Por Noor Jimenez Abraham*

Claudia Concha Ávila fue condenada a prisión perpetua por matar a su pareja, Ezequiel Gustavo Ponce, el 2 de diciembre pasado en un motel de Ushuaia por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur.

Claudia –quien fue víctima del delito de trata de personas-, fue condenada por homicidio agravado por el vínculo y desde RATT Argentina (Red Alto al Tráfico y la Trata) se reclama que la justicia no consideró atenuantes para una mujer que había sido rescatada mediante un operativo federal, “pero que no lo fue de los terribles efectos sobre su psiquis y cuerpo”, según declaró la licenciada Viviana Caminos, presidenta de la ONG.

“Claudia tenía su “fiolo” que le sacaba la plata y ejercía violencia sobre ella. Lo denunció, pidió una perimetral, en una sociedad como la de Ushuaia más amiga de los puteros y proxenetas que de las víctimas, donde se investiga después que todo ocurrió. Fue así como ella volvió con su victimario”, expresó Caminos.

El sitio web de la provincia de Tierra del Fuego pública el rescate de víctimas de trata de personas por parte de Gendarmería Nacional y del equipo de la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Rappaport, allí se puede leer cómo el Secretario de Seguridad, Javier Espósito, manifiesta sus felicitaciones por el desarrollo de los operativos.

“Claudia fue rescatada en 2013 en el local nocturno Candilejas”, contó la presidenta de RATT Argentina en diálogo con Marcha, “luego de una noche violenta que Claudia describió como de alcohol y drogas, su ex pareja terminó muerto y ella con cadena perpetua, en un caso donde la justicia no consideró ni un solo atenuante”.

Ávila declaró ante los jueces que ella se dedicaba a la prostitución y que en ese contexto había conocido a Ponce con quien luego había iniciado una relación sentimental, en la que atravesó situaciones de violencia como cuando él la amenazó con un arma para volver a estar juntos. Ella tiene 44 años y según afirmó Caminos “pide que no la dejemos sola”.

“Porque la Justicia deja sueltos a los violadores pero es terrible con las mujeres que osan enfrentar al macho, veo las fotos actuales de Claudia y la noto demacrada, más triste. Ningún medio nacional contó su historia de desamparo y desamor”, manifestó Viviana Caminos quien la conoció personalmente hace dos años cuando Ávila se había comunicado con el equipo de RATT Argentina al pedir ayuda para ver a su hijo que estaba internado en Buenos Aires. Caminos agregó: “ella estaba desesperada porque no tenía dinero, con ataques de angustia por no conseguir trabajo, ella no quería volver a la prostitución”.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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El pasado martes 20 de marzo, intentaron balear a Margarita Meira, fundadora de la Asociación de Madres Víctimas de Trata, mientras le realizaban una entrevista en su Centro Comunitario. Se trata de un nuevo accionar contra su lucha; sin embargo, en diálogo con Marcha, Margarita afirma la continuidad de su compromiso para terminar con la trata con fines de explotación sexual.

Había llegado la mercadería para el comedor comunitario, y el cronista de Hecho en Buenos Aires se encontraba haciéndole una nota a Margarita Meira, fundadora de la Asociación de Madres Víctimas de Trata. Se escuchan gritos y ella sale a la calle. Gente corriendo, más gritos y un disparo.

A las 11 de la mañana del martes 20 de marzo, una moto se acercó a la puerta de su casa, donde funciona el comedor. El hombre que maneja la moto saca el arma, se le cae, se cae la moto, se levanta, se acomoda y dispara. El arma se trabó y por eso fue solo un disparo. Lxs vecinxs buscan el casquillo, lo encuentran y lo guardan. El tipo de la moto volvió y entró la desesperación. No hizo nada más que buscar el casquillo. No lo encontró.

Estuvimos con ella, para acompañarla y que nos contara un poco más de toda esta historia…

En 1991 se llevaron su hija, Graciela Susana Bekter, cuando tenía 17 años. Lo que se sabía era que estaba con un hombre, que además amenazó a Margarita en innumerables ocasiones. Un año después, Graciela Susana fue hallada muerta en un departamento, en la Ciudad de Buenos Aires. Su cuerpo tenía múltiples golpes. Su muerte fue caratulada como “dudosa”. Nunca hubo responsables, nunca hubo justicia.

El tipo que secuestró a Susy tenía 43 años. Él se hacía pasar por su novio y la prostituía. Con el tiempo Margarita supo que estuvo en Cocodrilo, Shampoo y Rush, prostíbulos de Capital Federal.

En ese entonces Margarita estaba embarazada de 3 meses.

Antes de su desaparición, Susy la había ayudado a levantar el comedor, a finales de los años 80. Estaban sin trabajo y Margarita salió a vender a la calle, su marido se hizo taxista.

Margarita

Margarita Meira es de Misiones, a los 18 años se vino para Buenos Aires para estudiar. Abrió un comedor en 1989 junto con su compañero y aun lo mantienen.

Cuando desapareció su hija, ella la buscó. No sabía cómo, no sabía dónde.

En 2004 estuvo presa 14 meses por vender en la calle, junto a 14 vendedores mas, en cárcel de máxima seguridad.

Al salir constituyó la Asociación Civil Madres de Constitución: “Cuando salí de presa, salí con más bronca, cada golpe me fortalece y dije acá vamos a empezar a cerrar los prostíbulos; empezamos a atacar el que estaba acá en la cuadra, lo hicimos cerrar… Yo a todo esto no sabía que los prostíbulos son de poderosos, yo pensé que era un idiota que tenía un prostíbulo”.

Sobre el proyecto de Madres Víctimas de Trata, explica: “La idea nuestra es tener una casa para las víctimas, porque acá es un desastre… las pibas que están enfermas por la trata, a los tres meses le dan el alta sin curarse, y nosotros no tenemos un espacio. Yo he tenido pibas durmiendo acá en colchones, no se puede, están infectadas, están quemadas con cigarrillos de punta a punta, están desnutridas, están con todo lo peor; entonces se necesita un lugar digno y no lo tenemos. Lo que nosotros queremos es hacer una gran red con todas las asociaciones que quieran apoyar esta lucha, cada una con sus ideas, no me interesa, pero esto es muy grave ya. Y ahora me dice el psiquiatra que el 80% de las víctimas de trata quedan con esquizofrenia”.

Trata

La trata de personas con fines de explotación sexual es considerada un delito, a nivel internacional, de lesa humanidad. Es el tercer negocio mundial que más dinero deja, luego del tráfico de armas y de drogas.

En 2008, Argentina tuvo su primera ley contra este delito, pero algunos puntos de la Ley fueron muy cuestionados por las organizaciones de mujeres. Por ejemplo que las mujeres víctimas que tengan más de 18 años debían “probar” que habían sido secuestradas y no estaban allí por propia voluntad.

En 2012, esta Ley fue modificada, las penas ampliadas y se incorporaron agravantes para las condenas. También se prohibieron las publicaciones gráficas con oferta sexual.

Sin embargo, no hay cifras sobre este negocio donde las mujeres y niñas son las tristes protagonistas y víctimas. Tampoco hay protocolos que puedan satisfacer las necesidades de quienes todos los días buscan a sus hermanas, hijas o sobrinas. No hace falta buscar mucho, preguntar demasiado. Para quienes estamos en los territorios, no es complicado ver el panorama: las pibas desaparecen en complicidad del aparato estatal. Las desaparecen, las amenazan, las violan, las drogan, las torturan. Luego las aparecen. Y luego se las vuelven a llevar, tal vez como una forma de demostración de poder, como forma de marcar el camino a nuevas modalidades, a nuevas manipulaciones no solo de la víctima, sino también de todas las que la buscan e intentan ayudar.

La organización

Las pibas desaparecen. Lo sabemos porque ahí estamos buscándolas. Muchas de ellas aparecen justamente por eso, porque hay una manada de mujeres exigiendo su aparición.

No es suficiente.

Hay un Estado ausente que a pesar de las leyes y los organismos para eliminar la trata, no avanza en políticas públicas para lograr detenerla: no busca a las mujeres porque las redes no son algo independiente, no es un grupo. Cuando se busca a una piba la policía amenaza con que no se peguen carteles con su cara, porque eso “la puede perjudicar”. Cuando se habla con lxs fiscales, la mayoría dice que no se le comunique a la prensa. Cuando se organiza una marcha, advierte que eso molesta “a quienes deben buscarla”.

Eso es la manipulación del miedo que el Estado quiere imponer mediante sus instituciones.

Sin embargo, a veces,  es todo eso lo que hace aparecer a las pibas: la lucha.

Margarita sabe de lo que habla y entiende que no se puede avanzar sola: “Nosotros tenemos un solo enemigo, no podemos acá abajo discutir que vos sos negra, yo blanca, vos azul…noooo! Acá tenemos que ir todos juntos por una lucha, porque ellos te empiezan a dividir justamente para dejarnos a nosotros bien solos. Nosotros queremos seguir sumando, cada uno desde su rincón”.

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Peor aún, si bien lo hemos expulsado formalmente, nos han metido por la ventana el ímpetu neoliberal de jerarquías humanas y segregación, al punto de poder celebrar en nuestro imaginario la eliminación del Otro, las Otras dentro del feminismo, en este caso.

Desde la conquista de América y su imposición de la “colonialidad del poder” a través del sistema esclavista y explotador, africanos/as y sus descendientes, indígenas y sus descendientes, fueron cuerpos para ser tratados, explotados, ultrajados físicamente y en su identidad, parte de lo que se llama etnocidio, una forma de genocidio. Pues bien, los cuerpos de “las negras”, las afrodescendientes, las mujeres indígenas, entre otras, se vieron doblemente atravesados por la violencia, la racista y la de género: siempre fueron cuerpos violables para los amos blancos que disponían de ellas como si fueran de su propiedad. La expresión “trata de blancas”, revela la alarma racista que veía con malos ojos que los cuerpos de las mujeres blancas fueran para la prostitución. Los otros cuerpos eran para la prostitución. La marcación de “blancas” giraba en torno a los cuerpos “puros” que cruzaban la frontera de su destino moral y se los trataba para ser prostituidos. El problema era más la equiparación a cuerpos negros, culturalmente espurios y devaluados, que la práctica patriarcal en sí misma.

El racismo ha sido el brazo ideológico de las relaciones de conquista, el discurso que preparó poblaciones enteras para la colonialidad y la plusvalía, brillando en su plenitud imperialista y actualmente globalizada del capitalismo neoliberal. Valoriza negativamente mediante discursos y también mediante omisiones, la cita implícita que define lo que existe de lo que no existe. Lo vemos claramente en los medios de comunicación. Con la escalada de femicidios, el patriarcado ha comenzado a traslucirse mediáticamente. Sin embargo, permanecen encubiertas otras formas de discriminación, como las consecuencias del aborto clandestino, el transodio y el racismo. Sobre este último, es clara la invisibilización que hay cuando muere una joven de clase baja, más aún si se trata de una wichí o pilagá o mapuche violada. Cuánto recordamos a Ángeles Rawson y su cruel violación seguida de muerte en pleno barrio de Colegiales de CABA y cuán poco lo hacemos, si lo supimos alguna vez, sobre la vida y muerte de Juana Gómez, la adolescente qom violada y asesinada en Chaco a semanas de lo sucedido a Ángeles. Ángeles fue y es la referencia. Juana apareció atada a un árbol, ultrajada y asesinada igual que Ángeles, pero la anulación de su vida no ocupó más que algunas líneas de diario local.

Sabemos que los cuerpos que valen son los blancos y los hetersosexuales, esto no es novedad. Ahora bien, hablemos de lo que se nos está escapando. El racismo entre nosotras, en el movimiento feminista, entre feministas.

El abolicionismo antirrepresivo, un movimiento oscurecido

Hay mujeres y travestis en prostitución que, lo llamen “trabajo” o no, no lo reivindican como tal. No se llaman a sí mismas “trabajadoras sexuales”, como se esperaría. Tienen sus formas de organizarse, formas de barrio, muchas no saben escribir, otras a duras penas han podido terminar la escuela. No tienen posturas ideológicas de libros, afilan sus teorías sobre el saber que les dio la experiencia vivida. Por eso, no dudan ante las contradicciones que supone articular formas asistencialistas con otras autogestivas, agarran el bolsón de comida y la caja de forros mientras piensan la vida que quieren vivir y le exigen al Estado políticas públicas. Saben que hay una falta de oportunidades racista y patriarcal que explica sus condiciones de vida. Lo saben desde sus cuerpos.

Y así es que desde la situación de prostitución se han organizado desde los años noventa para reducir la violencia y la precariedad, para luchar contra la represión policial que las arrojaba a pasar media vida en los calabozos. Represión legitimada en los códigos inconstitucionales y moralistas que prohíben la prostitución, sosteniendo la caja chica de la policía y la red de proxenetas que se ofrecen de “cuidadores” frente a estos abusos. Ellas lograron derogar los edictos policiales en Ciudad de Buenos Aires, y hoy, acompañadas por mujeres, lesbianas y travestis organizadas autónomamente, logran presentar un proyecto de ley para derogar los artículos criminalizantes de los códigos contravencionales aún vigentes en muchas provincias del país. Este año, han impulsado la derogación del artículo N°68 en la Provincia de Buenos Aires. El proyecto fue presentado públicamente el pasado 20 de septiembre en la Cámara de Diputados de La Plata.

Ellas toman el abolicionismo como herramienta de lucha antirrepresiva y como cita ineludible de derechos humanos para exigir políticas públicas comprometidas. Haciéndose de esta herramienta, han logrado un paso real hacia la descriminalización de la prostitución, por su legalidad que en primera persona debe respetarse. Esas que no me están entrando en mi forma feminista y progresista de ver las cosas, esas que están arruinando la foto, esas que se me están saliendo de mi “marco teórico”, como se dice ahora. Ellas, las descuadradas, son parte del movimiento de mujeres, lesbianas y travestis, la parte abolicionista. El “oscurecimiento” del abolicionismo como efecto de la racialización de la lucha, puede ayudarnos a explicar su invisibilidad.

El blanco que echamos por la puerta, nos entra por la ventana

Esa lucha por la que todas supuestamente velamos, esa que nos hace cantar “¡Siempre con las putas, nunca con la yuta!” ¿Siempre? El 20 de septiembre no estuvimos todas para apoyarlas. ¿Adivinen cuántas feministas lo volvieron relevante? ¿Cuántas lo visibilizaron en sus muros de fb, en sus twitter? ¿Cuánto del periodismo feminista lo convirtió en noticia? Un paso antirrepresivo histórico, ¿habría sido más difundido de haberlo impulsado alguna mujer célebre, blanca, de clase media? ¿Malena Pichot quizás? ¿Sofía Gala? Si la respuesta es si, entonces estamos de acuerdo. Estamos hablando de “el racismo en el feminismo”.

El discurso que tanto se repite, el que se indigna ante la supuesta negación de las putas, ante la negación de reconocerlas como sujetas de derechos, ese que confunde sujeta de derecho con sujeta política (sujetas de derechos somos todas) es el mismo discurso que impone su blancura cultural desconociendo las desigualdades estructurales a las que se ven subsumidas esas Otras. Las otras de clase trabajadora, clase baja, esas otras negras, pobres y le agrego: feas, porque con sus historias de violencia y su ropa humilde no “dan bien en cámara”. Sus vidas son menos retratables y eso se refleja en la indiferencia sistemática frente a su “No es trabajo, una regulación nos perjudicaría”.

Desconocerlas es casi tan ridículo como desconocer la masiva realidad de que la mayoría de las mujeres que mueren por aborto clandestino son pobres, porque las otras se los pueden pagar y seguir viviendo en este mundo de desigualdades. Pero las pobres no.

Lógicas autoritarias y racistas ¿feministas?

Hay elementos totalitarios dentro del feminismo actual que son alarmantes, asociados a momentos históricos que resuenan en retóricas fascistas y que nos hacen pensar en una suerte de “fascismo social”, como del que habla De Sousa Santos. Situaciones instaladas de explotación extrema, que naturalizan que ciertos cuerpos no alcanzan el rango de humanidad y ciudadanía mínima como para que sus derechos sean garantizados. Pensado como cultura del neoliberalismo, el feminismo se ve afectado por estas lógicas neofacistoides. Ello se expresa claramente en la sistemática indiferencia de gran parte del feminismo ante la vulneración de derechos de una mayoría que se prostituye como resultado de la necesidad y la discriminación, para exaltar y normalizar los privilegios de una minoría que lo plantea como opción burguesa. ¿Por qué esas otras no son igualmente escuchadas? Es imposible no pensar en las lógicas autoritarias ya conocidas, que se nutren de elementos racistas subyacentes.

Para peor, impresiona la metáfora propuesta de eliminación del otro a quien se rechaza por motivos ideológicos. Que haya dirigentas del reglamentarismo que dicen que a las abolicionistas habría que abortarnos, a las abolicionistas y a las policías (como si diera lo mismo ser una que otra). También, tener que escuchar que las abolicionistas queremos “abolir a las putas”. Abolir, es decir, verbo que refiere a eliminar un sistema de opresión, se está usando como acusación de eliminación de individuos, “a las putas”. Nuevamente, aparece la lógica de aniquilamiento totalmente naturalizada. Estas expresiones, además, son preocupantes por lo falaz de su contenido. Por un lado, la metáfora de abortar, haciendo uso del empoderamiento que como feministas nos puede significar citar la práctica, pero que en este caso ponen de objeto de aborto a otras sujetas: se vuelve conservador al coincidir con el paradigma religioso pro-vida que mantiene la premisa de que abortar-fetos-supone-matar-personas. Por otra parte, el movimiento abolicionista ha sido y es impulsado por “putas”, con lo cual la afirmación de que “el abolicionismo pretende abolir a las putas” no tiene sentido (¿las putas queriendo autoabolirse?).

Lo más preocupante de todo, son los aplausos a estas ideas que salen de voces legitimadas, a las que muchas admiran. Ideas que naturalizan lógicas de exterminio (abortar personas/abolir putas) sin que nadie se mosquee por ello. ¿Cómo es posible que sean masivamente celebradas por un feminismo que aboga por los derechos de las putas, alza la bandera del cupo laboral travesti-trans y en paralelo festeja las metáforas de eliminación y precarización a las mismas que dice apoyar? ¿Por qué gran parte del feminismo le da vuelta la cara a las prostitutas que dice defender? ¿Es hipocresía? ¿es racismo? ¿es clase media? ¿es trans-odio? ¿Es todo eso? .

Las lógicas ocultas de discriminación que se esconden detrás de discursos aparentemente afines al feminismo y que suenan a revolucionarios, por omisión y tergiversación, contienen elementos racistas y transodiantes. No es más ni menos que la mirada blanca y, agrego, heteronormada. Esta mirada blanca no es nueva, pero el haberla creído combatida, disminuida, o transformada, es un error. Sigue tan adentro y tan fuerte como entonces. 

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Familiares, docentes y organizaciones de Lugano y barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires convocaron a manifestarse en la puerta de los tribunales de Comodoro Py reclamando por la aparición de la joven. “A Nadia la perdió el Estado que no se hizo cargo de las tareas para garantizar su cuidado”, denunció la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores.

Nadia Lizet Rojas volvió a desaparecer. La adolescente que faltó de su casa, de su barrio, de su escuela durante más de un mes -entre el 9 de junio y el 12 de julio pasado- y que se encontraba bajo la guarda de un hogar para adolescentes víctimas de redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, falta nuevamente desde el 3 de agosto.

Las autoridades del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, organismo a quien el fiscal Federico Delgado había delegado la custodia de Nadia durante el avance de la investigación sobre su primera desaparición, le comunicó al abogado de la familia que la adolescente se había fugado de la institución. “No nos cierra. Justo cuando Nadia había empezado a contar qué le había pasado durante los días que estuvo desaparecida la trasladaron del hogar en donde podía ver a la madre, la aislaron de su familia, es muy sugestivo”, puntualizaron desde el equipo jurídico.

Familiares, docentes y organizaciones barriales y sociales de Villa Lugano y otros barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires convocaron a manifestarse el viernes 4 de agosto, a las 9 de la mañana en la puerta de los tribunales de Comodoro Py reclamando por la aparición de la joven. “A Nadia no la perdimos ella ni nosotrxs, la perdió el Estado que no se hizo cargo de todas las tareas correspondientes para garantizar su cuidado”, denunció la Red de Docentes, Familias y Organizaciones de Bajo Flores.

La segunda desaparición de Nadia, de 14 años, fue denunciada el jueves 3 de agosto por la Red de Docentes. Tanto ella como su madre, advirtieron que habían sido víctimas de amenazas y que su seguridad estaba a cargo de la justicia. “El responsable de cuidar a Nadia fue y es el Estado. Fueron el Estado y la Justicia quienes no la cuidaron, quienes no resguardaron su vida”, advirtieron a través de un comunicado en el que convocaron a la movilización.

Sobre la primera desaparición

El 9 de junio de 2017 Nadia desapareció. Asistió a la escuela durante aquella mañana y, tras el almuerzo, no regresó. Su madre radicó la denuncia en la Comisaría N°52 y la causa quedó en manos de la Fiscalía N°57, fuero de la justicia nacional. Unos días después, la Fiscalía se declaró incompetente para llevar adelante la investigación. Había indicios de que Nadia había sido secuestrada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual, un delito que es territorio de la Justicia Federal. El caso quedó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo del Juzgado Federal N°6, quien a pesar de intentarlo, no logró deshacerse del expediente. La Fiscalía que interviene es la dirigida por Federico Delgado.

El 12 de julio por la madrugada, tras 32 días de búsqueda incansable, Nadia apareció. Por protocolo judicial, fue ingresada en un hogar de asistencia a niñas y adolescentes a la espera del avance de la investigación. Durante los primeros días nadie pudo verla: ni sus amigas, ni las docentes, siquiera su mamá, situación que comenzó a flexibilizarse con el correr de los días. Nadia y Elena, su mamá, recibieron amenazas desde el momento cero de su reencuentro. Elena, desde antes. La exigencias de las advertencias violentas eran que cesara la investigación judicial sobre lo que había sucedido con la adolescente mientras estuvo desaparecida.

“A Nadia la perdió el Estado”

Hace poco tiempo, Nadia comenzó a hablar acerca de sus días en cautiverio. Fuentes jurídicas ligadas al caso mencionaron que a principios de esta semana recibieron informes de especialistas que asistían a la adolescente en donde quedaron registrados los incipientes relatos de abusos sufridos por Nadia durante su desaparición.

Pero la reacción del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño a cargo del cuidado de la víctima fue trasladarla a una nueva institución. ”A Nadia la trasladan el día lunes 31 de julio. Pedimos cámara gessell, cuando nos enteramos que Nadia empezó a denunciar que la obligaron a tener sexo con varias personas. Hay chicas que pasan años y que no revelan la totalidad de los detalles de lo que vivieron”, manifestó el abogado de la familia de la joven.

Nadia volvió a desaparecer. “Luego de su aparición fueron el Consejo y de la Dirección General de la Mujer las instituciones encargadas de contenerla, pero nuevamente y sin sorpresa, las instituciones volvieron a hallarse incompetentes”, remarcaron desde la red de docentes. En su comunicado, concluyen: “Con la certeza más firme que nunca de que el Estado y sus funcionarixs son responsables. Le exigimos a Canicoba Corral (juez de la causa) y a Federico Delgado (fiscal) que pongan todos los recursos existentes en la justicia a disposición para poder encontrarla”.

“La Fiscalía tiene la disposición judicial de la menor y le entregó la custodia a este organismo administrativo (Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño) y obviamente tienen que rendir cuentas de lo que hacen”, sentenciaron desde el equipo que acompaña a los familiares de Nadia Rojas.

Leer: ¿Dónde está Nadia Rojas?

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Nadia Lizet Rojas, una adolescente de 14 años de la Villa 20 de Lugano, se encuentra desaparecida desde el 9 de junio. La comunidad educativa, su familia y amigas, convencidas de que se encuentra captada por una red de explotación sexual, se organizaron para que el caso sea investigado y la joven, encontrada. Sin embargo sus rastros parecen perderse frente a la negligencia y complicidad estatal.

“Necesitamos que aparezca Nadia, pronto y salva por favor”, canta un grupo de adolescente de 14 años en la puerta de Comodoro Py el lunes 3 de julio a la mañana. Son las compañeras de escuela de Nadia Rojas, y bajo la bandera de la Escuela Media Nº1 “René Favaloro” reclaman por la aparición de su amiga con un cancionero hecho por ellas mismas. Desde el 9 de junio, en su aula hay un banco vacío. Nadia desapareció esa mañana y al día de hoy no se conoce su paradero. Desde entonces la comunidad de Lugano se puso en alerta: el caso de Nadia no es uno aislado sino que uno más dentro de una red sistemática de secuestros de chicas preadolescentes. “Hay un montón de pibas que desaparecen sistemáticamente en esa zona, entonces exigimos que la justicia y el Estado pongan las herramientas necesarias a disposición de la búsqueda”, explica Micaela de la organización Hagamos lo Imposible (HLI), una de las que acompaña a la familia y docentes en la búsqueda.

El reclamo por la inmediata aparición de Nadia viajó de Lugano a la puerta de los Tribunales federales al mismo tiempo que lo hizo el expediente judicial que investiga su desaparición. Luego de que días atrás, la Justicia nacional derivara en el fuero federal la investigación por considerar que se trata de de un caso de trata de personas, el lunes pasado el juez Rodolfo Canicoba Corral -a quien le tocó el caso- opinó lo contrario y lo rechazó por considerar que no había elementos suficientes para entender tal cosa. La protesta en la puerta de Comodoro Py no solo contó con docentes y compañeros de escuela de Nadia, sino también con referentes de HLI y otras organizaciones sociales, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres, el Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero (PO) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que desde hace semanas exigen juntas la inmediata aparición de la joven y trabajan, a diario, en un sistema para visibilizar la situación de vulneración de libertades y derechos en el barrio.

Por eso Elena Rojas, la madre de Nadia, acudió a la Cámara Federal de Casación para apelar esta decisión e insistir en que en que la Justicia federal lleve adelante la investigación por la desaparición de su hija. Tras salir de la Cámara, Elena se paró al lado de sus compañeras. “¡Elenasa!”, le dijeron cuando llegó. Es que desde el día cero lucha por encontrarla. Y asegura con firmeza, una vez que se anima a dar una declaración: “No voy a dejar de meter presión”.

“La comisaría está de adorno”

Las movilizaciones por Nadia se vienen sucediendo desde el día de su desaparición frente a la escuela a la que debería seguir yendo. Unas semanas antes de la manifestación del lunes frente a Comodoro Py, los vecinos del barrio, las y los docentes de Nadia, sus familiares y amigos, y miembros de las organizaciones presentes en el barrio realizaron un corte de tránsito en Callao y Corrientes, con el fin de visibilizar una situación sistemática en el barrio de Lugano y también en otros. Nadia fue vista por su mamá la mañana del 9 de junio pasado, cuando se fue de su casa hacia la escuela. Ese día tenía doble turno, por lo que  debía regresar. No lo hizo. “De su casa no se llevó los documentos ni ropa ni nada. No volvió nunca más”, afirmó el abogado de Elena, Facundo Vicente.

Desde comodoro Py, Susana, una vecina de Villa Lugano, comentó: “Es la primera vez que nos organizamos por una desaparición así en la Villa 20”. Si bien ya hubo muchas movilizaciones por temas relativos a violencias contra las mujeres, en este caso la organización viene también a suplir una ausencia estatal: “La comisaría está de adorno. No se hace cargo. Tres policías por cuadra pero no cuidan a los jóvenes”.

“Hay un montón de elementos que dan a entender que estamos frente a una red de trata”

El abogado de la familia de Nadia Rojas que lleva la causa aseguró que hay elementos que indican que la desaparición se trata de un caso de trata. Y eso fue lo que volcó en el recurso que presentó ante la Cámara para discutir la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien este lunes se declaró incompetente. “Según él, sería sólo cuestión de desaparición de una menor así que consideró que el expediente lo tenía que llevar la Justicia nacional. Pero el fiscal Delgado ni nosotros estuvimos de acuerdo, así que recurrimos. Para nosotros hay un montón de elementos en la causa que dan a entender que estamos frente a una red de trata”, postuló Vicente.

La causa comenzó a ser investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, a cargo de Anselmo Castelli, y quedó registrada en el Juzgado N° 50 dirigido por Carlos Manuel Brunard. Al principio las dirigencias de la investigación estuvieron a cargo de la Comisaría del barrio de Lugano, la 52, la que, se sospecha, está vinculada a los hechos que suceden en el boliche El Bacilón de Liniers, al que la familia y los docentes miran con más atención a la hora de hipotetizar sobre el destino de Nadia. Luego, el juez “decidió trabajar” con la División Delitos contra la Salud, perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, señaló el abogado. Brunard decidió trasladar la causa al fuero federal al coincidir con el fiscal Castelli en el análisis de los elementos que integraban el expediente que, según ellos, indican que Nadia es víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual vinculada a El Bacilón de Liniers.

“La mayor cantidad de datos fueron aportados por los vecinos que se vienen movilizando hace mucho por la desaparición de las pibas en los barrios, no sólo en Lugano sino también en Soldati y Bajo Flores, hay sistemáticamente casos de pibas menores de edad que desaparecen y no se van por su propia cuenta, con lo cual reclamamos al Estado que se haga cargo”, mencionó Juana de HLI. Entre las pruebas reunidas figura un caso previo, aportado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), de una nena que sufrió abusos en el boliche ubicado en Avenida General Paz 10838, numerosas veces clausurado en ocasiones anteriores. “Nadia fue vista por última vez el 9 de junio. De la casa no se llevó ropa, no se llevó los documentos. Está captada. No puede volver a su casa porque, como mínimo, la tienen amenazada”, añadió el abogado.

En el barrio de Lugano y alrededores no hay quien no conozca al Bacilón. Nadia le había comentado a su mamá, Elena, algo de todo lo que las versiones de vereda dicen que sucede allí con los chicos y chicas que acuden fin de semana tras fin de semana: venta de drogas y prostitución además de escuchar música, bailar y divertirse. Sin ir más lejos, la estructura del boliche se conecta, desde adentro, con otra construcción que cuenta con 15 habitaciones en donde “las chicas tienen sexo por dinero”, indican fuentes sin identificar entre las fojas del expediente.

Las sospechas sobre lo que ocurrió con Nadia dibujan el recorrido de “captación” de adolescentes que llevan adelante los regenteadores del boliche: “Les ofrecen hacer presencia por dos pesos, luego pasan a ser camareras, de ahí las tientan para hacer bailes eróticos y vender estupefacientes; el último paso es la prostitución”, enumeraron fuentes judiciales que, además, señalaron que “a las nenas las amenazan con que van a lastimar a sus familiares si cuentan algo”. Mientras se espera que defina la Cámara a qué fuero corresponde, el expediente sigue en manos de Canicoba Corral, aunque “no tomó ninguna medida”, remarcó Vicente.

“A nuestras pibas las desaparecen”

Este recorrido aceitado como una maquinaria y conocido por los vecinos y vecinas organizadas/os en Lugano parecería ser ignorado por los agentes estatales destinados a impedirlo. “Las villas están repletas de policías que no cuidan a los jóvenes de los barrios”, aseguraba Susana en Comodoro Py. La comunidad educativa, junto a sus amigos y familiares seguirá movilizándose para que Nadia aparezca y para visibilizar la realidad que viven sus barrios. “Reclamamos al Estado que se haga cargo, consideramos que es responsable. Tienen que explicar por qué una nena hace 20 días no está en su hogar”, exclamó Juana de HLI.

Las y los docentes de la escuela “René Favaloro” se manifestaron, además de las movilizaciones, en varias cartas desde que la joven desapareció: “Son cientos las pibas que nos faltan. Queremos traspasar los muros de la escuela, que se conozca lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, queremos a todas nuestras pibas en donde tienen que estar: estudiando, con sus profesoras y profesores y en sus casas, con sus familias”. En esta zona hay al menos quince historias registradas de jóvenes que desaparecen y sus casos no son investigados. “Nuestras pibas no se pierden, a nuestras pibas muchas veces las desaparecen”, aseguran las docentes de Nadia decididas a continuar la lucha.

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Elba Chura Gutiérrez está desaparecida desde el lunes 2 de enero a las 7.40. Tiene 17 años. Su hermana Laura la vio bajarse del colectivo 46 en la esquina Perito Moreno y Varela, justo frente a la cancha de San Lorenzo. Vestía musculosa negra, calza gris y ojotas negras.

Elba vino hace poco más de un mes desde Sucre, Bolivia. Estaba yendo a acompañar a su otra hermana  embarazada, Adriana, durante la mañana, en su casa del bajo Flores. Laura la acompañaba todas las mañanas en el colectivo y la pasaba a buscar por la parada por la tarde. Hacían el mismo recorrido todos los días.  El lunes, Elba se bajó del colectivo y ya no se la volvió a ver.  

Laura se acercó a la comisaría 34 de Pompeya para pedir asistencia, con la esperanza que la ayudaran a buscar a su hermana. El personal policial del lugar le dijo que no podían hacer nada, ni siquiera dejar asentada la denuncia por desaparición, y que debía esperar 24 horas.

Laura se fue pero volvió, porque tras insistir con desesperación y preguntar, entendió que no sirve esperar. Esta vez, la policía le dijo que “estaban en reunión” y que no podían atenderla.  Ya pasaron más de 24 horas y Elba sigue desaparecida.

La  Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), trabaja en conjunto con la línea 145 desde julio de 2015. Desde entonces y hasta febrero de 2016, fueron más de mil las denuncias recepcionadas en la línea y todas ellas tuvieron un seguimiento particular. Del total de las denuncias,  el 45 por ciento fueron casos de desaparición de mujeres con fines de explotación sexual. El informe de la Protex, lamentablemente no define en ningún lugar cuantas de esas mujeres aparecieron y fueron restituidas a sus hogares.

Mientras buscamos a Elba, aún desaparecida, mientras la policía de la Ciudad le niega a la familia de Elba la radicación de la denuncia por su desaparición, hoy martes 3 de enero, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, realizó en la Comisaría 30 de Barracas, el acto de lanzamiento de la nueva Policía de la Ciudad, que ya comenzó a funcionar integrada por unos 25 mil efectivos fusionados entre la Policía Federal y la Metropolitana. Uno de los ejes del acto fue el cambio de uniformes de los efectivos policiales.  Rodríguez Larreta destacó el cambiar de imagen que comienza con en la Policía: “El camino es traumático, pero tomamos una decisión historia. Es un cambio integral, necesario”. Además hizo hincapié en la incorporación de más efectivos y de tecnología.

En los hechos, la cantidad de efectivos, la tecnología y el color o diseño de los uniformes, realmente no modifican el trato y la inoperancia con que las fuerzas de seguridad y el estado manejan este tipo de casos, así como los casos de violencia de género.

Luego de mucho andar, y con el aporte del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la familia de Elba ha podido entablar la búsqueda a nivel nacional, tras la denuncia en el 145 y el seguimiento en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Numero 7, a cargo del caso.

En diálogo con Marcha, Florencia, del espacio de mujeres del FPDS que está acompañando a la familia, aseguró: “Es incalculable la bronca cuando la policía no quiere tomar la denuncia de las desapariciones de las pibas en los barrios. Parece que lo hacen a propósito, todos y todas sabemos que las primeras horas son fundamentales para encontrar a las chicas que son desaparecidas. Es una vergüenza.”

En relación a la famila de Elba, Florencia destacó: “Están todas las hermanas muy angustiadas, con mucha incertidumbre pero con mucha fuerza; no están solas, somos muchas las mujeres que estamos organizándonos para encontrar a Elba”

Terminando el 2016, la violencia machista se despedía y hacia la entrada el 2017 con  los femicidios de Lorena Dávalos, de 22 años, en la Villa 21-24. María Lucía Argüello, de Hurlingham, asesinada a puñaladas. Daniela Iara Soledad Rodríguez, de 15 años en Pablo Podestá. Diana Rivero, de 34 años. Y ahora mismo, una joven de 20 años lucha por su vida, tras haber sido prendida fuego por su pareja.

Pero el 2016 dejó una herencia importante en relación a la organización de las mujeres. Quedó claro que somos miles, millones en todo el país tendiendo redes, lazos. Que no hay una mujer sola, ni una que deba sentir miedo, porque acá estamos todas.  

Acá estamos todas, buscando a Elba, hasta encontrarla.   

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La sentencia por trata de personas en Tierra del Fuego, cuya demanda fue sostenida por una de las víctimas, explotada en el local Sheik de Ushuaia, hace historia en un dictamen que reconoce el delito y la responsabilidad del municipio.

En la tarde del miércoles 30 de noviembre de 2016, en Ushuaia, la doctora Ana María D`Alessio leyó, en nombre del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, el dictamen por el que se resolvió condenar a Pedro Eduardo Montoya como autor penalmente responsable del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas, a la pena de 7 años de prisión más multa, y a Ivana Claudia García y Lucy Campos Alberca, como partícipes secundarias del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas, a la pena de 3 años de prisión de ejecución en suspenso.

La originalidad de esta sentencia -además de establecerse la culpabilidad de las tres personas demandadas por Alika Kinan por ser propietarias y administrar respectivamente el local Sheik donde fue víctima de explotación sexual- es que se dispone el pago solidario de $780.000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios a García y Montoya y a la Municipalidad de Ushuaia.

También se falló el decomiso de la moneda y de los bienes secuestrados para la devolución  a las víctimas según lo que se disponga de acuerdo a lo reclamado por ellas y  que el dinero que no esté afectado a devolución se transfiera a la Oficina de Rescate y Acompañamiento dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Los otros dos jueces integrantes del tribunal fueron Luis Alberto Giménez y Enrique Jorge Guanziroli, quien firmó en disidencia parcial y cuyas especificaciones podrán conocerse el 7 de diciembre cuando se den a conocer los fundamentos

Vamos a seguir

Luego de conocerse el veredicto, Alika Kinan manifestó: “Vamos a seguir porque son miles las víctimas y son miles las demandas que vienen de aquí en adelante, esta es la primera”. Con respecto a las expresiones que desde Ushuaia pretendieron amedrentar su participación, Alika agregó que “cada cual sabe de qué lado está” y que “hay mucho desconocimiento”. En referencia a la sentencia, dijo: “Esto no me repara a mí, no repara a mi familia, yo creo que hay que continuar por muchas otras mujeres que todavía están en esta situación”.

El fiscal de distrito, Adrián García Lois, se manifestó conforme con las condenas en líneas generales: “se logró el decomiso del local y de la camioneta además de la multa que hemos pedido, estamos conformes, esperábamos una pena un poco más alta, al cambiar la participación de dos personas, las penas se redujeron sensiblemente”. Afirmó también que la sentencia marca un hito en el sentido en que  responsabiliza a un municipio y lo condena a una indemnización civil y eso abre las puertas a otras víctimas. “Nosotros estamos conformes en líneas generales, habíamos pedido la co-autoría a los tres imputados. Lo más importante para nosotros es que acá había que dar un paso más allá con respecto a lo que es el concepto de trata”.

Por su parte, Marcela Rodríguez, abogada de la querella, sentenció que “el Estado debe pagar los daños que ha contribuido a ocasionar” y habló sobre los indicios para que otras víctimas puedan llegar a una reparación, que es lo que los instrumentos internacionales reconocen. “Lo más importante en este juicio ha sido la valentía tanto de Alika como de la otra testigo que en estos cuatro años es la primera vez que se animó a declarar, no lo había hecho en el momento del allanamiento ni posteriormente”, expresó.

Según Rodríguez, las demandantes contaron experiencias desgarradoras de sus vidas mientras el resto se refería con eufemismos: “Se hablaba  del lugar donde había citas, la confitería, el lugar de encuentros, el local ese al que yo no iba,  mientras las mujeres nos hablaban de violaciones, de violencia sexual, cómo eran compradas como mercancías, cómo eran pasadas de un prostíbulo a otro, el propio abogado de la defensa lo dijo que las pasaban de un prostíbulo a otro en un estado proxeneta”.

Complicidad del Estado

Alika se refirió a la hipocresía en torno al delito de trata: “hoy no solamente estamos llevando a juicio a los proxenetas sino al Municipio que creó un terreno fértil, como también lo creó la provincia, y no es la actual gestión ni las anteriores, fueron muchísimas otras gestiones por las cuales pasaron muchísimas otras mujeres, acá no apuntamos a una persona, estamos apuntando a la sociedad”.  Manifestó que cree que todavía hay casos de trata y explotación sexual en Tierra del Fuego y que no están siendo visibilizados. “Yo no llevo a juicio a la sociedad yo le pido ayuda a la sociedad, para que todos participen activamente en la reparación”, subrayó.

Marcela Rodríguez se pronunció a raíz de la pena que se juzgó para las mujeres imputadas y que según su parecer no fue acorde a lo que declararon las víctimas, con respecto a sus comportamientos y acciones, “se trataba de tres personas y cada una tenía su rol, se distribuyeron funciones, definitivamente Montoya tenía un rol protagónico, pero considero que han sido penas bajas”.

Al respecto, Alika dijo: “todos sabemos que la justicia es garantista, yo esperaba que fuera prisión inmediata y efectiva…una manera de reparar era verlos salir presos de acá” y en relación a las posibles demandas de otras víctimas subrayó que incluso las mujeres que hoy no reconocen su explotación, pueden llegar a este proceso y se refirió a los 20 años que pasaron desde que ella comenzó a ser prostituida. “La respuesta no está en el hoy está en la historia de cada una de nosotras”, enfatizó.

García Lois se refirió a que la propia Corte Suprema ha establecido que hasta que no quede firme la sentencia condenatoria no es posible la detención preventiva en el momento del fallo. Y destacó el esfuerzo compartido por todo el Ministerio Público para el logro de este dictamen, en especial destacó la participación de Marcelo Colombo, a cargo de la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas).

El futuro

Con respecto a la incidencia de este fallo en el proceso a próximas demandas, Rodríguez afirmó que hay mujeres que quizás en este momento no puedan llegar a plantearse estar en frente de los tribunales pero que tal vez hayan empezado a transitar el camino y subrayó que hay otras víctimas que en este momento están siendo querellantes en el país. Manifestó que  escuchar las voces de las sobrevivientes de la trata fue fundamental para lograr que los jueces adoptaran esa decisión y que lo que ocurre en Ushuaia se replica en otros lugares del país: “acá lo que sucede es que hubo ordenanzas que han permitido, facilitado, habilitado la actividad, que convirtieron a la provincia en una especie de co-socio de la explotación”.

Kinán dijo que hay provincias que mantienen las habilitaciones e incluso las libretas sanitarias. “Eso es lo que se tienen que replantear, gracias a los funcionarios cómplices  que nos administraban como si fuéramos ganado, muchas se han suicidado y se han arruinado miles vidas. A ellos hay que hacerles juicio”.

Aún no se sabe si se presentarán apelaciones al fallo, pero mientras se espera la lectura de los fundamentos, Alika agradece el apoyo de las organizaciones que no solo lo expresaron a viva voz sino que pusieron su presencia para sostenerla.

Viviana Caminos, presidenta de Ratt Argentina (Red Alto al Tráfico y la Trata), ONG que trabaja en la concientización y prevención de este delito, expresó que “solo los Estados violan los Derechos Humanos”, y se refirió a que “todo atentado contra la vida, la integridad, la dignidad y la libertad esencial de un ser humano, es una transgresión de normas éticas fundamentales”.

Según sus expresiones era claro que en Ushuaia el gobierno municipal violaba sistemáticamente los derechos humanos de aquellas personas a quienes exigía libretas sanitarias con controles de salud diferentes a la de otras personas empleadas (por ejemplo, exámenes ginecológicos) y habilitaba locales nocturnos a sabiendas de que allí se explotaban mujeres. “Estas libretas se pedían para proteger la salud de los clientes.prostituyentes y no de las personas allí explotadas. Era todo un sistema que toleraba y alentaba el negocio de la prostitución por parte de los mercaderes del sexo ajeno. Alika nunca se enriqueció, Alika es pobre. Esa es la diferencia”.

*doctora en Ciencias de la comunicación Social

Leé todas las notas en: http://www.marcha.org.ar/tag/alika-kinan/

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Las tres personas imputadas en el juicio en el que Alika Kinan querelló al Estado y a sus proxenetas fueron condenadas por el delito de trata de personas. El municipio de Ushuaia deberá indemnizar por daños y perjuicios.

En Ushuaia, a las 18.30 del miércoles 30 de noviembre se hizo historia al reconocerse el delito de trata de personas a través del relato de las sobrevivientes y de las pruebas presentadas. Luego de cinco años en que se produjera el allanamiento del prostíbulo “Sheik” que funcionaba en esa ciudad y en el que Alika Kinan y otras victimas era explotada sexualmente.

Pedro Eduardo Montoya, dueño del “Sheik”, fue condenado a 7 años de prision mas una multa de 70 mil pesos por ser autor penalmente resposanble del delito de trata de personas. Por su parte, Ivana Claudia García y Lucy Campos Alberca, pareja y encargada del local respectivamente, fueron condenadas a 3 años de ejecución en suspenso como partícipes secundarias agravado por pluralidad de victimas del delito de trata de personas. Ivana García, deberá, además, pagar una multa de 30 mil pesos.

El Tribunal, compuesto por Ana María D´Alessio, Luis Alberto Giménez y Enrique Jorge Guanziroli, dispuso además, el decomiso de los bienes personales de Montoya y la devolución del dinero secuestrado en el lugar de acogimiento, que será entregado a las victimas y la suma no expuesta a devolución a la Oficina de Rescate y Acompañamiento dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El municipio de Ushuaia deberá abonar 780 mil pesos indemnizatorios por daños y perjuicios.

Adrián García Lois, fiscal de la causa e integrante del Ministerio Público Fiscal, manifestó que, si bien las penas son menores que las pedidas, esta sentencia da cuenta de un cambio de mirada en cuanto a la persecución del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Por su parte, Marcela Rodríguez, abogada de la demandante, afirmó que “este fallo es un paso alentador para que otras victimas se animen” a declarar, ya que Alika no es la única querellante en el país, e informó que, una vez conocidos los fundamentos de la sentencia, que estarán el 7 de diciembre, decidirán si apelan o no el veredicto.

Con cantos al inicio y al cierre, diversas organizaciones se encontraron para expresar el apoyo a la lucha de Alika Kinan. Entre las presentes estuvieron el colectivo Furia Trava y la ONG RATT Argentina. En sus letras, expresaban “que la prostitución no es un trabajo” y que son los “proxenetas quienes tienen que tener miedo e ir presos”.

Al final hubo abrazos, emoción y más cantos. Reuniones en las que Alika se dirigió a las compañeras que la apoyaron a lo largo de todos estos años: “Chicas, vamos a meter presos a todos los proxenetas”.

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A las 18 se conocerá en Tierra del Fuego la sentencia del juicio histórico por trata de personas en el que, por primera vez, una sobreviviente de explotación sexual, Alika Kinan, es querella acusando a sus proxenetas y al Estado municipal.

Esta mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, las personas acusadas tuvieron su oportunidad para expresarse antes de que hoy a las 18 se de la sentencia, en el Tribunal Provincial de Tierra del Fuego (Monte Gallinero). Además, está en juego la demanda por reparación económica por un monto de $ 2.365.000.

Pedro Montoya, acusado por ser propietario de “Sheik”-bar nocturno donde se mantenía bajo explotación sexual a la demandante, encuadró su inocencia bajo el paraguas de los controles de los organismos a tal fin: “Le pregunté a mi abogado y me contestó que no estábamos incurriendo en ningún tipo de delito y que estábamos bajo las ordenanzas en vigencia, sujetos a inspecciones, de todas las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Policía, Migraciones, Ministerio Público de Trabajo, Sadaic, Capif, DGR Provincia y, por supuesto, Municipalidad de Ushuaia, órganos contralores que verificaban siempre la actividad comercial desarrollada. Siempre pensé que estaba realizando un trabajo lícito y a derecho”. También afirmó “jamás abusé, exploté, martiricé, sometí, exploté a nadie”.

A su vez, Ivana García, pareja de Montoya, comenzó su relato con la frase “sentí que pasaron un límite”, y expresó su molestia porque se hizo referencia a su hija con nombre y apellido: “Durante cuatro años nos mantuvimos al margen de toda agresión por resguardar la identidad de mi hija, no entiendo cuando a supuestas víctimas para resguardar su identidad la llaman por una letra. Somos personas no somos animales”. Agregó que tuvieron varios comercios –almacén, casa de comidas, salón de fiestas, y que todo estaba declarado. “Creo en la justicia de mi país pero también creo en la justicia divina. La justicia divina es la única que va a juzgar mi conciencia”.

Lucy Alberca Campos, una de las acusadas y administradora de “Sheik”, para quien los fiscales pidieron 5 años de prisión, manifestó que no iba a ser uso del derecho a sus palabras finales antes de la sentencia. Para Montoya y García, la fiscalía solicitó 12 y 9 años respectivamente.

Esta mañana el diario local “Prensa” se refirió al caso como nota de tapa con una bajada que aludía a la víctima como “una de las alternadoras, quien pretende una indemnización de sus ex empleadores”, lo que pone en contexto una sociedad que fue indiferente al delito que se cometía.

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