Por Laura Salomé Canteros y Ximena Schinca

El clima era distendido en la sala de la calle Paraguay, a pesar de las chicanas que fueron y volvieron entre las y los letrados defensores y querellantes en la última audiencia del juicio que determinará si Cristian Aldana, ex músico y líder de la banda “El Otro Yo”, es o no penalmente responsable por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores según los hechos denunciados y expuestos como prueba testimonial por siete querellantes entre los años 1999 y 2010.

Ariell, Charlie, Felicitas, Guada, Jaz, Karen y Ana finalmente verán por terminado el proceso judicial y de acompañamiento personal y político que las llevó a transitar los pasillos de Tribunales, a aprender derecho, responder interrogatorios, leer críticamente las coberturas y someterse a pericias durante un año y dos meses. Un juicio en el que declararon más de cien testigos, entre quienes se encuentran cuatro personas que, sin presentar cargos -aunque aun no lo descartan- relataron las mismas agresiones de parte de Aldana que ellas, evidenciando el carácter histórico de la primera megacausa contra un macho violento. Poniendo en la esfera pública la importancia de la denuncia para la erradicación de la cultura de la violación como único camino posible para el ejercicio de niñeces y adolescencias libres.

En la audiencia de ayer, la defensa del acusado solicitó la nulidad del juicio por defensa ineficaz y planteó también que dos de los casos que están en debate ya prescribieron. Subsidiariamente, requirió que la condena que se le fije no sea mayor a 25 años de prisión. Hubo réplicas y hoy habrá veredicto. Y por supuesto, convocatoria feminista. Desde las 11 asistiremos al fin del juicio que marcará una era. Cristian Aldana tendrá derecho a decir sus últimas palabras como acusado y luego, tras un receso para deliberación, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 25, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Ana Dieta de Herrero y Rodolfo Bustos Lambert, determinará si, a pesar de tanto dolor y exposición, es posible para las pibas comenzar el camino de la sanación.

Aldana y una eficaz defensa: dilaciones, difamación y cuestionamiento a las protagonistas

“Yo le hablo con amor porque yo soy padre de familia”, insistió Humberto Cristian Aldana, ayer por la mañana durante la audiencia del juicio que concluirá hoy cuando se lea el veredicto en horas de la tarde. Quienes integran el TOC 25 lo escuchaban, una vez más, arrancar con el mismo relato. “Señor Aldana, usted no puede ejercer defensa por sí mismo”, le explicó el juez Gustavo Goerner. Aldana se quejó, agregó que sus defensores actuales estaban denunciados, que el Tribunal también estaba denunciado, que todo era mentira y concluyó con un llamado a la sensibilidad: “Le pido que me hable con una mano en el corazón, señor juez”. A lo que Goerner le indicó que iba a ser retirado de la sala y podría volver cuando deseara hablar. Pero Aldana no regresó.

Desde temprano, la calma y la soledad sorprendió en los pasillos de la calle Paraguay al 1536. Excepto abogadxs, fiscal, miembrxs y personal del Tribunal, la sala estaba casi vacía. Un murmullo parecía insistir: un año y dos meses de juicio, ninguna declaración relevante del acusado, solo maniobras (o manotazos) dilatorios. Aldana se fue, y sus defensores oficiales, Fernando Robio y Cecilia Durand, desarrollaron los alegatos. Robio comenzó trabado y, en pocos minutos, pidió la nulidad del alegato de la abogada de Ariel Carolina Luján, al no ser preciso en los hechos por los que se acusó a Aldana e impedir así a la defensa ejercer su rol. Siguió con la prescripción de los hechos denunciados por Ana y Jaz, y luego el alegato continuó con la doctora Durand haciendo caso al pedido de su defendido de reproducir un video en el que se lo veía tocando una guitarra para que se lo incorporara como prueba en la causa. El Tribunal rechazó el pedido por tercera vez en tres audiencias consecutivas: “No resulta procedente y no ha podido ser materia de aprobación de las partes”.

La defensa de Cristian Aldana en su alegato pidió, desde la nulidad del debate por indefensión hasta un tope máximo de condena de 25 años. Y afirmó, no solo que no se probaron los hechos de los que se lo acusa, deslegitimando la palabra de las pibas -y el trabajo de una fiscalía de Estado y de organismos especializados- con citas denigrantes de las pericias psicológicas que, en evidencia, comprueban los abusos y violencias reiteradas; sino también pidiendo la nulidad de la querella de la abogada Gabriela Conder. O sea, pretendiendo acallar las voces protagonistas de este debate público. “No hubo exteriorización de la falta de consentimiento de las conductas de Aldana”, culpó Durand a las denunciantes, “no se ha probado el abuso coactivo”, siguió desestimando la asimetría de poderes, y afirmó que no se puede determinar si el daño causado en las subjetvidades de las pibas es producto de los abusos de su defendido o de otros hechos delictivos, o como expresó “no importa por lo que fuera”… O en resumen: “No se ha acreditado la falta de consentimiento” y tampoco probado “la corrupción de menores”. “Las víctimas ya estaban corrompidas”.

Así, palabras más y menos, aludiendo a algunos de los testimonios, el alegato de la defensa pareció bastante pegado y seguir el ritmo de las declaraciones del ex rocker, hoy en el ocaso. “No se ha acreditado que no existió consentimiento o una falta de consentimiento que pudiera haber notado el acusado”, repitió en más de una oportunidad Durand. Y agregó que una de las denunciantes “más bien parece haber estado convencida de querer llegar a ese lugar”, refiriéndose a uno de los hechos denunciados por Ariell Carolina Luján. La defensa ignoró, no refirió, ni registró la diferencia generacional existente entre las denunciantes y el denunciado, la asimetría de poder entre un ídolo y cualquier persona que se le acerca, la desigualdad de género entre el ex músico y las chicas, el modo de operar que se repite, el abuso sistemático.

Fue por eso que le siguieron las réplicas del fiscal, Pérez de la Fuente y las querellas de la abogada Conder y el abogado Da Vita. “No se puede hablar de defensa técnica ineficaz”, dijo este último respondiendo al planteo de nulidad del proceso por indefensión y agregó “si hubo control de las pruebas testimoniales, es más, se hicieron preguntas íntimas a las denunciantes”. Luego Conder sumó, en el mismo sentido: “usan todos los argumentos de Aldana… Es parte de la táctica pedir la nulidad del proceso por indefensión, de la misma forma que las maniobras dilatorias y las recusaciones sin sentido”. Por su parte el fiscal también afirmó que “todo forma parte de un esquema con la finalidad de que se llegue a la absolución” y agregó, “el señor Aldana buscó, dirigió, controló cuál era la prueba” y sobre el pedido de la defensa de absolución del acusado por prescripción de dos de los testimonios que, según la misma haría caer la figura de corrupción de menores preguntó y respondió: “¿hasta cuándo se corrompe? Hasta la fecha. Por lo tanto, cualquier planteo de prescripción debe ser rechazado”.

Cabe recordar, en el debate interviene el titular de la Fiscalía General Nº 18 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales, Guillermo Pérez de la Fuente y colaboran con él la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC). El fiscal solicitó que se condene a Aldana a 35 años de pena por los delitos de “abuso sexual agravado por haber sido gravemente ultrajante y con acceso carnal, cometido por los menos en tres oportunidades y reiterado en perjuicio de seis víctimas” y “corrupción de menores”. Mientras que las querellas, lideradas por Gabriela Conder -en representación de Ariell Carolina Luján- y Sebastián Da Vita -en representación de otras tres denunciantes- solicitaron 20 y 40 años de cárcel respectivamente.

Para el veredicto no solo se deberían tener en cuenta los hechos que podrían demostrar la comisión de los delitos que se le imputan al acusado, sino también el contexto de asimetría, violencias, abusos y destratos sistemáticos sobre las denunciantes, las primera en presentarse como testigos.Así lo afirmaron los alegatos de las querellas, quienes las representan. También serán importantes los aportes de las declaraciones de los psiquiatras y los psicólogos que intervinieron en la causa y que elaboraron diversos informes, tanto sobre las pibas como sobre el acusado.

Es el fin del juicio que marcará una era, la del rugir de voces personales y colectivas para dejar en claro que el silencio no es nuestro idioma. Porque si 2017 fue el año de las que no callan más, 2018 el del comienzo de los procesos judiciales, 2019 está destinado a ser el año de las condenas para las reparaciones. Porque no es el rock, son los machos, la cultura de la violación y las prácticas de consolidación y reproducción de una asimetría de poderes que se sostiene con violencias. Para que el cambio cultural sea posible dejemos de enseñar a las feminidades a cuidarse para sancionar a los varones cuando abusan y violan. Solo así tendremos vidas llenas de disfrute, goce y libertades.

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Más que la espera de un veredicto: las pibas construyendo mundos mejores

El ocaso de Cristian Aldana: maniobras dilatorias, difamación y negación de los hechos

Comienza el fin del juicio que marcará una era, la del “ya no nos callamos más”

Nuestra venganza es la autonomía

Cronología en primera persona

Quitarle las armas al macho

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Por Laura Salomé Canteros y Ximena Schinca / Foto: Florencia Cajide

A poco de retirarse de la audiencia del jueves pasado, Humberto Cristian Aldana apeló a la sensibilidad del Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 (que lo juzga por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, abuso de poder y corrupción de menores en siete ocasiones) y solicitó que tuvieran en cuenta que él es “único sostén de familia” y levantaran el embargo de dos de sus cuentas bancarias, una que está sólo a su nombre y otra compartida con su hermana y socia creativa, María Fernanda Aldana. Se refirió a la necesidad de sus hijxs y pidió que se dispusiera dinero para su actual pareja. Nada se escuchó, en cambio, de que tuviera alguna cuenta familiar o compartida con las madres de los niñxs o, al menos, destinada a la manutención de sus familias. “El dinero de la cuenta del G* es 100 por ciento de mi hermana”, precisó y luego volvió a quejarse y señaló que no iba a sostener con su presencia “la debilidad de un alegato” que no lo representaba.

Minutos antes el ex músico, líder del grupo El Otro Yo, había utilizado el tiempo para destacar su “indefensión” y expresar su voluntad de “seguir declarando”. El Tribunal volvió a señalarle que evitara dispersiones y se limitara a usar el tiempo para su defensa. No lo hizo. El prefirió dar por terminada su declaración y dejar “bendiciones para todos”. Durante el juicio, Aldana encarnó a la víctima de “un complot político” en su contra, a un pobre mártir merced a cualquier denuncia de “feministas”, a otro macho herido que cayó en la trampa de una “despechada”, y al padre encantador y abatido preocupado por el futuro de sus hijxs.

Hasta que al fin llegó el momento de los alegatos de la defensa, cuando el defensor oficial Fernando Robio prefirió plantear una serie de puntos que abonaron a la estrategia de indefensión. “Como defensores –dijo, Patiño y Grasso- fueron excelentes querellantes”. Así Robio entendió que las anteriores defensas “desatendieron sus intereses y lo perjudicaron de forma activa” y consideró que “debe dictarse la nulidad y la consecuente absolución con la inmediata libertad” del ex músico. Según el defensor, el juicio se llevó a cabo sin una defensa técnica eficaz. “El daño ya está hecho”, concluyó y recordó al Tribunal que si acepta la nulidad del proceso, Aldana cuenta con la garantía de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Cómo las pibas comenzaron a quitarle las armas al macho

Más de 10 años le llevó a Ariell denunciar, romper el silencio y generar el acompañamiento feminista que le permitió dejar atrás la impunidad que encubría los abusos de poder detrás de las acciones de la persona que la violentó durante seis.

Fueron muchas las estrategias que se dio para romper -y a la par sobrevivir- a los prejuicios sociales y mediáticos que ella y sus compañeras tuvieron que afrontar tras denunciar y judicializar los actos delictivos de Cristian Aldana que, mediante evidencias y declaraciones están siendo demostrados en el juicio que se lleva adelante desde mayo de 2018, y que hacen parte de la megacausa en la que se lo investiga por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal en forma reiterada, en concurso ideal con corrupción de menores. Agravado por haber causado un daño permanente en la salud física y mental de las víctimas. Una megacausa en la que se busca más que un veredicto judicial y una condena social.

Cristian Aldana es ex músico y ex cantante de “El Otro Yo”. Violentó a Ariell Carolina Luján mientras ella tenía entre 13 y 19 años y lo hizo de forma sistemática: sexual, física y psicológicamente. Lo hizo contra ella y contra otras -en su mayoría niñas y adolescentes-. “¿Por qué estás acá, qué hiciste, nena?”, le preguntaron a Ariell en abril de 2011 cuando fue por primera vez a la Comisaría de la Mujer de Morón. Tenía 21 años, había juntado valor para denunciar al varón que la había violentado durante seis y no era la primera vez que iba a ser revictimizada. Pero siguió caminando y resignificó no solo su lucha, también la de muchas.

Fue también un abril, pero de 2016, cuando Mailén y Rocío publicaron videos dando testimonio de los abusos y las violencias perpetradas por Miguel del Pópolo, cantante de la banda “La Ola Que Quería Ser Chau”. Fue entonces cuando “El Otro Yo” publicó en su página de Facebook un repudio a las violencias machistas de del Pópolo afirmando: “En nuestra banda hay una mujer, tenemos hijas, madres, amamos a las mujeres”. Así la impunidad comenzó a quebrarse y muchas personas comenzaron a responder a la publicación con el link de la pancarta que mostraba a Ariell -un año antes- donde por primera vez se leía una frase hoy icónica: “Nos nos callamos más”. La reacción de la banda ante los comentarios fue borrarlos, a lo que siguió la indignación masiva y la interpelación directa: “¿Ahora te haces el bueno, Aldana?”. En contraste a la maniobra de complicidad, la claridad: la imagen de Ariell comenzó a circular en medios y redes.

A la visibilización de las violencias de Aldana mediante la acción callejera le siguió el relato en un blog -con protección de su identidad- en redes. Pero Ariell decidió volver a intentarlo. En 2016 denunció en Atajo Fiscal, con la abogada Ornella Noccitti, y a la semana se sumaron seis denuncias más contra Aldana en UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres). Todas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción N° 17, y fue a finales de ese año que en un fallo ejemplar, el juez Roberto Ponce dispuso el procesamiento y prisión preventiva para el imputado, que fue trasladado al Penal de Marcos Paz, donde esperó el juicio hasta mayo de 2018 y que hoy se encuentra en su etapa final.

No serás protagonista ni de tu absolución ni de tu condena

Este jueves y viernes se retomará el juicio y el TOC 25 deberá resolver sobre el pedido de nulidad. En los pasillos se dijo, se escuchó, se repitió, que hay muchas personas esperando que termine este juicio para terminar con la impunidad. “Si se condena a Aldana, se van a condenar todos esos abusos”, expresó Gabriela Conder, abogada de una de las denunciantes Ariell Carolina Luján. Falta menos. Las pibas ya aprendieron a esperar.

Mientras, durante las últimas audiencias Cristian Aldana hizo uso de la palabra. Fue antes del alegato de su defensa que pidió la absolución por indefensión y la inmediata libertad del ex músico. Su palabra fue la acción de quien se encuentra en el ocaso y que no será protagonista ni de su absolución ni de su condena. Lo hizo mendigando el protagonismo de las pibas, negando los hechos que se le imputan, difamando a una de las denunciantes -a la vez que desconoció a las otras seis- y embarrando la cancha: afirmando que es un “perseguido político” de “feministas, abortistas y piqueteras”.

¿Será que el sistema de justicia estará a la altura de nuestros tiempos feministas? ¿Sentirá respeto por la lucha de las que vencieron para emancipar? ¿Entenderá de historia? Lo cierto es que hay un Tribunal que se encuentra ante uno de esos momentos, únicos, en los que dictar un veredicto es un más que un final. Es un inicio. Otro cuento que nos otorgará alas de libertad para todas.

Es que las pibas están construyendo mundos mejores. Y lo hacen de la mano, de forma amorosa; exponiendo(se) para sanar, escrachando para reparar, contagiando(nos) para no callar. Porque cada vez que se denuncia como acto político a un varón violento no es solo el señalado el que va a juicio, sino toda la cultura del terror y del odio contra los cuerpos y las subjetividades feminizadas. Es entonces cuando levantar la voz en compañía de otras, traza el camino colectivo de la reparación. Ese que muchas veces es negado por las instituciones pero que es sostenido por las (trans)feministas.

“Ya no nos callamos más” es más que lema. Es una guía sin instrucciones que destruirá, de forma colectiva, el silencio de la complicidad que da impunidad al poder del macho. Porque el silencio no es nuestro idioma.

Leé las notas anteriores:

El ocaso de Cristian Aldana: maniobras dilatorias, difamación y negación de los hechos
Comienza el fin del juicio que marcará una era, la del “ya no nos callamos más”
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Cronología en primera persona
Quitarle las armas al macho

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Por Laura Salomé Canteros y Ximena Schinca / Foto: Belén Araya

El Otro queda anulado como sujeto para transformarse en objeto, la personalidad narcisista desconoce las necesidades del Otro, se vincula desestimando al Otro y sólo importan los deseos propios

O del Yo
O del Otro Yo
Porque Todo es Yo

La cadena significante se desprende de la exposición que, ayer por la mañana, realizó el fiscal Guillermo Pérez La Fuente sobre el informe del peritaje psicológico y psiquiátrico del Cuerpo Médico Forense respecto del imputado por abuso sexual y corrupción de menores, Humberto Cristian Aldana.

Según la lectura del fiscal, el informe psicológico (suscripto por el Lic. Carlos D. Carini y la Lic. Siderakis, perito de parte) también señaló que “se trata de una personalidad con rasgos antisociales y emergencia psicopática, que conserva su principio de realidad y se adapta mediante mecanismos de ocultamiento y enmascaramiento, mostrando una fachada de autosuficiencia donde subyace narcisismo y negación de su necesidad de contacto y dependencia afectiva”. Como si se tratara de una interpretación extendida del nombre del grupo de rock que el casi famoso y cincuentenario Aldana lideró años atrás, el peritaje dice que el rocker “muestra en las relaciones interpersonales superficialidad, rigidez, evitación del compromiso, indiscriminación, borramiento de la diferencia generacional y escasa diferencia del género con aspectos a nivel psico-sexual que denotan conflictos y una modalidad de satisfacción regresiva”. O, se podría sintetizar, borramiento del Otro como si todo fuera el Yo. La pericia confirmó, con terminología científica lo que se desprendía del relato de denunciantes y testigos, los abusos y vejaciones que Aldana viene negando desde el 23 de diciembre de 2016 cuando fue arrestado y quedó detenido por prisión preventiva en el Penal de Marcos Paz.

“El amor con ella siempre fue muy lindo. Tuvimos una relación muy normal, ella se encargaba de hacer la comida y yo la ayudaba… También la apoyé para que terminara el secundario. De hecho, la ayudé y le pagué un curso de modelo… Todo lo que (ella) dice es mentira, excepto ese día que la agarré de los brazos, y le dije, qué te pasa, estás loca… Creo que todo esto es una cuestión de despecho porque ella quería formar una familia. Ella era muy celosa. Creo que tiene que ver con el escenario, y eso de que la gente quiere como una parte tuya porque sos cantante. A mí no me importaba, yo estaba enamorado de ella”.

Estos son algunos fragmentos de la declaración de un señor de casi 50 años tras conocer el pedido de 35 años de cárcel por seis de los siete casos que se le imputan por abuso sexual y corrupción de menores. Son fragmentos que el señor Humberto Cristian Aldana pronunció en voz suave, apacible, aniñada como leyendo un libro de cuentos, que al tribunal debió sonarle como el cuento de la buena pipa para que (después de escucharlo repetir la misma cantinela por horas) resolviera no acceder a ninguno de los pedidos del acusado de presentar nuevos testimonios, de visualizar videos como pruebas y realizar careos.

Ayer al llegar a la sala alrededor de las 15.20 horas, el rockero sorprendió a las pocas personas presentes -ninguna de su lado- al expresar en voz alta sus “bendiciones para todos”, se detuvo a saludar decorosamente y clavar su mirada -por momentos con odio-, y se dispuso a ordenar algunos papeles y cuadernos. Luego tomó una botella con agua, se acercó al banquillo, y como quien lee el pronóstico del tiempo, dijo que se había enterado por los diarios que las querellas ya habían pedido 20 y 40 años de prisión. “No sé cuánto pidió el fiscal”, dijo dirigiéndose a Guillermo Pérez La Fuente, quien por la mañana había pedido 35 años tras su exposición de las declaraciones de las testigas que reforzaron los testimonios de las denunciantes y sumaron pruebas a las vejaciones y los abusos sexuales a los que el ex líder de la banda El Otro Yo, según los relatos, sometió a las víctimas entre el año 1999 y 2010.

Por la tarde, Aldana volvió a insistir en haber mantenido una relación con una de las denunciantes cuando ella tenía 17 años y el 36, detuvo su declaración en una serie de detalles irrelevantes, subrayó prejuicios y valoraciones misóginas sobre una de sus denunciantes e insistió en su victimización durante el proceso. El ex músico mencionó las violencias denunciadas como “chiquilinadas”, negó una y otra vez los abusos y por momentos habló en tercera persona como queriendo abstraerse de la situación en la que se encuentra: afrontando una megacausa por sus actos. Ante el Tribunal definió el “pogo” y dijo que “si ella (una de las denunciantes) tuvo moretones calculo que fue por los recitales” y luego, como señor a quien la ola conservadora le llegó a la par del proceso, habló de los escraches a la banda afirmando que realizó denuncias y que entregó nombres de activistas a la policía tras lo que consideró acciones políticas de “feministas, abortistas, piqueteras” añorando una situación ideal, en la que sus recitales transcurrieran con un patrullero en la puerta.

La semana pasada, el denunciado se quedó sin defensor privado por segunda vez, Nicolás Grasso renunció alegando problemas de salud y un viaje a Europa que tenía planeado con anticipación. Lejos de la impostura reviente rock y más cerca del machismo tanguero, Aldana subrayó sus hábitos saludables, se mostró como un buen cristiano y encarnó a otra víctima de una mujer despechada afirmando que es un perseguido político. Aldana responsabilizó además al Tribunal: “ustedes no reconocen mi indefensión”, afirmó, “se están vulnerando mis derechos”, a lo que el presidente le respondió “no se advierte ningún agravio” y negó de forma inmediata y por mayoría los pedidos del ex músico interpretados como maniobras dilatorias del proceso judicial rumbo a una sentencia tanto condenatoria como absolutoria.

Para mañana, jueves 4, resta la finalización de la declaración de Aldana y de la etapa de alegatos con el de la defensa. Todo parece indicar que será justicia. Porque el ocaso del ídolo -como la lucha de las pibas- es irreversible.

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Por Ximena Schinca* / Ilustración: Ro Ferrer

En el mes de febrero, el mundo habló de Lucía, la nena de 11 años a la que el Estado tucumano le negó su derecho a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), prolongando la tortura, y forzándola a realizarse una cesárea. Las autoridades de la provincia, los grupos anti derechos y la prensa escribieron, debatieron y difundieron detalles sobre el estado de salud de la nena, sobre quién la había violado. También discutieron si corría riesgo su vida, qué chances de sobrevida tenía el feto, cuáles fueron las maniobras para dilatar la ILE y cuál era el procedimiento más adecuado para interrumpir el embarazo resultado de una violación.

Entonces Lucía también habló, expresó con claridad cuál era su decisión, pero sólo su mamá, Sol, la escuchó y respetó. Las maniobras en este caso en Tucumán se conocieron justo un mes de después de que otra niña del NOA, esa vez en Jujuy, debiera someterse a una cesárea para interrumpir otro embarazo producto de una violación. En ese caso la dilación fue menor. El movimiento de mujeres y disidencias de la provincia reaccionó rápidamente y descubrió los obstáculos a los que sometieron a la niña. Así y todo no pudo evitar que se le realizara una cesárea y se mantuviera al prematuro en agonía cerca de 96 horas. De inmediato, el movimiento feminista de Jujuy marcó posición y advirtió que #CesáreaNoEsILe, y que había que estar alertas ante nuevas maniobras de forzar cesáreas y partos prematuros.

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Tucumán: las torturas y mentiras en la noche más larga de “Lucía”

La alerta recién empezaba a escucharse, cuando un mes más tarde, Lucía sufrió las mil y una dilaciones, esta vez en Tucumán. La reacción del movimiento feminista fue entonces más fuerte. Así y todo, otra vez cesárea.

Dos meses después de la pesadilla, la mamá de Lucía quiso hacer escuchar la voz de su hija; tal vez, convencida de que lo que, a Lucía, a muchas; quizá temerosa de que lo mismo pueda ocurrirle a la niña otra vez. El testimonio de Sol es sólido, consistente, denuncia las maniobras que (secreto a voces) autoridades y parte del personal del sistema de salud y la Iglesia desplegaron para asustarla desde el momento en que Lucía quedó internada en el Hospital del Este. Señala que el doctor Gustavo Vigliocco fue el primero en meterles el miedo en el cuerpo al advertirles que si aborto, riesgo de muerte. Y que, por si advertencia de muerte no fue suficiente, el capellán Roque Olea se encargó de dispensar una dosis diaria de culpa y les dijo que Dios no quería que haya muertes. Otrxs las mandaron a pensar y a denunciar el abuso sexual antes de autorizar el aborto.

El testimonio de Sol es trascendente porque brinda detalles, nombres y apellidos de los responsables de estas maniobras que en el NOA son vox populi, pero se teme denunciar mientras la violencia y el odio de los grupos anti derechos se expresa impune en las puertas de los hospitales que debieran cumplir la ley y velar por la salud y la integridad de las niñas torturadas hasta parir.

El testimonio de Sol, además, echa luz sobre el modus operandi de un sistema ensañado con mujeres y disidencias, sobre todo, cuando provienen de los sectores más humildes y vulnerados de la sociedad, cuando se les retacea información, o peor, se les brinda información deliberadamente falsa.

Y el testimonio de Sol llega también para abrazar un logro sin prensa del movimiento que acompaña y sostiene el derecho a decidir, y protege la salud integral de niñes y adolescentes: la ILE ya es derecho y hoy se respeta y se sigue practicando en su manera menos invasiva y medicamentosa en embarazos avanzados, preservando la salud integral de lxs niñxs. Así también se preserva la intimidad de ellxs y sus familias. Para que nadie vuelva a meter miedo o culpa a las niñas, un rayo de Sol para Lucía y para todxs.

*Comunicadora feminista, miembra de Global Women´s Strike (Huelga Mundial de Mujeres)

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A pesar de que en nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, realizaron una cesárea a una niña de 11 años en Tucumán. El Estado incumplió el protocolo y sometió a tortura física y psicológica a Lucía. Las voces de médicas y abogadas.

Otra nena violada, embaraza y forzada a parir en el NOA. Esta vez fue en Tucumán. Lucía, de 11 años, es la segunda niña, en lo que va de 2019, sometida a una dilación aún más extensa que la nena de Jujuy, ambas torturadas obligadas a cursar un parto por cesárea. “En ambas provincias, hubo una violación sistemática del Estado a los derechos de las niñas de ser oídas, de que se respete su voluntad. Se rechazó, obstaculizó, manipuló la información para el asesoramiento, y presionó a las familias y a las niñas en su decisión”, señaló la abogada Fernanda Marchese, titular de Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales), en declaraciones a este medio.

Tanto en Tucumán como en Jujuy, la interrupción del embarazo llegó en forma de cesárea forzada, más tarde que temprano, y luego de que se obstaculizara el aborto legal que las niñas pidieron y que es derecho de todas embarazadas menores de 13 años. La maniobra ya había sido denunciada en Jujuy por miembras de la regional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: buscan que la gestación avance lo máximo posible y hacer un laboratorio de adoración con el feto también sentenciado a una agonía post cesárea. Durante la madrugada del miércoles, Lucía fue sometida a una cesárea en el Hospital Eva Perón de Tucumán. La intervención fue llevada adelante por tres profesionales externos al centro, en tanto todos los profesionales del sistema público de Salud se negaron a practicar la intervención.

“Dudo que el feto viva más de un par de días, si llega a eso. Si dicen que sobrevive, habrá que exigir ADN, porque seguro que lo cambiaron por otro. Mientras, torturaron por un largo mes a una niñita, y le hicieron un tajo de más de 10 centímetros en su abdomen. Odian las dos vidas. Odian a la niña que torturaron, y odian al feto que sacan antes de la viabilidad”, denunció Stella Manzano, médica y ginecóloga que practica ILE (Interrupción Legal del Embarazo), desde las redes sociales. Anoche, en declaraciones a radio La Retaguardia, Manzano criticó que se realizaran cesáreas como modo de interrumpir embarazos, señaló las similitudes entre el caso de Lucía y el de la niña en Jujuy en el mes de enero, y cuestionó las versiones médicas que indicaron cesárea porque Lucía padecía hipertensión. “Esto no fue una interrupción legal del embarazo. Esto no fue aborto. Esto fue un parto forzado, prematuro y por cesárea también forzada. Buscan confundir a la población. ¿Se va volver una rutina operar a las niñitas?”, concluyó Manzano, conocida por haber realizado el aborto que habilitó el fallo FAL.

En Tucumán, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) era el encargado de garantizar la interrupción del embarazo que fue detectado el 31 de enero en el centro de atención primaria de la salud de la localidad de 7 de Abril. Allí Lucía había acudido por un dolor de panza, y tras constatar el estado de gravidez, la paciente admitió que había sido abusada por la pareja de su abuela, quien por lo mismo enfrenta una causa penal en la Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter. En ese momento, comenzó otra violación de derechos para Lucía, esta vez, desde las instituciones de la provincia.

“Esto no termina acá. El Estado debe arbitrar los mecanismos para contener y acompañar a esa niña en su salud física, emocional y psicológica. Por otra parte, el Ministerio y las instituciones públicas van a ser investigadas respecto de por qué no se aplicó el protocolo ILE como lo dispone la ley”, señaló Marchese, en comunicación con Marcha. Fue recién el viernes, cuando Andhes y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) presentaron un pedido ante la Justicia para poder intervenir en el caso como amicus curiae, que la familia de la nena recibió la contención interdisciplinaria prevista para estas vulneraciones.

“Se vulneró su derecho a ser oída y opinar debidamente en aquellas decisiones que la involucran ya que, desde que Lucía ingresó al sistema de salud de Tucumán, manifestó su voluntad de interrumpir el embarazo, en distintas instancias del Estado provincial. Sin embargo, hemos tenido que llegar a este momento para que el Estado acceda a practicar la interrupción del embarazo. Otro derecho vulnerado es el derecho a la salud integral de la niña, que debe tener presente la salud física, psicológica y emocional”, describió a este medio Florencia Vallino, abogada, Coordinadora del Área Derechos Niñez y Adolescencia de Andhes. Vallino, que acompaña a Lucía y su familia, señaló también que el Estado provincial vulneró el derecho a una infancia libre de violencias.

Según fuentes del Hospital del Este Eva Perón, Lucía evoluciona bien. Lo afirman aun cuando la niña no ha recibido contención suficiente para el cuadro que atraviesa. La criatura resultado de la gestación pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología con bajas posibilidades de sobrevida.

En nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, el cual prevé tres causales: cuando pone en riesgo la salud de la persona gestante, su vida, o si éste proviene de una situación de violencia sexual. En el caso de Lucía, se cumplían las tres causales. El Estado no cumplió con su obligación de garantizar ese derecho. Ahora deberá responder por haber vulnerado la salud integral de la niña.

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La interrupción legal del embarazo (ILE) debió realizarse el viernes pasado cuando una niña de 12 años llegó con su mamá al Hospital Guillermo Paterson en la localidad de San Pedro, Jujuy, para solicitarla. Pero no.

Como a Juana, la niña wichi de 12 años a quien se le negó la práctica ILE en Salta en el año 2016, el Estado jujeño decidió continuar con la tortura de esta otra niña, forzándola a seguir con un embarazo producto de una violación y obligándola a un parto por cesárea que se realizará mañana.

Como con Juana en 2016, (pero tras un debate intenso por el aborto legal en el que se popularizó información sobre la práctica hasta entonces restringida a sectores privilegiados) se alegaron cuestiones relacionadas con la edad gestacional para dilatar la práctica ILE. Así la niña pasó el fin de semana en incertidumbre, recién el martes fue derivada al Hospital Materno Infantil, y luego se dispuso que se realizaría una cesárea en 48 horas.

El mismo martes el movimiento feminista de Jujuy salió a las calles a expresar su repudio a la medida, denunció que someter a la niña a una cesárea es una tortura más que se le impone, y exigió que la provincia cumpla con su “Protocolo para la atención del embarazo adolescente a menores de 15 años”. Para los casos de embarazos producto de abuso sexual, el protocolo provincial establece la obligación del servicio de salud interviniente de informar a la adolescente y su familia sobre el acceso a métodos de interrupción legal de embarazo (ILE). Violando ese derecho fue que se le negó la práctica el viernes.

Una burla a toda la sociedad

Stella Maris Manzano es la médica del Fallo F.A.L..Especialista en medicina legal y tocoginecología dialogó con el programa “A los botes”, por FutuRock. En diálogo, la doctora Manzano afirmó que la resolución de esta historia es “una burla a la sociedad”.

“Analizo con mucho dolor lo que pasó en Jujuy porque vemos una niña de 12 años embarazada. Cuando ocurre eso es porque hubo una violación: le corresponde sin lugar a dudas el derecho a abortar”, explicó y agregó que “negar abortos en casos de violación es tortura”.

“Acá siguen negando el aborto, le quieren hacer una cesárea prematura. Esto es denunciable. Los antiderechos actúan tanto porque se sienten impunes, entonces van avanzando de forma cada vez más perversa. Le mintieron descaradamente a la familia. Violaron la intimidad de la nena: hasta yo sé que la cesárea va a ser el viernes a la mañana. Además, la cesárea no es un método abortivo, es para hacer partos”, amplió y concluyó: “Yo denunciaría a esos profesionales de la salud por tortura”.

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Se acerca el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres y disidencias, y nos obligamos a hacer balances con el cuerpo aun conmovido porque estamos haciendo historia. Cómo es la organización y el resistir feministas en Tucumán y Salta.

El jardín de las mariposas

La noche del 20 de marzo de 2014 estaba cálida, calma, apacible, en Tafì del Valle, el lugar donde Belén nació y vivió en Tucumán antes de que le quitaran su libertad tras un aborto espontáneo. Soy tucumana desde la panza, dice Belén hoy alejada de su provincia y quien todavía debe proteger su identidad a más de dos años de conseguir su liberación y absolución por un crimen que le plantaron sin pruebas*.

Aquella noche, Belén había cenado pizza con su familia. ¡Cómo voy a olvidarme si es mi comida preferida y esa noche me cambió la vida para siempre!, dice y que de repente la noche se tornó fría, que ruidos y gente hablando, y que luego no entendió más nada.

Tras su liberación, Belén huyó del Tucumán de sus amores a un exilio de cabotaje que continúa hoy y que quizá, alguna vez no muy lejana, los libros de historia argentina entiendan y expliquen en su dimensión política. Porque de la provincia declarada a favor de la vida, la de legisladorxs apañuelados celestes y devotos cristianos, la que se manifestó en contra del aborto legal hasta en casos de violación, la joven de entonces 27 años tuvo que escapar en el anonimato y buscar refugio.

“Los sectores conservadores de Tucumán han sido muy fuertes siempre, antes y después del debate por el aborto en el Congreso”, precisa Noelia Aisama, Integrante de Mujeres X Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir. Pero las mariposas habitan también el jardín de la República, y salen con sus pañuelos verde. “Distintas organizaciones provinciales, nacionales e internacionales se manifestaron rápidamente en contra del reciente proyecto que se presentó para obstaculizar el acceso a prácticas de interrupción del embarazo que son legales desde 1921”, señala Noelia como expresión de fortalecimiento del feminismo en su provincia.

Nada será igual en Tucumán tras la experiencia que dejó la Mesa de Libertad para Belén. La provincia que se pronunció a favor de la vida, la misma que no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, cuenta con la tasa de femicidios más alta del país: 1.10 cada 100.000 habitantes. De enero a noviembre de 2018, en la provincia hoy gobernada por Juan Luis Manzur, 16 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres. Son datos del informe de la Casa del Encuentro que, con ese número, ubica a Tucumán en el cuarto puesto en valores absolutos, antecedida por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Mal de muchas no consuela a ninguna. La violencia hacia las mujeres y la falta de acceso a salud sexual no se circunscribe a la provincia de Tucumán y es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas. La ONU señala que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental, solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. A nivel mundial en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor fue su compañero sentimental o un miembro de su familia. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.

“Tucumán posiblemente sea el único lugar donde las movilizaciones convocadas por la iglesia contra la aprobación del aborto legal fueron más grandes que las protagonizadas por la marea verde. En estas movilizaciones el gobierno provincial, con todos estos partidos, jugo un rol central encabezando las marchas y poniendo todas las instituciones del Estado al servicio de la reacción”, señala Alejandra Castillo, integrante del Plenario de Trabajadoras, Tucumán.

Salta, la hereje

Pegadita a la provincia de Belén está la provincia de Juana, la niña wichi de 12 años que, en 2016, para los mismos meses en que la joven tucumana peleaba por su liberación, luchaba por acceder a la interrupción legal del embarazo. Las autoridades de Salta le negaron a Juana su derecho, y la niña fue forzada a continuar con el embarazo producto de una violación perpetrada por 9 criollos. A Juana también la forzaron a pasar por una cesárea y a adelantar el parto porque el feto era anencefálico.

En ese derrotero de violaciones de los derechos de mujeres y niñas, estrecharon los lazos las agrupaciones por #JusticiaPorJuana, #AbsoluciónDeBelén y la eliminación del Protocolo 1.170, que hasta mayo de 2018 restringió el acceso al aborto no punible y que el gobernador Juan Manuel Urtubey se vio forzado a derogar cuando la marea verde avanzaba en el Congreso y su provincia quedaba expuesta por el caso de otra niña embarazada tras violaciones sistemáticas de su padrastro, y a quien se le negó a la práctica legal. No es poco lo que las salteñas por el derecho de las mujeres lograron entonces en la provincia en que todxs lxs diputadxs senadorxs votarían en contra del aborto legal en la Argentina. Para el mes de agosto, los sectores reaccionarios de ambas provincias también se unieron y lograron que dos mujeres, la senadora María Cristina del Valle Fiore Viñuales del Partido Renovador de Salta y la tucumana Silvia Beatriz Elías de Pérez, protagonizaran la campaña antiderechos con acusaciones por venta de órganos de fetos, equiparación con la legalización del homicidio y celebración de los partos forzados en niñas violadas.

“Hubo un amplio sector de la sociedad salteña que estuvo militando a favor del aborto y que no encontró ninguna representación en el Congreso de la Nación. Nunca se había visto que se movilizara esa cantidad de personas en Salta, que tiene una historia de conservadurismo religioso. Se puso en vilo lo que es visto como la salteñidad”, señaló Mónica Menini, abogada feminista salteña, especialista en atención de violencia de género e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Tras la media sanción de la ley en Diputados, se vio con fuerza la embestida del lobby de la iglesia Católica, por un lado, con Fiore a la cabeza en el Senado; y de la iglesia Evangélica, por otro, movilizando feligreses en las calles. Pero la necesidad tiene cara de hereje, y donde existe una necesidad nace un derecho. Los últimos datos oficiales dicen que la herejía en Salta está a la altura de la falta de acceso a la salud y educación sexual: es la provincia con la tasa más alta de incidencia de egresos hospitalarios por abortos en mujeres menores de 25 años y que con 1764 casos ocupa el segundo lugar detrás de Buenos Aires con 5959.

En la linda, la campaña por el aborto legal que comenzó con los martes verdes y pañuelazos en el mes de marzo continúa al día de hoy. “Desde que comenzó ese activismo, ya no paró. Hay una participación de estudiantes muy fuerte y con mucho protagonismo que continúa en la defensa de la educación sexual integral”, señala Menini.

Para Marta César, Presidenta Multisectorial de Mujeres de Salta, el rechazo del proyecto de legalización del embarazo por el Senado resultó en una avanzada de la ola restauradora de lo peor del patriarcado en su provincia, que busca imponer el modelo tradicional de familia, desconocer que hay otros tipos de familia no-binarias y hetero-normativas, excluir la diversidad sexual y eliminar la educación sexual integral. “Los sectores reaccionarios ahora pretenden imponer un discurso de que ganaron una batalla cultural, de que la sociedad le dijo que no a la legalización del aborto cuando eso es una gran falacia porque fueron 38 los senadores que votaron por el no y 31 votaron por el sí y que representan a millones del país”, enfatiza César y destaca el despliegue de la senadora Fiore para organizar congresos de mujeres provida con hombres como protagonistas: “No entendemos nada. ¿Qué tiene que ver que los hombres vengan a hablar y a designar el mundo por nosotras?”

Las últimas estadísticas del Ministerio de la Nación dicen que la provincia con todes sus legisladores provida y mayoría detractora de la educación sexual integral tiene también la mayor cantidad de víctimas de abusos sexuales del NOA alcanzando los 290 y es la tercera a nivel nacional después de Buenos Aires y Mendoza. Además, según el “Registro de Femicidios de la Justicia Argentina”, llevado a cabo por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, reveló que la situación más terrible ocurre en Salta, con 2,74 femicidios cada 100 mil mujeres.

Linda y hereje, Salta se prepara para marchar el próximo lunes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en repudio a quienes votaron las leyes del ajuste y en contra de las mujeres, contra el fundamentalismo religioso, y por la implementación de la ESI y la Ley de Cupo Laboral Trans.

*Algunos datos han sido modificados para preservar la intimidad de la víctima y familiares.

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A puerta cerrada y con Legislatura vallada, lxs legisladorxs de Tucumán aprobaron este viernes por la mañana el nombramiento de Washington Navarro Dávila, actual titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, como primer ministro público de la Defensa. Con 38 legisladores a favor y siete en contra, Navarro Dávila, cuestionado por mantener a la joven Belén en la cárcel por 881 días, será quien lidere la defensa de las y los ciudadanos que no pueden pagar letrado particular.

La comisión parlamentaria de Peticiones y Acuerdos ya había dado dictamen favorable para que se respaldara el nombramiento del funcionario judicial, como lo solicitara el gobernador, Juan Manzur, desoyendo a organizaciones sociales y políticas defensoras de derechos humanos y especialmente de las mujeres que se manifestaron en alerta ante la posible designación e informaron al gobernador provincial su preocupación.

Desde la Fundación Mujeres X Mujeres, repudiaron la designación de Navarro Dávila por su actuación como fiscal en la causa Belén. En tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh, Tucumán) presentó impugnación agregando como fundamento la actuación del fiscal en una causa contra el personal de la Comisaría V de San Miguel de Tucumán, que fue denunciado por torturas, trato cruel y degradante, hurto y abuso sexual por una mujer en el año 2012. En el escrito, APDH señaló que pese a la gravedad de la denuncia “el fiscal no ordenó medidas de pruebas dirimentes solicitadas por la querella hasta el año siguiente”, y como broche de oro, “le dio intervención para realizar medidas de prueba a la policía local a pesar de que pertenecían a la misma fuerza acusada de torturas”. Echan la ley y encubren la trampa.

El repudio al nombramiento de Navarro Dávila se fundamentó también en la detención de un joven imputado por robo agravado, que fue arrestado en el lugar del hecho en marzo de este año, que entonces portaba un arma de juguete, que posee discapacidad mental y certificado que lo acredita, es huérfano y vive en condiciones de vulnerabilidad extrema. Cuando Navarro Dávila asuma como ministro de la Defensa, la representación de personas como Belén y ese joven estarán en manos de su gestión. “Creemos que no cuenta ni con perspectiva de género ni respeto de las garantías básicas ni formación en derechos humanos para representar a personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. Si actuó como fiscal como lo hizo, cómo será si tiene a su cargo la supervisión del resto de los defensores, cuando lo que hizo fue demostrar un claro desprecio de las personas que están en esas condiciones”, señaló Mariana Álvarez, abogada y referente de Apdh Tucumán.

En la legislatura provincial y los medios locales, cargaron las tintas en que el nuevo ministro de la Defensa tardó 11 años en obtener el diploma de abogado, logró un promedio de 4 y tuvo 31 aplazos mientras cursaba la carrera en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Poco se se dijo sobre su formación en derechos humanos, su desempeño como fiscal, su vinculación con el poder político, su formación en violencias. Se sabe, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge o parientes.

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