Por Redacción Marcha

“Estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos, pese a que algunos diputados hombres se opongan. Por ello, es que durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal”. Estas fueron las palabras del presidente Gabriel Boric el pasado 1º de junio en el marco de su discurso de Cuenta Pública, un balance de gestión que el Poder Ejecutivo rinde al Congreso de la Nación para dar detalle de su administración y para presentar nuevas iniciativas de gobierno. En esta oportunidad el mandatario informó que presentará un proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos y, en materia de derechos sexuales y reproductivos afirmó que es necesario actualizar y mejorar la legislación vigente desde 2017, durante la gestión de la ex presidenta Michelle Bachelet, que permite la interrupción del embarazo por tres causales: si representa un riesgo de vida de la madre, la inviabilidad del feto o, en caso de violación. 

Siomara Molina es vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile y también acompaña prácticas de aborto seguro, en diálogo con Marcha comentó que todavía no hay precisiones en cuanto a los detalles del proyecto de ley que presentará el gobierno pero que “será discutido con la sociedad civil. Es una conversación que está abierta aún en nuestro país”, afirmó la activista. 

Durante el debate para la reforma de la Constitución en el año 2022 el pleno de la Convención Constitucional Chilena aprobó la incorporación al borrador de lo que hubiera sido la nueva Carta Magna el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En diciembre de 2023 en el plebiscito de salida la ciudadanía rechazó el texto para la nueva Constitución y, por lo tanto, el derecho constitucional al aborto. “La iniciativa Será ley que es la que como Asamblea Permanente presentamos a la Convención Constitucional estaba fuertemente argumentada en términos de por qué los derechos sexuales son derechos humanos”. Si bien aún no se conoce el detalle del proyecto del Ejecutivo Siomara Molina afirmó que,  “entendemos que debiera estar en la misma línea, pero hay matices y algunas diferencias entre lo constitucional y lo legislativo entonces, el tema de los plazos, de técnicamente cómo se abordan los abortos, ese tipo de elementos son más de carácter legislativo que constitucional”.

Voluntades políticas y los obstáculos de la derecha

Durante el anuncio en el Congreso el presidente Boric fue interrumpido sistemáticamente por diputados de la derecha y ultraderecha con el objetivo de manifestar su posición de rechazo a una iniciativa que busca garantizar condiciones de salud pública y el derecho a decidir de las personas gestantes. El escenario legislativo no es sencillo para el oficialismo chileno porque no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras. La vocera de la Asamblea Permanente por el derecho al aborto comentó que “en el momento en que el Presidente comenzó a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, ni siquiera había hablado sobre el proyecto de aborto por plazos, sino que estaba aún mencionando el tema de la objeción de conciencia y de la ley de aborto en tres causales que existe hoy en Chile, se comenzaron a parar algunos parlamantarios de derecha y a retirarse de la ceremonia de la Cuenta Pública, lo que nos parece profundamente antidemocrático. Además, estamos hoy con un parlamento donde la derecha tiene mayoría entonces, ahí hay una situación compleja de abordar pero nosotras vamos a empujar esto con la misma fuerza. Entendemos que es una discusión que hay que dar, que el país debe abrirse a esta discusión de forma democrática, no existe otro mecanismo para que podamos discutir sobre un tema tan importante como este”, afirmó Siomara Molina. 

En este escenario el recorrido legislativo, una vez presentado el proyecto que, se calcula podría hacerse hacia fin de año, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y el Senado. “Cada cámara tiene sus propias comisiones técnicas y los proyectos de ley primero pasan por estas comisiones, se discuten allí y una vez que salen de la comisión van a la Cámara de Diputados y luego pasan al Senado”, explicó la activista. “Pueden haber algunas vueltas más entre medio del proceso y, por ejemplo, si no hay acuerdo se puede formar una comisión mixta entre Diputados y el Senado, pero en este momento lo más importante es que lleguemos con un buen proyecto a fin de año”. 

“Las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”Esas fueron las palabras del presidente Gabriel Boric para finalizar el anuncio de  presentación del proyecto de ley por el derecho a la interrupción legal del embarazo. “Chile ha sido históricamente un país con legislaciones muy restrictivas en materia de aborto”, afirmó Siomara Molina. “Hasta hace siete años atrás seguíamos siendo parte de un grupo muy pequeño de países con restricciones absolutas, con penalización absoluta. Tenemos una ley de aborto en tres causales que es absolutamente insuficiente, que funciona pero con muchas dificultades. Tenemos una figura de objeción de conciencia que se ha estado estableciendo como una suerte de norma. Hay hospitales completos que están objetando entonces, hay una serie de elementos que han estado en la discusión pública pero que debemos seguir profundizando. Esta ley significa para nosotras esa profundización del debate y de las garantías mínimas para que todas las mujeres, niñas y personas que pueden gestar podamos decidir libremente respecto a nuestros proyectos de vida, respecto a qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas y a lo que sentimos que podemos hacer también. Entonces, sin duda es un gran paso en términos de justicia reproductiva y esperamos poder construir un debate lo más amplio posible dentro del país”.

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Por Redacción Marcha

“América Latina y el Caribe será toda feminista”, es el grito de unidad que recorre el continente hace años y esta vez no será la excepción. En Perú, el movimiento feminista ocupará las calles frente al gobierno autoritario de Dina Boluarte. En Ecuador, ante las políticas de shock económico y el conflicto armado interno los feminismos se movilizarán en diferentes puntos del país por una vida digna, trabajo y contra la guerra. En El Salvador, la resistencia feminista sigue de pie ante el régimen antiderechos de Bukele, y en Guatemala habrá reencuentro en las calles y se sostendrán las luchas históricas pero esta vez, con un cambio rotundo de horizonte político sin el pacto de corruptos al frente del gobierno. 

Este recorrido no le hace justicia a cada uno de los puntos que encontrará en todos los territorios las banderas de los feminismos de todo el mundo, pero es el intento de dar cuenta de que el 8 de marzo es memoria, celebración y abrazo internacionalista a nivel global. Por eso, Marcha conversó con activistas feministas de Chile, Brasil y Francia para enlazar sus relatos en este #8M sin fronteras. 

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De un lado a otro de la cordillera de los andes los feminismos de Argentina y Chile saben que se teje solidaridad internacionalista. Gabriela Jadue, integrante de la Coordinadora Feminista 8M comentó que “como todos los años, mujeres y disidencias nos hemos encontrado a lo largo de todo el territorio para poder poner nuestras luchas en común y tomar los espacios públicos. Asambleas abiertas, encuentros barriales, conversatorios, muestras artísticas, intervenciones callejeras y jornadas de solidaridad con las víctimas de los incendios intencionales de Valparaíso. Son múltiples las formas en las que nos expresamos para hacer eco de nuestras necesidades, demandas y anhelos, y avanzar así juntas y juntes en el camino hacia el 8 de marzo”. 

Las luchas de este año están articuladas en torno a la solidaridad popular feminista y el derecho a vivir una vida libre de violencias, y afirmó: “en lo que va del año ya llevamos 33 femicidios frustrados y 7 femicidios consumados. Mientras seguimos viviendo en un sistema de injusticia patriarcal que encarcela la pobreza y protege a nuestros agresores”.

Por eso, entre las principales consignas destacan la necesidad de “hablar de la crisis de seguridad que enfrentamos en nuestras vidas. Creemos que mujeres y disidencias debemos ocupar un lugar en esta discusión y ser capaces de plantear propuestas en clave feminista con perspectiva de derechos humanos y libre de discriminación. Queremos visibilizar la inseguridad que sufrimos en este sistema para criar, cuidar y trabajar; la inseguridad que vivimos cuando queremos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, cuando queremos abortar y nos encontramos con un aborto restringido por causales y obstruido por la objeción de conciencia. Además, de la penalización del aborto por otras causas”.

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El derecho a una vida sin violencias y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo son demandas históricas que también llevarán a las calles a los feminismos en Brasil. La periodista y militante feminista, Michele de Melo, conversó con Marcha y señaló que este 8 de marzo con el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva al gobierno, “estaremos en la calle para exigir derechos básicos que todavía no se nos han asegurado como por ejemplo, la legalización del derecho al aborto. En Brasil solo es permitido en tres causales, y todavía hay muchas denuncias de una serie de acosos y violencias de las que las mujeres son víctimas durante esos procedimientos”. 

“Vamos a estar en las calles inspiradas en la marea verde que hemos visto en Argentina, en Ecuador estaremos con nuestras hermanas y estamos seguras de que es un futuro en el cual podemos soñar, este derecho lo vamos a lograr”, declaró de Melo. “También denunciamos a Brasil como uno de los países más violentos para las mujeres, aquí cada ocho minutos una mujer es violada y en el 2023 se registraron 722 feminicidios. Este número aunque parezca asombroso es una subnotificación porque se sabe que no todos los casos de feminicidios son denunciados o son registrados de esta manera. Por lo que vamos a estar nuevamente exigiendo que Brasil sea un país en el que podamos vivir en libertad, seguridad y tener las plenas condiciones para ejercer nuestros derechos”, finalizó.

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La histórica lucha por el derecho al aborto tuvo otra victoria el 4 de marzo pasado, cuando en Francia se votó la incorporación del derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la Constitución Nacional. Alicia Castigliego es argentina, residente en Francia, docente y activista feminista, y desde su ciudad, Saint Germain, le contó a Marcha cómo fue el recorrido para consagrar la constitucionalidad. 

“En Francia la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 1975. A partir de entonces, la lucha de los colectivos feministas franceses continuó pero para garantizar el real acceso al aborto de manera simple”, introdujo. “En los últimos años a partir del avance de la ultraderecha y el consecuente retroceso en materia de derechos humanos y en particular de las mujeres, los colectivos feministas profundizaron la militancia en la necesidad de incorporar el aborto como derecho fundamental en la Constitución para que quede establecido y no se corra ningún riesgo”, agregó. 

“En Francia (…) los colectivos feministas profundizaron la militancia en la necesidad de incorporar el aborto como derecho fundamental en la Constitución”.

Alicia Castigliego. Docente y activista feminista argentina en Francia

Esta reivindicación la tomaron en 2022 una senadora ecologista y una diputada de la Francia Insumisa, ambas de izquierda, y Castigliego contó que “presentaron proyectos de ley en ambas cámaras. Este proyecto luego fue modificado por las derechas francesas, porque tienen mayoría en el Congreso y es así que, en lugar de derecho fundamental lo que se votó fue la libertad de las mujeres para decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo. Y si bien, no es la fórmula ideal lo vivimos como un logro para festejar porque así Francia se transforma en un faro sobre este tema, para el mundo y para Europa”. 

La diferencia que establece Alicia sobre el derecho fundamental y el derecho a la libertad de decidir radica en que, si es un derecho fundamental el Estado está obligado a garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, al nombrar solo a las mujeres, deja de lado a los gestantes. Caroline Kim, periodista francesa comentó que un antecedente de esta lucha fue lo que sucedió en Estados Unidos luego de que el Tribunal Supremo dejará sin protección el derecho al aborto a nivel federal.

“Es una gran victoria de los movimientos feministas. Nadie creía que podía pasar, algunas personas decían que no era importante porque ya se garantiza en Francia el derecho al aborto pero con lo que pasó en los Estados Unidos fue un shock muy grande y por eso, era tan importante consagrar el derecho en la Constitución”, reflexionó. Tanto Caroline como Alicia reconocen que este logro es muy importante para Francia, Europa y el mundo y adelantó Alicia: “El próximo paso es incorporar en la Carta Europea de derechos fundamentales el derecho al aborto y como hay elecciones el próximo 9 de junio la idea es que este tema sea central en el debate electoral”. 

Internacionalismo y un abrazo feminista a Palestina

”Este año está marcado por una importante clave de solidaridad internacional levantada principalmente por mujeres y disidencias del Sur Global que compartimos un hilo común en historias de colonización, imperialismo y resistencia. Es por eso que este 8 de marzo también es internacionalista, nuestras banderas se alzan para demandar un fin al genocidio y la ocupación en Palestina, pero también con las compañeras argentinas que deben enfrentar las políticas precarizadoras de Milei”, señaló Gabriela Jadue. 

“Construir un feminismo popular antirracista y anticolonial es uno de los principales desafíos”

Gabriela Jadue. Coordinadora Feminista 8M de Chile

La vocera de la Coordinadora Feminista 8M de Chile añadió también que “hemos visto cómo, en los últimos años, los regímenes fascistas han avanzado en todo el mundo. En Latinoamérica es muy claro como esto tiene una matriz profundamente conservadora y antifeminista que apuestan por medidas que buscan directamente desarmar los avances del movimiento feminista y asegurar la acumulación de riqueza de unos pocos mediante políticas que empobrecen particularmente de mujeres, disidencias y niñeces. Construir un feminismo popular antirracista y anticolonial es uno de los principales desafíos”. 

“Es fundamental que también en este 8 de marzo llevemos la bandera de Palestina y denunciemos lo que está sucediendo en la Franja de Gaza”

Michele de Melo. Periodista y militante feminista

En diferentes ciudades del mundo ondeará en lo alto la bandera de Palestina porque parte de las demandas y de las luchas asumidas por los feminismos es exigir el fin de la ocupación y detener el genocidio que el Estado de Israel comete sobre Palestina. “En este 8 de marzo nosotras alzamos nuestras voces al lado de varias y tantas personas en el mundo que gritan por el cese inmediato del genocidio que sucede en Palestina. El 80% de las víctimas son niños y mujeres por lo que es fundamental que también en este 8 de marzo llevemos la bandera de Palestina y denunciemos lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y tengamos firme esta exigencia de que nuestros países rompan relaciones con el Estado genocida de Israel. Es necesario que se realicen acciones más contundentes para frenar la matanza que sucede en Gaza”, afirmó Michele de Melo. 

Vale recordar que el presidente de Brasil, Lula da Silva, denunció ante la comunidad internacional el genocidio junto con le presidente de Colombia, Gustavo Petro. En Chile, Gabriela Jadue hizo referencia a la larga tradición de solidaridad con el pueblo palestino, ”aquí se encuentra la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, lo que ha dejado claramente una huella en la historia de nuestro país”, comentó la vocera de la Coordinadora Feminista 8M. Por último, advirtió que “el genocidio del pueblo palestino nos ha demostrado que hay una alianza criminal entre las potencias imperialistas dispuestas a respaldar cualquier acción con tal de defender sus intereses, incluso si es un genocidio o una violación total a los derechos humanos en los tratados internacionales”.Y finalizó: “Palestina es una vista al futuro para todos los pueblos que intentan construir un horizonte distinto; representa esa posibilidad de ser colonizados y aniquilados con la complicidad de los medios de comunicación, pero representa también resistencia. Como feministas, como mujeres y disidencias, nos movilizamos contra el genocidio y la ocupación. ¡No en nuestro nombre! Exigimos al gobierno de Chile romper las relaciones diplomáticas, militares y comerciales con el Estado genocida de Israel. Este 8 de marzo estamos con Palestina, este 8 de marzo también es internacionalista”.

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Por Mariángeles Guerrero

El 11 de septiembre de 1973, radio Magallanes fue acallada. El metal tranquilo de la voz del presidente socialista Salvador Allende se perdió entre el estruendo de las bombas y el sonido agudo de los brindis en los barrios altos de Santiago. Así celebraron los momios, la derecha chilena, el golpe de Estado dirigido desde Estados Unidos contra el gobierno de la Unidad Popular, el del marxismo por la vía democrática en ese país largo de montañas y de mar, al sur de Nuestra América.

Allende sabía que la transmisión por radio Portales, antes de que la emisora fuera destruida por el bombardeo, sería su último discurso.También, que serían sus últimas palabras. En ese momento, los generales de la traición, comandados por Augusto Pinochet, atacaban La Moneda.

Enfrentado a la muerte, dejó un gesto de dignidad para quienes —sabía—, serían perseguidos “porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder”. Allende estaba dispuesto a pagar con su vida la lealtad del pueblo: de las campesinas, de los obreros, de la juventud. “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”, dijo entonces, confiado en los destinos de su tierra. De nuestra tierra.

Había ganado las elecciones el 4 de septiembre de 1970. Esa noche, desde un escenario improvisado en la sede de la Federación de Estudiantes de Santiago, Allende selló el pacto que tres años después defendería mientras ardía La Moneda: “Mi único anhelo es ser para ustedes el Compañero presidente”. Con ese compañero caminaban mujeres y hombres anónimos que levantaban las banderas de la Unidad Popular con convicción revolucionaria.

Aquella noche festiva de 1970, Allende anticipó el plan de gobierno: “Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación e importación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo”.

Dos certidumbres tenía Allende: que la revolución no implica arrasar sino edificar y el pueblo chileno estaba preparado para esa tarea. De la derecha no esperó siquiera el reconocimiento del resultado electoral: “Ella no será jamás capaz de reconocer la grandeza que tiene el pueblo en sus luchas, nacida de su dolor y de su esperanza”.

El 20 de diciembre de 1970, el gobierno de la UP envió un proyecto de reforma constitucional para introducir el concepto de “nacionalizar” como una facultad del Estado. En 1971 se votó en el Congreso la nacionalización del cobre. “Porque el pueblo es Gobierno, es posible que hoy digamos que el cobre será de los chilenos. Porque los grupos minoritarios que gobernaron el país, las viejas y rancias oligarquías siempre estuvieron comprometidas con el capital foráneo y muchos de sus miembros defendieron los intereses extranjeros”, dijo entonces el compañero presidente.

En el amanecer de la victoria, en la primavera de 1970, quedó claro que la vía chilena al socialismo no tenía fronteras. Así lo vio Allende: “Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir. La fuerza vital de la unidad romperá los diques de la dictadura y abrirá el cauce para que los pueblos puedan ser libres y puedan construir su propio destino”.

En diciembre de 1972, lo reafirmó ante las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en México: “Hay que entender que la lucha es solidaria en escala mundial, que frente a la insolencia imperialista sólo cabe la respuesta agresiva de los países explotados”.

Guadalajara fue emblemático porque allí se dirigió especialmente a la juventud, a la que entendía como la vanguardia de la batalla contra el capitalismo. La herencia de aquel discurso fue la célebre frase “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica”. Pero precisamente la concepción de juventud de Allende no era para nada biologicista.  

“Hay jóvenes viejos que comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado como una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango social y el arribismo social, caramba, qué dramáticamente peligroso, les da un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos. Hacen de su profesión el medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función de sus propios intereses”, ejemplificó.

El compañero presidente dejó entonces un mensaje que no pierde vigencia: “La juventud tiene que entender que no hay lucha de generaciones; que hay un enfrentamiento social, que es muy distinto, y que pueden estar en la misma barricada de ese enfrentamiento los que hemos pasado de los sesenta años y los jóvenes que puedan tener 13 o 20”.

Allende pasó a la historia como un ejemplo, aunque siempre se mostró como un deudor de su pueblo, el que le había permitido estudiar y ser médico, luego diputado, luego presidente. No falló a esa gratitud y fue plenamente consciente de ser el intérprete de una afrenta al capital en un momento bisagra, de revoluciones y dictaduras. 

“Vivimos la época inquietante de un mundo que cruje, donde el hombre hecho pueblo y el pueblo hecho hombre quieren estar presentes, no sólo en el derecho a vivir, en el derecho cotidiano al trabajo, a la educación, a comer, al descanso o la recreación, sino también en la grande y noble dimensión histórica de construir con su esfuerzo, de poner los ladrillos del gran edificio que no se improvisa: de una nueva sociedad, sobre la base, también, de la moral de un hombre nuevo”, afirmó ante la Cámara de Diputados, meses antes de asumir su mandato como presidente.

“Sé que, más allá de lo que puede un hombre, aunque tenga el poder, y más allá de los partidos o fuerzas sociales que forman la base política de su acción de gobernante, está el pueblo; el que ha conquistado los derechos, el que ha luchado y se ha abierto camino, desbrozando la maraña de los intereses bastardos, para asomarse por su propio sacrificio a un pedazo de justicia que era tan necesario”, agregó. 

Hoy recordamos a Allende porque su camino no se detuvo el 11 de septiembre de 1973.

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Una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía en Chile tiene relación con la grave crisis hídrica que afecta a parte importante del territorio. En ese sentido, la propuesta de nueva Carta Magna posiciona al agua como un derecho y un bien común inapropiable, crea una nueva institucionalidad con la Agencia Nacional del Agua y los Consejos de Cuencas, además de hacer un cambio radical desde los cuestionados “derechos de aprovechamiento” a las “autorizaciones de uso”.

• Por Camila Gonzalez

El plebiscito del 4 de septiembre se acerca velozmente y, con ello, las y los chilenos deberán votar si aprueban o rechazan la propuesta de carta fundamental elaborada por la Convención Constitucional. Existe mucha expectación en diversos sectores, sobre todo por la situación medioambiental de Chile y los avances que propone el texto en esta materia.

De hecho, la posibilidad de contar con una nueva Constitución se ha visto como una oportunidad histórica para generar cambios en materias como el agua, sobre todo por la grave crisis hídrica que afecta a parte importante de Chile, asociada a fenómenos como la sequía y la escasez hídrica (que se debe, en gran parte, a la acción humana). El problema es que el escenario de cambio climático aumenta aún más los riesgos. Por lo mismo, una de las primeras declaraciones de la Convención Constitucional fue el reconocimiento de que la carta fundamental se “escribe en un contexto de emergencia climática y ecológica”.

De esa manera, la propuesta de carta fundamental busca cambiar la forma en que se asegura y gestiona este importante elemento en el país, ante los cuestionamientos sobre la administración actual. Esto se explica, en parte, porque “la actual Constitución de Chile hace referencia a los derechos de aprovechamiento de aguas y garantiza su propiedad, pero no hace referencia al agua en sí”, afirma María Luisa Baltra, profesora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Católica (UC).

Por ello, en el proyecto “Cambio climático y nueva Constitución”, de Climate Tracker y FES Chile, te contamos las principales propuestas en materia hídrica que contiene la nueva carta fundamental, desde la creación de la Agencia Nacional del Agua y los Consejos de Cuenca; la definición del agua como un derecho y un bien común inapropiable; el paso de derechos de aprovechamiento a autorizaciones de uso; y una breve visión del panorama internacional.

El agua en la legislación actual

La actual Constitución de la República de Chile data del año 1980, en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet, y fue escrita por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, conocida como Comisión Ortúzar. Luego, recibió modificaciones del Consejo de Estado, finalizando en las manos de la Junta de Gobierno, donde alcanzó su redacción final.

Un inicio muy distinto tuvo la propuesta escrita por la Convención Constitucional, la cual surgió tras el denominado “estallido social” que comenzó en octubre de 2019, derivando luego en un “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” y un Plebiscito en el que ganó la opción de redactar una nueva propuesta de carta fundamental, a través de una Convención Constituyente compuesta por 155 personas elegidas por sufragio popular.

De esa manera, el pasado 4 de julio la Convención presentó la nueva propuesta, que busca reemplazar la Constitución vigente que, efectivamente, contiene la palabra “agua” solo en el Capítulo III de los Derechos y Deberes Constitucionales, en el artículo 19, en su inciso 24º, que establece “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Es aquí donde plasma que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

Es decir, desde el primer momento, propone un énfasis de propiedad y eso se destaca, incluso, a nivel internacional, según el análisis “Agua y Constitución” del Centro de Derecho y Gestión del Agua de la UC, tras la revisión de 92 constituciones. “Chile es el único país que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas”, destacan en una nota.

En esa línea, Baltra especifica que, “de acuerdo con lo que establece el Código de Aguas, el agua terrestre (sea superficial o subterránea), en cualquiera de sus estados, es un bien nacional de uso público”, esto es, que pertenece a la nación, y “quien quiera aprovecharla requiere de un título que lo permita”. Este título puede ser constituido por la autoridad o por situaciones reconocidas por la ley.

Para ambos casos, “se crea un derecho de aprovechamiento de las aguas en favor de una persona natural o jurídica”. Además, “quedan sujetos a los límites que fije la ley o las limitaciones que las autoridades fijen, para cumplir con las funciones que el agua tiene, especialmente en materia de subsistencia humana y preservación ecosistémica”, destaca la experta.

Utilizando otras palabras, en la actualidad es el Código de Aguas y no la Constitución vigente la que estipula la utilización y otros temas relacionados con la materia hídrica.

El protagonismo del agua en la nueva Constitución

En la propuesta de nueva Constitución, el tema hídrico tiene un rol protagónico y completamente diferente al actual. La visión social y ecosistémica trasciende en todo el texto. De hecho, la palabra “agua” aparece decenas de veces y hay un capítulo completo dedicado al “Estatuto de las aguas”, entre los artículos 140 y 144, en un contraste brutal con el nulo trato en el texto constitucional vigente.

También la propuesta pone un mayor foco en la descentralización. Un artículo que refleja ese espíritu es el 141, que establece: “El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos”.

Asimismo, el ex convencional y otrora coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, Juan José Martin, destaca el cambio en la definición de este elemento, contemplándolo como un bien común natural inapropiable. Esto implica que “se le da un deber de custodia especial del Estado” y, además, “no solo es inapropiable por sí misma como elemento, sino que ahora también se inapropiabiliza su uso y se establece expresamente que, para poder utilizarlo, se hace a través de autorizaciones administrativas”.

Para Martin, este punto constituye un cambio sustancial ya que, actualmente, la gestión del agua se hace a través de un derecho de aprovechamiento que tiene “propiedad”, es decir, el elemento está “privatizado en su uso”. En cambio, este bien común y su utilización no funcionan bajo el “régimen de propiedad” en el nuevo texto constitucional.

El siguiente cambio importante consiste en la nueva institucionalidad. De partida, se crea la Agencia Nacional del Agua (ANA), “órgano autónomo que toma decisiones de carácter más técnico”. Va a ser el encargado de “la gestión a nivel nacional del agua y de dar las directrices generales, de autorizar y fiscalizar el cumplimiento de las responsabilidades que implican las autorizaciones de uso de agua”, que son las que reemplazan a los derechos de aprovechamiento.

Acá también destaca la creación de los Consejos de Cuenca, los que “serán los responsables de la administración de las aguas”, y serán integrados por lo menos por los titulares de autorizaciones de uso de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca (Artículo 143).

Otros elementos diferenciadores, destacados por el ex constituyente, es que “se protegen las fuentes del agua, especialmente los glaciares, los humedales y también ecosistemas prioritarios que influyen en el ciclo del agua como los bosques”. Además, se reconoció “el derecho humano al agua y al saneamiento y el derecho a la naturaleza, y sus ciclos naturales”.

La transición de los derechos a los usos de agua

Uno de los principales cambios que contempla el documento que debe votar la ciudadanía es la transición desde los “derechos” a los “usos” de agua, lo que nos remite al Artículo 142: “El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua (ANA), de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”.

De hecho, dentro de las atribuciones específicas de esta institución, se destaca que va a “otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua”.

El codirector del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales (UDP), Matías Guiloff, reflexiona que “venimos de un modelo que ayudó en su momento, pero que, sin lugar a dudas, en este momento donde enfrentamos crisis climática e incertidumbre, es un modelo que ya no se encuentra en sintonía con los tiempos”. Este último punto no es menor, ya que Chile cumple con 7 de los 9 factores de vulnerabilidad ante el cambio climático, definidos por Naciones Unidas.

Guiloff considera que la propuesta constitucional en materia hídrica es un avance importante, pues “no tiene este defecto y ello se debe a que es una que articula de mejor manera el dilema entre estabilidad, certeza y flexibilidad, lo que se requiere para una adecuada gestión del agua”.

Hay que recordar que los derechos de aprovechamiento, bajo el marco del Código de Aguas, poseían una gran estabilidad, y esto dificultaba introducir reformas. “Solo se logró por primera vez, luego de 25 años, y se volvió a lograr el año pasado, pero sigue habiendo un núcleo de rigidez tratándose de los derechos que se asignaron antes de esta reforma”, precisa el profesional.

Por su parte, el abogado del área de Incidencia de ONG FIMA, Felipe Perillán, también coincide en que es un progreso significativo, ya que robustece la institucionalidad, incorpora nuevos actores (en la administración) y devuelve la calidad de bien inapropiable al elemento. Sobre lo último, crítica que, con la Constitución de 1980, “se admite que hay propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, que se traduce en la práctica en tener propiedad sobre el agua y que ha generado los mercados de las aguas y la especulación al respecto”.

“Las autorizaciones del uso del agua buscan terminar con ese problema y consideran causales de caducidad, causales de revocación, establecen los usos determinados”, recalca Perillán, y agrega que “esto no es algo nuevo a nivel internacional, de hecho, es la regla general que el aprovechamiento del agua se otorgue a través de autorizaciones administrativas de uso y que no se entregue el agua en propiedad”.

Guiloff complementa este punto: “En Estados Unidos también hay permisos (…) uno tiene que aplicar para un permiso, así ha ocurrido con las reformas regulatorias más modernas. Hay que aplicar para un permiso y esos permisos quedan sujetos a análogas limitaciones de las que aquí se están sujetando con estas nuevas autorizaciones”.

¿Cuál es la situación del agua en otros países?

A nivel internacional, los estándares sobre este elemento han ido creciendo. Así lo demuestra la inclusión del concepto en múltiples constituciones del mundo y bajo diferentes preceptos.

Este avance medioambiental podría poner a Chile en un lugar destacado a nivel regional. Al revisar el informe “Hacia una Constitución Ecológica” de ONG FIMA, Oceana y la UDP, se muestra cuál es la situación del agua en otros países del mundo.

Como se puede leer en el documento, el derecho humano al agua se ha ido instalando a nivel constitucional en múltiples países del mundo, y en Latinoamérica se ha contemplado expresamente, por ejemplo, en Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

De todas ellas se pueden identificar factores comunes relevantes. Por un lado, se advierte que, mientras las disposiciones de Ecuador, Sudáfrica y Egipto relacionan el reconocimiento del derecho humano al agua con el “derecho a la alimentación”, las constituciones en Egipto y Uruguay lo vinculan a la salud, la vida o el medio ambiente.

Este último país sudamericano es un gran ejemplo en la materia, en donde “se observa la relación que se hace entre el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas”. Junto con ello, se aborda la existencia de una política nacional de aguas y saneamiento, basada en el ordenamiento del territorio, la conservación y protección del medio ambiente, y la restauración de la naturaleza.

Además, en Uruguay se refieren a la “gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y a la preservación del ciclo hidrológico”, y aluden al establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas. También indica que, para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, se deben anteponer los intereses sociales a los económicos, para terminar por señalar que el agua superficial y subterránea forma parte del dominio público estatal e hidráulico.

De esa manera, la propuesta constitucional chilena se pone a tono con el escenario internacional, pero, pese a los avances que destacan los expertos, su contenido ha sido rechazado por algunos actores de la sociedad, lo que ha provocado la proliferación de informaciones falsas y engañosas.

La propagación de desinformaciones

Al igual que con otros asuntos, han circulado algunas informaciones dudosas, incluyendo afirmaciones de que se tendrá que “pedir permiso a los pueblos indígenas para tener acceso al agua” o “que se eliminarán derechos de agua a agricultores”. Sin embargo, nada de aquello es verdadero.

Camila Zárate, la ex coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, recalcó que aquello es “totalmente falso”. Sobre el supuesto “permiso de los pueblos indígenas para tener acceso al agua”, aclara que en el texto constitucional los pueblos originarios tienen un reconocimiento del “uso ancestral del agua, el que tiene que ver con lo espiritual y sus distintas formas de utilización”.

La norma a la que hace referencia la ex convencional es el Artículo 58, que reza: “La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en territorio indígena o autonomías territoriales indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento”.

Sin embargo, ese es un reconocimiento separado, pues “los pueblos indígenas no tienen ninguna potestad para poder determinar los usos de las aguas”, detalla Zárate. Aquellos que estarán a cargo de este tema son la nueva Agencia Nacional de Aguas y los Consejos de Cuenca.

Hay que añadir en este punto que la propuesta constitucional asegura el derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas, así también como su uso razonable y otros puntos más, por lo que eso prevalecería.

Otro ejemplo de las desinformaciones planteaba que se iban a “eliminar los derechos de agricultores”, pero nuevamente la representante del Distrito 7 paró las especulaciones, recordando que el texto propone una transición hacia la figura de “autorización”, permitiendo que los derechos otorgados se mantengan con otra forma.

Es interesante mencionar en este punto que, según las últimas informaciones del reporte de donaciones que publica el Servicio Electoral (Servel), la campaña del Apruebo acumula $247.225.253, mientras la cruzada del Rechazo la supera, alcanzando los $918.374.920. Un dato adicional es que algunos financistas de esta opción son empresarios de la agroindustria, como es el caso de Ítalo Zunino, principal donante y empresario agrícola.

Junto con aquello, el mes recién pasado un grupo de organizaciones de dueños de aguas y que decían representar “directa e indirectamente, a aproximadamente 500.000 usuarios de aguas existentes a lo largo y ancho de nuestro país”, criticaban la propuesta. Señalando “graves problemáticas”, entre ellas “la eliminación de la titularidad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas”, “el debilitamiento de los usos productivos”, y el reemplazo de los derechos de aprovechamiento de aguas por autorizaciones de uso, las cuales tildaron de “precarias, intransferibles, de fin único y cuyo otorgamiento y mantención dependerán finalmente del funcionario estatal de turno”.

De hecho, sobre un posible proceso de redistribución, la ex convencional, comenta que sería algo que podría afectar a “grandes propietarios” porque los pequeños están totalmente protegidos, e, incluso, dicha desconcentración hídrica podría terminar beneficiándolos.

En el segundo inciso de la Norma Transitoria Trigésima Sexta, se estipula que “esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores; comunidades, asociaciones y personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados”.

En esa línea, Guiloff es enfático en que se “deja esas autorizaciones en manos de las mismas personas que antes eran dueños de derechos, o sea, no pierden el uso del agua. Lo que sí pierden es lo favorable que era el régimen legal de los derechos porque el Estado casi no tenía potestad y todas las decisiones de uso dependían básicamente de lo que decidiera el dueño de los derechos”.

El camino para una futura implementación

Siguiendo con los cambios en la normativa del agua, de ganar la opción “Apruebo” en el plebiscito de salida se implementarán diversas modificaciones, pero aquello ocurriría de forma “paulatina”.

Dentro de las Normas Transitorias de la nueva Constitución, hay distintas disposiciones que hablan sobre esto, comenzando con la Trigésima Cuarta que menciona entre sus líneas: “En un plazo de doce meses, el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional del Agua y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas”.

Al respecto, Zárate destaca la importancia de los artículos transitorios que permitirán la implementación de esta nueva institucionalidad, principalmente de la Agencia Nacional de Aguas que va a reemplazar a la Dirección General de Aguas (DGA), y que coordinaría una “administración ecológicamente sustentable de las aguas en nuestro país”.

Esa misma norma se hace cargo de “establecer las reglas de los Consejos de Cuencas que se ocupa de la administración de las aguas y que tendrá un enfoque integral”. La implementación de ésta va a depender de la nueva legislación que se cree.

Sobre la transición del mecanismo, Martin explica que “todos los derechos de aprovechamiento van a ser automáticamente autorizaciones de uso, eso implica que todos los que hoy tienen derecho de aprovechamiento no tienen que volver a postular, ni tienen que entrar en un trámite engorroso, ni nada. En el fondo, no se van a quedar sin el agua que hoy tienen”.

Lo anterior está textualmente en la normativa Trigésima Quinta, que plantea que “todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua”, y que hasta que no se dicte la legislación nueva, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas.

En definitiva, son múltiples las modificaciones que implicaría en materia hídrica la nueva propuesta de carta fundamental, tanto en términos legislativos, institucionales, ambientales y sociales. Su futura implementación queda sujeta, entonces, a lo que ocurra el próximo domingo 4 de septiembre, cuando la ciudadanía decida si apuesta por cambios en este y otros temas, o si prefiere mantener la Constitución que rige desde los 80.

Este texto fue producido con apoyo de Climate Tracker

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Por María Eugenia Waldhüter y Laura Salomé Canteros

“Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.

Preámbulo de la propuesta para la nueva Constitución Política de la República de Chile. –

¿Pierina cómo analizas estos últimos días de campaña previos al plebiscito?

Están pasando tantas cosas al mismo tiempo que cuesta tener una mirada general de lo que ocurre, porque quienes estamos haciendo campaña sufrimos el impacto de las impresiones que tenemos de hablar con las personas y de repente te toca un día bueno, un día malo, y dependiendo del día tenemos la impresión de que vamos a ganar o que no. Pero podemos pensar en algunas cuestiones que son ejes que nos permiten entender este momento. Voy a partir por la campaña del rechazo, que está operando desde el momento mismo en que se instala la Convención Constitucional, entonces tienen un año de campaña, o sea, un sector del campo político que se dedicó a hacer contracampaña desde que la Convención se instaló desde dentro y fuera. Teníamos un grupito de constituyentes de ultraderecha impidiendo permanentemente, o reventando el debate de ideas. Esto que vemos en varias derechas del mundo con una imposibilidad de discutir racionalmente y reventar la discusión con shows y mucha agresividad. Entonces, tenemos una acumulación de eso y, por otro lado, una habilidad del campo de la derecha de instalar mentiras o lecturas mañosas del texto constitucional que enganchan muy bien con sentimientos y temores muy arraigados en amplias mayorías populares en Chile y lograron hacer daño. Inventaron que el texto constitucional no asegura el derecho a una vivienda propia. En Chile, la idea del sueño de la casa propia es una cuestión súper arraigada, o sea, este imaginario de esforzarse, trabajar para poder tener una vivienda, darle un bienestar a la familia y que esa vivienda después la puedan heredar los hijos, es parte del imaginario popular, por lo menos de la mitad del siglo 20 en adelante. Pero inventaron esto porque el artículo de vivienda dice “las personas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”, no dice propia, pero 10 artículos más adelante “se asegura la propiedad privada”. Pero vas a hacer campaña a barrios populares, donde hay gente que lleva 10 o 15 años esperando la casa propia mediante subsidios del gobierno, que es la forma en que se obtiene las viviendas propias en el campo popular, y la gente está asustadisima, desesperada, pensando que le van a quitar la vivienda, que no la van a poder heredar a sus hijos, que cuando se mueran se las van a quitar y se las van a dar otra persona. Y desde nuestro campo tenemos que reconocer que no pudimos prever y evitar que esas cuestiones se instalaran. Otro ejemplo, es que los indígenas van a ser privilegiados, ciudadanos de primera clase y el resto de los chilenos vamos a ser ciudadanos de segunda.

La campaña del rechazo es una campaña que está sustentada en infundir miedo, no tienen ideas, de hecho, es algo bien jodido también porque en el campo del rechazo hay de todo, está desde la ultraderecha que apoyó a Kast, la derecha más tradicional, sectores de la ex Concertación, y entre ellos no tienen acuerdos. Si ganan, no tienen acuerdo de qué se hace el 5 de septiembre. Por otra parte, hace dos semanas comenzó la franja televisiva de media hora diaria y el rechazo presentó un spot ficticio como una historia verídica en el que un trabajador sexual contaba que un cliente que no le había pagado, él le va a cobrar, el tipo le dispara, casi se muere y no lo denunció porque ese era su acto de amor. El rechazo incluye gente que es capaz de presentar eso como un contenido razonable y que debiera ser motivo para apoyarlos. Es una contrapedagogía de la crueldad; es naturalizar el terror, el maltrato, el asesinato, la violencia sexual. Ese es el campo del rechazo.

Desde el campo del Apruebo hemos tenido unas semanas de mucho despliegue en distintos niveles, y eventos masivos todos los fines de semana, eso el rechazo no lo tiene, hay que decirlo, las concentraciones de miles de personas y la fiesta todavía es nuestra. A nivel territorial, y yo estoy ahí, haciendo puerta a puerta, conversatorios, volanteo en plazas, ferias, hay un despliegue enorme. Hay un esfuerzo enorme por hacer una pedagogía popular, porque es la primera vez que tenemos un proceso constituyente, que no es como hacer campaña por un candidato y decir “vote Boric”, aquí es cuestión de proyecto y no lo explicas en 30 segundos. “Vote Apruebo” ¿por qué? Hay todo un trabajo que hemos tenido que desarrollar por una parte, para desmentir mentiras y tratar de infundir confianza, texto en mano: “mire no le van a quitar la casa”. Y lo otro, es convencer de que con este proyecto vamos a vivir mejor y que no es tan fácil convencerte de que un libro te va a servir para esto. ¡Yo me siento como una predicadora, de verdad! (risas) Hubo mucho despliegue, hemos crecido rápido, apurado en la capacidad de ir mostrando que la derecha miente, que el rechazo miente, y que el texto se ha convertido en un best seller, o sea, la Constitución es el libro top de ventas en Chile, yo camino por la calle y la gente te la pide.

Hay signos muy promisorios, muy alentadores y otros muy preocupantes, porque pienso, por ejemplo, cuánta gente se va a quedar pensando que le van a quitar la casa y va a votar rechazo para que no le quiten la casa. Ahora no tenemos ninguna encuesta a nuestro favor, claro que, metodológicamente algunas mejores y otras peores, son instrumentos políticos y se utilizan para crear opinión, ambientes de ánimo de bajón que impactan en un votante indeciso, quienes ya tienen los votos duros, que van por el Apruebo o por el Rechazo no son sensibles a las encuestas, Las encuestas han dado resultado muy incorrectos y también correctos en otras ocasiones, entonces digamos, son una moneda al aire, lo que no es una moneda al aire es que son utilizadas con fines ideológicos, políticos, y que en este momento las tenemos en contra. Es la primera vez que vamos a tener votación obligatoria y tantos factores que inciden que es posible que las encuestas nuevamente no den resultados certeros. Lo que sí sabemos, yo creo que por temperatura ambiente, es que no está para nada definido y no está ganado y que hay probablemente una leve ventaja del rechazo que es reversible con una muy buena campaña en estas dos semanas dándolo todo, porque claro, nos estamos jugando todo. Yo creo que vamos a ganar, que este último tiempo el rechazo ha ido cometiendo errores. Están confiados entonces están soltando la lengua y cuando la sueltan y dicen lo que piensan nos hacen campaña.

La Constitución. Un horizonte político para vivir mejor

¿Esta nueva Constitución es una plataforma que le da condiciones de posibilidad a las transformaciones postergados que necesita Chile?

Lo vemos al mismo tiempo como punto de partida, por lo menos para nuestro campo, el de la izquierda, los movimientos sociales y los feminismos. En el capítulo de Derecho Fundamental están condensadas décadas de lucha y si es tan robusto como está, es porque se acumuló mucho saber y propuestas. Quienes venimos del movimiento estudiantil, que nos formamos reclamando pero con los años nos vimos obligados no solo a reclamar sino también a pensar qué educación queríamos, por ejemplo, y así con todos los temas. Ya no es solo una demanda al Estado, es decir, qué queremos hacer, cómo queremos que sea la educación, cómo queremos que sea nuestra relación con el medio ambiente, qué queremos hacer con el agua, la vivienda, los derechos sexuales y reproductivos. Y esto aceleró, eso nos obligó a todas y a todos, a quienes veníamos de distintos movimientos, de las izquierdas, y esto se dio paralelamente también con el gobierno, con estar una parte también allí. Tenemos que decirle a Chile qué es lo que proponemos; hemos vivido reclamando, luchando contra la herencia de la dictadura y ahora tenemos en nuestras manos la herencia que le queremos dejar al país y la propuesta, entonces eso ha sido súper fuerte, rápido, muy condensado y para es desde esa perspectiva también un momento de llegada de tanta lucha acumulada y es a su vez, un punto de partida porque esto es un proyecto, esto es como el horizonte que proponemos al país, la brújula que queremos que nos que guíe en los próximos 30 o 40 años de nuestra historia, pero también, la posibilidad de mantener abierto un proceso; y por eso, sabemos que nos jugamos todo en este plebiscito.

Si se gana, se mantiene abierto un proceso de transformaciones sociales que ha sido súper costoso al pueblo chileno. Lo sabemos, octubre del 2019 fue por una parte, una cosa luminosa tremenda, maravillosa, de mucha fuerza y que fue la razón por la que este proceso se abrió; porque logró romper los cerrojos contra los que todos los movimientos anteriores chocamos. Si ganamos, ese camino sigue abierto. Va a ser difícil, va a haber que pelear mucho y los poderes fácticos se van a reagrupar, reorganizar y poner todas las dificultades, pero el respaldo popular crea ciertas condiciones para seguir avanzando y también para seguir desde el punto de vista de la conformación de fuerza social. Es fundamental ganar.

Los feminismos. Una pedagogía de la rebeldía

En este despliegue territorial que mencionas vemos, otra vez, a los feminismos muy al frente y con esa particularidad de tener un pie en la calle y otro en las instituciones. Por destacar, sólo el capítulo de Derechos Fundamentales, encontramos muchos de los debates contemporáneos y, en buena medida están relacionados con las luchas feministas. ¿Cómo ves este proceso y el rol de los feminismos y de las disidencias?

El feminismo ha hecho una pedagogía de la rebeldía en este país en estos últimos años, y no lo digo como para que suene lindo. Si vemos las primeras manifestaciones multitudinarias de este ciclo encabezadas por el feminismo en el 2016 contra la violencia machista, fue la primera vez que los números superaron lo que estábamos acostumbradas a ver; 100.000 personas reunidas en Santiago protestando contra un femicidio. En mayo del 2018 fue impresionante por su reverberación, por lo que pasó allí pero también por lo que provocó. Eran estudiantes peleando contra el abuso sexual de profesores y probablemente, si es que no a todas la inmensa mayoría, eso nos movilizó internamente. Qué mujer no ha vivido en algún momento de su vida, una situación de acoso, de abuso, de violencia, entonces fue un movimiento que logró instalarse en el espacio público, hacer pública una realidad y que se hablara de una realidad tan dura que nadie lo podía negar. Esto provocó un remezón interno en muchas mujeres, y por qué no también en muchos hombres, fue una cuestión súper potente porque era un movimiento callejero, político, del espacio público y era también una cuestión que seguía trabajando en la conciencia y ayudaba a elaborar la experiencia de muchas mujeres y también a entender que había algo más que la posición de víctimas; era la posición de salir a protestar, salir a la calle y dar un paso más allá. Y esa cuestión yo la llamaría pedagogía de la rebeldía, una pedagogía de la rebelión, porque antecedió la revuelta popular inmediatamente. El 8 de marzo del 2019 fue, hasta ese momento, lo que conocíamos como la manifestación más grande de la era democrática; 500 mil mujeres en marzo del 2019. Marzo del 2020, antes de que nos encerráramos por la pandemia, 2 millones de mujeres solo en las calles de Santiago que es una ciudad que debe tener 6 millones de mujeres. Yo creo que en eso el feminismo ha crecido mucho, es un movimiento y son organizaciones pero también es como una corriente cultural que aúna, que condensa aspiraciones de amplia mayorías de mujeres en este país. Una vida sin violencia, que no te paguen menos en tu trabajo por ser mujer, que no tengas que asumir toda la carga de trabajo doméstico y de cuidado por ser mujer, que no tengas que interrumpir tu proyecto de vida por ser mujer y tener que cuidar a otros porque nadie más lo hace y te toca por ser mujer. Y eso lo representa el feminismo y eso es una potencia enorme porque es muy amplio.

Las mujeres y las feministas fuimos fundamentales en que no ganara José Antonio Kast, eso hay que decirlo, es matemático, ya tenemos los datos para afirmarlo matemáticamente. Las mujeres junto a la juventud popular. Más o menos en Colombia pasó lo mismo, de que ganara una alternativa de izquierda o progresista y que no avanzara la ultraderecha, que avanzó bastante, no hay que negarlo, o sea, un 45% para una alternativa como José Antonio Kast es brutal, pero la franja de contención de ese avance y, lo decimos como en chiste, pero las feministas y las mujeres salvamos al país de la ultraderecha. Ahora es lo mismo, el tema es mirar la cuestión en su complejidad. Los estudios que se han hecho digamos indican que una parte de la franja que está dudosa y que podría transitar al rechazo habiendo votado por Gabriel Boric, habiendo votado Apruebo en el primer plebiscito, son precisamente las mujeres. Y veo dos elementos: uno, que los temores que ha metido la derecha afectan muy directamente a las mujeres, el tema de la casa propia en un país que está conformado por muchas familias cuyas jefas de familia son mujeres y muchas veces son mujeres que crían solas y que tienen que sacar solas adelante a su familia. Entonces que te toquen esa fibra, te toca a las mujeres populares que son una mayoría de mujeres en el país.

Entonces sí, los feminismos han sido cruciales en este ciclo político, han despertado o han contribuido enormemente a despertar a la sociedad chilena en su conjunto, a las mujeres pero no solo las mujeres, ha sido una pedagogía de la rebeldía sin la cual no podemos explicarnos todo lo que ha ocurrido y fue fundamental y lo puedes ver en el texto (de la Constitución) el paso adelante que dio el movimiento feminista, sobre todos los sectores autónomos del movimiento feminista, de dar esta disputa. Cuando organizaciones de movimientos sociales y movimientos feministas toman la decisión de entrar a la disputada institucional y de ser parte de la Convención Constitucional, ahí hay una decisión y sus consecuencias y lo acertado que eso fue, lo vemos en este texto, es un texto que está atravesado por el feminismo y eso ocurre porque las compañeras estuvieron ahí, sentadas en esa sala peleando instalando estas demandas y ahí vemos lo que pasa cuando las feministas entran a las instituciones, con todas las contradicciones que eso tiene, con todos los problemas que eso genera, debates, etcétera, que vamos a tener siempre pero el resultado que tenemos es porque estuvimos ahí y se trabajó mucho.

Propuesta para la nueva Constitución Política de la República de Chile para descargar

Foto: Ailen Díaz Escobar @ailendiaze

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• Por Susanna de Guio

“Si se sigue impulsando el hidrógeno verde de esta manera en Magallanes, esto va a chocar de frente con la conflictividad socioambiental y con la judicialización”. Así resume lo que está ocurriendo en la región más austral del mundo Diego Luna Quevedo, especialista en política y gobernanza de la ONG Manomet, que tiene un programa de conservación de aves playeras migratorias en Tierra del Fuego.

Junto con otras organizaciones ambientalistas, académicos y activistas, enviaron una carta abierta al presidente Gabriel Boric el pasado 7 de julio, manifestando su profunda preocupación por la inminente instalación de la industria de hidrógeno verde en la región. “No nos oponemos a esa tecnología y nos parece necesario promover la descarbonización”, explica Luna Quevedo, “pero aquí en Magallanes, como también en Antofagasta, las decisiones se han tomado desde un nivel central, de manera vertical, sin participación local, sin ordenamiento territorial y sin evaluación ambiental estratégica”.

La preocupación inicial que llevó a Luna Quevedo a mirar los mapas de las plantas de hidrógeno verde se relacionaba a la ruta migratoria de las aves, que pueden verse condicionadas por los aerogeneradores que esos proyectos requieren. “Nos dimos cuenta que los emplazamientos tentativos de los parques eólicos están sobre áreas que son críticas para especies de aves que están en peligro de extinción, como el cauquén colorado o el chorlo de Magallanes”, alerta con fuerza. Pero inmediatamente sigue: “Más allá de las aves, vimos rápidamente que el problema es más estructural, este gobierno ha hablado de transición energética justa y, muy por el contrario, lo que está haciendo hoy es perpetuar un modelo injusto, donde quienes pagan los costos son las comunidades y los territorios.”

¿Cuáles son estos costos? En los últimos dos años se difundió la idea de que Chile podría transformarse en líder mundial en hidrógeno verde, con una industria que llegue a “satisfacer el 13% de la demanda mundial”, así como lo declaró el mismo presidente Boric en la Cumbre de las Américas y también en su primera cuenta pública a principio de junio.

La carta abierta señala que ese 13% representa 126 gigawatts de energía renovable necesaria para alimentar la electrólisis – el proceso de separación del hidrógeno del agua-, y corresponde a 31 veces la capacidad instalada actualmente en todo Chile (alrededor de 4 gigawatts).

“Este discurso no tiene ni un asidero territorial, técnico, social”, explica de nuevo Luna Quevedo, “hemos detectado preocupantes inconsistencias tanto narrativas como en la acción del gobierno: se está avanzando e impulsando una industria que es gigantesca sin tener las mínimas condiciones regulatorias habilitadoras”.

Las normas y los reglamentos tienen procedimientos que no son rápidos, explica Maria José Reveco, jefa de División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía. “Claramente vamos más lento que la industria, cómo pasó con las renovables hace unos años atrás – admite, – por más que queramos anticiparnos, las cosas ya están sucediendo y estamos corriendo atrás de la pelota, pero la expectativa del gobierno es no avanzar de forma apresurada”.

Ya hace varios años existe una división de participación y diálogo para enfrentar las problemáticas que surgen, y este gobierno decidió impulsar un comité interministerial, “para actualizar la estrategia del hidrógeno verde de aquí a fin de año e incluir los elementos que estaban poco desarrollados y faltantes”, agrega Reveco. El enfoque principal sería evitar que esa gran industria sea solo para la exportación, sino que ayude también a la descarbonización de la economía chilena.

Un tsunami de inversiones, miles de molinos

“No son proyectos, hay que empezar a llamarlos megaproyectos”, señala Humberto Vidal, director del Centro de Recursos Energéticos (CERE) de la Universidad de Magallanes, institución que ya firmó un convenio de colaboración con High Innovative Fuel (HIF), filial de Andes Mining & Energy (AME), que además de la italiana Enel Green Power, cuenta con la alianza de ENAP, el apoyo económico del gobierno alemán, así como de las compañías germanas Siemens y Porsche. Se trata del primer consorcio que se está instalando en el territorio, con una planta piloto ya construida sobre la ruta 9 norte, a unos 40 kilómetros de Punta Arenas.

“Se produce una preocupación por el tamaño”, explica Vidal, “porque en estos proyectos todo es más grande: entonces también el manejo de la salmuera va a requerir una solución más grande, el manejo de los parques eólicos va a requerir soluciones que hoy día derechamente no están”, y señala “el tremendo desafío del estudio de impacto ambiental, de cómo presentar proyectos tan grandes sin fraccionarlos y sin que produzcan impactos ambientales”.

Efectivamente, de los tres proyectos aprobados en Magallanes, ninguno ha superado todavía la etapa de la Evaluación de Impacto Ambiental, donde recién se conocen públicamente el avance y los detalles técnicos de las propuestas.

Lo que ya se sabe, sin embargo, es que el proyecto HIF tendrá dos etapas comerciales después del piloto, y los parques eólicos para alimentar los electrolizadores llegarán a una potencia de 2,5 gigawatts. Suponiendo que se usarían turbinas de 9 megawatts, que tienen cada una el tamaño de la Torre Eiffel, el paisaje de Magallanes estará dibujado por 277 estructuras con el porte del ícono de París.

A esto habrá que agregarle los aerogeneradores de otro proyecto donde los 2 gigawatts de potencia instalada representan solamente la primera etapa, pero apuntan a generar 5 veces más. Se trata de la propuesta de la petrolera francesa Total Eren, dedicada a la producción de amoniaco, materia prima para la producción de fertilizantes, explosivos, y muy intensamente utilizado en la industria minera.

El último de los tres proyectos que hasta ahora tuvieron el visto bueno para instalarse en la región de Magallanes se llama HNH y es guiado por la empresa conjunta Power-to-X con su socio Ökowind y el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Aquí se prevé incluso la construcción de un puerto propio para facilitar las exportaciones de amoníaco, además de otro parque eólico con una capacidad instalada de unos 1,7 gigawatts para poner en función la planta de electrólisis.

“En la mesa tenemos sentados no 3, sino 13 empresas y consorcios que ya tienen contratos acá, que ya tienen acuerdos con las haciendas y las estancias donde se van a instalar”.Jorge Flies, gobernador de MagallanesTuit

“Se trata de varios miles de molinos eólicos y decenas de hidrolizadores”, asegura el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, ya intendente de la región entre 2014 y 2018, durante el segundo gobierno de Bachelet, y al cual también está dirigida la carta abierta firmada por decenas de grupos ambientalistas, académicos y ciudadanos. Flies habla de “un tsunami de inversiones” y asegura que, además de los proyectos ya aprobados, “en la mesa tenemos sentados no tres, sino trece empresas y consorcios que ya tienen contratos acá, que ya tienen acuerdos con las haciendas y las estancias donde se van a instalar”.

Magallanes, un enorme laboratorio

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, electo en 2016 con el pacto Chile Vamos, coincide con el gobernador en asegurar que Magallanes tiene una tremenda oportunidad para cambiar su matriz energética, fomentar un nuevo desarrollo productivo y contribuir a mitigar los efectos de la crisis climática actual. Para él, colaborar en esta tarea mundial es un imperativo moral y para eso Punta Arenas se transformaría en la capital del hidrógeno verde a nivel mundial.

“Nuestra ciudad de servicios, además del turismo, la asistencia a los centros de investigación en la Antártida y el puerto comercial, se desarrollará en torno a la industria del hidrógeno, recibirá muchos trabajadores de afuera y luego se podrán formar aquí profesionales especializados que hoy no están”.

Al mismo tiempo, sin embargo, recuerda que “el hidrógeno es una apuesta de futuro, todavía requiere un desarrollo para abaratar los costos de producción, hoy no es un buen negocio para nadie, las empresas están en una fase de investigación y estudio, al final esto es una especie de laboratorio gigante al aire libre”.

El gobernador también sabe que se trata de un cambio estructural para el territorio y evidencia la altísima responsabilidad que esto conlleva. “Nos interesa que no pase lo mismo que con el cobre, en el norte, donde hay ciudades dormitorios y gente viviendo en cuadrillas, por sistemas de turno”, afirma, y al mismo tiempo evidencia que “no es el momento de poner una cortapisa e imponer límites, sino de establecer una relación de confianza con estas empresas”.

Mientras tanto, entre los primeros cambios que ya se observan, la fiebre del hidrógeno estaría elevando la demanda de terrenos y los precios se están disparando en Magallanes. Además, para favorecer las inversiones, en noviembre de 2021 los ministerios de Bienes Nacionales y de Energía anunciaron una iniciativa para conceder terrenos fiscales durante 40 años a las propuestas de producción de hidrógeno verde con un mínimo de 20 megawatts de capacidad de electrolizadores. Si bien la asignación de estos terrenos normalmente se hace a través de concursos públicos, en este caso se ha gestionado de forma directa, según lo declarado por las instituciones.

En la misma línea, en diciembre de 2021 la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) asignó un fondo de 50 millones de dólares repartidos entre seis proyectos de hidrógeno verde en distintos puntos del país. Entre ellos, Enel Green Power se adjudicó el mayor monto, 16,9 millones, para el proyecto Faro del Sur en Magallanes, dedicado a la producción de hidrógeno verde para HIF, que lo utiliza para hacer eFuels y exportarlos.

“Es preocupante que el ministerio esté destinando terrenos fiscales a cero costo para esos proyectos, son medidas arbitrarias”, afirma Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). La Patagonia es considerada un refugio climático por su capacidad de albergar y proteger la biodiversidad frente al cambio climático, es rica en parques nacionales, áreas protegidas y tierras fiscales con poca intervención humana, además de ser la cuna de los últimos grandes descubrimientos paleontológicos, que han sacado a la luz nuevas especies de dinosaurios hasta ahora desconocidas.

“Nos hablan de transición energética pero no es una transición para nosotros, es para la economía global, para que los países del norte, de Europa, respeten sus cuotas de reducción de emisiones ante los convenios internacionales. En estos cálculos no cuentan los impactos que dejan en nuestro territorio”, explica Cuenca.

Según lo que declararon las empresas que buscan establecerse en Magallanes, el hidrógeno verde que será producido por ahora está enteramente destinado a la exportación. Por otro lado, el Estado chileno, que está apoyando activamente la inversión extranjera, no se ha encargado de hacer consultas públicas en el territorio ni de destinar fondos para buscar soluciones, tomar medidas o incluso mitigar las consecuencias que implicaría hospedar un polo de desarrollo energético de importancia mundial.

“Nos hablan de transición energética pero no es una transición para nosotros, es para la economía global, para que los países del norte, de Europa, respeten sus cuotas de reducción de emisiones ante los convenios internacionales”.Lucio Cuenca, director de OLCATuit

“Hay conversaciones con muchos bancos internacionales que están interesados en entregar recursos para el desarrollo de estos proyectos, poniendo garantías”, afirma Reveco, “los estándares que exigen para utilizar estos fondos son muy estrictos”, asegura, pero todavía “estos acuerdos están abiertos, hay demasiadas variables y mucha incertidumbre en la producción, en la tecnología, en el mercado del hidrógeno, las certificaciones”.

Lo que se queda en Chile

Los miles de kilómetros cuadrados que ocuparían los parques eólicos y las plantas de producción del hidrógeno y sus derivados son solo uno de los problemas no resueltos en el despliegue de esta nueva industria. Los mismos desarrolladores están todavía buscando soluciones técnicas para las grandes cantidades de agua desmineralizada que se requieren para la electrólisis: una estimación de referencia en el mundo científico es de nueve toneladas para producir una tonelada de hidrógeno.

Por esta razón, y considerando los severos problemas de sequía y escasez hídrica que golpean a Chile, en Magallanes se utilizará el agua de mar, la más abundante, pero aún no está claro qué pasará con los residuos de la desalinización. Un estudio publicado en 2019 reveló que, por cada litro de agua desalinizada, se produce un litro y medio de salmuera. Solo el proyecto Faro del Sur estima usar 250 mil metros cúbicos por año de agua desmineralizada, según informa Enel Green Power. Esto significa 375 mil metros cúbicos de salmuera, un poco más que 110 piscinas olímpicas.

Por más que HIF haya declarado que no devolverá la sal al mar, la idea de llevarla al estado sólido y comercializarla es una solución parcial: la capacidad instalada de los electrolizadores crece de 9 veces en la segunda fase comercial, y no estamos contabilizando la planta de Total, la iniciativa HNH, ni los otros 13 proyectos que están en la lista de espera.

Si el objetivo fuera la transición energética, las soluciones en realidad ya existen y su viabilidad técnica está demostrada, según explica Juan Osorio, investigador del proyecto multidisciplinar Invent UACh de la Universidad Austral de Chile. “Existe la posibilidad de descentralizar las plantas de producción de hidrógeno para ubicarlas cerca de los grandes centros de consumo, como las ciudades, teniendo en cuenta que las zonas urbanas utilizan el 70% de la energía mundial”. En cambio, los desarrolladores que se instalarán en Magallanes no apuntan a utilizar el hidrógeno como vector energético, sino a producir combustibles derivados del hidrógeno, tales como gasolinas o amoniaco, más fáciles y baratos de transportar afuera de Chile en grandes navíos que, para agregar otra contradicción, cruzan los océanos alimentados con combustibles fósiles.

El uso del hidrógeno verde como fuente energética en contexto urbano tendría, en cambio, muchas ventajas: no sería necesario procesarlo ni transportarlo, “puede almacenarse durante más tiempo que las baterías y se presta a diferentes usos”, detalla Osorio, pero sobre todo “lo interesante es que los propios ciudadanos podrían controlar la cadena de producción para su consumo local y sería posible descarbonizar desde dentro hacia fuera, es decir, primero en territorio chileno y luego exportando el modelo desarrollado y no sólo el hidrógeno como producto”.

Una vez más, resulta claro que el problema no es la tecnología que se usa, sino el modelo. Lo expresa de forma similar también Elisa Giustinianovich, ingeniera química originaria de Punta Arenas, quien participó en la escritura de la propuesta de nueva Constitución como representante de la Coordinadora Social de Magallanes. Actualmente, trabaja en temas de sustentabilidad en CERE de la Universidad de Magallanes.

“Tenemos que cambiar nuestra matriz energética, pero también la productiva, de lo contrario en un par de generaciones la vida será insostenible, estamos cavando nuestra propia tumba”, afirma con amarga ironía. “Nadie le dijo que ‘no’ al hidrógeno verde – aclara –, pero tenemos que pensar bien cómo llegamos, si lo hacemos abriendo las puertas a las empresas transnacionales que vienen con proyectos e inversiones orientadas a la exportación, o si pensamos en esta transición a escala humana, con soluciones que vengan desde el territorio chileno, impulsadas por nuestro sistema estatal, con una estrategia integral, a largo plazo, con un enfoque de ahorro y eficiencia energética”.

“En el gobierno actual existe la preocupación por los impactos ambientales, de ocupación territorial, del uso del agua, y del impacto sobre las comunidades (…) no hay por qué renunciar a las expectativas del potencial que tiene Chile en la producción de hidrógeno”.María José Reveco, Ministerio de EnergíaTuit

Su visión es acorde también con aquella expresada en la carta abierta a Boric, quien, sin embargo, a un mes de su publicación, no ha dado todavía ninguna respuesta ni declaración al respecto. “Es una señal que nos decepciona”, concluye Luna Quevedo, “considerando que el presidente es magallánico, y esperamos que tuviera una sensibilidad a los riesgos que señalamos por conocer bien la región”.

Desde el Ministerio de Energía, Reveco sostiene en cambio que “en el gobierno actual existe la preocupación por los impactos ambientales, de ocupación territorial, del uso del agua, y del impacto sobre las comunidades” y por esto “no hay por qué renunciar a las expectativas del potencial que tiene Chile en la producción de hidrógeno, a confiar en la estrategia que desarrolló el gobierno anterior y que ha sido reafirmada por entidades externas”.

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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Por Andrés Kogan Valderrama

Revisando tanto el trabajo realizado por la Convención Constitucional como el borrador presentado con todas las normas aprobadas (1), se hace imposible no preguntarse sobre qué tan participativo o no ha sido este proceso constituyente, el cual tiene a Chile en un momento político inédito, que marcará los caminos del país en las próximas décadas.

A primera vista, en lo que refiere a su origen, se hace bastante evidente la legitimidad democrática de este proceso constituyente, por sobre otros procesos políticos de cambio constitucional en Chile, en donde un pequeño grupo de juristas o expertos, sostenido por gobiernos autoritarios, escribieron de manera antidemocrática las últimas constituciones que ha tenido el país (1833, 1925 y 1980).

En lo que respecta a la composición de la Convención Constitucional, también es destacable, por sobre otros procesos constituyentes a nivel mundial, la presencia de escaños reservados para pueblos indígenas, la paridad de género y la presencia de distintas listas de independientes, lo que lo hace ser un espacio de participación muy plural internamente y no compuestos solamente por partidos políticos.

Sobre mecanismos participativos para el funcionamiento de la Convención Constitucional, se generaron distintas instancias para acercar a la ciudadanía a este nuevo órgano, destacando las iniciativas de norma constitucional, encuentros autoconvocados, audiencias públicas obligatorias, cuenta popular constituyente, jornadas nacionales de deliberación, foros deliberativos, cabildos comunales, consulta indígena y un plebiscito dirimente intermedio (2).

En consecuencia, se vuelve innegable lo participativo y diverso que ha sido el proceso de trabajo de la Convención, lo que es acompañado por múltiples normas en el borrador constitucional, centradas en la construcción de una democracia participativa, la cual ha sido negada históricamente en Chile, por sectores que nunca creyeron en el pueblo que dicen representar.  

Es el caso de la iniciativa popular de ley, iniciativa de derogación de ley, mecanismos de democracia directa regional, plebiscitos regionales o comunales, audiencias públicas, referéndum popular de reforma constitucional y reemplazo total de la constitución a través de una asamblea constituyente, las cuales estarán presentes y disponibles para la ciudadanía.

De ahí que esta nueva constitución, en el caso de que sea aprobada el 4 de septiembre, nos entregará herramientas reales de participación ciudadana, las cuales nos permitirán hacernos parte de la discusión y en la toma de decisiones futuras, en distintas temáticas que consideremos importantes, que van desde la salud, educación, la crisis climática, la descentralización, la interculturalidad, el modelo económico, entre otras.

Además, son herramientas democráticas presentes en una larga lista de constituciones de países en el mundo, como es el caso de la iniciativa popular de ley, la cual pone a Chile prácticamente como el único país de la región sin tenerla, dejando al descubierto el carácter autoritario y antidemocrático de las cartas fundamentales que se han impuesto (3).

Ante esto, llega a ser bastante curioso, que quienes critican al proceso en curso, llevado por la Convención Constitucional todos estos meses, por ser supuestamente un órgano no dialogante, omitan la experiencia internacional y todas las instancias, mecanismos y normas sobre participación existentes en el borrador constitucional.   

Al parecer, nos han mal acostumbrado en Chile a esa falta de participación, al estar insertos en una democracia de baja intensidad, de mercado, subordinada a grandes grupos económicos, los cuales no han tenido ningún contrapeso ciudadano de manera institucional y han instalado su propia agenda política.

Por lo mismo, se vuelve tan importante aprobar la nueva constitución el próximo 4 de septiembre, ya que nos permitirá dejar atrás un Estado subsidiario y capturado por unos pocos solamente, para dar paso a un nuevo Estado (social de derecho, paritario, regional, plurinacional y ecológico), que se abra a una democracia participativa que desconcentre el poder y ciudadanice la política.

No verlo así, es seguir desconfiando de la sociedad chilena, por su supuesta falta de capacidad, como si un grupo de iluminados debiera siempre decidirlo todo, a través solamente de una democracia representativa, la cual se ha visto que es completamente insuficiente para los grandes desafíos que tenemos como país.

Chile tiene una oportunidad histórica con la nueva constitución que se presentará próximamente, por lo que desaprovecharla, rechazándola, por temor al cambio, nos cerrará la posibilidad de construir un país entre todas y todos, abriendo seguramente un nuevo escenario, que permitirá que ciertos sectores políticos y económicos coapten el proceso político más participativo que hemos tenido como país.

1: https://www.youtube.com/watch?v=U8S5CQMwrT0

2: https://plataforma.chileconvencion.cl/

3: https://werkenrojo.cl/los-paises-en-que-existe-iniciativa-popular-de-ley/

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Por Andrés Kogan Valderrama

Uno de los puntos centrales y más controversiales de la discusión constituyente que se está dando en Chile, materializado en las normas aprobadas por el pleno de la Convención Constitucional, sin lugar a dudas tendría que mencionar la presencia del Estado Plurinacional en el borrador recién terminado de la nueva carta fundamental (1).

Al revisar las normas aprobadas y, partiendo del Artículo 1 que manifiesta: “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”. También se suman múltiples normas aprobadas sobre los pueblos originarios (Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam), referidas al reconocimiento, preexistencia, libre determinación y autonomía, derecho a instituciones, jurisdicciones, autoridades y justicia propia, derecho a participación, derechos culturales, derecho a la igualdad y no discriminación, derechos territoriales, plurilingüismo, escaños reservados.

De ahí la importancia de la plurinacionalidad en la nueva constitución, la cual de aprobarse el próximo 4 de septiembre, será el punto de partida de un profundo proceso político de desconcentración del poder y de descolonización, en el amplio sentido de la palabra, sentando las bases de un nuevo Estado en el país, el cual tendrá que hacerse cargo de una realidad diversa, que por siglos quiso negar y borrar a como dé lugar. 

Por lo mismo, no hay que sorprenderse de la furiosa reacción nacionalista y racista,  de no solo sectores de derecha, que lo ven como “anti patriotico” y que podría generar “independentismos indígenas” e incluso una  guerra civil como se supo decir. Sino también, desde ciertas izquierdas, que quisieran que el Estado siguiera negando la plurinacionalidad o en el mejor de los casos, que realice un mero reconocimiento pluricultural, pero sin considerar a los pueblos originarios como sujetos políticos.

No obstante, lo que sí debiera preocuparnos, a dos meses de que se entregue el texto constitucional final, luego de pasar por las comisiones de preámbulo, armonización y normas transitorias, es la amplia oposición que ha generado la idea de un Estado Plurinacional, lo que lo hace ser de los puntos que más estarían afectando el aumento de personas por el  rechazo de la nueva constitución, según varias encuestas.

Frente a esto, al ver este aumento del rechazo, otra estrategia que se intenta proponer es el dejar a un lado la plurinacionalidad en los meses que quedan de difusión de las normas y campaña por el apruebo, y centrarse en las normas vinculadas a los derechos sociales (derecho a la salud, educación, vivienda, pensiones), las cuales tienen una alta aprobación en general y fueron demandas más explícitas durante la revuelta.  

El problema de aquella estrategia, aparte de ser poco ética y sin convicciones, es que subestima al votante, como si no se pudiera dar cuenta por sí solo de la importancia que tiene la plurinacionalidad en el texto constitucional, y fuera fácilmente esconder algo tan estructural e histórico como aquello,  que tendrá que ser abordado inevitablemente en las normas transitorias y en las nuevas leyes, en el caso de que se apruebe la nueva constitución.

Por el contrario, lo que se debería hacer, es plantear la plurinacionalidad desde una mirada mucho más amplia, relacional y no centrada únicamente en los pueblos originarios, ya que lo que apunta finalmente es generar un nuevo marco de convivencia entre distintas naciones o un nuevo pacto político  ciudadano.

Por eso que es tan importante transmitir un discurso sobre la plurinacionalidad que apunte al igual que los derechos sociales, como puntos de encuentro, dignidad y de mayor democracia en el país, ya que han aparecido planteamientos conservadores, funcionales al discurso del rechazo y del miedo, que han planteado una oposición ficticia entre la agenda social y la agenda plurinacional.

En otras palabras, las incertidumbres y los temores de los chilenos, que ven a la plurinacionalidad como una amenaza, muy bien aprovechados por los sectores conservadores del país, se tiene que enfrentar no sólo planteando la necesidad de una reparación histórica y de reconocimiento de parte del Estado de Chile a los pueblos indígenas, sino mostrando también que mantener la uninacionalidad solo generará más conflictos, fanatismos, violencia y odio, al negar una diversidad que siempre ha estado y que seguirá, más allá de que esté o no en la constitución.  

En consecuencia, impulsar una idea de plurinacionalidad para todxs, puede ayudar a dejar fuera  completamente la idea de que la plurinacionalidad es una mera demanda particularista, específica, separatista y etnocéntrica  de ciertos grupos, que ven a los chilenos como unos enemigos, sino una propuesta de futuro que nos hace responsables frente al otro, al vivir en sociedad.

Por lo demás, los derechos indígenas y la plurinacionalidad no es una excentricidad que se le ocurrió a un grupo de constituyentes chilenos, sino que se ha trabajado ampliamente en una larga lista de países muy distintos unos a otros, como lo son Canadá, Colombia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suiza, Bolivia, Ecuador y muchos otros.

Además de estar en completa sintonía con lo suscrito por Chile a nivel internacional,  como lo son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

No aceptar esa realidad internacional en Derechos Humanos, luego de conocer esa situación, es simplemente insistir con un nacionalismo estatal añejo del siglo XIX, que a diferencia de la plurinacionalidad que se propone para un nuevo Chile, sí es totalmente particularista, ya que busca imponer finalmente un orden específico, definido por un pequeño grupo de elite, que construyó una idea de chilenidad excluyente desde el Estado, solo para concentrar el poder y la riqueza.

1:https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22-1.pdf

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Por Redacción Marcha y BiodiversidadLa (*) | Ilustración: Ximena Astudillo

El 4 de julio de 2021 se realizó la sesión inaugural de la Convención Constituyente, paritaria y plurinacional. Un hito que se dio a un año y nueve meses de la rebelión popular que inició en octubre de 2019 y que evidenció la agresión contra la vida y la pérdida de legitimidad del sistema político que sostiene en ese país el capitalismo neoliberal extractivista. Desde entonces, la renovación adquirió el rostro de nuevos liderazgos populares, quienes asumieron la responsabilidad de redactar la Constitución del nuevo Chile: estudiantes secundarias, feministas y movimiento LGBTIQ+, referentes de organizaciones críticas de los partidos que gobernaron los últimos 30 años y Defensoras socioambientales y de DDHH.

Ese día asumieron 155 representantes, 17 integrantes de pueblos naciones originarias. Los y las constituyentes fueron electas mediante el voto popular conformando el órgano que definirá las bases de una nueva convivencia. Una Asamblea que eligió como primera presidenta a la autoridad y constituyente mapuche, Elisa Loncon Antileo, y que propone reformas integrales para la instalación de un Estado que reconozca y garantice derechos.

Manuela Royo Letelier es historiadora, abogada y docente, política feminista y militante socioambiental, es defensora de los derechos de quienes habitan el territorio del Wallmapu, en la Araucanía, y trabajó fuertemente en esa región por la vida del río Cautín. Dentro de la Convención Constitucional, el órgano encargado de redactar la nueva Constitución de los pueblos de Chile, es coordinadora de la Comisión de derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición. Desde allí, propone construir un nuevo acuerdo social que supere el modelo neoliberal. Una Constitución que, como dice en sus discursos, “esté llena de cultura, vida, colores, música afro y saberes ancestrales”.

Carolina Vilches Fuenzalida es geógrafa, también es convencional constituyente y vocera del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA). Fundadora de la primera Oficina Municipal de Asuntos Hídricos de Chile, se define como hidrofeminista, que define a las mujeres privadas de agua y cómo responden a mayores autonomías hídricas para recuperar el agua y los saberes ancestrales. Cree que la nueva Constitución debe hacer que el Estado se comprometa a proteger el agua, los bienes naturales, y los declare bienes naturales comunes y colectivos. Además, piensa que poner a la naturaleza en el centro es profundizar la democracia.

Con ellas dialogamos para acercarnos al Chile que camina con la dignidad como destino.

¿Se considera una Defensora de los derechos de la naturaleza, la tierra, las aguas? ¿De dónde es y cuál es el territorio por el que lucha?

Carolina Vilches Fuenzalida (C.V.F.): Claro que sí, me considero Defensora de la vida digna a partir de defender las aguas en el valle de la provincia de Petorca, que habito y he defendido por más de una década.

Manuela Royo Letelier (M.R.L.): Más que una Defensora, me considero una integrante más dentro de un movimiento por la defensa del agua, la tierra, el medioambiente que es el MODATIMA. Soy una más de muchas mujeres que históricamente han luchado por la protección de la naturaleza, los bosques, los ríos y soy también una más dentro de todas las mujeres que consideramos que la lucha por el agua, la recuperación de los ecosistemas y los espacios de reproducción de la vida como son los bosques, los ríos y la tierra es también una lucha feminista.

¿Qué rol juegan los feminismos y la lucha socioambiental en el proceso de esta nueva Constitución? 

C.V.F.: Creo que el ecofeminismo nos permite concientizar la función vital de las aguas relacionando el cuidado de la vida, las personas, la naturaleza a partir del uso de las aguas a las que asociamos nuestra defensa de la vida las mujeres en el movimiento socioambiental por el acceso al agua, la tierra y la protección de los ecosistemas.

Somos mujeres organizadas protegiendo el hábitat, protegiendo la comunidad de agua potable rural, esas mujeres somos las que hoy nos volcamos a las vocerías indignadas y propositivas. Tenemos la convicción de superar la realidad que hoy nos toca enfrentar, vivir en esquemas de dominación, sometimiento y maltrato con la naturaleza, mujeres, disidencias, y que bien sabemos se aborda desde el ecofeminismo, conjuntamente con la ecología política, debemos sacar la voz por la vida, todas las formas de vida, incluyendo la naturaleza, lo que permitirá lograr entornos seguros y libres de violencia.

¿Por qué es necesario descentralizar el poder político y económico? ¿Qué beneficios trae esta iniciativa y cuáles son los principales obstáculos que podrían poner en riesgo su tratamiento y aprobación?

M.R.L.: Es importante descentralizar el poder político y económico porque las decisiones, cuando se toman desde la centralidad, habitualmente son desde sectores urbanos, alejados de las comunidades rurales y de la naturaleza. Muchas veces, el centralismo perpetúa las decisiones y las visiones de los sectores de la élite de la sociedad, de quienes históricamente han reproducido estos patrones de dominación; por lo tanto, el centralismo es la concentración del poder.

Creemos en la redistribución del poder, en la democratización de los espacios y por lo tanto también, en la territorialización de las decisiones. La descentralización trae como beneficios el rescate de conocimientos que son situados en la toma de decisiones políticas en base de las comunidades, en base a una perspectiva y enfoque ecosistémico. Los principales obstáculos obviamente son el centralismo, la concentración del poder y la inercia de un modelo que está diseñado para la acumulación del poder en pocas personas.

¿Encuentra experiencias de lucha afines en América Latina con relación a las luchas que están dando los pueblos de la región? ¿Se identifica en la lucha de otras Defensoras de las tierras, las aguas y los territorios comunitarios? 

C.V.F.: Claro que sí, compartimos con la región de América Latina la necesidad de descolonizar y terminar con el patriarcado feudal que arrastramos desde tiempos de invasión y colonia. Compartimos también la problemática hídrica y la necesidad de proteger las aguas para el ejercicio de los derechos humanos ante el brutal extractivismo neoliberal que nos ha secado y saqueado las aguas. Me identifico con las luchas de los pueblos andinos por el reconocimiento del Buen Vivir, bien común y respeto de los ciclos de la madre tierra naturaleza. Domitila Barrios, Berta Cáceres, etc.

M.R.: Si, por supuesto, tenemos grandes ejemplos de mujeres como Berta Cáceres que luchó por los ríos de su pueblo. Hay mujeres que se encuentran luchando en todo el mundo, por la recuperación y la protección de las aguas, los ríos, la vida porque históricamente hemos sido nosotras las que asumimos los roles de cuidado para los que se necesita agua para criar, cocinar, sembrar; y entonces, nos identificamos unas con otras. Sabemos que estamos en las mismas luchas, cada una con sus especificidades; y aunque las luchas de las mujeres indígenas, negras, rurales no son las mismas que las de las mujeres de la ciudades, sí la lucha por la tierra y el agua es una lucha que nos une a todas y es característica de los nuevos tiempos la protección de la semilla, del agua, de los bosques y también nos une en un trabajo comunitario, de nuevas formas de relacionarnos con la tierra y entre nosotras; por eso nos identificamos en esta defensa.

Esta entrevista hace parte de la serie  “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de  Marcha Noticias y  Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La entrevista fue realizada por Laura Salomé Canteros en el año 2022.

Edición: Laura Salomé Canteros y Nadia Fink.

Ilustración: Ximena Astudillo

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Por Jenny Durán* / Fotos: Gabriela Franchini

Durante estos días históricos, estuvimos presentes en Chile para dar apoyo al movimiento feminista, a todo el pueblo, al nuevo gabinete y al presidente Gabriel Boric. Vinimos como delegación no oficial, como articulación federal, agrupadas en Incidencia Feminista para acompañar el cambio de mando presidencial.

Somos militantes y activistas feministas que nos unimos en la experiencia de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que logró, a fuerza de convicción y organización, la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria de Embarazo en diciembre de 2020.

Sabemos de las luchas de los pueblos. De lo hermoso y lo siniestro que hemos vivido, de lo que nos pasa en Latinoamérica porque estamos hermandes en dolores y luchas. Por eso, nuestra misión desde ahora es articular con distintas organizaciones políticas y sociales, apoyar los cambios por más derechos, por la distribución de las riquezas, por la justicia social; y en esta ocasión, por la vida digna que chilenxs se merecen, por la educación libre y gratuita y por el derecho a decidir.

Tuvimos la oportunidad de participar de instancias de intercambio junto a delegaciones internacionales, de distintos movimientos políticos y sociales y partidos políticos de la región, España, Alemania y Estados Unidos junto a futuras ministras y ministros y también a representantes legislativos de distintas regiones que forman parte de la alianza de gobierno.

El Museo de la Memoria y Derechos Humanos que funciona desde 2010, fue el sitio donde nos recibieron por primera vez. En el salón auditorio unas cien personas, sillón por medio nos sentimos abrazadas. Escuchamos las palabras de apertura de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien expresó su ganas de continuar la articulación Latinoaméricana, pero “ya no desde lo defensivo. Sino para consolidar los avances”. También el Ministro de Educación Marco Antonio Ávila, con la metáfora “descreer para volver a creer”, ilustró la batalla cultural que se tiene por delante, tras décadas de neoliberalismo.

La primera diputada trans, Emilia Schneider celebró que “Chile se haya despertado de la borrachera autoritaria de la derecha”. También afirmó que “el desdén de las grandes potencias nos ha llevado a la crisis climática y a situaciones que hace peligrar la paz de los pueblos”. Mientras que bregó por una “Latinoamerica más unida”.

Las jóvenes diputadas Consuelo Veloso y Érica “Coca” Ñanco relataron su devenir militante y participativo para lograr un escaño legislativo. Teniendo en cuenta que la representatividad política siempre estuvo a cargo de una élite económica. Consuelo dijo que “este triunfo fue muy inesperado. Soy hija de una mujer trabajadora. Soy la primera mujer legisladora de mi región. Vinimos a dar vuelta la tortilla. Represento una clase que viene a tomar decisiones, algo que nunca pasó en Chile”. Recordó que “hay muy pocos que tienen derechos y la mayoría nos quedamos debajo de la fila”. Una frase que representa a los últimos de la mesa “Tenemos derecho a la dignidad”, agitó.

Erika “Coca” Ñanco nos conmovió contando que cuando ella era chica las niñas de 10 o 12 años quedaban embarazadas y ese era su único destino. Después de la rebelión, reconoce que las niñas pueden tener y desear otros proyectos de vida. “Si quieren pueden elegir ser madres pero también diputadas o presidentas”. También recordó la lucha por aborto legal en nuestro país y que la “marea verde” fue uno de los ingredientes que motivó a las feministas a organizarse en la revuelta de 2019.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue la elegida por las organizadoras para dar la palabra del lado de quienes fuimos invitades. Cada frase nos generó aprobación y aplauso: “Es admirable lo que ha logrado Chile. En el pleno Constituyente se ve la diversidad representada. El cambio de gobierno está cargada de esperanza, junto con Brasil y Colombia se unen a la trasformación democrática, ante una Europa envejecida y arrogante que tiene mucho que aprender.” Y cuestionó las estrategias de la derecha de negación de derechos y el lawfare al que los gobiernos progresistas son sujeto.

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La cercanía y las similitudes en nuestra historia, los caminos y lazos que nos unen con este Chile, sin dudas emergen en pérdidas y derrotas. Sabemos que la agenda por los derechos humanos y el que toda la región se vuelva feminista es un desafío para los gobiernos, pero principalmente para las redes y las articulaciones a otros niveles organizativos.
Este es un momento clave en la historia del progresismo mundial. Tenemos en nuestros cuerpos los hábitos de cuidado del fin de la pandemia pero los abrazos estuvieron a la orden del día.

También estuvimos en la Asamblea Constituyente, donde se votó en general a favor de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto libre. El texto del artículo 16 indica que “todas las personas son titulares de los derechos sexuales y reproductivos de manera libre autónoma e informada del propio cuerpo”. Allí estuvieron los gritos y abrazos en la explanada del edificio; con música electrónica y junto a los discursos de nuestras compañeras feministas chilenas de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, festejamos este paso tan esperado con pañuelazo y el “alerta” que llama a hacer a Latinoamérica toda feminista.

Con esperanza, encorazonadas y enamoradas de un Chile con perspectiva feminista y plurinacional, con la mixtura generacional que dibuja un futuro distinto para las izquierdas. Este presente nos provoca y nos impone nuevas batallas: cambiar la vida de cada une con igualdad real, que la institucionalidad de una Nueva Constitución, las expresiones de nuestras fuerzas políticas en tanto ecologistas, feministas, progresistas se concreten con más distribución e inclusión y no se transforme en incertidumbre en un corto o mediano plazo. Sino que este proyecto progresista en Latinoamérica traiga consigo un horizonte transformador y emancipador de largo aliento.

Nuestras anfitrionas nos recibieron con honestidad y fervor. Hay una renovación de esperanza pero son cautelosas en cuanto a los desafíos y a los poderes que enfrentan.

Durante el Encuentro Internacional Feminista “Macarena Valdés” que se realizó el sábado por la tarde, tuvimos la posibilidad de escuchar a Irene Montero, ministra de Igualdad de España; Minou Tavárez Mirabal, activista de República Domicana; a la ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana; a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Todas concluyeron en la necesidad de internacionalizar las luchas feministas y del movimiento de mujeres y diversidades. Visibilizar los apoyos y crear políticas de mayor reconocimiento, reparación e inclusión junto a la comunidad LGBTT.

También trazamos estrategias para avanzar en lo coyuntural como la posibilidad promover la trasversalidad -en lo táctico-, pero teniendo el horizonte de erradicar las desigualdades estructurales y materiales. Este encuentro en el cual confluimos activistas, militantes y personas personas en cargos de gestión demostró el carácter popular y participativo. Nuestro deseo es que sea el reflejo de la construcción del modelo de sociedad que pretendemos construir.

Lo dijo Boric en la asunción: “El pueblo de Chile es protagónico en este proceso. No estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes y quiero que sepan que no llegamos aquí para llenar cargos, solazarnos entre nosotros y para generar distancias inalcanzables”. Paso a paso en la Alameda se abren los caminos de un futuro con más dignidad. Para todas, todos, todes.

En Chile, una alianza de izquierdas con una nueva generación gobernante venció en las urnas y en las calles a la derecha. A pesar de las balas y del empecinamiento de los fascistas de dejar ciego a un pueblo entero. La esperanza venció al miedo, escribimos y repetimos emocionadas, parafraseando un discurso de Boric. Las calles torcieron y transformaron la idea de un Chile como el mejor alumno del neoliberalismo que hoy es un faro abriendo caminos para el mundo en la construcción de sociedades más justas y democráticas.

*Integrante de Incidencia Feminista

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