Se cumplieron cinco meses de resistencia de las y los trabajadores del Ingenio San Isidro, con graves consecuencias para General Güemes y localidades aledañas. La crisis de la industria azucarera ligada al vaciamiento, devaluación, políticas de estado y connivencia judicial.

Este 20 de junio se cumplieron cinco meses de resistencia de las y los trabajadores en el Ingenio San Isidro (Salta). El 20 de enero se encontraron con las puertas cerradas al terminar las vacaciones. La patronal inició un “Procedimiento Preventivo de Crisis” (PPC) que le permitiría abonar el 50 % de las indemnizaciones, de lo cual aún debe 200 millones de pesos.
El PPC está contemplado en la Ley de Empleo 24.013, pero requiere que la empresa demuestre una baja en su actividad no atribuible a su gestión o bien por razones de fuerza mayor o tecnológicas. Ninguno de estos supuestos se cumplió. Las cifras son elocuentes: en la zafra 2016 habían molido 26.000 toneladas de caña, que en la de 2017 habían aumentado a 45.000 toneladas.

El ingenio está a 50 kilómetros de la capital salteña, en la localidad de Campo Santo, dentro del departamento General Güemes. Campo Santo, Güemes y El Bordo son las tres principales concentraciones de ese departamento, donde viven 50.000 ciudadanos.
En el ingenio trabajan 730 operarios y empleados, más 100 camioneros que llevan los productos a ciudades y puertos. Se estima que pierden su sustento 2.500 personas, en forma directa e indirecta. Una tragedia para General Güemes, a lo que se suman cierres de otros establecimientos y el levantamiento del ferrocarril.
Dos diputados del Partido Obrero, uno del PJ y otro del kirchnerismo, presentaron un Proyecto de ley consensuado con el sindicato para que el Estado se haga cargo del establecimiento. En dos opoertunidades la mayoría del PJ se negó a tratarlo. “El Estado no tiene nada que ver con el azúcar”, se lavó las manos el gobernador Urtubey.
Hasta fines de mayo era el tiempo límite para iniciar la zafra 2018, o se perdería esta actividad núcleo. Esta situación además perjudicaría a cañeros independientes que proveen el 80 % de la caña al San Isidro.
Esa situación desesperante explica que el 4 de junio los despedidos tomaran la planta.

La Fiscalía Penal de General Güemes, a cargo de Verónica Simesen, imputó a Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro (Soeasi) y a otras 74 personas que participan de la ocupación del predio del ingenio, por el delito de usurpación.

La jueza de Garantías 8 de Salta, Claudia Puertas, rechazó el pedido de desalojo y restitución del inmueble realizado por la fiscal, por considerar que no surge en forma clara si se trata de la comisión de un hecho delictivo o de un conflicto laboral.

Mariano Cuenca, secretario General del SOEASI-CTA, indicó que si bien consideran que no incurrían en ningún delito sino que solo era un reclamo laboral, decidieron desalojar en pos de arribar a una solución en el conflicto. “Hicimos un impasse para que concreten la venta, de no producirse, el próximo viernes tendremos una asamblea en horas de la tarde donde se va a evaluar cómo continúa esta lucha”, concluyó.

En tanto, la Gerente Corporativa Legal de la Corporación Azucarera del Perú, en su carácter de representante legal de la empresa, decidió dejar sin efecto la acción penal contra las y los trabajadores y ex trabajadores e instó el sobreseimiento de las personas imputadas por la Fiscalía. También aceptó el plazo solicitado para el retiro con actas de constatación respecto del estado del predio y que no existen daños.

Ahora, las y los trabajadores quedarán a la espera de lo prometido por el Grupo Gloria, cuyos representantes aseguraron que para vender la empresa necesitaban el predio desocupado. Conseguido esto, aseguraron que la venta podría concretarse en el lapso de una semana, si bien no hay gran certidumbre al respecto.

Consecuencias de la devaluación

Hasta el momento se habrían presentado 13 oferentes para adquirir el ingenio San Isidro, “de los cuales quedaron cuatro; los cambios en el precio del dólar dejó a dos fuera de competencia y los dos oferentes restantes negociaron hasta el final, pero el grupo Gloria decidió no concretar con ninguno”, aseguró el titular del sindicato azucarero.

“Nuestra propuesta es la expropiación del ingenio San Isidro ante la ausencia de compradores privados que por distintas razones no han aparecido todavía. Somos víctimas de una enorme injusticia, y al Poder Judicial le pedimos que imparta justicia, al Poder Ejecutivo le pedimos que se haga cargo de su responsabilidad de ofrecer seguridad a la sociedad salteña y al Poder Legislativo que legisle en el marco de las leyes vigentes que contemplan la expropiación en aras del bien común”, finalizó el gremialista.

Industria azucarera: crisis y vaciamiento

Todavía no hay fecha de inicio de la zafra en La Esperanza (Jujuy). Fundado en 1883, el Ingenio tiene una larga historia que va desde los vaciamientos empresarios a las tomas obreras de los 90. Se presentó en quiebra en 2008 y a partir de 2010 la firma Benito Roggio Agropecuaria obtuvo la concesión del arrendamiento. En 2013, tras la quiebra, el Gobierno se hizo cargo a través de la Coordinadora de la Unidad para el Cambio Rural de la que formaban parte el mismo Gobierno, los trabajadores y capitales privados.

En la última zafra, su coordinador Jorge Neme dijo que el objetivo era alcanzar 80.000 toneladas contra 62.000 en 2014 y 42.000, en 2013. Anunció también que estaba cerca el día en que La Esperanza pase a manos privadas. Todo esto fue desmentido por el gobernador Gerardo Morales, quien señaló que los aportes privados al Ingenio son “pura mentira” y que la provincia tuvo que invertir 600 millones para que la empresa siguiera funcionando.

Gastón Remy, investigador y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, sostiene que el proceso que inició el actual gobierno es más que un ajuste con un plan salvaje de despidos: “El gobierno provincial a cargo de Gerardo Morales, en junio de 2016, hizo votar en la Legislatura la ley 5.929, por la cual el Estado se hizo cargo de la administración de la quiebra del ingenio que ocurrió hace casi veinte años. Mediante esta ley que viola la propia legislación nacional de concursos y quiebras, con el acuerdo del juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, el gobierno abrió una compulsa de precios, con la que finalmente le adjudicó el ingenio al grupo colombiano Omega Energy. Este proceso completamente ilegal vino a enmendar una venta fallida, al mismo Omega, que el Gobierno anunció a fines de diciembre de 2017.

El sindicato a través de sus abogados presentó un pedido de revocatoria de esta decisión del juez, pero luego decidieron retirarla. El ingenio con estas maniobras fue literalmente regalado a menos de un tercio de su valor de mercado”.

Omega Energy es un grupo petrolero que básicamente opera en Colombia y tiene algunas actividades extractivas y agropecuarias en Nigeria y Estados Unidos. Tiene más de 13 compañías offshore, que se utilizan para evadir impuestos, entre otros delitos, y semejante estructura financiera no se condice con el volumen de facturación anual del grupo y con la escasa capacidad de financiamiento que admiten en su balance contable.

En el caso de ALESA (Agroindustria La Esperanza S.A.) se constituyó con el mínimo de capital exigido por ley en Argentina que son $ 100.000 (U$S 3.500), cuando el compromiso de compra del ingenio La Esperanza alcanzaría los 86 millones de dólares. La presentación de la propuesta para quedarse con el ingenio llevó el patrocinio legal de Mossack Fonseca, el estudio de abogados que se hizo famoso por los Panama Papers.

Gastón Remy señala que: “el gobierno provincial despidió a 338 trabajadores a fines de noviembre pasado. Primero fue con la excusa de que el grupo inversor lo solicitaba. En febrero pudimos constatar que el mismo gobierno ordenó los despidos, a través de la administración colegiada -cuyos integrantes propuso el gobernador- y de la fiscalía de Estado, que finalmente convalidó el juez de la quiebra con el argumento de que para el “Estado era demasiado costoso sostener a 1.000 trabajadores”. Nunca presentaron un estudio productivo ni económico-financiero que demostrara su afirmación, como tampoco cuál fue el criterio para decidir qué trabajadores seguían y cuáles no. Esta información la solicitamos mediante un amparo en la Justicia jujeña a través de los diputados del PTS-Frente de Izquierda (FIT), Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández. La Justicia aún no se expidió. Lo hicimos como parte de la defensa de todos los despedidos como también de nuestros compañeros obreros y candidatos en las últimas elecciones por el PTS-FIT, Silvio “Choper” Egüez y Walter Farfán, ambos despedidos”.

“En el caso del ingenio aparece como director de ALESA, Facundo Fernández de Oliveira, también director de otra empresa propiedad de Pedro Eugenio Aramburu (hijo), y a su vez director de Recursos Humanos de Radio Nacional y no podemos descartar que actúe en representación del gobierno nacional que también es parte de la quiebra del ingenio. En enero, el mismo titular de Omega, Omar Leal, denunció en el diario El Tribuno de Jujuy que la caída de la venta del ingenio había sido una decisión del gobierno nacional”, sostuvo Remy.

El ingenio actualmente se encuentra dentro de un traspaso al Grupo Omega y se sostienen los 338 despidos. Hubo una tanda de 42 trabajadores reincorporados y todos afirman que el ingenio con este número de personal no puede funcionar. Sin embargo, la empresa estaría empecinada en contratar a los 600 trabajadores que quedaron sin reconocerles la antigüedad ni las categorías.

Dirigentes del gremio azucarero del Ingenio La Esperanza informaron que el juez de la quiebra, Juan Calderón, no hizo lugar al recurso de aclaratoria presentado por el grupo colombiano Omega-Alesa SA , respecto al punto que causó malestar y preocupación en la masa trabajadora, donde expresa que en ningún momento Omega ni Alesa SA, aceptaron mantener el Convenio Colectivo de Trabajo que rige para los empleados del Ingenio La Esperanza y que se aclare que todas las relaciones laborales de las y los empleados se extinguen indefectiblemente y que se celebran contratos completamente nuevos con Alesa SA, manifestando que este pedido es esencial para el mantenimiento de la oferta.

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Los tareferos, trabajadores y trabajadoras de los yerbatales, terminaron el año con una medida de protesta por las disposiciones con las que el gobierno provincial de Misiones parece castigarlos, y que dificultan sus condiciones mínimas de subsistencia. Sin acceso a los derechos mínimos, se organizan y visibilizan un reclamo histórico del sector.

En la provincia de Misiones unas 80 familias tareferas terminaron el año con una nueva medida de protesta en la Plaza 9 de Julio de Posadas, capital provincial, donde pasaron Nochebuena y Navidad, sin respuesta concreta por parte del gobierno provincial que decidió retirarles la ayuda alimentaria y asistencial. Las personas que están acampando, cosechadores manuales de yerba mate, provienen mayoritariamente del barrio San Miguel, de la ciudad de Oberá, a la que también se sumaron desde otras localidades productoras.

Son cíclicas las medidas de protesta y reclamos de un sector del trabajo altamente precarizado, que sostiene en gran medida la economía misionera y vive en condiciones de extrema necesidad.

La medida se tomó luego que el gobernador Hugo Passalacqua – a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, conducido por el ministro Lisandro Benmaor-, recortara las tarjetas de ayuda social que reciben las familias tareferas. El gobierno se niega a brindarles algún tipo de ayuda económica, necesaria para que los tareferos y tareferas que trabajan en negro, puedan afrontar el durísimo periodo conocido como “interzafra”. Además a las mujeres les sacaron la tarjeta del Programa Hambre Cero que recibían como ayuda para palear la desnutrición de sus hijos.

Se calcula que en la provincia, el sector está compuesto por unos 15 mil trabajadores y trabajadoras. La producción de la yerba mate está compuesta por colonos o pequeños agricultores familiares, cosecheros y los grandes monopolios dueños de grandes extensiones y políticas públicas que los benefician y que les permiten manejar el mercado laboral a su antojo, porque la necesidad de trabajo y de alimentación no puede esperar.

Quizás un espejo donde mirar las intenciones que se ciernen sobre la legislación laboral a nivel nacional.

La Argentina ya no toma mate

Rodolfo Walsh en el año 1966 escribía el resultado de una investigación que lo internó en el mundo de los tareferos y la producción de la yerba mate. Allí describe esa larga historia: “En esos bosques, que se adensan y prolongan hacia el norte (Misiones), crece todavía un árbol alto y esbelto que los guaraníes llamaron caá y los españoles yerba y que ha sido el motivo central en la historia del Paraguay, de tres estados brasileños y de una provincia argentina. La yerba figura en las crónicas más antiguas y en las listas de saqueo de todas las batallas; hace la riqueza de los encomenderos y después de los jesuítas; mueve contra éstos las invasiones de los “mamelucos” paulistas; su comercio o su cosecha son prohibidos por los primeros gobernantes de estas tierras y por los últimos: desde Hernandarias hasta el doctor Illia, pasando por Belgrano”.

La expulsión de los jesuitas y la destrucción de los últimos pueblos de las Misiones por el general brasileño Chagas, en 1817, ponen fin al cultivo de la yerba en la Argentina, que no se reanuda hasta 1904. Diez años después la producción misionera alcanza su primer tope de mil toneladas. Era una gota en el mar de yerba que entraba de Brasil y consumía el país.

Tareferas y tareferos

Las investigaciones coinciden que en Argentina se produce el 60 por ciento del total mundial de yerba mate y el 90 por ciento de esa producción está concentrado en la provincia de Misiones, mientras que en Corrientes se cultiva el 10 por ciento restante. La zafra comienza en abril y dura hasta septiembre. En ella participan hombres, mujeres y niños quienes conforman el último eslabón en la cadena productiva; se los llama “tareferos”, palabra que viene del portugués “tarefa”, y significa “tarea, obra que se debe concluir en tiempo determinado, trabajo que se hace por empresa o a destajo”. Se calcula que en la provincia de Misiones hay unos 15.000 trabajadores y trabajadoras en esa actividad.

Esta población queda sin trabajo en el período interzafra, está subocupada y en la época de cosecha se rompe el lomo porque es el único momento del año que tiene trabajo asegurado. Es una labor marginal, eventual y mal paga.

Un informe realizado en Jardín América, provincia de Misiones, en noviembre de 2010 antes de la implementación de la AUH, arrojaba algunos datos en cuanto a la edad de los tareferos. Se registró la mínima en 11 y la máxima de 79 años. “Dicen que está prohibido, pero trabajan igual; yo mismo, con 11 años ya tarefeaba”, expresa uno de los encuestados en el informe. El 50% comenzó a tarefear entre los 5 y los 14 años, y más de la mitad aprendió con sus padres. La composición de los tareferos por grupo de edad evidencia que es una actividad que ocupa mano de obra joven, ya que el 76,2% del total tiene entre 18 y 50 años y un 16 % son mujeres.

A pesar de que el 83% lee y escribe, el 60% manifestó como máximo nivel educativo alcanzado la primaria o la Educación General Básica (EGB) incompleta. Son 1.302 los menores que se encuentran en edad escolar (entre 3 y 13 años inclusive) pero el 16,4% de estos menores nunca asistió a un establecimiento educativo. Si bien no hay certezas sobre el impacto de la implementación de la AUH, es visible que no logró alejar a los niños de la producción yerbatera y sus condiciones de trabajo.

La cosecha se realiza con tijera, tijerones y serruchos y también directamente con la mano. (En este caso se arrancan brotes con ramitas aún verdes de menor diámetro y a esta operación se la llama “viruteo”).

Los tareferos ganan según la cantidad de yerba que recogen. La temporada de cosecha dura entre tres y seis meses, en el otoño y el invierno, y el resto del año el trabajador temporario se las debe arreglar para sobrevivir. Tienen que buscarse una changuita, salir con la motoguadaña, el machete, a hacer limpieza de las plantaciones, como la de mandioca.

La Universidad de Misiones afirma que, actualmente, la complejidad de la cadena económica montada en torno a la producción de yerba mate no logra ocultar las profundas desigualdades que persisten; a pesar del transcurso de los años y de los numerosos intentos de regulación por parte de los Estados, los procesos de acumulación y concentración de capital en pocas empresas no se han detenido y lejos están de atender las necesidades y los esfuerzos de miles de trabajadores tareferos y productores yerbateros.

Agremiados

El trabajo de la tarefa unifica a pequeños productores y a los cosecheros. Ambos comparten la suerte de la cosecha y los ingresos insuficientes por un trabajo que en época de zafra tiene poco descanso.

El mercado laboral está compuesto por una gran cantidad de trabajadores, de los cuales solo una parte está registrado y la mayoría trabaja en negro. Ambos comparten las arbitrariedades del mercado, con pocos beneficios.

Los tarefereos se hallan nucleados en asociaciones y federaciones locales y también son objeto de la disputa gremial.

Durante el año 2015, se organizó la Federación de Trabajadores Agrarios. Como parte de esta nueva federación, el Sindicato de Trabajadores Tareferos de Jardín América, Misiones, (SITAJA) junto a gremios de otras 18 provincias, le disputa la agremiación a las y los trabajadores rurales que hasta ese momento tenían un sindicato único: la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) conducido por el dirigente Gerónimo “Momo” Venegas, federada en la CGT. La disputa también tiene inscripción política, ya que esta nueva Federación contó con el aval explícito y la presencia del entonces ministro Carlos Tomada.

Parece no ser suficiente la disputa de agremiación cuando una gran parte de trabajadores constituye un gran mercado informal con condiciones de trabajo y de vida paupérrima, con escasa o ningún acceso a los derechos que dignifiquen la vida de ellos y sus familias.

El mate una de las infusiones de mayor consumo popular, también esconde condiciones laborales y de vida de extrema precarización para las y los trabajadores y sus familias. Mientras que los gobiernos los ignoran, las empresas los someten a condiciones de explotación y precarización laboral y los gremios se disputan su representación. Todo ello se inscribe en la actualidad en una política que ha decidido privilegiar a los dueños de la tierra y los grupos económicos, de manera brutal, sin olvidar que ningún gobierno hasta ahora ha podido modificar una situación que lleva décadas.

Frente a ello los trabajadores se organizan y hacen visible sus necesidades y reclamos de manera colectiva, como única herramienta de lucha.

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