política macroeconómica es negativo ya que “no se resolvieron ninguno de los desequilibrios y problemas del desarrollo de la Argentina”. Y agregó que “la deuda del BCRA, las famosas LEBACs, van a ir venciendo. Entonces va a haber momentos en que el humor de los mercados sea mejor y otros peor. Cuando sea peor, va a pasar algo parecido a lo de las semanas pasadas, variaciones abruptas en nuestro tipo de cambio. Ahora sos rehén del humor de los mercados. La sociedad argentina va a enfrentar muchos más riesgos de los que enfrentaba antes”.

Por último, remarcó que “es posible que en el 2019 esté la posibilidad de expandir un poco la economía. Pero eso no quiere que se pueda sostener en el tiempo. Es generar una recuperación de corto plazo a costa de problemas de largo plazo, mientras la estrategia macroeconómica y de desarrollo no cambie. Hay que entender que cuando se vea que la cosa va un poco mejor, no es que ya resolvieron todos los problemas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo y todo lo que va a implicar para más adelante”.

* Los testimonios fueron tomados del programa La Revancha, que se emite los sábados de 15 a 17hs por FM La Tribu

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