Por Belén Altamirano/ Fotos de Prensa CEPA

Mientras la tierra todavía tiembla, comienza una carrera contra el tiempo. Cada minuto puede significar una vida rescatada. Entre quienes eligen enfrentar la incertidumbre y el riesgo existe una convicción que guía cada decisión: “una vida hace la diferencia”.

En Venezuela, esa frase dejó de ser una consigna para convertirse en una urgencia. El 24 de junio, dos terremotos consecutivos golpearon el norte y centro-norte del país, con especial impacto en La Guaira, Caracas y otras zonas densamente pobladas. La emergencia encontró a comunidades enteras entre edificios colapsados, hospitales tensionados, familias desplazadas y barrios organizándose para sostener lo inmediato: buscar sobrevivientes, asistir a personas heridas, conseguir agua, comida, medicamentos y un lugar seguro donde pasar la noche.

Esa certeza sostiene el trabajo de los equipos de rescate, que avanzan entre los escombros sin perder la esperanza de encontrar a alguien con vida o, en su defecto, traer algo de paz a las familias que hoy no encuentran consuelo ante la tragedia. En ese escenario, la respuesta humanitaria deja de ser una opción para convertirse en un compromiso con la vida.

Pero antes de la llegada de los equipos especializados, la primera respuesta estuvo —como ocurre en tantas catástrofes— en manos de la propia población venezolana. Vecinas y vecinos removieron escombros con sus manos, organizaron ollas, abrieron casas, acompañaron duelos y sostuvieron búsquedas en medio de réplicas, miedo e incertidumbre. Esa trama comunitaria es el punto de partida de cualquier reconstrucción posible.

Con ese espíritu, el 3 de julio de 2026 un contingente integrado por 60 socorristas y profesionales de la salud del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) Argentina emprendió una misión de asistencia humanitaria con destino a la República Bolivariana de Venezuela.

Junto al equipo de CEPA Argentina viajaron voluntarias y voluntarios pertenecientes a distintas filiales de la organización desplegadas a lo largo del país, integrantes de la Brigada CER, el Grupo Fénix Unit Rescue y médicos pertenecientes a la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, quienes sumaron sus conocimientos, experiencia y compromiso para fortalecer la respuesta humanitaria ante la emergencia.

La misión partió a bordo de una aeronave facilitada por la ONG Solidaire, gracias al compromiso y la colaboración de Enrique Piñeiro, haciendo posible el traslado del contingente hacia la zona de emergencia.

Su llegada se inscribe en una respuesta internacional más amplia, pero también en una historia regional de solidaridad entre pueblos. En situaciones de desastre, la cooperación se expresa en la capacidad de reconocer que una tragedia ocurrida del otro lado de una frontera afecta a toda la región. Venezuela no necesita ser mirada únicamente desde la disputa política, sino desde la vida concreta de sus comunidades, de sus familias y de quienes hoy intentan reconstruir lo perdido.

En esta etapa, los equipos desarrollan tareas de búsqueda y rescate, apoyo sanitario y asistencia humanitaria, bajo protocolos y estándares internacionales para operaciones en estructuras colapsadas y respuesta a desastres. Su labor se integra al trabajo coordinado con las autoridades y las organizaciones intervinientes, priorizando la protección de la vida y el acompañamiento a las comunidades afectadas.

En los territorios golpeados, la emergencia no termina cuando se apagan las cámaras ni cuando finaliza la etapa más intensa de búsqueda. Después llegan los días de duelo, los refugios provisorios, el riesgo sanitario, la necesidad de reconstruir viviendas, escuelas, centros de salud, redes de cuidado y espacios comunitarios. Para muchas familias venezolanas, la pregunta ya no es solamente cómo sobrevivir al terremoto, sino cómo volver a habitar un territorio marcado por la pérdida.

Una misión humanitaria comienza mucho antes de llegar al lugar de la emergencia. Se construye durante años de capacitación, entrenamiento y participación en distintos operativos donde la comunidad necesita una respuesta. En CEPA Argentina, la fuerza del equipo nace de la diversidad de sus integrantes: una médica, un electricista, un rescatista, profesionales de distintas áreas, voluntarias y voluntarios con vocación de servicio, todos aportando sus conocimientos para un mismo objetivo: proteger la vida.

Cada integrante representa una parte fundamental de una organización que entiende que la respuesta ante una emergencia no depende de una sola disciplina, sino de la capacidad de trabajar de manera conjunta. Por eso, durante todo el año, sus voluntarias y voluntarios se preparan, se capacitan y participan en distintos dispositivos de asistencia, fortaleciendo una herramienta que se activa cada vez que una persona, una comunidad o un pueblo necesita ayuda.

Sin embargo, en Venezuela la escena más potente no está solo en quienes llegan desde afuera, sino en quienes ya estaban allí. Madres, jóvenes, trabajadores de la salud, bomberos, rescatistas locales, organizaciones comunitarias y familias enteras fueron parte de una respuesta marcada por la urgencia y la solidaridad. En cada barrio afectado, la organización popular apareció como una forma concreta de cuidado colectivo.

En la gestión del riesgo de desastres existe una premisa tan simple como profunda: el primer respondiente es el vecino. Es quien escucha el estruendo, quien aparta los primeros escombros, quien contiene, organiza y auxilia cuando todavía no han llegado los recursos especializados. Esa primera respuesta, nacida del compromiso con el otro, suele ser decisiva para salvar vidas.

En Venezuela, esa premisa se volvió imagen: manos levantando piedras, personas llamando por nombres propios entre los restos de edificios, comunidades improvisando centros de acopio, familias esperando noticias y equipos locales e internacionales trabajando sobre una misma prioridad. La catástrofe dejó al descubierto la fragilidad de las infraestructuras, pero también la fuerza de los vínculos comunitarios.

Hace más de dos siglos, Simón Bolívar imaginó una América Latina unida por un destino compartido. Aquel ideal de integración encontró obstáculos políticos y nunca llegó a consolidarse plenamente. Sin embargo, las emergencias recuerdan que existe una forma de unidad que trasciende gobiernos y fronteras.

Cada vez que un equipo humanitario cruza un límite geográfico para asistir a otro pueblo; cada vez que el conocimiento, la experiencia y la solidaridad se ponen al servicio de quienes más lo necesitan; cada vez que una comunidad se organiza para cuidar a quienes quedaron más expuestos, ese ideal encuentra una nueva expresión.

Los terremotos no distinguen nacionalidades, credos ni ideologías. Frente a ellos, la cooperación deja de ser un concepto político para convertirse en una necesidad profundamente humana. Allí, el socorrista, el profesional de la salud, el voluntario y cada ciudadano que decide ayudar representan una misma convicción: proteger la vida.

Quizás por eso, hablar hoy de Venezuela exige correr el eje de la polarización y mirar la emergencia desde quienes la atraviesan en primera persona. No se trata de negar los conflictos ni las responsabilidades estatales, sino de recordar que, en medio de una tragedia, el centro debe estar en las personas afectadas: en sus nombres, sus historias, sus pérdidas y su derecho a recibir asistencia digna, oportuna y sostenida.

Quizás el ideal bolivariano no encuentre hoy su expresión más auténtica en los discursos ni en los tratados, sino en aquellas acciones que ponen en el centro un principio esencial: la vida del otro también nos interpela.

En una América Latina atravesada por tensiones, por nuevos proyectos de fragmentación y por miradas que muchas veces priorizan el individualismo por sobre la construcción colectiva, la solidaridad entre pueblos aparece como una decisión profundamente política. Porque elegir acompañar, cooperar y tender una mano más allá de una frontera no es solamente un gesto humanitario; es también una forma de entender el mundo.

Frente a la indiferencia, quienes llegan para asistir no preguntan de qué país nació quien necesita ayuda. Reconocen, antes que nada, a una persona. Y allí, en esa acción concreta, quizás encuentre una nueva expresión aquel viejo anhelo de una América Latina capaz de reconocerse como comunidad.

Venezuela enfrenta ahora una etapa larga: la de buscar, sanar, alojar, reconstruir y acompañar. La ayuda internacional puede ser decisiva, pero la reconstrucción también dependerá de escuchar a las comunidades afectadas, fortalecer las redes locales y sostener la asistencia cuando la emergencia deje de ocupar los titulares.

Porque cuando todo parece derrumbarse, entre los escombros de una tragedia emerge también aquello que define a los pueblos: la capacidad de organizarse, acompañarse y sostenerse mutuamente.

Source

Por Mariángeles Guerrero

En Colombia se tensiona la transición de gobiernos entre Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), camino al próximo 7 de agosto, cuando el mandatario electo tome posesión del cargo. El lunes pasado, Petro ratificó su postura sobre la injerencia israelí y estadounidense a través de X y sobre el fraude en las elecciones del 21 de junio. De la Espriella, por su parte, anunció que su retiro del empalme de gobierno, instancia que es obligatoria. “Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”, dijo el actual mandatario. En tanto, desde el Pacto Histórico convocaron a la desobediencia civil pacífica. El senador Alirio Uribe explica: “La figura de la desobediencia civil hace parte de las libertades políticas que establece la Constitución”.

El candidato electo argumenta que no es posible sentarse a negociar con un gobierno al que acusa de “golpista”. Pidió a las Fuerzas Armadas que desobedezcan cualquier orden de Petro que atente contra la democracia.

El presidente de Colombia indicó que “el empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el 6 de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más”. Y agregó: “Soy un demócrata y respeto la constitución que como M19 ayudamos a hacer. Es la constitución de la Paz”.

Cepeda: “Se está configurando un gobierno paramilitar”

Este miércoles el senador y ex candidato a la presidencia, Iván Cepeda, alertó sobre la conformación de un “gobierno paramilitar” que pone en riesgo la vida de opositores a la presidencia entrante. Denunció la intención de crear “bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad”, integrados por civiles; la recreación del órgano represivo Escuadrón Móvil Antidisturbios (anunciado por quien será el ministro de Defensa, Jorge Mora) y la construcción de megacárceles privadas.

Ante esa situación, solicitó a la Defensoría del Pueblo de Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que “observen con especial atención el desarrollo de esta nueva etapa que comienza” en el país.

Agregó: “Como lo hemos hecho siempre, estaremos al lado del pueblo colombiano, de su resistencia activa, y de su desobediencia civil”.

Un llamado a la desobediencia civil: enfrentar al fascismo con la democracia

En los últimos días Cepeda hizo un llamamiento a la desobediencia civil pacífica ante el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Justificó su convocatoria en la necesidad de que el candidato electo renuncie a su ciudadanía estadounidense, que implica una jura de lealtad al país del norte. También pidió que se investigue si el futuro mandatario es colaborador de la DEA o de la CIA. Este reclamo se suma a la denuncia penal ya efectuada por Cepeda ante la Fiscalía General de Colombia y La Haya por presunto financiamiento de De la Espriella a grupos paramilitares.

“De la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. El juramento de ciudadanía de Estados Unidos establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales”, alertó Cepeda.

Señaló que el presidente electo sostuvo un estrecho vínculo con el narcoparamilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias ‘Boliche’, informante de las agencias federales de Estados Unidos. Uno de los cómplices de alias ‘Boliche’ es el socio de De la Espriella, Daniel Peñarredonda Gómez. “Las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor De la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos”, reclamó.

Además, refirió que De la Espriella, sin haberlo consultado con el Congreso de la República ni con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, anunció que “anexará” a Colombia al llamado “Escudo de las Américas”. Se trata de una alianza de “seguridad geopolítica”, lanzada este año por Estados Unidos. Hasta el momento participan Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay.

También llamó la atención sobre la persecución del influencer Beto Coral, hoy preso político en Estados Unidos, por su apoyo al Pacto Histórico. Y agregó: “De la Espriella ha enviado listados de decenas de compatriotas para que sean investigados por el Departamento de Justicia de EEUU, burlando abiertamente el imperio de la ley y de los tribunales colombianos en la potestad de investigar y juzgar a compatriotas que él considera arbitrariamente sus enemigos”. Y pidió un pronunciamiento “claro y contundente” de las cortes colombianas en defensa de la soberanía judicial.

En marzo pasado, el New York Times informó que el presidente Gustavo Petro estaba siendo investigado por el Poder Judicial en Brooklyn, Nueva York. Al respecto, Cepeda también pidió explicaciones sobre la intromisión de un país extranjero en la vida política y soberana de Colombia. También exigió que cese toda persecución contra Petro y que Estados Unidos evite judicializar a opositores colombianos.

“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, anunció. 

Y agregó: “Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra constitución política”.

“Cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión”, manifestó. 

Qué implica la desobediencia civil

El filósofo estadounidense, Henry Thoreau, escribió en 1849 el ensayo “La desobediencia civil”, donde explica que un gobierno solo puede avanzar hasta donde los hombres se lo permiten. “Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a resistirse al gobierno y negarle lealtad cuando su tiranía o su ineficacia sean desmesurados e insoportables”, expresa en el libro. Pero ¿cómo se materializa eso en el contexto colombiano, tras las elecciones más ajustadas de su historia? Alirio Uribe, abogado, senador y referente del Pacto Histórico brinda una reflexión al respecto, en diálogo con Marcha Noticias.

—¿En qué aspecto del ordenamiento jurídico colombiano se sustenta la figura de la desobediencia civil?

—La figura de la desobediencia civil hace parte de las libertades políticas que establece el artículo 40 y otros artículos de la Constitución en el sentido de que la oposición se puede ejercer de manera abierta y democrática frente a un gobierno que pone en riesgo el ideario de nuestro sector político, por el que votaron la mitad de los colombianos. A nivel nacional sucedió un empate técnico electoral. A nivel nacional la diferencia fue 70.000 votos, con la suma de los votos internacionales fueron 250.000 votos, menos del 1 por ciento. Por eso se aceptó la victoria del señor Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia e Iván Cepeda asume la jefatura de la oposición. La Constitución también establece que la persona que queda segunda en la elección presidencial pasa a ser senador y la vicepresidenta pasa a ser representante a la Cámara. Esa figura existe para garantizar que estas personas puedan ejercer el derecho a la oposición frente al ganador.

—En la práctica, para la ciudadanía, ¿qué implica esa desobediencia civil?

—Venimos de un gobierno progresista que va a entregar el gobierno el próximo 7 de agosto. Veníamos con un énfasis en reformas sociales, en temas ambientales, en temas que hacen parte del acuerdo programático. Los anuncios que ha hecho el señor Abelardo de la Espriella generan temor frente a las prácticas que puedan venir en el nuevo gobierno. Ha referido que va a destripar a la oposición, que va a acabar con las expresiones de izquierda. Ha dicho que va a desmontar el Estado, que va a cerrar ministerios e instituciones. Son cosas que van en contra de lo que se ha venido trabajando. Obviamente son el nuevo gobierno y van a tomar medidas. Lo que vamos a hacer como Pacto Histórico y como Frente Amplio por la Vida va a ser oponernos a políticas que sean regresivas. Lo que sea importante para el bien del país se va a apoyar. Pero nosotros implementamos gratuidad en la educación para los sectores más desfavorecidos, también temas en salud primaria y otras cosas que creemos que se deben defender. Eso hace parte del juego democrático.

—En la última semana, circularon imágenes de una reunión entre Cepeda y Petro, con el fin de mostrar unidad entre los mayores referentes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida. ¿Cuál será la misión de esos liderazgos en los próximos años?

—Los de Petro y Cepeda son dos perfiles muy importantes. El presidente Petro es un líder nacional e internacional en los temas que ha venido planteando, como la paz y el cambio climático. Es una persona que tiene toda la vocería y la representación de nuestro movimiento político. Obviamente, va a seguir jugando un rol en términos de liderazgo a nivel nacional e internacional. Iván Cepeda es la persona que acaba de sacar 12.700.000 votos, va a estar liderando la bancada más grande del Congreso en un rol de oposición. Es obvio que como líderes de este proyecto político van a tener muchos diálogos y diferentes roles en un escenario de política de oposición.

—¿Cuál es el norte de esa política de oposición? 

—Se van a defender los logros y avances que se han obtenido durante este gobierno. Y se va a tratar de que no se materialicen muchos de los riesgos que avizoramos en el futuro gobierno. En esa línea hay muchos temas que tienen que ver con políticas sociales, con temas laborales, pensionales, de salud, ambientales. Por supuesto todo esto será objeto de un gran debate. El gobierno de De la Espriella va a traer una agenda neoliberal de reducción del Estado y nosotros vamos a reaccionar a esa agenda regresiva que ellos quieren imponer. La Colombia de hoy es una Colombia diferente. El nivel de conciencia de la gente ha cambiado. El espíritu de participación de la gente en los escenarios políticos ha cambiado. Yo creo que vamos a tener momentos interesantes y esperamos que los riesgos que avizoramos del próximo gobierno no se materialicen. Es un reto para todos los latinoamericanos defender la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. 

—¿En qué punto de inflexión notó usted ese cambio en la conciencia colombiana?

—La gente asocia más la política al tema de la canasta familiar, a la educación, a los servicios públicos. La gente ha hecho ahora, de una manera más clara, una asimilación de la importancia de la participación política. La última votación fue un récord histórico respecto a años anteriores. El debate público no era banal, no era acerca de cómo se viste el presidente o la presidenta o cómo se comportan, sino que era un debate político muy ligado a los grandes temas del país. En ese sentido, creo que  uno de los legados más fuertes del gobierno de Gustavo Petro fue elevar el nivel de conciencia de la gente y el nivel de participación.

Tras las elecciones de marzo, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida cuentan con la bancada más numerosa en el Congreso. El oficialismo que asumirá el 7 de agosto, en cambio, tendrá una representación muy minoritaria, de apenas siete congresistas.

El 22 de junio, cuando aún no estaba cerrado el escrutinio, Cepeda convocó al diálogo para generar un acuerdo nacional que contemple a las dos partes de Colombia que votaron por proyectos políticos antagónicos. Horas antes, De la Espriella amenazaba a Cepeda y a Petro aconsejándoles que “hagan las valijas”. 

Para Uribe, “la propuesta del acuerdo nacional es bastante seria e importante. Uno de los problemas que tiene el país es que no nos ponemos de acuerdo en una hoja de ruta. En una polarización tan fuerte y en casi un empate electoral como el del 21 de junio, sería una oportunidad para que se tendieran puentes, para ponernos de acuerdo en muchos temas estructurales, de tal manera que hubiese una mayor gobernabilidad en el país. Esa es la aspiración. No sabemos si eso se va a dar; es posible que se dé de manera parcial”.

Y añade: “Sería provechoso que no entremos en una confrontación muy fuerte, que no haya estallido social prácticamente permanente y que de alguna manera se pueda hacer esa gobernabilidad de manera positiva”.

La injerencia estadounidense

Un informe elaborado por Natalia Munevar, una de las responsables de la Misión de Observación Internacional de las elecciones por el Pacto Histórico, reveló inconsistencias en el voto colombiano en el exterior e intromisión extranjera a través de la puesta a disposición de recursos económicos.

Uno de los datos difundidos revela, por ejemplo, que cinco puestos de votación en Estados Unidos tuvieron una participación superior al 100 por ciento del censo: Miami–West Palm Beach (109,6%), Atlanta–Charlotte (110,7%), Houston–Dallas (103,5%), Newark–Dover (113,3%), San Francisco–Denver (125,4%). “Matemáticamente imposible sin manipulación del censo o inflación de votos”, señala el relevamiento.

Otro aspecto mencionado son las denuncias documentadas por el apoyo abierto de Donald Trump a De la Espriella, los aportes del empresario estadounidense Dan Newlin (US$1,9 M en publicidad Google), la manipulación algorítmica atribuida a BlackCube desde Los Ángeles y el uso de inteligencia artificial y bots para general desinformación.

Alirio Uribe también hizo parte del seguimiento de la transparencia electoral y de la recepción de la Misión de Observadores Internacionales del Pacto Histórico. Sobre la denuncia de Cepeda acerca de la doble nacionalidad de De la Espriella, señala: “No es inconstitucional tener doble nacionalidad, lo permite la Constitución de Colombia. Pero el juramento que se hace en el momento en que se asume la nacionalidad en los Estados Unidos es incluso tomar las armas en representación de ese país y jurar lealtad a su soberanía. Él como presidente de los colombianos, debe tener esa lealtad hacia Colombia”.

Al respecto, aclara que se han hecho acciones de tutela, acciones populares que tendrán un trámite largo en el Poder Judicial. Hasta el momento, dos fallos en primera instancia señalaron que no es inconstitucional la doble nacionalidad. Seguirá luego el camino de la segunda instancia, que lleva unos dos meses, y luego de la Corte Constitucional, que puede llevar algunos meses más hasta tener un pronunciamiento definitivo.

Pero la nacionalidad denunciada no es cualquier nacionalidad. En un contexto de injerencia estadounidense en la región resulta, al menos, una señal de alarma. “El propio Donald Trump ha dicho públicamente a través de sus redes sociales que Abelardo de la Espriella ganó gracias a la intervención de Estados Unidos en la campaña. Sabemos que se pagaron campañas de desinformación, de contrainformación, de difamación, de odio y de mentiras frente a nuestro candidato. Es lo que llaman ahora una guerra cognitiva de mover muchísima pauta para la manipulación de los electores”, describe.

Inclusive, por primera vez la embajada de Estados Unidos, tanto en primera como en segunda vuelta, llevó a Colombia delegaciones de aproximadamente 100 personas. “No venían realmente a observar, sino a supervisar las elecciones”, cuestiona el senador. Y agrega: “Todos queremos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero relaciones soberanas y no de sometimiento ni de imposición”. 

Respecto al panorama latinoamericano, la injerencia político-electoral ya pasó por Venezuela, Honduras, Argentina, Colombia e incluso ya se pronostica en Brasil, que votará en octubre. El precandidato Flávio Bolsonaro acaba de ofrecer a Donald Trump ventajas a empresas yanquis en el marco de su carrera presidencial. 

“Estados Unidos tiene injerencia regional en varias zonas de América Latina y del Caribe. Es un tema que tiene que ver con la violación del derecho internacional, al igual que lo ocurrido con el genocidio en Gaza. Todo está inscrito en dinámica”, advierte Uribe.

Source

Por Estefanía Siniscalchi | Foto: Rocío Prim

En el marco del Mes del Orgullo, que se celebra cada junio en todo el mundo en conmemoración a los disturbios acontecidos en Stonewall, Nueva York, en 1969 y que dieron pie a los movimientos por los derechos LGBTTIQNB+, es importante reivindicar las luchas aún vigentes y trabajar en que sea un mes de reflexión y visibilidad, más allá de las estrategias de marketing que suelen teñir a las grandes marcas de color arcoiris.

Hace un mes, en Argentina se celebró el día de la patria trans, más precisamente el 24 de mayo. Y mientras el calendario patrio volvía a poblarse de discursos oficiales sobre la “Nación” y la “libertad”, en Plaza de Mayo otra voz colectiva insistió con una pregunta incómoda: ¿Qué patria hubo históricamente para las travestis y trans en Argentina?

Bajo la consigna, organizaciones y activistas nucleadas en Las Históricas Argentinas realizaron una nueva jornada de lucha para exigir la aprobación de una Ley de Reparación Histórica Travesti Trans. La convocatoria reunió a sobrevivientes de décadas de persecución policial, exclusión social y violencia institucional, junto a organizaciones feministas, transfeministas y del colectivo LGBTTIQNB+ de todas las edades.

Este día no es solo una fecha conmemorativa: Plaza de Mayo volvió a convertirse en un territorio de memoria política y denuncia. Una memoria que no habla en abstracto, habla de edictos policiales, detenciones arbitrarias, expulsión de hogares, escuelas y trabajos. De vidas marcadas por la clandestinidad forzada y un promedio de vida históricamente reducido por la violencia estructural.

“Memoria, verdad, justicia y una vejez digna”

Así lo sintetizaron desde la organización. Porque el reclamo por Reparación no apunta únicamente al reconocimiento simbólico, sino que exige políticas concretas para quienes sobrevivieron a un sistema que les negó derechos básicos durante décadas.

La demanda por una Ley de Reparación Histórica Travesti Trans lleva más de quince años de construcción colectiva. En ese recorrido quedaron muchas compañeras en el camino, sin acceso a jubilaciones, vivienda, salud ni condiciones materiales para una vejez digna. La democracia argentina, señalaron las activistas, mantiene todavía una deuda profunda con quienes resistieron la persecución estatal incluso después del retorno democrático.

La jornada también tuvo el formato de encuentro popular y cultural. Hubo festival artístico, lecturas, música, clase abierta de baile y olla popular. Porque la organización comunitaria aparece, otra vez, como respuesta frente a la precarización y el abandono. Entre artistas, activistas y referentas históricas, la Plaza se llenó de cuerpos y voces que disputan el sentido mismo de patria. Una inclusiva dónde la diversidad logre los mismos derechos.

Así lo recuerdan los testimonios de Marcela Saibek, Micaela Pérez y Erika Moreno que reconstruyen décadas de persecución, detenciones arbitrarias, exclusión laboral y violencia estatal que aún esperan reconocimiento y reparación porque para el colectivo travesti/trans la violación a sus derechos no terminó con el retorno de la democracia. Esa es la deuda que el Estado debe reconocer y reparar.

“Nos tienen que reparar primero porque nosotras aportamos como todas, pagamos impuestos como todo ser humano. Pero aparte de pagar con el cuerpo, con los golpes y con las cosas que vivimos, teníamos que pagarle a todos por el arreglo. Eso que estamos reclamando es nuestro”, afirma Marcela Ángela Saibek de García Sopeña, integrante de Las Históricas, en referencia a las coimas que les obligaban a pagar.

La organización nació a partir de encuentros entre sobrevivientes que comenzaron a reunirse después de la pandemia para impulsar el reclamo. Lo que empezó como reuniones informales terminó convirtiéndose en un movimiento federal integrado por activistas de distintas provincias. El nombre surgió durante una caminata hacia Casa Rosada para entregar una carta al entonces presidente Alberto Fernández.

“Parecemos Las Históricas Argentinas”, recuerda Marcela entre risas. El nombre quedó para siempre.

Pero detrás de esa anécdota aparece una historia mucho más dura. Las entrevistadas relatan detenciones arbitrarias, violencia policial, expulsión de sus hogares, imposibilidad de acceder al trabajo formal y años enteros de persecución sistemática. “Nosotras estuvimos presas años y no tenemos antecedentes. Los golpes, las violaciones, los garrotazos, todo eso lo sufrimos. Entonces, ¿cómo se entiende?”, se pregunta Marcela.

Para las integrantes del colectivo, la ausencia de registros oficiales constituye una de las pruebas más contundentes de la violencia estatal. Muchas fueron detenidas decenas de veces sin que esas detenciones quedarán asentadas formalmente. Micaela Josefina Pérez, de 62 años, se define como “un testimonio vivo” de aquella época. Sobreviviente de la dictadura, los edictos policiales y la persecución en democracia, recuerda que fue detenida en reiteradas oportunidades y que terminó exiliándose del país en el año 2000.

“Yo me exilié cansada de mis detenciones. Estuve en Devoto varias veces por 15, 20 y 30 días solo por el hecho de ser travesti”, relata. Su historia refleja uno de los argumentos centrales del reclamo: el Estado persiguió a las personas travestis y trans y también les impidió construir una vida laboral que les permitiera acceder a derechos básicos.

“A mí me sacaban de la peluquería. Las dueñas tenían que ir a buscarme a la comisaría. Después de la cuarta o quinta vez me echaban del trabajo. Nos empujaron al mundo de la marginalidad y la prostitución”, recuerda Micaela. La consecuencia de esa exclusión sigue presente hoy. Muchas de las sobrevivientes llegaron a la adultez sin aportes jubilatorios, sin vivienda propia y con graves problemas de salud derivados de décadas de precarización. “No hay tiempo. Nos seguimos muriendo”, advierte Micaela. “Lo único que pedimos es que se dignifique el resto que nos queda por vivir”.

“Para nosotras la democracia llegó recién en 2012”

Para las activistas, la Reparación Histórica no busca privilegios ni beneficios extraordinarios sino reconocer que existió una política sistemática de exclusión social que dejó secuelas materiales y simbólicas en travestis y trans y que persisten hasta el presente.

Erika Noely Moreno, activista fueguina e integrante de Las Históricas, lo sintetiza con claridad: “La reparación histórica es reconocer el genocidio que nos hicieron. No nos dejaron estudiar, trabajar, comprar una vivienda ni hacer aportes jubilatorios. Ahora necesitamos la reparación porque no nos dejaron construir nada”.

Moreno señala además que el negacionismo sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar. “¿Por qué cuesta tanto entenderlo? Porque no se hacen cargo. No se hacen cargo de que nos tiraban agua caliente, de que nos cagaban a tiros, de que nos detenían. Fuimos a buscar los registros y no hay nada”.

Para las entrevistadas, la Ley de Identidad de Género representó un punto de inflexión. Pero remarcan que el reconocimiento legal no alcanzó para reparar décadas de exclusión estructural. “Para nosotras la democracia llegó recién en 2012”, afirma Micaela. “Antes no podíamos caminar tranquilas por la calle”.

En la Plaza de Mayo, la memoria ocupa un lugar central. Cada actividad recuerda a las compañeras que murieron sin haber visto reconocidos sus derechos. “Pensé que estábamos todas muertas”, confiesa Erika al recordar el encuentro con otras sobrevivientes. “Eso también fue lo que me llevó a militar con Las Históricas: que todavía estamos vivas”.

Esa idea atraviesa toda la construcción política del colectivo. Las Históricas se reconocen como memoria viva de una experiencia que durante décadas fue invisibilizada. “Somos pequeños libros abiertos de esa época”, dice Marcela. “Después esto ya no se va a hablar con nosotras. Lo van a tener que ir a buscar a los libros. Por eso es importante que nos escuchen para que no vuelva a pasar”, agrega.

Es que, como repiten cada 24 de mayo, no puede haber una democracia plena mientras quienes sobrevivieron a la persecución estatal sigan esperando que el Estado reconozca el daño que les causó. Uno de los puntos más fuertes de su discurso político es la idea de “supervivencia”. Muchas de sus integrantes remarcan haber sobrevivido a una expectativa de vida históricamente bajísima para el colectivo travesti trans en Argentina.

Desde allí, el reclamo de reparación no aparece solamente como una demanda económica, sino como una política de memoria y justicia frente a una violencia estructural que marcó generaciones enteras.

A través de sus redes, el colectivo también reivindica una dimensión afectiva y cultural de la militancia: la celebración de las identidades travestis y trans, la construcción de comunidad y la transmisión intergeneracional de la memoria. Por eso, su trabajo dialoga con experiencias como el Archivo de la Memoria Trans Argentina y otros espacios dedicados a preservar las historias de vida travestis y trans en el país.

Source

Por Redacción Marcha con producción de Mariángeles Guerrero desde Bogotá.

“El cambio social democrático profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente”, dijo Iván Cepeda ante un público eufórico que lo aplaudió ante cada frase que pronunció. El candidato del Pacto Histórico salió al escenario del Royal Center, en Bogotá, luego de que se diera a conocer el último informe de la Registraduría Nacional que lo ubicó con el 48,70% de los votos a menos de un punto de su contrincante el abogado de extrema derecha, Abelardo de la Espirella (Defensores de la Patria), que consiguió el 49,65%. Justamente por ese margen estrecho, que es inédito y que estuvo acompañado por una participación histórica, anunció que aún no reconocerán los resultados, sino que esperarán al escrutinio definitivo.

“El preconteo que se ha realizado, lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni es vinculante. Reconocemos el resultado, pero debemos decir que nuestros equipos están procediendo a intimar 33 mil mesas en todo el país -un 25% del total de las mesas del país, unos 5 millones de votos-, una por una deberá ser objeto del escrutinio”, sostuvo ante una masa que esperó que finalizara el discurso para salir caminando hacia el Corferias, el puesto de votación más grande del país en defensa de los votos ante un proceso que puede demorar hasta una semana.

La militancia, sin embargo, no fue sola, autoconvocadxs movilizadxs también atravesaron Bogotá de manera pacífica para mostrar su apoyo a Cepeda y acompañar el conteo final, al poco tiempo desconcentraron para evitar que la concentración sea utilizada como excusa que pudiera obstaculizar el conteo, pero hasta entrada la noche persistían en las calles. Desde el Pacto Histórico convocaron a abogadxs para verificar el proceso.

Durante toda la jornada circularon en redes sociales videos y fotos de cientos de personas de las zonas rurales movilizándose en canoas, camiones y caminando durante horas para poder llegar a los centros de votación ante una elección en la que se “juega la vida”, en palabras del presidente, Gustavo Petro, y en un escenario que estuvo atravesado desde el 31 de mayo pasado por la tensión en lo que también puede significar un cambio de signo político hacia la extrema derecha en uno de los países más importantes de la región sudamericana.  

En ese contexto, Cepeda se dirigió ante la militancia y pidió a sus equipos de abogados y colaboradores a que estén “atentos al escrutinio de cada una de las mesas sus actas y sus resultados” porque una vez que se produzca el resultado final del escrutinio se hayan hecho las verificaciones correspondientes, entonces, reconocerán el resultado oficial. “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo”, cantaban desde abajo.

El candidato del Pacto, además, destacó la participación del 63.59% del padrón -un número inédito en un país en donde la votación no es obligatoria-, criticó la injerencia extranjera y saludó a quienes lo acompañaron durante la campaña. “Estamos ante el pueblo para decirle que somos una fuerza indiscutible en Colombia”, sostuvo, teniendo en cuenta que la fuerza política del Pacto Histórico se impuso en las elecciones legislativas del 8 de marzo y para dejar como mensaje a sus contrincantes que no permitirán que retrocedan las conquistas sociales conseguidas. 

“Somos una fuerza resistente que somos capaces de sobrevivir en las peores condiciones si es necesario”, dijo y, a continuación, llamó al diálogo y a buscar un “acuerdo nacional” que permita “resolver los grandes problemas estructurales e históricos de la sociedad colombiana”.

“Vamos al escrutinio, a la movilización social, a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia”, cerró.  

Por qué Colombia aún no tiene presidente electo 

Aunque varios medios de comunicación dieron como ganador a De la Espirella en la noche de este domingo, lo cierto es que los resultados aún no están. En tanto, pasadas casi cuatro horas desde el cierre de las mesas, el candidato de la extrema derecha apadrinado por el estadounidense Donald Trump tampoco se pronunció. Tampoco lo hicieron las autoridades electorales, que sólo se limitaron a dar a conocer los datos del preconteo, hasta el mismo registrador, Hernán Penagos, reconoció que se trata de información “no vinculante”.

Además, hay otro dato clave: en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2022, el preconteo arrojó para el Pacto Histórico 2.302.847 votos en el Senado; y luego el escrutinio oficial elevó esa cifra a 2.830.902 votos, es decir, una diferencia de 528.105 votos.

1. Porque el preconteo de la Registraduría es informativo y no vinculante 

No es el escrutinio definitivo. Según la misma Registraduría en su página web, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución No. 1706 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, los boletines expedidos por la Registraduría Nacional durante el preconteo “no son de carácter vinculante y tienen mero carácter informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección”. 

Allí, explican que “los porcentajes se calculan y muestran con reducción a 2 dígitos a la derecha del separador decimal (término matemático: truncamiento a 2 decimales). 

El preconteo ocurre en varias etapas: primero, los jurados cierran la mesa de votación y abren la urna. Luego cuentan los votos, los clasifican y registran la información en las actas correspondientes. Después, esos datos son transmitidos para su consolidación. Con esa información, la Registraduría publica boletines que muestran el avance de la votación, el porcentaje de mesas informadas y los votos obtenidos por cada opción.

Este proceso permite que ciudadanos, campañas, medios de comunicación y autoridades sigan la evolución de los resultados durante la tarde y noche electoral.

Los datos que muestran son: porcentaje de mesas informadas, votos obtenidos por cada fórmula presidencial, porcentaje de votación de cada candidatura, votos en blanco, nulos, no marcados y el avance general del preconteo. 

El escrutinio, en cambio, es el proceso oficial de revisión y consolidación de los resultados. Allí se verifican actas, formularios, reclamaciones y documentos electorales.

2. Porque aún faltan escrutar los votos de la colombianidad en el exterior.

El voto en el exterior y las alertas de la Misión Internacional 

Para el sistema electoral colombiano, la participación electoral de los votos en el exterior opera con un control institucional débil, pero puede resultar determinante en una contienda ajustada y persistente a una falta de fiscalización entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. 

“Los votos del pueblo colombiano en el exterior deben ser los primeros en escrutarse, sin excusas”, advierte

El trabajo de la comisión se apoya en cuatro funciones: observación en el terreno, registro de las respuestas institucionales, análisis del contexto e identificación de los problemas estructurales.

En el plano judicial, el contexto incluye la denuncia penal presentada por el senador y candidato Iván Cepeda ante la Fiscalía General y la Corte Penal Internacional contra De la Espriella por presuntos vínculos con la financiación del paramilitarismo.

Por otra parte, la Misión Internacional registró las siguientes alertas: designación desequilibrada de jurados en algunos Consulados, riesgo de voto múltiple por el carácter semanal de los comicios y mesas con compartimentos atípicos señalados en la primera vuelta. También marcó la inscripción atípica de jurados, presuntamente turistas, que viajaron al Mundial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la acreditación de la misión designada por el Pacto Histórico y otorgó solo tres cupos para la instalación, a la cual asisten 700 personas. En la capacitación impartida por el CNE, la misión consultó por metodología de escrutinio y conservó las respuestas como evidencia documental. De ella se desprende que el propio CNE reconoce que no cuenta con una herramienta tecnológica propia para escrutar. El conteo se realiza de forma manual sobre decenas de miles de mesas y no existe un protocolo unificado. Otro aspecto señalado es que el preconteo de la Registraduría es informativo y no vinculante.

“Una parte sustancial de la operación electoral está a cargo de una empresa privada, lo que plantea exigencias de transparencia y auditabilidad de software que la observación debe poder verificar. El escrutinio, fase más decisiva y a la vez la menos observada, carece de protocolo unificado. Se realiza manualmente y sin transparencia plena de cara a la ciudadanía”, refirió.

3. Porque desde la campaña de Iván Cepeda se está denunciando la existencia de actas sin firmar. 

La firma del jurado en el tarjetón o boleta sirve como medida de control. La preocupación ciudadana radica en que, si un tarjetón carece de ella, pueda ser declarado nulo posteriormente, aunque la Registraduría aclaró que este error de los jurados no anula el voto del ciudadano, la falta de esas firmas puede poner en dudas un acto electoral que se juega voto a voto.

Esas mesas deberán ser revisadas, según el pedido que hizo Cepeda. 

Source

Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La campaña hacia la segunda vuelta de Iván Cepeda y Aida Quilcué (Pacto Histórico) tuvo movilización, música, artistas, mujeres de la economía social, ambientalistas, travestis y un amplio arco social en las calles. También una mayor presencia del senador y candidato presidencial en las redes sociales, en entrevistas con influencers y actos en cada región de Colombia. Muchas personas salieron de forma autoconvocada con carteles, volantes y stickers a hablar con los vecinos y buscar los votos que faltan para que hoy Cepeda sea el nuevo presidente de Colombia. Detrás de la movilización popular, un objetivo: que Colombia dé vuelta de forma definitiva la página de la violencia y camine hacia la paz. 

En el barrio Ciudad Hunza (localidad de Suba, norte de Bogotá), se sostiene una trama comunitaria de radio, arte, ollas populares y trabajo de las recicladoras urbanas. Sus calles empinadas están pintadas con consignas contra la violencia de género. Allí, Ángel Jaime León, comunicador popular y militante, asegura que la firma del Acuerdo de Paz de 2016 no fue solo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado. “Fue un acuerdo de la sociedad colombiana”, resalta.

Ese acuerdo requiere transformaciones estructurales sobre todo en lo que respecta a la tierra, la política y el sistema electoral. La paz no es solo quitar fusiles, es generar las condiciones para la vida digna. Es dar tierra a las familias campesinas, es cuidar los páramos que brindan agua, es reconocer el trabajo invisible de las que cuidan a sus familias y territorios. La paz requiere un compromiso político. Y en esa apuesta se posiciona la fórmula del Pacto Histórico, las propuestas de Cepeda-Quilcué para la Colombia de los próximos años.

Ambos candidatos comparten una herida: vivieron en carne propia el asesinato de familiares por la persecución política. 

Manuel Cepeda Vargas era legislador electo por la Unión Patriótica cuando lo asesinaron grupos paramilitares y el Estado colombiano en 1994. Iván era entonces profesor de filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá e iba hacia su trabajo cuando encontró el auto en el que viajaba su padre con un disparo en el parabrisas. “Le pido al presidente (Ernesto) Samper, a quienes tienen que ver con la Justicia en Colombia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país”, dijo el joven Cepeda ese día frente a las cámaras de televisión.

En 2008, la Minga Indígena realizó una movilización histórica para reclamar por los derechos de las comunidades originarias en Colombia. A fines de ese año, en una emboscada militar, asesinaron a Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena del Cauca, Aida Quilcué. Las fuerzas oficiales lo presentaron como un “falso positivo”: un supuesto combatiente de las fuerzas armadas insurgentes caído en combate. Quilcué advirtió que no iban a callarla y continuó exigiendo mejores condiciones de vida para sus comunidades. 

Cepeda debió exiliarse y, a su retorno, fundó el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (Movice). Fue uno de los partícipes de las conversaciones por el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su rol fue dialogar con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional para llegar a ese pacto entre las organizaciones armadas y el gobierno. Así se llegó a un punto de partida: lo que dicen los papeles y que debe convertirse en realidad. El gobierno colombiano incumplió por acción o por omisión. Entre 2016 y 2026, 489 firmantes del acuerdo fueron asesinados según el Consejo Nacional de Reincorporación.

Albeiro Suárez mira de frente a la cámara y sonríe. Tiene una remera blanca, con una rosa y el nombre del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fuerza política con la que las FARC se propusieron retomar la lucha mediante las urnas. “Necesitamos que en vez de que nos estigmaticen, nos apoyen, que vengan al territorio y se den cuenta de que aquí no estamos construyendo trincheras ni fusiles, estamos construyendo paz”, asegura el hombre de 47 años. El ex combatiente de las FARC era líder de su comunidad, una referencia para otros firmantes del acuerdo que, como él, buscaban reinsertarse en la sociedad mediante el trabajo campesino en el departamento Meta (este de Colombia).

A Albeiro lo mataron el 16 de octubre de 2020, dejando a su comunidad sin su líder y expuesta a ser víctima de otros crímenes. Albeiro había dejado los fusiles y apostaba a otra vida para él y para sus compañeros. Lo asesinaron mientras hacía diligencias para mejorar las condiciones de vida en el campamento de firmantes que empezaba a florecer con casas de nylon y organización colectiva para empezar a cultivar cacao.

Aída Avella se para en el escenario en el cierre de campaña de Iván Cepeda en Bogotá. Mira al público con los ojos cargados de emoción. “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo”, canta con voz poderosa. Y asegura algo que sintetiza la necesidad de paz y, una vez más, que la paz no se hace sola, sino con decisión política. “En este gobierno (el de Gustavo Petro) a nadie le arrancaron los ojos por pensar diferente”. Es la misma voz potente que, en 1996, gritaba a los medios tras sobrevivir a un atentado: “Hagan algo, este es el precio de la oposición. Nos quieren matar porque somos de la UP”. 

La aseveración sobre los ojos que hace Avella refiere a la persecución estatal de las personas que participaron del estallido social de 2021 en el gobierno de Iván Duque. Miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades en abril de ese año, en oposición a una reforma tributaria que pesaba sobre los alimentos. Fue una manifestación popular cobardemente reprimida por el gobierno. El Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) indica que, entre el 28 de abril y el 28 de junio de ese año hubo 75 asesinatos, 83 personas tuvieron lesiones oculares y 28 fueron víctimas de violencia sexual; hubo 1.832 detenciones arbitrarias y otros 1.468 casos de violencia física.

En las afueras de un shopping en Kennedy, al sur de Bogotá, muchos rechazan el volante de Cepeda-Quilcué, muchos otros lo reciben. La polarización política está en el aire en una zona de la ciudad donde en primera vuelta ganó Abelardo de la Espriella con el 80 por ciento de los votos. Pero los que piden los volantes y saludan con un grito en favor de Cepesa son jóvenes: no superan los 35 años, son varones, son mujeres. Son, generacionalmente, los protagonistas de aquel estallido.

Mauricio Grajal y Jenny Moreno Socha son jóvenes que estuvieron en el epicentro del estallido, en Cali, en 2021. A partir de aquellos días, generaron junto a otras personas la Juntanza Popular por la Transformación Social. Ambos comentan que, antes del estallido, las y los jóvenes no tenían representación, que muchas y muchos de los que salieron a manifestarse pertenecían a sectores populares y no participaban de ninguna organización. Marcan que la derecha velozmente señaló a quienes participaron de aquellas protestas como grupos financiados por la guerrilla. Para sostener la memoria y la verdad de aquellos días, escribieron un libro en el que relatan la experiencia.

Grajal relata que aquella experiencia fue para él transformadora cultural y socialmente. En ese entonces tenía 19 años.  “Me permitió participar en espacios en los que no había pensado estar. Encontramos el camino de qué hacer y para qué hacer. No soy formado en la universidad, pero a través de la organización pude acceder a capacitaciones para exponer las barreras estructurales que tienen los jóvenes”, relata.

Y agrega: “Un gobierno como el de Iván Cepeda es clave para sostener ese camino, el de los jóvenes que quieren transformar el territorio en el que viven”. 

Moreno Soacha agrega que el significado del estallido fue la expresión de que a los jóvenes les importa la política. Y que vivieron la experiencia de estar en la primera línea de las manifestaciones a ser lideresas y líderes sociales, de fortalecer la identidad en el territorio y de entender lo colectivo. “El joven que salió en 2021 salió con digna rabia y hoy es más consciente”, asegura. Ella tenía 28 años en esa época y salió a las calles por solidaridad con otros jóvenes.

Ambos dejan planteada una pregunta que ayuda a entender lo que se juega hoy en las urnas. “¿Cómo le fue a la oposición en este gobierno? ¿Tiene la oposición las mismas posibilidades de ser oposición en un gobierno de derecha o de izquierda? ¿Quién quiere la paz y quién la violencia en Colombia?”.

La campaña de Abelardo de la Espriella responde esa pregunta: el candidato anunció que “destripará” a quienes piensen diferente. Prometió hacer cumplir la ley, que quien bloquee una avenida durante una protesta recibirá un castigo. Promesa que, en el oído argentino resuenan conocidas, vivenciadas, resistidas. Prometió también reincorporar el extractivismo como política de Estado en un país donde la concentración de la tierra expone la desigualdad que vive Colombia y que es otro elemento que impide la paz. Precisamente, la derecha que hoy apoyará a este candidato fue la misma que bloqueó en el Congreso las reformas necesarias para cumplir el acuerdo.

Cepeda, por su parte, promete ante todo garantías para quienes no voten por él y reparación para las víctimas de la violencia estatal.

Colombia está llena de muertes, dice alguien. Colombia está llena de desaparecidos y desaparecidas cuyas familias aún buscan y esperan, como Las Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) a quienes Iván Cepeda acompañó en el largo camino de buscar paz y justicia. Colombia llora a los falsos positivos, víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército Nacional hizo pasar por guerrilleros para justificar los asesinatos. Sobre esa herida hay dos propuestas: destripar al opositor, como amenaza De la Espriella, o el diálogo, como convoca Cepeda; continuar agrediendo a quien piensa diferente o continuar la búsqueda de la verdad y la justicia sobre el accionar de los grupos armados, el paramilitarismo y el Estado.

Sobre esa herida hay dos alternativas y la última palabra la tendrán los votos de este domingo.

Source

Por Mariángeles Guerrero desde Colombia | 

El calor agobia a Bucaramanga, en el norte de Colombia. Sobre la cordillera se alza esta ciudad, capital del departamento Santander, con sus edificios modernos y el verde de sus plazas. Sobre las dos de la tarde, la lluvia quiebra con fuerza el sopor y, después del aguacero, una pequeña brisa hace flamear las banderas en la Puerta del Sol, punto emblemático de encuentro. Desde allí, se caminarán cuatro kilómetros hacia la sede de la Universidad de Santander. En ese lugar, el candidato presidencial Iván Cepeda hablará a las organizaciones socioambientales que llegaron desde distintos puntos del país para acompañar la movilización por el agua y los páramos.

La marcha es por los páramos, por el agua, por la vida. Y es, explícitamente, a favor de la candidatura de Iván Cepeda y de Aida Quilcué a la presidencia de Colombia. La bandera azul, amarilla y roja se mezcla con pancartas con consignas y carteles con los rostros de los candidatos. Faltan pocos días para la segunda vuelta presidencial que opone dos proyectos de país: el de Cepeda-Quilqué y el de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, ex ministro del gobierno de Iván Duque.

El Comité por el Agua y el Páramo de Santurbán calcula que entre 15.000 y 20.000 personas participan de la marcha. Es la primera vez que este colectivo se posiciona abiertamente en favor de un candidato: Iván Cepeda. Mayerly López es una de sus integrantes y explica: “Esta marcha se da en medio de una coyuntura electoral donde hay dos opciones totalmente antagónicas para la protección del agua y de Santurbán”. La protección del agua y del páramo es lo que ha movilizado los 17 años del Comité.

La entrevistada comenta la conclusión colectiva que dio pie al apoyo: “No podemos quedarnos callados ni ser indiferentes porque si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia, no va a haber garantías en la protección de Santurbán”.

El páramo de Santurbán es uno de los 37 páramos colombianos. Son ecosistemas de alta montaña tropical, fuente de agua dulce y de importancia ecosistémica debido a su fauna y a su flora. Allí destaca el frailejón, una planta de hojas velludas y gruesas que tiene la capacidad de retener agua en el suelo a través de la captación de la humedad de las neblinas.

Por estas cualidades, el páramo de Santurbán le brinda agua a más de dos millones de personas del área metropolitana de Cúcuta y de Bucaramanga en forma directa, explica López. Pero esas aguas viajan al sur, al río Magdalena Medio, el más importante de Colombia en términos de caudal. El 70 por ciento de las y los colombianos beben agua que nace en alta montaña, según la activista.

“El páramo es un ecosistema con una importancia hídrica muy grande para el país, estratégico para la mitigación del cambio climático por su capacidad de recepción de dióxido de carbono. Allí viven familias campesinas que también estarían en riesgo”, apunta.

Pero Santurbán no es solamente un bioma de gran importancia ambiental. Es también un símbolo de la movilización popular ante el extractivismo. En la zona, la minera canadiense Aris Mining busca explotar oro a través del proyecto Soto Norte, pese a las manifestaciones de los colectivos socioambientales y de las comunidades que allí habitan. 

Compromiso con la vida

De la Espriella no solo se manifestó a favor de la megaminería sino también del fracking (o fractura hidráulica), una forma no convencional de extracción de gas y petróleo del subsuelo que en Argentina ya mostró sus impactos socioambientales negativos en el yacimiento Vaca Muerta.

Por su parte, Iván Cepeda planteó en su campaña el compromiso con la protección del agua. Ese compromiso fue reafirmado tras la marcha en Bucaramanga. Minutos después de su finalización, el candidato por el Pacto Histórico afirmó: “Creemos en una patria que protege la vida, que cuida sus páramos, sus ríos, sus selvas, sus bosques y su biodiversidad, que defiendas la fauna, que defiende la flora, que defiende a cada una de las especies que hay en nuestro territorio, de las cuales somos guardianes ante la humanidad”.

Y añadió: “El desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios y las comunidades. El agua es lo fundamental, es la fuente y el sustento de la vida”. En ese sentido, se comprometió a impulsar mecanismos de gestión comunitaria del agua. Y consideró: “No es incompatible proteger la naturaleza, garantizar la economía y el bienestar de las comunidades. Hacen parte de una política integral del gobierno en los territorios que transforman los territorios en comunidades de vida y no en cementerio de desechos industriales o de excavación de las grandes empresas mineras”.

Luego aseguró: “En mi gobierno no habrá fracking. Vamos a trabajar porque nuestra economía deje de estar centrada exclusivamente en la explotación de combustibles fósiles, pero haremos la transición necesaria para que quienes viven de la minería y quienes viven de la explotación del petróleo puedan tener una vida digna y hagan la transición de la mejor forma posible”.

Tras su discurso, firmó un pacto con el Comité, que incluye nueve puntos sobre la protección del agua y los páramos. El testimonio de López muestra que el compromiso de Cepeda respecto a la lucha socioambiental no es un asunto de campaña electoral. “Tiene una trayectoria acompañando la lucha de Santurbán, coadyuvando en acciones jurídicas de incidencia y de movilización”, relata. 

Ejemplifica: “Hemos hecho innumerables reuniones de incidencia política en donde él ha participado y ha sentado posición en defensa de Santurbán. Incluso ha venido a marchar en algunas oportunidades cuando hemos convocado a movilizaciones. Conocemos su compromiso desde hace años en esta lucha”.

Por otro lado, la activista advierte un aspecto clave, relativo a las garantías de la oposición en un gobierno de ultraderecha en Colombia. “Con Abelardo (de la Espriella) no solo están en riesgo los ecosistemas, sino también la vida de los defensores y las defensores ambientales y de las personas que pensamos distinto a esa mirada extractivista del planeta y de nuestra naturaleza, porque él mismo ha dicho que hay que destripar a quienes piensan diferente”, señala.

Y expresa: “Valoramos que (Cepeda) haya firmado ese documento y que haya participado de esta movilización, que haya reconocido la importancia de los movimientos sociales y sobre todo de lo que implica la protección de Santurbán para el nororiente colombiano”. El candidato de la izquierda también se comprometió explícitamente a la protección de las y los defensores ambientales.

Colombia sin fracking

La Alianza Colombia Libre de Fracking nuclea a 150 organizaciones comunitarias, de mujeres, campesinos, pescadores y académicos a nivel nacional. Nació hace diez años, cuando se dio viabilidad a la extracción de petróleo mediante yacimientos no convencionales. Las y los activistas contra el fracking se contactaron con pares de países donde ya había experiencias de esta forma de extractivismo: Argentina y Estados Unidos. Y detectaron una problemática común: la falta de acceso a la información y los bajos niveles de transparencia de estos proyectos. 

En 2019, el Consejo de Estado Colombiano estableció una moratoria para el fracking atendiendo al principio precautorio en materia ambiental. Este principio indica la prevención ante la posible afectación ambiental de un determinado proyecto. Pero el gobierno de Iván Duque, impulsando el fracking, hizo caso omiso. “Así que en Colombia aparece algo que es el comité de expertos independientes, que de expertos tenía poco y de independientes nada, para dar viabilidad al fracking, no mencionado como fracking sino como Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII)”, indica Yuvelis Morales, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Las georreferencias para posibles proyectos indicaron que el sitio para la explotación era la zona del Magdalena Medio. El punto cero señalado fue Puerto Wilches, de donde es oriunda Morales. “Esa es la región en la que se empezó con la extracción de petróleo y gas convencional en Colombia hace más de un siglo y es la misma región en la que la gente no tiene acceso al agua potable, en la que los niveles de violencia, estigmatización y asesinatos son cada vez más frecuentes y van en aumento”, detalla.

Para la activista, el municipio debería contar con condiciones básicas de vida digna y saneamiento, pero la realidad dista de esa expectativa. “La lucha contra el fracking mostró que se sacrifica la vida de la gente, la fauna, la flora y la biodiversidad y que el agua termina siendo el gran elemento de disputa”, agrega.

Mientras la derecha latinoamericana busca profundizar el extractivismo petrolero, las comunidades están un paso adelante en buscar alternativas. En abril pasado se llevó a cabo la Primera Conferencia Mundial para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. 

“Fue una iniciativa de las organizaciones de base territorial realizada por el gobierno colombiano. Pero sin las organizaciones no hubiese sido una realidad, porque en Colombia las comunidades y los movimientos comunitarios están haciendo transición energética con energías comunitarias y con propuestas concretas abordadas desde y para los territorios”, asegura. Y menciona como ejemplos a las Reservas campesinas de Santander y a la organización Ríos Vivos (que promueve la energía solar y la educación ambiental).

La activista explica que estas experiencias requieren inversión estatal y que el gobierno de Gustavo Petro tuvo avances en ese sentido. Pero lo que no se ha logrado es una ley que prohíba el fracking o la megaminería en el páramo de Santurbán. “Aunque hubo voluntad política, no hubo voluntad legislativa. En el Congreso se siguen oponiendo los partidos de derecha que han hecho del ambiente en Colombia un negocio”, refiere.

La lucha ambiental requiere paz (y viceversa)

Morales indica que las luchas ambientales tienen mucho que ver con la necesidad de la paz territorial. En un país marcado por la violencia política contra disidentes, opositores y opositoras, defender un territorio conlleva riesgos. La activista comenta: “Los territorios siempre han estado en disputa por las industrias extractivistas y estas muchas veces son apoyadas por los grupos armados ilegales. Cuando alguien en Puerto Wilches dice ‘no al fracking’, al siguiente día o la misma tarde le pasan una amenaza, un comunicado, un panfleto en el que se atenta en contra de su vida”.

Para ella la paz no es solamente la ausencia de algo, sino tener agua limpia, saneamiento básico, acceso a la salud y a la educación. “La gente necesita vivir en territorios en los que se pueda vivir y cuando uno empieza a exigir estos derechos e inmediatamente es amenazado, se da cuenta de que el territorio en Colombia es una zona de disputa. Y que cuando se pierde la pelea, los territorios terminan siendo zonas de sacrificio”, concluye.

Oneida Suárez también es defensora ambiental e integra la Alianza Colombia Libre de Fracking. Desplazada por el conflicto armado, hace décadas llegó a El Carmen de Chucurí, en Santander. Allí la lucha es contra una mina de carbón a cielo abierto que también afecta fuentes de agua. Se trata de una zona campesina que nutre a ciudades como Bogotá con plátano, yuca y cítricos. La mina es operada por la firma Colcco S.A. En 2023, el gobierno colombiano frenó los permisos a la minera por inconsistencias en la información técnica que había brindado.

Oneida comenta la lucha durante los gobiernos de derecha en Colombia: “Hemos tenido una lucha muy reñida porque no se garantizaban los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos y la política ambiental solamente favorecía a las empresas”.

Y compara: “En este gobierno se ha generado una política ambiental nueva hacia la transición energética, hacia un modelo económico para la vida. Ahora vemos amenazado este proyecto por una persona que representa a la ultraderecha y que con mentiras y engaños quiere generar una expectativa en torno a la explotación de carbón, petróleo y oro”.

Expresa que la marcha es la respuesta de un pueblo que ha venido levantándose hace más de diez años en contra de la megaminería y el fracking. “Es una respuesta muy sentida, es una respuesta unánime de los procesos sociales, de los sindicatos, de los estudiantes, de las mujeres, de todas las voces. Queremos revertir este resultado (de la primera vuelta) que amenaza nuestros territorios. Es importante que vean que estamos presentes y parados en nuestra defensa territorial”.

Oneira marcha junto a su hijo Jorge David Tolosa, de 19 años. Es uno de los muchos y muchas jóvenes que alzan sus pancartas con los rostros de Iván Cepeda y de Aida Quilcué, junto a otros carteles que dicen “Agua sí, oro no”.

“Mi madre ha luchado por el territorio y yo quiero luchar también porque viví y crecí en el campo. Sé lo que es tener una naciente de agua, el cultivo al lado de la casa, comer de lo que produce la tierra. Quiero que mis hijos y mis siguientes generaciones también vivan lo mismo y puedan tener agua limpia para tomar”, dice el joven. 

“La gente que vive en el campo es desplazada de su territorio debido a los impactos que trae la minería. Son concesiones de miles y miles de hectáreas que le va quitando terreno a la gente, que ya no puede tener sus cultivos porque la contaminación se los daña”, denuncia. 

La lucha no termina cuando anochece y la marcha concluye. Tampoco termina con la firma del pacto entre las organizaciones y un candidato que participó de las movilizaciones y que mañana puede ser presidente de Colombia. Así lo expresa López: “Tenemos una consigna y es que Santurbán se defiende, gobierne quien gobierne. Vamos a seguir haciendo veeduría, ese es nuestro trabajo; haciendo el control y las exigencias para que Santurbán se proteja de manera integral, para que se le cierren definitivamente las puertas a las multinacionales”.

Source

Por Carla Perelló, desde São Paulo y Mariángeles Guerrero, desde Buenos Aires | Foto: Julianite Calcagno (Archivo Marcha -2022)

El 2026 es un año clave para América Latina y el Caribe y, también, para Brasil: en el ese país, el presidente y exsindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva, planea conquistar su cuarto mandato y, así, intentar darle una estocada a la expresión local de la ultraderecha que encarna la familia Bolsonaro. Sin embargo, esa tarea no parece ser sencilla a cuatro meses de las elecciones. En el orden interno, el bolsonarismo se reorganiza en el Congreso Nacional con el centrão –conjunto sin ideología definida– como principal aliado para presionar al Ejecutivo; y en el exterior se articula con el gobierno de Estados Unidos. Lula sortea obstáculos dentro y fuera del país.

Desde fines de abril la batalla entre el partido de Gobierno y la oposición es incesante y, en ese contexto, los medios de comunicación no se quedaron atrás: declaran la muerte y la sobrevivencia del presidente, así como filtran audios vinculando a hechos de corrupción al precandidato presidencial opositor, Flávio Bolsonaro, que irrumpió en medio de un escenario tenso para todas las partes.

“Creo que podemos leer lo que pasa en el Congreso como un gran desafío que tendremos para enfrentar a la extrema derecha, que se alinea con el centrão que paraliza el Congreso y roba los recursos del Ejecutivo. Tenemos un desafío gigante que es cambiar la cara de la política eligiendo senadores y diputados que tengan compromiso con la democracia y con la justicia”, analizó ante Marcha Noticias la diputada federal por el PSOL, Erika Hilton.

Para poner un poco de contexto: desde fines de abril el Congreso Nacional se convirtió en el escenario de la disputa electoral. Primero, el centrão -que tiene en sus filas a partidos con gran capilaridad territorial en la oposición y, otros, que son parte de la base política del gobierno- se articuló con la extrema derecha bolsonarista para rechazar la postulación de Jorge Messias para ser ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), también rechazaron el veto y dejaron firme la ley de dosimetría para reducir las penas de bolsonaristas condenados por el intento de golpe del 8 de enero, inclusive al propio Jair Bolsonaro –condenado a 27 años de prisión. Luego, el Gobierno obtuvo su revancha con la aprobación en Diputados de una reforma laboral que reduce de seis a cinco días y de 44 a 40 horas máximas de trabajo, pero la discusión ahora en el Senado está en vilo.

Luego de que los medios declararan la muerte política de Lula por el rechazo al ministro que había indicado el STF –algo que algunos medios catalogaron como un “quiebre institucional”, porque no había pasado en 132 años-, el mandatario renació de entre las cenizas con un viaje a Estados Unidos en el que se reunió con Donald Trump y, tras una reunión de tres horas, le sacó una sonrisa para la foto. Los medios no sólo destacaron las maniobras, sino que hasta se sorprendieron de que haya impuesto la agenda: quita de tarifas a los productos brasileños y ampliación del comercio, fin de las guerras en la región y en Irán y reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las banderas del mandatario en la arena internacional.

Afuera quedó, por ejemplo, la agenda de Seguridad Nacional con un Estados Unidos que impone a los presidentes aliados de la región que el combate contra el crimen organizado sea bajo la doctrina de la “guerra contra el terrorismo”, como hicieron hasta ahora Javier Milei, en Argentina; Daniel Noboa, en Ecuador; o Santiago Peña, en Paraguay. Pero no demoró en llegar: Flávio Bolsonaro también viajó a Estados Unidos y logró que el país del norte declarase como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC, dos organizaciones criminales con origen en Brasil, lo que se lee como un primer paso en la interferencia de las elecciones desde el exterior.

Aunque los títulos de la prensa local fueron rimbombantes, desde el progresismo, analistas y periodistas que se mueven en las entrañas del poder en Brasilia no subestimaron esos movimientos. Es que las escenas en el Parlamento trajeron a la memoria el golpe a Dilma Roussef (2016) y la tentativa de romper el orden constitucional del 8 de enero contra Lula, acciones que obtuvieron -sobre todo en el primer hecho- la venia de una élite política y económica -el centrão-, que busca mantener un statu quo que la beneficie. Un margen de maniobra que obtiene por generar amplias articulaciones: así como se articula con la extrema derecha, algunos de los partidos de este grupo como Unión Brasil y Progresistas también son parte de la base del gobierno de Lula.

En esa línea, para Hilton -que confirmó a este medio que será candidata para renovar su banca- “la correlación de fuerzas todavía está muy difícil” de cara al 4 de octubre, cuando serán las elecciones. Según su análisis las trabas se encuentran en que el Gobierno “tiene dificultades para popularizar grandes logros” como la caída del desempleo a marcas históricas (6,1% según datos oficiales en el primer trimestre de 2026). Por eso el desafío será “dar vuelta el tablero, salir a la calle, a las redes, usar todos los espacios posibles para transmitir estas conquistas”, sostuvo.

Del otro lado, a su entender, las debilidades están en las contradicciones que muestran. “Tenemos que poder exponer y explotar esas contradicciones que aparecen”, dijo Hilton. Entre ellas, el hecho de levantar la bandera contra la corrupción y, al final, ser protagonista de unos de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. Es el caso del Banco Máster, en el que se investiga al banquero Daniel Vorcaro en lo que podría ser uno de los mayores fraudes en la historia del país contra el Sistema Financiero Nacional, con sospechas de emisión de títulos de crédito falsos.

La trama fue develada en noviembre y, hasta ahora, son varios los nombres políticos que parecen estar involucrados, pero ninguno como el senador del PL Flávio Bolsonaro, cuya imagen de cara a las presidenciales iba in crescendo hasta que el medio Intercept filtró una serie de audios, mensajes y documentos que muestran la cercanía con Vorcaro -a quien llama de “hermano”-, al pedirle 134 millones de reales para financiar la película “Dark Horse” sobre Bolsonaro padre, condenado a 27 años y tres meses por liderar la organización criminal que intentó el golpe de Estado de 2023.

Además, se sospecha que parte de esos fondos fueron destinados a Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del clan, destituido de su banca de diputados tras haberse autoexiliado a Estados Unidos. Desde entonces, los medios comenzaron a apuntar sobre el “desgaste” de Flávio. Globo, por ejemplo, dio a conocer que un reconocido banco solicitó una encuesta para sondear el impacto y así decidir a quién dará el apoyo.

Aún así, “no podemos subestimar la capacidad con la que el fascismo se reorganiza”, sostuvo Hilton al momento de exponer en el encuentro internacional antifascista “La salida es por la izquierda”, organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo en San Pablo el 16 de mayo pasado. En ese sentido, la diputada afirmó que serán las mujeres el actor clave en estos comicios: “Somos nosotras la resistencia y el cordón sanitario en las comunidades, en las fábricas, en el Parlamento, porque la urgencia y la prisa nuestras es mucha. Estamos atrasadas en muchas luchas para la constitución de nuestra dignidad, de nuestros derechos humanos, políticos y sociales, por eso tenemos este claro compromiso”, dijo.

En el mismo encuentro compartió su balance de situación el ex secretario de relaciones internacionales del PT y actual director de la Fundación Perseu Abramo, Valter Pomar. Durante su exposición en la mesa que compartió con Hilton, aportó una mirada desde el orden internacional: “No vivimos una crisis de la democracia y de las instituciones, sino del modo de producción y reproducción capitalista, por eso tenemos que colocarnos en un escalón radical mucho más alto. Nos contentamos con una plataforma progresista, vamos hasta la página 2 del libro y así no conseguimos ni cambiar el mundo ni derrotar a la extrema derecha”, manifestó.

Eso, dijo ante Marcha Noticias, fue algo de lo que sucedió durante este tercer gobierno de Lula, por lo que avizora un triunfo electoral “ajustado” cuyo desafío estará en buscar los votos en la clase trabajadora, las mujeres, negros y periferias. “Volvimos al gobierno, hubo mejoras, pero no recuperación de todas las pérdidas que la población viene teniendo desde 2015, que no sólo fueron materiales, sino culturales, políticas y simbólicas”, sostuvo. 

El “principal error” dijo, “es que la mediación entre el pueblo y el gobierno -o la izquierda- está en manos de medios de comunicación controlados por la derecha y no hicimos nada para cambiarlo”. El segundo, sostuvo, “fue creer que despacito llegamos lejos: deberíamos haber triplicado la inversión pública para tener un resultado social, económico y político mejor”.

A su entender, “la internacional fascista sabe que las batallas decisivas están siendo en nuestra región, la derecha brasileña también tiene claro eso”, apuntó. Planteó que “la única manera de cambiar el lugar de América Latina en el mundo es cambiando la naturaleza social de nuestros países de la región: acabar con la deuda externa, acabar de verdad con la desigualdad, tener una democracia popular de verdad y no una democracia institucional liberal, un nuevo tipo de desarrollo y una política de integración regional con una manera efectiva de combatir al imperialismo”.

En esa línea, su propuesta es que las izquierdas latinoamericanas y caribeñas deben “disputar el futuro, ser portadores de la esperanza” y no limitarse a ofrecer alternativas para la sobrevivencia cotidiana. “Organizar la rabia y defender la alegría”, insistió, debe ser el motor político.

El desafío de los partidos políticos de izquierda 

En el encuentro de organizaciones en San Pablo Andreas Behn, director de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil. expresó: “Queremos construir mecanismos contra el avance de la extrema derecha. Estamos convencidos de que solamente puede ser combatida a través de propuestas progresistas”.

¿Qué implica hoy una agenda de izquierda? En palabras de Behn, es aquella que se compromete con la justicia social, contra todo tipo de injusticia y discriminación, contra el racismo, el sexismo y en favor de minorías y migrantes. Puntualizó: “Si lo queremos definir, se basa en los derechos humanos, en la dignidad humana”. Por ello, propusieron encontrarse para pensar alternativas. El futuro en un contexto de crisis humanitaria y de guerras en donde “La salida por la izquierda” se volvió más que un simple lema, sino un llamado urgente.

“Sabemos a dónde lleva el fascismo. En Alemania lo sabemos muy bien. También lo vemos en Argentina y Brasil donde Bolsonaro no avanzó mucho, pero sabemos que su agenda es la destrucción de los derechos humanos”, analizó. Agregó que, en el contexto actual, los desafíos son muy grandes porque se observa a una extrema derecha que avanza a través de elecciones, pero con propuestas antidemocráticas, como el uso de fake news y de mentiras en los medios de comunicación. “Esto funciona porque no hay un cuestionamiento y hay mucha gente abierta a esas noticias falsas porque está en una situación muy difícil socialmente. Ya que no hay o es difícil para ellos escuchar respuestas que sirvan, las propuestas que llaman al odio y a la división de la gente, funcionan. Ven en ese discurso algo que los representa porque tienen rabia por la situación social creada por el neoliberalismo”.

En este aspecto, puso la lupa sobre la comunicación política. “Las fuerzas progresistas o interesadas en los derechos humanos tenemos mensajes más complicados porque sabemos que las soluciones no son tan fáciles, ni están claras. Entonces es mucho más difícil comunicar propuestas reales en lugar de proponer mentiras”. En cambio, propuso cambiar el estilo, pasar a mensajes cortos y tener un discurso más adaptado. “Tenemos que ver dónde realmente están los problemas de la gente. Esos problemas muchas veces son mucho más concretos: falta de dinero, impuestos altos, alquileres altos, inflación. Como fuerzas de izquierda tenemos que desarrollar medidas concretas para estas cuestiones”, dijo. Y subrayó la importancia de la escucha.

Además, marcó que, tanto en la jornada de San Pablo como en otra similar realizada en Berlín (en marzo del año pasado), se invitó prioritariamente a los partidos políticos de izquierda. “Eso no quiere decir que pensemos que son los actores más importantes. Fue una decisión pragmática porque vimos que el poder de articulación entre los partidos de izquierda es más bajo que entre los movimientos”, explicó.

Esa apuesta se da en un contexto crítico en términos de representación partidaria. La elección de Javier Milei, con un discurso anti-estado y antipartidos, del propio Bolsonaro; la tibia oposición argentina y el juego político del centrão en Brasil son síntomas de una crisis institucional que no es nueva en la región. Ante eso, ¿cómo pueden los partidos de izquierda estar a la vanguardia en la lucha contra la extrema derecha? Behn consideró que ese contexto crítico es producto de la deslegitimación que la extrema derecha realiza respecto a cómo funciona la democracia y reconoció que “tampoco funciona de la mejor manera o de la manera que quisiéramos, aunque al menos es democrático y no es dictatorial”.

En esa línea, hizo énfasis en la tarea para los partidos de izquierda: “Desarmar ese discurso en contra de los partidos, en contra de la política en general. Y convencer a la gente de que, si va para el lado de la extrema derecha, va a perder los pocos derechos que todavía tienen”.

Source

Por César Saravia / Fotos Prensópolis

En el corazón de Almagro se encuentra Casa Teatro Estudio. Visité la sala por primera vez para ver Las Despedidas que se presenta por segundo año consecutivo. La sala es acogedora, fiel al imaginario de salas donde se practica la expresión corporal y que forman parte del circuito cultural de Buenos Aires.

Al inicio la obra nos muestra a Zoilo Garcés y Natalí Lipski interpretando una escena clásica de teatro, una situación de amor y muerte, al estilo Romeo y Julieta. Hasta ahí el espectador siente que la obra apunta a un lugar conocido, familiar.

Pero será ese el único momento predecible. La aparición de la figura de la profesora (Julieta Koop) rompe rápidamente con esa primera impresión. A partir de ahí, el espectador es llevado a través de una sucesión de escenas que abandonan la linealidad narrativa. Una obra dentro de una obra, que se va construyendo en capas, donde el sentido se construye por asociación y no dentro de una relación causa y efecto.

Las Despedidas entonces se presenta no como una historia, sino como un collage. Escenas continuas, repeticiones, diálogos que los actores reinterpretan, historias individuales que se difuminan hasta volverse una sola. Quizás la construcción colectiva de esta obra encuentra aquí su potencial, una historia que es muchas historias, una temporalidad de muchos tiempos.

El disparador escénico de la obra es una situación de clase, probablemente universitaria o de un taller independiente. La obra no cierra ese sentido. Pero sí se anima a poner en tela de juicio el proceso pedagógico. Aspectos como “quien enseña no actúa”, “la búsqueda propia” o “¿para qué narramos?”. Son permanentemente puesto en tensión.

Para quienes habitan el mundo del teatro (o son cercanos a él), la obra pronto se vuelve familiar. Mantiene el foco en que no existe una sola experiencia teatral, sino que cada desarrollo escénico es también una búsqueda personal e híbrida donde se articulan distintas cosas.

La obra es así, compleja pero popular, como señala “la profe” en uno de sus diálogos, una mirada que Ariel asocia a Barthes y su interpretación de la obra de Brecht. Esto lo logra mediante el humor que juega un papel fundamental y que invita al espectador a sumarse al juego de armar su propio collage respecto a lo que ocurre frente a sus ojos.

La obra es el resultado de una residencia de creación en el Teatre Nu en Sant Martí de Tous (España), al final de la cual estrenaron una primera versión de la obra en enero de 2025. El proyecto surge del encuentro en la Bienal de Arte joven en que convivieron Julieta Koop y Danae Cisneros con Ariel Bar-On y Zoilo Garcés. A este proyecto se sumaría posteriormente Natalí Lipski quien es parte del grupo actual.

Se trata de una obra divertida y desafiante, con actuaciones que logran invitar al público a formar parte de esta búsqueda por construir este collage, fragmentado y superpuesto. Como en las despedidas, lo que nos queda no es la cronología de los acontecimientos, sino la manera en que nos atraviesan.

Sobre Compañía el Asombro

Natalí Lipski (izq), Julieta Koop, Zoilo Garcés y Ariel Bar-On, viven y trabajan en Buenos Aires. Se conocen hace más de 10 años por haber compartido procesos de formación y entrenamiento actoral en los espacios Bravard, Los Vidrios y Zelaya.

Ariel Bar-On y Zoilo Garcés realizaron por nueve años la obra “Fragmentos del ensayo sobre un pacto pacto frustrado como compensación simbólica de la miseria cotidiana dentro de un sistema resultadista que no concibe como valor de cambio a un material intangible”, con la que ganaron la Bienal de Arte Joven 2022. Julieta Koop formó parte a su vez de la misma Bienal con “Vivir en una casa prendida fuego”, obra con la que realizó funciones desde 2021 en Buenos Aires, Barcelona y Madrid, y que formó parte del Festival Surge (Madrid) en octubre de 2025.

En esa instancia de encuentro en la Bienal, descubrieron un modo común de pensar la escena y los procesos creativos. Posteriormente se incorporó Natalí Lipski y así terminaron de conformar el

equipo que daría nacimiento a la Compañía El Asombro, en febrero de 2023.

La compañía propone un teatro con una fuerte impronta puesta en la dramaturgia del actor / actriz, que considera las condiciones reales de producción como soporte y como excusa para la creación.

Entradas por Alternativa Teatral

Source

Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

El punto de encuentro es la parroquia del barrio. Allí, seis mesas de plástico con seis tableros de ajedrez están dispuestos sobre la calle, la corta y angosta Carrera 66. El bar, la papelería, la barbería, no saben de la siesta. Un hombre de barba blanca reparte volantes. Más allá, dos compañeros suyos traen leña para calentar el agua: más tarde habrá canelazo, bebida de maracuyá, aguardiente, hierbas y canela. “La gente va a ir llegando a eso de las dos, después de comer”, dice José Cuesta Novoa, concejal de Bogotá, donde se encuentra el barrio La Madelena. 

Entre las calles angostas se alzan edificios de colores, la mayoría de tonos ladrillo que brillan al sol del mediodía. Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada en el sur de la ciudad y está conformada por más de 300 barrios. Viven allí cerca de un millón de personas. Cuesta Novoa explica que las viviendas son parte de una transformación de los barrios populares de la ciudad en propiedades horizontales: el 70 por ciento de la población de la ciudad vive en este tipo de urbanización.

Siguen los preparativos para el convite. Alguien trae un parlante, otro un micrófono y enseguida suena la salsa y la cumbia. No falta quien toma el micrófono y canta con fervor canciones como La Suegra o El Venado. Y que, claro, invita a bailar a quienes van llegando. Pero el centro de todo es la campaña electoral. El domingo habrá elecciones en Colombia y es clave que la gente conozca las propuestas de la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilqué: revolución desde los territorios (lo que implica por ejemplo dotar al 80 por ciento de los municipios rurales de agua potable), revolución agraria, educación como derecho, con énfasis en la ruralidad y austeridad en el gobierno.

Lo central, lo que está en el centro, es la alegría, la política, la comunidad. Mary Galindo vive en la vecina localidad de San Cristóbal, en el barrio Ciudad de la Santa Rosa, uno de los más vulnerables de la ciudad. “Estoy aquí porque me gusta la juntanza, promover la solidaridad con nuestros vecinos”, dice a Marcha Noticias.

“Hacemos reuniones comunitarias y canelazos y charlamos, hablamos de las reformas, de lo que el pueblo necesita, de las quejas, de las reclamaciones. Y tratamos de buscar soluciones en lo que está al alcance de nosotras, de las madres comunitarias”, relata.

Las madres comunitarias, explica, son madres que se organizan en las localidades de la ciudad para salvaguardar a los niños y jóvenes con actividades, talleres y ollas comunitarias. “Hacemos muchas cositas así pues para indicarles dónde pueden conseguir cursos, dónde pueden estudiar, porque hay mucha gente que no sabe”, agrega.

También ayudan a conseguir turnos médicos de adultas y adultos mayores. Cuando se le consulta qué opina sobre la política de cuidados iniciada por el gobierno de Gustavo Petro, responde: “Muy buena, excelente. Antes no nos apoyaban, nadie se preocupaba por los cuidadores. Todos preguntan por el enfermo, pero no por la persona que cuida y la persona que cuida muchas veces tiene muchas cargas emocionales, psicológicas y físicas”. El documento Conpes, de Consejo Político, Económico y Social —-principal órgano de planificación del gobierno nacional— aprobó en 2025 el Documento Conpes 4123, que sienta las bases del sistema nacional de cuidados. Señala entre sus objetivos “velar por la garantía del goce efectivo a cuidar en condiciones dignas, así como reconocer y fortalecer las formas colectivas, comunitarias y prácticas de cuidado propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos, como pilar del sostenimiento de la vida”.

Cuesta Novoa es además filósofo y autor de cinco libros, entre ellos “Adónde van los desaparecidos”, en el que cuenta su experiencia como sobreviviente a la desaparición forzada por haber pertenecido a la guerrilla M19. Explica que el sistema político colombiano tiene importantes avances en términos de autonomías territoriales y descentralización de la política administrativa y financiera. En Bogotá, el alcalde es Carlos Fernando Galán (del partido Nuevo Liberalismo, que apoya a nivel nacional a Paloma Valencia). El 70 u 80 por ciento del desarrollo de la ciudad corre por cuenta del gobierno local. Pero las decisiones que se toman a nivel nacional impactan en las localidades y los barrios: Ciudad Bolívar no es la excepción.

Señala: “Hemos logrado, a lo largo de los últimos cuatro años, desarrollar una política sistemática y permanente del salario mínimo. Demostrando que, a diferencia de lo que plantean los neoliberales sobre que si se eleva el salario mínimo se eleva la tasa de inflación y la tasa de desempleo, logramos la reducción al 8.8 de la tasa de desempleo. Y la tasa de inflación a lo sumo estará en 5 o 6 por ciento”.

“Una de las cosas que ha dicho con mucha claridad el presidente Petro es ‘si en las mesas de todos los colombianos al momento del almuerzo, del desayuno y de la cena hay más comida que cuando surgió el estallido social de 2021, ya ganamos’. Ahora mismo, en todas las casas y apartamentos de Ciudad Bolívar hay más comida en las mesas. Y eso es una gran revolución, sobre todo porque nuestro gobierno llegó entre otras cosas como resultado del estallido social”, describe. 

En 2021 hubo una serie de manifestaciones contra el entonces presidente Iván Duque por una política fiscal que incrementó los impuestos sobre la comida. El concejal recuerda que entonces había gente comiendo en los basureros y que por eso la gente salió a protestar. Y marca que lo que logró el gobierno de Petro es la seguridad alimentaria.

Pero también apunta a la soberanía alimentaria. Alude al páramo de Sumapaz, localidad de Bogotá, donde se fomento que los campesinos de la región provean de alimentos a la ciudad. Esa iniciativa, indica, fue parte del programa Hambre Cero de Gustavo Petro. 

En Ciudad Bolívar hay una porción importante de los 3,5 millones de pobres que salieron de la pobreza  en Colombia gracias al incremento del salario mínimo vital que está hoy en 2 millones de pesos. “Vivimos ya una experiencia maravillosa de la mano también de Petro (como alcalde) con Bogotá Humana. Fui subsecretario de ese gobierno y logramos sacar 1.4 millones de bogotanos de la pobreza”, comenta.

De cara a las próximas elecciones, señala que el gobierno del Pacto Histórico estuvo siempre bloqueado por los poderes fácticos, las oligarquías financieras, las oligarquías políticas que están incrustadas en los espacios de poder. Pone como ejemplo el aumento, consecutivo al aumento salarial, de las tasas de interés por parte de la Junta Central del Banco de la República.

“Por eso se necesitan cuatro años más. Porque en buena medida muchas de las tareas de reformas sociales quedaron truncadas en el camino”, resume.

Las y los vecinos se acercan y pronto las mesas de ajedrez están llenas. Cuesta Novoa propone un juego: ¿a qué le harán jaque mate el domingo 31 de mayo? No todos responden, pero la mayoría sí: jaque mate a la pobreza, jaque mate a la corrupción, jaque mate a los falsos positivos. La partida continúa.

Entre las y los militantes del Pacto Histórico que reparten volantes en La Madelena está Damaris Torres, emprendedora. Cuenta que se queda volanteando todas las noches hasta las 12 de la noche y que come jengibre y cúrcuma para seguir convenciendo indecisos. Cuando se le pregunta qué la motiva, responde: “Amo a mi país”. La mujer cuenta que tuvo que pagar las carreras universitarias de sus hijas con el mecanismo “gota a gota”, por el que se pide plata a un prestamista pero si no se paga en el horario acordado, se mata al deudor. Pero que apeló a eso porque no quería que sus hijas vivan la misma realidad que ella. 

También está el joven Samuel Sánchez, de 19 años. “El gobierno de Gustavo Petro dignificó el trabajo, a muchos jóvenes y a la educación, y a la fuerza pública les dio un empleo digno. Algo que no se había hecho durante 200 años que había gobernado la derecha acá en Colombia. Durante mucho tiempo los jóvenes no habíamos recibido en educación pública un buen proceso, pero ahora tenemos la matrícula cero”, argumenta. La “matrícula cero” es la política de gratuidad para los estudios superiores que implementó el gobierno. 

Otra mujer que se acerca con su pechera del PH es Fany Leal, médica egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Asegura que milita por Iván Cepeda porque quiere que se reforme la Ley 100, que en los años 90 estableció la privatización de la salud. El Estado le pagaba las prestaciones a Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), pero estas a su vez tercerizaron en Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS), que eran quienes efectivamente realizaban las atenciones pero luego no recibían los pagos. “Las EPS quebraron a las IPS. Cuando eso ocurrió, yo trabajaba en el sector público y tocaba pedirles a los pacientes la jeringa a las 3 de la mañana para un dolor bien berraco”

Fany Galindo y otros vecinos se sirven vasitos de canelazo calentito. Cuando se le pregunta a la madre cuidadora en qué pensará este domingo cuando vaya a votar, afirma: “En la vida. En el ‘no a la guerra’, porque no eso nunca nos ha llevado a ninguna parte. Ahorita lo que predomina es el amor, la paz, la tranquilidad, la camaradería, la solidaridad entre hermanos. Y que nos apoyemos entre todos, no que vayan a pasar uno por encima del otro como estamos acostumbrados. Todos tenemos que trabajar en comunidad para apoyarnos y salir adelante. Eso es progresismo”. 

Source

Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La llegada a esta elección presidencial en Colombia está marcada por la certeza de que cuatro años no bastan para saldar dos siglos de gobiernos ligados a las élites económicas y políticas del país. Que hace falta otro período de gobierno para avanzar en las transformaciones necesarias para garantizar la paz y la vida digna. Es en ese marco que diversos espacios de los movimientos socioambientales, feministas, sindicales y de lucha por la paz confluyen para apoyar la fórmula presidencial del Pacto Histórico.

Hoy Colombia define la continuidad del proceso iniciado con Gustavo Petro, en la Iván Cepeda y Aida Quilcué; el retorno de la derecha uribista en la figura de Paloma Valencia o una propuesta similar a la de Javier Milei en Argentina, representada por Abelardo de la Espriella.

La construcción de la paz

Camila Macías es integrante de la Corporación Planeta Paz. Este proyecto se creó en 2000 y promueve la paz mediante estrategias de educación y comunicación popular, investigación social crítica, luchas de las mujeres populares y los géneros, y seguridad ambiental territorial. “Es importante tener un marco común de lo que ha significado la lucha en este país por la construcción de la paz. Colombia ha estado atravesado por las violencias, por los genocidios, por los múltiples conflictos en los territorios. La paz no significa simplemente la superación del conflicto armado, para construirla se necesita seguir avanzando en el programa que se inició en estos cuatro años”, señala. 

Y agrega: “Eso significa poder constituir las condiciones políticas, sociales, económicas, ambientales y el reconocimiento de las mujeres, las diversidades sexuales, las poblaciones discriminadas y excluidas para que estos múltiples conflictos que constituyen la sociedad colombiana puedan ser encauzados”.

Para Macías es una apuesta “política y ética” avanzar en el camino iniciado por Gustavo Petro. “Hay que reconocer el trabajo de posicionar temas sociales y ambientales que hace cuatro u ocho años no estaban”, argumenta. 

Marca dos hitos: la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y el estallido social de 2019. Y señala que ambos desarman el argumento alrededor de un actor armado en pos de avanzar en discusiones estructurales para el país. Y, en ese contexto, según la activista la política ambiental y de los derechos de las mujeres son elementos centrales. También los programas para los jóvenes, para los adultos mayores y para la educación.

Estas políticas “trasladan esta dinámica del conflicto y de la estigmatización que venía habiendo alrededor de campañas históricas sobre la guerra con grupos armados y lo que se ve es un esfuerzo de avanzar en un movimiento social que pueda cautivar a la población, que pueda cautivar a los jóvenes”. La activista detalla que estas ideas fueron trabajadas con las comunidades, sobre todo en áreas de frontera donde la conflictividad es mayor.

“El no cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte de (el ex presidente) Iván Duque ha generado un aumento acelerado de las agresiones”, aporta. En contraste, el gobierno del Pacto Histórico generó una institucionalidad para acercarse a las comunidades, claves en la construcción de paz; entendiéndolas también como interlocutores válidos para avanzar en los procesos de negociación en algunos territorios.

“Las organizaciones entienden que lograr la paz significa no solamente que ministros o agencias estatales e instituciones nacionales tengan presencia efectiva en los territorios, sino construir realidades locales y no exclusivamente desde los centros del poder político”, concluye.

La reforma agraria: un avance y un camino por hacer

Uno de los elementos centrales para la paz en Colombia tiene que ver con la necesidad de democratizar la tierra. En un país donde el 1 por ciento de los propietarios concentra el 80 por ciento de la tierra, el Acuerdo de Paz de 2016 incluye entre sus ejes la reforma agraria. Cepeda da un paso en ese sentido y habla de “revolución agraria”.

“Para ello se tiene que tener en cuenta sobre todo a los sujetos de la reforma agraria, esa reforma debe ser democrática”, dice Nuri Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), espacio que surgió en 1976 y es una de las mayores organizaciones campesinas del país. 

Agrega que el acceso no debe ser solo a la tierra sino también al territorio, al agua, a las semillas, a las herramientas. Y marca la importancia de la reparación a los pueblos, en un país “donde ha predominado la desigualdad, el despojo y el desalojo”.

Y marca la importancia de avanzar hacia la soberanía alimentaria en un país en que el agronegocio hace que alimentos que se pueden producir en Europa hoy se estén importando.

Respecto al apoyo a la fórmula Cepeda-Quilcué, señala: “Este es un desafío muy grande porque no solamente tiene responsabilidades el gobierno sino también el movimiento social. Y una de las responsabilidades del movimiento social es la unidad. Todo esto tiene que ser realizado con una movilización permanente. Aquí nada nos ha sido dado porque otros han sido muy condescendientes. Todo lo hemos ganado a través de la lucha y de quienes hemos dejado en el camino. Los desafíos son muy grandes para este nuevo gobierno”.

El feminismo en la campaña electoral

Paz González integra La Hoguera y la Asociación Colombiana de Comunicación Popular. Destaca que lo que ha encarnado esta campaña es justo la diversidad que tiene en rostros, en grupos sociales que han sido históricamente excluidos. “Ha sido una campaña marcada por el ejercicio de la autogestión, que no cuenta con grandes presupuestos para hacer estrategias de marketing. Por el contrario, ha sido una campaña absolutamente orgánica, donde la autogestión y el ejercicio del compartir y de la juntanza han sido la columna vertebral”, indica.

También expone que “las mujeres que provienen de regiones que han sido históricamente excluidas, las mujeres racializadas, negras, indígenas, empobrecidas, mujeres trans, se han sentido, de alguna forma, representadas e incluidas en este programa político y en este proyecto de país propuesto por Iván Cepeda, y, por supuesto, por su fórmula vicepresidencial, que es una mujer indígena y que sería, en este caso, la primera mujer indígena en cumplir con este rol”.

“Ha sido muy emocionante y bastante retador, pero también valiente salir a las calles y sentir que no es este momento en el que van a silenciar a las mayorías colombianas, que no es este momento en el que va a pasar la ultraderecha fascista y racista”, expresa.

Juliana Hernández, de la organización feminista Artemisas, señala que los problemas de las mujeres en Colombia incluyen la política económica y los problemas de la ciudadanía. Destaca el reconocimiento del Pacto Histórico de que “la autonomía económica no consiste en dar a las mujeres peluquerías ni puestos para vender cosas que no son sostenibles en el tiempo, sino en reconocer que la inserción laboral de las mujeres tiene que ser real”. 

Y que un sistema nacional de cuidados no puede estar planteado desde la visión neoliberal, en el que la mujer tiene que cuidar sola. “Este gobierno, a través del sistema nacional de cuidado y no en palabras, sino en asignación de recursos, permitió que además se pudiera instalar un sistema nacional de cuidado comunitario”, indicó.

Agregó, como un desafío a futuro, la importancia de mejorar las condiciones de vida reales de las mujeres. “No hablamos solamente de derechos sexuales, reduciéndolos al derecho al aborto, porque si no tenemos salud, si no tenemos transporte, tampoco vamos a acceder”.

La mirada del sindicalismo

Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Fabio Arias expresa el apoyo a la fórmula del Pacto Histórico y analiza lo pendiente en un futuro gobierno. Comenta que la lección aprendida en estos cuatro años es que “para avanzar de manera prudente se requiere una mejor correlación de fuerzas en toda la institucionalidad del Estado”. Considera que Cepeda tendrá la obligación de generar un acuerdo nacional. Y que la profundización de las reformas va a ser el resultado de mantener “una fuerte presión social sobre la institucionalidad que tiene Colombia”.

“Ese es el aspecto principal, si logramos consolidar un acuerdo nacional que determine exactamente la profundización de una serie de reformas e incluso la modificación de una cierta institucionalidad en Colombia”, puntualiza. Y apunta al esquema electoral y judicial, cuyas estructuras han sido creadas por el neoliberalismo y la extrema derecha del liberalismo y se vuelven un obstáculo. Es lo que ocurre por ejemplo con la reforma pensional (jubilatoria) impulsada por Petro, que ya fue aprobada por el Congreso pero que está frenada para su revisión por la Corte Constitucional.

“En el mundo del trabajo hay que profundizar la vida democrática de las relaciones laborales, cuestión que no hemos podido cumplir”, indica. Y señala que, en la reforma laboral, quedó pendiente el tema de las libertades sindicales y de la vida democrática de las organizaciones laborales.

Finaliza: “En Colombia el odio al sindicalismo es una cuestión histórica que sigue teniendo unas relaciones mayoritarias en la institucionalidad. Pero hay muchas cosas de tipo realizable, como la reforma pensional o del sistema de salud. Ahí hay un reto significativo y muy determinante para este gobierno”.

El Pacto Histórico, el partido de la unidad

Gloria Flórez es senadora por el Pacto Histórico (electa en 2022), presidenta del partido Colombia Humana y defensora de derechos humanos. Relata los inicios del Pacto como una coalición, lo que llevó a la presidencia a Gustavo Petro y Francia Márquez.

Posteriormente, la coalición pasó a ser un partido, hoy presidido por Petro y Márquez. En septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación del nuevo partido, autorizando la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. En marzo de 2026 aceptó la inclusión de Colombia Humana, que en un principio había sido rechazada.

“Estuvimos trabajando a lo largo de un año en el paso a la unidad de las fuerzas que hoy están unificadas en el Pacto Histórico como movimiento político”, comenta Flórez. En las legislativas de marzo, el PH se presentó ya como partido, con listas con paridad de género. Fueron elegidas y elegidos 67 congresistas.

“El reto de la unificación fue precisamente avanzar en el Congreso, lo logramos; y tener una campaña unificada a la presidencia de la República”, agrega. 

Unificado el partido, se convocó a distintos sectores sociales a una Alianza por la Vida para la campaña presidencial. “La ruta de la unidad ha sido esencial porque ha dado resultados importantes”, como las elecciones legislativas, la candidatura única y la alianza con los movimientos sociales.

La senadora subraya un eje que ha atravesado la campaña de Cepeda: la revolución ética, volver a recuperar en el país la ruta de la moralidad pública. “Petro inició ese camino”, añade. Y marca la necesidad de mantener las reformas sociales que inició, de continuar la apuesta de justicia social para Colombia y de lograr que el país se reindustrialice. “Que avance hacia un modelo productivo donde todas las capas de la sociedad tengan oportunidades, rompiendo con el modelo neoliberal que tanto daño ha causado”, define.

Respecto a la campaña electoral, asegura que hay “una campaña feroz, mediática, pues hay muchísimos recursos invertidos en los grandes medios de comunicación y en la comunicación digital. Y nuestra campaña es una campaña austera, hecha a pie con la gente, con el pueblo”.

Un ejemplo de ello es la iniciativa “Súbete a la Chiva”, un colectivo con escaleras impulsado por la Minga Social y Popular, colectivo indígena cuya referente es Aida Quilcué y que surgió al calor de las movilizaciones de 2008. Ese colectivo viajó más de 45 días recorriendo las localidades de Bogotá y otros departamentos de Colombia, llevando la campaña a diversos colectivos de los distintos territorios. 

Además, ante la tradición de compra de votos y de la posibilidad de fraude, se convocó en las calles a cuidar este los votos del Pacto Histórico.

La diferencia entre Cepeda-Quilcué y los otros candidatos, dice Flórez, es que “tenemos al pueblo de nuestro lado”. Agrega: “La campaña es la continuidad de un proyecto que arrancó ya en el país y no se puede dar marcha atrás, porque sería muy doloroso para el pueblo colombiano y para América Latina”.

Finalmente, agrega: “Tenemos una amenaza gigante que es el norte, porque están direccionando mensajes, recursos y propaganda en contra de nuestra campaña. Estados Unidos lo hizo en Honduras, en Ecuador, ha metido la mano en todos lados. Pero esperamos que el pueblo sea sabio y defienda lo que ha conquistado después de tantos siglos de búsqueda de un gobierno que represente sus intereses”.

Source