Por Niñez Plural (*) / Foto German Romeo Pena

La pandemia que estamos viviendo expone y recrudece serios problemas que afectan a lxs niñxs. Problemáticas que preexisten a esta situación y que difícilmente acabarán cuando la pandemia concluya. Una certeza colectiva para comenzar: lxs niñxs son parte inescindible de los procesos sociales y, por lo tanto, lxs afectan también la pandemia del Covid-19 con sus medidas como el aislamiento social preventivo y obligatorio y todo lo que implican.

Tiempos de incertidumbre para todxs

La actual situación deja en claro que no somos individuxs, únicxs, aisladxs, sino seres sociales entramados en procesos complejos que condicionan fuertemente nuestras experiencias, de distintas maneras según nuestras desiguales condiciones de vida. De esta manera, la pandemia pone en evidencia  las profundas diferencias que afectan a las diversas y desiguales infancias; experiencias segmentadas según clase, género, pertenencia étnica, edad, orden de nacimiento, tipo de vivienda, barrio o comunidad, acceso a servicios, que recrudecen en este contexto.

Nos encontramos en un escenario plagado de incertidumbres. En este marco, nos inquieta la salud, la reproducción de la vida, las posibilidades de obtener lo necesario para la subsistencia; nos inquieta nuestra capacidad para seguir los protocolos de prevención o adaptarnos al cambiante contexto, de soportar las restricciones. Pero, fundamentalmente, nos inquieta el futuro, y eso pone en jaque nuestra ilusión de proteger a lxs niñxs dándoles certezas que asumimos tener en situaciones ordinarias. Así, lxs adultxs y las instituciones van oscilando entre armar para lxs niñxs una ficción para preservarlxs de lo que está ocurriendo o bien requerirles una actitud de completa comprensión y responsabilidad. Es decir, o los infantilizan tutelándolos –y contrariando sus sentires a expensas de otorgar validez a la palabra adulta– o los adultiza de golpe y desconoce sus subjetividades infantiles. 

Sin menospreciar el esfuerzo y la creatividad para modificar la práctica cotidiana llevada a cabo por lxs docentes, las propuestas de educación escolar virtual operan, en muchos casos, como si nada significativo estuviera ocurriendo e incluso en ocasiones generan una demanda excesiva, tanto para lxs adultxs a cargo y lxs docentes, como para lxs niñxs. Así, se desaprovechan oportunidades de escucha y reflexión sobre sus expresiones e interpretaciones en torno a las múltiples experiencias que este desafiante contexto les presenta, como cambios en las rutinas, tiempos, espacios, interacciones e interlocutores. Oportunidades de preguntarles, escuchar, responder a sus inquietudes, todas atravesadas por sus diferentes humores y malestares. Entonces, se pierde una vez más la posibilidad de escucharlxs y conocer desde sus propias vivencias este transitar por la cuarentena. Además, estas propuestas de educación virtual no pueden llevarse a cabo cuando las familias y lxs docentes no cuentan con dispositivos electrónicos o conectividad, lo cual, sumado a los diferenciales capitales educativos de lxs padres y madres, profundiza las desigualdades ya existentes según clase social, pertenencia étnica y región del país (1). 

Es importante también recordar que el lugar que lxs niñxs ocupan generalmente en nuestra sociedad es el de seres subordinados a lxs adultxs y, por lo tanto, silenciadxs y cosificados. Se trata de la persistente mirada adultocéntrica de la que siempre hablamos, y entonces no nos sorprende que en este contexto tampoco se escuchen sus voces. Por eso consideramos que deberían multiplicarse los esfuerzos para recuperarlas (2). A su vez, en este contexto pandémico, la convivencia permanente con personas adultas –atravesadas por los mandatos patriarcales y adultistas–  agudiza la violencia producto de la angustia propia de la extrema incertidumbre en que se vive, que se descarga sobre mujeres, disidencias y niñxs.

En la actualidad, esto se agravó al no contar con la contención de las instituciones que lxs escuchaban y acompañaban en las condiciones de (a)normalidad anteriores al COVID-19. Es importante, entonces, señalar también la necesidad de que se difundan adecuadamente por las distintas vías de comunicación las líneas telefónicas o las formas de atención a las que les niñxs (o adultxs aliadxs) podrían acudir en auxilio, como la línea 102.

¿Qué implica cuidar? 

Nos encontramos en un contexto en el que mucho se insiste en que nos cuidemos y cuidemos a lxs demás. Esto permite poner en relieve preguntas tales como quiénes son los encargados del cuidado, quiénes son los sujetos susceptibles de cuidados, cómo se configuran determinados cuidados como apropiados, qué espacios son propicios, qué políticas favorecen o efectivizan dichas acciones, es decir múltiples dimensiones que no se reducen a la incumbencia de una persona y un ámbito.

En el contexto actual, ya no podemos contar con estas redes institucionales de apoyo y el cuidado infantil queda concentrado por completo en las familias, más precisamente en las mujeres, lo cual genera tensiones cotidianas de distinto nivel de gravedad. Frente a esto, observamos a los medios de comunicación preocupados por lxs niñxs sólo en términos de su salud mental ante el encierro, tomando implícitamente como parámetro a las clases medias cuyas necesidades básicas están cubiertas y que están en condiciones de cumplir con las medidas de distanciamiento social. 

Al mismo tiempo, nuestras investigaciones con sectores vulnerados vienen señalando cómo el “cuidado infantil” es muchas veces una vía para la sospecha y para (pre)juzgar a estas familias e intervenir sobre ellas. Así, la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio profundizan la discriminación hacia quienes, debido a sus dificultosas condiciones de vida, deterioradas aún más por la cuarentena, no pueden acatarla completamente. En particular quienes, como únicx referente adultx, salen a hacer compras imprescindibles y llevan a sus niñxs. Y quienes muchas veces no pueden cumplir con las recomendaciones de higiene y de aislamiento porque no acceden a viviendas adecuadas, agua potable, gas natural o leña, tanto en las villas y barrios populares de la ciudad más rica del país –que hoy aportan la mayoría de los contagios diarios– como en las comunidades originarias de diversas regiones.

Cuidarnos entre todxs implica también advertir cuándo y cómo la vulneración de derechos básicos aumenta significativamente el riesgo epidemiológico, teniendo claro que deben atenderse esos problemas de fondo más que actuar represivamente. Nos parece entonces importante advertir sobre el riesgo de que, con fines de prevención, los controles dispuestos para cumplir el aislamiento  viren en  violencias punitivas, dirigidas una vez más hacia los sectores ya socialmente vulnerados (3).

Un tema que nos preocupa y que debe ser resaltado es cómo, en el actual contexto de aislamiento, las organizaciones sociales que lxs acompañan en los diversos territorios no pueden sostener sus tareas cotidianas de contención, en detrimento de la garantía y cumplimiento de los derechos de cientos de miles de niñxs vulneradxs de nuestro país. Nos referimos a los distintos espacios de apoyo escolar, organizaciones sociales, comedores, centros comunitarios que con su presencia cotidiana  fortalecen las trayectorias de muchxs niñxs del país.

Para terminar, consideramos crucial preguntarnos por las causas de este virus, para poder pensar en cómo cuidarnos en conjunto y evitar futuras pandemias. Hace tiempo que las organizaciones sociales indígenas y campesinas, junto con diversos especialistas, nos advierten sobre la necesidad de re-pensar el actual modelo de desarrollo económico mediante el cual, en los más variados rincones del mundo, se viene deforestando desenfrenadamente, expandiendo sin control la agricultura intensiva, la minería, el desarrollo de infraestructura y la explotación de especies silvestres.

Observamos con preocupación que algunos gobiernos estén “relajando” las medidas de protección ambiental con la excusa de superar la recesión económica generada por el COVID-19.  Los desmontes que se multiplican a lo largo y ancho del país (4) evidencian la persistencia de lógicas económicas que entrañan graves “descuidos”.  Distintos especialistas vienen señalando que esta pandemia, así como el SARS, la gripe aviar y la gripe porcina, se originaron en la destrucción de hábitats silvestres para plantar monocultivos a gran escala (5). El momento actual podría ser un punto de inflexión en el que aprendamos más profunda y ampliamente qué implica el cuidar. Si realmente estamos preocupadxs por la salud y por brindar un futuro digno a lxs niñxs y a todxs, es necesario poner en discusión las causas socioambientales de la pandemia y asumir los desafíos que ello implica en la agenda política. 

(*)  Niñez Plural es un equipo de investigación social sobre las infancias, la alteridad y la ciudadanía alojado en el Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Escribimos colectivamente estas reflexiones Andrea Szulc, Mariana García Palacios, Silvia Guemureman, Pía Leavy, Melina Varela, Santiago Morales, Laura Frasco Zuker, Paula Shabel y Camila Parodi.  

1. Respecto de la cuestión educativa recomendamos el comunicado “La pandemia de la educación virtual” del equipo Ubacyt dirigido por Ana Carolina Hecht, Noelia Enriz y Mariana García Palacios: https://www.facebook.com/168740503760463/posts/535431940424649/
2. Ver una interesante propuesta para promover la expresión de las experiencias de lxs niñxs en https://www.facebook.com/ternurarevelde/photos/a.2287863274867321/2609780302675615/?type=3&theater
3. Para ampliar sobre esta delgada línea entre cuidado y control puede consultarse http://revistaanfibia.com/ensayo/logica-policial-etica-del-cuidado/
4. https://www.greenpeace.org/argentina/issues/bosques/4348/greenpeace-a-pesar-de-la-cuarentena-los-desmontes-no-se-detienen/
5. https://www.theguardian.com/environment/2020/may/07/promiscuous-treatment-of-nature-will-lead-to-more-pandemics-scientists

Source

A tres años de la gestión Cambiemos un nuevo impulso para leyes punitivistas que estigmatizan a las infancias más vulnerables.

En diciembre pasado se cumplieron 3 años del gobierno de Cambiemos, cuyas políticas han tenido impactos negativos en diferentes esferas de la vida cotidiana de la sociedad.

El ajuste social, educativo, científico son moneda corriente de este gobierno, generando mayores niveles de pobreza y marginalidad. Estas medidas encontraron respuestas en las calles, con una fuerte movilización social, que hoy el gobierno pretende utilizar con su discurso punitivista, contra protesta y contra quien considere peligroso. En los hechos, este discurso se plasmó con muertes como las de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, y otras y otros menos conocidos, a cargo de fuerzas de seguridad, y cientos de detenidos y detenidas en las marchas, en una verdadera cacería a mansalva.

Cotidianamente, la alianza de gobierno y sus adictos medios de comunicación adoctrinan con la exacerbación de la política represiva, cristalizada en la doctrina Chocobar. Las imágenes son elocuentes al presentar a la ministra Bullrich rodeada de policías con causas abiertas, las compras de nuevo armamento para reprimir, como las Taser, y el aumento de los agentes policiales en las calles de todos nuestros barrios, que inversamente a lo que proponen muestra un aumento de los casos de delincuencia.

Al mismo tiempo se produce el incremento de los casos de gatillo fácil, que siempre dispara contra las y los mismos. En los tres años del gobierno de Cambiemos, tal como lo relevó CORREPI, 1000 personas fueron asesinadas por el gatillo fácil; la mayoría niñas, niños y jóvenes de clases populares, como el caso de Facundo Ferreira, de 12 años, asesinado en Tucumán por el agente policial Mauro Díaz Cáceres, que por supuesto no recibió por ello condena alguna.

En suma, el gobierno pone en marcha un discurso que señala como mayor problema nacional a la inseguridad y propone como única forma de combatirla la mano dura, otorgándoles libre albedrío a las fuerzas represivas del Estado. Una política que también busca plasmarse en el ámbito jurídico, con el argumento de mejorar el sistema jurídico para que responda al punitivismo de Cambiemos. El mismo gobierno que empuja a miles de niño, niñas y jóvenes a la pobreza, vulnerando sus derechos más básicos, es quien los y las condena, persigue y asesina por su situación de vulnerabilidad.

Estigmatizar las infancias

Específicamente, desde el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, han avanzado en dos aristas que profundizan esta línea de acción y nos ponen en estado de alerta a quienes trabajamos cotidianamente con las y los niños y sus familias. Mientras en la provincia se avecina el cambio en el Código Contravencional, a nivel nacional se reavivan los debates sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil. Ambos proyectos cuentan con elementos en común, como son la culpabilización de la pobreza, la estigmatización de las infancias populares y la idea de que la delincuencia es parte de la naturaleza del individuo, pobre, y no una construcción social.

Nuevo Código Contravencional bonaerense

En la Provincia de Buenos Aires, en noviembre de 2018 la gobernadora María Eugenia Vidal presentó en el Senado provincial una modificación al Código Contravencional, que entre otras cosas, busca “responsabilizar” a madres y/o padres por las “faltas” que cometan sus hijas e hijos hasta 16 años de edad. Así se expresa en el artículo 14 (página 18): “será el Juez, mediante auto fundado, determinará si la conducta del menor fue consecuencia de una falta o negligencia en sus deberes por parte de los padres o tutores, que en tal caso serán sancionados”. La propuesta se presenta como una respuesta “moderna y eficiente” a la problemática de “delincuencia” de las y los “menores” porque permitirá identificar “conductas pre-delictuales”.

Proyecto Código Contravencional Provincia de Buenos Aires 

Estos cambios que ha impulsado la gobernadora, a cargo del ejecutivo provincial, esconden una ideología que estigmatiza a las infancias pobres y a sus familias, mientras busca perpetuar el escenario de desigualdad y pobreza que hoy vive la provincia.

Es un retroceso considerar a niños, niñas y jóvenes simplemente como menores tutelados y no como sujetos que se construyen social y políticamente día a día. Incluso en las concepciones más liberales sobre la infancia se ha abandonado la idea de que las y los niños deben obedecer sin límites a adultos, que (supuestamente) les cuidan para darle lugar a la noción de sujeto de derechos, que la gobernadora parece desconocer por completo en su propuesta. Por otra parte, transforma a las y los madres y/o padres en culpables de la situación que les toca atravesar junto a los y las niñas, deslindando de cualquier responsabilidad al Estado, que desde los inicios de la gestión de Cambiemos (tanto a nivel nacional como provincial) ha desfinanciado diversos programas e instancias de contención para niños, niñas y adolescentes.

Esta supuesta respuesta moderna y eficiente carece de sustento empírico. La existencia de “conductas pre-delictuales”, en otras palabras, considerar que un niño, niña y adolescente tiene una capacidad innata a cometer delitos, se asemeja a pensar que nuestras capacidades derivan de nuestra naturaleza, como por ejemplo ser inteligente o ser curioso o curiosa, y no por un proceso de aprendizaje y construcción de la subjetividad que vincula nuestras condiciones estructurales con nuestro modo de socializarnos.

Baja a la edad de imputabilidad

En los últimos días, el gobierno nacional ha vuelto a poner sobre el tapete la reforma del Régimen Penal Juvenil, que busca impulsar la baja en la edad de imputabilidad a 15 años. El mismo será enviado a su tratamiento en las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso Nacional.

Debe recordarse que en Argentina distintas leyes reglamentan el lugar que se le da a niñas, niños y adolescentes en distintos ámbitos, como el trabajo, la participación electoral, la edad para contraer matrimonio o formar una sociedad comercial. Por ejemplo, la Ley 26.390 que regula el trabajo lo hace desde los 16 años de edad, y solo es posible desde los 15 años en el marco familiar. Entonces nos preguntamos ¿por qué un deberían ser responsables frente a la justicia desde los 15 años pero no cuentan con iguales derechos que las y los adultos en los otros ámbitos?

Una contradicción que parece naturalizar la idea que “delincuente se nace” tal como propone el Código Contravencional de la provincia y por tanto es necesario bajar la edad en la que se las y los puede someter a la justicia de los mayores.

En los discursos se fundamenta esta necesidad mirando la experiencia de otros países, donde la edad de imputabilidad es mucho menor, sin tener en cuenta, o callar, el hecho que no ha obtenido resultados en cuanto a la reducción de delitos. Al mismo tiempo los organismos internacionales de derechos humanos elevan fuertes críticas al punitivismo de menores por violatorio de los mismos. Los análisis de estas experiencias muestran que además de no haber correlación entre punibilidad y disminución del delito porque son de distinta naturaleza que las que estos proyectos buscan disuadir.

Las estadísticas oficiales y de organizaciones como CORREPI y el CELS demuestran que los delitos cometidos por menores de edad son una mínima porción del total y se concentran, casi exclusivamente, en delitos contra la propiedad y no en aquellos que atentan contra la vida, que es hacia donde apunta la reforma propuesta por Cambiemos. La punibilidad del proyecto oficial es sobre actos delictivos que no comenten, y que son una consecuencia de las políticas de ajuste que produce pobreza y falta de oportunidades.

Propuestas desde el más acá

El discurso punitivista, en particular sobre el segmento de las niñeces y juventudes, solo genera desinformación y confusión, y está lejos de producir una respuesta eficaz a la problemática de la (in)seguridad y la (in)justicia.

Quienes trabajamos directamente con las infancias más vulnerables, así como otros profesionales involucrados en la temática,  nos openemos a esta política. Creemos que un verdadero tratamiento del problema debe centrar su intervención en mejorar las posibilidades de las familias e infancias más vulnerables con políticas redistributivas, ampliación de derechos económicos, sociales y culturales y generación de empleo digno. Como decía Carlos Cajade, “detrás de cada pibe de la calle hay un padre o madre desocupada”. Nosotras y nostros gritamos en las calles, junto a las y los pibes: No Somos Peligrosos, Estamos En Peligro. Las y los pibes en la escuela y no en la cárcel.

AulaVereda Almagro  IG @aulavereda

[i] Educadoras de AulaVereda
Notas relacionadas

La Niñez no se ajusta: “Un país que hipoteca su niñez, hipoteca su presente e hipoteca su futuro”

La Niñez no se ajusta: “Proponemos la ternura como acción política, aunque suene ingenuo”

Nacer pobre, Crecer preso: reflexiones contra la criminalización de la niñez

Source

La asociación civil “El Transformador” reclama que se haga efectiva la ley de expropiación de La Casona de Haedo, que vence en septiembre próximo. Entrevista a Aldana Sardelli, trabajadora de la organización social. Distintas actividades se vienen realizando para poder sostener el espacio.

Desde 2003 en la Casona de Haedo (Pdo. de Morón) funciona la Asociación Civil El Transformador. Un espacio que surge como resultado de la construcción de distintas organizaciones sociales. Entrevistamos sobre el conflicto a Aldana Sardelli, integrante y vocera de El Transformador.

¿Cómo empezó a funcionar El Transformador en La Casona de Haedo?

La Casona, donde estamos desde hace más de 15 años, fue declarada monumento histórico provincial y no se puede demoler. Eso lo lograron los vecinos y vecinas en 1998, y es algo que tenemos a favor. En ese momento ellos también presentaron un proyecto de expropiación, pero se cayó. Después, en 2003 empieza a funcionar acá El Transformador.

El dueño original de esta casa había sido Manuel Fresco, el gobernador de Buenos Aires. Lo que nosotros hicimos fue hablar con su hijo Manuel, en plena crisis del 2002-2003, y de palabra nos cedió La Casona. Desde entonces empezamos las actividades.

¿Por qué presentaron un proyecto de expropiación?

Otra parte de la familia Fresco empezó un juicio de desalojo para volver a tener La Casona. En ese momento presentamos el proyecto de expropiación, que finalmente se aprueba en 2013. Lo que hizo este proyecto fue congelar el juicio de desalojo que nos hacía la familia.

La ley de expropiación, que presentamos y que fue aprobada, dice que la Provincia tiene que pagar a la familia el valor fiscal de la Casona. Por tratarse de un monumento histórico, y por las actividades que nosotros hacemos ahí, la Provincia debe cedérsela al municipio de Morón y éste, a su vez, darla en comodato a nuestra organización.

¿Están preocupados y preocupadas porque vence el plazo de expropiación?

En septiembre se vence el plazo de la ley y queremos conseguir una prórroga, que todavía sigue en tratativas, porque siempre está presente la amenaza de desalojo.

Si bien un desalojo es algo que no sucede de un día para otro, porque hace muchos años que estamos acá, hacemos muchas actividades y trabajamos con pibes y pibas. La idea es no llegar a esa instancia, sino extender el plazo de la ley o buscar la forma legal de seguir en la Casona.

¿Por qué nunca se ejecutó la Ley de Expropiación?

Cuando se aprobó la ley de expropiación faltaba que se apruebe el presupuesto (que la haga posible). Eso es lo que nunca sucedió, y entonces jamás hubo plata para pagarle a la familia Fresco su valor fiscal, porque el presupuesto nunca fue aprobado.

¿Qué acciones legales tomaron para exigir el cumplimiento?

Desde El Transformador hicimos judicialmente todo lo que debíamos hacer, en el sentido que la ley fue presentada a tiempo y conseguimos que sea aprobada. Desde nuestro lado no hay otra acción legal, más que esperar hasta septiembre que la provincia pague o no esa ley.

En caso que no se consiga el presupuesto ya estamos hablando con las y los diputados para averiguar cómo hacer una prórroga de la ley. Además, si es posible continuar haciendo otras acciones legales para mantener el estado de expropiación.

¿Cómo respondieron el municipio de Morón y la gobernadora Vidal al pedido que le hicieron?

Ya presentamos una carta al municipio de Morón pero hasta ahora no tuvimos respuesta de parte del intendente Tagliaferro. Tampoco de la gobernadora Vidal  obtuvimos respuesta al pedido de una entrevista.

En la provincia, la ley de expropiación ya cumplió todo su recorrido y ahora está en la parte asuntos municipales. Desgraciadamente, esa área no tiene atención al público en la ciudad de La Plata y tampoco tienen ese expediente en nuestro municipio. Pero estamos cumpliendo todo el camino legal y agotando las instancias de pedidos de reunión con el municipio y la provincia exigiendo el cumplimiento de la ley.

¿Comenzaron una campaña para visibilizar la necesidad?

Si, estamos lanzando diferentes flyers y video-minutos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, para explicar la expropiación y lo que hacemos en la Casona. También salimos por el barrio a volantear con una carta, para decir a los vecinos lo que nos está pasando.

Además estamos haciendo varios eventos con motivo de la expropiación. Por ejemplo, el domingo 29 de julio tocó Leo Masliah a beneficio de nuestra organización.

En pocos días será un nuevo aniversario de El Transformador ¿Qué actividades tienen programadas?

El 18 de agosto cumplimos 16 años en la Casona y vamos a hacer un festival en la calle. Ahí también vamos a informar cuál es el estado de la expropiación y de qué trata la ley 14. 551, porque a veces cuesta que la gente entienda.

La Casona después de tantos años ha logrado ser muy reconocida en zona oeste. ¿Por qué?

Si, llevamos muchos años de laburo. Convertimos a la Casona en un símbolo de la zona oeste, porque es muy conocido el trabajo que hacemos desde hace muchos años.

Tenemos espacios de niñez, talleres culturales, agroecología, biblioteca y conviven otras organizaciones. A la Casona le damos vida muchas organizaciones y eso nos da más fuerza, con mucha gente activando para bancarla.

¿Cuáles son esas organizaciones que funcionan en La Casona?

En la Casona no está solamente El Transformador. También la habitamos muchas organizaciones. Están H.I.J.O.S. Zona Oeste, El Frente Popular Darío Santillán y la Corriente Nacional. Además, funciona un colectivo de educación popular llamado Sembrando Rebeldías y otro llamado Socorristas en Red, que trabaja el tema del aborto,

También están las Caracolas Feministas trabajando violencia de género y los Varones Desobedientes, un grupo que se replantean las masculinidades. Es muy importante que este tipo de organizaciones podamos seguir trabajando en el barrio.

Historia transformadora

La importancia del espacio se debe a la función social de contención que cumplen. Desde hace más de una década El Transformador tiene un centro de día en La Casona (y otro en el Barrio Obrero de Lomas de Zamora) donde trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

Los trabajadores y trabajadoras de infancia laburan con pibes y pibas en situación de vulnerabilidad social. El objetivo es proteger los derechos vulnerados de las y los pibes que están en situación de riesgo, por eso se hace indispensable que la expropiación se vuelva un hecho que le de amparo a esa gran tarea cotidiana. Además en el espacio se realizan muchas y variadas actividades culturales.

El inmueble perteneció al gobernador bonaerense Manuel Fresco y su hijo la cedió para que se lleven a cabo actividades comunitarias y culturales.

Gracias a la sanción de la Ley de Expropiación 14551, se evitó el desalojo que otra parte de la familia Fresco pretendía. Se dictaminó la obligación de la Provincia de pagar el valor de la casa a los herederos y darla en comodato a El Transformador.

Sin embargo, la ley aún no ha sido aplicada y en septiembre se cumple el plazo para hacerla efectiva. Desde El Transformador y las organizaciones que habitan la Casona reclaman por su expropiación, para que no corra peligro el centro comunitario.

Nota relacionada: Por la expropiación definitiva de La Casona de Haedo

Source