Por Huerquen, comunicación en colectivo*

«Me equivoqué con el tema Vicentin porque creí que estaba mucho más asumida la situación de crisis, y que cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar la empresa iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina», declaró el presidente Alberto Fernández el pasado lunes 13 de julio.

La desazón presidencial por la falta de algarabía con el anuncio de intervención y envío de un proyecto de ley de expropiación, es leída desde distintos ángulos (aparentemente antagónicos) como una capitulación.

Sobre las maniobras de vaciamiento de los directivos de Vicentin venimos aportando en estas páginas con copiosa información. Urge analizar el nuevo escenario.

Entrevero judicial

Francisco Caputo es abogado, trabajó con empresas recuperadas y actualmente con organizaciones como la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) y el Instituto para la Producción Popular (IPP); es miembro fundador de la Red de Abogadxs por la Soberanía Alimentaria (RedASA).

Para que el común de los mortales podamos separar los elementos certeros del “pescado podrido” con que la discusión se embarra en los medios de comunicación, aporta una serie de consideraciones jurídicas pero advierte: “Vicentin no es una cuestión de argumentos jurídicos, es una cuestión política en defensa de determinados intereses”.

El centro de las miradas está puesta en el concurso que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini en Reconquista. “Un juez que tiene un nivel de parcialidad a favor de Vicentin muy alto” al decir de Claudio Lozano, actual director del BNA.

Le preguntamos a Francisco ¿Qué es un concurso preventivo?

“Es una herramienta legal para evitar que una persona física o sociedad quiebre por su estado de cesación de pagos. El deudor, pide su concurso, no pierde la administración, se suspenden los juicios y los pedidos de quiebra, se suspenden intereses, y se hace una propuesta de pago que debe ser aceptada por un porcentaje de acreedores.”

“Una sociedad concursada puede ser expropiada, si lo que está concursada es la empresa, las acciones son de los accionistas. No hay interferencia con el juez del concurso. Digo esto, porque se acusó al Poder Ejecutivo de pretender ejercer funciones judiciales. Nada que ver, solo dispone una expropiación de acciones y una intervención para asegurar la continuidad de la empresa.”

“Hay diversos tipos de intervenciones, como las solicitadas por los accionistas contra los directores. La intervención judicial en los concursos, que son dispuestas por el Juez a pedido del síndico o de acreedores en caso de mala administración por ejemplo. También puede ser intervenida una sociedad cuyas acciones van a ser expropiadas, para que no se frustre la expropiación por conducta de los administradores.”

Además del concurso en Reconquista hay otras causas judiciales en curso.

Una es la causa penal que lleva en juez Julián Ercolini e instruye el fiscal Gerardo Pollicita en los juzgados federales, en la que el 8 de julio pasado se decidió la inhibición de bienes de todo el directorio e importantes funcionarios del Banco Nación en la gestión anterior que encabezaba González Fraga; y de los directivos del Grupo Vicentin, “los mismos que el juez comercial del concurso ha repuesto al frente de la empresa” al decir de Lozano.

Al mismo tiempo en Nueva York avanza la causa que iniciaron allí un grupo de bancos internacionales acreedores de Vicentin; en el marco de la cual se disparó un relevamiento (“discovery”) de las transacciones de la empresa en el sistema financiero internacional para ver cómo desaparecieron 1.000 millones de U$S. Según Lozano se estima que Vicentin habría sacado del negocio hacia cuentas particulares de accionistas en el extranjero unos 400 millones de U$S.

En esa causa neoyorquina sí están los estados contables y el balance del 2019 de Vicentin, que inexplicablemente faltan en el concurso de acreedores de Reconquista.

Francisco aporta un dato adicional: “Del Registro de Propiedad de Santa Fé surge que directores y accionistas de Vicentin, como Daniel Buyatti, Roberto Vicentin, Martin Colombo, Bettina Padoan se desprendieron de bienes personales como propiedades, a través de trámites por donaciones, desafectaciones de bien de familia para ventas, hechos que fueron denunciados por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fé. Todas operaciones de enero del 2020 es decir, inmediatamente después del anuncio de “estrés financiero” y cese del pago de deudas”.

La propuesta santafecina

Después del anuncio de la intervención y eventual expropiación del 8 de junio, y con la reacción del poder concentrado en curso; entró en escena la propuesta del gobierno de Santa Fe que encabeza Omar Perotti, que era anunciada en la prensa como «superadora y racional» frente al «arrebato populista» inicial, que el gobierno nacional acompañó.

Si la jugada de los directivos y accionistas de Vicentin a través de su juez amigo en el pago chico era lograr impunidad a una fenomenal estafa, el planteo de Perotti se inscribe dentro del concurso que lleva ese juez, y que también lo rechazó.

¿Qué pretende el Gobierno de Santa Fe?

“Evitar la expropiación, llegar a una estatización a través del proceso concursal, y lograr la intervención conjunta del Estado Nacional y Provincial”, contesta Francisco y agrega:

“La base del pedido es la ley concursal. La administración, según la ley, queda en manos de los directores de Vicentín, pero el gobierno santafesino sostiene con razón que como las conductas de los directores están vaciando la empresa; se están insolventando personalmente y llevando a la empresa concursada al estado de cesación de pagos, son motivo suficiente para obtener la intervención de la administración. La idea es quedarse con el control societario (más del 50% del capital social de Vicentín), ya sea vía de capitalizar los créditos del Estado Nacional y provincial, bancos, AFIP, etc, ya sea vía de ejercer un salvataje judicial.»

“Este camino depende de muchos factores. Para cualquier propuesta de arreglo se necesita un porcentaje elevado, una mayoría de acreedores que representen un 66% del capital verificado. El crédito del Banco Nación puede ser impugnado por Vicentin, acreedores y/o sindicatura; una de las causas podría ser la connivencia entre los funcionarios del Banco y la concursada; es un riesgo. Obtener las mayorías requeridas no es tarea fácil. Este trámite podría durar quizá 1 año.”

Lo que viene aquí es una audiencia de conciliación entre el Gobierno de Santa Fe y la empresa este miércoles 15 de julio.

El camino de la expropiación

Francisco dice “La expropiación es constitucional. La Constitución de 1853, con las sucesivas reformas, hasta la de 1994, mantiene la posibilidad de expropiar. Significa que el Estado pueda obtener un bien privado, amparándose en 3 requisitos: que sea por ley, que el bien sea calificado de utilidad pública e indemnizado (artículo 17 CN). La ley 21.499 reglamenta las expropiaciones, y dice en su artículo 1 “comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”.

Vicentin debe casi 100.000.000.000 de pesos a productores, cooperativas, AFIP, bancos públicos y extranjeros, etc; además de la subfacturación comprobada de exportaciones en operaciones de triangulación con sus subsidiarias. Involucra 130.000 personas: sus 7.000 trabajadores directos y 28.000 indirectos, más sus familias; 1895 productores y 98 cooperativas; toda una economía en el norte santafecino. En el marco del comercio exterior de granos que es “sumamente opaco” al decir de Lozano y que es fuente de evasión, contrabando y fuga de divisas, controlado por un puñado de corporaciones, imbricado en cadenas de valor tras-nacionalizadas donde nuestro país se inscribe subordinado como fuente de commodities (naturaleza) y resignando su soberanía (política, alimentaria, económica, tecnológica, productiva).

El 9 de julio pasado mientras las cámaras de todos los grandes medios transmitían en directo las movilizaciones “en defensa de Vicentin” en Santa Fe junto a las de Olivos y el Obelisco donde fueron agredidos trabajadores de prensa; en la propia provincia hubo también una enorme movilización convocada por organizaciones sociales, gremiales y políticas en apoyo a la expropiación.

Allí el diputado provincial Carlos del Frade planteó: “no hay nada más transparente que el debate en el Congreso de la ley de expropiación, para tener una empresa estatal con participación de los trabajadores, productores y cooperativas. Hoy, en este Día de la Independencia sólo tiene sentido hacer flamear la bandera Argentina si la Argentina es propiedad de las mayorías y no de las minorías. La antinomia de hoy es: o ganan las mafias o gana la democracia”.

Para Francisco “es totalmente viable la propuesta de una futura sociedad Vicentin estatal, donde el Estado Nacional y Provincial tengan el 50% más 1 del capital social con derecho a voto, y el resto de las acciones con derecho a voto sea para productores, cooperativas y trabajadores que accederían al capital social capitalizando sus créditos contra la empresa concursada”.

Para Lozano “estamos en condiciones de transformar lo que ha sido una estafa, de las tantas de grupos empresarios importantes sobre el país, en la construcción de una herramienta pública, asociada con cooperativas para tener una intervención en el comercio exterior y la soberanía alimentaria”.

El Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, ha sido de los primeros espacios en plantear la expropiación de Vicentin y su transformación en una Empresa Pública al servicio de la Soberanía Alimentaria con participación de trabajadores y productores; durante todo este tiempo desplegamos iniciativas para dar esta disputa concreta y sostener el reclamo que va en sintonía con los 21 puntos elaborados en mayo de 2019 para otro modelo agropecuario en Argentina.

Claramente «el tema Vicentin» continuará.

*Publicada originalmente en Huerquen

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Por Iván Barrera

¿Quién es este tal Vicentin?

Vicentin es una empresa que nace por los años 20 a partir de la humilde iniciativa de los hermanos Máximo, Pedro y Roberto Vicentin. Esta empresa se encarga de comprar granos, cereales y oleaginosas a pequeños y medianos productores y ubica sus productos en el mercado local e internacional. También, con el correr de los años, se encargó de comprar otras empresas más pequeñas y de fundar sucursales en otros países. Estas grandes acopiadoras básicamente compran cosechas a productores que por su nivel de producción no podrían exportar o colocar sus productos en el mercado local, y hacen lo propio a gran escala o con marcas propias. Vicentin hoy cuenta con empresas en Brasil, Paraguay, Uruguay y España, aparte de tener el control accionario de varias en el territorio argentino. 

La vida del Grupo Vicentin fue bastante próspera y pasó inadvertida para la mayor parte de los y las consumidoras, hasta el año pasado. El 2019 fue un año turbulento para el Grupo Vicentin. Todo comenzó con la reñida campaña electoral donde el entonces presidente Mauricio Macri se jugaba la reelección contra el actual presidente Alberto Fernández. Al parecer, el grupo Vicentin era bastante adepto al modelo económico cambiemita y aportó para la campaña electoral de Juntos por el Cambio no uno ni dos, sino 13 millones y medio de pesos. Fue el principal aportante de la campaña. Lo hizo a través de otras empresas del grupo: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Cada una de ellas volcó 4 millones y medio de pesos a la campaña donde la dupla Macri-Pichetto logró un dignísimo segundo puesto. 

Ahora bien, hay que señalar también que Vicentin no fue justamente uno de los perdedores del modelo cambiemita. Con idas y vueltas, en 2019 se colocó como la cuarta exportadora más grande de granos y fue la mayor exportadora de subproductos y aceites. Los balances muestran que hasta el 2018 la empresa se mostraba en expansión y con un nivel de deuda manejable.

Vicentin venía bien, pero pasaron cosas. ¿Recuerdan al Macri con stress post PASO que dejó que el dólar se devaluara de $40 a $60? Bueno, a sus amigos de Vicentin no les vino muy bien, porque tenían una deuda de USD 300 millones que de un día para el otro se había vuelto impagable. Entonces desde Vicentin hicieron lo que cualquier hijo de Macri haría: tomar más deuda. Parte de ella la tomó con el mismísimo Banco Nación conducido por el impecable González Fraga, el mismo que en su momento comparó un pibe con hambre con un animalito y que deslizó la frase “tener dinero afuera es una necesidad para sobrevivir”. El banco liderado por el empático González Fraga le otorgó a Vicentin cerca de 6 mil millones de pesos en noviembre de 2019, a pocas semanas de que dejara su cargo y que, casualmente, Vicentin declare la quiebra. Es decir, Vicentin retiró 6 mil millones de pesos del Banco Nación y a las pocas semanas anunció que no iba a hacer frente a sus deudas. 

Ahora, ¿cómo conectamos los párrafos anteriores? ¿Cómo entendemos que una empresa líder en exportación, que venía en genuina expansión de mercado hasta 2018, que en 2019 se posicionó entre las más grandes de su rubro, haya quebrado? 

¡Expropiese!

Este lunes el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa y el envío de un proyecto de expropiación para que YPF Agro se haga cargo de la gerencia. La deuda de Vicentin hoy asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones son con bancos y entidades financieras y 350 millones con otros acreedores, como los mismos productores que les entregaron la cosecha sin que Vicentin la abonará. Uno de los principales fundamentos para la expropiación es que la firma mantiene una deuda con el Banco Nación que asciende a 300 millones de dólares.

Expropiar propiamente dicho significa que una empresa de capitales privados pasa a ser controlada por el Estado por ser de interés público. En el caso de una empresa en funcionamiento, Estado y dueños de empresa deberían sentarse frente a un intermediario a establecer ese precio de compra. El caso de una empresa en cesación de pagos es distinto porque el Estado asume las deudas, especialmente las que mantienen con él, a cambio de que la empresa continúe funcionando. Está claro que este proceso será largo. Parte del trabajo del interventor y de la justicia será determinar cómo una empresa exitosa como Vicentin se declaró en quiebra, qué pasó con todos los fondos que se liberaron desde el Estado y determinar si hubo malversación de fondos.

Ahora, ¿por qué es importante que se expropie una empresa como Vicentin? Por un lado, se garantiza su funcionamiento. No se pierden los 1.300 puestos de trabajo y los 2.600 productores que trabajaban con Vicentin garantizarán que la firma comprará sus cosechas y les pagará las que ya entregaron. Por otro lado, el Estado contará con una empresa líder en su rubro y podrá manejarla para beneficio del Estado y no de la especulación. Una práctica habitual (¡y sorprendentemente legal!) de las acopiadoras de granos es que guardan las cosechas en los famosos silo bolsa, en lugar de venderla, especulando a una suba del dólar o baja de las retenciones para sacar una mayor tajada. Otra práctica igualmente habitual y legal es exportar pero no liquidar las cosechas con el mismo fin. Es decir, envían los granos pero no cobran hasta que el dólar sea lo suficientemente lucrativo. 

A su vez, controlar una gran porción del mercado permitirá al Estado decidir cuánta producción se destina a comercio interno -y a qué precios- y cuánto se exporta. A su vez, la totalidad de los dólares quedará a disposición del Estado, sin posibilidad de que terminen en algún paraíso fiscal. Un beneficio más para el Estado será que dentro del Grupo Vicentin se encuentra la empresa Renova, principal productora de biodiesel del país, lo que permitiría al Estado controlar el precio del combustible diesel, insumo primordial en la producción agropecuaria.

El anuncio de la intervención de Vicentin puso los pelos de punta a más de uno. Llovieron tuits, notas, horas de prime time y hasta el mismísimo Juntos por el Cambio escribió una carta quejándose, como si todo el mundo hubiese estado esperando su opinión. Acá hay algo muy claro: la expropiación lleva un proceso legislativo y un proceso legal y se hará en esos términos. No hay autoritarismo en enviar un proyecto de ley para que el Congreso tome las facultades que le corresponden. Tampoco se entiende mucho qué esperan los detractores de la expropiación. De no seguir este curso, Vicentin va a la quiebra, los y las trabajadoras quedan en la calle, los productores que venden a la firma quedarán con sus deudas sin cobrar y con su producción paralizada y los bienes de la empresa irán a remate.

Ahora bien, el lado B de la expropiación es que el Estado se hará cargo de todas las obligaciones de la empresa, no solo de las deudas contraídas por los bancos Nación y Provincia. Hay más de 2.000 acreedores que tienen obligaciones sobre Vicentin, entre los que se encuentran productores y también bancos privados nacionales e internacionales. El gran costo de este proceso es la nacionalización de deuda privada. El curso legal determinará la legalidad o la fraudulencia de esta deuda, pero en lo práctico el Estado deberá absorber dichas obligaciones.

Por último, es importante resaltar que en estos momentos, tanto Alberto Fernández como las y los promotores de la expropiación, han utilizado el concepto de soberanía alimentaria. Soberanía Alimentaria es un concepto desarrollado por la Vía Campesina donde se busca la autodeterminación de los pueblos en cuanto a qué producir, cómo producirlo y cómo consumirlo. Se trata de la soberanía de los pueblos para decidir las condiciones, tanto laborales como ecológicas, en las que se producen los alimentos y cómo se distribuyen. Hablar de soberanía alimentaria al expropiar Vicentin es como hablar de soberanía económica al no llegar a un acuerdo con los bonistas. Sin embargo, es importante que este tema se ponga en agenda, en un país que produce anualmente alimento para 400 millones de personas pero donde 1 de cada 2 niños y niñas vive en la pobreza, donde la especulación agraria y los silo bolsa concentran tierras y riqueza impidiendo que el resto se alimente.

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Econovid-19: Apuntes para entender un poquito (Parte I)

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La asociación civil “El Transformador” reclama que se haga efectiva la ley de expropiación de La Casona de Haedo, que vence en septiembre próximo. Entrevista a Aldana Sardelli, trabajadora de la organización social. Distintas actividades se vienen realizando para poder sostener el espacio.

Desde 2003 en la Casona de Haedo (Pdo. de Morón) funciona la Asociación Civil El Transformador. Un espacio que surge como resultado de la construcción de distintas organizaciones sociales. Entrevistamos sobre el conflicto a Aldana Sardelli, integrante y vocera de El Transformador.

¿Cómo empezó a funcionar El Transformador en La Casona de Haedo?

La Casona, donde estamos desde hace más de 15 años, fue declarada monumento histórico provincial y no se puede demoler. Eso lo lograron los vecinos y vecinas en 1998, y es algo que tenemos a favor. En ese momento ellos también presentaron un proyecto de expropiación, pero se cayó. Después, en 2003 empieza a funcionar acá El Transformador.

El dueño original de esta casa había sido Manuel Fresco, el gobernador de Buenos Aires. Lo que nosotros hicimos fue hablar con su hijo Manuel, en plena crisis del 2002-2003, y de palabra nos cedió La Casona. Desde entonces empezamos las actividades.

¿Por qué presentaron un proyecto de expropiación?

Otra parte de la familia Fresco empezó un juicio de desalojo para volver a tener La Casona. En ese momento presentamos el proyecto de expropiación, que finalmente se aprueba en 2013. Lo que hizo este proyecto fue congelar el juicio de desalojo que nos hacía la familia.

La ley de expropiación, que presentamos y que fue aprobada, dice que la Provincia tiene que pagar a la familia el valor fiscal de la Casona. Por tratarse de un monumento histórico, y por las actividades que nosotros hacemos ahí, la Provincia debe cedérsela al municipio de Morón y éste, a su vez, darla en comodato a nuestra organización.

¿Están preocupados y preocupadas porque vence el plazo de expropiación?

En septiembre se vence el plazo de la ley y queremos conseguir una prórroga, que todavía sigue en tratativas, porque siempre está presente la amenaza de desalojo.

Si bien un desalojo es algo que no sucede de un día para otro, porque hace muchos años que estamos acá, hacemos muchas actividades y trabajamos con pibes y pibas. La idea es no llegar a esa instancia, sino extender el plazo de la ley o buscar la forma legal de seguir en la Casona.

¿Por qué nunca se ejecutó la Ley de Expropiación?

Cuando se aprobó la ley de expropiación faltaba que se apruebe el presupuesto (que la haga posible). Eso es lo que nunca sucedió, y entonces jamás hubo plata para pagarle a la familia Fresco su valor fiscal, porque el presupuesto nunca fue aprobado.

¿Qué acciones legales tomaron para exigir el cumplimiento?

Desde El Transformador hicimos judicialmente todo lo que debíamos hacer, en el sentido que la ley fue presentada a tiempo y conseguimos que sea aprobada. Desde nuestro lado no hay otra acción legal, más que esperar hasta septiembre que la provincia pague o no esa ley.

En caso que no se consiga el presupuesto ya estamos hablando con las y los diputados para averiguar cómo hacer una prórroga de la ley. Además, si es posible continuar haciendo otras acciones legales para mantener el estado de expropiación.

¿Cómo respondieron el municipio de Morón y la gobernadora Vidal al pedido que le hicieron?

Ya presentamos una carta al municipio de Morón pero hasta ahora no tuvimos respuesta de parte del intendente Tagliaferro. Tampoco de la gobernadora Vidal  obtuvimos respuesta al pedido de una entrevista.

En la provincia, la ley de expropiación ya cumplió todo su recorrido y ahora está en la parte asuntos municipales. Desgraciadamente, esa área no tiene atención al público en la ciudad de La Plata y tampoco tienen ese expediente en nuestro municipio. Pero estamos cumpliendo todo el camino legal y agotando las instancias de pedidos de reunión con el municipio y la provincia exigiendo el cumplimiento de la ley.

¿Comenzaron una campaña para visibilizar la necesidad?

Si, estamos lanzando diferentes flyers y video-minutos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, para explicar la expropiación y lo que hacemos en la Casona. También salimos por el barrio a volantear con una carta, para decir a los vecinos lo que nos está pasando.

Además estamos haciendo varios eventos con motivo de la expropiación. Por ejemplo, el domingo 29 de julio tocó Leo Masliah a beneficio de nuestra organización.

En pocos días será un nuevo aniversario de El Transformador ¿Qué actividades tienen programadas?

El 18 de agosto cumplimos 16 años en la Casona y vamos a hacer un festival en la calle. Ahí también vamos a informar cuál es el estado de la expropiación y de qué trata la ley 14. 551, porque a veces cuesta que la gente entienda.

La Casona después de tantos años ha logrado ser muy reconocida en zona oeste. ¿Por qué?

Si, llevamos muchos años de laburo. Convertimos a la Casona en un símbolo de la zona oeste, porque es muy conocido el trabajo que hacemos desde hace muchos años.

Tenemos espacios de niñez, talleres culturales, agroecología, biblioteca y conviven otras organizaciones. A la Casona le damos vida muchas organizaciones y eso nos da más fuerza, con mucha gente activando para bancarla.

¿Cuáles son esas organizaciones que funcionan en La Casona?

En la Casona no está solamente El Transformador. También la habitamos muchas organizaciones. Están H.I.J.O.S. Zona Oeste, El Frente Popular Darío Santillán y la Corriente Nacional. Además, funciona un colectivo de educación popular llamado Sembrando Rebeldías y otro llamado Socorristas en Red, que trabaja el tema del aborto,

También están las Caracolas Feministas trabajando violencia de género y los Varones Desobedientes, un grupo que se replantean las masculinidades. Es muy importante que este tipo de organizaciones podamos seguir trabajando en el barrio.

Historia transformadora

La importancia del espacio se debe a la función social de contención que cumplen. Desde hace más de una década El Transformador tiene un centro de día en La Casona (y otro en el Barrio Obrero de Lomas de Zamora) donde trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

Los trabajadores y trabajadoras de infancia laburan con pibes y pibas en situación de vulnerabilidad social. El objetivo es proteger los derechos vulnerados de las y los pibes que están en situación de riesgo, por eso se hace indispensable que la expropiación se vuelva un hecho que le de amparo a esa gran tarea cotidiana. Además en el espacio se realizan muchas y variadas actividades culturales.

El inmueble perteneció al gobernador bonaerense Manuel Fresco y su hijo la cedió para que se lleven a cabo actividades comunitarias y culturales.

Gracias a la sanción de la Ley de Expropiación 14551, se evitó el desalojo que otra parte de la familia Fresco pretendía. Se dictaminó la obligación de la Provincia de pagar el valor de la casa a los herederos y darla en comodato a El Transformador.

Sin embargo, la ley aún no ha sido aplicada y en septiembre se cumple el plazo para hacerla efectiva. Desde El Transformador y las organizaciones que habitan la Casona reclaman por su expropiación, para que no corra peligro el centro comunitario.

Nota relacionada: Por la expropiación definitiva de La Casona de Haedo

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El Panorama sindical de la semana está atravesado, además de por la lucha docente, por la resistencia de trabajadoras y trabajadores. El BAUEN pelea por la expropiación y AGR quiere revertir las mentiras del Grupo Clarín.

La cena solidaria en apoyo a las y los trabajadores de la cooperativa BAUEN reunió el martes 11 a la anoche a más de 700 referentes de la cultura, el deporte, los gremios, la política y el cooperativismo, que se acercaron para expresar su apoyo a las más de 130 familias que defienden sus fuentes de trabajo frente al veto presidencial a la expropiación del hotel y a la inminente orden de desalojo que pesa sobre el emblemático edificio de Callao 360.
En este contexto de gran acompañamiento, las y los cooperativistas reafirmaron su convicción de seguir gestionando el hotel de manera cooperativa, dándole continuidad al modelo eficiente y sustentable que impulsan desde 2003, resistiendo el desalojo e insistiendo con el trámite parlamentario.

La cena del martes se enmarca en una importante campaña que tiene como principal objetivo ratificar este año en ambas cámaras del Congreso de la Nación la ley que determina la expropiación y declara de utilidad pública el edificio y las instalaciones del hotel, una norma sancionada con el más amplio respaldo de diversas fuerzas políticas que fue vetada a fines del año pasado por el presidente Mauricio Macri.

A pocas horas del evento, la jueza volvió a expedirse ayer sobre la causa y esta vez lo hizo para requerirle al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el uso de la Policía para llevar adelante el desalojo, en caso de que fuera necesario. “Dado el interés público que reviste y la eventual necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad”, puede leerse en el escrito que lleva la firma de puño y letra de la jueza.

Mientras tanto, los trabajadores presentaron dos escritos ante la justicia para frenar el desalojo. En el primero plantean la inconstitucionalidad del veto presidencial por ir contra una ley que garantiza sus puestos de trabajo y, por tanto, vulnera tratados internacionales de Derechos Humanos que el Estado está obligado a cumplir. El planteo cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 10 a cargo de la jueza Liliana Heiland, quien sin analizar los fundamentos lo rechazó por cuestiones formales. Ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones.

El segundo fue presentado ante Hualde en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, donde se tramita la quiebra. Allí los trabajadores mencionan otros dos puntos a considerar: que no está agotado el trámite legislativo porque aún  el Congreso puede insistir en la Ley vetada y si es aprobada con dos tercios de los votos debe promulgarse; y que el desalojo es solicitado por un actor que no es parte de la quiebra. Este escrito también fue rechazado y los trabajadores apelaron a la Cámara Comercial.

Por último, los diputados Leonardo Grosso, Diana Conti y Araceli Ferreyra, los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresa Luna, y los responsables de la CTA, la CNCT, la CTEP y la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), entre otros, también presentaron un amparo donde destacan que el veto pasa por alto los derechos laborales de los 130 integrantes de la cooperativa. Su reclamo cayó en el juzgado nacional de primera instancia laboral N° 38, a cargo de María Dora González.

Allí también intervino la Fiscalía Nacional del Trabajo N° 5 a cargo de Juan Manuel Domínguez, quien respaldó con su dictamen el planteo colectivo y solicitó una “medida interina” que suspenda el desalojo hasta tanto se analice el “interés público comprometido” que, en este caso, son los derechos laborales.

No es un tema menor que una de las protagonistas de este nuevo capítulo de intereses sea Susana Beatriz Espósito, apoderada de Mercoteles SA, la empresa que aduce ser la dueña del edificio del Bauen. Espósito es comunera del PRO en el barrio de Caballito y esposa del jefe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ricardo Pedace, también ex subjefe de la Policía Metropolitana.

De acuerdo a la publicación del periodista Ricardo Ragendorfer en el portal Nuestras Voces, Espósito también es amiga de la jueza Paula Hualde, la misma que ordenó el desalojo de los trabajadores cooperativistas.

Si bien la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial postergó de manera provisoria el desalojo de este miércoles 19 de abril, a las 20 sostendrán el Festival #No al desalojo del Hotel Bauen.

Trabajadores que quieren que se los escuche

Junto al portón de una fábrica vallada con metal y alambres de púa y copada por policías y “barras”, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses, perteneciente al Grupo Clarín, celebraron tres meses de su lucha con un festival. El viernes 7 de abril, ante un inmenso operativo represivo, los trabajadores tuvieron que desalojar la planta que ocuparon por 82 días, pero inmediatamente montaron en la puerta una gran carpa donde resisten a una de las patronales más grandes del país que pretende echar a todas los operarios para contratar personal precarizado.

El miércoles 12 los trabajadores se movilizaron al Ministerio de Trabajo donde repudiaron el dictamen ministerial que avala las mentiras del Grupo Clarín, dando por cierto un cierre que es falso, tal como consta en numerosas instituciones del propio estado como en la Afip o el Anses donde el Ministerio de Trabajo puede chequear fácilmente que la empresa sigue en actividad.

Hoy se encontrarán en San Juan y Bernardo de Irigoyen para después rodear una de las empresas del Grupo Clarín. También manifestarán en la Feria del Libro, el evento más importante del multimedio, donde buscarán la solidaridad de escritores y editoriales.

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Tratado sobre tablas, el Senado dio la media sanción faltante para expropiar el BAUEN y ceder su uso a la cooperativa.

Una noticia buena en un año de retrocesos: se aprobó la ley que expropia el inmueble del hotel BAUEN, a expensas de créditos nunca pagos con el Estado, y los cedió a la cooperativa de trabajadores y trabajadoras que hace casi 14 años la opera. Ícono del proceso de recuperación de empresas, el BAUEN es un ejemplo de lucha, que permite contar también una historia del país.

El hotel fue originalmente construido durante la última dictadura cívico-militar, de cara al nefasto Mundial de Fútbol de 1978. Para acelerar la construcción, el entonces Banco Nacional de Desarrollo (Banade) realizó suculentos préstamos a favor del empresario Iurcovich. Este préstamo, claro, no fue nunca devuelto. Con la apertura de los noventa, llegaron cadenas hoteleras internacionales al país, desplazando al BAUEN del perfil de hoteles de lujo. A partir de 1997, Iurcovich acrecentó las maniobras fraudulentas, incluyendo el traspaso de manos al grupo chileno Solari. Pero esto no resolvió ningún problema. Se acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con el plantel trabajador, declarando la quiebra durante esos escasos días del gobierno ilegítimo de Adolfo Rodríguez Saá en 2001.

En marzo de 2003 se inicia otra etapa, en la que los y las trabajadoras decidieron cambiar el rumbo de la disputa, y tomar la gestión en sus manos. A partir de entonces pelearon por dar continuidad a su fuente laboral, creando la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional Limitada. No pocas disputas atravesaron, incluyendo varios intentos de desalojo, disputas judiciales para permitir el uso del inmueble, y por supuesto, la disputa por la propia propiedad. Una pelea que prácticamente todas las empresas recuperadas debieron transitar durante los 12 años del kirchnerismo, en los cuales muy pocas lograron soluciones estables.

La conversión de la empresa como cooperativa recuperada implicó grandes desafíos para aprender nuevas herramientas de gestión y organización, y desaprender viejos vicios empresariales –que incluyen fomentar la desconfianza entre compañeros. Desandar esos caminos era y es tan difícil como construir los nuevos. Rápidamente el BAUEN comprendió que debía apoyarse en las organizaciones sociales y en el movimiento popular para blindarse de los abusos y extorsiones siempre presentes. El BAUEN se convirtió, de alguna manera, en la casa de las recuperadas del interior del país, cuando venían a reclamar y peticionar a la capital del país. Allí se cruzaban con sindicatos, organizaciones sociales, proyectos autogestivos y otras iniciativas que dieron forma a una amplia solidaridad política. Este año, el BAUEN ha sido la casa de la Multisectorial de CABA contra el tarifazo y el ajuste.

La derrota electoral de las presidenciales de 2015 dio impulso a múltiples agendas detenidas por falta de voluntad política. Entre ellas, se logró apurar el proyecto de Carlos Heller por la expropiación del inmueble, a cargo del Estado, a cuenta de créditos impagos, y la cesión a la cooperativa BAUEN. El 26 de noviembre de 2015 se logró la media sanción en Diputados de esta ley. La mayoría de los diputados opositores evitaron presentarse, pretendiendo bloquear así lo inevitable, pues el kirchnerismo contaba con mayoría propia. El de Heller fue el último de una gran cantidad de proyectos presentados en el mismo sentido, cuyo estado parlamentario caía por falta de tratamiento.

Ese era el riesgo con este proyecto con media sanción: quedar cajoneado y volver a foja cero. Por eso, la noche del 30 de noviembre de este año, nuevamente los trabajadores y las trabajadoras del BAUEN se presentaron en el Senado a reclamar el tratamiento –sobre tablas- del proyecto con media sanción, tras la extensa jornada de debate por el presupuesto de 2017. Y aunque el bloque Cambiemos buscó dilatar el tratamiento con excusas variopintas, no pudieron evitar la votación. El senador radical Luis Naidenoff dijo que no sabían con exactitud cuál era la deuda o quién era el titular del inmueble, mostrando su falta de interés en averiguarlo o siquiera escuchar los 14 años de lucha. La senadora PRO Laura Machado pretendió usufructuar una carta federal señalando que el costo de la expropiación lo pagarían todas las provincias, como si eso los hubiera detenido de otras acciones. Pero la clave la dio el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al señalar que “No podemos votar esto porque el valor del inmueble es enorme y los beneficiarios son poquísimos”. El problema, para el PRO, era cómo echar mano de una gran renta inmobiliaria, de la que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sabido aprovechar para sus negociados.

Nada de esto tenía fuerza luego de las largas tratativas del presupuesto. Gran oportunidad para la oposición para pasar un proyecto favorable a los intereses populares, luego de aprobar el proyecto económico 2017 de Cambiemos. A avanzadas horas de la noche, se aprobó el proyecto que declara de utilidad pública y sujetos de expropiación a los inmuebles e instalaciones del hotel, otorgando el uso a la cooperativa. Esto mejora las condiciones de casi 140 trabajadores y trabajadoras, que ahora podrán establecer contratos, ser sujetos de crédito, proveedores inscriptos del Estado, entre otras mejoras. Queda en espera la reacción de Macri, que puede promulgar o vetar la ley en las próximas semanas. El lunes 5 se realizará un encuentro de Multisectoriales, donde se abrazará simbólicamente al hotel.

María Eva Losada, presidenta de la Cooperativa BAUEN, señaló que esto es “el fruto de una lucha de los trabajadores y de las organizaciones y espacios que apoyaron”. Federico Tonarelli, trabajador del BAUEN y presidente de la Federación FACTA, reforzó la misma idea: se trató de trabajo consecuente, permanente, con el movimiento obrero, las cooperativas, los movimientos sociales y organizaciones populares, construyendo una amplia unidad.

Eva resaltó además, respecto del gobierno, la incomprensión de quienes ven todo desde la mirada empresarial, y por eso “no entienden cómo un grupo de simples trabajadores puedan expropiar y quedarse con una empresa”. Para todos quienes no lo comprenden, aquí uno de tantos ejemplos de coraje e hidalguía: el BAUEN para quienes lo trabajan.

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A pesar del rechazo del oficialismo, la Cámara de Senadores sancionó la ley que permite expropiar el tradicional edificio de la Avenida Callao. La legislación declara de “utilidad pública” al inmueble y así se mantendrán los 140 puestos de trabajo. Natalia, María Eva y Patricia, integrantes de la cooperativa, conversaron con Marcha.

En medio del debate caliente y confuso que se desató en la noche del miércoles 30 de noviembre en la Cámara Alta, el senador del PRO, Federico Pinedo, lanzó: “no podemos votar esto porque el valor del inmueble es enorme y los beneficiarios son poquísimos”. Sin embargo, el rechazo de la alianza Cambiemos no pudo frenar la conquista de la clase trabajadora. En un año 2016 recargado de ajustes, despidos y tarifazos, este hecho se convierte en uno de los pocos triunfos que puede anotarse el movimiento obrero bajo la gestión macrista.

Por 39 votos a favor y 17 en contra, el Senado convirtió en ley la expropiación del hotel Bauen, emblema de las de fábricas recuperadas, ubicado sobre Callao al 300, casi esquina Corrientes, de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa había recibido media sanción de Diputados en noviembre del 2015, pero no había sido tratada en este periodo. De esta manera, seguirá al frente el emprendimiento la cooperativa que recuperó el hotel tras la crisis de 2001 y se sostendrán los 140 puestos de trabajo.

La legislación declara de “utilidad pública” al inmueble –sobre el que pesaba una orden judicial de desalojo- y lo cede en comodato a quienes hace 14 años se hicieron cargo del manejo de sus propias fuentes laborales. Además, establece que se entregará el uso del inmueble a la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional Limitada, quienes deberán “destinar y crear espacios de promoción cultural y realizar actividades educativas, artísticas y sociales”.

Las trabajadoras

“Estamos muy felices, fue muy dolorosa y traumática la angustia que estuvimos viviendo. Nosotros siempre quisimos seguir trabajando, no queríamos ni queremos que vengan a sacarnos, ya demostramos mucho. No sólo por los puestos de trabajo, también directa o indirectamente, lo que generamos con los proveedores o las organizaciones sociales y políticas”, explica María Eva Lossada, presidenta de la cooperativa.

“Yo estoy desde el 94 acá, primero trabaje bajo patrón, y ahora hace 14 que seguimos administrando todo nosotros. No nos llevamos mucho dinero a casa, pero nunca imagine que podíamos poner en marcha y hacer funcionar un hotel”, agrega María, sobre el lugar que es explotado en cooperativa desde el año 2003 cuando los dueños abandonaron la empresa.

“Ya estoy hace 9 años y la verdad este va a ser el primer fin de año que vamos a estar tranquilos, va a ser el mejor de todos. Los anteriores no sabias si te ibas a encontrar con el desalojo, con la policía en la puerta para sacarnos. Ahora tenemos el trabajo y no tenemos que pedirle a nadie”, explica Patricia, secretaria del consejo de Administración.

“Yo hace 10 años trabajo acá. Y a mí me salvó porque me agarro en una etapa muy crítica de mi vida. Yo con este laburo, como madre al frente de la familia, pude darle de comer a mis hijos”, sentencia Natalia, una de las responsables del área de cocina.

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El Centro Cultural recibió dos roturas y robos durante el fin de semana pasado. Intereses inmobiliarios y zonas liberadas contra un espacio que lucha por la expropiación.

Durante el pasado fin de semana el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, ubicado en el centro de La Plata, sufrió dos ataques sucesivos por personas que ingresaron por los techos, realizaron destrozos y robaron maquinarias, herramientas y dinero utilizado para la autogestión. Desde el espacio se vinculan los episodios con un marco político relacionado con la lucha por la expropiación del inmueble y el avance sobre los espacios recuperados y autónomos.

En el marco de una conferencia de prensa realizada el día lunes, referentes del Olga Vázquez informaron: “Durante la madrugada del domingo 20 varias personas entraron por la fuerza al edificio, violando cerraduras, puertas y destrozando ventanas. Robaron dinero (que iba a ser destinado al pago de sueldos y aguinaldos de los porteros y porteras), herramientas y máquinas que hacen al trabajo autogestionado que todos los días se construye en el recinto”. Y agregaron: “Como si fuera poco, en la madrugada siguiente, volvieron a irrumpir para terminar con el trabajo que se había empezado la noche anterior, entraron a los espacios que no habían sido vulnerados todavía y se llevaron lo poco que quedaba”. Desde el espacio denuncian intereses políticos y la posibilidad de que se haya instalado una zona liberada en el barrio.

El Olga Vázquez no es simplemente un centro cultural, sino que desde hace doce años es la sede de organizaciones políticas, emprendimientos productivos, cuenta con una radio comunitaria, una cooperativa de consumo, una biblioteca popular y más de veinte talleres. Previamente, era una escuela quebrada y cerrada; un enorme edificio abandonado, en el centro de la ciudad. Por su tamaño y ubicación, el “Olga” históricamente fue epicentro del ojo ambicioso de la especulación inmobiliaria, que rodeó su perímetro con edificios de más de diez y quince pisos. Pero con el “Olga” no pudieron.

A partir del trabajo cotidiano, la articulación con otros espacios y la movilización en las calles, no sólo se evitó el remate y el desalojo que se había dictado para 2007 sino que se consiguió una Ley de Expropiación en ese mismo año durante la gobernación de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Esa expropiación no se efectivizó, ya que su sucesor, el Gobernador Daniel Scioli, debía firmar la asignación de fondos para pagar las deudas de los viejos dueños y nunca lo hizo.

“Estos ataques no son casuales”, comenta Quimey Figueroa, del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y una de las porteras del Centro. “Los hechos ocurren en un contexto político en el que el nuevo gobierno tiene como antecedentes el cierre y clausura de centros culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces se hace una lectura más completa y se entiende que no es casualidad que el Olga haya sido foco de un ataque en estos días, justo cuando se está por debatir la expropiación definitiva”. La militante hace referencia a que en los últimos meses, como fruto de un nuevo plan de lucha, se obtuvieron avances importantes para que se haga efectiva la expropiación, y que “justo en este momento donde tenemos que poner toda la fuerza ahí, el eje se desvía, y terminamos denunciando ataques y teniendo que reconstruir el trabajo realizado”, comentó.

Más de cien organizaciones populares, espacios culturales, comunicacionales  y de DDHH manifestaron su apoyo al Centro Cultural en su denuncia y preocupaciones. Entre ellas la Asociación Miguel Bru, la Comisión Provincial por la Memoria y diversas organizaciones de DDHH como HIJOS La Plata y zona Oeste, la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, además de espacios sindicales, culturales, comunicacionales y políticos. Desde el Centro, invitaron a la comunidad a defender este espacio referente de la construcción de poder popular en toda la región.

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