Por Silvana Castro* | Foto: Colectiva Fotografía a Pedal

Hoy estamos acá reunidos porque, a 50 años de los acontecimientos, los que sobrevivimos creemos que la memoria no es una pieza de museo, sino un acto de justicia urgente. Especialmente hoy, en un presente hostil, marcado por discursos negacionistas que pretenden borrar la historia, relativizar el terrorismo de Estado y sembrar la duda sobre el dolor de las víctimas. Frente a ese intento sistemático de vaciar el pasado, nuestras palabras son trincheras de verdad. Cada palabra que busca justificar los crímenes de la dictadura nos vuelve a poner en peligro.

Yo fui testigo de los apagones. Vivía en el pueblo de Ledesma, en Jujuy, con mis hermanos y mi papá, que era empleado de la fábrica. Los apagones de julio de 1976 fueron el comienzo de una cacería feroz. Hoy lo sabemos con total certeza y con pruebas judiciales contundentes: la empresa Ledesma no solo se benefició económicamente durante el gobierno militar, sino que fue cómplice activa. Aportó sus camiones y camionetas para trasladar a los secuestrados, la nafta para la logística del horror, sus propios edificios y, lo más perverso, proporcionó las listas negras con los nombres de los trabajadores, delegados y gremialistas para que fueran detenidos y desaparecidos.

En medio de ese infierno, yo era una estudiante secundaria de la Escuela Normal de Libertador General San Martín. Tenía 16 años y cursaba tercer año. Mi hermana Gabriela tenía 18. Las dos militábamos en el Partido Socialista de los Trabajadores. Teníamos, en realidad, muy poca conciencia de la dimensión real de lo que estaba sucediendo. Éramos adolescentes que creíamos en un mundo más justo.

Durante los apagones del terror, entraron a mi casa tres noches; ni siquiera habíamos terminado de ordenar el caos cuando volvían a entrar. Los apagones se sucedían cuando llegaba la noche. Irrumpían en los domicilios que estaban determinados, tenían una lista; personas en general de civil, armados, muchos venían pateando la puerta, gritando y buscando generar terror. Tiempo después, volvieron a allanar mi casa y me detuvieron. Me llevaron a 50 kilómetros de Ledesma, a la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde funcionó como centro clandestino de detención la Comisaría Número 9. Allí se torturó, se violó, se picaneó. En ese lugar estuvo secuestrado Víctor Jesús Segura, quien sigue desaparecido. Mi hermana Gabriela logró escapar a Buenos Aires con su pareja, Eduardo Oviedo Morales, de 21 años. Luego, creyendo que era seguro, cometieron el error de volver al pueblo. Una mañana, Eduardo salió a trabajar y nunca llegó. Se hicieron las denuncias y nunca reconocieron que lo habian secuestrado, al tiempo se pudo constatar que lo tuvieron detenido en el comando radioeléctrico de San Salvador. Continúa desaparecido.

En mi Escuela Normal se vivió la fragmentación de toda la sociedad: una parte de la comunidad educativa fue víctima de la dictadura, otra parte ignoraba por completo lo que estaba pasando, y otra parte sabía lo que ocurría y guardó silencio. Para complementar este panorama sobre el disciplinamiento en la escuela, es fundamental entender que la persecución física fue acompañada por un desmantelamiento pedagógico sistemático. La dictadura impuso una reforma curricular diseñada para suprimir el pensamiento crítico y garantizar el control ideológico. Se eliminaron materias clave como “Estudio de la Realidad Social Argentina” y se las reemplazó por asignaturas como “Formación Moral y Cívica”, enfocadas en inculcar valores de obediencia, jerarquía y un patriotismo nacionalista y católico. Al mismo tiempo, se censuraron contenidos científicos y literarios enteros —prohibiendo autores, teorías sociológicas e incluso conceptos matemáticos, tildados de “subversivos”— y se introdujo un estricto régimen de conducta que regulaba desde la vestimenta y el largo del pelo hasta la prohibición absoluta de asambleas o debates. La influencia de esta reforma en la educación fue devastadora: transformó a la escuela secundaria, que históricamente había sido un espacio de socialización, cuestionamiento y crecimiento intelectual, en un aparato burocrático y represivo basado en el miedo y el silenciamiento, dejando una huella de autoritarismo y vaciamiento cultural que tomó décadas desarmar. La gente de mi promo recuerdan por ejemplo las clases del cura Aurelio Martienez.

Mi historia, la de mi hermana, la de Eduardo y la de los chicos y chicas de Ledesma que fueron estudiantes de la escuela Normal, no fue un hecho aislado. Fue parte de un plan sistemático que se ensañó contra la juventud. Cuando recordamos el horror que sufrieron los estudiantes secundarios, la historia oficial o las grandes narrativas suelen mirar a las grandes capitales. Todos conocemos la trágica Noche de los Lápices en La Plata. Pero hoy quiero hablar de los otros lápices. Los lápices de nuestros pueblos, los que escribían en las escuelas normales, técnicas y nacionales de nuestras provincias.

Las estadísticas oficiales de la CONADEP revelan una verdad contundente e indiscutible que los negacionistas pretenden camuflar: el 21% del total de las personas detenidas-desaparecidas en nuestro país eran estudiantes. De ese universo, cerca de 250 eran adolescentes, chicos y chicas que tenían entre 13 y 18 años cuando el Estado terrorista los arrancó de sus aulas o de sus casas. Si abrimos el mapa, los registros históricos demuestran que más de la mitad de esos secuestros de estudiantes secundarios ocurrieron en el lugares pequeños y alejados de la capital, lejos de los grandes focos urbanos de Buenos Aires o La Plata.

Para la dictadura militar, y para las empresas civiles que la financiaron y la apuntalaron, un estudiante secundario organizado era un enemigo peligroso. ¿Por qué? Porque los centros de estudiantes eran el primer espacio de libertad, el lugar donde aprendíamos a discutir, a organizarnos, a exigir el derechos, a pedir mejoras edilicias, a pensar el país. La dictadura entendió que para disciplinar a una sociedad, había que cortar de raíz esa rebeldía.

En las provincias la persecución tuvo características todavía más crueles por el peso del control social. En los pueblos chicos,como en Ledesma, todos nos conocíamos. El silencio de los que sabían y callaron se sentía en la vereda de enfrente. En los pueblos, muchas veces, las estructuras feudales o las grandes empresas —como el ingenio Ledesma en Jujuy, controlaban la vida del pueblo de día y señalaban las casas de los estudiantes de noche.

Ahí radica el peso de ese 21% de tizas y guardapolvos ausentes. Miles de chicos y chicas fueron secuestrados en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en el sur y en nuestro norte. El aparato represivo no distinguió geografías, pero en el interior, la desprotección era absoluta. Los centros clandestinos funcionaban en las comisarías del pueblo, a la vuelta de nuestras plazas, en los regimientos locales. Los secuestraban con sus guardapolvos puestos, frente a sus compañeros, dejando bancos vacíos que los rectores y profesores intentaban llenar con burocracia y olvido.

Hoy, a medio siglo de la barbarie, el dolor sigue abierto porque la reparación no llega. Muchos de los juicios a los responsables, tanto militares como a los civiles y empresarios que señalaron a nuestros compañeros y compañeras y obreros, siguen sin resolverse. Están trabados en un laberinto de impunidad, de apelaciones eternas y dilaciones biológicas que perpetúan la injusticia. Los responsables se mueren viejos en sus camas, sin condena firme, mientras nosotros seguimos buscando los cuerpos de nuestros compañeros. Exigir que esos juicios concluyan ya no es un reclamo técnico de los abogados; es una necesidad ética y moral de toda la sociedad argentina. No hay democracia sana sobre los cimientos de la impunidad.

Los estudiantes detenidos-desaparecidos no eran héroes de bronce; eran chicos comunes. Se enamoraban, rendían materias, se rateaban, organizaban peñas, armaban carrozas para la fiesta de los estudiantes y militaban con la inocencia y la fuerza que solo se tiene a los 16 años. No podemos permitir que el negacionismo actual los convierta en cifras, ni que justifique su desaparición bajo la teoría de los dos demonios. No hubo dos demonios: hubo un Estado terrorista y empresas cómplices masacrando a sus propios hijos.

Por eso sigo hablando. Por eso los que sobrevivimos no nos callamos. Recordar a los estudiantes secundarios de todo el país, y especialmente a los de nuestros pueblos, es volver a levantar esas tizas. Es decirles a las nuevas generaciones que la participación política no es un delito, que organizarse vale la pena y que la memoria es el único escudo que tenemos para que el horror no vuelva a repetirse.

A 50 años de los apagones, a 50 años de la impunidad, nosotros seguimos buscando donde están y seguimos exigiendo Juicio y Castigo a los culpables.

*militante de DDHH. Víctima de la represión del Apagón de Ledesma. Estudiante de la Escuela Normal.

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Por Jenny Durán | Foto: Colectiva Fotografía a Pedal (archivo)

Mucho antes de julio de 1976, Jujuy ya era un territorio ordenado en función del azúcar. Las haciendas que darían origen al ingenio Ledesma se fundaron en 1830, y la de San Pedro en 1844; hacia mediados del siglo XIX el cultivo de caña ya era una actividad de peso central en la región del Valle de San Francisco. Ese despegue no fue un desarrollo espontáneo: coincidió con la derrota de los caudillos provinciales y con el respaldo de las oligarquías azucareras del noroeste al gobierno porteño, liberal y con fuertes lazos comerciales con Gran Bretaña, que reemplazó a España como potencia hegemónica sin cambiar demasiado el reparto de la tierra ni de la mano de obra. La historiografía lo definió como un nuevo pacto colonial, esta vez con capital inglés detrás de las elites locales.

La construcción de ese poder terrateniente tuvo dos víctimas históricas específicas: las comunidades indígenas del Chaco salteño-jujeño y los gauchos criollos desplazados de tierras que pasaron a manos de los ingenios. Los propios ingenios —Ledesma y La Esperanza— organizaban cada diciembre expediciones conocidas como “buscadoras de indios”, enviadas a reclutar por la fuerza o el engaño a trabajadores originarios para la zafra, de los que la industria dependía casi por completo en los meses de cosecha. El salario indígena, además, funcionaba como una trampa contable: se le descontaban al trabajador la comida y un ahorro forzoso de los últimos tres meses de tarea, retenido hasta la liquidación final de zafra, mientras un informe de la época —citado en investigaciones sobre el período— describía al establecimiento como mezquino en los pagos y exigente en las condiciones de trabajo. Ese mismo patrón de apropiación de tierra y fuerza de trabajo, que en otras economías de plantación de América se aplicó tras la abolición de la esclavitud, es el que —señalan los estudios sobre el capitalismo azucarero regional— cimentó la fortuna de los grandes ingenios del noroeste.

Un pueblo con nombre de libertador, gobernado por la empresa

La localidad que hoy lleva el nombre de Libertador General San Martín nació y creció a la sombra del ingenio: sus calles, sus servicios, buena parte de su economía y hasta su identidad quedaron atadas durante décadas a la voluntad de la compañía. El contraste no es menor. El pueblo tiene el nombre del héroe que liberó a medio continente del dominio colonial, pero fue moldeado como un territorio gobernado por un poder privado casi sin contrapesos: la empresa fijaba salarios, empleaba a buena parte del pueblo y, llegado 1976, terminó decidiendo también quién era “sospechoso” y quién no. La violencia que atraviesa del siglo XIX a hoy en los ingenios también refiere al mito del “Familiar”. El relato sobre un ser carnívoro mitad hombre, mitad animal,  construído por los propios patrones, fue sin más ni menos que el terror disciplinante de una sociedad cerrada que carecía de derechos laborales y todo tipo de derechos. El poder sin límites del latifundista, que controlaba la vida material y simbólica, cupaba al Familiar cuando un revoltoso desaparecía misteriosamente. 

La noche que apagaron el pueblo para secuestrarlo

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar vivieron una serie de cortes de luz organizados para facilitar razzias masivas. Aquella madrugada del 20 se apagaron las luces de Libertador y Calilegua durante siete días, mientras se secuestraba a unas 400 personas. Según el relato reconstruido por organizaciones de derechos humanos a partir de juicios y testimonios, los directivos de la familia Blaquier entregaron a las fuerzas represivas las listas negras del personal considerado conflictivo y pusieron a disposición los camiones de la empresa para trasladar a los secuestrados. En los operativos participaron, además del Ejército y la policía, Gendarmería y otra empresa de la zona, la minera Aguilar, que también aportó listas de “revoltosos” a detener.

Ese entramado es el que lleva a los organismos jujeños a discutir la idea de una dictadura que simplemente “contó con la colaboración” empresarial. Para las hijas e hijos de las víctimas, la secuencia fue la inversa: la compañía identificó a sus propios trabajadores y militantes sindicales como un obstáculo para su modelo de producción, confeccionó las listas, puso los vehículos y la logística, y las fuerzas armadas ejecutaron un operativo hecho a medida de esos intereses empresarios. La causa judicial abierta en 2012 fue, de hecho, una de las primeras en el país en juzgar directamente la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado, y no una imputación por complicidad genérica.

De las alrededor de 400 personas secuestradas en esos días, entre 34 y 55 continúan desaparecidas según las distintas fuentes documentales y judiciales. Entre ellas hubo estudiantes secundarios: 16 exalumnos de la Escuela Normal de Libertador Gral. San Martín permanecen desaparecidos, un dato que explica por qué ese edificio escolar se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos más fuertes de la memoria local.

Medio siglo de impunidad biológica

La justicia tardó 36 años en procesar a los responsables civiles. Recién en 2012 fueron procesados Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, y Alberto Lemos, su administrador durante la dictadura, acusados de haber aportado vehículos y nóminas para la privación ilegal de la libertad de decenas de personas. La causa, sin embargo, quedó frenada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal, que en 2015 dictó la falta de mérito para ambos acusados. Blaquier murió en 2023 sin haber sido juzgado; organismos de derechos humanos y la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación calificaron su muerte como una impunidad producto de graves demoras judiciales. Ese fenómeno —empresarios que mueren de viejos antes de sentarse ante un tribunal— tiene incluso nombre propio entre los organismos de derechos humanos: “impunidad biológica”. La causa contra Lemos, hoy nonagenario, sigue sin fecha de juicio oral.

El mismo discurso, otro siglo

Cincuenta años después del Apagón, Ledesma sigue siendo el empleador más importante de la región —de su nómina depende, según estimaciones periodísticas, buena parte de las cerca de 7.000 familias vinculadas directa o indirectamente a la planta— y sigue protagonizando conflictos laborales que, para trabajadores y dirigentes gremiales, repiten una lógica de vieja data: la empresa decide, el pueblo absorbe el costo. Solo en 2025 el grupo Ledesma despidió a más de 300 trabajadores en distintas etapas del año, entre ellos un tramo de 235 despidos que llevó al sindicato azucarero SOEAIL a lanzar un plan de lucha por la reincorporación. Delegados denunciaron además persecución sindical y una liquidación de sueldos recortada en pleno conflicto. En la Legislatura provincial, distintos bloques políticos cuestionaron ese doble discurso de una compañía que exporta con normalidad mientras despide sin causa a cientos de empleados.

Para las organizaciones de memoria, esa continuidad no es casual: es la misma matriz de poder —económico, político y territorial— la que en 1976 identificó a los trabajadores organizados como una amenaza a eliminar y la que hoy, con otras herramientas, sigue disciplinando a su fuerza laboral y evitando cualquier condena penal por su rol en el terrorismo de Estado.

Una agenda de memoria que vuelve a un lugar clave

La conmemoración de este año tiene un hecho inédito: después de una década de restricciones para el ingreso, las actividades centrales del 50° aniversario regresan al interior de la Escuela Normal de Libertador Gral. San Martín. Este jueves, a las 9 de la mañana, un homenaje a los 16 ex alumnos desaparecidos tendrá la presencia de sus compañeras y compañeros que también fueron víctimas de la represión, organizaciones sociales sindicales y de derechos humanos.

La agenda conmemorativa incluyó además una vigilia el domingo en el monolito de acceso a Libertador, sobre la Ruta Nacional 34; la restauración y el bordado de pañuelos en la plaza central en el marco de la consigna nacional “Flores en los Pañuelos”; una muestra fotográfica aportada por referentes de San Pedro de Jujuy; y un conversatorio virtual sobre el rol de mujeres, madres e hijas sobrevivientes en la construcción de la memoria. El jueves por la tarde se realizará, además, la 43ª edición de la Marcha del Apagón, que une Calilegua y Libertador Gral. San Martín. La agrupación H.I.J.O.S. suma este año piezas audiovisuales breves que reconstruyen, en la fecha exacta de cada desaparición, la historia de vida de las víctimas jujeñas. El 23 de julio también se marchará en conmemoración del Apagón en Caba, acompañando a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, de todos los jueves, a las 15 hs. 

Las marchas de las Madres de Jujuy, los juicios, los testimonios, las investigaciones de los propios sobrevivientes siguen construyendo la memoria, sobre un proceso que empezó con los secuestros de la Triple A en 1974, se profundizó con el golpe de 1976 y todavía hoy —a medio siglo y con buena parte de sus responsables civiles jamás condenados— sigue esperando justicia.

Fuentes: Huella del Sur- Marcha.org.ar– Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy, de Ian Rutledge –

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