Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Aida Quilcué, mujer nasa del Cauca colombiano, lideresa indígena, defensora de los territorios, de los derechos humanos y de la naturaleza y senadora desde 2022, es la candidata a la vicepresidencia de Colombia junto a Iván Cepeda por la fórmula del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

El pasado 9 de marzo se conoció que Quilcué sería la candidata a la vicepresidencia. En diálogo con Marcha Noticias afirmó: “Es el tiempo de las mujeres y ese tiempo no es solo una presencia simbólica, sino una presencia viva para la gobernanza. He emprendido un camino, igual que muchas mujeres desde los distintos espacios, desde los procesos más invisibles porque a veces somos muy invisibles, que vale la pena”.

También señala: “Hay que avanzar a pesar de las dificultades, de los tropiezos; esas dificultades y tropiezos nos vuelven fuertes. Y desde esa fuerza hoy estoy aquí para representar el pueblo colombiano como vicepresidenta de la República”.

Aida marca también el cariño recibido durante la campaña, por parte de los sectores populares, las mujeres, las y los jóvenes, la comunidad LGTB+, las personas con discapacidad. Una campaña autogestiva construida desde el poder popular.

“Estamos para enfrentar y asumir los desafíos y retos que hoy nos pone el país”, anuncia. Y explicita que esos desafíos son “la exclusión histórica que han tenido los 115 pueblos indígenas de Colombia, que son una presencia viva del país, una presencia que ha sido estigmatizada, que ha sido olvidada, que ha sido excluida y que es una presencia real de la riqueza cultural y natural que tenemos los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, afrodescendientes y los pueblos más excluidos incluso en las ciudades”. 

Agregó: “El segundo desafío es avanzar en las transformaciones que ha empezado el presidente Petro. Se ha avanzado con los derechos de la ciudadanía en el marco de las reformas del Congreso de la República y de reformas constitucionales y en derechos. Vamos a avanzar en todas esas propuestas que se están encaminando y que es la continuidad de ese proyecto político”.

Cuando se le pregunta qué sueña para su país, responde: “Hemos vivido milenaria e históricamente muchas situaciones difíciles, que aún estamos viviendo. Lo que más sueño es que nuestros hijos e hijas puedan caminar tranquilos en el territorio, que no nos odiemos por pensar diferente y que exista la igualdad en Colombia”.

A las mujeres del continente, les dice: “Tengamos mucha fuerza porque las formas de exclusión, sobre todo en las mujeres no se da sólo en la oposición, también en el progresismo y tenemos que caminar, enseñar, aconsejar y ojalá algún día también sacar ese esa práctica de de esto y que los hombres han sido tan valiosos como nosotras las mujeres. Y seguiremos siendo valiosos y valiosas para construir esa esa Colombia que hoy queremos, pero también esa Latinoamérica y ese mundo que hoy necesita la humanidad”.

El tiempo de los pueblos

El documental “Aida Quilcué. Es tiempo de los pueblos”, realizado por Juntos Somos-Human Conect, retrata su vida y su lucha contra el racismo, la violencia estatal y en defensa de los territorios. Combina una entrevista reciente a la lideresa con material de archivo sobre su militancia.

Quilcué inscribe su propia vida en una lucha que lleva más de 500 años. “Invadieron nuestros territorios, invadieron nuestro pensamiento y nos quitaron la tierra”, denuncia. Y da un mensaje tan actual como necesario para el país y la región: “Resistir no es aguantar, es dignificar”. 

Hija de una maestra y de un líder comunitario, desde la infancia acompañó a su papá, aprendiendo que la tierra comunitaria es de las comunidades. En su relato aparece también la raíz de la lucha en la memoria del líder indígena Manuel Quintín Lame, defensor de los derechos de los pueblos indígenas colombianos, que falleció en 1967.

Aida fue promotora de salud y maestra comunitaria en su comunidad. El punto de inflexión que la convirtió en lideresa fue la avalancha del río Páez en junio de 1994, que afectó a la zona del departamento Cauca (en el suroeste colombiano). Más de 1.100 personas murieron y su comunidad se vio obligada a desplazarse y a comenzar de cero en otro territorio del departamento. 

Fue la primera mujer nombrada como representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entre 2003 y 2009 fue consejera mayor. En 2008 organizó la serie de protestas y marchas conocida como Minga Indígena contra el gobierno de Álvaro Uribe, que desconocía las autonomías de los pueblos indígenas.

“Me decían ‘cuidado, Aida, que la pueden matar’, pero yo no pensé que la muerte estuviera tan cerca”, relata en el documental. A finales del 2008, en una emboscada militar, asesinaron a su esposo Edwin Legarda. Quilcué luchó por justicia para su esposo y también por justicia para otras víctimas de la persecución y de los “falsos positivos”; nombre que se le dio a las ejecuciones cometidas por el Ejército Nacional de Colombia contra ciudadanos no beligerantes pero cuyos asesinatos se presentaban como resultados de enfrentamientos en el marco del conflicto armado interno. Según la Comisión de la Verdad de Colombia, 6.042 civiles fueron asesinados por el Estado con este mecanismo.

Poco después del crimen de Legarda, Aida dijo en un acto público: “Si mataron a mi esposo para que Aida se calle, sepan que me dieron más fuerza”. Si bien se condenó a seis militares por la ejecución de Legarda, no se avanzó en la investigación sobre los autores intelectuales del crimen.

La lucha de Quilcué contra el arrebato de tierras para el extractivismo continuó. En 2022, fue electa senadora nacional por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), uno de los partidos que representa a los pueblos indígenas en el congreso por medio de la circunscripción especial para pueblos indígenas. Ya en la política institucional, manifestó su voluntad de “representar a los pueblos excluidos, olvidados, estigmatizados e incluso asesinados”, tal como manifiesta en la entrevista registrada en el documental. 

Una frase de Aida queda resonando en el film: “De tantas lágrimas, de tantas luchas, de tantos sacrificios, hoy llegó el tiempo de los pueblos”.

“Hay tristeza, hay lágrimas, pero también hay esperanza”

En la semana previa a las elecciones, Quilcué agradece al Consejo Regional Indígena del Cauca, “una organización que ha tenido muchos altibajos, pero que le ha enseñado a Colombia la resistencia y la dignificación de los pueblos”. También a la Organización Nacional Indígena de Colombia y a las organizaciones regionales que componen los 115 pueblos indígenas que habitan el país.

En referencia al estallido social de 2019, recuerda: “Los jóvenes nos enseñaron a nosotros, porque conocimos la exclusión total que se vive en las ciudades. Algunos muchachos nos decían, ‘preferimos quedarnos aquí en la calle, porque aquí al menos tenemos el desayuno, el almuerzo y la comida y en la casa no lo tenemos’. Y no porque los papás fueran perezosos, sino porque no había oportunidades. Y por eso va mi abrazo a aquellos jóvenes, que hoy la oposición dice que son terroristas, delincuentes. Yo reivindico esa memoria. A algunos los dejaron lisiados y otros aún siguen en las cárceles”.

Reivindica a la clase obrera por “luchar por su derecho a un trabajo digno”. A las mujeres, “para que la violencia salga de las familias y de las sociedades porque toda clase de violencia contra la mujer también nos ha afectado y nos ha llevado al olvido estructural”. Y también a la comunidad LGBTIQ+ y a las personas con discapacidad. Desde su identidad como mujer indígena, se hermana con esas luchas: “No solamente vivimos la violencia de los fusiles, hemos vivido la violencia de exclusión”.

Añade: “Desde el progresismo tenemos que sacar esa violencia porque eso fue lo que se sembró en nosotros. Tenemos que aprender a caminar en la diversidad porque aquí cabemos todos y todas. Nuestros pueblos se han enfrentado y terminaron en una situación difícil, pero a esto lo crearon aquellos que siempre nos quisieron ver divididos. La colonia llegó y nos puso a pelear entre nosotros; llegó la corrupción, la mentira, la envidia. Por eso nos dividieron y por eso muchos pueblos en Colombia fueron totalmente exterminados, como el Pueblo Yalcón, que hoy solo existe en las estatuas y en la memoria. 

Para Quilcué, hoy los pueblos pueden dividirse, porque eso permite el avance del capitalismo, la exclusión, el racismo y todas las formas de violencia. “Hay tristezas, hay lágrimas, pero hay esperanza. Y hoy nos hemos encontrado una Colombia que nunca nos habíamos encontrado para mirarnos a los ojos, para cantar entre nosotros, pero también para caminar juntos y juntas”, describe. 

Candidata a la vicepresidencia

La candidata del Pacto Histórico expresa: Y concluye: “El 31 de mayo tiene que ganar Colombia. Tienen que ganar las víctimas, los indígenas, los vecinos, las mujeres, la juventud. Que suene la flauta, que suene el tambor, que suene la música, que suene las guitarras, que suenen los vientos, los ríos, las aguas, porque también tenemos que proteger nuestra Madre Tierra. Y esa será nuestra lucha”. 

Asegura que su proyección no era ser candidata a vicepresidencia, sino retornar a su territorio. “No porque no pudiera o no porque no hubiera estudiado, porque basta con haber vivido lo que vivimos al lado de nuestros pueblos, porque eso hace parte de nuestro aprendizaje”. Pero finalmente decidió aceptar la invitación de Iván Cepeda: “Con Iván venimos de lugares distintos, pero con los mismos caminos de esperanza y paz”.

“Yo no me preparé en la academia, me preparé en la academia de la naturaleza y los pueblos. Y me voy a juntar con esa otra ciencia que es Colombia. Nadie gobierna solo. Alrededor hay muchas mentes, muchas manos valiosas, idóneas, invisibles que gracias a ello podemos seguir gobernando”, agrega.

“A Petro lo han estigmatizado, lo han señalado. Pero nunca dicen que ellos fueron los que dejaron los rezagos de la corrupción, el racismo y la exclusión. No con eso quiero justificar los vacíos que aún existen. Porque estamos aprendiendo. Pero yo sé que esta Colombia nos va a enseñar a mejorar las cosas”, analiza.

Relata que la campaña fue de amor, de abrazos. Y que eso aumenta la responsabilidad de continuar la transformación. Sin embargo, aclara que hay problemas que no se solucionan en cuatro u ocho años de gobierno. “Este es un proyecto político a largo plazo, donde muchas generaciones tenemos que prepararnos para gobernar este país”.

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De luto, con ollas vacías y al grito de justicia, cientos de mujeres se dieron cita para exigir que el Gobierno atienda las demandas del pueblo que lo llevó al poder, y al que en seis meses de gestión le ha dado más problemas que soluciones. En el país de las “mamitas”, fueron ellas quienes salieron a la calle para decir que no hay nada que festejar cuando falta comida, combustible y respuestas.

Con carteles que decían “fuera yanquis de Bolivia” y “en Bolivia las madres ya no festejamos, salimos a marchar”, las manifestantes reclamaron por la situación del país. Aseguraron que Bolivia está de luto y que ese no es el país que quieren dejarle a sus hijos.

La marcha de cacerolas vacías se inscribe en una protesta social más amplia, que en las últimas semanas reunió a organizaciones campesinas, trabajadoras y trabajadores del magisterio urbano y rural, sectores mineros, fabriles y del transporte. Aunque cada sector sostiene reclamos propios, todos coinciden en el rechazo a un Gobierno que llegó con apoyo popular y que en apenas seis meses perdió legitimidad por medidas que golpearon de lleno en la vida cotidiana.

Entre los principales detonantes de la crisis aparecen el encarecimiento de los productos de la canasta básica, los cambios en la política de combustibles, las denuncias por la importación de gasolina de mala calidad y el avance de medidas leídas como una entrega a sectores empresariales y extractivos. También generó rechazo el intento de modificar el régimen de pequeñas propiedades agrarias, una demanda histórica del agroempresariado que encendió las alarmas en comunidades campesinas e indígenas.

La presencia de mujeres de pollera, cholas, campesinas y trabajadoras volvió a poner en el centro una identidad que también es política: una historia de despojo, organización y resistencia que no aparece solo como símbolo cultural, sino como fuerza concreta en las calles. En un país atravesado por la crisis, esa memoria se vuelve también una forma de disputa.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Paz se limitó a dar un discurso que reafirma el poco conocimiento que tiene de la historia de este país. Volvió a dicotomizar entre oriente y occidente, repitiendo las mismas frases vacías que su antecesor y que son amplificadas por los medios de comunicación. Criminaliza la protesta como si no fuera un derecho, entre amenazas cada vez menos sutiles contra quienes se suman a las manifestaciones en su contra, pero sin la mínima intención de proponer soluciones a una crisis iniciada en la gestión anterior y profundizada por él.

El encarecimiento de los productos de la canasta básica en los últimos meses es una de las principales preocupaciones de la población boliviana. La crisis de combustible y la red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos vienen desde el gobierno de Luis Arce. Sin embargo, la nueva gestión no solo heredó esa estructura corrupta para usarla a su favor, sino que además superó la ineptitud del gobierno anterior.

Hoy Bolivia enfrenta una de sus peores crisis en décadas. Y, al mismo tiempo, demuestra una vez más la fuerza y la claridad de sus movimientos sociales y campesinos cuando se trata de defender su soberanía.

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Por Dalia Cybel

“Soy mamá soltera… y el otro día estaba en una mediación… hacía tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, dice al micrófono Julieta Emilia Cazzuchelli, nacida el 16 de diciembre de 1993 en la localidad de Fraile Pintado, provincia de Jujuy pero más conocida como La Jefa o Cazzu para su público. “Ese hombre (el abogado opositor) me miró a los ojos, y sin decirme nada me dijo: tenemos el put* control sobre vos y tu hija. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, relató la artista urbana en el podcast Se regalan dudas conducido por Ashley Frangie y Lety Sahagún.

El conflicto de Cazzu comenzó tras una tempestuosa separación en mayo de 2024 con Christian Nodal, padre de su hija Inti y actual pareja de Angela Aguilar. En la entrevista la cantante confesó que la cuota alimentaria que recibe no es suficiente para sostener a Inti, a quien cría sola en nuestro país. Sin embargo, el escándalo estalló cuando la artista denunció que Nodal se negaba a firmar permisos para que la niña pueda viajar con ella al exterior durante sus giras.

“Yo tengo el privilegio de ir a tocarle la puerta a un juez… pero esas mujeres que no tienen abogado ni pensión… esas son las que más sufren”, lamentó Cazzuchelli.

¿Quiénes son esas madres que crían solas y no están bajo los reflectores? Marcha habló con tres de ellas y la abogada Carolina Rodríguez, una de las responsables de la presentación de la ley Cazzu en Argentina, para conocer un poco más sobre el tema.

Jefas de hogares monomarentales

Andrea* es madre de Sebastián, quien desde hace dos años no tiene contacto con su progenitor. Este desapareció luego de una separación atravesada por la violencia de género y desde ese momento no se hace responsable de las cuotas alimentarias. Aunque Andrea y su abogada, Carolina Rodríguez, solicitaron su inscripción en los Registros de Deudores Alimentarios Morosos, le prohibieron la salida del país y de negaron el acceso a la cancha, “se borró”, en palabras de la joven.

“El cuidado unilateral ya fue solicitado y otorgado luego de un año de litigio, pero a ella no le alcanza para salir del país de vacaciones, porque en nuestra legislación está ligado a la responsabilidad parental, que es un concepto más abarcativo y va más allá de quién ejerza el cuidado”, explica Carolina. “Para realizar algunos trámites, se necesita el permiso del otro progenitor, que es un poco lo que le pasa a Cazzu”.

El conflicto de la trapera y el cantante no tardó en viralizarse, y en convertirse en el puntapié para que, en el marco del Día de la Mujer Trabajadora, la diputada mexicana Sandra Arreola Ruiz, presentase un proyecto de ley donde solicita que en, casos de crianza y responsabilidad unilateral, resulte suficiente el consentimiento de uno de los ma/padres para que un hijo pueda salir del país, sin requerir autorización del progenitor ausente. “La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control”, sostuvo la legisladora.

En nuestras tierras la propuesta no tardó en hacerse eco y el grupo Abogadas Feministas AMBA decidió retomar la iniciativa. El proyecto fue presentado el 30 de marzo por el Senador Carlos Linares del Frente de Todos, ex Presidente del Partido Justicialista de Chubut y ex intendente de Comodoro Rivadavia. También hubo una campaña a través de Change.org que tiene actualmente alrededor de 37.884 firmas verificadas.

“El proyecto de ley en México requiere una reforma constitucional. Eso, por un lado, lo hace más complejo, porque implica modificar la Constitución; pero, por otro lado, cuentan con un Gobierno progresista y una posición legislativa un poco más orientada hacia los derechos humanos”, continúa la abogada.

En ese sentido, si bien el proyecto argentino solo busca añadir algunos artículos al Código Civil y Comercial, resulta más difícil que sea aprobado por la composición actual del Congreso.
Andrea cuenta la dificultad que tuvo para que su hijo recibiera contención profesional, ya que ninguno de los psicólogos especializados quería tratarlo, a pesar de que, frente a la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en virtud de la Ley 26.061, se les debe brindar asistencia.

Sin embargo, los profesionales evitan los conflictos que pueden conllevar enfrentarse de manera directa a progenitores violentos o recibir denuncias infundadas, entre otros inconvenientes, más allá de que eso suceda o no en un caso concreto. A esto se lo llama backlash, es decir, una reacción adversa o persecución contra los profesionales que trabajan con perspectiva de género, niñez y derechos humanos.
Lucía es docente, tiene dos hijas y fue víctima de violencia de género. Aunque creyó que el progenitor nunca había reconocido a sus hijas, cuando tuvo que hacerles la renovación de DNI, se dió cuenta que en los papeles del Registro Civil llevaban su apellido. “Esto sucedió en 2014, antes de la reforma del Código Civil en 2015”, aclara Carolina, quien asegura que en ese entonces el apellido paterno era obligatorio y debía llevarse en primer lugar. “En contextos como el de Lucía, de inscripción tardía y con niñas que lo poco que conocían de su progenitor era la violencia y el abandono, el impacto resultaba muy fuerte y perjudicial para ellas”.

La letrada insiste en que, si bien la inscripción filial es correcta, porque hace referencia a la identidad biológica de las chicas, ya no es obligatorio el apellido paterno ni que los niños deban sostener un apellido que, por razones fundadas, les cause daño. “Esto ya encuentra un cauce legal, pero debemos seguir pensando en mejoras para todas las situaciones arbitrarias que se presentan”.
La hija mayor de Lucía se negó por mucho tiempo a usar el DNI con el apellido de su progenitor y, ya con la sentencia en mano, aún se encuentra a la espera de la rectificación de su analítico del secundario que, cuando llegó la sentencia de supresión de apellido, ya estaba emitido.

El proyecto legislativo

La iniciativa de la ley Cazzu, en honor a la autora del libro “Perreo, una revolución”, plantea una suspensión provisoria de la responsabilidad parental basada en dos extremos: el incumplimiento total o parcial de tres cuotas alimentarias consecutivas o de seis alternadas y la ausencia total en el ejercicio del cuidado o en la comunicación y relación con ese hijo durante tres meses consecutivos.

Si bien en nuestro país el Código Civil y Comercial establece la responsabilidad parental como un conjunto de derechos y deberes orientados al cuidado y desarrollo de los hijos, priorizando desde la reforma de 2015 el esquema de cuidado compartido, las impulsoras del proyecto advierten que en la práctica esa corresponsabilidad no siempre se cumple.

Los datos son contundentes: el 16% de los hogares del país son monoparentales y, dentro de ellos, ocho de cada diez tienen jefatura femenina según el dossier del INDEC publicado en marzo. A su vez, el 56% de las madres no reciben la cuota alimentaria cuando el padre no habita en la vivienda. La cifra sube a 68% si se incluye a quienes la perciben de manera irregular, según un relevamiento de UNICEF.
Dicha estadística añade que 4 de cada 10 madres indicaron que los padres no se involucran plenamente en las actividades de cuidado de sus hijos, y que los niveles de pobreza infantil en hogares con jefatura femenina y en hogares monomarentales son significativamente más altos que en otros tipos de hogar.

UNICEF asimismo apuntó que más de 3 millones de niños viven en hogares monoparentales con jefatura femenina.

“Hablamos de madres, porque las estadísticas son tajantes, pero si hay un padre que cría en las mismas condiciones, claro que también lo alcanzará este proyecto”, enfatiza Rodríguez.
La denominada Ley Cazzu plantea que, ante determinadas situaciones, el juez pueda adoptar medidas cautelares de protección basadas en una evaluación interdisciplinaria que fundamente la decisión. Esta perspectiva parte del reconocimiento de que, en muchos casos, las madres asumen en soledad las tareas de crianza.

En este marco, si se dicta una medida cautelar que limite o suspenda derechos del progenitor, este podrá solicitar su revisión o rehabilitación. Para ello, deberá aportar pruebas que demuestren que la medida fue concedida de manera incorrecta o que su modificación resultaría beneficiosa para el interés superior de su hijo o hija.

“La ley no va a resolver todos los problemas, pero por lo menos apunta que cuando estén totalmente borrados o cuando no cumplan los deberes básicos de la responsabilidad parental, -cuidado, comunicación, alimentos-, no tengan que esperar años para que se dé una medida cautelar que le permita verdaderamente a la madre resolver y tener una vida digna en el mientras tanto”, subraya Rodríguez.

Marina dice que viene de una familia conservadora. Ella cuida, junto a su nueva pareja, a su hijo Julián, de doce años. Su progenitor desapareció luego de que ella se enterara de que tenía problemas de consumo, un año después del nacimiento de Julián. A partir de entonces, la situación fue empeorando a tal punto que tuvo que irse de su casa a escondidas para que él no se lastimara ni le hiciera daño a ella. “Yo estaba aislada del mundo, un poco porque en su momento me daba vergüenza y un poco por el prejuicio familiar”, cuenta.

Julián estuvo algún tiempo al cuidado de su padre, quien había asumido el rol de cuidador pero al mismo tiempo lo manipulaba. No dormía por las noches, no lo alimentaba bien ni lo llevaba a la escuela. El niño desarrolló un problema en los riñones por el estrés y ni siquiera lo llevaba al hospital.
Marina tuvo que denunciarlo y pedir el reintegro de su hijo en dos ocasiones, hasta que, con mucha persistencia y apoyo terapéutico para Julián, logró que se hiciera efectivo y que permaneciera al cuidado de su madre.

Su progenitor, por su parte, optó por borrarse. Al día de hoy, permanece rebelde en los procesos judiciales. Desde que se le impuso una cuota alimentaria, su decisión fue no abonarla. Tampoco acató la orden de que la vinculación con Julián fuera mediada o supervisada, dados sus graves problemas de consumo. Eligió, en su lugar, sostener la negación de todo lo expuesto y culpabilizar a los demás.
Sobre sus procesos legales, Marina asegura que fueron caminos arduos donde tuvo que recolectar pruebas, hacer actas en la escuela, hablar con las maestras y comenzar un tratamiento psicológico para su hijo, derivado por la escuela también.

“Ser jefa de un hogar monomarental es seguir afrontando las consecuencias de los progenitores que no se hacen cargo, que no cumplen con sus obligaciones. Las que terminamos pagando somos nosotras a través del desgaste emocional” relata Marina cuando se le consulta cómo definiría ser jefa de un hogar.
“Yo invertí todos mis ahorros en el proceso judicial y lo vivo de esa manera, como una inversión que me da paz mental y que era necesaria porque era insostenible la situación”, agrega Andrea, por su parte.
“Es importante que todas las personas que atraviesan estos contextos puedan acceder a medidas judiciales oportunas y efectivas; si no, el acceso a la justicia termina siendo una ficción y no impacta en la calidad de vida de los tantos niños y niñas que crecen en estos hogares”, asevera Carolina.

Para finalizar Marcha preguntó a cada una de las entrevistadas cómo las ayudó el feminismo a pasar este proceso. La respuesta fue unánime: todas ellas coinciden en que se hicieron feministas a través de la experiencia personal.

“Es tan importante la perspectiva de género que puede definir prácticamente entre la vida y la muerte en algunos otros casos. Para mí el feminismo fue querer hacer algo diferente por mi hijo y para las futuras generaciones. Decir, ‘bueno, yo voy a hacer un cambio. Yo lo vivo en carne propia’ “, asegura Marina.
“Sacarme la responsabilidad de la violencia del otro, sacarme la culpa, esa sensación de que hice mal y no sentirme sola, sentirme sostenida por un por un grupo de personas que me iban a entender, que no me iban a juzgar”, suma Andrea.

Lucía explica que la ayudó mucho la terapia y el hecho de capacitarse en ESI. “Más allá de los avances que se hayan logrado, sigue habiendo vulneración de derechos contra las mujeres, contra las infancias y contra las juventudes. Hay que ir por el feminismo, porque es lo único que puede garantizar una igualdad real y una sociedad más justa”, concluye.

*Todos los nombres de esta nota, excepto el de Carolina Rodríguez han sido modificados para preservar la identidad de las entrevistadas y sus hijos e hijas.

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Por Laura Salomé, Carla Perelló y Mariángeles Guerrero | Foto: Lizbeth Hernández

“¿Dónde podemos ver información posta sobre Venezuela?”. La pregunta la realizó una referente feminista en un grupo de WhatsApp de amigas. La incógnita es evidente, ¿es posible analizar los grandes acontecimientos contemporáneos sin las lentes del enemigo? ¿Aun cuando la tesis de que “la derecha avanza” es fácil explicación hasta en los espacios militantes de izquierdas, feministas, progresistas y otrora revolucionarios?

Es que somos el meme de quien llora porque ya no quiere vivenciar sucesos históricos. Pero ojo, también el que vocifera “ni midiri ni trimp” con cara de nene rubio y caprichoso. Porque antes que vencidas, levantamos nuestros cuerpos cansados ante el saqueo a los salarios y reconocemos el desafío como feministas: la defensa de nuestros territorios, cuerpos y voces nos enfrenta al enemigo de siempre, al agresor. Que ahora está sin careta.

El bombardeo de una capital sudamericana en el comienzo de un año de elecciones claves para la región enfrenta -cuándo no- a los feminismos con su origen y praxis dentro de los movimientos populares. Ante el colonialismo mediático y la política del agresor desatada, quizá sea la oportunidad de finalmente, mirarnos a nosotras. Y menos a ellos. Volver a soñar con una hermandad global feminista. En Marcha empezamos por publicar/ leer sus voces que también analizan geopolíticamente por qué la guerra ya había sido develada.

“Debemos ser firmes ante un agresor”

Una vez pasada la conmoción por los bombardeos en Caracas, el matón que pretende presidir al mundo, Donald Trump, amenazó a quien horas despúes juraría en la Asamblea Nacional como la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En una entrevista telefónica con el medio The Atlantic desde su club de golf en Florida, exclamó que “si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.

Rodríguez es la primera presidenta en la historia del país, pero no fue la única en ser amenazada en la región. El mismo día, ostentando poder desde el avión presidencial, Trump declaró que en diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum -a quien consideró “una excelente persona”-, le ofreció “enviar tropas” a lo que ella habría respondido que “lo está considerando” porque “tiene un poco de miedo de los cárteles que gobiernan México”.

Lo cierto es que tanto Rodríguez como Sheinbaum rechazaron el injerencismo, pero la amenaza es explícita. Sobre todo si frente a la representatividad está el agresor develado.

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En términos feministas lo analizó Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos en transmisión de la Red Latinoamericana: “La agresión de los Estados Unidos es una clara violación del derecho internacional” y avalarla “es una posición inmoral e imprudente que nos está poniendo en peligro” ya que “estamos justificando que el tipo de relaciones exteriores que llevemos en adelante deje desprotegidas a millones de personas”.

Activista y ex ministra de Igualdad, Montero se refirió a la ambigua declaración del Gobierno español y a la posición sumisa de los partidos políticos que lo conforman y llamó a los gobiernos del mundo a romper relaciones con el país norteamericano y a salir de la OTAN.

“Debemos ser firmes ante un agresor que se cree dueño del mundo”, agregó Montero. “Necesitamos firmeza y contundencia frente a un país criminal que durante toda su historia ha tratado a América Latina como patio trasero”, y se refirió a la hipocresía de la Unión Europea que condena a Rusia por su ataque a Ucrania, pero no a los EE.UU. “Los pueblos del mundo exigen paz y seguridad”, aseguró, “estamos permitiendo que triunfe la tiranía”.

“Cuando la derecha avanza, también la misoginia y el patriarcado porque precisa apropiarse de la fuerza de trabajo de las mujeres, entonces el papel de los movimientos feministas debe ser de protagonismo, de estar al frente de la lucha”, declaró Maria Fernanda Marcelino, da Marcha Mundial das Mulheres – São Paulo a Marcha.

Desde las calles, donde se repudió en la gran metrópoli el ataque a la soberanía cuerpo- territorial, Marcelino afirmó que éste es “un ataque a todos los países por el gran interés que tiene los Estados Unidos en el petróleo y los bienes comunes”. Y se animó a caracterizar el 2026 que ya llegó: “Este año tenemos elecciones en Brasil y se va a dar una disputa total de proyectos, uno de democracia, de construcción y refuerzo de la soberanía nacional, y otro, de entrega, de seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos”.

Desde Ecuador, la Asamblea Transfeminista emitió una declaración para condenar y rechazar “la invasión y la agresión nefasta del gobierno de los Estados Unidos” y la analizó como “una práctica imperialista y patriarcal que ha desangrado a los pueblos del mundo y continúa perpetuando genocidios”. Así lo ratificó Jazmin Freire, de la Coordinadora del Noroeste en Resistencia a los Desalojos e integrante parte de la Asamblea. 

“Rechazamos las declaraciones de Daniel Noboa, no nos representa y nos ha condenado a la miseria, al retroceso de derechos y a la muerte”, agregó Jazmín sobre las declaraciones del mandatario de ultraderecha que avaló la intervención militar en la región. “Nos unimos y hacemos fuerza para decirle a Trump y a todos sus aliados genocidas patriarcales que ya basta, su imperialismo no pasará más, tenemos dignidad, memoria y resistencia”.

Desde Uruguay, Tamara Abracinskas, de Mujer y Salud, que trabaja los derechos sexuales y reproductivos, envió su solidaridad al pueblo venezolano. “No se puede avasallar de esta forma un pueblo, se tiene que respetar su soberanía y su posibilidad de decidir sobre su futuro. No es Estados Unidos quien va a traer democracia, quien va a traer paz y quien va a traer libertad a nuestra región”, sentenció. 

Para la entrevistada, “estamos en un momento histórico que nos lleva a un pasado muy oscuro, muy doloroso de nuestra región”, donde se revitaliza el Plan Cóndor para hacerse de nuestros recursos. “Extendemos nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras y compañeros venezolanos, en duelo por todos los asesinados que hubo en el ataque que ocurrió el 3 de enero. Desde Uruguay estamos prestando mucha atención para acompañar esta lucha y resistencia”, concluyó.

“El ataque contra Venezuela no solo rescata una memoria histórica, sino que profundiza la historia presente de la ofensiva de EE.UU. sobre el mundo para garantizar el mantenimiento de su hegemonía en un momento en que se siente amenazado por el ascenso de China y otros bloques alternativos al modelo imperialista”, expresó Ana Priscila, también de la Marcha Mundial das Mulheres, pero en Rio de Janeiro. “En ese sentido, no solo el petróleo venezolano es estratégico, sino también el control sobre la soberanía y los bienes comunes de toda América Latina; y Brasil es parte de esto: no en vano nuestra democracia ha sido tan atacada en la última década, y cada uno de esos ataques tiene como consecuencia la mercantilización de nuestra naturaleza y la precarización del trabajo y de la vida”, agregó.

Ana Priscila realiza un llamado a la acción feminista regional: “Si el imperialismo avanza contra nosotras, no podemos retroceder. Es fundamental seguir acumulando fuerza para dar respuestas inmediatas a esta ofensiva”. Y rescató la importancia de las masivas manifestaciones en los Estados Unidos en contra del atropello al derecho internacional de la administración Trump y que “denuncian el absurdo que es el gasto militar mientras su propia población vive una crisis económica sin derecho a salud y trabajo digno”.

“Nuestro papel es seguir marchando en defensa de la vida y de la autodeterminación de nuestros pueblos, en defensa de nuestros bienes comunes y de un mundo en que la vida valga más que el lucro”, finalizó Ana. “Sabemos de nuestras fragilidades y de cómo la coyuntura contribuyó a una desarticulación de los movimientos y del campo progresista; pero es tarea de cada movimiento social, colectivo, central sindical, entidad estudiantil o partido popular no perder de vista el tamaño de nuestro desafío histórico. No hay espacio para luchar fragmentados; es fundamental construir una acción común en nuestra región”.

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Mariela Belleza es activista feminista peruana y manifiesta su rechazo a la invasión de Estados Unidos “porque es una violación a la soberanía de un Estado”. Agrega: “Todo análisis, se esté de acuerdo o no con Maduro o con la Revolución Bolivariana, tiene que oponerse a cualquier tipo de intervención colonial como lo fue la del 3 de enero”. Consideró que “hay un regreso hacia la derecha colonial e imperialista, que busca retroceder en cuanto a los derechos que hemos ganado” y que “el contexto es bastante más complejo que solo Estados Unidos: hay un reposicionamiento de las fuerzas ideológicas hacia una derecha que usa la democracia para destruir la democracia”.

Por eso, advirtió que “como feministas latinoamericanas tenemos una apuesta postcolonial y post extractivista. Por otro lado, lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres. Una intervención militar implica que no van a estar en el centro los derechos humanos, la igualdad, la posibilidad de oponerse. Y también va a afectar a nuestros territorios, que es donde estamos y permanecemos las mujeres”.

Por su parte, Francisca Fernández Droguett es activista ecofeminista; es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios en Chile y anteriormente integró la Coordinadora Feminista 8M. Sobre la situación en Venezuela, analizó que “es una invasión imperialista con lógicas militares y de incidencia civil; y que uno de los elementos que gatillan es el control del petróleo”.

Reflexionó que “si uno de los elementos más importantes que las feministas comunitarias, populares y campesinas defendemos es la noción del cuerpo-territorio como primer espacio de autodeterminación, sabemos que la intromisión de Estados Unidos es romper con toda posibilidad de autonomía” y anticipó que “es saber que viene un periodo de violencia militar, de violencia política sexual, de racismo y de prácticas coloniales”, pero dijo que “frente al horror que estamos habitando, es urgente la movilización, la reflexión y la solidaridad. Yo creo que los pueblos, las feministas estamos haciendo eso”.

“Una invasión no es esperanza de libertad”

Amanecía el sábado y los grupos feministas alborotados se despojaron inmediatos de la pereza del comienzo del nuevo año. Una tras otra comenzaron a circular las declaraciones en rechazo a la agresión imperialista contra la soberanía de los pueblos nuestroamericanos. Es que desde el golpe en Honduras en 2009 hasta el vivido en Bolivia en 2019, la genealogía feminista sabe decir atenta: “Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”. Convencida de que no hay peor agresión que aquella que sucede en un territorio ocupado.

“Las crisis políticas, sociales y económicas no se resuelven con bombas ni con ocupaciones militares”, afirmaron desde Incidencia Feminista Argentina. “La historia de nuestra región es clara: los proyectos imperiales —ayer y hoy— no traen democracia ni derechos, sino más dependencia, más desigualdad y más violencia sobre las mayorías populares. Nuestra forma de hacer política es feminista, popular e internacionalista. Por eso rechazamos la guerra como herramienta de dominación y denunciamos las políticas de odio que Trump promueve dentro y fuera de su país”, agregaron en documento de posicionamiento.

Por su parte, la Coordinadora 8M en Chile instaló que “como organización feminista, de derechos humanos y de mujeres migrantes, declaramos firmemente que una invasión jamás será una esperanza de libertad”. Y exclamaron que “la liberación de nuestras comunidades no será posible a través de abrir la puerta a nuevos y peores verdugos”.

Por nosotres, por las venezolanas, por las que están en Palestina… ¿Nos arremangamos o qué?

Continuará…

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Por La Araña Feminista desde Venezuela | Foto:

Despertamos con un estruendo de hierro que no pertenece a nuestro cielo caribeño. El 3 de enero de 2026 la madrugada se volvió una herida abierta cuando los misiles de la hegemonía de Trump pretendieron dictar, con el lenguaje del fuego, el final de nuestra historia. Te escribo a ti, hermana que habitas otras latitudes y que quizás miras nuestra tierra como un enigma o un caos lejano, para pedirte que por un instante sientas este suelo bajo tus pies y este aire que, a pesar de las bombas, sigue oliendo a resistencia y a café compartido.

Lo que ocurrió anoche no fue una operación táctica ni una búsqueda de libertad. Fue un acto de violencia patriarcal en su estado más puro. Es la vieja historia del macho que, incapaz de doblegar la voluntad de quien decidió ser dueña de su propia casa, decide prenderle fuego a la vivienda. El imperialismo es eso: un deseo de posesión que no admite el “no” como respuesta, una masculinidad de acero y drones que intenta violar la soberanía de un pueblo porque nos atrevimos a soñar con un destino que no lleva su firma.

Sé que nos miras y ves las grietas. Sé que este proyecto nuestro, este socialismo que hemos intentado parir con tanto dolor y esperanza, es profundamente imperfecto. No somos una estatua de mármol terminada; somos barro húmedo, somos un cuerpo lleno de cicatrices y de deudas que todavía nos queman la piel. Hay derechos que en el feminismo son de cajón y que aquí todavía estamos pulseando en la calle, en la asamblea y en la cama. Pero esa imperfección es nuestra, es el rastro del esfuerzo por inventar algo nuevo mientras nos asfixian las cuentas y nos persiguen los pasos.

No hemos pasado hambre porque nos hemos negado a morir. Hemos convertido el “rebusque” en una danza colectiva de supervivencia. Aquí el cuidado tiene un ritmo caribeño que se desborda de las casas para inundar las aceras. Es la mano de la vecina, es la red de la comuna que sostiene la vida cuando el capital intenta detenerla. No es el cuidado romántico de los libros, es un cuidado sudado, terca y ruidosamente alegre, que pone la dignidad de los cuerpos por encima de cualquier ganancia.

A ti, que sientes el dolor de Gaza como propio y que sabes que ninguna mujer es libre mientras haya un territorio ocupado, te pido que no nos mires con la distancia de quien juzga un modelo político. Míranos como a hermanas que están defendiendo su derecho a ser, a equivocarse y a sanar sin el permiso de un tutor extranjero. No te pedimos que nos dejes solas en el abandono, sino que nos dejes decidir y construir desde lo que somos, desde nuestra propia identidad y nuestras propias búsquedas.

Necesitamos tu voz multiplicando la nuestra. Así como nosotras hemos acuerpado cada lucha feminista en el mundo, hoy te pedimos que seas nuestro eco. Defender a Venezuela es defender el derecho de todos los pueblos a no ser borrados por el capricho de una hegemonía que solo entiende de muerte. Ayúdanos a decir que nuestra soberanía no es una mercancía y que este parto nuestro, con toda su dificultad y su belleza inacabada, merece el respeto de la luz.

Desde el corazón de la comuna, con la ternura de quien sabe que la vida siempre se abre paso entre los escombros.

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Por Redacción Marcha | Foto: archivo Marcha

A territorio de frontera, miles de activistas llegarán el próximo fin de semana para seguir organizando colectivamente la subsistencia y la vida digna. El 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias se realizará el 22, 23 y 24 en la ciudad de Corrientes, donde se esperan alrededor de 80 mil personas a un evento histórico.

Sin embargo, hoy, frente a la Casa de Gobierno, integrantes de la Comisión Organizadora (CO) afirmaron que a cuatro días del inicio, el ministerio de Educación provincial aún no confirmó la asignación de las escuelas para el alojamiento ni la realización de los más de 100 talleres; también para concretar algunas actividades paralelas y propuestas por militantes feministas de los diferentes puntos del país.

“Estamos pidiendo por las escuelas que se utilizan tanto para alojamiento como para talleres”, afirmó hoy Juliana Díaz, de la CO, en diálogo con el programa “La patria de las moscas” en FM en Tránsito. “¡Vamos a llenar la ciudad!”, agregó esperanzada, y para presionar a la respuesta definitiva del gobierno provincial, específicamente del ministerio de Educación, que permita la organización del movimiento.  

“Necesitamos el espacio, que se abran los debates y se escuchen las voces que para eso se hacen los talleres que son el corazón del Encuentro”, dijo Juliana, y contó que confían en la buena predisposición de las y los funcionarios provinciales. “Lo principal son los talleres y el espacio para alojarse que tendrán las compañeras que vienen de todo el país, pedimos lo mínimo necesario para el Encuentro”, aportó.

Hace 30 años que un Encuentro no llega a Corrientes, al litoral místico y gauchesco donde se denuncian las violencias por razones de género, pero también la desaparición de las infancias sin una búsqueda activa por parte de quienes tienen responsabilidades en hacer cumplir leyes y normativas vigentes. “Esto ya está sucediendo y va a suceder”, retomó Juliana, “estamos terminando de organizar la grilla cultural, las actividades, las marchas también; casi todo está cerrado a pocos días, por eso esperamos la confirmación y que siga funcionando así como venimos”.

“Queremos encontrarnos, queremos reunirnos y estar todas juntas”, finalizó Juliana. Desde mañana, mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries comenzarán a viajar hacia Corrientes. Por eso, para las organizadoras, la “cantidad de años que tiene el Encuentro” es “una fuerza para hacerlo”. “¡Vamos a llenar la ciudad! Una ciudad que va hacia el río y vamos a tener otra foto más de los Encuentros, Corrientes y su paisaje natural más nosotras, mujeres y diversidades”.

Al momento de publicación de la nota, la ministra de Educación provincial no respondió a nuestra consulta. Para saber todo sobre el Pluri en Corrientes:

https://www.instagram.com/38encuentro.pluri?igsh=OXo0ZHN6ZnVzYjd2

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El 11 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó con pena de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por delitos contra la soberanía popular. Una mirada feminista de esa sentencia y la lucha por memoria, verdad y contra la amnistía para los violentos.

Por Carla Perelló desde Brasil / Foto: La Diaria

Durante las semanas del juicio y con la condena en la mano, feministas, LGBT+, pueblos indígenas y víctimas del desgobierno bolsonarista dieron un marco simbólico e histórico a la sentencia judicial escrita por mayoría en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil el pasado 11 de septiembre. En testimonios para la historia, diputadas y referentas reflexionan sobre la relevancia del juicio y a la vez tejen memorias de la gesta del golpe -los golpes- y rescatan los crímenes por los que el expresidente no fue juzgado de la mano de quienes sostienen el mensaje “prohibido olvidar, prohibido amnistiar”.

“Este juicio es una forma de revisar nuestra propia historia, porque es justamente por el hecho de no haber tenido justicia de transición que hoy muchos se sienten autorizados a elogiar la dictadura y a intentar nuevos golpes de Estado. Es una forma decirnos a nosotros mismos y al mundo que Brasil no naturaliza, no acepta y trabaja contra golpistas”, señaló la diputada federal por el PSOL Samia Bomfim en relación al juicio en el que por primera vez en la historia civiles y militares fueron condenados por atentar contra la soberanía popular.

Se trata, desde su perspectiva, de un mensaje para la actual generación y para las próximas “que van a mirar para el pasado brasileño y comprender cuál es la forma que debemos tratar quien atenta contra las libertades democráticas”.

“Este juicio es una forma de revisar nuestra propia historia. De decirnos a nosotras mismas y al mundo que Brasil no naturaliza a los golpistas”.

Talíria Petrone, diputada federal por el PSOL y quien acompañó presencialmente el juicio en la Sala Primera del STF, se manifestó en consonancia con su compañera de partido y de banca en relación a la relevancia histórica, pero marcó que se trata también del “fin de la tutela militar” sobre la democracia brasileña, un peso que no se quitó desde la dictadura.

“La democracia es el bien más precioso que un pueblo puede tener. Y Brasil tuvo casi cuatro siglos de esclavitud, una abolición inconclusa y una democracia con alguna fragilidad, pero que está de pie. Pero cuando se dan pasos para atrás, como fue en el gobierno Bolsonaro, donde el fascismo ocupó el espacio de poder, sabemos que los primeros cuerpos a ser impactados son de mujeres, de personas negras, de personas LGBT, de los trabajadores de las periferias que son mayoritariamente negros, de las mujeres jefas de familia”, dijo sobre lo que dejó el desgobierno y destacó el lugar de los movimientos sociales organizados en defensa “de la soberanía, el futuro de las niñeces brasileñas” en un país que “aún lucha por fortalecer la memoria, la verdad y la justicia”.

Pasado, presente y futuro de América Latina 

La histórica militante del Partido de los Trabajadores y diputada federal Erika Kokay, a su turno, apuntó contra las posiciones misóginas y homofóbicas del exmandatario “que siempre estuvieron acompañadas por declaraciones que veneraban no sólo a la dictadura militar, sino a sus más crueles torturadores”. Por ello, reforzó la mirada común y retomó las palabras de la ministra Carmen Lúcia al momento de su voto por la condena: “Este juicio nos conecta fuertemente con nuestro pasado y con lo que queremos ser en el futuro. Brasil pagó un precio caro por la impunidad a los golpistas y torturadores del pasado y, de cierta forma, dejó entreabierta la puerta para que las amenazas antidemocráticas volvieran”.

“Condenar a quien tramó contra la democracia, inclusive articulando asesinatos políticos como el del presidente Lula da Silva, el vice Geraldo Alckmin y del juez Alexandre De Moraes es un hecho que debe ser celebrado en América Latina, es un hecho que repercute en la lucha de los pueblos por la democracia y contra la opresión”, señaló.

La corrosión antes de Bolsonaro: Dilma, los feminismos y el golpe “blando”

Durante las semanas del juicio histórico, las fotos de la primera y única presidenta de Brasil Dilma Rousseff se multiplicaron en las redes sociales. En más de un posteo se la ve a ella dando testimonio en épocas de la dictadura tras ser detenida política durante tres años o de traje blanco con una sonrisa en la cara el día que asumió la presidencia, el 1° de enero de 2011. Otras, traen a la memoria la frase que pronunció el 31 de agosto de 2016 cuando fue expulsada del gobierno: “La historia será implacable con los que se creen vencedores”.

Dilma se refería a todos aquellos que habían votado en favor del impeachment, entre ellos, a Jair Bolsonaro, que en su discurso enalteció la figura del torturador coronel del Ejército Carlos Alberto Brilhante Ustra.

“En 2014 vivimos un momento y un dilema histórico que colocó al movimiento feminista en el centro del debate”, rememoró ante Marcha Noticias la coordinadora de la Articulación de Mujeres Brasileñas Elisa María, que eligió marcar los años posteriores a la llegada del bolsonarismo al poder y el lugar que ocuparon los feminismos desde entonces. Eran épocas de la reelección y uno de los principales debates que estaba en la arena pública era la legalización del aborto, que Dilma apoyaba. 

A entender de Elisa, el movimiento se expandía con la garantía de los derechos de las mujeres. Pero, al mismo tiempo, empezaban a salir al sol sectores de la derecha y de la Iglesia y la gesta de lo que en la región se denominó como golpe “blando” tuvo su materialización en la realidad cotidiana sobre el cuerpo de las mujeres y disidencias sexuales brasileñas con índices alarmantes de violencia sexual. “Ya desde ese momento, desde el movimiento feminista, decíamos que lo que se gestaba era un golpe machista, patriarcal, racista. Un golpe de las élites, especialmente por Dilma ser una mujer”, apuntó Elisa, que aseguró, también que lo que vino después con el gobierno de Michelle Temer (el vicepresidente que asumió tras la destitución) “significó corroborar que el golpe no fue sólo contra Dilma, sino contra la democracia brasileña, como ella misma decía, ‘es contra las mujeres, es perder derechos de educación, salud y trabajo’”.

“¿Qué significa entonces esta condena? Puede ser una respuesta a todos los sufrimientos que vivenciamos en los últimos años, por las más de 700 mil muertes por covid, por el empobrecimiento de la población, por haber regresado al mapa del hambre, por la incontable cantidad de violaciones contra la vida de las mujeres y las niñas, pero sobre todo es simbólico para avanzar en la democracia”, sentenció Elisa. Por eso, asegura, “el movimiento feminista estará en la lucha todos los días para que no tenga amnistía”.

“Condenar a quien tramó contra la democracia es un hecho que debe ser celebrado en América Latina y que repercute en la lucha de los pueblos contra la opresión”

Pero el movimiento feminista no estuvo ni está solo. Junto con él caminan quienes pusieron el cuerpo al Ele Nao –que en plena alzada del presidente golpista en 2018 construyeron la mayor manifestación popular de mujeres y disidencias- y alzaron la voz contra el proyecto misógino y golpista. Caminan pueblos indígenas, que denuncian el ataque al ambiente y la promoción del genocidio, víctimas y familiares de las víctimas de la pandemia producto del negacionismo de una administración que se ganó el mote de “desgobierno” por haber desmontado las estructuras del Estado y, en cambio atentar contra el pueblo y, por eso, exigen no perdonar ni amnistiar a los golpistas. 

También, junto a familares, amigues y compañeres de Marielle Franco, la concejala negra, favelada y lesbiana, asesinada en los albores del bolsonarismo cuando ya había empezado a instalar en la sociedad el odio y la violencia.  

“El tiempo es implacable” sentenciaron en un posteo desde el Instituto fundado por la familia de Marielle, que lleva su nombre. “Durante años vimos ese proyecto político desparramar odio, profundizar violencias de género y raza, atacar mujeres negras, comunidades periféricas y defensoras de derechos humanos. Vimos la democracia ser corroída por dentro. La condena no quita el dolor ni devuelve las vidas interrumpidas por ese ciclo de violencia. Pero muestra que la justicia es posible”, escribieron a modo de conmemoración.

Para cerrar, en fin, con una celebración: “Para nosotras, mujeres negras, esta decisión reverbera como respuesta a un tiempo en que intentaron callarnos, alejarnos y dispersarnos. Pero no lo consiguieron. No nos dispersamos. Seguimos resistiendo y ocupando”.

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Por Laura Salomé | Foto: Camila Parodi (archivo Marcha)

“Tiktoker” y “evista”. A Dimelza Rodríguez Quinsamolle la abrazan las etiquetas, pero no así los análisis solidarios sobre la persecución que sufrió por parte de los poderes en Bolivia. Comunicadora y funcionaria de la Asamblea Legislativa de Cochabamba, la joven estuvo varias horas desaparecida bajo custodia policial y fue acusada de delitos graves por el poder judicial tras dos detenciones en noviembre de 2024 y en junio de 2025 mientras cubría bloqueos indígena- campesinos.

Con más de 97 mil seguidores en la red social TikTok, “la evista radical” como se identifica, cuenta con miles de reproducciones en sus contenidos. Desde allí, denunció a través de videos cortos el ataque contra el derecho a la protesta y a la libertad de prensa y expresión durante el gobierno de Luis Arce que llega a su fin enfrentando denuncias por ejercicio de autoritarismo tras haber pactado con varios de los sectores acusados de golpistas durante la interrupción democrática en 2019.   

Profundamente comprometida por la situación de crisis económica y política que atraviesa el país, fue detenida por apoyar a quienes realizaban un bloqueo y exigían al gobierno por mejoras en las condiciones de vida. Además, se manifestó públicamente en protesta al denunciar que la máxima representación política histórica, Evo Morales Ayma, había sido proscripto de las boletas. Dialogamos con Dimelza, comunicadora popular, quien afirma que a pesar de la represión, los sectores y movimientos populares en Bolivia ya decidieron qué votarán en las urnas.

¿Cómo llega Bolivia a estas elecciones presidenciales y cuál es el ánimo de las comunidades en Cochabamba?

Estas elecciones son muy diferentes a las demás porque en las encuestas se ha visto que el voto nulo, en blanco y el voto indeciso cuentan con mayor porcentaje que los candidatos en las papeletas. Es que los sectores populares ya se han manifestado en rechazo a estas elecciones, indicando que el candidato que les representa, Evo Morales Ayma, no estaría y por esa razón no van a acudir a las votaciones y se está promocionando e impulsando el voto nulo; y como en ninguna otra época electoral, se han abierto casas de campaña a favor de esta expresión.

Es increíble lo que genera el liderazgo de Evo Morales Ayma, que los sectores populares y el movimiento indígena se han manifestado de manera contundente y multitudinaria en rechazo a estas elecciones y que su voto va a ser por el nulo como una manera de protesta en contra de los candidatos y del gobierno que de manera ilegal ha proscrito a Evo, al partido que nos representaba después de arrebatarnos la sigla, y a todos los partidos políticos que han intentado acercarse a él. 

Por tanto, estas elecciones carecen de legitimidad y la democracia no está presente. Es un escenario muy diferente al de las anteriores porque vivimos en un Estado dictatorial donde ya no existe el estado de derecho y el movimiento indígena, si bien quieren que votemos o participemos, no tenemos representación como la época neoliberal en los años ochenta o noventa. Eso significa que nuevamente el campesinado está siendo sometido a candidatos que no lo representan.

¿Cómo llega a su fin el gobierno de Luis Arce?

El gobierno de Luis Arce Catacora llega al fin como cualquier otro quien ha traicionado al movimiento indígena, a Evo Morales Ayma y por eso, tiene el rechazo del pueblo boliviano, incluso de aquellos que no son afines; porque este gobierno nos ha sumergido en la crisis económica, en el desabastecimiento de combustible, en la decadencia del dólar. Entonces, es el fin completamente del gobierno, especialmente de él y de todos los que han sido parte ya que han destruido en realidad el legado y la importancia de los 14 años de gobierno de Evo.

Con las candidaturas confirmadas, ¿es posible asegurar la continuidad del ciclo progresista en el país? ¿Por qué?

Ningún candidato que está en las papeletas representa a la izquierda. Incluso Andrónico Rodríguez, por más que haya salido del movimiento indígena, no es parte. Ha traicionado el legado, los principios del movimiento indígena y la izquierda; entonces, no representa a la izquierda porque pactó con la derecha. Ninguno de los candidatos es progresista ni representa a la izquierda; entonces, si alguno de ellos ganara en las elecciones, no tendríamos representación aquí en Bolivia.

¿En qué contexto fuiste detenida, cuánto tiempo y de qué se te acusa? 

La primera detención, bueno, aprehensión en realidad, como se le conoce en el término jurídico, fue en noviembre de 2024 cuando estaba cubriendo los bloqueos en Parotani (Cochabamba), después de que el gobierno había intervenido y se llevaron varios presos políticos a la ciudad de La Paz. Cuando nos indicaron de que había muertos o fallecidos, me trasladé a Parotani y había un seguimiento hacia mi persona por parte de inteligencia del Ministerio de Gobierno, de los videos que publicaba en redes sociales, precisamente la plataforma de Tik Tok ya estaba identificada; de hecho, varios compañeros me comentaron que me cuide, que me estaban haciendo seguimientos o una persecución política. 

Mi aprehensión fue bajo sin ningún fundamento jurídico porque simplemente estaba con mi celular. Sin ninguna orden de aprehensión, los funcionarios policiales arremetieron contra mi persona y me detuvieron en la patrulla aproximadamente unas seis horas antes de trasladarme, pese a que querían llevarme a la ciudad de La Paz. Ha sido completamente ilegal, me querían dar detención preventiva a la fuerza y me han imputado formalmente por cinco delitos que no corresponden. Mi abogado me informó que hasta querían imputarme por terrorismo. 

¿Crees que tuvo que ver con las coberturas que realizas a la protesta social?

Si. Todo por publicar en las redes sociales lo que los medios de prensa no publican, lo que calla el gobierno, lo que quiere ocultar. Al hacer denuncias constantes en contra de este gobierno neoliberal, se ha hecho seguimiento tanto a mi persona como a otros tanto dirigentes o medios de prensa como la radio KawsaChun Coca y otros que informan lo que está pasando. Pero pude salir con medidas sustitutivas aunque me han imputado cinco delitos que no corresponden; instigación pública y delinquir y entre otros. Mucho para una persona que solo estaba grabando con su celular y que se le ha aprendido en condiciones no respaldadas jurídicamente. 

La segunda aprehensión fue en Tarata (Cochabamba) y hay videos de esta detención que pueden evidenciar que he sufrido una agresión por comunarios disfrazados, o sea, parapoliciales que se encontraban para desbloquear la protesta en contra de la crisis económica, pidiendo soluciones al gobierno. Uno de ellos me reconoce por mi afinidad política y empiezan a agredirme y la policía, en vez de detener a estas personas, me detienen a mí. Esta vez, estuve en calidad de detenida y mi proceso está abierto por un delito relacionado a la instigación pública. Pero tampoco corresponde. No estaba en los bloqueos, había llevado apoyo en comida, ollas comunes para los hermanos y las hermanas que sí estaban. En ambas aprehensiones mis celulares han sido secuestrados. O sea que sí, tiene mucho que ver con las coberturas que he realizado en las protestas sociales. Es parte de una persecución política a quienes estamos protestando en contra de este gobierno.

¿Cómo está tu situación judicial?

Actualmente, mi primer proceso está aún en investigación. Mientras, se me había prohibido completamente dirigirme a mis redes sociales, se me había coartado el derecho de expresarme y se me ha prohibido hacer videos y publicarlos. Esto lo cumplí por aproximadamente tres meses y frente a todo lo que sigue pasando, volví a usar mis redes sociales como manera de protesta. Entonces, continúa el proceso legal en etapa de investigación, el segundo también en esa misma etapa.

¿Existe una persecución por parte del actual gobierno hacia mujeres periodistas o mujeres de pollera en Bolivia?

Sí, existe una persecución contra las mujeres, contra el movimiento indígena, las mujeres de pollera, contra todos aquellos que están en contra de ese gobierno. En estos cinco años de gobierno de Luis Arce Catacora, se ha visto una persecución como en los años 90. Es una persecución constante, ha habido mujeres detenidas, tenemos actualmente dirigentes y presos políticos en La Paz. Esa es la situación en Bolivia, una coyuntura de persecución, aprehensiones y detenciones ilegales; de cortarnos el derecho a la libertad de expresión, de proscribir a nuestro candidato Evo Morales Ayma, y el peor incluso, de que se nos ha robado una sigla política y se nos está impidiendo participar en las elecciones del próximo 17 de agosto.

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Por Andrea Bravo

Los colectivos y organizaciones feministas de todo el país hicieron un llamado a recordar y celebrar los tres años de la histórica Sentencia C-055, que despenaliza el aborto en Colombia y a exigir su correcta implementación. En este marco, la Línea Jacarandas presentó un informe sobre las más de once mil asesorías para interrumpir el embarazo brindadas entre 2022 y 2024.

El viernes 21 de febrero, en la ciudad de Cali, se llevó a cabo una jornada en el patio de la Universidad del Valle, sede San Fernando, para conmemorar el tercer aniversario de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) legal y libre hasta la semana 24 de gestación. El evento fue convocado por las colectivas Amarantas, Cristina Bautista, Voces Magentas, Renacer Amatista y Jacarandas, junto con Profamilia.

La jornada incluyó una feria de emprendedoras, presentaciones artísticas, comida y, al finalizar la tarde, un panel abierto en el auditorio de la facultad, coordinado por Carolina Benítez, educadora y subdirectora de Jacarandas, con la participación de Viviana Bohórquez, abogada y directora de la organización.

Jacarandas es una fundación que trabaja en temas de aborto, género y sexualidad. Su labor consiste en difundir información precisa y asesorar a quienes necesiten interrumpir su embarazo de manera segura.

Para este encuentro, que también se realizó en Bogotá, Medellín y Bucaramanga (ciudades con mayor número de consultantes), se presentó el informe “Nuestro cuerpo, nuestra decisión”, que recopila los datos de las 11.267 asesorías sobre aborto brindadas a través de su línea de WhatsApp desde 2022 hasta 2024.

El informe, basado en las consultas sistematizadas, revela si las personas que confirmaron su embarazo tuvieron una experiencia positiva o negativa al interrumpirlo, ya sea en sus hogares (hasta la semana 12) o en hospitales. Carolina Benítez señaló que el 80% de los abortos se realizan con pastillas desde casa. “Para nosotras ese fue el dato más impresionante”, destacó.

Entre las barreras identificadas en el acceso al aborto se encuentran la violencia obstétrica, la negación del servicio, los retrasos injustificados y las remisiones innecesarias a especialistas. Además, el informe destaca que la mayoría de las consultas se realizaron antes de las 12 semanas de gestación, seguidas por casos entre 13 y 19 semanas, y finalmente entre 20 y 24 semanas.

Estos datos fueron respaldados por Daniela González, enfermera de Profamilia, quien afirmó que estas barreras son las que impiden que se acceda antes: “La mayoría de las mujeres accede al IVE en el primer trimestre; podemos hablar de un 90%. Pocas llegan en edades gestacionales avanzadas”. Además, señaló que “el reto más representativo es poder capacitar y sensibilizar a los profesionales y al personal de salud, fundamental para poder dar la cobertura a estos servicios de aborto”. También criticó a las instituciones que aún realizan “legrados”, por los múltiples riesgos que conlleva esta técnica.

El informe, disponible en la página web de Jacarandas, subraya la importancia de un enfoque integral por parte del Estado y las instituciones de salud para mejorar el acceso y la calidad del servicio, así como la necesidad de adoptar medidas de difusión que permitan conocer el derecho al aborto, las rutas de acceso y la gratuidad del mismo en todas las regiones del país y para todos los estratos sociales

Ante los retrocesos democráticos y los ataques contra los derechos sexuales y reproductivos que amenazan nuestra época, la organización colectiva y la divulgación de datos reales y concretos se vuelven herramientas esenciales para proteger la autonomía de nuestros cuerpos.

Autonomía que vamos a defender a regañadientes.

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Por Redacción Marcha | Foto portada: Julianite Calcagne

El 23 de enero de 2025 desde el atril del Foro Económico de Davos, en Suiza, el presidente de la Argentina Javier Mil4i emitió un discurso que agredió a poderosos inversionistas y a los pueblos del mundo. Sus palabras, necias y sobregiradas, consiguieron su objetivo e instalaron al mandatario antiderechos como un enemigo global. 

Esa misma noche, desde la glorieta del Parque Lezama, en Buenos Aires, activistas de la comunidad LGBT+ realizaron un análisis colectivo del contexto y convocaron a una asamblea que, 48 horas después, reunió a más de 5 mil personas bajo la bandera antifascista. Allí decidieron la realización de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTIQNB+ el 1 de febrero en todo el país. 

Le siguió la historia en acción: debate para la unidad política y organización territorial. Las asambleas feministas abrazaron las resoluciones de la comunidad y definieron en el país y en el exterior 200 convocatorias con la adhesión de 800 organizaciones. Un mapamundi de fueguitos encendidos donde antes hubo miedo o indignación. 

Es que, como publicamos desde Marcha en “Un llamado a la desobediencia narrativa”, cuando el jefe de Estado con el monopolio del uso legítimo de la violencia incurre en discursos de odio, es una amenaza institucional que pone nuestras vidas en riesgo. Y ya aprendimos que ninguna agresión patriarcal debe quedar sin respuesta. 

Porque a contramano del versito para redes sociales sobre el respeto irrestricto a la libertad, la opresión de quienes históricamente detentaron el poder y delinearon las instituciones recayó sobre las mismas: las olvidadas, las silenciadas, las clandestinas, las travas pobres, les no binaries. Para elles no hubo ministerios ni privilegios; solo una vida de lucha en el corazón de las calles y de los pueblos.

La amenaza fascista, la construcción de un “otro” y las ansias de destrucción de la comunidad –que son discurso y política económica de extermino de este gobierno–, se evidenciaban desde comienzos de 2023. El año electoral que construyó como opción popular a un panelista de TV ante la ausencia de candidaturas reales que representaran al pueblo organizado por parte de los partidos políticos tradicionales.

“Somos estéticamente superiores”, concluía una draga en la última asamblea LGBTIQNB+ en Parque Lezama. Había coordinado la comisión de performances rumbo a la marcha y micrófono en mano leía los acuerdos de la misma forma que organiza la supervivencia en el día a día. 

¿Cómo fue posible tanta organización en tan poco tiempo? Es más simple de lo que parece: sabemos hacerlo desde hace tanto que sólo bastó una amenaza para activar todo eso que supimos conseguir y que no dudamos en defender.

Además, también somos políticamente mejores.

Sacudir la historia

Y es que nuestra historia está ahí. Nos late. La antigua, sí, pero también la reciente. En nuestro país hay una larga tradición de resistencias ante la ultraderecha y el terrorismo de Estado, pero la marcha del sábado inauguró un pacto colectivo al levantar por primera vez una declaración de orgullo antifascista, antirracista y LGTBIQNB+. 

Detrás de esa bandera, una multitud marchó una tarde de sábado en pleno verano con una sensación térmica que, en la Ciudad de Buenos Aires, levantaba el calor del asfalto de la Avenida de Mayo pero también la cantidad de cuerpos que caminaban, bailaban, gritaban y cantaban. 

Desde jubiladxs; trabajadorxs de la salud que fueron despedidxs del Hospital Bonaparte por el vaciamiento planificado por el gobierno; la bandera de Palestina en alto para denunciar y exigir el fin del genocidio; trabajadorxs y organismos de Derechos Humanos que luchan para impedir el cierre de los espacios de memoria; hasta aquellos gremios que nunca imaginamos que podrían acompañar una declaración de orgullo antifascista y antirracista impulsada por la comunidad LGTBIQNB+.

Esa mixtura de luchas que encontró su unión ante la amenaza real y la idea de la imposición de un nuevo desorden mundial tiene, también, sus orígenes ancestrales. Cuando hablamos de ancestralidad solemos pensar en antepasadas remotas, en comunidades antiguas. Son las que nos traen toda esa información que se nos despierta de golpe, que nos enciende la chispa. Pero también hay una un poco más cerca: somos las ancestras de las nuevas generaciones. 

En este 2025 se cumplen 20 años de la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una consigna que empezó en susurro y terminó siendo ley y construyendo una popularidad de millones en las calles; se cumplen 10 años del primer Ni Una Menos que nos empujó a las calles y nos hizo plantar la palabra feminismo en cada pedacito de la tierra toda. En diciembre fueron 24 años de aquel estallido de 2001 donde las travas llegaron a Plaza de Mayo cargando toda la experiencia de la lucha contra los edictos policiales y esos abrazos eran retribuidos con el calor del pueblo. Son sólo algunos de los ejemplos de nuestra historia cercana, donde la defensa, en definitiva, es la misma: por el derecho a la decisión y la libertad de los cuerpos y sentires. 

Antifascismo para vivir

Desde luego, no pensamos que el fascismo –como tampoco otro momento de la historia– puede repetirse como un calco. Sabemos que hay continuidades y adaptaciones de época de parte de un poder cuyo objetivo es acumular y concentrar riqueza aunque eso le valga la vida a la mayoría. Hoy el brutalismo neoliberal se expresa a escala global con estrategias ideológicas y económicas que disuelven cualquier análisis posible y cuentan con lo efímero de la comunicación para obviar justificaciones y bases que sustentan su accionar. 

Así, el genocidio en Palestina, el plan de exterminio de quienes no entren en el modelo rancio de heteronormatividad, la violencia estigmatizante a quienes apuestan a migrar para sobrevivir, la aniquilación de los territorios y las comunidades indígenas, son algunas de las aberraciones hoy expuestas al mundo sin eufemismos. 

En Argentina, el imitador del poder central resolvió las propias políticas de ajuste –es la economía, estúpidos– para financiar el recorte a costa de los haberes de las jubilaciones, pero también dejar sin protección a víctimas y sobrevivientes de femicidios, pretender sacar del Código Penal la figura de femicidio, terminar la Educación Sexual Integral, dejar a miles de personas sin acceso a medicación oncológica, vaciar la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis y Tuberculosis al despedir al 40% del personal, entre otras medidas. 

Frente a tantos ataques, el pueblo tomó un término que pocas veces se popularizó tan rápidamente: se trata de fascismo y, entonces, el tiempo es ahora para anteponer el cuidado de la vida que las políticas del gobierno están poniendo en riesgo. 

Después de un 2024 donde las luchas parecían separadas porque una de las estrategias del gobierno nacional fue emitir una política de despidos o de represión fragmentada, podemos decir que un 25 de enero de 2025, desde la plaza rebautizada Néstor Perlongher, salió una proclama de orgullo antifascista, antirracista y LGBTIQ+ para Argentina y el mundo. 

En una semana la señal de alerta se activó y volvimos a sentir aquello de lo que somos capaces cuando estamos juntxs, aun cuando el discurso hegemónico vende un mercado que no solo no es libre sino que no libera, por el contrario, oprime y reprime. Estas banderas se levantaron y ya no se pueden bajar. Caminarán hacia la organización del 7, 8 y 24 de marzo. 

Será una bandera plena de colores y derechos. Pero no será ingenua: el baile, la música, los tambores, las plumas y los abanicos son elementos de resistencia, pero también de goce. Es ese tejido invisible (y no tanto) que nos lleva de generación en generación y de punto del mundo a otro a marcar los límites necesarios ante la sensación de peligro pero también, y siempre, a destellos del mejor de los disfrutes. 

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