Por Mauricio Polchi/ Foto Juan Mabromata. AFP

Después del golpe recibido en las PASO del 13 de agosto, y a pesar del escenario económico adverso que viven los argentinos y las argentinas por el alto proceso inflacionario y la inestabilidad que generó la deuda heredada con el FMI, en las últimas semanas la coalición de Unión por la Patria pudo ponerse de pie y logró retomar la centralidad política con una serie de medidas que beneficiaron a distintos sectores de la población y permitieron apuntalar la figura del ministro y candidato Sergio Massa. Para frenar a esa remontada, y al ritmo del Lawfare, se reactivaron los engranajes opositores de Comodoro Py y el poder judicial se metió a jugar fuerte en la campaña presidencial.

“Inminente decisión judicial sobre Cristina”, así se tituló la nota publicada el 10 de septiembre por el periodista Joaquín Morales Sola en el matutino La Nación. Como si se bajase una orden, Morales Solá marcó la hoja de ruta con los pasos que daría una semana después la Cámara Federal de Casación Penal. El lunes 17 de septiembre, puntualmente, se materializó la proclama del periodista y se reabrieron las causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán.  Tal como lo había adelantado Morales Solá, los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone dejaron sin efecto los sobreseimientos ya dictados y pidieron que se realicen juicios orales en los que está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Barroetaveña y Petrone fueron elegidos por Mauricio Macri para ocupar el máximo tribunal penal del país en el año 2018 durante el gobierno de Cambiemos. A pesar de los cuestionamientos que pesan sobre los miembros de la Sala I, para Morales Solá ambos están “rodeados por un halo de jueces honestos e independientes”. Esas palabras utilizó el periodista para inmacular la imagen de los dos hombres que persiguen a la vicepresidenta desde la Cámara de Casación. Sin embargo, a contramano con el texto, en el párrafo siguiente Morales Solá trazó un bosquejo de lo que vendría y spoileó el fallo con una frase premonitoria: “resolverán que deberá haber un juicio oral y público”. A confesión de partes, relevo de pruebas.  

El caso Hotesur-Los Sauces Kirchner es el talón de Aquiles de la vicepresidenta porque sus propios hijos están involucrados en las acusaciones sobre una supuesta asociación ilícita y el lavado de dinero a partir del alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner. Y el otro es el del Memorándum con Irán, firmado en 2013 con el objetivo de destrabar la investigación del atentado a la mutual judía AMIA (de 1994, que provocó 85 muertes. A Cristina Fernández se la quiso juzgar por encubrir el ataque a la AMIA, junto con otros funcionarios, en una denuncia que tuvo su punto de partida con la firma del fiscal fallecido Alberto Nisman. En sintonía con el calendario electoral, se aceitaron los resortes del lawfare para instalar otro tema ante la opinión pública, ensuciar al peronismo, y atemorizar a Cristina una vez más.

La militancia del Lawfare

La caída de la macrista Patricia Bullrich en la intención de votos deja (por ahora) a la alianza de Juntos por el Cambio afuera de la carrera presidencial, ya que el libertario Javier Milei se mantiene en competencia y pelea por un triunfo en primera vuelta. Este escenario puso en acción a los jueces Barroetaveña y Petrone, con la intención de forzar una caída de Massa y meter a Bullrich en un potencial balotaje. La exministra de Seguridad de Macri fue la primera en celebrar la decisión judicial, con un violento discurso antiK. “Un tiro para el lado de la justicia”, lanzó Bullrich de forma provocativa. “¿Lo del tiro ya es una obsesión para vos y tu grupo no?”, le respondió la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, al recordarle que nunca repudió el intento de asesinato que sufrió Cristina Fernández.

La usina de operaciones de los Tribunales Federales de Comodoro Py decidió desempolvar el manual de estilo de las derechas latinoamericanas, tal como ocurrió con Rafael Correa en Ecuador o con Lula en Brasil. En Argentina, el lawfare se ejecuta para inmovilizar o quebrar a Cristina Fernández de Kirchner, con operaciones mediáticas y procesos sin pruebas, pero que sirven para influir y sembrar confusión entre la sociedad y los votantes. En ambas investigaciones contra CFK, las causas no son el objetivo ni el fin, sino un medio para debilitar, agredir, y proscribir su candidatura.

Esta avanzada judicial sucedió con un mínimo delay después de que CFK anunciara su reaparición pública. La excusa para que le hable a la militancia y a sus seguidores, algo que no sucede desde el 17 de julio, es la reedición del libro “Después del derrumbe, Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner“. Por ahora se sabe que la actividad tendrá un formato más parecido a un conversatorio que a un acto político, con una performance ya utilizada en las recorridas que hizo cuando presentó “Sinceramente”. La consigna de la charla que brindará en el Auditorio de la UMET es: “De castas, herencias, derrumbes y futuro”. Todavía se desconoce qué mensaje dejará ante la ciudadanía que próximamente concurrirá a las urnas. La expectativa es amplia y todo indica que será un momento bisagra de la campaña, con un sector del peronismo que le demanda un rol más protagónico, mientras el propio kirchnerismo espera que CFK afine la guitarra para crear, entre nostalgias y sueños, las nuevas partituras del movimiento nacional y popular.

Source

Source

Argentina atraviesa una profunda crisis que tiene múltiples caras: simultáneamente se produce una arremetida de los sectores más conservadores del peronismo por el control de la política económica, al mismo tiempo que la derecha acentúa su discurso de odio en los medios de comunicación e instiga a sus aliados en el poder judicial para intentar una maniobra destituyente de quien representa al sector más progresista del peronismo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por Eduardo Giordano | Foto: Nadia Petrizzo

El giro derechista en la política económica

El gobierno de Alberto Fernández ha dado algunos volantazos en política económica en los últimos meses, desde que firmó en marzo pasado el acuerdo con el FMI, asumiendo el pago de la deuda fraudulenta de 44.000 millones de dólares adquirida por el gobierno anterior, y que es solo una parte del total de 100.000 millones de deuda externa. El entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionado por los sectores más próximos a la vicepresidenta Cristina Kirchner por su negociación de la deuda, entre muchos otros desacuerdos, renunció intempestivamente el 2 de julio y fue reemplazado por la economista Silvina Batakis, una figura de bajo perfil político, cuya designación se concertó entre el presidente y la vicepresidenta después de la intervención de varios mediadores para que se comunicaran entre sí, ya que el diálogo entre ambos llevaba varios meses interrumpido. Esta anomalía de la política argentina puso a la nueva ministra en una situación de inicial fragilidad, en parte porque su designación se percibió como una improvisada solución de compromiso.

La respuesta inmediata del poder económico fue de boicot absoluto. Los grupos concentrados no aceptaron una gestión de la Economía que contase con el respaldo de la vicepresidenta, presuponiendo que esta implicaría una mayor intervención estatal y un posible aumento en la tributación de los más ricos, en particular de los grandes productores agropecuarios. El llamado dólar blue se disparó en el mercado informal con un incremento cercano al 50 % en pocos días, duplicando con creces el tipo de cambio oficial. Dada la política de restricción cambiaria que el gobierno implementa desde hace años para evitar la salida de divisas, el aumento del valor del dólar en el mercado negro -donde se efectúa un bajo volumen de operaciones- sirve como referencia automática para aumentar los precios de todos los productos, y en particular de los alimentos, desencadenando una espiral especulativa promovida por los grupos más concentrados de producción alimentaria y las cadenas de distribución. 

La inflación es la enfermedad crónica más grave de la economía argentina y la que genera mayores tensiones sociales. La tasa de inflación interanual alcanzó en julio un 71 %, superando a la de todo el año 2021 (51 %). Entre sus causas hay factores internacionales, como la guerra de Ucrania, que inciden en Argentina como en todo el mundo, pero esta dinámica inflacionaria es un mal enquistado en la economía nacional desde tiempos remotos y  los factores externos sólo pueden agravarlo. El ex ministro Martín Guzmán no logró controlar la inflación durante sus casi tres años de ejercicio, a pesar de un plan macroeconómico elaborado según las exigencias de los poderes fácticos del mundo de las finanzas internacionales. La persistencia de una altísima inflación resta valor a la moneda argentina no solo por su poder de compra, sino también como moneda de ahorro, de modo que un alto rango inflacionario favorece la fuga masiva de los ahorros al dólar, aumentando más aún la brecha entre el cambio paralelo y el cambio oficial de la moneda estadounidense. Un auténtico círculo vicioso que ninguno de los últimos gobiernos ha podido contener. 

La nueva ministra de Economía Silvina Batakis permaneció en el cargo menos de un mes. El presidente le comunicó que había sido destituida a su regreso del primer viaje que hizo al exterior para reunirse con Kristalina Georgieva, directora del FMI. En su lugar, el 28 de julio fue designado Sergio Massa como superministro de Economía, Producción y Agricultura, unificando los tres ministerios bajo su control. La posibilidad de su entrada en el gabinete dotado de poderes especiales para el área económica ya se había considerado antes de nombrar a Batakis, pero fue descartada porque no obtuvo el consenso inicial del sector que representa la vicepresidenta, ya que Massa supone continuidad o incluso una involución con respecto al ex ministro Martín Guzmán. 

Sergio Massa es un político todoterreno que procede del menemismo, y que tras haber sido alcalde del municipio de Tigre y durante un año jefe de gabinete de Cristina Kirchner (julio de 2008 a julio de 2009), lanzó su propio partido, el Frente Renovador, presentándose con un discurso cuyo principal argumento de mejorar la seguridad. Este dirigente de talante conservador sumó sus huestes al Frente de Todos (FdT), en las últimas elecciones presidenciales de 2019, llegando a un acuerdo de gobierno con Alberto Fernández y Cristina Kirchner dado su decisivo aporte de votos, por el cual obtuvo la presidencia del Congreso.

El nuevo contexto de aceleración de guerra jurídica contra Cristina Kirchner, digitado por la oposición macrista y los medios afines, ha situado a la vicepresidenta en una situación defensiva dentro del mismo gobierno, ya que depende más que nunca del apoyo en bloque del peronismo y de sus principales dirigentes para enfrentar la trama mediático-judicial que se ha urdido en su contra. Después de dos cambios en el ministerio de Economía, la vicepresidenta accedió al nombramiento de Massa por entender que se requería una figura fuerte para contener la crisis. Sin embargo, la diferencia de enfoques es notable y podría ser causa de futuras fricciones.

Relaciones estrechas con Estados Unidos

La agenda económica de Sergio Massa está enfocada principalmente a atraer inversiones de compañías energéticas, mineras y de agroindustria para aumentar la capacidad exportadora del país y obtener más divisas. Este es su primer objetivo en el exterior, en su primera gira por Estados Unidos, donde se reunirá con ejecutivos de las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, las mineras Rio Tinto y Livent (Litio) y el grupo Amazon, entre otras compañías. 

Su trayectoria es bien conocida por los sectores kirchneristas que aceptaron su nombramiento a regañadientes, considerándolo el mal menor. Aceptaron que el descontrol de la situación económica requería una figura de peso, con entrada en los mercados de capitales para calmar las turbulencias monetarias que presagiaban una espiral inflacionaria desenfrenada. Massa serviría así como parapeto para poner freno a una posible debacle económica, pero también, paradójicamente, como correa de transmisión de los planes del FMI y del Departamento de Estado para Argentina.

El primer conflicto interno en el peronismo como consecuencia del nombramiento del nuevo ministro se manifestó el 31 de agosto, cuando Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, anunció que su grupo saldría del bloque de Diputados del Frente de Todos para formar un grupo propio, con un alegato muy duro contra la orientación de la política económica de Massa. Afirmó que habían esperado casi un mes en vano a que el Ejecutivo cumpliera con la promesa de adoptar medidas destinadas a los sectores más vulnerables: “Nos mintieron… Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, afirmó Grabois, implicando en ese plural al presidente Alberto Fernández. Y sobre las reuniones de Massa con empresarios estadounidenses, sentenció: “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos”. “En mi visión este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”. El Frente Patria Grande, que dirige Grabois, fue uno de los organizadores de las 50 marchas convocadas en todo el país el 20 de julio, en reclamo de un Salario Básico Universal inmediato para sacar de la indigencia a los más pobres, una exigencia que no obtuvo respuesta por parte del gobierno.

El sector kirchnerista de La Cámpora manifestó su respaldo al nuevo ministro Sergio Massa forzado por las circunstancias. Su portavoz, Andrés Larroque, reprochó a Grabois el haber tomada la “decisión inoportuna” de romper el bloque, restándole así centralidad en la agenda pública a “la recuperación de la épica y la mística del peronismo” con la defensa de Cristina del acoso jurídico.

Lawfare: acoso jurídico a la vicepresidenta

La persecución judicial y de los grandes medios corporativos contra Cristina Kirchner es la otra cabeza del animal bifronte que se apresta a devorar la convivencia entre los argentinos. Es sabido que el lawfare, o guerra jurídica, es la forma que ha adoptado la derecha latinoamericana para derrocar o inhabilitar mandatarios y candidatos del campo popular. Fue el caso de Lula da Silva en Brasil, con un proceso montado por quien sería el futuro ministro de Justicia de su adversario ultraderechista Jair Bolsonaro, por el cual se le impidió disputar las elecciones presidenciales en las que era el favorito. Es también el caso de Rafael Correa en Ecuador, perseguido por supuestos actos de corrupción con el fin de impedirle que vuelva a la política activa. Y fue el caso del ex presidente Evo Morales en Bolivia, perseguido y procesado sin fundamento durante el gobierno golpista de Jeanine Áñez. 

Esta estrategia de guerra jurídica instigada por la derecha contra los gobiernos progresistas sigue extediéndose por todo el continente con parecidos objetivos. El último ejemplo es la persecución de Pedro Castillo y sus familiares en Perú desde el primer año de su presidencia, combinada con maniobras del Congreso, mayoritariamente opositor, para trabar la gestión de su gobierno y reclamar la vacancia presidencial.

En Argentina, como en los demás países citados, la persecución judicial va acompañada de la difusión continua de falsedades y noticias ficticias por parte de los grandes grupos periodísticos de capital concentrado, en este caso principalmente Clarín y La Nación, que interactúan con los relatos y/o fabulaciones de fiscales sobornados y testigos arrepentidos para ofrecer un panorama siempre desdibujado y denigrante de los “K”, la familia Kirchner y sus allegados. En muchísimas ocasiones de la historia reciente, estos medios han servido como altavoz para la descalificación sin matices de la ex presidenta, también durante todo el gobierno de Macri, alimentando siempre la crispación social y la llamada grieta entre el peronismo y la oposicón .

Las causas judiciales contra Cristina Kirchner incluyen algunas tan absurdas como el intento de implicarla en un caso de supuesto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA en 1994, por un memorándum firmado en 2013 por su gobierno con el gobierno de Irán, para que los ‘supuestos autores’ del atentado accedieran a declarar ante la justicia argentina. En esta causa fue acusada de colaborar con el enemigo por un acto legítimo de su gobierno. Este estigma la persiguió durante años, ya que en 2017 un juez la procesó pidiéndole prisión preventiva por “traición a la patria”, de la que quedó eximida por ser senadora, hasta que en 2021 fue sobreseída. La causa fue iniciada en 2015 por el controvertido fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto en misteriosas circunstancias, supuestamente por suicidio. La oposición instrumentalizó la muerte del fiscal como una bandera política contra la presidenta, acusándola de haberlo asesinado, y realizó marchas multitudinarias antes de las elecciones de ese año, que dieron la victoria en segunda vuelta a Mauricio Macri con un ajustado 51 % de los votos.

Las manifestaciones populares en defensa de Cristina Kirchner de los últimos días de agosto tuvieron como detonante los pedidos de condena de los fiscales por el llamado caso Vialidad, uno de los múltiples juicios abiertos contra la expresidenta que se interpretan como parte de esa maniobra opositora para desgastarla y retirarla del ejercicio de la política. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han pedido para ella una pena de doce años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de inhibición de bienes, al involucrarla en una supuesta red delictiva de sobornos a cambio de obras públicas que habría tenido lugar en la provincia de Santa Cruz y de la que se habría beneficiado especialmente el empresario Lázaro Báez. Como quiera que sea, la investigación estuvo llena de irregularidades y no se permitió a la ex presidenta hacer todas las alegaciones, rechazando su pedido de ampliación de declaratoria. 

Los militantes peronistas se movilizaron para defender la integridad de su lideresa ante lo que consideran un avance de la “mafia judicial” sobre la esfera política. La convocatoria a manifestarse delante del domicilio de Cristina Kirchner fue reprimida por la policía del gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, perteneciente al macrismo (Juntos por el Cambio), quien hizo cercar con vallas y un fuerte dispositivo policial el acceso a su vivienda, en el céntrico barrio de Recoleta. Esta medida tuvo un efecto reclamo, redirigiendo otras convocatorias realizadas en parques y plazas hacia ese mismo lugar. La defensa de la vicepresidenta en las calles adyacentes a su domicilio fue sostenida por La Cámpora, la agrupación kirchnerista que dirige su hijo Máximo Kirchner, ex presidente del bloque de diputados del FdT en el Congreso, a quien la policía de la ciudad golpeó, insultó y maltrató cuando acudió a visitar a su madre.

La persecución judicial a Cristina Kirchner es el mayor triunfo de la derecha autoritaria para desactivar su potencial político.  Las causas más estrafalarias la persiguen desde que asumió la presidencia en 2007, y cuando algunas caen por la evidencia del montaje, en seguida arrecian las que permanecen activas. En un libro publicado hace cinco años (durante el gobierno de Macri), Cristina Kirchner se refiere a “cómo está funcionando el sistema judicial argentino, no como adminisrador de Justicia sino como un instrumento de persecución política […] ¿Y cómo? Muy simple: amenazando”. Y añade que a ella no la “van a hacer callar así armen 80 causas porque soy la misma de siempre”. 

El hecho de aceptar los retos y tramoyas judiciales con valentía y confianza en sí misma no significa que esos golpes no dejen mella. El desgaste que ocasiona esta guerra (sucia) jurídica a sus víctimas es inimaginable, tanto a nivel emocional y familiar como por la dedicación intensiva que conlleva desmontar las patrañas de los fiscales y documentar las alegaciones. El lawfare obliga a concentrar la atención de sus víctimas en su defensa como prioridad absoluta, en pos de la supervivencia, desactivando así una parte de su potencial de intervención política.

No obstante, el nuevo proceso urdido contra la vicepresidenta puede resultar un búmeran que se vuelva contra la oposición. La encendida defensa que hace Cristina Kirchner de su inocencia puede ser finalmente un arma política que engrandezca su figura y reinstale la conexión popular con ella: “Este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, afirmó en sus redes sociales. “Necesitan dirigentes disciplinados”, aseguró, motivo por el cual Cristina Kirchner considera que “la sentencia ya está escrita”. La causa será resuelta en última instancia por los cuatro miembros de una Corte Suprema que también le sería adversa.

Democratizar la Justicia

Algunos intelectuales progresistas sugieren que la única forma de democratizar la Justicia es a través de una nueva Constitución. Por ejemplo, el escritor Mempo Giardinelli ha solicitado en carta abierta al presidente que la convoque. El reclamo se basa en la necesidad de depurar el sistema judicial de fiscales y jueces corruptos, que han creado falsas pruebas de manera sistemática para implicar en supuestos casos de corrupción a la vicepresidenta y miembros de sus anteriores gobiernos. Algunos de estos funcionarios no están libres de culpa, como el famoso José López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Kirchner a quien ella misma considera ahora corrupto, condenado por no poder justificar la posesión de nueve millones de dólares arrojados al jardín de un convento. La vicepresidenta alegó en el Senado que los jueces de la causa no quisieron “tirar del ovillo” del origen de esos fondos porque, según dijo, provenían de comisiones de empresarios cercanos al ex presidente Mauricio Macri.

La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos están de parte de Cristina Kirchner, incluidas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre muchas otras organizaciones populares. El juez español Baltazar Garzón es una de las figuras internacionales que acaba de denunciar la irregularidad de la docena de procesos iniciados contra Cristina Kirchner desde que fue nombrada presidenta, recordando que en casi todos se contó “con la intervención de los mismos fiscales y jueces, con probados vínculos con el anterior presidente Mauricio Macri”. 

Por su parte el sacerdote Eduardo de la Serna, miembro del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, responde así a una pregunta de este periodista: “Decir que el lawfare no existe como dijo el impresentable (fiscal) Luciani y todo el periodismo hegemónico es burlarse de todos y crear sentido en la sociedad con todos sus cañones mediáticos. Podrán invisibilizarlo, pero como ocurre con las brujas…, que las hay, ¡las hay!”.  

La parcialidad de la Justicia en esta causa fue denunciada también por la dirección del Frente de Izquierda (FIT), una formación marxista que impugna radicalmente la política económica del gobierno peronista y sostiene la movilización popular en su contra. A pesar de estas diferencias y viejas disputas, rechazaron de forma categórica el pedido de inhabilitación para Cristina Kirchner. La diputada Myriam Bregman, dirigente del FIT, aseguró que el juicio resultaba sospechoso, entre otras razones, por las estrechas relaciones de amistad entre el fiscal de la causa y el presidente del tribunal con el ex presidente Mauricio Macri, con quien ambos suelen jugar al fútbol en su casa. La trotskista Myriam Bregman, partidaria de crear tribunales populares para juzgar los casos de corrupción, denunció: “Quieren ir hacia un gobierno de los jueces”. También acudió en defensa de la vicepresidenta el dirigente social Juan Grabois, a pesar de su denuncia pública de la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández.

Ante el cariz que han tomando los acontecimientos, hay quien opina que aunque Cristina Kirchner no merezca ser condenada, el lawfare ya habría triunfado. La prueba es la imposición del programa económico neoliberal de Sergio Massa. La estrategia de condicionar el proceso político para influir en las decisiones del gobierno estaría operando con éxito. 

Aunque así fuera, el desempeño de los fiscales en el caso Vialidad anuncia una nueva etapa de confrontación social. El nuevo esquema ideado por la derecha para dejar a Cristina Kirchner fuera de la contienda electoral en las próximas elecciones de 2023 puede incendiar las calles. Según una encuesta del mes de abril, la vicepresidenta es la candidata mejor situada en cuanto a preferencias de voto, con el 15 % del total nacional en las primarias (sobre 31 % para todos los candidatos del FdT). El candidato peronista que suma todas la preferencias del establishment sin duda es el actual superministro Sergio Massa, pero apenas mereció el 3 % de las preferencias y nunca podría competir en popularidad con ella. 

La tentativa de magnicidio

La primera gran chispa acaba de encenderse con el intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al regresar a su casa el 1 de septiembre. Después de 10 días de concentraciones populares de apoyo ante su domicilio, un ultraderechista se coló entre la multitud que la espera a diario y disparó un arma a pocos centímetros de su cara. Por suerte no había ninguna bala en la recámara, aunque la pistola estaba  cargada con cinco municiones. El autor del disparo, Fernando Andre Sabag Montiel, es un brasileño de 35 años -nacionalizado argentino- que frecuenta páginas de internet esotéricas y supremacistas, se define como ‘Cristiano’ en su perfil de Instagram y lleva tatuado en el codo izquierdo un sol negro típico de la simbología neonazi.

Este intento de magnicidio, cuyo ejecutor está siendo interrogado para conocer quiénes fueron los autores intelectuales, supone el cenit la degradación de la lucha política en Argentina. El presidente Alberto Fernández se dirigió a la nación esa misma noche:

“Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos. Podemos tener profundos desacuerdos pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”, declaró el presidente. “Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra sociedad”, insistió, anunciando también que el día siguiente sería festivo laboral “para que en paz y armonía, el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

En el nuevo contexto que se abre, la derecha política y mediática está quedando descolocada. Cada uno de sus actos tiene el resultado de un búmeran que vuelve con fuerza contra sus propios fines. El acoso jurídico y mediático contra Cristina Kirchner, coronado ahora por el intento de asesinarla, ha situado a su figura en el centro del debate político nacional. Las crecientes movilizaciones y vigilias en su respaldo muestran que ella no ha perdido poder de convocatoria a pesar de las deficiencias del actual gobierno. Horas antes del intento de asesinato, varios dirigentes de La Cámpora, incluido su hijo Máximo Kirchner, expresaron festivamente su “deseo militante” de favorecer su candidatura a la presidencia, un tema que hasta ahora estuvo fuera de la agenda pública. A partir del pedido de condena de los fiscales, se generó un proceso interno en el peronismo que le permitió expandir su poder de convocatoria y resaltar su liderazgo. Los efectos perversos de la cacería política, jurídica y periodística a la que se ve sometida Cristina Kirchner aún no se conocen en todas sus dimensiones, pero los resultados que ya son visibles parecen incluso contraproducentes para sus adversarios políticos, enemigos y perseguidores.

• Publicada originalmente en El Salto

Source

Por Josefina Marcelo y Matías Álvarez / Foto: Gabriela Franchini

Desde el primer Ni Una Menos, en 2015, la política tradicional se vio obligada a incorporar las agendas de un renovado movimiento feminista y sexodisidente. Problemáticas como la violencia de género, la falta de cumplimiento de la Educación Sexual Integral, el acceso a la salud de las personas trans y el derecho al aborto (entre otros) se han vuelto tópicos inevitables de los debates públicos y políticos. En este marco, la gestión de gobierno saliente, encabezada por Mauricio Macri, tejió una política de género y sexualidad basada en la apropiación selectiva de algunas de estas cuestiones con las que intentó un “lavado de cara”, que combinó con las típicas recetas neoliberales de ajuste y retracción del Estado en materia social. En los pocos días de su nueva gestión, el gobierno de Alberto Fernández, ha dado algunas claves que permiten reconstruir algunos virajes en términos de política sexual y de género.

Los primeros indicios estuvieron presentes en el discurso de asunción el 10 de diciembre de 2019. Comenzando por su mención explícita y reiterada de no aceptar ningún tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género, tema resaltado por la aparición del hije del presidente Estanislao/Dyhzy, con una bandera del orgullo a modo de pañuelo en su traje lo cual fue uno de los temas del día. Además se hizo referencia directa a la temática de los cuidados, al referirse a la universalización de los jardines de primera infancia, que hoy no cubren la demanda existente y que desde la óptica de la economía feminista es uno de los factores que más reproduce las desigualdades de clase entre las mujeres a la hora de buscar empleo.

Más allá de estos “guiños”, y si bien van poco más de 10 días de la nueva gestión, es posible y necesario identificar algunos de los nuevos trazos que, al menos de forma discursiva, van perfilando la orientación de la política sexual y de género de la gestión Fernández en distintas carteras ministeriales.

Podemos comenzar con el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, quien ha manifestado reiteradamente el objetivo de comenzar a reemplazar los tradicionales “planes” por cooperativas que garanticen un trabajo digno. Aquí se vuelve clave el hecho de que gran parte de las trabajadoras de la economía popular son justamente las mujeres, y esto es así porque presentan mayores índices de desempleo, de subempleo y de informalidad laboral. También se anunció el aumento -provisorio- de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Aquí vale la pena recordar que la gran mayoría de las beneficiarias de esta medida son mujeres, y que en Argentina existe un gran sesgo de género en los sectores de bajos ingresos -feminización de la pobreza-. En este sentido, es importante la respuesta a las demandas urgentes, porque es innegable que estas medidas van a resolver en lo inmediato las necesidades de los sectores más vulnerables, pero no hay que dejar de lado el debate en el que insisten muchos sectores del feminismo al poner la lupa en la reproducción de los roles tradicionales en el hogar que muchas de estas medidas terminan generando.

Respecto del área de Educación, a cargo de Nicolás Trotta, junto con la ampliación de la jornada educativa y un cambio de relación con los gremios docentes, la expansión de la cobertura del nivel inicial y la efectiva implementación de la ESI figuran entre las prioridades que se han declarado públicamente. Respecto de esto último, debe recordarse el vaciamiento relativo del programa durante la gestión de Bullrich, que implicó un recorte presupuestario y un coqueteo con los sectores antiderechos, y la vuelta a la escena pública de la ESI durante la gestión de Finocchiaro, debido al debate público sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos también que durante 2018, luego del debate sobre el aborto, se propusieron modificaciones al texto de la ley -declararla de orden público, incorporar explícitamente la perspectiva de género y diversidad sexual, evitar la discrecionalidad jurisdiccional e institucional- que sin embargo, perdieron este año estado parlamentario. Pese a esto, el Consejo Federal de Educación ha aprobado algunas resoluciones que reafirman la necesidad y obligatoriedad de implementación de la ESI desde la perspectiva de género y diversidad. Los sesgos anti sexo y cissexistas que aún permean los diseños de las políticas y la necesidad de colocar a la educación sexual en un escenario de pluralismo cultural y religioso, constituyen puntos ineludibles sobre los que es necesario avanzar, a la vez que suponen un escenario de alta conflictividad respecto del activismo conservador emergente, dentro y fuera de las distintas organizaciones religiosas.

En cuanto al Ministerio de Salud, hay que recordar que esta cartera fue degradada al grado de secretaría durante la gestión de Cambiemos, y volvió a ser jerarquizada en el marco de la nueva gestión. Al frente de esta dependencia quedó Ginés González García, quién ya estuvo a cargo de esta cartera durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, cuando se aprobó y se puso en marcha el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Si la disputa en ese entonces fue en torno a la provisión gratuita de anticonceptivos y el acceso de les adolescentes a la salud sexual y reproductiva, el acceso a la interrupción legal del embarazo fue un límite infranqueable, más allá del avance en relación a los protocolos. En los pocos días desde que asumió nuevamente la titularidad de la cartera, el nuevo/viejo ministro no solo hizo el gesto de anunciar que salud iba a ser un “Ministerio verde” sino que aprobó un nuevo Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para su implementación y manifestó la posibilidad de producir estatalmente misoprostol. Sin embargo, hay que mencionar que, al menos  por ahora, menos claras han sido las definiciones políticas que se tomarán en torno a los faltantes de hormonas para personas trans y de reactivos y medicamentos para personas viviendo con VIH, cuestiones que vienen denunciando distintas organizaciones desde hace tiempo, todo esto en un contexto previo de fuerte deterioro de la política pública de salud producto del ajuste.

La visión respecto de la Seguridad es otra cuestión a tener en cuenta. A diferencia de la expresa defensa a la política de mano dura de la ministra saliente Patricia Bullrich, Sabina Frederic ya se ha propuesto la revisión de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad aprobados durante el gobierno de Cambiemos, que legitimaron un uso cada vez más discrecional de la violencia. En un país en el que se ha declarado la emergencia nacional en materia de Violencia de Género, donde regularmente son asesinadas mujeres cis, trans y travestis, y se cometen crímenes de odio hacia el colectivo LGBTIQ+, la necesidad de explorar alternativas que no impliquen ampliar los tentáculos punitivos del Estado -hipertrofiados durante el gobierno anterior-, se convierte en una tarea y un desafío acuciante para la nueva ministra. En este sentido, se ha manifestado la importancia de formar al personal policial en materia de género, cuestión que, insistimos, debería ser prioridad en el marco de la Ley Micaela en la formación de les trabajadores estatales de cualquier dependencia.

En cuanto al Ministerio de Economía, la semana pasada el ministro Martín Guzmán anunció el “Proyecto de Solidaridad y reactivación productiva”. Más allá de las medidas macroeconómicas anunciadas, se hicieron anuncios que afectarán principalmente a las personas que perciben el haber jubilatorio mínimo. En este sentido, hay que considerar que la gran mayoría de las jubilaciones mínimas son las que entraron en la moratoria previsional conocida como “jubilación de amas de casa”. En mayo de este año, la gestión de Cambiemos quiso quitarlas y además subir a 65 años la edad que las mujeres necesitaban para jubilarse, volviendo atrás en un reconocimiento que se había logrado al trabajo hecho por todas esas mujeres tanto al interior de sus hogares, como en otros hogares pero en condiciones de informalidad, y por lo cual no habían podido realizar aportes jubilatorios. Este es un tema candente en el debate actual, por un lado porque al igual que el aumento provisorio en la AUH, va a generar un alivio en amplias capas de la sociedad que perciben esta jubilación mínima, sin embargo la mayoría de les jubilades y pensionades que superan el mínimo tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Desde el gobierno se dice que solo se está buscando eliminar las jubilaciones de privilegio, pero desde sectores de la oposición se han criticado duramente todas las medidas de redistribución al interior del sector en lugar de atacar otros sectores ampliamente beneficiados.

En cuanto al Sistema Estadístico Nacional una muy buena noticia de las últimas horas fue la aprobación de la Ley que incorpora de manera permanente a la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) el módulo de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que tiene por objetivo recolectar y cuantificar con perspectiva de género datos sobre la participación y el tiempo dedicado a las distintas actividades tanto remuneradas como no remuneradas, desagregando la información por género y edad. Es destacable también que por primera vez el Censo Nacional de Población en 2020 incluirá preguntas relativas a la identidad de género, que se suman a las preguntas por las familias homoparentales que ya incluía el censo de 2010. Vistas en su conjunto, estas modificaciones implicarán un salto cualitativo en términos de construcción de datos, ya que nos permitirá ampliar la información fragmentaria existente sobre la distribución de la carga de trabajo no remunerado y las condiciones de vida de las familias no heteronormativas y la población travesti trans.

Por último, la noticia que sorprendió más y que tuvo amplias repercusiones en los sectores feministas fue la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la designación de Elizabeth Gómez Alcorta a su cargo, una mujer que viene de la lucha feminista, que manifiesta esto como un logro de dicha lucha, y que va a tratarse de un “ministerio de puertas abiertas”. Expresó claramente la importancia de incorporar la agenda de cuidados a la política pública, reclamo histórico de los feminismos, y además manifestó que la perspectiva de género va a ser un eje transversal de toda la política y de todos los ministerios. Ejemplo de esto fue la reciente reunión con el Ministro de Salud a raíz del protocolo de ILE, y la reunión planteada con la Ministra de Seguridad. Son a nuestro entender excelentes noticias, por supuesto recién es en un momento de anuncios y de reestructuración administrativa, para evaluar en  profundidad los efectos de la política hay que esperar a ver resultados y también ver cuánto se podrá transversalizar la política sexual y de género en los planes del resto de los ministerios. Sin embargo, será necesario estar atentes al necesario carácter interseccional que deberá contemplarse en el desarrollo de las políticas ministeriales. Como quedó claro en el último Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, las políticas de género aún con las mejores intenciones, pueden tener sesgos de clase, étnico/raciales, heteronormativos y cisgénero sobre los que es necesario ejercitar una vigilancia política y epistemológica.

Si bien hay un cambio respecto a la gestión anterior en la extracción de donde provienen les ministres (pasamos de empresaries y CEOs a académiques con experiencia en la gestión pública) no podemos dejar de mencionar algo que decepcionó a más de une, y es la composición del equipo ministerial. La “foto” inicial del anuncio no fue tan chocante, dado que al incorporar Secretarías y cargos de segunda línea se mostró un 37,5% de mujeres en los cargos anunciados. Pero cuando vemos cuántas efectivamente lograron el cargo de Ministras el porcentaje es sólo del 19% (4 de 21). La paridad en el gabinete de les Fernández está lejos.

Si tenemos en cuenta que Macri finalizó con un 18%, es destacable el análisis que hizo la periodista Gisele Sousa Dias “A este ritmo, si cada 4 años la paridad sube 1 punto porcentual, hacen falta 31 períodos presidenciales para lograr la paridad, es decir, 124 años”. Haciendo justicia a la necesidad de una mirada interseccional a la que nos referimos más arriba, es necesario mencionar que les grandes ausentes del gabinete fueron las clases populares, les migrantes, las personas trans y otras identidades disidentes, entre otres.

Pensar y articular intervenciones con y contra el Estado siempre ha sido una piedra en el zapato para los activismos y militancias feministas y sexodisidentes. La oscilación entre posturas “estadofílicas” y “estadofóbicas” puede dificultar el desarrollo de análisis matizados que señalen los cambios de rumbo, pero también los límites -externos e internos- de la política (sexual) por venir. Ciertamente, incluso teniendo en cuenta los cuestionamientos que hemos marcado anteriormente, el panorama es bastante más alentador si lo comparamos con el deterioro que dejaron los últimos 4 años de gestión cambiemita. Sin embargo, habrá que seguir de cerca el desarrollo de estas políticas, sus efectos concretos y su articulación con situaciones bastante menos alentadoras -como el conflicto abierto en torno a la cuestión minera- para poder llegar a un diagnóstico matizado. Mientras tanto, no se debe bajar ninguna bandera y más que nunca, es necesario tener muy en claro cuales son los horizontes políticos y de lucha.

Source

Por Redacción Marcha / Foto: Matias Baglietto

Fue a las 18 hs en punto que, tras el cierre de los comicios y sin cifras oficiales, la sensación de alivio y alegría comenzó a masificarse. Mientras que en las redes sociales y grupos de Whatsapp se anticipaban los tan ansiados cálculos, el búnker del Frente de Tod*s se iba copando de cientas de personas, a la espera del arribo de Cristina Fernández de Kirchner a Buenos Aires. Mientras, las y los últimos sobrevivientes del partido amarillo pedían “tranquilidad y paciencia”, cuestionaban el sistema electoral y denunciaban “fraude” mediante sus trolls, a quienes pocas “caricias significativas” les quedaban.

Con el 96,23% de las mesas escrutadas, Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Tod*s) fueron electos Presidente y Vicepresidenta con el 48% de los votos y gobernarán la Argentina desde el 10 de diciembre de 2019. Mauricio Macri, actual presidente de la Nación (Juntos por el Cambio) no logró la reelección y ni siquiera alcanzó el ballotage para forzar a una segunda vuelta al obtener el 40% de los votos de las y los casi 39 millones de personas habilitadas para votar. Por detrás quedaron Roberto Lavagna (Consenso Federal) -6%- y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad) -2%-. Mientras que las fórmulas fascista y liberal de Juan Gómez Centurión (Frente NOS) y José Espert (Unite) no alcanzaron entre ambas los 3 puntos porcentuales.

Ver los resultados en:

https://www.resultados2019.gob.ar/  

Es que ni la resurrección de los “cuadernos” quemados, ni la amenaza de la suba del cepo cambiario, ni el drone de la marcha de la oligarquía fueron argumentos suficientes para revertir los porcentajes electorales de las PASO en agosto pasado y llegar a ballotage. El gobierno de Mauricio Macri y sus políticas económicas neoliberales cayeron por su propio peso tras cuatro años de beneficiar de forma radical a las minorías empresariales.

Con una intensidad regional histórica, esta semana cerraba con las elecciones en Uruguay y el complejo escenario para el Frente Amplio, histórico sector oficialista; con insurrecciones en Chile, Ecuador, Haití y Honduras, tras semanas de permanentes manifestaciones contra las políticas de muerte y con intentos de Golpe de Estado contra la elección del pueblo boliviano que votó a Evo Morales por cinco años más de mandato. “Una insurrección recorre Nuestra América” anticipábamos días atrás, tras la evidente respuesta de los pueblos contra los gobiernos-muerte en la región. Contexto en el que se inscriben estas jornadas electorales y que definen -en gran parte-, la responsabilidad de les Fernández.

El acelerado declive del neoliberalismo, que esta vez apenas se pudo sostener durante cuatro años, da indicios de que los viejos programas económicos pueden estar llegando a su límite. La “batalla cultural” que vino a ganar el macrismo terminó en una victoria pírrica, con un gran rechazo al modelo de gestión con un costo social enorme que seguiremos sufriendo durante años. Esta victoria, en el ámbito nacional, tanto como en la provincia de Buenos Aires, lo deja con un fuerte respaldo popular de cara a la profunda crisis económica que deberá afrontar. Queda pendiente saber qué programa de salida de la deuda con el FMI elegirá el peronismo, la primera gran decisión que tendrá que tomar la nueva gestión.

“Se viene la etapa de reconstrucción de la provincia”

Axel Kicillof aventajó a María Eugenia Vidal y fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires con el 52,18% de los votos -con el 93,85% de las mesas escrutadas-, mientras que la actual gobernadora no consiguió la reelección y obtuvo el 38,49% con una participación del 80% de las y los electores habilitados -más de 13 millones de personas-.

El ex Ministro de Economía fue quien se mostró más contento a la hora de dar los discursos dentro y fuera del búnker de campaña del Frente de Tod*s en el barrio porteño de Chacarita. “Una vez más habló el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof, mencionando que “lo que ganó fue la política, la movilización popular y la solidaridad” ante lo que denominó “tierra arrasada” tras los cuatro años de gobierno macrista. “Este es el fracaso de un modelo económico neoliberal, de una forma de gobernar -con marketing, publicidad y redes sociales-”, agregó, “pero lo que ganó es lo inverso, una apuesta a la participación”.

Axel Kicillof realizó una campaña basada en la tradicional “recorrida”, mostrándose por cada municipio de forma austera y cercana a las y los habitantes de la provincia que define la elección nacional por su cantidad de votantes. “Como se hizo esta campaña vamos a gobernar, cambia la lógica de gobierno en la provincia y en el país”, dijo. “Vamos a devolver los derechos que les sacaron”, “se viene la etapa de reconstrucción de la provincia”.

En la elección de Kicillof hay más que un cambio de color en la gestión. Significa que la sociedad le dijo adiós a uno los cuadros más importantes del proyecto de gobierno, la gobernadora antiderechos María Eugenia Vidal, quién se enfrentó durante su gestión a todos los espacios de organización laboral y al movimiento feminista al estar en contra del aborto, una posición que llevó a la función pública y que se manifestó en la falta de acceso a las interrupciones legales de los embarazos en casi todos los municipios.

La victoria de Axel Kicillof instala además el desafío para el Frente de Todxs -aunque también la posibilidad- de desarrollar una propuesta de políticas públicas que retome, en una de las provincias más saqueadas por el modelo neoliberal, un Estado de bienestar que debe ser adaptado a que, solo en el segundo semestre de 2018, el aumento de la pobreza en la provincia fue del 6,4%, alcanzando el 35,9% del total de la población. Sacar a más de 5 millones de bonaerenses de la pobreza y reactivar la micro-economía no será tarea fácil.

Multitudes con agenda propia

Una vez más, se pone en evidencia que los grandes medios ya no marcan agenda y mucho menos el oficialismo. Desde temprano el domingo, se vivió un clima de alegría. Las mayorías -representadas por más del 80% del padrón-, se acercaron a las distintas escuelas para votar, con la certeza de que los culpables de la crisis que se vive en Argentina se van para no volver. La imposición de espera hasta las 21 para tener los primeros resultados oficiales no tuvo efecto sobre las multitudes, que desde la tarde comenzaron a desplazarse a distintos puntos para festejar el fin del gobierno de chetxs.

Este 2019 fue particularmente difícil para los hogares, donde la suba del dólar, la irrefrenable inflación, la recesión económica, los despidos, los congelamientos de sueldos y el desmantelamiento de los recursos de contención del Estado, deterioraron la vida de los quienes conforman los sectores populares. Pero ayer, la crisis se puso en pausa, y quienes más padecieron y vivieron como espectadores las peores decisiones de gobierno, una tras otra, decidieron tomar el protagonismo. Las cifras oficiales llegarán, más tarde o más temprano, pero en el saber colectivo, Macri ya perdió. El experimento de la derecha en Argentina recibió su estocada final. Y la gente, por unas horas, pidió y tuvo fiesta.

El resultado de las elecciones 2019 en nuestro país formará parte importante del viento de cambio que viene soplando en la región. Malas decisiones, y aún peor implementadas, han sido uno de los lemas del macrismo. Durante estos cuatro años el pueblo argentino padeció la violencia neoliberal en su costado más cínico. Mientras miles de personas quedaban en la calle, sin poder cubrir sus necesidades básicas, Mauricio Macri y demás funcionarios se esmeraron en comunicar desde la absoluta falta de empatía e indiferencia, con un discurso que era absolutamente ajeno a la desesperación de muchas y muchos. La salida de Cambiemos marca una contribución al mensaje latinoamericano sobre los gobiernos de derecha. Más allá de lo opinable o debatible, sencillamente son incompatibles con la vida.

Fue un día para las y los desocupados, para quienes trabajan todo el día o toda la noche, para quienes buscan desesperados una changa, para madres y padres que vienen haciendo malabares para darle de comer a sus hijos e hijas, para las y los que sostienen un comedor en un barrio. Hoy, muchas y muchos, dejan de lado la rabia por la meritocracia que nunca llegó, y se enciende la esperanza de recuperar algo de lo perdido. Se recupera el calor colectivo. Porque los chetos, no vuelven más. Se van, se van, se van.

Source

Por Gabriel Casas / Foto: Archivo DyN

Hola, Ángel, ¿cómo estás? Seguro que muy bien.

Esta vez quiero que escribamos directamente sobre política y la influencia de los dirigentes de los clubes como plataforma para el destino del país y no sobre el fútbol como ese juego y deporte que tanto nos apasiona. Como ya sabemos, la presidencia de Macri en Boca fue su plataforma para saltar primero a intendente de la Ciudad, y después a presidente de la Nación.

Si hay algo que no entiendo, es por qué un sector importante de nuestra población cree que un dirigente de un club pueda ser un candidato potable para la política mayor por los éxitos deportivos (casi puramente en fútbol) que se hayan logrado en su gestión. Y no lo digo exclusivamente por Macri. Ahí lo tenemos a Matías Lammens (a quien respeto mucho) como candidato a intendente de CABA. Y a la inversa, un dirigente y sindicalista histórico como Hugo Moyano, se baja de la CGT para hacer una buena gestión en Independiente, y tratar de que no se lo vea como es en realidad.

Moyano, a mi entender, quiere ser el primer presidente argentino que provenga directamente del sindicalismo trabajador. Una especia de Lula, digamos (sin ofender a Lula, por supuesto). Es su anhelo máximo, pero en su fuero íntimo sabe que su figura provoca tanto rechazo en un sector muy grande de la población, entonces juega sus fichas en Independiente para revertir un poco su imagen negativa y así, sentarse como siempre en la mesa grande de la rosca política. En los dos primeros años de Cambiemos, apoyó claramente a Macri. Ahora es su enemigo y es aliado de Cristina, quien antes era su enemiga. Cosas de la rosca, ¿viste?

Macri, después de fracasar con Bilardo y el Bambino Veira, con equipos de estrellas y estrellados, hizo la llamada del celular de dios. Encontró en Bianchi y en sus éxitos con los jugadores, que después una mayoría fueron ídolos del club, al mejor “jefe de campaña” para lanzarse al barro político en la otrora Capital Federal. Y para mi sorpresa, aunque no tanta, ganó la intendencia y hasta fue reelegido. No importa los negociados impuros que hizo Macri para él y los suyos, con Boca, con CABA, y ahora con el país directamente. Macri es CEO, aunque dude de que esté capacitado hasta para eso. Sí sabe mucho de negociados de la empresa familiar que su padre hizo crecer a límites insospechados en sus comienzos, siempre a costa del Estado (con la dictadura militar, con el correo, con las autopistas, etc).

Y Marcelo Tinelli quiere volver al éxito deportivo del fútbol en San Lorenzo (ya lo tiene con el básquet, pero no es lo mismo), para apostar a su salto grande. Tinelli no se anda con chiquitas. Será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires o a presidente de una alternativa que surja por afuera del peronismo kirchnerista o del macrismo. No quiere querer pegado ni a Cristina, ni a Macri.

Con el desastre que hizo Macri en estos cuatro años (y los ocho que venía de hacer en CABA) en educación, salud y trabajo (las tres patas que deberían andar bien en cualquier gobierno para darle satisfacción a la población), debería quedar en claro que ser “exitoso” en un club de fútbol de los grandes, no significa que ello se pueda replicar en la política en serio.

Bueno, Ángel, me gustaría saber tu opinión al respecto.

El abrazo de siempre,

Gabriel.

——-

Hola Gabriel.

El cuestionamiento tuyo se refiere a que muchos dirigentes políticos aprovechan su paso por el deporte, principalmente el fútbol, para llegar a donde se proponen. Y esto ocurre, creo yo, por la popularidad que da el deporte en general y el fútbol muy en particular en nuestro país.

Boca, por ejemplo, es una enorme vidriera popular, y a pesar de que Macri tuvo una actuación bastante mediocre en el club donde estuvo a punto de ser destituido por una asamblea de los directivos (y, según he leído, fue salvado por su padre que puso mucho dinero para que el hijo continúe) y finalmente acertó con Bianchi, con quien de todos modos no terminó de la mejor manera.

Y aunque otros clubes no den semejante popularidad, también los mantiene permanentemente en la prensa y eso los ayuda muchísimo a que la gente los conozca.

Como la gente en general es apartada de las cuestiones políticas y reducida a su papel de público de su propio destino que otros resuelven, entonces la popularidad es un factor decisivo para quienes tienen el propósito de “conducirlas”, por decirlo de algún modo.

Ahora veo en Argentina que el asunto político se ha polarizado: o sos K o sos anti K. Da la impresión de que no hay alternativas. Y si sos K no se admiten críticas ni análisis que comprometan. Y si sos anti k o macrista, en este caso concreto, tampoco tenés posibilidad alguna de un pensamiento crítico y a pesar de la situación desastrosa en la que está el país por las medidas del gobierno, tanto en lo económico como en lo social, tenés que aceptar que es un paso para un futuro mucho mejor. Es decir, tanto en un caso como en otro en vez de ciudadano crítico, tenés que ser una especie de feligrés adherido a una religión.

A mí me parece entendible que la mayoría de la gente tenga la necesidad urgente de echar a este gobierno inepto que solo benefició a una parte de la élite dominante, y que dejó el país atado al Fondo Monetario. Y creo, también, que tal vez la mejor decisión para ese noble propósito es Cristina.

Y este proceso me recuerda a la vuelta de Perón en el 74. Era la única opción de echar a los militares y, en principio, de empezar un camino nuevo tanto en lo económico como en lo social. Sin embargo, la falta de crítica hizo que muchos militantes se aturdieran con el bombo y el “Perón, Perón”, y no vieran que ya no era el mismo Perón ni el mismo peronismo. Y que el actual se inclinó decididamente a los sectores más reaccionarios, incluyendo la creación de la triple A y otros métodos represivos para sacarse de encima a lo que en otro tiempo era “la juventud maravillosa”.

Actualmente, si no vemos que confiar en que Alberto Fernández, que estuvo en contra de la ley de medios y del impuesto al campo, y formó parte de una lista nada menos que con Cavallo, es poco menos que una inocentada inadmisible. Está puesto ahí para tranquilizar a los sectores económicos que no encuentran en Cristina una garantía total de que algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Y entonces Cristina lo exhibe a Alberto Fernández como esa garantía.

Si no vemos que pagándole al FMI como no se cansa de prometer Fernández será imposible que la gente tenga el alivio que está esperando, y si no vemos que Massa aplicará la represión militarizada como tantas veces prometió, si no vemos que Cristina se enorgullece de ser más capitalista que Macri, demostrando una sólida ignorancia acerca de lo que significa el capitalismo, o en todo caso una confesión de ser lo mismo que combate, es que no queremos ver nada. Y eso nunca puede ser bueno.

Ya sé que hay límites y entre Macri y Cristina habrá diferencias que significarán de todos modos una cierta mejora a corto plazo (el hecho de no ver a Macri ya sería una mejora), pero es indudable que dentro del capitalismo dependiente no hay casi nada de margen para avanzar hacia una sociedad justa y auténticamente democrática.

Y por último te digo que hay alternativas. Yo veo al Frente de Izquierda Unida muy diferente a lo que fue el troskismo y el mismo comunismo hace algunos años. Ahora se parte de la problemática argentina, de nuestros problemas, y los análisis se hacen con nuestras herramientas ideológicas y no con el europeísmo de otros tiempos.

Veo gente muy valiosa como Myriam Bregman, Del Caño, Del Pla o Castillo, con argumentos y programas que los partidos mayoritarios ni tocan, ni lo mencionan.

Ya sé que con esa alternativa no se le ganará a Macri, pero al menos habrá varios diputados en el Congreso para que digan la verdad y sean una ventana por donde respirar.

Gabriel, en otra ocasión seguiremos hablando de este tema, que también me apasiona, y por supuesto de fútbol.

Un abrazo grande y hasta la próxima.

Ángel.

Source

Inició la campaña electoral de cara a octubre. Mientras la principal incógnita es si Cambiemos recibirá una adhesión aún mayor que le dé un espaldarazo para avanzar con el ajuste fiscal y la reforma laboral, el gobierno sigue avanzando hoy con medidas que modifican el futuro del país a mediano plazo.

A 5 semanas de los comicios, la campaña se relanza con nuevos objetivos. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner relanzó la actividad electoral con una entrevista para Infobae y un acto en Florencio Varela, sosteniendo el mensaje elegido previo a las PASO: “antes estábamos mejor, ahora peor, Unidad Ciudadana es quien puede frenar el ajuste”. Los dos datos llamativos fueron su mensaje hacia el peronismo y las respuestas esquivas que recibió. El periodista Luis Novaresio le preguntó a CFK si se consideraba de izquierda y la respuesta fue “soy peronista”. Ante la repregunta de si podía ser de un ala de izquierda dentro del peronismo, la ex presidenta eludió la respuesta. Poco después, la frase “Si soy un obstáculo en 2019 para la unidad del peronismo, me excluyo sin ninguna duda” resonó dentro del PJ, donde rápidamente salieron las primeras voces (entre las que se destaca la de Pichetto) que plantearon que CFK no será parte del bloque justicialista en la Cámara de Senadores. Finalmente, la condena a Venezuela por parte de la candidata de Unidad Ciudadana, ante la pregunta de si hay estado de derecho en tierras bolivarianas, fue una demostración más de evadir temas incómodos para un sector de votantes y marcar moderación en el mensaje.

Estas respuestas no son casualidad cuando se profundiza el debate de la crisis del peronismo y su futuro. Mientras algunos dan por hecho que el peronismo se rearmará sin CFK, otros creen que es la única líder opositora que tiene hoy el PJ para rearmarse de cara al 2019. Desde el círculo rojo, hablan de que el PJ vuelva a colocarse en el “centro democrático”. Joaquín Morales Solá pone en boca de un senador la calificación de que “CFK es la líder de la izquierda argentina, no del peronismo”.

Lo cierto es que, sin pasar por alto que la figura de la ex presidente es central en la oposición electoral a Cambiemos en estos comicios, su discurso hasta el momento no apuntó a proponer una resistencia activa al macrismo, ni a proponer un proyecto de transformación sino que, por el contrario, viene proponiendo asumir el rol de “oposición seria”: buscar contener la conflictividad callejera y poner el eje en lo que implica Cambiemos, a tal punto que equiparó el “no estado de derecho” en Argentina con la realidad venezolana, donde el gobierno de Nicolás Maduro viene enfrentando una ofensiva imperialista y de la derecha local que combina la violencia de la oposición al gobierno con una guerra económica sostenida en el tiempo.

Por su parte, Cambiemos adelantó que su objetivo es superar el resultado obtenido en las PASO en unos cinco puntos y llevar de 10 a 14 los distritos victoriosos para las elecciones generales de octubre. Desde algunos sectores del gobierno se planteó que la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo en tierra bonaerense se trasladará al resto de las provincias. En efecto, como consignaron en Tiempo Argentino, la campaña inició con un timbreo nacional y se espera que se repitan los ejes de obra pública, el “cambio” y la lucha contra las mafias, con la presencia de Carrió en la provincia de Buenos Aires acompañando a los candidatos. El gobierno contará con la inauguración de obra pública como moneda de campaña. La idea de visibilizar “el Estado en tu barrio, el Estado presente”, que mejora la vida de los ciudadanos, no es para despreciar, ya que ha tenido resultados concretos en los últimos años para el PRO en la Ciudad y para Cambiemos a nivel nacional estos dos años.

El dato más llamativo en la campaña del PRO será el uso de técnicas del “big data”. El entrecruzamiento de información electoral con datos socioeconómicos a gran escala permitiría al oficialismo llegar a conocer las preferencias de cada votante, barrio por barrio y manzana por manzana, conociendo las preferencias políticas y el perfil del votante de cada partido. Con estos datos, la micro segmentación del discurso y de la campaña tiene alcances aún impredecibles, en un nivel de entrecruzamiento y conocimiento que no tiene antecedentes.

Estos mecanismos no sólo se utilizan en la campaña electoral, sino que comienzan a ser decisivos para ver con qué reformas y qué profundidad avanza el modelo de Cambiemos. En muchos casos, desde las organizaciones populares no se llega a dar respuesta, al menos con la contundencia y masividad que se requiere.

Cabe destacar algunas de estas medidas. En primer lugar, el Senado avanzó con el proyecto de ley para ejercicios militares norteamericanos en Argentina, con aviones de combate y efectivos de la marina de Estados Unidos, a realizarse en Trelew y Bahía Blanca; en segundo lugar, el gobierno porteño avanza con las “escuelas del futuro” y frente a las tomas de los colegios secundarios en rechazo a la medida, salió a intimidar a los estudiantes pero, además, se planteó una convocatoria por las redes sociales para contar el proyecto “desde su visión”. En tercer lugar, el ministro de Ciencia Lino Barañao sigue sin dar respuesta a los científicos ante los despidos y el ajuste en el CONICET; se firmaron acuerdos de impacto a mediano plazo con el primer ministro israelí que implican colaboración en seguridad y compra de armas; en quinto lugar, el Congreso rechazó prorrogar la ley que impide los desalojos de los pueblos originarios, lo que dejaría camino libre para profundizar la represión en los distintos territorios.  Frente a esto, este jueves se hará una audiencia pública para reclamar por la aprobación de la prórroga en la sesión especial prevista para el 27 de septiembre, día en que organizaciones indígenas de todo el país se movilizarán hacia el Congreso Nacional.

Cada una de estas medidas tiene impactos estructurales para nuestro país. La precarización laboral en las escuelas públicas porteñas, el rol de la ciencia y de nuestros científicos, la vinculación con Israel y la compra de armamento, los ejercicios militares, el avance aún mayor sobre los territorios de los pueblos originarios, son parte de lo que el modelo de Cambiemos profundizará de aqui en adelante, en base al respaldo en octubre. Si bien cada una de estas medidas son resistidas, muchas de ellas por miles de personas en las calles, no cabe duda de que es complejo sostenerlas con el tiempo y la masividad que requieren si no son parte de una resistencia conjunta y unitaria de todos los sectores populares, teniendo en cuenta además los niveles cada vez mayores de estigmatización, judicialización y criminalización de estas luchas (con instructivo para realizar denuncias penales por los colegios tomados, con el ministro denunciando la violencia con la que ingresaron los científicos, con la vinculación a las comunidades mapuches con el terrorismo, por nombrar rápidamente algunos ejemplos).
Que Cambiemos obtenga un resultado menor al esperado en las próximas elecciones es fundamental para que mida el impacto de las medidas que implementará hacia adelante y si la reforma fiscal y laboral serán “graduales” o “a la brasilera”. Pero no alcanza. La resistencia en las luchas del presente y en las que vendrán con el ajuste pos-octubre, la masividad ante la ofensiva del gobierno, será decisiva para que la correlación de fuerzas no se encuentre siempre en contra de los y las de abajo. Y eso requiere humildad, unidad de acción, paciencia, responsabilidad, protagonismo de quienes dicen basta.

Esta tarea no puede darse sola. Hacia adelante, sigue faltando una alternativa política unitaria que proponga un cambio de raíz en la Argentina. La necesaria resistencia al macrismo en las calles no se traduce en opción electoral para frenarlo en las urnas, para quienes abonamos a un proyecto que rompa con el modelo del capital y se proponga el socialismo en este siglo XXI.

Ese camino será más arduo. Hay quienes tienen esperanza en que la ex presidenta sea la referencia de un proyecto de esas características en Argentina, improbable desde el punto de vista de quien escribe estas líneas. Lo cierto es que un proyecto emancipador hoy requiere crear nuevas condiciones, relatos, experiencias que combinadas se propongan un cambio profundo para terminar con la explotación y la opresión, donde el eje no sea el acceso al consumo para vivir mejor, sino que proponga otro horizonte común.

No queda otra que parir una alternativa masiva, popular y unitaria en Argentina. Nadie puede solo o sola. Se necesita un proceso colectivo, un pueblo organizado y un horizonte común. No hay Chávez ni Evo en Argentina para construir el socialismo del siglo XXI. Se precisarán voluntades militantes, unidad y protagonismo popular.

Source

Piqueteros y piqueteras, comerciantes de La Salada, falsas personas discapacitadas y hasta ancianas que fraguarían certificados de viudez: ante la precaria gestión de la economía, el gobierno apuesta a la estigmatización de sectores vulnerables como estrategia de campaña.

En el gobierno nacional parece creerse que si la próxima elección es entendida como un plebiscito de la gestión económica, los augurios serán negativos. Siquiera los sectores aliados del gobierno pueden sostener que los números de la economía estén mejor que en diciembre de 2015. La reciente entrevista del ministro Nicolás Dujovne con el periodista oficialista Marcelo Longobardi, quien le hizo un reproche por la situación de la economía, muestra que hasta las y los grandes comunicadores afines al gobierno reconocen que el cuadro macroeconómico no mejora.

La columna del economista Alejandro Bercovich, publicada días atrás en el diario BAE, demuestra cómo la falta de inversiones no tiene que ver con la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva al ruedo político, sino con las políticas tomadas por el gobierno que, entre otras cosas, llevó a la caída de la inversión extranjera directa respecto de 2015.

Ante este escenario, la única estrategia electoral posible para Cambiemos parece ser seguir construyendo una imagen tenebrosa del pasado, y una promesa a futuro. Respecto del pasado, la narrativa del ‘escenario catastrófico’ en el que supuestamente se vivía antes de diciembre de 2015 fue cediendo lugar a una hipotética vía hacia la catástrofe, ilustrada en la actual crisis política de Venezuela. Es decir, ya casi no se invita a la sociedad a pensar ‘lo mal que estábamos antes de este gobierno’, sino ‘lo mal que íbamos a estar si seguíamos bajo la égida del populismo’. Así, como en muchos discursos del gobierno actual, el dato empírico cedió lugar a la hipótesis.

Para alertar sobre el futuro, el gobierno nacional no tiene reparo en imitar la estrategia que el kirchnerismo implementó durante la campaña de 2015: advertir sobre las inconveniencias de un triunfo opositor.

Hace unos días, el historiador e investigador del CONICET, Ezequiel Adamovsky, publicó el libro El cambio y la impostura. Allí nos recuerda críticamente que el 06 de noviembre de 2015 el periódico El Cronista titulaba: “La campaña del miedo, a full: según Scioli ‘con Macri se vienen los aumentos de tarifas’”.

Si denunciar la posibilidad de aumentos de tarifas ante un triunfo de Macri fue tildado de ‘campaña del miedo’, ¿cómo debería llamarse a la seguidilla de titulares y columnas periodísticas que sostienen que mientras Cristina tenga chances electorales no ‘vendrán las inversiones’? La columna de Marcelo Bonelli en Clarín, y el off de record que le confió el ministro Caputo al respecto, permiten preguntárnoslo.

¿Quién dijo miedo?

Pero no solo de miedo al pasado y de expectativas de futuro se alimenta Cambiemos. Hay una gestión del presente, activa y prolífica, que le sirve al gobierno de método proselitista, y que no se relaciona con la zona económica. El desalojo de la feria La Salada, la represión al piquete del Frente Milagro Sala y la puesta en escena de decomisos de droga en barrios populares, también forman parte de la estrategia electoral de Mauricio Macri.

El ataque a las economías de los sectores populares, tan irregulares como las tiendas de primeras marcas de la Avenida Córdoba –por citar un caso de la Ciudad de Buenos Aires–, no tiene un objetivo económico. Se trata de reforzar un imaginario estigmatizante respecto de quienes hacen vida una economía paralela a la de las grandes avenidas; antes habían sido los vendedores libres o ‘manteros’. A diferencia de estos últimos, el ataque a La Salada ya no se justifica en que ‘obstaculiza la vía pública’ –ya que es una feria montada sobre tierras baldías–, sino en que allí radicaría un sector de la población ventajista, ilegal y asociado al anti-modelo del trabajador y la trabajadora honestos.

Es curioso que, aun desde esta división binaria, una rápida comparación entre el sacrificio laboral de quienes trabajan en La Salada y la trayectoria laboral del propio Presidente (acostumbrado a los negocios corruptos con el Estado, como se demostró en el caso de la realización de cloacas en Morón) dejaría a Mauricio Macri –y no a los vendedores de La Salada– del lado de los ventajistas. Pero la capacidad de proyectar imágenes del presente asociadas a estigmas y prejuicios seguramente pueda más que el análisis de la realidad concreta.

Respecto de los piquetes, tampoco es una novedad que el gobierno trabaja en reforzar un sentido común que condena la protesta social. Es probable entonces que las imágenes de la represión en la avenida 9 de julio le hagan acumular al gobierno más votos de los que le puedan hacer perder. Pero también debe haber pensado lo mismo Eduardo Duhalde en junio de 2002, cuando ordenó la Masacre de Avellaneda. Lo que no previó el ex gobernador bonaerense es que la ecuación se revertiría. Cuando las abrumadoras evidencias testimoniales forzaron a los grandes medios masivos a retractarse respecto de las versiones falsas sobre las muertes de Kosteki y Santillán, la gran mayoría de la sociedad pasó a condenar la brutalidad policial, y a sentir –sino empatía– al menos contemplación respecto de la injusticia cometida contra esos jóvenes piqueteros; Duhalde terminó adelantando las elecciones y su legitimidad se desplomó.

Los casos de decomisos de droga sí aparecen como un punto que llama positivamente la atención en la agenda del gobierno actual, aunque no queda claro si se trata de una estrategia penal o comunicacional. Es decir, la construcción del ‘otro peligroso’ y de la ‘otra peligrosa’que lleva adelante el gobierno pareciera demostrar que, antes que impedir el flujo de droga, la preocupación pasa por estigmatizar a determinados territorios (como las villas de emergencia) y a determinados sujetos (migrantes, jóvenes).

De otra forma, no se explica por qué no caen presos ni son víctimas de mega operativos policiales televisados los jefes de las bandas de narcotraficantes que anidan en los barrios privados o sus cómplices en la justicia. Cualquier estudio serio sobre la actualidad del narcotráfico, como los de Carlos Del Frade, muestra que se trata de un crimen organizado incapaz de desplegarse sin la complicidad política, policial y judicial. Es decir que, si bien es evidente que las redes narco cuentan con elementos en barrios populares, centrar allí el problema es cortar el hilo por lo más delgado.

En la misma línea se pueden entender otras medidas recientes del gobierno, como la quita de pensiones por invalidez, o la baja en pensiones por viudez y en subsidios del plan PROGRESAR. Ante esta ofensiva de la gestión estatal por controlar y reducir el destino de sus fondos, cabe hacerse algunas preguntas: ¿Piensa el macrismo que revertirá el déficit fiscal –que creció respecto del año anterior– recuperando migajas de alguna que otra pensión mal asignada? ¿Es tan ingenuo el gobierno, que cree que saneará la economía revirtiendo microfugas de este tenor, que para la envergadura de un presupuesto nacional son ínfimas?

Es probable que la respuesta sea no. Se podría pensar, por caso, que sería más eficaz para sanear las cuentas públicas volver a gravar con impuestos a la actividad minera. Vale recordar que apenas asumió, Macri las eximió de impuestos. Lejos de cumplir con el acuerdo de aumentar el volumen de trabajo, la actividad minera desde entonces redujo en 5 mil sus puestos, según los datos del SIPA que difunde el Ministerio de Trabajo. La pregunta es entonces por qué el gobierno lleva a cabo estas medidas.

Al igual que con los/as vendedores/as de La Salada, estas medidas parecen tener por objetivo reforzar la construcción de estereotipos y estigmas de sujetos/as advenedizos/as, ventajistas y corruptos/as, a los/as cuales hay que combatir, para contraponerlos/as a una supuesta ‘mayoría silenciosa’ que trabajaba honestamente. Movilizar expectativas sociales bajo dicho esquema binario sí parece una buena estrategia de campaña para el gobierno.

Así, ancianas que se hacen pasar por viudas para cobrar pensiones en modo indebido, jóvenes beneficiarios del plan PROGRESAR que no habrían aprobado la cantidad de materias que el subsidio exige como contraprestación, y falsos discapacitados que cobran pensiones por invalidez, serían las imágenes arquetípicas de la ‘viveza criolla’ mal entendida, la cual el gobierno propone combatir.

Ni las grandes multinacionales evasoras, como el HSBC, ni los poderosos miembros de la Sociedad Rural con denuncias de trabajadores en situación de esclavitud, como Luis Etchevehere, ni las corporaciones que incrementan a pasos agigantados sus condiciones monopólicas, como se desprende de la nueva fusión entre Telecom (Fintech) y Cablevisión Holding (Clarín); por el contrario, el enemigo es el ciudadano y la ciudadana individual, de sectores vulnerables, que buscaría sacar ‘microventajas’ del Estado. Al respecto, el presidente Macri dijo en mayo de este año: “Estamos pasando de la Argentina del ‘atajo’ a la del trabajo”.

Apátrida es el otro

Pero si Mauricio Macri puede desplegar un conjunto de políticas destinadas a construir estereotipos de ‘ventajistas silvestres’ es porque se monta sobre un sentido común que se lo permite. La construcción de ese sentido común no puede achacársele únicamente al macrismo, porque lo precede.

En esta misma columna hemos insistido con una idea que sostiene el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera: el ciclo progresista en América Latina mejoró las condiciones materiales de importantes sectores de la población, que sin embargo no se politizaron críticamente en forma equivalente, lo que generó nuevas capas de consumidores/as de perfil ideológico conservador.

Claro que de ese resultado es responsable cada gobierno de turno, así también como los grupos de poder, la élites, los movimientos sociales, y todos los que compulsan por una cuota de poder social y político en el espacio público. Sin embargo, el sociólogo francés Pierre Bourdieu sostuvo que es el Estado el que detenta el poder de nominación, de manera tal que es también productor de las categorías sociales; esto le confiere al Estado una responsabilidad particular en la construcción de categorías, más aún cuando éstas refuerzan estereotipos negativos.

Aunque actualmente pueda ser ‘rentable’ en cuanto al otorgamiento de votos, reproducir una división binaria entre un ‘nosotros honesto’ y un ‘otro ventajista’ es repudiable, sobre todo cuando se asocia a éste último a los sectores más castigados por las políticas económicas, como las y los jubilados y las y los desocupados.

Ni qué decir de las y los jóvenes: el director de la consultora Adecco Argentina, Francisco Martínez, informó el mes pasado que el país registra un nivel de desempleo juvenil más alto que el de la media regional, y con tendencia creciente.

Quizás pedirle a una gestión de gobierno que confronte en modo directo con el sentido común de las mayorías en tiempos de campaña electoral pueda resultar ingenuo. Pero acumular votos exacerbando los aspectos más negativos del sentido común de la sociedad conlleva el riesgo de debilitar el tejido social. El gobierno debería sopesar este riesgo, tanto por la responsabilidad que le confiere estar a cargo de la primera magistratura, como por la necesaria convivencia democrática que es su responsabilidad garantizar.

Source

El ataque integral hacia el reclamo docente en particular, y el intento por desprestigiar a las organizaciones sindicales en general, la represión y detención de docentes hace unas horas pueden servir para pensar el tipo de composición del bloque en el poder que expresa Cambiemos.

Anoche, docentes intentaban instalar una “Escuela itinerante”: habían aclarado que si bien se levantaban los paros iban a seguir el plan de lucha. La policía de la Ciudad de Buenos Aires llegó a la Plaza de los dos Congresos con escudos, gas pimienta y reprimió a las y los docentes. Sin medios hegemónicos presentes, llevaron adelante el operativo con rapidez.  Al cierre de esta nota, cuatro estaban detenidos en la “primera Comisaría de la Metropolitana en zona sur”, en Chutro y Zavaleta, Parque Patricios; y se realizaba una numerosa asamblea en la Plaza para analizar y definir cómo continuar. En las líneas que siguen, recorremos los días de conflictos, los imaginarios que pone en juego el gobierno de Cambiemos en alianza con los grandes medios comerciales, y las estrategias que pasan de la acción en redes sociales, el ninguneo de la escuela pública, el desprecio del trabajo docente, a -más directamente- la represión.

El pasado fin de semana, los medios masivos de comunicación se regodearon al afirmar que la gobernadora Vidal le había ganado la pulseada a los gremios docentes. Haciendo una lectura muy capciosa de la consulta que los gremios hicieron en sus bases, el diario La Nación consignó que más del 70% de las y los docentes no quiere seguir haciendo paros. Sin embargo, Sergio Romero, secretario general de la UDA dijo que según los resultados de la encuesta, más del 80% votó por continuar haciendo algún tipo de paro. María Laura Torre, secretaria gremial del Suteba, admitió que los paros entraron en un impasse, pero que de ningún modo cesó el plan de lucha, sino que continúa y que se están evaluando los futuros métodos.

Es por eso que el conflicto aún no terminó. Además, días atrás una jueza laboral falló a favor de las docentes, obligando al gobierno a convocar a la paritaria nacional. También semanas atrás, otro fallo judicial le indicó al gobierno que debía devolver los días descontados por huelga del año pasado, lo que constituye un sólido antecedente para revertir los descuentos por paros que están teniendo lugar este año.

No obstante, también es un dato real que, al menos en la provincia de Buenos Aires, el conflicto muestra actualmente un hondo desgaste de las medidas de lucha. Más allá del tipo de lectura que se haga de los resultados de las encuestas de los gremios, método por otra parte de dudosa fiabilidad, fuentes de confianza que hacen vida en los gremios docentes bonaerenses confirman que el clima en las bases de las escuelas muestra un decaimiento en cuanto a la perspectiva de continuar con los paros. El clima social general respecto de que las y los docentes continúen con las huelgas también parece sombrío.

Analizar lo que ocurrió, pensar lo que sucede

Claro que no es la primera vez que existe un prolongado conflicto docente. En la provincia de Buenos Aires en 2014 los gremios realizaron 17 días de paro, y terminaron logrando una mejor recomposición salarial. Es probable que las marchas docentes de este año hayan sido más numerosas que las de 2014 y, aunque no lo fueran, es innegable que actualmente muchos dirigentes sindicales de extracción kirchnerista tomaron con mayor fuerza el reclamo, comparado con el de aquel año: hoy tienen un enemigo políticamente mucho más nítido a quien enfrentar, más allá de las reivindicaciones gremiales concretas. Es decir que, a priori, los paros de este año contaron con mayor potencia y estructura gremial que aquellos. De ser así, entonces sería más llamativo aún que el clima social se volviera hoy más hostil a los reclamos educativos.

Una hipótesis que podría explicar este escenario sería que, en el sector docente, hay muchos votantes de Cambiemos, mientras que en los paros de marzo de 2014 aún resonaban los ecos de la derrota del Frente para la Victoria en las legislativas del año anterior. Es decir, se trataría de dos escenarios con gobiernos con fortalezas dispares. Si así fuera, hoy podría estar vigente aún la apelación a ‘darle tiempo al gobierno’, mecanismo que en 2014 ya no tenía vigencia. Pero aunque algo de esto esté operando, ¿son éstos los únicos elementos que explican por qué el conflicto docente actual se muestra menos fortalecido que aquel?

Claro que aventurar una respuesta a esta pregunta puede sonar pretencioso. Sobre todo porque nunca un escenario tan complejo se explica a partir de una sola causa; pero aquí va un intento por aventurar otra hipótesis, complementaria con la anterior: el actual conflicto docente estaría más debilitado también por el nivel inusitado de agresividad que dispensó el bloque en el poder hacia el reclamo docente.

Las actuales estrategias de Cambiemos

La actual alianza política que expresa Cambiemos implica el advenimiento a la gestión estatal de un sector duro del empresariado, que logró hacerse con las principales carteras ministeriales en el plano nacional. La llamada CEOcracia llegó en modo desembozado y nítido a reducir lo que ellos llaman los ‘costos laborales’, y a poner en agenda una serie de políticas regresivas para los derechos de las mayorías trabajadoras, como lo es el intento por una nueva flexibilización laboral, cuyo primer globo de ensayo se cerró en el sector petrolero. Cuentan para esto con la anuencia de algunos sectores sindicales y con la pasividad de otros, como los del triunvirato cegetista, quienes recurrieron a un paro general al verse desbordado por las bases sindicales.

Este bloque en el poder viene desplegando una política de desprestigio de los reclamos gremiales que, en el caso docente, se expresa puntualmente en algunas iniciativas:

En primer lugar, la avanzada inédita desde el gobierno por presionar a los jueces que fallan a favor de los reclamos gremiales, como en el caso de Jorge Triaca, quien inició en febrero un pedido de juicio político para los jueces que avalaron la paritaria bancaria. Recientemente Triaca declaró que también van a recusar a la jueza Dora Temis, quien ordenó al gobierno bonaerense devolver lo descontado por los días de paro del año pasado.

En segundo lugar, el pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal de suspender la personería gremial del Suteba, solicitud a la que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales dio curso, forzando al gremio a hacer su descargo dentro de los próximos cuatro días. En ese sentido, Roberto Baradel afirmó ayer en Página/12 que esto “no había pasado nunca en democracia, sólo en dictadura”.

En tercer lugar, y en medio de las medidas de fuerza, la policía bonaerense se presentó en distintos establecimientos escolares de La Matanza y Benito Juárez para tomar los nombres, apellidos y datos de afiliación gremial de quienes se encontraban de paro, rememorando imágenes –nuevamente– propias de la dictadura militar.

En cuarto lugar, desde el gobierno nacional y sus medios de comunicación aliados se lanzó una feroz campaña de personalización y estigmatización de Roberto Baradel, orientada a desprestigiar el reclamo en general. Mientras el titular de Suteba recibía  amenazas de muerte por correo, en medio de la apertura de las sesiones legislativas el presidente la Nación afirmaba: “No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”. Días después, durante un prime time televisivo, un programa oficialista llegó a mostrar en primer plano una gigantografía con las fotos de los hijos del titular de Suteba.

Estos elementos sugieren que, actualmente, el ataque desde el gobierno hacia la comunidad educativa es frontal e integral. Este ataque puede haber debilitado la legitimidad del paro en la sociedad en general. Como se ve, desde el gobierno, sectores policiales y medios de comunicación, se llevó a cabo un ataque agresivo no solamente contra Baradel, sino contra el imaginario de la huelga como método para conquistar derechos, el cual se repitió hasta el extremo en el marco del paro general de la CGT del jueves pasado.

Todo este ataque a la docencia en particular, pero a las formas de organización colectiva de trabajadores y trabajadoras en general, le permite al actual gobierno reforzar de una manera muy cruda lo peor del sentido común anti sindical que anida en nuestra sociedad, sin exceptuar desde ya la contribución a dicho sentido común efectuada por algunos nefastos referentes sindicales como Omar “Caballo” Suárez, dirigente marítimo preso por corrupción.

Más allá de las equivalencias

En la apertura de las sesiones legislativas de 2012, la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dedicó fuertes descalificativos hacia la docencia: “Trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones”, y concluyó: “Cómo es posible que sólo tengamos que hablar de salarios y no hablemos de los pibes que no tienen clases”. Dos años más tarde, en marzo de 2014, y en medio de un conflicto docente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dijo que no podía ofrecer mayores aumentos porque la provincia no tenía fondos, y denunció “un trasfondo político” en el paro docente.

Durante el pasado mes de marzo, el presidente Mauricio Macri, quien se destaca por una sólida y coherente trayectoria educativa en el sector de gestión privada –del colegio Cardenal Newman a la Universidad Católica Argentina–, también tuvo declaraciones despreciativas hacia la educación pública, como cuando afirmó que algunos pueden elegir ir a la escuela privada mientras que otros “tienen que caer en la escuela pública”. Por su parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, además de pedirles a las y los docentes “que digan si son kirchneristas”, afirmó que la provincia está quebrada, denunció que se trataba de un “paro político” y comenzó a descontar los días de paro a quienes adhirieron a la medida de fuerza.

Todo este rejunte de declaraciones puede llevar a la tentación de establecer un cuadro de equivalencias entre las declaraciones pretéritas y las actuales. Sin embargo, esas equivalencias muestran sólo un aspecto de un cuadro más complejo. El antropólogo Pablo Semán sugiere que “no se puede reducir al otro a su peor frase”; esta interesante apelación sirve para ver más allá de las declaraciones agresivas hacia la educación de gobiernos anteriores y actuales.

Con el escenario planteado más arriba, poco sirve pensar si Scioli era más o menos amigable que Vidal. Lo interesante es pensar si la correlación entre las fuerzas que luchan por reclamos gremiales y las fuerzas desde el poder que se le oponen tuvieron y tienen la misma magnitud en su enfrentamiento, y ofrecieron u ofrecen la misma perspectiva al momento de alcanzar derechos.

Las estrategias lanzadas desde el poder político tienen gran capacidad de influenciar en el humor colectivo de la sociedad. Hoy en día gran parte de los conflictos políticos parecen definirse, entre muchas otras variables, también por lo que dicta el humor social. Si bien este clima es difícilmente aprehensible, parece fácil concluir que hoy en día Cambiemos sigue sin ceder en una mejor oferta salarial, porque tiene consenso general para hacerlo.

Para comprender como se configura este humor, es importante contemplar no solamente las declaraciones, sino también las iniciativas concretas que lanzan los gobiernos. Respecto de Cambiemos, algunas de sus medidas más agresivas hacia el imaginario de conquista de derechos gremiales, fueron reseñadas más arriba. Este cocktail de iniciativas, tendientes a desprestigiar los reclamos paritarios, permite comprender mejor los estrechos márgenes en los cuales se mueven las negociaciones salariales en la actual coyuntura.

Source

A 6 meses del inicio del gobierno de Cambiemos, la construcción de una alternativa política se presenta como una tarea ineludible.

“El presente es todo de (Mauricio) Macri…”, se entusiasma Julio Blanck en su habitual columna dominguera para el diario Clarín y clama para que el peronismo se desprenda de una vez de su pasado kirchnerista. Lo que no dice Blanck, es que el presente de Macri representa para gran parte de la población argentina un aumento escandaloso del costo de vida, agravado por los altos índices de inflación, el aumento de las tarifas y la amenaza permanente de perder o no conseguir empleo, en simultaneo se “empoderan” los sectores más concentrados de la economía ligados al capital trasnacional, el agro negocio y la burguesía “urbana”. En otras palabras como afirma el politólogo Hernán Pablo en Twitter analizando la evolución del consumo y la actividad económica: “CAME anuncia baja del consumo minorista, el de la gente, 9,8% en junio, mientras Caputo sube utilidades +234% en dólares. Ése es el cambio.”

Nicolás Caputo, un empresario muy beneficiado por la obra pública macrista durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires también integrante de la (poco) cuestionada “patria contratista” de la que también se beneficiaron con generosos sobreprecios, coimas, etc., los Báez y López durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, en el momento más duro del ajuste, la ofensiva es protagonizada por el gobierno de Mauricio Macri, con claras “movidas”; por un lado en el plano internacional (acercamiento con los países integrantes de la Alianza del Pacifico) y en el plano domestico la pelea librada con el kirchnerismo, herido de muerte (¿?) por los perdigones del “efecto López” y las denuncias (muchas no probadas) y escándalos de corrupción que salpican a ex funcionarios claves durante la gestión K como Julio De Vido.

¿Habrá sectores que obtengan rédito político de las interminables horas de crónica policial y judicial que tratan sobre la corrupción del actual y anterior gobierno? ¿Cuál es el futuro del peronismo? ¿Quiénes serán los sectores que encabecen la resistencia social y política a la embestida reaccionaria de la “nueva derecha”? Interrogantes claves para pensar la transición.

“El peronismo es el hecho maldito…”

La frase acuñada por John William Cooke “el peronismo es el hecho maldito del país burgués” pertenece a los tiempos de “empate hegemónico” que estremecieron la historia Argentina, el proceso político de movilización social de grandes masas obreras y populares que fuera suspendido abruptamente por la última dictadura cívico militar, plantea diferencias claras con el momento actual y el rol del peronismo. Más bien, parafraseando mal a Cooke podríamos decir que asistimos a una versión “aburguesada” del peronismo, al menos el dominante. Así como dijimos en estas páginas que la convocatoria hecha por Cristina Kirchner a la conformación de un Frente Ciudadano estaba más cerca de una coalición de “centro” que del ruido de los caños de la “resistencia”, la versión actual del “peronismo del sistema político” o su versión kirchnerista, plantea más diferencias que semejanzas con el potencial revolucionario del peronismo de los años 60 y 70. Se podría forzar la comparación, en relación a la gravitación entorno a los designios de un liderazgo, Cristina y Perón (repito, forzando la comparación) aunque la situación de Cristina Kirchner es diferente en muchos sentidos, el contexto social, político y hasta internacional lo es (Podemos no es la URSS ni la Venezuela de Maduro es la CUBA de Fidel y el Che). Poco tienen en común La Campora y Montoneros, a no ser que destaquemos la extracción social de clase media y la actitud soberbia hacia el resto del “movimiento”, porque la combatividad y radicalidad de quienes fusilaran al general Aramburu, dista bastante de los jóvenes comandados por Máximo y compañía. Ni hablar del movimiento obrero, lejos están el reformismo de Caló, Moyano, Barrionuevo y otros de la disciplina combativa del Peronismo de Base, de figuras como Di Pascuale, Ongaro y Raimundo Villaflor, que fueran emergentes de los programas de La Falda, Huerta Grande o la CGT de los Argentinos.

Esta breve digresión histórica, para arriesgar porque creemos que el futuro del peronismo está más ligado a lo que fuere en su momento un “neoperonismo” a lo Vandor si se quiere, hoy representado en la confluencia de figuras como Moyano y otros en lo sindical, Massa, Urtubey, Randazzo, Gioja en lo político y algunas expresiones del movimiento social como el Movimiento Evita, una especie de “vandorismo social” por su carácter por momentos combativo pero centrado en los beneficios de la negociación.

Escenario abierto

No podemos saber a ciencia cierta cuánto dura una transición, pero si podemos planificar e intervenir de qué forma salimos de ella. Los 9 millones de dólares que intento esconder en un convento el número dos de Julio De Vido en la obra pública siguen haciendo daño en la principal fuerza que gobernó por más de una década nuestro país; aún no vemos la dimensión ni las consecuencias del “efecto López”, y si bien no se debe subestimar la figura y liderazgo de Cristina Kirchner, que mostró en otras ocasiones saber recomponerse a la adversidad, José López era como “de la familia”. Eso es lo que más impacta, se podrá argumentar que la AUH, el “matrimonio igualitario”, la Ley de Medios, las obras que sí se hicieron, etcétera, etcétera. Da igual; López era de la familia y hoy está preso por robarse 9 millones de dólares que eran de todos y todas. Mal que le pese a Gabriela Cerruti, por ahora Cristina está lejos de volver y ser “la madre de dragones” como escribió en un post. De momento, desconcierto y desazón.

La magnitud del “cambio”, nos obliga a pensar y actuar de manera contundente. La “resistencia” está afuera, protagonizada todos los días, a veces de manera silenciosa, otras forzando el grito, por un pueblo rebelde que no se le achica a la pretensión inexorable de esta nueva “democracia de las finanzas” como caracteriza la última editorial de revista Crisis analizando la irrupción de la “nueva derecha”. Quizá lo nuevo sean los “métodos”, con la capacidad de las nuevas clases dominantes de “hacerse cargo” de la “cosa pública” y forzar de manera inesperada los limites democráticos, si es necesario volteando gobiernos, ya no por las armas (como ocurrió en Brasil y Paraguay) o desplegando un ajuste fenomenal que obligaría a una respuesta enérgica por parte de los sectores populares, hasta ahora no ocurrió, pero la respuesta hay que darla.

Hay espacio para una fuerza política que se anime a la tarea de articular un sujeto “disperso”, a veces permeable al discurso dominante. Allí están con sus luchas los laburantes despedidos cortando la autopista o disputando el control de la fábrica a la burocracia, pero también las y los “manteros” del barrio de Once, los trabajadores cooperativistas precarizados de la economía popular, los trabajadores rurales de las periferias en las grandes ciudades y en el campo profundo, las y los estudiantes y docentes que se rebelan contra los recortes de la educación publica o las asambleas ambientales que se plantan ante la contaminación de la minera. La expresión política de estas luchas y los sujetos de los que hablamos no puede refugiarse en las viejas recetas. La transformación radical de la sociedad para terminar de una vez con las injusticias debería incomodarnos cotidianamente. Con sus límites y errores, están las experiencias del pueblo venezolano y boliviano que muestran (si vemos atentamente) que para hacer la revolución y recuperar la capacidad irreverente del socialismo no alcanza con romper en el plano de las ideas. Hace falta pensar la sociedad futura, que soñamos, desde el hoy, pariendo experiencias organizativas y de reproducción de la vida económica y social que prefiguren la sociedad que soñamos.

Hace unos días se cumplió un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda, donde perdieron la vida Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Nos sorprendió gratamente encontrar una gran cantidad de compañeros y compañeras en la Estación que hoy lleva sus nombres. A pesar del frío, fuimos muchos y muchas los que entendimos el valor de la unidad. Maxi y Darío son ejemplos de ética militante, tan necesaria en momentos de incertidumbre y desconcierto. Que seamos capaces de unirnos y tengamos la capacidad de expresar en el plano político las luchas de nuestro pueblo contra el ajuste y la represión, es el mejor homenaje para dos vidas truncadas por las balas que también se llevaron a 30 mil compañeros y compañeras que dieron su vida por mucho más que un proyecto de capitalismo con rostro humano más inclusión, el deber de transformar lo injusto por autonomía emancipatoria nos hierve rojo en la sangre.

*Militante del Frente Popular Darío Santillán.

Source