Por Silvana Castro* | Foto: Colectiva Fotografía a Pedal

Hoy estamos acá reunidos porque, a 50 años de los acontecimientos, los que sobrevivimos creemos que la memoria no es una pieza de museo, sino un acto de justicia urgente. Especialmente hoy, en un presente hostil, marcado por discursos negacionistas que pretenden borrar la historia, relativizar el terrorismo de Estado y sembrar la duda sobre el dolor de las víctimas. Frente a ese intento sistemático de vaciar el pasado, nuestras palabras son trincheras de verdad. Cada palabra que busca justificar los crímenes de la dictadura nos vuelve a poner en peligro.

Yo fui testigo de los apagones. Vivía en el pueblo de Ledesma, en Jujuy, con mis hermanos y mi papá, que era empleado de la fábrica. Los apagones de julio de 1976 fueron el comienzo de una cacería feroz. Hoy lo sabemos con total certeza y con pruebas judiciales contundentes: la empresa Ledesma no solo se benefició económicamente durante el gobierno militar, sino que fue cómplice activa. Aportó sus camiones y camionetas para trasladar a los secuestrados, la nafta para la logística del horror, sus propios edificios y, lo más perverso, proporcionó las listas negras con los nombres de los trabajadores, delegados y gremialistas para que fueran detenidos y desaparecidos.

En medio de ese infierno, yo era una estudiante secundaria de la Escuela Normal de Libertador General San Martín. Tenía 16 años y cursaba tercer año. Mi hermana Gabriela tenía 18. Las dos militábamos en el Partido Socialista de los Trabajadores. Teníamos, en realidad, muy poca conciencia de la dimensión real de lo que estaba sucediendo. Éramos adolescentes que creíamos en un mundo más justo.

Durante los apagones del terror, entraron a mi casa tres noches; ni siquiera habíamos terminado de ordenar el caos cuando volvían a entrar. Los apagones se sucedían cuando llegaba la noche. Irrumpían en los domicilios que estaban determinados, tenían una lista; personas en general de civil, armados, muchos venían pateando la puerta, gritando y buscando generar terror. Tiempo después, volvieron a allanar mi casa y me detuvieron. Me llevaron a 50 kilómetros de Ledesma, a la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde funcionó como centro clandestino de detención la Comisaría Número 9. Allí se torturó, se violó, se picaneó. En ese lugar estuvo secuestrado Víctor Jesús Segura, quien sigue desaparecido. Mi hermana Gabriela logró escapar a Buenos Aires con su pareja, Eduardo Oviedo Morales, de 21 años. Luego, creyendo que era seguro, cometieron el error de volver al pueblo. Una mañana, Eduardo salió a trabajar y nunca llegó. Se hicieron las denuncias y nunca reconocieron que lo habian secuestrado, al tiempo se pudo constatar que lo tuvieron detenido en el comando radioeléctrico de San Salvador. Continúa desaparecido.

En mi Escuela Normal se vivió la fragmentación de toda la sociedad: una parte de la comunidad educativa fue víctima de la dictadura, otra parte ignoraba por completo lo que estaba pasando, y otra parte sabía lo que ocurría y guardó silencio. Para complementar este panorama sobre el disciplinamiento en la escuela, es fundamental entender que la persecución física fue acompañada por un desmantelamiento pedagógico sistemático. La dictadura impuso una reforma curricular diseñada para suprimir el pensamiento crítico y garantizar el control ideológico. Se eliminaron materias clave como “Estudio de la Realidad Social Argentina” y se las reemplazó por asignaturas como “Formación Moral y Cívica”, enfocadas en inculcar valores de obediencia, jerarquía y un patriotismo nacionalista y católico. Al mismo tiempo, se censuraron contenidos científicos y literarios enteros —prohibiendo autores, teorías sociológicas e incluso conceptos matemáticos, tildados de “subversivos”— y se introdujo un estricto régimen de conducta que regulaba desde la vestimenta y el largo del pelo hasta la prohibición absoluta de asambleas o debates. La influencia de esta reforma en la educación fue devastadora: transformó a la escuela secundaria, que históricamente había sido un espacio de socialización, cuestionamiento y crecimiento intelectual, en un aparato burocrático y represivo basado en el miedo y el silenciamiento, dejando una huella de autoritarismo y vaciamiento cultural que tomó décadas desarmar. La gente de mi promo recuerdan por ejemplo las clases del cura Aurelio Martienez.

Mi historia, la de mi hermana, la de Eduardo y la de los chicos y chicas de Ledesma que fueron estudiantes de la escuela Normal, no fue un hecho aislado. Fue parte de un plan sistemático que se ensañó contra la juventud. Cuando recordamos el horror que sufrieron los estudiantes secundarios, la historia oficial o las grandes narrativas suelen mirar a las grandes capitales. Todos conocemos la trágica Noche de los Lápices en La Plata. Pero hoy quiero hablar de los otros lápices. Los lápices de nuestros pueblos, los que escribían en las escuelas normales, técnicas y nacionales de nuestras provincias.

Las estadísticas oficiales de la CONADEP revelan una verdad contundente e indiscutible que los negacionistas pretenden camuflar: el 21% del total de las personas detenidas-desaparecidas en nuestro país eran estudiantes. De ese universo, cerca de 250 eran adolescentes, chicos y chicas que tenían entre 13 y 18 años cuando el Estado terrorista los arrancó de sus aulas o de sus casas. Si abrimos el mapa, los registros históricos demuestran que más de la mitad de esos secuestros de estudiantes secundarios ocurrieron en el lugares pequeños y alejados de la capital, lejos de los grandes focos urbanos de Buenos Aires o La Plata.

Para la dictadura militar, y para las empresas civiles que la financiaron y la apuntalaron, un estudiante secundario organizado era un enemigo peligroso. ¿Por qué? Porque los centros de estudiantes eran el primer espacio de libertad, el lugar donde aprendíamos a discutir, a organizarnos, a exigir el derechos, a pedir mejoras edilicias, a pensar el país. La dictadura entendió que para disciplinar a una sociedad, había que cortar de raíz esa rebeldía.

En las provincias la persecución tuvo características todavía más crueles por el peso del control social. En los pueblos chicos,como en Ledesma, todos nos conocíamos. El silencio de los que sabían y callaron se sentía en la vereda de enfrente. En los pueblos, muchas veces, las estructuras feudales o las grandes empresas —como el ingenio Ledesma en Jujuy, controlaban la vida del pueblo de día y señalaban las casas de los estudiantes de noche.

Ahí radica el peso de ese 21% de tizas y guardapolvos ausentes. Miles de chicos y chicas fueron secuestrados en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en el sur y en nuestro norte. El aparato represivo no distinguió geografías, pero en el interior, la desprotección era absoluta. Los centros clandestinos funcionaban en las comisarías del pueblo, a la vuelta de nuestras plazas, en los regimientos locales. Los secuestraban con sus guardapolvos puestos, frente a sus compañeros, dejando bancos vacíos que los rectores y profesores intentaban llenar con burocracia y olvido.

Hoy, a medio siglo de la barbarie, el dolor sigue abierto porque la reparación no llega. Muchos de los juicios a los responsables, tanto militares como a los civiles y empresarios que señalaron a nuestros compañeros y compañeras y obreros, siguen sin resolverse. Están trabados en un laberinto de impunidad, de apelaciones eternas y dilaciones biológicas que perpetúan la injusticia. Los responsables se mueren viejos en sus camas, sin condena firme, mientras nosotros seguimos buscando los cuerpos de nuestros compañeros. Exigir que esos juicios concluyan ya no es un reclamo técnico de los abogados; es una necesidad ética y moral de toda la sociedad argentina. No hay democracia sana sobre los cimientos de la impunidad.

Los estudiantes detenidos-desaparecidos no eran héroes de bronce; eran chicos comunes. Se enamoraban, rendían materias, se rateaban, organizaban peñas, armaban carrozas para la fiesta de los estudiantes y militaban con la inocencia y la fuerza que solo se tiene a los 16 años. No podemos permitir que el negacionismo actual los convierta en cifras, ni que justifique su desaparición bajo la teoría de los dos demonios. No hubo dos demonios: hubo un Estado terrorista y empresas cómplices masacrando a sus propios hijos.

Por eso sigo hablando. Por eso los que sobrevivimos no nos callamos. Recordar a los estudiantes secundarios de todo el país, y especialmente a los de nuestros pueblos, es volver a levantar esas tizas. Es decirles a las nuevas generaciones que la participación política no es un delito, que organizarse vale la pena y que la memoria es el único escudo que tenemos para que el horror no vuelva a repetirse.

A 50 años de los apagones, a 50 años de la impunidad, nosotros seguimos buscando donde están y seguimos exigiendo Juicio y Castigo a los culpables.

*militante de DDHH. Víctima de la represión del Apagón de Ledesma. Estudiante de la Escuela Normal.

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Por Jenny Durán | Foto: Colectiva Fotografía a Pedal (archivo)

Mucho antes de julio de 1976, Jujuy ya era un territorio ordenado en función del azúcar. Las haciendas que darían origen al ingenio Ledesma se fundaron en 1830, y la de San Pedro en 1844; hacia mediados del siglo XIX el cultivo de caña ya era una actividad de peso central en la región del Valle de San Francisco. Ese despegue no fue un desarrollo espontáneo: coincidió con la derrota de los caudillos provinciales y con el respaldo de las oligarquías azucareras del noroeste al gobierno porteño, liberal y con fuertes lazos comerciales con Gran Bretaña, que reemplazó a España como potencia hegemónica sin cambiar demasiado el reparto de la tierra ni de la mano de obra. La historiografía lo definió como un nuevo pacto colonial, esta vez con capital inglés detrás de las elites locales.

La construcción de ese poder terrateniente tuvo dos víctimas históricas específicas: las comunidades indígenas del Chaco salteño-jujeño y los gauchos criollos desplazados de tierras que pasaron a manos de los ingenios. Los propios ingenios —Ledesma y La Esperanza— organizaban cada diciembre expediciones conocidas como “buscadoras de indios”, enviadas a reclutar por la fuerza o el engaño a trabajadores originarios para la zafra, de los que la industria dependía casi por completo en los meses de cosecha. El salario indígena, además, funcionaba como una trampa contable: se le descontaban al trabajador la comida y un ahorro forzoso de los últimos tres meses de tarea, retenido hasta la liquidación final de zafra, mientras un informe de la época —citado en investigaciones sobre el período— describía al establecimiento como mezquino en los pagos y exigente en las condiciones de trabajo. Ese mismo patrón de apropiación de tierra y fuerza de trabajo, que en otras economías de plantación de América se aplicó tras la abolición de la esclavitud, es el que —señalan los estudios sobre el capitalismo azucarero regional— cimentó la fortuna de los grandes ingenios del noroeste.

Un pueblo con nombre de libertador, gobernado por la empresa

La localidad que hoy lleva el nombre de Libertador General San Martín nació y creció a la sombra del ingenio: sus calles, sus servicios, buena parte de su economía y hasta su identidad quedaron atadas durante décadas a la voluntad de la compañía. El contraste no es menor. El pueblo tiene el nombre del héroe que liberó a medio continente del dominio colonial, pero fue moldeado como un territorio gobernado por un poder privado casi sin contrapesos: la empresa fijaba salarios, empleaba a buena parte del pueblo y, llegado 1976, terminó decidiendo también quién era “sospechoso” y quién no. La violencia que atraviesa del siglo XIX a hoy en los ingenios también refiere al mito del “Familiar”. El relato sobre un ser carnívoro mitad hombre, mitad animal,  construído por los propios patrones, fue sin más ni menos que el terror disciplinante de una sociedad cerrada que carecía de derechos laborales y todo tipo de derechos. El poder sin límites del latifundista, que controlaba la vida material y simbólica, cupaba al Familiar cuando un revoltoso desaparecía misteriosamente. 

La noche que apagaron el pueblo para secuestrarlo

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar vivieron una serie de cortes de luz organizados para facilitar razzias masivas. Aquella madrugada del 20 se apagaron las luces de Libertador y Calilegua durante siete días, mientras se secuestraba a unas 400 personas. Según el relato reconstruido por organizaciones de derechos humanos a partir de juicios y testimonios, los directivos de la familia Blaquier entregaron a las fuerzas represivas las listas negras del personal considerado conflictivo y pusieron a disposición los camiones de la empresa para trasladar a los secuestrados. En los operativos participaron, además del Ejército y la policía, Gendarmería y otra empresa de la zona, la minera Aguilar, que también aportó listas de “revoltosos” a detener.

Ese entramado es el que lleva a los organismos jujeños a discutir la idea de una dictadura que simplemente “contó con la colaboración” empresarial. Para las hijas e hijos de las víctimas, la secuencia fue la inversa: la compañía identificó a sus propios trabajadores y militantes sindicales como un obstáculo para su modelo de producción, confeccionó las listas, puso los vehículos y la logística, y las fuerzas armadas ejecutaron un operativo hecho a medida de esos intereses empresarios. La causa judicial abierta en 2012 fue, de hecho, una de las primeras en el país en juzgar directamente la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado, y no una imputación por complicidad genérica.

De las alrededor de 400 personas secuestradas en esos días, entre 34 y 55 continúan desaparecidas según las distintas fuentes documentales y judiciales. Entre ellas hubo estudiantes secundarios: 16 exalumnos de la Escuela Normal de Libertador Gral. San Martín permanecen desaparecidos, un dato que explica por qué ese edificio escolar se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos más fuertes de la memoria local.

Medio siglo de impunidad biológica

La justicia tardó 36 años en procesar a los responsables civiles. Recién en 2012 fueron procesados Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, y Alberto Lemos, su administrador durante la dictadura, acusados de haber aportado vehículos y nóminas para la privación ilegal de la libertad de decenas de personas. La causa, sin embargo, quedó frenada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal, que en 2015 dictó la falta de mérito para ambos acusados. Blaquier murió en 2023 sin haber sido juzgado; organismos de derechos humanos y la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación calificaron su muerte como una impunidad producto de graves demoras judiciales. Ese fenómeno —empresarios que mueren de viejos antes de sentarse ante un tribunal— tiene incluso nombre propio entre los organismos de derechos humanos: “impunidad biológica”. La causa contra Lemos, hoy nonagenario, sigue sin fecha de juicio oral.

El mismo discurso, otro siglo

Cincuenta años después del Apagón, Ledesma sigue siendo el empleador más importante de la región —de su nómina depende, según estimaciones periodísticas, buena parte de las cerca de 7.000 familias vinculadas directa o indirectamente a la planta— y sigue protagonizando conflictos laborales que, para trabajadores y dirigentes gremiales, repiten una lógica de vieja data: la empresa decide, el pueblo absorbe el costo. Solo en 2025 el grupo Ledesma despidió a más de 300 trabajadores en distintas etapas del año, entre ellos un tramo de 235 despidos que llevó al sindicato azucarero SOEAIL a lanzar un plan de lucha por la reincorporación. Delegados denunciaron además persecución sindical y una liquidación de sueldos recortada en pleno conflicto. En la Legislatura provincial, distintos bloques políticos cuestionaron ese doble discurso de una compañía que exporta con normalidad mientras despide sin causa a cientos de empleados.

Para las organizaciones de memoria, esa continuidad no es casual: es la misma matriz de poder —económico, político y territorial— la que en 1976 identificó a los trabajadores organizados como una amenaza a eliminar y la que hoy, con otras herramientas, sigue disciplinando a su fuerza laboral y evitando cualquier condena penal por su rol en el terrorismo de Estado.

Una agenda de memoria que vuelve a un lugar clave

La conmemoración de este año tiene un hecho inédito: después de una década de restricciones para el ingreso, las actividades centrales del 50° aniversario regresan al interior de la Escuela Normal de Libertador Gral. San Martín. Este jueves, a las 9 de la mañana, un homenaje a los 16 ex alumnos desaparecidos tendrá la presencia de sus compañeras y compañeros que también fueron víctimas de la represión, organizaciones sociales sindicales y de derechos humanos.

La agenda conmemorativa incluyó además una vigilia el domingo en el monolito de acceso a Libertador, sobre la Ruta Nacional 34; la restauración y el bordado de pañuelos en la plaza central en el marco de la consigna nacional “Flores en los Pañuelos”; una muestra fotográfica aportada por referentes de San Pedro de Jujuy; y un conversatorio virtual sobre el rol de mujeres, madres e hijas sobrevivientes en la construcción de la memoria. El jueves por la tarde se realizará, además, la 43ª edición de la Marcha del Apagón, que une Calilegua y Libertador Gral. San Martín. La agrupación H.I.J.O.S. suma este año piezas audiovisuales breves que reconstruyen, en la fecha exacta de cada desaparición, la historia de vida de las víctimas jujeñas. El 23 de julio también se marchará en conmemoración del Apagón en Caba, acompañando a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, de todos los jueves, a las 15 hs. 

Las marchas de las Madres de Jujuy, los juicios, los testimonios, las investigaciones de los propios sobrevivientes siguen construyendo la memoria, sobre un proceso que empezó con los secuestros de la Triple A en 1974, se profundizó con el golpe de 1976 y todavía hoy —a medio siglo y con buena parte de sus responsables civiles jamás condenados— sigue esperando justicia.

Fuentes: Huella del Sur- Marcha.org.ar– Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy, de Ian Rutledge –

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A 40 años de las noches del terror en Jujuy organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron su histórica marcha donde se hermanaron con el actual conflicto de los trabajadores del ingenio Ledesma.

Como si el tiempo no hubiera pasado, la situación de explotación y precarización laboral por parte del Ingenio Ledesma hacia sus trabajadores sigue siendo la misma. Aquella complicidad entre las Fuerzas Armadas, iglesias y empresas que se supo evidenciar en la última dictadura vuelve al cotidiano de los pueblos de Jujuy día tras día.

Hace 40 años, se realizó en la zona donde funciona históricamente el Ingenio Ledesma un plan de exterminio de la “subversión” que ya se venía dando desde hacía un tiempo atrás. Allí desde el 20 al 27 de julio de 1976, Fuerzas Armadas y civiles accionaron en conjunto con el objetivo de sembrar terror y legitimar al Ingenio en el sentido común de la población. Apagones y detenciones operadas por militares y gerentes se llevaron 400 detenidos y detenidas, de los cuales 33 fueron desaparecidos/as. A partir de allí, la lucha inclaudicable de madres, familiares y organizaciones sociales evidencia y denuncia esa complicidad. Si bien se trata de una lucha presente y constante, el símbolo máximo es la llamada Marcha del Apagón que unifica Calilegua con Gral. Libertador San Martín, donde se encuentra gran número de las y los detenidos desaparecidos de la zona.

Este año, otro julio volvía a la memoria colectiva los apagones del terror. Sin embargo, había algo diferente en el aire y en la tierra: desde hace una semana, el Ingenio Ledesma, la empresa de Pedro Blaquier, se encuentra funcionando con el 50% de sus trabajadores. Tras la falta de negociación salarial por parte de la empresa seguida de una brutal represión –que  se llevó a cabo una semana atrás, otra vez con la complicidad de las FFAA y privadas– los trabajadores del ingenio, junto a sus familiares y compañeras, decidieron sostener el corte de la ruta 34 para visibilizar el conflicto. Ese punto, además, se trata de la columna vertebral que comunica Jujuy con Bolivia y Paraguay y que, a su vez, es la única comunicación de Calilegua y Gral. Libertador San Martín con San Salvador de Jujuy.

En ese marco, el corte fue una decisión compleja y estratégica pero también desgastante y con ello jugaron los trabajadores. A lo largo de la semana, se fueron realizando distintas mesas; sin embargo, lejos de llegar a acuerdo, las medidas por parte de los trabajadores se fueron agudizando. Así, llegaron a realizar el corte total de la ruta el miércoles pasado y luego de la última (y fallida) mesa de negociación. Allí los delegados sindicales fueron invitados a un nuevo circo burocrático donde, otra vez, la complicidad privado-estatal se volvió a manifestar cuando el Ministerio de Trabajo y la empresa –aprovechando el cansancio y el frío sufridos por parte de los trabajadores y sus compañeras durante 6 días sin respuestas– les exigieron la conciliación obligatoria y el cierre del diálogo.

Como parte de la fórmula histórica, la forma de responder de los responsables nuevamente fue la misma. Y allí, luego de la resolución en asamblea del corte total el día miércoles, la Gendarmería liberó la zona a la espera del conflicto. Tal como lo planificaron, la tensión no se hizo esperar y algunas personas que se encontraban detenidas por el corte no dudaron en accionar al ver la ida de las fuerzas. Allí trabajadores del Ingenio, familiares e integrantes de organizaciones sociales fueron violentados con palos y piedras hasta que la Gendarmería volvió a “organizar el conflicto”. Sin torcer el brazo, el corte continuó justo la misma noche en la que 40 años atrás se comenzaba a torturar y detener trabajadores/as comprometidos/as y militantes sociales.

Por la mañana, como gesto de unidad el corte se levantó de forma intermitente para que pudieran acceder quienes se acercaban a la histórica marcha desde distintos lugares. Desde temprano en la Escuela Normal de Libertador, se realizó el acto de conmemoración a los detenidos/as desaparecidos/as. Allí distintos oradores fueron tomando la palabra y entre ellos, la voz de las y los ex detenidos resonó entre los presentes: “Al haber participado ayer del corte de ruta recordamos nuestra militancia” –enfatizaron ante el actual contexto de conflicto–. Nos seguimos enfrentando a la misma bestia que intenta acabar con las y los luchadores y trabajadores”.

Ese punto entre los secuestros de ayer y los abusos de hoy fue enunciado también: “Esta lucha que hoy llevan los trabajadores con sus medidas, que llevamos los sobrevivientes y luchadores, es necesario que se mantenga por todo el país. Sólo así podrá seguir la memoria y nuestro compromiso”. Para finalizar, fue el turno de Ricardo Aredes hijo de Olga Márquez de Aredes y de Luis Aredes, quien fuera intendente de Gral. San Martín, desaparecido y secuestrado en “una camioneta del Ingenio Ledesma”, según palabras de su hijo. En esta oportunidad, Ricardo expresó: “Esas noches sentimos muchos ruidos, fueron de terror, por eso reivindicamos la lucha de las madres que dieron a conocer nuestra historia y las vinculaciones con el poder”.

Por su parte, integrantes de CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes), anfitriones del evento, finalizaron: “Los Ex Detenidos son la memoria viva y gracias a ellos y al coraje de las madres estamos acá. Seguimos adelante porque es también el poder económico el que tiene que estar en el banquillo, por eso no vamos a parar hasta que Blaquier y Lemos estén allí. Y no sólo se trata de la memoria de aquellos tiempos, exigimos justicia por Luciano Arruga, Pocho Lepratti, Darío y Maxi, Julio López y tantos desaparecidos en democracia”.

Por la tarde, el pueblo Calilegua volvió a llenarse de bombos y color, como todos los años. Allí más de 5 mil personas se convocaron para marchar hasta Gral. Libertador para exigir la cárcel efectiva a los responsables cívicos y militares del exterminio. Entre ellos, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, junto al colectivo de murgas y partidos políticos, marcharon 7 km hasta el centro de Gral. San Martín para luego finalizar en el corte de los trabajadores de Ledesma. Ellos y sus compañeras recibieron a la gran marcha entre gritos y llantos. “Si esto no se arregla que quilombo se va a armar”, coreaban,  mientras la multitud respondía con la histórica “unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode” para juntar ese grito en uno solo: “el pueblo unido jamás será vencido”. Y es que en un departamento como Ledesma, donde las posibilidades laborales son escasas: ser policía, docente, o trabajar en el ingenio son el abanico más cercano; la lucha de los obreros tiene un punto enorme de aceptación para quienes saben pelear por lo justo.

Entonces, distintos oradores y oradoras, representantes de diversas fuerzas políticas, intervinieron recordando a las y los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos y solidarizándose con los trabajadores del corte.

Hugo fue delegado sindical entre 2002 y 2003. Y habló del “recuerdo de nuestros compañeros que han sido delegados y trabajadores de la empresa que en los 70 lucharon por cambiar esa realidad: muchos de ellos ofrendaron sus vidas. Hoy vemos una situación similar… este es un Gobierno genocida, para los ricos, no para nosotros; que tiene un plan perverso”. “No es casualidad que no aumente los sueldos no sólo acá en Ledesma sino en todo el país”, cerró.

Después tomó la palabra Diana Fabio, quien estuvo detenida en 1976 en “El arsenal”, de Tucumán, el campo de concentración más grande del Noroeste. Con su voz entrecortada, trajo un relato a quienes estaban escuchando: “En estos días me he enterado de que han encontrado en el pozo de Vargas de Tucumán a una compañera muy querida por mí, Ana María Sosa, quien ha sido identificada. Ella me contó, que la habían secuestrado en una camioneta del Ingenio Concepción, que pertenecía a los Paz, y pensando en lo que pasó en Calilegua, pienso que no hay nada fortuito: que los Blaquier y los Paz hayan sido cómplices y hasta orquestadores de los asesinatos de nuestros compañeros. Porque el azúcar del ingenio de los Blaquier no sólo está manchada con la sangre de los obreros que dejan su vida trabajando, sino que está manchada con las personas que ayudaron a matar o mataron directamente en los 70”.

Y en esto de traer la memoria de ese pasado para pensar en las injusticias presentes, Diana afirmó: “Mientras se encontraban los restos de Ana María Sosa, era el festejo del bicentenario en Tucumán, y yo pensaba ¿qué será la Patria? Porque yo escuchaba que los milicos decían ‘viva la Patria’ y mataban a un revolucionario. Y nosotros también lo decimos la Patria no es un territorio, ni un uniforme, será el lugar donde nacemos, donde enterramos nuestros muertos; es la historia en común pero la del pueblo en común, la historia que escribimos los de abajo; esa es la memoria que tenemos que rescatar de las entrañas de la tierra”.

Mientras la jornada iba llegando a su fin, en las inmediaciones del corte todo era expectativa: los delegados estaban negociando, una vez más, con los funcionarios. Y entonces, llegaron a un acuerdo: les ofrecían el 37% (siete puntos menos que los que solicitaban originalmente). Entonces, decidieron que en la mañana de hoy vuelven a trabajar. Mientras se cerraba esta nota, una nueva delegación iba hacia el Ministerio de trabajo para sellar este acuerdo, ya que si no hay avance vuelven a la asamblea y a cortar.

Una resolución favorable para los trabajadores que resulta de unir las reivindicaciones pasadas, las luchas presentes y sentir en lo más profundo cada injusticia como causa propia.

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Jujuy fue una vez más escenario de una brutal represión contra trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo, en la capital provincial, detuvieron a Raul Noro, marido de Milagro Sala, cuando se presentaba a la justicia, y tuvo que ser internado.

La empresa Ledesma es parte de un nuevo episodio, en su escalofriante historial de persecución a las y los trabajadores que protestan por los derechos laborales. La provincia de Jujuy inauguró tristemente, con la asunción del gobernador Gerardo Morales, políticas de persecusión y represión contra luchadores y luchadoras sociales, con la complicidad del Poder Judicial. Esa suerte también corrió Raul Noro, compañero de Milagro, secretario de Prensa y Difusión de la organización Tupac Amaru, que se presentó ante el juez de Control N°4 Isidoro Cruz, y quedó detenido e internado en el hospital Pablo Soria por problemas de salud.

Ledesma entre Libertador General San Martín y San Pedro, Jujuy

Ayer, unos 800 trabajadores del Azúcar del Ingenio Ledesma comenzaron una huelga en demanda de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Consultado por Marcha, Ricardo Aguilera, Secretario Adjunto del Sindicato del Azúcar, confirmó la medida por tiempo indeterminado, dispuesta por amplia mayoría en la asamblea del día 13 de junio.

¿Cómo empezó la represión?

Nos estábamos manifestando pacíficamente y cuando estábamos llegando al portón de acceso de la planta de gas de Ledesma, empezaron a reprimirnos con balas de goma, gases lacrimógenos y hasta había vainas de calibre 22. Nos acribillaron. Tenemos varios compañeros heridos, golpeados.

Aguilera continúa relatando que la Policía afirmó extraoficialmente que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo pero que la orden de reprimir fue una orden directa de la empresa Ledesma al fiscal Resua. “Los policías se disfrazaron para tirar a la humanidad de cada uno de los trabajadores que se estaba manifestando”, afirmó.

Se contabilizan hasta el momento unos 80 trabajadores heridos con balas de goma, otros descompuestos por el efecto de los gases y un trabajador inconsciente.

¿Cómo continuarán este plan de lucha?

Seguiremos con la medida de fuerza dispuesta por la asamblea. Buscamos un salario digno y las mejoras en las condiciones de trabajo.

Esperamos explicaciones. Teniendo una historia como la de Ledesma, con varios desaparecidos, la pueblada del 97 y después en 2011 con la toma del Triángulo donde murieron varias personas.

El paro es por tiempo indeterminado y en respuesta a la política represiva los trabajadores decidieron hacer cortes en la ruta a Libertador General San Martín.

¿Qué actitud tomó la empresa frente al paro?

Cuando se inició el paro, se encontraban frente al portón la Dra. Fernández, que está a cargo de Relaciones Humanas, junto a otros empleados, tratando de marcar a los compañeros que no habían ingresado. No se hizo presente ninguna otra autoridad de la empresa Ledesma. Los trabajadores sobre el final de la jornada expresaban una gran conquista, porque la empresa siempre tuvo como estandarte “Ledesma no negocia bajo presión”, sin embargo las autoridades de la empresa tuvieron que sentarse a negociar para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Los trabajadores expresaban: “Ledesma ahora negocia bajo presión”.

Los trabajadores del Ingenio El Tabacal se hicieron presentes para respaldar la lucha y expresar su solidaridad, lo que motivó el reconocimiento de los de Ledesma.

¿Cómo caracteriza la situación de la empresa que no accede a negociar?

Hoy el valor del azúcar en la zona ha subido un 80%, junto al bioetanol, mientras se le quitan las retenciones al campo. Es increíble que con estas mejoras en sus ingresos no puedan compartir con sus trabajadores.

Los azucareros de Ledesma reclaman un aumento salarial que lleve al salario básico de $12.750 y al salario de tira final a $16.740 para la categoría 1. Desde el sindicato expresan que las ofertas salariales realizadas, para una empresa número uno, no cubren sus necesidades, mientras que los trabajadores del Ingenio San Isidro, de menor envergadura, lograron un acuerdo mucho más favorable.

Rafael Vargas, el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio, se encontraba en el corte de ruta, y expresaba que el ministro de trabajo provincial y el gobernador convocaron a los trabajadores a una entrevista para el día siguiente, mientras destacaba la solidaridad de diferentes a nivel provincial y nacional, y la unidad de la clase trabajadora.

Por otro lado, al mismo tiempo que estos hechos sucedían en Lib. Gral. San Martín, se incrementó la persecución a luchadores y luchadoras sociales en la capital de la provincia. Con la anuencia del Poder Judicial, detuvieron a Raúl Noro, marido de Milagro Sala junto a otros tres militantes de la organización Túpac Amaru. Frente a la gravedad de estos hechos el Comité por la Libertad de Milagro Sala convocó a una conferencia de prensa hoy, viernes 15 de julio, a las 10, en Riobamba 34, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con historia de desaparición, represión y muerte

Hace pocos días se conmemoró el 40 aniversario de la Noche del Apagón, ocurrida en 1976, cuando en un hecho sin precedentes, se cortó el suministro eléctrico en todo el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, mientras policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa Ledesma allanaron y saquearon viviendas en Libertador General San Martín y Calilegua. En vehículos de la empresa se trasladaron más de 400 trabajadores y trabajadoras, estudiantes y profesionales a galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde fueron torturados. Hoy  30 de ellos y ellas aún permanecen desaparecidos. Incluso el médico Luis Arédez, intendente de Ledesma, fue uno de los secuestrados-desaparecidos.

En mayo de 1997, cuando la desocupación en la provincia ascendía al 40%, las y los estatales reclamaban por el pago en tiempo y forma y la inmediata liquidación de los sueldos atrasados de abril, se producía piquetes y cortes de rutas. Se recuerda la fecha por la pueblada que responde a la salvaje represión contra una movilización pacífica en Libertador Gral. San Martín, que se defendió apedreando a los gendarmes, en lo que se recuerda como la “pueblada de Ledesma”.

También el 28 de julio de 2011, un grupo de familias que ocupaba un predio de la empresa Ledesma fue brutalmente desalojado. En el marco de la represión llevada adelante por policías locales, con connivencia de patotas empresariales, cuatro personas fueron asesinadas.

Sin embargo, ese historial de represión y desaparición a las y los trabajadores, no fue suficiente para que fueran procesados Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, ex directivo, ya que la Cámara Federal de Casación Penal revocó, por unanimidad, sus procesamientos, acusados por supuesta complicidad en los secuestros de vecinos y trabajadores de la compañía, ocurridos a tres meses del golpe de Estado de 1976, en Jujuy.

Jujuy vive su peor momento en años y el temor es que sea el piloto de prueba de un método que ya es conocido: el ajuste y la represión.

Nota relacionada: http://www.marcha.org.ar/la-vieja-nueva-formula-el-ajuste-solo-cierra-con-represion/

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Una frase que por remanida no deja de simplificar el entramado político perverso del gobierno de Macri para aplicar las medidas económicas impopulares que afectan a la mayoría de la población. Sin dudas, necesitan reprimir.

Con apenas seis meses y unos días, el gobierno que Mauricio Macri preside ya mostró bastante de su artillería de medidas que tienden a realizar una escandalosa transferencia de recursos. Este traslado de bienes económicos, mediante las medidas políticas que adoptó hasta ahora, salen del seno de la clase trabajadora y van derechito a desembocar al sector más concentrado de la elite burguesa que hoy gobierna el país. Este proyecto de los grupos económicos, que desde la Argentina son subsidiarios de las principales potencias de la economía capitalista mundial y de los organismos internacionales de crédito, no desea realizar esta transferencia sin una quita considerable de derechos populares ganados a través de la lucha.

Hoy ya estamos en el famoso segundo semestre y la lluvia de inversiones que Cambiemos había anunciado no llega. Esto no sucede porque para el universo inversor capitalista es necesario despedir trabajadores y trabajadoras de sus puestos de trabajo, para que esa masa de personas genere un conglomerado que demande trabajar a cualquier precio. Esta situación –perversidad de la oferta y la demanda– hace que al haber mucha gente demandando trabajo, la oferta salarial que ofrece la patronal sea cada vez más baja. Es decir, en pocas palabras, que están haciendo todo esto con el objetivo de bajar rotundamente los salarios. Además porque para este sector social los sueldos son un costo. Pero también porque en la división internacional del trabajo, los lugares del mundo donde invierten son sólo donde se les ofrecen “garantías” de ganancias totales.

Esto explica, en parte, la lógica que viene desarrollando el Gobierno. La impresionante quita de retenciones y demás beneficios impositivos a los sectores exportadores, el engaño a los jubilados sobre el aumento de sus sueldos, para encubrir el blanqueo de capitales seguramente realizados a través de negocios sucios, como el narcotráfico o la trata de personas. La detención de Milagro Sala con el objetivo de disciplinar a las organizaciones sociales, para demostrar que pueden avanzar sin tabúes contra el entramado del movimiento social. Las represiones conocidas a los trabajadores de Cresta Roja, o a las y los estatales en La Plata muestran crudamente cómo piensan cerrar el círculo de esta nueva etapa de acumulación capitalista en nuestro país. Así, vemos cómo los viejos dinosaurios vuelven al protagonismo en este tiempo. Los Blaquier, familia cómplice de la dictadura militar, que permitió las desapariciones de trabajadores y trabajadoras de la planta azucarera Ledesma, en el Jujuy de Gerardo Morales, hoy vuelven a reprimir a obreros que reclaman por sus derechos. En este caso por aumento salarial, ante la terrible suba de precios en todos los rubros.

Pero es esperable que los tarifazos, la devaluación, los despidos de trabajadores y trabajadoras y el cercenamiento de derechos adquiridos no pasarán graciosamente sin respuesta popular. Todos los esfuerzos que realiza este Gobierno para neutralizar la protesta. La mordaza que está absolutamente vigente en los medios de comunicación masivos y las medidas que siguen tomando desde la nación, provincias y municipios, entrarán en una disputa de correlaciones de fuerza que se tendrá que destrabar con el pueblo organizado en la calle.

Sin embargo, debemos observar también que el proyecto del pequeño sector que domina hoy nuestro país pone en riesgo al pueblo trabajador, a la estabilidad política de ellas y ellos mismos y al equilibrio del país y la región continental, que con tanto esfuerzo sostuvo una unidad que sin dudas había beneficiado a nuestros pueblos. Es por eso que si continúan con este plan que reduce derechos y posibilidades populares, lo más probable es que intenten cerrar el círculo de su propia acumulación con la utilización de la fuerza del Estado. Nuestro país tiene ya una larga historia en el recorrido de este tipo de confrontaciones. Sólo esperemos, en este caso, que el pueblo logre colocar un freno ante tanta desidia antipopular.

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Un 20 de julio pero de 1976 empezaba en la ciudad de Libertador General San Martín, en Jujuy, lo que se llamó “la noche del apagón”. Durante una semana, las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar ejecutaron uno de los más grandes operativos de desaparición forzosa en la localidad. Durante una semana se provocaron cortes de luz para secuestrar a más 400 personas. Esto solo fue posible gracias a la asistencia del Ingenio Ledesma, que en ese momento era el que brindaba el suministro eléctrico a toda la ciudad y le proporcionaba las camionetas y vehículos necesarios para subir a todo el que apareciese en la lista.

El responsable principal fue (y sigue siendo) Carlos Pedro Blaquier, quien era (y sigue siendo) el dueño del Ingenio Ledesma, el más grande de Latinoamérica, que desde hace más de 100 años se enriquece con la sangre y el sudor de todo un pueblo. Forma parte de los grandes grupos económicos que, además de ser instigadores ideológicos, participaron activamente en la articulación del aparato represivo y la desaparición de personas.

Por eso el jueves pasado cientos de personas caminaban por el centro porteño. Cuando la justicia no llega, hay escrache, reza una consigna que tomaron organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y el mismo pueblo para protestar contra una justicia que, muchas veces, termina siendo cómplice de genocidas, empresarios relacionados con la dictadura, burócratas sindicales… A las 17.30 comenzó la marcha por Talcahuano hasta Corrientes, encabezada por un camión que llevaba un muñeco de Blaquier vestido de preso y a su lado su esposa brindando con él. Al pasar x el Obelisco se frenó al ver un muñeco de Bergoglio y se hizo la foto con él, Blaquier y su esposa de rodillas: “Él igual que el Estado te perdonan, nosotros te condenamos”, se gritó reafirmando la frase de la convocatoria…

Una vez en las puertas de las oficinas (que se encontraban valladas y con la custodia de muchos policías), se colocó un cartel que indicaba que en ese lugar funcionan las oficinas del genocida. Allí se leyó el comunicado consensuado, en el que se explica el motivo del escrache: “La causa judicial contra Blaquier fue una prueba de cómo el Poder Judicial Federal de Jujuy y Salta impidió durante años que avanzaran los juicios de lesa humanidad, que se allanaran los edificios de Ledesma y que se llamara a indagatoria a Blaquier, presidente del Directorio de la empresa, y a su Administrador General, Alberto Lemos.

En 2013 la Cámara Federal de Salta rechazó estos planteos y afirmó que Blaquier y Lemos sólo contribuyeron a la producción del delito sin realizar la ejecución del hecho y sin ser punibles como autores. Y en  marzo de este año, la Sala IV del Tribunal de Casación resolvió las apelaciones con un fallo insólito que no solo desestimó lo resuelto por el juez de instrucción jujeño y la Cámara salteña, sino que echó atrás todo lo que se había conseguido. Los jueces de Casación Riggi, Hornos y Gemignani  dictaron la falta de mérito y el desprocesamiento de Blaquier y Lemos con argumentos de impunidad, cuando en verdad debían revisar si se ampliaba o no la acusación inicial”. La justicia no será definitiva si no se apunta a las complicidades de ayer y de hoy.

Terminada su lectura se recordó a los y las luchadoras asesinadas por la impunidad de ayer y de hoy (Dario, Maxi, Mariano Ferreyra, Silvia Suppo, Luciano Arruga, y en especial, por Olga Aredes, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien comenzó la Marcha de los apagones). En ese instante se prendió fuego al muñeco cantando: “Blaquier, basura, vos sos la dictadura”.

Pronto será la marcha en Jujuy otra vez, a casi 40 años el eje central esta vez es la impunidad de ayer y de hoy. En cuanto a lo represivo y las complicidades económicas, políticas y judiciales, sí, pero también en alusión al rol de la empresa Ledesma en la salud de las y los pobladores de General San Martín.

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