El 11 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó con pena de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por delitos contra la soberanía popular. Una mirada feminista de esa sentencia y la lucha por memoria, verdad y contra la amnistía para los violentos.

Por Carla Perelló desde Brasil / Foto: La Diaria

Durante las semanas del juicio y con la condena en la mano, feministas, LGBT+, pueblos indígenas y víctimas del desgobierno bolsonarista dieron un marco simbólico e histórico a la sentencia judicial escrita por mayoría en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil el pasado 11 de septiembre. En testimonios para la historia, diputadas y referentas reflexionan sobre la relevancia del juicio y a la vez tejen memorias de la gesta del golpe -los golpes- y rescatan los crímenes por los que el expresidente no fue juzgado de la mano de quienes sostienen el mensaje “prohibido olvidar, prohibido amnistiar”.

“Este juicio es una forma de revisar nuestra propia historia, porque es justamente por el hecho de no haber tenido justicia de transición que hoy muchos se sienten autorizados a elogiar la dictadura y a intentar nuevos golpes de Estado. Es una forma decirnos a nosotros mismos y al mundo que Brasil no naturaliza, no acepta y trabaja contra golpistas”, señaló la diputada federal por el PSOL Samia Bomfim en relación al juicio en el que por primera vez en la historia civiles y militares fueron condenados por atentar contra la soberanía popular.

Se trata, desde su perspectiva, de un mensaje para la actual generación y para las próximas “que van a mirar para el pasado brasileño y comprender cuál es la forma que debemos tratar quien atenta contra las libertades democráticas”.

“Este juicio es una forma de revisar nuestra propia historia. De decirnos a nosotras mismas y al mundo que Brasil no naturaliza a los golpistas”.

Talíria Petrone, diputada federal por el PSOL y quien acompañó presencialmente el juicio en la Sala Primera del STF, se manifestó en consonancia con su compañera de partido y de banca en relación a la relevancia histórica, pero marcó que se trata también del “fin de la tutela militar” sobre la democracia brasileña, un peso que no se quitó desde la dictadura.

“La democracia es el bien más precioso que un pueblo puede tener. Y Brasil tuvo casi cuatro siglos de esclavitud, una abolición inconclusa y una democracia con alguna fragilidad, pero que está de pie. Pero cuando se dan pasos para atrás, como fue en el gobierno Bolsonaro, donde el fascismo ocupó el espacio de poder, sabemos que los primeros cuerpos a ser impactados son de mujeres, de personas negras, de personas LGBT, de los trabajadores de las periferias que son mayoritariamente negros, de las mujeres jefas de familia”, dijo sobre lo que dejó el desgobierno y destacó el lugar de los movimientos sociales organizados en defensa “de la soberanía, el futuro de las niñeces brasileñas” en un país que “aún lucha por fortalecer la memoria, la verdad y la justicia”.

Pasado, presente y futuro de América Latina 

La histórica militante del Partido de los Trabajadores y diputada federal Erika Kokay, a su turno, apuntó contra las posiciones misóginas y homofóbicas del exmandatario “que siempre estuvieron acompañadas por declaraciones que veneraban no sólo a la dictadura militar, sino a sus más crueles torturadores”. Por ello, reforzó la mirada común y retomó las palabras de la ministra Carmen Lúcia al momento de su voto por la condena: “Este juicio nos conecta fuertemente con nuestro pasado y con lo que queremos ser en el futuro. Brasil pagó un precio caro por la impunidad a los golpistas y torturadores del pasado y, de cierta forma, dejó entreabierta la puerta para que las amenazas antidemocráticas volvieran”.

“Condenar a quien tramó contra la democracia, inclusive articulando asesinatos políticos como el del presidente Lula da Silva, el vice Geraldo Alckmin y del juez Alexandre De Moraes es un hecho que debe ser celebrado en América Latina, es un hecho que repercute en la lucha de los pueblos por la democracia y contra la opresión”, señaló.

La corrosión antes de Bolsonaro: Dilma, los feminismos y el golpe “blando”

Durante las semanas del juicio histórico, las fotos de la primera y única presidenta de Brasil Dilma Rousseff se multiplicaron en las redes sociales. En más de un posteo se la ve a ella dando testimonio en épocas de la dictadura tras ser detenida política durante tres años o de traje blanco con una sonrisa en la cara el día que asumió la presidencia, el 1° de enero de 2011. Otras, traen a la memoria la frase que pronunció el 31 de agosto de 2016 cuando fue expulsada del gobierno: “La historia será implacable con los que se creen vencedores”.

Dilma se refería a todos aquellos que habían votado en favor del impeachment, entre ellos, a Jair Bolsonaro, que en su discurso enalteció la figura del torturador coronel del Ejército Carlos Alberto Brilhante Ustra.

“En 2014 vivimos un momento y un dilema histórico que colocó al movimiento feminista en el centro del debate”, rememoró ante Marcha Noticias la coordinadora de la Articulación de Mujeres Brasileñas Elisa María, que eligió marcar los años posteriores a la llegada del bolsonarismo al poder y el lugar que ocuparon los feminismos desde entonces. Eran épocas de la reelección y uno de los principales debates que estaba en la arena pública era la legalización del aborto, que Dilma apoyaba. 

A entender de Elisa, el movimiento se expandía con la garantía de los derechos de las mujeres. Pero, al mismo tiempo, empezaban a salir al sol sectores de la derecha y de la Iglesia y la gesta de lo que en la región se denominó como golpe “blando” tuvo su materialización en la realidad cotidiana sobre el cuerpo de las mujeres y disidencias sexuales brasileñas con índices alarmantes de violencia sexual. “Ya desde ese momento, desde el movimiento feminista, decíamos que lo que se gestaba era un golpe machista, patriarcal, racista. Un golpe de las élites, especialmente por Dilma ser una mujer”, apuntó Elisa, que aseguró, también que lo que vino después con el gobierno de Michelle Temer (el vicepresidente que asumió tras la destitución) “significó corroborar que el golpe no fue sólo contra Dilma, sino contra la democracia brasileña, como ella misma decía, ‘es contra las mujeres, es perder derechos de educación, salud y trabajo’”.

“¿Qué significa entonces esta condena? Puede ser una respuesta a todos los sufrimientos que vivenciamos en los últimos años, por las más de 700 mil muertes por covid, por el empobrecimiento de la población, por haber regresado al mapa del hambre, por la incontable cantidad de violaciones contra la vida de las mujeres y las niñas, pero sobre todo es simbólico para avanzar en la democracia”, sentenció Elisa. Por eso, asegura, “el movimiento feminista estará en la lucha todos los días para que no tenga amnistía”.

“Condenar a quien tramó contra la democracia es un hecho que debe ser celebrado en América Latina y que repercute en la lucha de los pueblos contra la opresión”

Pero el movimiento feminista no estuvo ni está solo. Junto con él caminan quienes pusieron el cuerpo al Ele Nao –que en plena alzada del presidente golpista en 2018 construyeron la mayor manifestación popular de mujeres y disidencias- y alzaron la voz contra el proyecto misógino y golpista. Caminan pueblos indígenas, que denuncian el ataque al ambiente y la promoción del genocidio, víctimas y familiares de las víctimas de la pandemia producto del negacionismo de una administración que se ganó el mote de “desgobierno” por haber desmontado las estructuras del Estado y, en cambio atentar contra el pueblo y, por eso, exigen no perdonar ni amnistiar a los golpistas. 

También, junto a familares, amigues y compañeres de Marielle Franco, la concejala negra, favelada y lesbiana, asesinada en los albores del bolsonarismo cuando ya había empezado a instalar en la sociedad el odio y la violencia.  

“El tiempo es implacable” sentenciaron en un posteo desde el Instituto fundado por la familia de Marielle, que lleva su nombre. “Durante años vimos ese proyecto político desparramar odio, profundizar violencias de género y raza, atacar mujeres negras, comunidades periféricas y defensoras de derechos humanos. Vimos la democracia ser corroída por dentro. La condena no quita el dolor ni devuelve las vidas interrumpidas por ese ciclo de violencia. Pero muestra que la justicia es posible”, escribieron a modo de conmemoración.

Para cerrar, en fin, con una celebración: “Para nosotras, mujeres negras, esta decisión reverbera como respuesta a un tiempo en que intentaron callarnos, alejarnos y dispersarnos. Pero no lo consiguieron. No nos dispersamos. Seguimos resistiendo y ocupando”.

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Cobertura Nosotres Sim! desde Brasil | Fotos: Julianite Calcagno desde São Paulo

Derrotar el modelo fascista de Jair Bolsonaro hoy está entre las metas del pueblo brasilero que acudirá a las urnas para derrotarlo. Es que hoy es la segunda vuelta electoral en Brasil y más de 156 millones de brasileros y brasileras están convocades a los puestos de votación en los 26 Estados del país y el Distrito Federal de Brasilia para definir quién será el próximo presidente de la República y la economía más grande de la región. 

Además de la oportunidad histórica de quitar el poder a Jair Bolsonaro y debilitar su plan sistemático de odio y violencias sobre mujeres, LGBTIQ+, personas empobrecidas y racializadas, se define hoy la representación política en 12 Estados (Alagoas, Amazonas, Bahía, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo y Sergipe); que votarán nuevamente para gobernador/ a ya que ningúna candidatx logró la mayoría suficiente el 2 de octubre.

“Vira” voto a voto, la calle y ¿qué dicen las últimas encuestas?

Si bien la falla de las encuestas de opinión fue uno de los datos sobresalientes de la primera vuelta  electoral, las mismas siguen formando parte de los titulares de los grandes medios en Brasil. Mientras, en las calles y las redes, la militancia del frente amplio que conformó el Partido de los Trabajadores (PT) y quienes luchan contra el fascismo social, trabajan el “voto a voto” para torcer la decisión de quienes optaron por Bolsonaro el 2 de octubre y también por impulsar a votar por Lula a quienes no fueron.    

La última encuesta de Datafolha, da cuenta de un 49% de intención de voto para Luiz Ignacio “Lula” da Silva, mientras que Jair Bolsonaro (PL) tiene un 44 %. Es importante mencionar que, según la encuesta Atlas, las alianzas que realizó el dos veces ex presidente en defensa de la democracia con Simone Tebet y Ciro Gomes (cuarta y tercero en cantidad de votos el pasado 2 de octubre respectivamente), le significarían a Lula da Silva que un 70% de electorxs de Tebet y un 51% de Gomes lo votarían.   

Lula da Silva es el elegido entre quienes reciben hasta un salario mínimo, las personas que profesan la religión católica y las mujeres. Mientras que Bolsonaro entre las personas que profesan la religión evangélica, varones y quienes reciben a partir de dos salarios mínimos. Un mapa que parece simplificar una sociedad atravesada por el desgobierno.

¿Cómo se vota?

En el país más grande de América Latina, el voto es electrónico desde 1996. Se usa una máquina donde les votantes digitan el número que representa la fórmula elegida, sin que medie papel de ningún tipo. El voto es obligatorio y únicamente es optativo para jóvenes de 16 y 17 años y mayores de 70. A su vez, según el informe realizado por People Dispatch y Brasil de Fato, las mujeres conforman la mayor parte del electorado; son más de 8 millones y representan el 51,1% de la población brasileña y el 53% del electorado.

Los Estados con más peso electoral

El Estado de Sao Paulo es clave para los resultados. Es el colegio electoral más grande del país (34 millones de personas), la primera economía y es seguido por Minas Gerais y Río de Janeiro, también territorios en disputa. En la primera vuelta, Sao Paulo eligió en un 47% al actual presidente, mientras que Lula da Silva fue votado por el 40%. 

Sin embargo en Minas Gerais, da Silva se impuso con el 48.29% ante Bolsonaro que obtuvo 43.60%. El dato es que desde los comicios de 1989, el candidato más votado en ese Estado también fue el ganador a nivel nacional. Si bien el candidato del PT se impuso en la primera vuelta, el mandatario brasileño impulsó una fuerte campaña de cara al balotaje sumado a que el gobernador reelecto, Romeu Zema (Partido Novo, tendencia libertaria), oficializó su apoyo al actual Presidente.

Cómo fue el último debate presidencial entre Lula y Bolsonaro

A dos días de las elecciones, los candidatos debatieron por más de dos horas en la cadena de TV, Globo. La moderación estuvo a cargo de William Bonner, periodista de esa señal y quien se manifestó en su momento a favor de la prisión ilegal de Lula da Silva. Fue una de las últimas oportunidades de ambos candidatos para hablar con el electorado del primetime y mostrar sus habilidades retóricas; y aunque Bolsonaro se dirigió de manera más directa y con un tono de alta provocación hacia Lula, este último optó -la mayoría del tiempo- por hablar más a cámara y dirigirse de forma empática al pueblo brasilero.

Relaciones Internacionales

Lula: “Brasil era el gran protagonista internacional”

El dos veces presidente, Lula da Silva, llevó la conversación varias veces a la política exterior y de integración, una de sus 13 propuestas para un “Brasil de esperanza”.  Acusó al actual presidente, Jair Bolsonaro, de “aislar” al país y no tener una agenda de integración con el mundo, a lo que su oponente le reprochó el acercamiento de a Cuba, Venezuela y Argentina, y señaló un acuerdo con Rusia por la adquisición de fertilizantes y el avance en el pacto con la Unión Europea. Una temática clave para la región.

Derechos Humanos

Bolsonaro: “Vos no respetas la Constitución”

Sobre el eje Constitución, Bolsonaro llevó la atención del debate a la ocupación de tierras por parte del Movimiento Sin Tierra (MST), y acusó a Lula de no respetarla y permitir esas ocupaciones, a lo que Lula respondió “cuando los Sin Tierra ocupan una tierra improductiva, el que dijo si la tierra era improductiva o no, el que la expropió fue un organismo del gobierno que se llama INCRA entonces no veo nada malo”; y agregó que en sus 8 años de gobierno puso a disposición 51 millones de hectáreas de tierra para lxs “sin tierra” o para pequeños productores, que son prácticamente 4 millones de medianos pequeños productores (…) que producen el 70% de los alimentos en Brasil. “Estas personas realmente producen para Brasil  y van a producir mucho más”, concluyó.

Vale recordar, además de los dueños de las empresas de armas y del negocio con la fe de las personas, los del agronegocio son quienes más aportan a la campaña de Bolsonaro.

Modelo de desinformación

Lula: “Este comportamiento loco está gobernando Brasil Hace 4 años”

Lula se disculpó ante quienes asistieron al debate en reiteradas ocasiones por las respuestas de su adversario, “Este comportamiento loco está gobernando Brasil hace 4 años, todos saben de sus reiteradas ofensas, agravios hacia las mujeres, indígenas, quilombolas y periodistas. Imaginaba que iba a realizar propuestas a futuro”, dijo.

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Hoy es un día histórico. La victoria de Lula es necesaria y urgente. Porque más allá del margen de acción que tendrá ante la presión de grupos conservadores y antidemocráticos, es el único gobernante que permitirá que de forma paralela, desde abajo y colectivamente, emerjan orgullosos proyectos y liderazgos políticos de izquierdas, feministas, antirracistas y socioambientales para la reconstrucción y el derecho a los derechos en Brasil. Hoy el pueblo está llamado a ser protagonista y vencer.

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Por Luiza Mançano – Foto: Midia Ninja

“¿Podrías soportar un poquito más?”, fue la pregunta de la magistrada brasileña Joana Ribeiro Zimmer a una niña de 11 años embarazada tras sufrir una violación. La historia, que tiene lugar en el estado de Santa Catarina, en la región sur del país, se hizo pública tras una filtración de The Intercept Brasil el último lunes, 20 de junio, en asociación con el portal feminista Catarinas.

El video divulgado es una grabación de la audiencia del 9 de mayo que debería autorizar la interrupción del embarazo de la niña. Decir que la jueza y la fiscal que conducen la sesión intentaron convencer a la niña a no interrumpir el embarazo sería decir poco. En realidad, la niña fue sujeta de una tortura más practicada por el poder judicial brasileño, como denuncian los movimientos feministas del país.

Finalmente, la niña violentada accedió a su derecho al aborto pero su historia evidencia el paradigma institucional antiderechos que dejará el desgobierno de Jair Bolsonaro en el país a tres meses de las elecciones presidenciales. El #AbortoLegal será un debate esencial en lo que viene.

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– ¿Tienes algún deseo especial para tu cumpleaños? Si tienes, pídelo. ¿Quieres elegir el nombre del bebé?

– No.

(…)

– ¿Crees que el padre del bebé aceptaría darlo en adopción? – pregunta, aludiendo al violador.

– No lo sé – dice la chica, en voz baja.

[Fragmento del diálogo filtrado en la audiencia y divulgado por The Intercept Brasil]

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La legislación brasileña establece la interrupción del embarazo en tres causales, dos de ellas garantizadas en la Constitución de 1940: cuando representa riesgo de vida para la persona embarazada sin límite de semanas o cuando resulta de una violación. La tercera causal fue incorporada en 2012, tras un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) y se puede interrumpir el embarazo también en el caso de anencefalia, una anomalía congénita.

Según la ley, la interrupción del embarazo de la niña de 11 años – que en el momento de la violación tenía solo 10 – debería haber sido realizada en el hospital luego que ella y su madre buscaron el servicio de atención. Sin embargo, no fue lo que ocurrió, ya que la normativa interna del hospital recomienda la interrupción del embarazo en caso de violación solamente hasta la vigésima semana de gestación y se ignoró el riesgo a la vida de la niña.

Con el objetivo de posponer y luego negar el derecho a la interrupción del embarazo, una serie de irregularidades fue cometida por el Poder Judicial y la niña fue enviada a un albergue y apartada de su madre, a quien se le impidió cuidarla.

Acciones y movilización

La filtración de la historia desató una fuerte indignación en el país y rápidamente los movimientos feministas organizados en el Frente Nacional contra la Criminalización de las Mujeres y por la Legalización del Aborto (FNPLA) se movilizaron bajo la consigna “Niñas no madres” [Crianças não é mãe”, en portugués] para exigir la inmediata interrupción del embarazo para la niña, denunciando la violencia que sufre y que el embarazo representa un riesgo para su cuerpo.

En la ciudad de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina (donde se desarrolla la historia), organizaciones feministas realizaron un acto callejero el último martes, 21, y el FNPLA realizará una nueva acción este jueves, 23, esta vez en São Paulo, en frente a la sede del Ministerio Público Federal.
La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) y la Marcha Mundial de las Mujeres presentaron ante el Consejo Nacional de Justicia una queja disciplinaria contra la magistrada responsable por el caso. Las entidades sostienen que en su conducta la jueza cometió “asedio institucional, utilizó métodos de terror sicológico, promovió la revictimización y violó normas legales, derechos y garantías”.

Conservadurismo y embarazo infantil

Esta historia no representa algo único; el año pasado, a una niña de 14 años se le negó su derecho al aborto legal por violación en su ciudad y sólo se logró la interrupción del embarazo tras un viaje de siete horas a la capital de su estado, Minas Gerais, y un intenso acoso por parte de trabajadoras sociales, como reveló la Agencia Pública.

En 2020, grupos conservadores y la entonces ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos del gobierno de Jair Bolsonaro intentaron impedir la interrupción del embarazo de una niña de 10 años tras haber sido violada por su tío. Debido al acoso que sufrió en su ciudad, la niña viajó a Recife, capital de Pernambuco, en un trayecto de más de 1.700 km, para que pudiera acceder al procedimiento.  En esa ocasión, irrespetando lo que establece el Estatuto de la Niñez y Adolescencia (ECA), se dio a conocer el centro médico donde estaba ingresada y la interrupción del embarazo tuvo lugar pese a la presencia de grupos conservadores que rezaban y protestaban en el exterior del local.

Según un informe publicado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2020, se registraron 60.926 casos de violación, con 44.879 casos de violación de niñas y adolescentes. Datos preliminares del Ministerio de Salud dan cuenta de que aproximadamente 17.316 niñas y adolescentes de hasta 14 años tuvieron bebés en 2021, y se supone que haya un subregistro debido a la pandemia.

Mientras tanto, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y sus aliados en el Congreso brasileño siguen en una ofensiva para desmontar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales, ya sea a través de proyectos específicos o del desmantelamiento de la salud pública y la educación sexual en el país. 

En 2021, de los 26 proyectos tramitados en la Cámara de Diputados referentes a la interrupción del embarazo, 22 buscaban impedir u obstaculizar el aborto legal en los casos autorizados por la ley e incrementar la penalización de abortos realizados clandestinamente, señala un estudio realizado por el Centro de Estudios y Asesoramiento Feminista (Cfemea).

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Los resultados de la primera vuelta fueron divulgados unas horas después de la finalización de la votación, ya que el país cuenta con un sistema electoral 100% electrónico desde las elecciones municipales de 1996.

En seis capitales, los alcaldes fueron definidos en primera vuelta con victorias de la derecha y centroderecha en Belo Horizonte (estado de Minas Gerais), Curitiba (Paraná), Natal (Rio Grande do Norte), Palmas (Tocantins), Florianópolis (Santa Catarina) y Campo Grande (Mato Grosso do Sul). En las demás 19 capitales, habrá una segunda vuelta el próximo 29 de noviembre.

La Constitución brasileña establece que debe haber una segunda vuelta para la elección de alcaldes cuando ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta.

:: ¿Qué está en juego en las elecciones municipales de Brasil este domingo (15)? ::

Análisis

Solo dos capitales del país, Fortaleza, capital de Ceará (región noreste), y Rio de Janeiro, contarán con dos candidatos bolsonaristas en la disputa por la alcaldía en la segunda vuelta: el Capitán Wagner (PROS) en Fortaleza y Marcelo Crivella (Republicanos) en Rio. Por otro lado, en la capital del estado de Río de Janeiro, el candidato a concejal Carlos Bolsonaro (Republicanos), hijo del presidente, obtuvo menos votos que el izquierdista Tarcisio Motta (PSOL) – ambos fueron electos.

En el campo progresista, una de las sorpresas más grandes en las últimas semanas de la contienda fue el ascenso de Guilherme Boulos (PSOL) en São Paulo (SP), la mayor ciudad del país. El líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) avanzó a la segunda vuelta con el 20,3% de los votos y se enfrentará al actual alcalde, Bruno Covas (PSDB).

Para Vitor Marchetti, politólogo y docente de la Universidad Federal del ABC (UFABC), los números pueden señalar un nuevo momento para la izquierda brasileña.

“São Paulo muestra que la izquierda está viva y pasa por un período de reposicionamiento, en el que el PT necesariamente deja de estar en el centro, aunque mantenga su protagonismo debido a su historia”, analiza.

Según él, el reposicionamiento presupone una comprensión más amplia del papel que desempeñan otros sectores. “Las elecciones muestran que hay que pensar en cómo la izquierda puede hacer frente a la centroderecha, que gradualmente reemplaza al bolsonarismo en el escenario electoral, mientras mantiene el poder económico”.

Un ejemplo sería la propia candidatura de Bruno Covas, en São Paulo que “no tendrá una situación electoral tan cómoda en la segunda vuelta como señalaban las encuestas”, en la opinión de Marchetti.

“La izquierda tiene capacidad de movilización y mucha fuerza electoral, pero el momento exigirá características diferentes a las que teníamos hasta el ‘tsunami’ del antipetismo“, concluye el politólogo.

En las cien ciudades más grandes del país, el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) han ganado terreno y tienen posibilidades de ganar en al menos 12.

Recife, en Pernambuco, será la única capital con una segunda vuelta entre dos candidatos progresistas: los primos João Campos (PSB) y Marília Arraes (PT) disputan la alcaldía y el legado familiar y de la izquierda en la región. 

En Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, Manuela D’Ávila (Partido Comunista de Brasil) disputará la alcaldía contra Sebastião Melo (MDB). D’Ávila fue candidata a la vicepresidencia en la coalición con Fernando Haddad (PT) en las elecciones presidenciales de 2018.

Para Katia Marko, periodista de Brasil de Fato en Rio Grande do Sul, el resultado expresa el “fastidio” de los electores hacia el bolsonarismo y la derecha liberal.

“Porto Alegre tiene una historia de construcción política, fue la sede del Foro Social Mundial. Y la población ha demostrado, a través de sus votos, que quiere rescatar lo que vivimos durante ese período y que fue sofocado posteriormente”, analiza.

:: 60% de los municipios de Brasil no tiene mujeres disputando la alcaldía este año ::

Género y raza en la contienda electoral

De los 44 candidatos a la alcaldía que competirán en la segunda vuelta en las capitales, 15 son afrodescendientes y sólo cinco son mujeres. Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), las mujeres constituyen el 52,49% del electorado de la nación.

Los dos candidatos indígenas, Minoru Kinpara (PSDB), en Rio Branco, capital de Acre, y Vinícius Miguel (Ciudadanía), en Porto Velho, capital de Roraima, en la región Norte del país, fueron derrotados en la primera vuelta.

En las elecciones para concejales, Curitiba, capital de Paraná (región sur) hizo historia al elegir a su primera concejala afrodescendiente, Carol Dartora (PT).

(*) Publicada originalmente en Brasil de Fato

Edición: Rodrigo Durão Coelho

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Por Vijay Prashad | Traducción: Pilar Troya (*)

Jhuliana Rodrigues trabaja como técnica de enfermería en el Hospital São Vicente en Jundiaí, Brasil. “Es muy difícil”, dice ella de su trabajo en estos días. Brasil acaba de superar las 100.000 muertes de COVID-19, con 3 millones de brasileños infectados con el virus. “Nos encontramos con colegas y sentimos una energía pesada, mucha presión, un bloqueo”, dice Rodrigues. Es la vicepresidenta de Sinsaúde Campinas, un sindicato de trabajadores de la salud.   

“Trabajamos con miedo de los demás”, dice Rodrigues, por lo que su sindicato forma parte de una demanda presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) el 27 de julio. Sesenta y cinco sindicatos y organizaciones, que representan a millones de brasileños, incluidos los afrobrasileños y las comunidades indígenas, decidieron que la actitud insensible de su presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia mundial no podía ser manejada dentro del país. Las anteriores denuncias presentadas en el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo han encallado; el fiscal general del Brasil, Augusto Aras, no ha dado curso a ninguna de estas graves denuncias. Por eso los sindicatos han acudido a la Corte Penal Internacional para acusar a Bolsonaro de crímenes contra la humanidad.

El principal periódico de Brasil -Folha de S. Paulo- escribe sobre el caos en el país: “la principal razón de la tragedia es Jair Bolsonaro.” Los sindicatos lo quieren en el banquillo.

Trabajadores/as de la salud, afrobrasileños/as e indígenas

Bolsonaro, dice la demanda, mostró una “actitud de desprecio, negligencia y negación” hacia el coronavirus; esta actitud “ha traído consecuencias desastrosas”. La falta de respeto que Bolsonaro mostró hacia la ciencia y hacia los consejos de la Organización Mundial de la Salud llevó a la destitución de dos ministros de salud (Luiz Henrique Mandetta el 16 de abril; Nelson Teich el 15 de mayo). Bolsonaro trajo al General Eduardo Pazuello, sin formación médica, para ser el ministro de salud interino; el Ministerio de Salud está ahora lleno de funcionarios con formación militar en lugar de médica.

El Sistema Único de Salud de Brasil (SUS) ha sido subfinanciado en los últimos cinco años. Como consecuencia de ello, y de la expulsión por parte de Bolsonaro de los médicos cubanos que habían venido a ayudar al Brasil, hay una grave crisis, dijo Hugo Bethsaida Leme, que trabaja con la Unidad Básica de Salud de Londrina en Paraná (Brasil) y forma parte de la Red Nacional de Médicas y Médicos Populares. “Muchas comunidades no tienen acceso al Programa Más Médicos para Brasil, lo que genera una sobrecarga en las unidades de urgencia y emergencia con casos que podrían haber sido atendidos en las Unidades Básicas de Salud (UBS)”.

Bolsonaro no sólo no ha elaborado un plan sensato para hacer frente a la infección, sino que ha echado por tierra cualquier intento del Congreso Nacional de construir una agenda. En dos ocasiones el Congreso envió al presidente leyes: una para hacer obligatorio el uso de mascarillas (Ley nº 14.019, 2 de julio de 2020) y otra para tomar disposiciones especiales para romper la cadena de infección en los territorios indígenas y entre los afrobrasileños en los quilombos (Ley nº 14.021, 7 de julio de 2020); Bolsonaro vetó ambas leyes. “Los vetos impiden el acceso a un tratamiento de salud digno, en este momento de pandemia, impiden el acceso al agua potable, el acceso a la ayuda de emergencia, a las canastas básicas de alimentos”, escriben los sindicatos en su demanda.

El gobierno ha gastado sólo una fracción del dinero asignado a la lucha contra la enfermedad: mira la crisis a los ojos y se ríe.

José Marques, uno de los abogados que ayudó en la demanda, me señaló que la política del gobierno discrimina particularmente a los trabajadores de la salud, a la población afrobrasileña de los quilombos y a las comunidades indígenas. Las tasas de infección y mortalidad de estos tres grupos son superiores a la media brasileña, y la tasa de mortalidad de los indígenas es el doble que la de los demás brasileños. Una de las leyes que Bolsonaro vetó, me dice Marques, habría requerido que el Estado brasileño proporcionara agua potable a las zonas indígenas; “sin agua”, dijo, “¿cómo puede la gente mantenerse libre de la infección? ¿Cómo pueden lavarse las manos?”

Falta de respeto

A principios de junio, el jefe Raoni Metuktire del pueblo Kayapó dijo: “El presidente Bolsonaro quiere aprovecharse del virus; está diciendo que el indio tiene que morir”. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de los Estados Americanos instaron al gobierno brasileño a que protegiera a los indios yanomami y a los indios Iecuan de los estragos del virus.

Marcio Monzane, el secretario regional de UNI Américas, me contó el terrible trato que reciben las comunidades indígenas. El Supremo Tribunal Federal (STF) le dijo al gobierno que creara una comisión para discutir la situación del virus en los territorios indígenas. En la reunión, dijo Monzane, los representantes de las comunidades indígenas fueron “maltratados por el gobierno”. No se ha publicado ninguna grabación de la reunión, lo que habría ilustrado gráficamente la falta de respeto y el comportamiento arrogante de los funcionarios del gobierno. Debido a estos informes, el Supremo Tribunal Federal ha pedido al gobierno que celebre otra reunión.

Después de que Bolsonaro vetara el proyecto de ley para asegurar el agua potable en las zonas indígenas, el vicepresidente de Bolsonaro y ex general, Hamilton Mourão, dijo que no tienen necesidad de agua potable ya que “se les suministra agua de los ríos que están en su región”. Este es el nivel de insensibilidad del gobierno de Bolsonaro.

La Haya no Brasilia

El magistrado del STF Gilmar Mendes acusó al gobierno de Bolsonaro de genocidio. Esta es una acusación seria. La Constitución de 1988, Mendes escribió el 21 de mayo, “no autoriza al presidente… a implementar una política genocida en el manejo de la atención médica”. Luego, el 11 de julio, Mendes criticó el número de militares en el Ministerio de Salud. Dijo que el ejército, “se está asociando con el genocidio”.

Varios abogados y legisladores enviaron quejas al Fiscal General Augusto Aras, pero éste se negó a abrir una investigación. “La denuncia permanecerá en su escritorio hasta el final del período del Bolsonaro”, me dijo Monzane. Lo que Aras ha hecho es perfectamente legal, pero va en contra del espíritu general de la fraternidad legal, me informó Marques.

“No hay espacio en Brasil para presentar un caso contra las políticas de Bolsonaro”, me dijo Monzane. Marques está de acuerdo: “Está claro para nosotros que no es posible que estas acciones sean procesadas dentro del país.” Por lo tanto, los sindicatos han llevado su queja a la Corte Penal Internacional en La Haya. Cuando pregunté a la CPI si van a seguir con este caso, dijeron sólo que han recibido la queja.

En el abismo

La demanda dice que el desprecio de Bolsonaro por el peligro de la pandemia ha puesto “al pueblo brasileño al borde del abismo”.

Jhuliana Rodrigues ha pasado los últimos cuatro meses sin ver a su hija de 11 años. Como enfermera con escasos recursos del gobierno para disponer de suficiente equipo de protección personal, Jhuliana no quiere poner en peligro a su hija. Sabe que Bolsonaro ha defraudado a los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de la lucha contra la epidemia. Pero su deber es su deber.

“Si no sigo trabajando ahora”, me dijo Jhuliana, “¿qué haría? Los profesionales de la salud son elegidos y hacen su trabajo con amor, dedicación, cuidado de los seres humanos. Así como ya vivimos con bacterias súper resistentes, la covid-19 estará con nosotros por mucho tiempo.” Los trabajadores de la salud, como Jhuliana, deben estar en su trabajo. No reciben apoyo de su gobierno, por lo que se han dirigido a la Corte Penal Internacional. Esperan que alguien los escuche.

*Originalmente publicado en https://www.brasildefato.com.br/

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Por Gerhard Dilger *

Alemania, líder mundial de exportaciones, fue desde siempre el defensor más vehemente de los llamados acuerdos de libre comercio. Con la presidencia del Consejo de la Unión Europea en 2020, durante el segundo semestre, el gobierno de Angela Merkel tenía pensado avanzar con dos acuerdos comerciales transatlánticos: un TTIP “light” –una variante del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones con los Estados Unidos– y el “Acuerdo de Asociación” con el Mercosur, que fue anunciado con bombos y platillos hace un año.

Pero el coronavirus cambió las prioridades: ante la crisis sistémica, la prioridad de Merkel y Emmanuel Macron ahora es salvar a la Unión Europea neoliberal. Bajo el lema “Europa Global”, la Comisión Europea busca desde 2006 hacer más competitivas “sus” empresas y atar a los países del Sur a su papel como proveedores de materias primas y compradores de excedentes agrícolas europeos, por ejemplo a través de acuerdos de “libre comercio”. Como propuso en forma pionera Susan George, de Attac:

“Preferimos hablar de tratados vampiro: si salen a la luz, se mueren, pues rara vez resisten el debate democrático”

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es un buen ejemplo de esto. El proyecto fue lanzado en Río de Janeiro cuando en América del Sur el neoliberalismo ya había pasado su apogeo, en 1999. Pero después vino la “marea rosa”, con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela. En 2005, en medio del júbilo de los movimientos sociales en Mar del Plata y en presencia de George W. Bush, los tres políticos de izquierda lograron enterrar otro proyecto neoimperial, el ALCA. 

La nueva conciencia soberana en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay volvió impensable un acuerdo asimétrico con la Unión Europea y las negociaciones se estancaron. Por su parte, la Unión Europea tuvo sus razones para nunca abrir del todo sus puertas a la carne vacuna del Mercosur y a la soja genéticamente modificada. Una “alianza estratégica” con Brasil desde 2008 en nada modificó este hecho.

Con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016, la escandalosa condena y encarcelamiento de Lula y la posterior victoria de Jair Bolsonaro, el escenario se dio vuelta: cuando la extrema derecha asumió el poder a principios de 2019 –en Argentina seguía al mando Mauricio Macri– las negociaciones se pusieron en marcha a toda velocidad. Después de sólo seis meses, ya había un borrador, que hasta hoy sólo se conoce a grandes rasgos, el acuerdo no fue firmado ni ratificado. Esto no impidió que Bolsonaro, Macri, Macron y Merkel anunciaran un consenso en la cumbre del G-20 en Osaka, a finales de junio de 2019, también para dar una señal contra el proteccionismo de derecha de Donald Trump.

Una recolonización del continente

Si se llegara a firmar e implementar este acuerdo, cobraría impulso renovado la recolonización de América del Sur. No favorece a los pueblos a ambos lados del Atlántico, y tampoco a la naturaleza, como los muestran estudios de Greenpeace, Misereor o Lucina Ghiotto y Javier Echaide, de Attac Argenitina. El triunfo sería sobre todo de las corporaciones multinacionales y su lógica de lucro.

Desde 1492, lo que a Europa más le interesa de América Latina son recursos como el oro, la madera nativa, y hoy también el litio. Tras los intentos de emancipación en los primeros años del siglo XXI, parece que la idea es continuar con la “reprimarización” de los países del Mercosur. Los que en estos países se beneficiarían de una reducción gradual de barreras aduaneras son, en el mejor de los casos, el agronegocio y el sector de las importaciones. Las y los pequeños agricultores, trabajadores y pueblos indígenas pagarían la consolidación del capitalismo esclavista con una mayor vulneración de sus derechos y la destrucción de sus medios de vida. 

Es probable que la liberalización del comercio prevista agudice el deterioro salarial y el recorte de puestos de trabajo; según la Comisión Europea, las empresas europeas se ahorrarían 4000 millones de euros al año en impuestos. El sector de las telecomunicaciones y el de la tecnología de la información también esperan nuevas oportunidades de negocio. Junto a una expansión del comercio mundial ecológicamente nefasta, la Unión Europea insiste en una protección de patentes más estricta, lo cual socavaría la posibilidad de los consumidores sudamericanos de acceder a genéricos, por ejemplo. En materia de compras gubernamentales, que a menudo sirven para fortalecer a los productores locales, pretenden que las empresas de la Unión Europea compitan en igualdad de condiciones. Sin embargo, no están previstas sanciones por corresponsabilidad en materia de delitos ambientales o violaciones de los Derechos Humanos.

Con los gobiernos neoliberales de Brasil, Paraguay y Uruguay, la Unión Europea tiene el camino allanado. La Cámara de Industria y Comercio Brasileño-Alemana les hace la corte: es escandaloso que Bolsonaro, misántropo y destructor de la selva tropical, y sus militares sean socios de una Europa que se precia de democrática. Diferente es el caso de Argentina: desde diciembre de 2019 gobierna el presidente Alberto Fernández, un socialdemócrata sensato. Al igual que su viejo amigo Lula, quiere relaciones en pie de igualdad. Por eso los medios masivos comunicación del Norte lo ignoran, y algunos de América del Sur lo tildan de sepulturero del Mercosur.

La destrucción no sólo de la Amazonía, sino también del Cerrado, en Brasil, y del Impenetrable chaqueño, ecosistemas tan biodiversa, ya es dramática, retroceden frente al avance de monocultivos peligrosos para la vida. Bayer-Monsanto, sin embargo, pretende vender todavía más semillas genéticamente modificadas y agrotóxicos; los frigoríficos europeos aumentarán sus importaciones de soja transgénica. BMW, Daimler y Volkswagen, cuyos directivos brasileños ya coloboraron con los torturadores de la dictadura militar hace casi 40 años, a largo plazo no utilizarían autopartes argentinas sino chinas.

El acuerdo Unión Europea – Mercosur es un proyecto neocolonial que atenta contra las personas y el medio ambiente, es puro anacronismo. Por eso naufragará.

Traducción: Carla Imbrogno

*Director de la oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo. Columna publicada en el diario berlinés taz, die tageszeitung, el 3 de julio de 2020.

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Por Bichos de Campo*

Para el referente del MST, “la reforma agraria sólo es posible si hay dos elementos: la fuerza del campesinado y un gobierno popular. No necesita ser violenta, pero sí tiene que haber una alteración de la estructura de la tierra. Se pueden hacer acuerdos nacionales, por ejemplo, de poder tener hasta 1500 hectáreas, y por arriba de ese volumen ya no se podría tener tierras. Acá en Argentina sería bastante escandaloso, pero podría acabar con la tenencia de tierras en manos extranjeras”.

Las luchas campesinas obedecen, según Stedile, a que “Brasil es una sociedad muy desigual. Acuérdense que, al contrario de Argentina, en nuestro pasado colonial tuvimos 400 años de esclavitud, y eso generó desigualdades, sobre todo, en la tenencia de la tierra”.

“Al salir de la esclavitud se creó una Ley de Tierras que sólo garantizaba el acceso de estas a quien tenía dinero. De ahí surgió el latifundio, la gran propiedad de la tierra. Eso ocurrió durante todo el siglo XX y hoy, 1% de los propietarios son dueños del 58% de la tierra, o bien 15 mil familias de latifundistas son dueñas del 30% de todas las tierras Hay latifundistas que tienen hasta 250 mil hectáreas”.

Stedile ejemplificó lo que ocurrió en países como Haití o Estados Unidos, donde se dieron procesos diferentes a los ocurridos en Brasil. “En Haití hicieron una revolución agraria, y en Estados Unidos, después de la Guerra Civil, Abraham Lincoln impuso una suerte de ley que garantizaba el acceso a la tierra de 66 hectáreas a cada familia que quisiera trabajar en la tierra; por eso se dice que Estados Unidos tuvo una reforma agraria aunque no lo dijeran así, porque distribuyó de forma democrática las tierras que antes eran de las plantation de la esclavitud o lo que podemos llamar, ´el cementerio indígena´, porque el ejército mataba a los indios y luego traía a los colonos para repartir sus tierras. Pero en Brasil no pasó nada de eso”, relató.

Mirá la entrevista completa a João Pedro Stédile:

Después de 50 años de historia, Stedile confesó que en Brasil pudieron apenas morigerar la concentración de tierras. “La reproducción del campesinado aumentó la presión social. Hoy tenemos cerca de 4 millones de familias de campesinos”, describió.

“En eso también somos diferentes de Argentina, porque aquí se formó un campesinado de mestizos que no podían ser esclavizados, y cuando terminó la esclavitud, en vez de repartir las tierras a los trabajadores esclavos, el gobierno brasileño trajo a nuestros abuelos campesinos pobres de Europa. Llegaron aproximadamente 3 millones de campesinos de Europa. A lo largo del siglo XX estos se multiplicaron, y eso generó mayor presión sobre la tierra”, explicó.

Por la presión de los Sin Tierra, en Brasil crearon un ministerio de Reforma Agraria que pudiera contener los reclamos. Pero apenas asumió Bolsonaro, Stedile comentó que “se cerró y ahora solo queda uno de Agricultura, en donde mandan los agronegocios. Había surgido a raíz de la re democratización de la política brasileña. Pero ahora, en este gobierno neo fascista, Bolsonaro hizo una reorganización ministerial”.

“En  tiempos de Lula y Dilma había una interpretación política de los gobernantes, quienes trabajaban la idea de conciliación de clases entre el latifundio, el agronegocio y la agricultura familiar campesina, que son los tres modelos de producción que tenemos en Brasil”, manifestó.

Stedile describió que “el latifundio rentista sólo quiere la renta de la tierra y tomar tierras públicas, el agronegocio moderno solo produce commodities agrícolas para exportación, y la agricultura campesina produce alimentos. Lula y Dilma no querían confrontarlos, y por eso había un ministerio para cada uno de esos modelos”.

Ahora bien, ¿Pueden convivir esos tres modelos productivos? “Ahí está el debate paradigmático. El tema no pasa por el tamaño de la propiedad; no se trata de repartir latifundios en pequeñas parcelas, sino de utilizar la tierra como un bien de la naturaleza para generar vida, lo que implica producir alimentos y dar trabajo y educación a la gente en el campo. El agronegocio plantea todo lo contrario; impone una escala de monocultivo, solo soja, trigo, maíz, ganado, caña de azúcar y algodón, que es nuestro caso; pero la gente no vive sólo de esos 5 productos. Tiene que ver con una cuestión de cambiar el modelo”, respondió el referente del MST.

El problema, según Stedile, está en cómo se utiliza ese bien de la naturaleza; si es sólo por ganancia propia, para generar commodities o para generar alimentos para todos, para lo cual, remarcó, “se necesita del Estado para establecer justicia en los mercados. El Estado debe organizar mercados institucionales. Es cierto que Dilma y Lula no lograron la reforma que queríamos, pero hicieron políticas para lograrlo”.

Stedile recordó que la primera posibilidad de hacer una reforma agraria en Brasil fue en la década del ´60. “Ya en toda Latinoamérica, por influencia de la revolución cubana, había un clima pro reforma agraria, y aquí en Brasil teníamos un gobierno de izquierda, el de João Goulart, quien, bajo la influencia de Kennedy que gobernaba en Estados Unidos, acordaron en una reunión en Uruguay, que la salida de Latinoamérica para impedir la reproducción de otra revolución cubana, era si se hacía una reforma agraria”.

“Pero la respuesta de las oligarquías en todo el continente no fue el de hacer reformas agrarias, y entonces mataron a Kennedy en Estados Unidos, y se propagaron las dictaduras militares”, agregó Stedile.

El referente del MST en Brasil manifestó que, aunque en esos años hicieron muchas tomas de tierra, eso no alcanzó para alterar la concentración de la misma. “Tenemos alrededor de un millón de familias que conquistaron tierras, y tenemos 15 millones de hectáreas tomadas de latifundios, pero no fue suficiente”, explicó.

Stedile narró que la fuerza motora para lograr las tomas de tierra es la masividad: “Hemos aprendido desde tiempos de Zapata- uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución mexicana-, que las tomas de tierra siempre deben ser masivas; ahí está nuestra fuerza. En Brasil, incluimos a toda la familia: mujeres, niños y ancianos, para garantizar esa masividad. Todos van a la toma de tierra, y ahí se arma un conflicto social. Algunas veces, si los ocupantes son pocos, el latifundista utiliza la violencia para echarlos Por eso nuestra táctica es hacer tomas de tierra con mucha gente, y así el latifundista no podrá resolver la cuestión a balazos, como era costumbre”.

Hace poco, Stédile presentó el libro “Experiencias de Reforma Agraria en el mundo”, de editorial Batalla de las Ideas El capítulo argentino fue  prologado por Lautaro Leveratto, coordinador nacional del MTE Rural (Movimiento Trabajadores Excluídos – Rama Rural), que nuclea a pequeños productores. El libro contiene una serie de informes sobre la reforma agraria en el mundo, relata las experiencias en los países que han vivido el proceso. Al mostrar ejemplos, Stedile señala que “es imposible querer copiar modelos, porque cada país tiene una correlación de fuerzas y luchas específicas con sus propias características”.

Acerca del caso argentino, Stedile dijo que “allá no hubo ninguna experiencia. Pero en Uruguay sí hubo procesos de reforma agraria. Hizo algo muy parecido a lo de Haití, sólo que sin revolución. Artigas, en su momento, hizo que los pobres del campo del Uruguay tuvieran acceso al derecho de la tierra. No llevaba el nombre de reforma agraria pero sí de ley agraria y se garantizó el acceso del campesino a la tierra”.

Publicada originalmente en Bichos de Campo.

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Por Rodrigo Chagas (*) | foto: Celag

En una entrevista colectiva realizada por la noche en Brasília, capital del país, Mandetta afirmó sus críticas al gobierno. ‘Vamos a seguir, porque al seguir vamos a enfrentar a nuestro enemigo. Nuestro enemigo tiene nombre y apellido: la covid-19. Hay una sociedad a quien debemos batallar para proteger. Un médico no abandona a sus pacientes, yo no los abandonaré. Hoy fue un día en que el trabajo del Ministerio entregó poco. Toda la gente estaba preguntándose si yo iba a renunciar. Muchos se solidarizaron y les agradezco”, explicó.

A continuación, Mandetta provocó a Jair Bolsonaro. “A mí me gustan las críticas constructivas, lo que dificulta es que, en determinada situación, la crítica no tenga el sentido de construir, sino dificultar el clima laboral. Ustedes no necesitan traducción, saben exactamente a lo que me refiero. El Ministerio de Salud toma una decisión y después tiene que retroceder”, afirmó.

La ciencia como centro

En relación al nuevo coronavirus, Mandetta fue categórico y afirmó que el país no tiene una estructura para la escalada de casos en las grandes metrópolis. Al final de su declaración, volvió a recordar que el aislamiento es la medida necesaria, posición antagónica a de Jair Bolsonaro, y exigió que “la ciencia sea el centro”.

Número de casos

La cifra de muertes causadas por el nuevo coronavirus en Brasil ascendió a 553, según los datos divulgados por el Ministerio de Salud el último lunes. Son 12.056 casos confirmados en el país, con una tasa de letalidad de un 4,6%.

Sin embargo, los números oficiales son menores que el número real, como confiesa el propio gobierno, pues los laboratorios tardan hasta 15 días para divulgar los resultados de tests para coronavirus. 

São Paulo concentra el mayor número de casos, con 4.866 y 304 muertes. Después, Rio de Janeiro, con 1.461 casos y 71 muertes y Ceará, con 1.013 casos y 29 muertes.

(*) traducida y publicada originalmente por Brasil de fato

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Por Victor Farinelli* / Foto: El Desconcierto

En la noche de este martes (29/10), el noticiero nocturno Jornal Nacional, del canal Globo, mostró un video donde aparece Élcio Queiróz, un ex policía que es investigado por su participación en el asesinato de la concejala socialista Marielle Franco, visitando el condominio residencial donde vive otro ex policía llamado Ronnie Lessa, quien está acusado como presunto autor de los disparos realizados. La visita ocurrió el día 14 de marzo de 2018, la fecha exacta en que ocurrió el crimen.

¿Qué tiene de impactante eso? La forma como se inició la visita: en el audio, llama la atención el hecho de Queiróz decirle al conserje del condominio que venía a visitar al “Señor Jair”, y el conserje le autoriza la entrada tras la aceptación del mismo “Señor Jair”. Y el “Señor Jair” que tiene una casa en el mismo condominio de Lessa no es otro sino el entonces diputado y hoy presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Además, el audio también muestra que el conserje se percata de que el visitante no se dirige a la casa del “Señor Jair”, como había informado en la portería, sino que a la de otro morador del condominio, y llama nuevamente a la casa del “Señor Jair” para avisarle de esa situación, pero le informan que ya sabían a donde se dirigía Élcio.

Según los investigadores del caso, no hay pruebas y es muy poco probable que Jair Bolsonaro estuviera en su casa en Río de Janeiro en el día del asesinato de Marielle, debido a que era de sesión en el Congreso brasileño, en la ciudad de Brasilia (más de 1000 kilómetros lejos de Río), e incluso está marcada su presencia en la Cámara durante esa jornada.

De hecho, horas después de la denuncia periodística, Bolsonaro interrumpió su viaje internacional a Arabia Saudita para realizar un video donde aparece muy nervioso, y diciendo justamente que él estuvo en Brasilia el día que murió Marielle – lo irónico de ese video es que el mandatario brasileño lo hizo horas después de visitar al príncipe Mohamed bin Salman, quien recientemente reconoció su responsabilidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, opositor a su régimen.

Sin embargo, todavía se está analizando otras grabaciones del sistema de seguridad para tratar de identificar quien es la persona que contesta en la casa del “Señor Jair” y autoriza el ingreso de Élcio Queiróz al condominio. Si los investigadores confirmaren que el presidente de Brasil podría estar involucrado en el asesinato de Marielle Franco, podría ser instalado un proceso en su contra por los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF, máximo órgano del Poder Judicial brasileño).

*nota originalmente publicada en El Desconcierto

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros

Talíria Petrone conocida como diputada federal por el socialismo parlamentario y Libertad (PSOL) de Río de Janeiro, es una joven negra y feminista que llegó a la política partidaria tras ejercer como profesora de historia. Llegó al Congreso Nacional para respetar “la joven democracia brasileña” y fue electa con más de 100 mil votos al mismo tiempo que Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil. Talíria Petrone lleva en su cuerpo y en su carrera política la defensa de los Derechos Humanos durante uno de los gobiernos más fascistas y machistas de toda la historia brasileña donde ser joven, mujer y negra es sinónimo de criminalización.

En abril pasado, tras investigar las denuncias formales de la congresista, la Policía Federal de Brasil descubrió en la deep web mensajes de amenaza de muerte contra Talíria Petrone. Al conocerse esta situación, se elevó a las autoridades nacionales y del estado de Río de Janeiro el pedido de garantizar seguridad para Talíria, lo que le fue garantizada la custodia pero solo a nivel nacional, en Brasilia. Tanto ella como el partido al que pertenece, PSOL, lo hicieron en al menos dos ocasiones. Y al no ser escuchada, decidió hacer pública la situación.

Desde su cuenta de Twitter, la legisladora afirmó: “recibo amenazas de muerte desde el año pasado. En abril, la Policía Federal obtuvo informaciones sobre un plan contra mí y desde entonces ando con escolta de la Policía Legislativa en Brasilia” pero denunció que en Río, “el gobierno ignora la seguridad de una parlamentaria elegida”. Informó que el primer pedido fue enviado por Rodrigo Maia (actual Presidente de la Cámara de Diputados), el 23 de abril. “Ante el silencio del gobernador, el alcalde envió un nuevo oficio reiterando la solicitud el 10 de mayo. La bancada del PSOL también envió. Hasta el momento, no tuvimos respuestas”.

Río de Janeiro es el estado más militarizado de Brasil. Donde no casualmente reside el presidente de la Nación, Jair Bolsonaro, y donde asesinaron a Marielle Franco, también del PSOL, el 14 de marzo de 2018. Por este mismo motivo, otro diputado del PSOL, Jean Wyllys, se encuentra exiliado.

Conocé más sobre Talíria Petrone en el siguiente link : 

“Cuando la democracia da un paso atrás, sabemos qué cuerpos quedan por el camino”

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