Durante la entrevista Bini aseguró no tener idea de qué se le acusa desde hace nueve meses que está privado de su libertad. Su equipo jurídico tampoco lo sabe: “El Gobierno ecuatoriano nunca ha dicho el motivo real. Cuando me arrestaron me acusaron de haber atacado la integridad de sistemas informáticos pero no dijeron cuáles sistemas informáticos”.

Maria Paula Romo, ministra del gobierno de Ecuador ha asegurado, según Bini, que el desarrollador ha trabajado con el excanciller Ricardo Patiño, del gobierno de Rafael Correa () para desastibilizar el actual gobierno de Lenin Moreno. A su vez, el actual Presidente de Ecuador ha declarado públicamente que Bini tiene una relación criminal con Julian Assange (expulsado de la embajada de Ecuador en el Reino Unido y entregado al gobierno británico el mismo día de la captura de Bini).

“Soy amigo de Julian Assange, nunca he trabajado con él en nada, ni he trabajado con Wikileaks en alguna cosa, pero ellos acusan de que yo trabajé con él para desestabilizar el Gobierno”.

Pantallazos de la fiscalía

Según Bini, cuando se le arrestó no se le acusó legalmente de nada: “unas 30 horas después de mi captura, finalmente me acusaron de un delito, de todos los posibles crímenes, de la violación al artículo número 232, que es el ataque sobre la integridad de los sistemas informáticos pero nunca especificaron cuáles sistemas informáticos”.

Dos días antes de la audiencia frente a un juez, la Fiscalía cambió los cargos contra Bini. Se le acusa de violentar el artículo número 234, que refiere al acceso no autorizado a un sistema informático, y lo que tiene la fiscalia de Ecuador es una foto, un pantallazo, que muestra la irrupción de Bini a un sistema informático propiedad de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones -CNT-.

Los peritos de la acusación, quienes revisan la calidad y vericidad de las pruebas en un juicio, ya concluyeron que no pueden hacer ninguna extracción de datos informáticos de la fotografía presentada por la fiscalía, es decir, no existe ninguna evidencia para condenar a Bini por medio de ese pantallazo.

“La acusación de la intrusión es de octubre de 2015, contra la CNT, y eso fue durante el gobierno de Correa. La CNT es una empresa pública, si ellos necesitaban alguna información tendrían maneras más fáciles de hacerlo que pedir a alguien como yo que interrumpa en la CNT” añade Bini.

Defensa de los derechos humanos digitales

“Es absurda la idea de los derechos digitales, los derechos humanos deben ser los mismos sin importan dónde están en el mundo real. Vivimos mucha de nuestra vida en el mundo digital entonces es real”, explicó Bini para introducir los motivos que desde hace treinta años lo definen como ser humano y que hoy defiende contra el abuso de la privacidad de las personas.

“El derecho a la seguridad y la privacidad es mucho mejor protegido en el mundo analógico, la vigilancia en el mundo digital es más fácil y muchos gobiernos sostienen que el lugar digital es distinto y no tiene los mismos derechos […] Los derechos deben ser iguales donde sea, no es una declaración muy radical decir eso pero muchas personas creen loco decirlo”, sentenció Bini.

El gobierno de Lenin Moreno actualmente hostiga y violenta los derechos de Ola Bini. Entre risas, viviendo la difícil situación, Bini aseguró que: “La mayoría de los días hay carros parqueados fuera de mi edificio, siguiéndome cuando salgo al trabajo, o cuando voy a cualquier lado. A veces la vigilancia es más pesada, a veces no están, pero en general, desde que salí de prisión me siguen a casi cualquier lado”.

Entrevista completa:

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El Acuerdo Transpacífico anunciado por los 12 países firmantes representa, junto al TTIP y el TISA, la respuesta estadounidense al nuevo poderío chino. En medio de un secretismo absoluto, se negocian sistemas judiciales paralelos y extensión de beneficios para grandes farmacéuticas.

150 mil personas se manifestaron el pasado viernes en Berlín en contra el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP según sus cifras en inglés). Hace más de un mes, la movilización popular en Uruguay y la presión interna del Frente Amplio logró que el Ejecutivo abandonara las negociaciones por Tratado de Libre Comercio e Inversiones sobre Servicios (TISA). Y diversas movilizaciones están programadas alrededor del mundo en contra del Acuerdo Transpacífico (TPP), que el pasado lunes 5 fue anunciado por el presidente de Estados Unidos Barack Obama.

Los tres acuerdos son articulados y promovidos por Estados Unidos, con el fin de contrarrestar la creciente influencia china en el mercado mundial. Si hay algo que caracteriza a los tratados es el secretismo absoluto con el que se han llevado a cabo las negociaciones. Solo los grupos negociadores de los países y representantes de las grandes empresas transnacionales han tenido acceso a las negociaciones, según reveló la última filtración de Wikieaks. El documento sobre Propiedad Intelectual tiene fecha del 5 de octubre, mismo día en que los 12 estados miembros anunciaron el fin de 5 años de negociaciones.

El TPP es por sí solo el acuerdo comercial más grande de la historia. Involucra a Japón, Vietnam, Malasia, Brunei, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Los doce países representan el 40% del PIB mundial, el 25% del comercio internacional y abarcan a más de 800 millones de personas.

Las primeras conversaciones se dieron en 2005 entre Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei. Estados Unidos se sumó en 2008 por iniciativa de Barack Obama, dispuesto a hacer de los distintos tratados comerciales un arma geopolítica para contrarrestar el empoderamiento de China y los BRICS.

Tras el acuerdo llegado el pasado lunes, los países tienen dos años para que sus respectivos Congresos aprueben el TPP. Aunque se espera que la firma final esté antes de eso. Una de las cláusulas determina que el acuerdo entrará en vigencia cuando se apruebe en los países que representen el 85% del PBI de los 12 involucrados. Así, el visto bueno del Congreso estadounidense sería el paso más importante para la concreción. Aunque también crece la oposición interna. Hilary Clinton, de campaña como pre candidata demócrata a la Casa Blanca, criticó el TPP y dijo que sería perjudicial para Estados Unidos.

Sistema judicial alternativo, protección de grandes farmacéuticas y libertad de expresión

En principio, el TPP se presenta como un acuerdo de rebaja arancelaria entre los países que lo componen. Pero solo 6 de los 30 capítulos tratan sobre aranceles. El ejemplo de Chile es gráfico: El país ya tiene Tratados de Libre Comercio con el resto de las 11 naciones que firman el TPP, por lo que ya cuenta con beneficios arancelarios. Pero el acuerdo abarca una diversidad de temas más amplios que solo aranceles: Negocia acceso a mercados, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias, defensa comercial, competencia, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, entrada temporal servicios financieros, asuntos legales, propiedad intelectual, medio ambiente, cooperación, coherencia regulatoria, competitividad, desarrollo y pequeñas y medianas empresas.

El TPP propone (al igual que el TTIP para la Unión Europea) un mecanismo ad-hoc para resolver conflictos. El IDS (Investor-State Dispute Settlement system), un órgano judicial paralelo que le entrega a las empresas el derecho a demandar a los Estados cuando se incumplen las condiciones del acuerdo. Por ejemplo, cuando un cambio es la legislación de un país sea un obstáculo para el comercio. Los “jueces” serán nombrados uno por cada parte y entre ambos nominarán a un tercero. Entre ellos deciden a favor de la corporación o del Estado, y el tribunal se disuelve. Este sistema ya funciona en varios tratados internacionales. En 2014, se iniciaron 49 casos de demandas de IDS.

La regulación sobre los medicamentos es otro de los temas más sensibles. Estados Unidos intentó desde el comienzo cifrar en 12 años los derechos de protección para productos biológicos. Esto beneficia a las grandes farmacéuticas, que retrasan la liberación de los medicamentos genéricos que tienen un precio menor en el mercado. La presión de otros países logró que se mantuvieran en 5 años, pero considera mecanismos de control de otros 3 antes de la comercialización masiva. En la práctica, serán 8 años de protección de medicamentos antes que otras cadenas más pequeñas los distribuyan a precios más bajos. Además, el TPP considera la certificación, un mecanismo de la legislación estadounidense que permite que el país certifique si otro Estado, en el marco de un acuerdo comercial, ha aplicado el tratado. Este puede suspenderse –y un país quedar afuera del TPP– si se considera que la legislación local no está de acuerdo al estándar norteamericano.

En Perú, por ejemplo, la última filtración de Wikileaks contradijo a la ministra de Comercio Exterior Magali Silva, quien dijo que los precios de los medicamentos no iban a aumentar con el TPP. El país aceptó la ampliación de patentes por demoras “no razonables”, lo que en la práctica significa que si una farmacéutica determina que el Estado se ha demorado en entregarle la patente, tendrá un tiempo extra de monopolio comercial. Además, Perú también suscribió a un plazo “no menor” de 3 años de ampliación de exclusividad comercial si se descubren nuevos usos clínicos.

Pese a estar en contradicción con la normativa de la Comunidad Andina sobre Propiedad Intelectual, el capítulo filtrado dice en su página 60: “Perú se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para obtener una excepción de la Comunidad Andina que le permita ajustar la duración de la patente de una manera compatible con el artículo QQ.E.12.3 . y QQ.E.14.2”.

Otro punto tiene que ver con los derechos en Internet. Se incluye un sistema de responsabilidad de internet. Así, los proveedores del servicio pueden determinar unilateralmente cuando se infringe la propiedad intelectual, con penas para los usuarios. Además de una extensión retroactiva del copyright por 20 años.

En el mundo multipolar que se comienza a dibujar, las transnacionales hacen sentir su posición: quieren –y probablemente conseguirán– una inyección de neoliberalismo a nivel mundial.

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