A la par, el gobierno de Noboa busca una consulta popular para convocar  a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución a su medida. El No a la consulta popular ya está presente en las consignas de las diversas protestas de un Paro Nacional descentralizado, expandido en distintas ciudades y que sigue su cocina a fuego lento.

Por Ana Acosta –  @yakuana (Publicado originalmente en Wambra) | Fotos: Wambra

La convocatoria al paro

Una mujer indígena, con falda, botas de caucho levanta su mano frente a un pelotón de al menos treinta militares armados y protegidos con escudos, cascos y máscaras, en una carretera en Imbabura. Un joven con la bandera de Ecuador baila sobre el techo de una parada de transporte público, en Quito, mientras otros y otras cantan. Una movilización de más de 100 mil personas recorre las calles de Cuenca, como un río: “el quinto río”, lo llamaron, en defensa del agua y en contra de la minería en Kimsacocha, una reserva de agua de la tercera ciudad más grande del país. Indígenas y campesinos con poncho rojo caminan en Latacunga para decir que “si sube el diésel sube todo” y que el trabajo de las manos del campo no van a “subsidiar a los de arriba”. En la Amazonía, mujeres indígenas levantan su palabra y le dicen al gobierno que la selva no está en venta.

Desde el 19 de septiembre de 2025, Ecuador vive varios vórtices de protestas, en distintas ciudades del país y con diversas demandas contra el gobierno de Daniel Noboa. El activador fue el decreto 126, que elimina el subsidio a diésel, firmado el 12 de septiembre, con el que el precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, y podrá subir o bajar dependiendo del costo del barril de petróleo West Texas Intermediate, WTI, que el gobierno adoptó, cuyo valor fluctúa diariamente debido a la oferta y demanda de petróleo o a factores geopolíticos.

La medida de Noboa cumple con los planes requeridos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para el desembolso de un nuevo préstamo de 4 mil millones de dólares, el tercero entregado a Ecuador en los últimos seis años. Medida que ya la intentaron cumplir dos gobiernos anteriores.

En 2019, Lenín Moreno y, en 2022, Guillermo Lasso emitieron decretos para eliminar este subsidio. Sin embargo, en las dos ocasiones, un Paro Nacional y un Levantamiento Indígena sostenido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y otras organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, feministas, disidencias, estudiantes, trabajadores, detuvieron la medida. Noboa vuelve a implementar la misma receta, y, como era de esperarse, las protestas vuelven a surgir. Pero en esta ocasión, hay varias cosas que marcan una diferencia, tanto para el gobierno como para la organización social.

Militarización y criminalización de la protesta en un contexto de autoritarismo

Militares en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, el miércoles 01 de octubre durante manifestación de estudiantes y artistas. foto: Wambra medio comunitario.

Ecuador no es el mismo de 2019 y 2022. Desde enero de 2024, con el llamado “conflicto armado interno” que el gobierno de Daniel Noboa declaró mediante decreto 111, el país se embarcó en un camino sinuoso que combina una política de militarización de la seguridad, un creciente autoritarismo que ha decantado en graves violaciones a derechos humanos y un aumento de la desigualdad.

Como dice el informe de Amnistía Internacional, del 23 de septiembre de 2025,  Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador : “Las autoridades ecuatorianas han apostado por la militarización de la seguridad pública, a pesar de que esto contraviene estándares y normas de derecho internacional y que ha dado lugar a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos”.

En esta política, el gobierno de Noboa sostiene que hay una guerra con “enemigos internos” y como respuesta anunció la implementación del llamado Plan Fenix, pero hasta ahora, los indicadores de inseguridad no dejan de subir. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios  intencionales, esto representa un incremento del 47% respecto al mismo  periodo en 2024. “La cifra de homicidios semestral es la más alta  registrada en la historia reciente de Ecuador.” dice el informe.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su informe «Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador», registra 33 personas detenidas desaparecidas por patrullas militares durante el 2024 en provincias de la costa, 7 de ellas son menores de edad. Además se conoce de 9 personas detenidas desaparecidas registradas por la Defensoria del Pueblo del Ecuador, que estarían en investigación por parte de la Fiscalía. Es decir, serian 42 personas detenidas desaparecidas por militares.

Siguiendo la misma política de gobierno por decreto, Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias de Ecuador, por 60 días, con medidas que incluyen la suspensión de la libertad de reunión y la participación de militares en el control de la protesta. A esto se sumó, el  trasladó la sede del ejecutivo a Latacunga, y la sede de la vicepresidencia a Imbabura. Dos provincias con mayor población indígena y dos de los puntos de mayor convocatoria de las movilizaciones de 2019 y 2022. Latacunga, además, es la cuna de Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, y uno de los más sólidos liderazgos de izquierda anticapitalista dentro del movimiento indígena y social. Mientras que Otavalo, en Imbabura, es la ciudad natal de la actual vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda. La estrategia buscaba neutralizar los puntos políticos del movimiento indígena y mantener a la capital, Quito, alejada de las acciones de hecho; sin embargo, el efecto fue diferente: la protesta se descentralizó y se expandió a otros territorios.

En este contexto, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció un Paro Nacional, el 19 de septiembre, y las protestas se activaron en distintas ciudades, el gobierno de Noboa buscó establecer una relación entre los grupos de delincuencia organizada y narcotráfico, con las organizaciones indígenas, campesinas y defensoras de la naturaleza y los derechos humanos que convocaron a la protesta. Esta narrativa tampoco es nueva.

Guillermo Lasso y su ministro de gobierno, Patricio Carrillo, durante el Paro de 2022, afirmaron que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico, sin poder probarlo. Lasso dejó la presidencia después de la llamada “muerte cruzada” con varias acusaciones de corrupción en su contra. En 2024, Danilo Carrera, su cuñado y  ex directivo del Banco de Guayaquil, fue sentenciado por la Fiscalía a diez años de prisión por el delito de “delincuencia organizada” en el Caso Encuentro. Carrera también fue relacionado con uno de los narcotraficantes de la mafia albanesa, Rubén Cherrez.

Patricio Carrillo, en cambio, en 2023, fue censurado en un jucio político por incumplimiento de funciones durante el Paro Nacional de junio de 2022 por la falta de seguridad en el país, la crisis carcelaria y el femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada por su pareja, Germán Cáceres, un Policía en servicio activo, dentro de una Escuela Policial, en 2022.

El gobierno de Noboa volvió a levantar la misma narrativa para deslegitimar las protestas. El ministro de defensa, Gian Carlo Loffredo, en una entrevista en Radio Centro, vestido con chaqueta de camuflaje militar lo dijo: “Cualquiera que atente contra las fuerzas del orden, sea policías y militares, están atentando contra la seguridad nacional”. Ante la pregunta del periodista “¿ustedes van abatir al enemigo?”, el ministro respondió: “no es abatir o no abatir, sino neutralizar al enemigo y sacarlo de circulación, porque las calles son para la gente de bien y la cárcel para los malos. La forma es entregarles a la justicia por los actos de terrorismo que están causando”

En la misma línea, después de la detención de 13 personas en las protestas de Otavalo, el presidente Noboa publicó un tuit en el que relacionó, sin colocar pruebas que lo demuestren, a los manifestantes con las mafias: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua.” Esto porque una de las personas detenidas es de nacionalidad venezolana. La organización “Corredores Migratorios” denunció que William Rojas es migrante de Venezuela, padre de una hija y antes de su detención trabajaba como vendedor de boletos en unos juegos mecánicos. La organización denunció, además, que su hija, Deysimar, de dos años, quedó sola.

William es parte de los 13 detenidos en las protestas de Otavalo a quienes la Fiscalía los acusa de “terrorismo” y busca responsabilizarlos por la quema de vehículos policiales y del Comando y la Policía Judicial de Otavalo. Este delito está tipificado con hasta 30 años de prisión. Los otros detenidos son jóvenes indígenas, comuneros y campesinos. A ellos se suma Gina Cahuasquí,  una joven indígena que fue detenida cuando pedía a los policías que no lanzaran más bombas lacrimógenas. Gina fue liberada pero continúa judicializada, mientras los 12 detenidos fueron trasladados a cárceles en otras provincias, lejos de sus familias, en Portoviejo y Esmeraldas, donde ocurrió una masacre con 17 personas fallecidas, esto a pesar de que las prisiones se encuentran militarizadas desde enero del 2024.

No son los únicos. La Fiscalía ha accionado denuncias penales contra de una diversidad de líderes sociales. Defensores del agua de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, fueron notificados por el delito de “asociación ilícita”. Nohelia Ochoa, dirigente estudiantil de la Universidad de Cuenca, fue denunciada por “paralización de servicios públicos”. Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie, fue acusado por “instigación” en el Paro, esta denuncia se suma a otras por “secuestro” y por “terrorismo”.

Frente a esto, las personas movilizadas impulsaron la campaña para decirle al gobierno: “Somos campesinos, no terroristas; somos estudiantes, no terroristas”

Bloqueo de cuentas bancarias y suspensión de medios comunitarios

El gobierno de Noboa no sólo desplegó la Fuerza Pública como si las protestas de sectores sociales significaran una declaración de guerra, sino que también puso en acción a organismos de control y vigilancia estatal, cuyos fines eran controlar a las mafias.

Desde el 19 de septiembre, líderes sociales denunciaron el bloqueo de cuentas bancarias. El gobierno usó un artículo de la llamada Ley de Fundaciones, aprobada por la Asamblea Nacional para controlar el flujo de dinero ilícito y el lavado de activos. Sin embargo, la ley no se usó para las mafias, ya que el ministro de gobierno, John Reimberg,  aceptó que lo usaron para controlar el “financiamiento de la protesta”. La Fiscalía abrió una investigación a 58 personas por el delito de “enriquecimiento privado no justificado”. Entre las personas que bloquearon sus cuentas está el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas; defensores del agua de Cuenca; la viceprefecta de Imbabura, defensores del bosque de Intag, líderes amazónicos; ex dirigentes y dirigentas de la CONAIE, ECUARUNARIA, CONFENIAE y de Pachakutik, la directora de Fundación Pachamama, entre otros.

A esto se sumó el hostigamiento a medios de comunicación comunitarios y alternativos. El 23 de septiembre, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, suspendió la señal del canal 47 UHF TVMICC, la televisión comunitaria del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. En la resolución dice que esto se hace “con el fin de precautelar el orden público y la seguridad nacional”. TVMICC es la primera televisión comunitaria de Ecuador y realizó las coberturas de las movilizaciones que indígenas y campesinos de Latacunga realizaron para rechazar la presencia del presidente Noboa en la gobernación de Cotopaxi.

La muerte de Efraín y el uso de armas letales

Un video de cámaras de seguridad muestran a una persona tirada en el piso. Varios manifestantes se acercan a auxiliarla, pero un camión con militares armados llega. Solo un manifestante se queda junto al cuerpo y lo abraza. Militares se acercan, lo patean, lo golpean con sus armas, a él y al cuerpo de su compañero herido, hoy sabemos, de muerte.

Efraín Fueres murió durante las protestas en Pinsanquí, Imbabura, el domingo 28 de septiembre. Tenía 46 años, padre de dos niños, artesano y maestro de construcción, comunero indígena y líder comunitario de Cuicocha, comunidad Inguintzala perteneciente a la organización UNORCAC. Dayuma Amores, abogada de INREDH, participó en el levantamiento del cadáver y cuenta que Efraín muere por el impacto de una bala de arma letal que entró por su espalda, esto, para ella, demuestra que las Fuerzas Armadas no están haciendo el uso progresivo de la Fuerza para controlar las protestas:  “Hemos visto, sobre todo en el caso de Efraín, que las armas de fuego fueron la regla general, disparando sin ninguna contemplación a los manifestantes y puede ser eso, ya lo determinarán las investigaciones, pero podemos presumir que por eso el disparo de Efraín entra por su espalda, porque los manifestantes están corriendo desprotegidos, desarmados y que reciban un disparo por la espalda muestra que el uso de la Fuerza no fue progresivo, fue letal y fue con la intención de causar un daño letal”.

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Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

La Alianza de Derechos Humanos, en su monitoreo de vulneraciones del Paro 2025, con corte del 28 de septiembre, documenta 109 reportes de vulneraciones a derechos humano. La organización registra 63 personas detenidas y al menos 48 personas heridas, 6 personas detenidas desaparecidas y 1 persona fallecida “todos estos hechos se han dado en el marco de las acciones de intervención de miembros de la fuerza pública.” Hasta el momento no existen cifras oficiales actualizadas, incumpliendo con ello la obligación estatal de proporcionar información oficial oportuna y transparente. La última cifra que entregó el Ministerio del Interior de fecha 26 de septiembre fue de aproximadamente 100 personas detenidas.” dice el informe.

Una Consulta Popular y el deseo de una Asamblea Constituyente a la medida

Como si de una máquina acelerada se tratara, días después del decreto de eliminación del diésel, Noboa emitió el decreto 148, para una Consulta Popular que apruebe la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al igual que lo hizo con el Derecho Internacional, cuando invadió la embajada mexicana, Noboa buscaba pasar por encima del control de la Corte Constitucional y que el Consejo Nacional Electoral, CNE, incluyera la pregunta sobre la constituyente dentro de la Consulta Popular ya aprobada.

Según la Constitución ecuatoriana toda propuesta de consulta popular debe pasar por la revisión de la Corte, quien debe analizar la constitucionalidad de las preguntas y emitir un dictamen favorable o no. En la noche del viernes 19 de septiembre, Noboa emitió el decreto y el CNE convocó para las ocho de la mañana para sesionar sobre el inicio del proceso electoral. Pero la Corte sesionó en la noche para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del decreto. Esa noche, policías rodearon la Corte y obligaron a las y los jueces a salir por una supuesta amenaza de bomba. Esto fue visto como una forma de presión y hostigamiento a la Corte para que no emita una resolución.

El domingo 21 de septiembre, el CNE, sesionó y dio inicio al proceso electoral con las preguntas ya aprobadas por la Corte sobre si se permite la instalación de bases militares extranjeras, algo que hoy prohíbe la Constitución; y una pregunta sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, algo que busca desfinanciar a los partidos y movimientos opositores. Mientras que sobre la pregunta referente a la Constituyente, el CNE solicitó a la Corte que se pronuncie.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y sociedad civil expresaron su preocupación frente “al clima de hostigamiento y presión” contra la Corte y advirtieron que esto se suma “a un contexto de presiones externas que incluyen interrupciones en el normal funcionamiento de la Corte, campañas de estigmatización pública contra sus integrantes y la reducción de medidas de seguridad previamente otorgadas”.

Ya para el 24 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable y dio paso a la Consulta Popular para preguntar al pueblo ecuatoriano si quiere o no una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. El CNE anunció que la consulta será el 16 de noviembre y tendrá un costo de 59,7 millones.

El No a la constituyente ya está presente dentro de las consignas y carteles en las diversas protestas en todo el país en un Paro Nacional que se sostiene a fuego lento. La CONAIE  presentó diez demandas donde ya hizo un llamado para votar no en la consulta como una forma de rechazar al gobierno de Noboa y sus medidas de ajuste.

Es así que el Paro de 2025 tal vez no logre que el gobierno dé marcha atrás en el decreto de aumento del diésel; sin embargo, el crecimiento del descontento,  la negativa al diálogo y los ataques a múltiples organizaciones están configurando una articulación anti Noboa que pueden tener un efecto en los resultados de la consulta popular y detener el anhelo de una Constitución a la medida del autoritario de Carondelet.

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Por Sybel Martinez @sybelmartinez | Edición: Ana María Acosta @yakuana

Ilustración: Vilma Vargas @vilmavargasva

Ricardo* no dejó una carta de despedida, pero su compañera de vida, un día antes de su muerte, recibió un correo electrónico que contenía una carpeta con todos los documentos escaneados, correos y mensajes de WhatsApp relacionados con el abuso sexual sistemático que vivió por parte F.G. Cadena, un coadjuntor —religioso laico—  del Centro Juvenil San Patricio, de la comunidad salesiana, en 1987. Del expediente que Ricardo armó durante 36 años y que lo mantuvo en su poder hasta su muerte, al menos once vicarios de alta jerarquía eclesial, aquí y en El Vaticano, conocieron su denuncia de abuso sexual. A pesar de esto, el pederasta hoy sigue siendo párroco en Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

La muerte de Ricardo*, en  marzo de 2024, fue noticia porque ocurrió dentro de la Asamblea Nacional; días antes él fue visto con una carpeta pidiendo ser escuchado. Lo que llevaba en sus manos no era su hoja de vida en busca de trabajo, era su búsqueda de justicia.

Una cárcel llamada San Patricio

Ricardo* tenía trece años y seis meses cuando ingresó al Centro Juvenil San Patricio, CJSP, en agosto de 1985. Antes de eso, había vivido un año en la calle y dos meses en un albergue temporal conocido como ‘El Sótano’, ubicado en el lugar donde hoy se encuentra la Universidad Salesiana, en Quito. Según Ricardo, la estancia en este albergue era obligatoria como paso previo para ingresar al Centro Juvenil.

Sentir que finalmente tenía un lugar permanente para dormir, alimentarse y vivir seguro le generó muchas expectativas. Sin embargo, esa alegría fue efímera. Durante el primer semestre en San Patricio, la violencia entre los internos era incluso peor a la que Ricardo había experimentado en las calles. Según sus propias palabras, “ni la seguridad de tener comida todos los días ni una cama para dormir justificaban tanta agresión dentro del grupo”. La violencia física era constante. Mientras que la sexualidad —un tema en permanente tensión— orillaba a los chicos a demostrar su virilidad; incluso debiendo mostrar su pene erecto al resto del grupo en múltiples ocasiones. Por supuesto, ninguna expresión de feminidad era permitida.

Varias veces Ricardo intentó escapar y volver a vivir en las calles siguiendo su propio ritmo de vida. Sin embargo, con el tiempo encontró cierta protección temporal en un grupo de amigos antiguos y nuevos, lo que le permitió sobrevivir los primeros seis meses en el internado. Al comenzar el segundo semestre, alcanzó un nuevo estatus social, al dejar de ser considerado como uno de los recién llegados, lo que le brindó  tranquilidad, al menos en algunos momentos.

Dentro del Centro Juvenil San Patricio operaba el Proyecto Salesiano “Chicos de la Calle”, cuyas áreas de enfoque eran la acogida temprana, la reintegración familiar y educativa, así como la formación técnica y artesanal; además de la educación religiosa, entre otros aspectos. El objetivo principal era atender a niños y adolescentes varones en situación de calle, abordando problemáticas como la callejización, el consumo inicial de sustancias psicoactivas, la explotación sexual, el maltrato, entre otras vulneraciones a sus derechos.

Durante la época en la que Ricardo permaneció en San Patricio, el centro albergó entre 80 y 125 niños y adolescentes de 6 a 18 años. A pesar de ser un programa de internamiento con un enfoque especial en la protección, los internos no estaban organizados en grupos según sus edades, y carecían de un seguimiento individualizado.

Además, el Centro Juvenil San Patricio, CJSP, no contaba con suficientes profesionales a tiempo completo. Durante las noches, vacaciones o días festivos, los jóvenes quedaban bajo la supervisión de voluntarios religiosos o personas en formación sacerdotal, que eran insuficientes en número y carecían de formación especializada.

Después de pasar un año en el internado, Ricardo se adaptó a la dinámica del Centro y continúo una carrera de carpintería. Comenzó a destacar en sus estudios siendo elegido con frecuencia para hablar en público sobre los beneficios del programa de educación e inserción social

Llegó el tercer año de permanencia en el Centro, un período muy confuso y doloroso para Ricardo, que aunque siempre destacaba en lo académico y tenía mucho potencial, psicológicamente estaba devastado. Ricardo comenzó a ser abusado sexualmente por uno de los hermanos coadjuntores salesianos del Centro, F.G. Cadena, en principio responsable del taller de sastrería, después educador general a tiempo completo en el CJSP y hoy párroco en la parroquia Sagrada Familia de la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

Pederastia Clerical

Era 1987, Ricardo tenía 15 años, cuando F. G Cadena, de 32 años, comenzó a abusar de él de forma sistemática. Cadena era coadjuntor —un religioso laico, que vive en la comunidad religiosa junto con sacerdotes o diáconos salesianos— , su poder, la autoridad y la confianza, le permitían tener contacto directo y constante con todos los niños y adolescentes internos.

Ricardo narra los inicios del abuso así:

“Recuerdo que había una habitación aislada, lejos del edificio central que servía como enfermería, era un lugar al que no todos tenían acceso, que tenía seguridad y que servía para descansar o recuperarse o aislarse médicamente. No recuerdo exactamente por qué me encontraba en la enfermería pero me viene a la mente que el presbítero F. Cadena, que en ese momento tenía unos 32 años, entró a la enfermería y empezó a acariciarme las piernas, en principio yo lo entendí como un juego puesto que él era muy ‘juguetón’ con todos los internos, pero empezó a acariciarme los genitales”, narra Ricardo, en una declaración, en 2018, ante el llamado “Tribunal Diocesano” en lo que la Iglesia denomina “investigación previa” conformado por el investigador delegado Presbítero Luis Miguel Aldaz y el notario Roque Gavilanes.

Un día Cadena invitó a Ricardo a su habitación a pretexto de mostrarle algo; pese a que era prohibido hacerlo, se las ideó para ingresar con él a su dormitorio, ahí le dio un libro y mientras Ricardo lo ojeaba, sentado al filo de la cama, Cadena, abusó sexualmente de él. Esta dinámica se mantuvo a diario y se convirtió casi en un ritual. Incluso por las noches Cadena obligaba a Ricardo a cruzarse por el muro del tercer piso para ir a su habitación, un par de ocasiones fue encontrado saliendo del cuarto del coadjuntor, por sus compañeros de internado.

A cambio del abuso sistemático, cuando el grupo estaba a cargo de Cadena, Ricardo era “recompensado” con dotaciones extras de comida, exoneraciones de trabajos, de castigos o de tareas forzadas.

El abuso duró casi seis meses y esto generó que Ricardo abandone San Patricio sin terminar el programa. En un certificado de 1989, el director del Centro Juvenil San Patricio, de ese entonces, padre Jaime Calero, dice que Ricardo se retiró “por circunstancias personales”. Pero en realidad la razón fue que Ricardo prefirió volver a las calles, antes que seguir viviendo el abuso del cual era objeto.

Cadena, al poco tiempo, también, salió del Centro Juvenil y fue a trabajar como docente en el Colegio Técnico Don Bosco de La Tola, de Quito. Allí fue donde él y Ricardo se volvieron a encontrar. Cadena no desaprovechó la oportunidad para proponer a su víctima seguir “manteniendo contacto”. Ricardo, esta vez, libre de sometimientos, encierros y ataduras, se negó rotundamente, poniendo un alto a su agresor y al abuso, aunque, en ese momento, no fue capaz de denunciarlo.

“yo me limité a evadir lo más que pude, pero no fui capaz de denunciar, ya que eso al interior de mis compañeros hubiese significado la burla permanente e incluso el aislamiento entre otras cosas. Creo que pesó mucho las consecuencias que se darían de una denuncia que el mismo hecho del abuso. Esto hizo que termine viviendo el abuso incluso como una situación normal.” dice Ricardo, en una carta enviada al inspector salesiano, años después.

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Denunciado al clero: Sacramentorum Sanctitatis Tutelano

Ricardo necesitó dieciséis años para poder hablar y denunciar el abuso sistemático al que fue sometido por F. G. Cadena, en el Centro Juvenil San Patricio.  Su primer intento de dar a conocer lo vivido es una carta enviada al Padre Franciso Sánchez, inspector de la comunidad  Salesiana, el 20 de abril del 2003. 

“Después de una fuerte reflexión de cuaresma, me he sentado a escribir y expresar lo que estoy viviendo. Soy un ex-alumno del Centro Juvenil San Patricio (Cumbayá “SP”), estuve en el centro desde el 10 de agosto de 1985 hasta el 15 de noviembre de 1988*, durante los tres años y tres meses viví muchas cosas y situaciones” inicia la carta de cinco páginas donde narra la violencia vivida en el Centro y el abuso sexual por parte de Cadena.

“Hace unos años me negaba a creer que la sexualidad es importante en la vida misma, me negaba como forma de no reconocer que he sido violentado y abusado en mi corta edad, la negación como forma misma del miedo y de la incapacidad de superar momentos tan dolorosos para mí (…) una forma de afrontar es tener la fuerza suficiente para reconocer que fui abusado y decirlo hoy.” narra Ricardo.

La respuesta del párroco Francisco Sánchez, inspector de la comunidad Salesiana, fue una llamada telefónica donde le dijo que Cadena había dejado de pertenecer a la comunidad Salesiana y que no era sacerdote sino un laico religioso. Esto para deslindar a los salesianos de toda responsabilidad de cara a este acto abominable.

Dos meses después, el 2 de junio del 2003, el abusador Cadena remite un correo a Ricardo donde le dice:

“yo no sé qué le impulsó hacerme daño de esta manera en contra de mi persona, por lo que le pido de por favor retire esa documentación pidiendo disculpas en vista que la comunidad salesiana no tiene que ver nada en este asunto. Hace algunos años atrás que me retiré de los salesianos, por lo tanto, ya no soy miembro de esa comunidad. Y nunca en mi vida he pasado por estos casos engorrosos de leguleyos de los cuales usted menciona”.

Que el agresor tome contacto con la víctima de violencia para recriminarle por su denuncia es una forma de amedrentamiento, una forma de buscar silenciarlo. Ricardo se sintió presionado y  por años esperó, pero los intentos de Cadena no lograron callarlo.  Así, el 23 de octubre del 2006, envió una carta abierta a la Comunidad Salesiana:

“La comunidad salesiana no puede exonerarse de responsabilidades, yo fui parte de una institución dirigida y administrada por la C. Salesiana, el abusador sexual fue miembro de la comunidad, los abusos fueron frecuentes y sistemáticos dentro de un sistema de “rehabilitación” bajo modalidad de internado, los cuales han sido y son promovidos como alternativa de educación por parte de la comunidad Salesiana. Es decir, las condiciones institucionales del internado permitieron que un abusador sexual tenga instrumentos y posibilidades que le permitieron abusar de mí sin ser detectado y sobre todo salir impune del hecho. A esa impunidad la C. Salesiana representada en la inspectoría resulta sumarse con una posición de simple lavado de manos.” dice Ricardo en la carta.

Pese a no haber obtenido respuesta en sus anteriores comunicaciones, el 4 de junio del 2018, Ricardo vuelve a enviar un correo electrónico al párroco Francisco Sánchez, inspector salesiano, con copia a varias autoridades de la Iglesia, incluida la Conferencia Episcopal, donde solicita una audiencia personal por “abuso sexual a menor de edad”.

“Han pasado 15 años de la primera carta que le escribí denunciado la situación de ABUSO SEXUAL a un menor por parte de un miembro de la comunidad salesiana de aquel momento. Me preocupa que haya transcurrido 15 años y la Comunidad Salesiana no ha tenido la delicadeza de afrontar el hecho, la madurez de asumir una denuncia y la oportunidad de subsanar una vida” dice el correo.

Tras 15 años de espera, esta vez Sánchez responde el correo y le otorga audiencia. Once días más tarde, Ricardo mantiene una reunión con monseñor Patricio Bonilla, obispo Vicario de Galápagos, y el padre Teófilo León, vicario de Misión, quienes solicitan a Ricardo rehacer la denuncia y ponerla en conocimiento, también, de la máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en ese momento, monseñor Eugenio Arellano.

Ricardo no se demoró en entregar la denuncia, la tuvo lista por años. El 15 de junio del 2018 la remitió, y en ella solicitó:

“se realice la investigación que determine las responsabilidades, sanciones y resorciones necesarias del abuso sexual denunciado” y concluye con esta frase: “no más víctimas de abuso sexual en instituciones educativas religiosas”.

La razón por la que avocó conocimiento el vicariato de Galápagos, es porque Cadena cambió de congregación y se ordenó como sacerdote diocesano, el 6 de diciembre del 2003, es decir, ocho meses después de que Ricardo lo denunció por primera vez ante los salesianos. Cadena fungió de párroco en la Isla Floreana, luego pasó a la Isla Isabela, en la cual permaneció por mucho tiempo, hoy según una fuente reservada dentro de la iglesia, conocemos que es párroco de la parroquia Sagrada Familia de la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

El Vicariato Apostólico de Galápagos, el 16 de julio del 2018, mediante decreto No. 002-2018-DEVAG-CFGCP, dio inicio a la investigación previa por las acusaciones en contra de Cadena “conforme el Instructivo para el juzgamiento de causas de abuso sexual por parte de clérigos, que realicen su labor pastoral en el Ecuador, emitido en 2014, por la Conferencia Episcopal, decretando:

“ 1. Dar inicio a la investigación previa, a norma del CAN. 1717, de la actual legislación canónica.

2. Nombrar como Delegado para esta investigación previa al presbítero Reverendo Padre LUIS MIGUEL ALDAZ SALAZAR, incardinado en la Arquidiócesis de Quito.
3. Nombrar como Notario al Reverendo Padre ROQUE GAVILANEZ, incardinado en la Arquidiócesis de Quito.”

El 14 de septiembre del 2018, Ricardo fue interrogado por este llamado “Tribunal Diocesano”, en una llamada “investigación previa” donde le realizaron ocho preguntas. Es desgarrador leer el interrogatorio, los detalles del abuso sistemático del que fue víctima, las secuelas irreversibles en su vida de esta vil agresión. Algo que salta a la vista y es de enorme preocupación es la pregunta cinco:

— ¿Sabe usted si el presbítero F. Cadena cometió otros abusos a otros menores?

— No tengo la certeza, sin embargo, después escuché muchos rumores de que así era.

Al contestar la última pregunta Ricardo es enfático en mencionar:

“Quiero decir que no es la primera vez que hago esta denuncia, entregó una carta indicando la cronología de las denuncias que realicé, tanto a la comunidad Salesiana como a la Conferencia Episcopal y al Vicariato apostólico de Galápagos, pido que se haga justicia y que se escuche la voz de las víctimas para que de deje de encubrir y la Iglesia actúe como debe hacerlo. Quiero añadir también que en los últimos dos meses recibí dos llamadas del Presbítero F. Cadena. En la primera me pide superar estos hechos asumiendo su culpabilidad y en la segunda me dice que yo fui el culpable, quien lo provocó y lo abordó y que él es inocente.”

 

El 8 de noviembre del 2018, monseñor Patricio Bonilla eleva a consulta el caso a monseñor Fernando Filone, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos de la ciudad del Vaticano, donde le da a conocer  que luego de haber mantenido una conversación personal con F.G. Cadena, este reconoció su culpa por lo que pregunta cómo proceder considerando que al momento “de cometer el delito tipificado en el Art. 6 de MP. Sacramentorum Sanctitatis Tutelano*,  no era clérigo, sino hermano Coadjuntor salesiano”.

Cuatro meses después, el 8 de marzo de 2019, monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico del Ecuador, remitió a monseñor Bonilla, el oficio N. 1918/19, en el cual le hizo conocer que, monseñor Giacomo Morandi, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entidad encargada en el mundo de las sanciones disciplinarias en casos de abuso sexual, “se proclama no competente en el caso mencionado” pues solo puede juzgar delitos cometidos contra el sexto mandamiento por los clérigos (no de religiosos laicos). Dejando a criterio del Obispo las medidas a tomar, considerando que, la acción criminal conforme lo establece el Código Canónico (Can. 1362 § 1, 2) prescribe a los 5 años.

Cuatro días más tarde, monseñor Patricio Bonilla, suspende vía decreto ad tempore a Cadena, donde le impone una pena canónica de un año y revoca sus beneficios y ejercicio del ministerio sacerdotal. El documento dice:

“Siguiendo las instrucciones dadas, el Consejo de Misión, reunido en Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, el 12 de marzo de 2019, impuso una pena canónica de un año al Rvdo. F. Cadena, privando de todos los beneficios y del ejercicio de su ministerio sacerdotal. Además, exhortándolo a reflexionar y meditar este tiempo en un retiro prolongado en la Isla Floreana. Esta pena, cuya finalidad es suscitar el deseo sincero de cambio y conversión tendrá efecto desde el momento en que P. F. Cadena, tenga conocimiento del mismo”

La pena la impone Monseñor Bonilla por ser el Vicario de Galápagos, pero al haberse cometido el delito en Quito, esta sanción debía también ser impuesta por la máxima autoridad eclesial de esta ciudad. Pese a que la pena canónica es de efecto inmediato, recién cinco años más tarde, el arzobispo de Quito y primado de Ecuador, Alfredo José Espinoza Mateus, a través del oficio 077-CAQ-2024, del 31 de enero de 2024, le hace conocer a F. Cadena la revocatoria de sus facultades ministeriales, al tiempo que le recomienda que vuelva a su jurisdicción, pese a que el sacerdote ya se encontraba de vuelta en Galápagos.

Una fuente reservada, experta en derecho canónico, explica que esta acción del arzobispo de Quito. Alfredo José Espinoza, es una forma de “curarse en sano” ya que queda la duda de que esta revocatoria corresponda a la pena impuesta por monseñor Patricio Bonilla, Vicario Apostólico de Galápagos, en 2019, o si se trata de otra sanción impuesta al mismo sacerdote Cadena, años después, dado el tiempo transcurrido y la falta de justificación en el documento.

En todo caso, este decreto de revocatoria de facultades a F. Cadena, emitido por el Arzobispo de Quito consistía básicamente en: no poder celebrar misa, impartir la palabra de Dios y escuchar confesión, por un año. Siendo así, el cura Cadena, este año, 2024, debería estar privado de sus facultades ministeriales, cosa que no ha sucedido.

Todas estas decisiones tomadas por las autoridades eclesiásticas no le fueron comunicadas oficialmente a la víctima. Ricardo tuvo que nuevamente enviar una carta y pedir una reunión para obtener respuesta con el nuevo inspector de los salesianos, el párroco Marcelo Farfán,  el 7 de febrero del 2024,  para recién ahí conocer que Cadena había aceptado su responsabilidad y que había sido suspendido por un año. Ricardo y el párroco Farfán se conocieron en el Centro Juvenil San Patricio, cuando este último recién iniciaba su camino al sacerdocio como estudiante de teología, a esto apeló Ricardo para lograr reunirse con él.

Entre la calle y el cielo

Ricardo fue un niño en situación de calle, un adolescente vulnerable, hijo de madre soltera, el menor de dos hermanos. A los 12 años se fue de su casa y sobrevivió en la calle, subiendo y bajando de buses interprovinciales, así conoció todo el país  y así pudo evadir, por un año, el maltrato y la negligencia parental de las que era objeto.

Durante este tiempo experimentó mucha violencia, pero nada fue comparable al abuso clerical que tuvo que soportar en el Centro Juvenil San Patricio. Allí escapar le fue imposible, el Centro era una cárcel sin barrotes, en donde el desamparo se fundía con el miedo y el silencio, creando un terreno fértil para que todo tipo de malos tratos y el abuso clerical se produjeran.

Ricardo sabía que hubo más chicos violentados sexualmente en el Centro; también, sabía que no tuvieron su misma suerte, no solo por no lograr irse de San Patricio sino por no haber podido salir de la calle, terminar el colegio y graduarse en la universidad, como él sí lo hizo.

Ricardo tenía altas capacidades y un problema de visión que no fue corregido a tiempo, lo que le causó dificultades en la escuela. Cuando era niño, no le gustaba asistir a clases porque no podía leer, lo que le costó recibir palizas no solo de su madre sino también de los empleadores de ella. Su madre era una trabajadora doméstica.

Aunque se graduó tarde, casi a los 33 años, tuvo muchos logros en el campo profesional. Fue asesor de autoridades locales, fue funcionario en la Asamblea Nacional, hasta febrero del 2024, cuando fue desvinculado.

Ricardo tenía 52 años, estaba casado y tenía dos hijas, una de su matrimonio y otra con su pareja anterior, cuando pudo concluir lo que él llamaba “su sanación”, es decir, supo que F. Cadena aceptó su culpa y recibió una irrisoria pena canónica. Había pasado 36 años de su vida buscando verdad, justicia y reparación y no la encontró.

El 5 de marzo del 2024, Ricardo, que aún mantenía la credencial de la Asamblea Nacional por haber trabajado en la institución, pasó los filtros de seguridad, llegó hasta la terraza del Palacio Legislativo y se quitó la vida. La Asamblea Nacional emitió un escueto comunicado sobre su muerte. Pese al hermetismo de las autoridades, en redes sociales el caso se viralizó asegurando que la desesperación por encontrar trabajo llevó a esta persona, cuya identidad era desconocida, a quitarse la vida.

Alex Samaniego, funcionario de la Asamblea Nacional en su cuenta de X publicó:

“Un día, nadie le paraba balón en la puerta, tenía una carpeta amarilla en el brazo (su hoja de vida), vio que yo tenía credencial de Asamblea Nacional, me pidió que le ayudara a hablar con el presidente de la Asamblea (Henry Kronfle) o alguna comisión para que lo volvieran a contratar. Por supuesto, le ayudé en lo que pude; sin embargo, no lo volví a ver desde aquella ocasión. Supe por otros despachos que, durante tres meses, recorrió toda la asamblea visitando todos los despachos y rogando que lo reconsideraran, ya que tenía un hogar que mantener”.

Sin embargo, su pareja quien lo conoció y estuvo a su lado quince años desmiente lo aseverado en redes sociales: “Siempre trabajamos y nos ha ido bien, construímos una experiencia laboral importante por lo que encontrar otra oportunidad laboral era cuestión de tiempo”.

En poder de Ricardo hallaron su teléfono y un pasamontaña. Su cuerpo fue encontrado por un trabajador del área de mantenimiento de la Asamblea alrededor de las 10:00 am. En el examen médico legal se pudo observar que el rigor mortis había durado aproximadamente de 10 a 12 horas lo que ha generado dudas en su familia debido a las diferencias entre la hora en que fue encontrado y el tiempo transcurrido desde su muerte.

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Dinased, por pedido de la Asamblea Nacional, inició una investigación que no ha avanzado hasta ahora, las cámaras de seguridad son cruciales para determinar cómo y a qué hora entró, con el fin de disipar todas las dudas en este caso.

Ricardo no dejó una carta de despedida, pero su compañera de vida, un día antes de su muerte, recibió un correo electrónico de él, que contenía una carpeta con todos los documentos escaneados, correos y mensajes de WhatsApp relacionados con el abuso sexual clerical sistemático del cual fue objeto.

La carpeta que llevaba Ricardo bajo el brazo, todos los días, pidiendo ser recibido por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle y por varios asambleístas, no era su currículum vitae. Su desesperación porque le dieran audiencia tampoco tenía que ver con un pedido laboral.

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El espíritu de cuerpo del clero y el control de las almas

Ricardo pasó veintiún años esperando por una respuesta, confiando en que el abuso sexual del cual fue objeto pesara más que las sotanas de los vicarios.

La tardía sanción clerical a F.G. Cadena, por haber abusado sistemáticamente de él y quién sabe de otros niños más, es un acto de cinismo.

La máxima pena que contempla el derecho canónico para un cura que haya violado a uno o a mil niños es reducirlo al estado laico —como si ser laico fuera un castigo— y ni esa pena le fue dada al cura Cadena, quien se mantiene como párroco en las Islas Galápagos.

Surgen muchas preguntas en este caso: ¿Por qué las autoridades eclesiásticas  tardaron tanto en responder a Ricardo y en sancionar al cura Cadena? ¿Por qué la Iglesia no denunció al agresor ante la Fiscalía? ¿Por qué se le permitió ordenarse como cura cuando 8 meses antes, Ricardo, lo denunció por pederastia clerical? Pese a que Cadena aceptó su culpa, ¿por qué sigue fungiendo como cura, con todos los riesgos que ello implica? La respuesta es evidente, porque la tolerancia hacia el delito, el silencio cómplice, el encubrimiento sistemático y la falta de colaboración con la justicia convierten a la pederastia clerical no solo en una agresión sexual individual sino en una práctica legitimada estructural e institucionalmente por la Iglesia Católica. Porque este patrón subsume a  los religiosos y los cercanos a ellos en una red de ocultamiento y protección mutua.

Por otra parte, en el “dilecto hermano en Cristo”, F.G. Cadena, no hubo acto de contrición alguno, arrepentimiento, y mucho menos un propósito de enmienda; ni siquiera cumplió la sanción canónica de un año que se le impuso. Durante la pandemia del COVID-19, allegados a Ricardo pudieron constatar que Cadena impartía la Santa Misa, vía Zoom, a los feligreses de las Islas Galápagos. Este ofensor sexual, luego de su paso por el Centro Juvenil San Patricio, dio clases en los colegios Don Bosco y Central Técnico de la ciudad de Quito, hasta que se ordenó como cura y se fue a las Islas Galápagos, donde ha sido párroco de varias parroquias.

Del expediente que Ricardo fue armando durante años y que lo mantuvo en su poder hasta el día de su muerte, fueron al menos once vicarios de alta jerarquía eclesial, aquí y en El Vaticano, los que conocieron del caso, y salvo al párroco Marcelo Farfán, a todos les faltó compasión, sensibilidad y humanidad no sólo para con Ricardo sino para todos aquellos niños a los que Cadena, un pederasta consumado, debió haber agredido durante todo este tiempo.

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Comisión Ocasional en la Asamblea Nacional

En la historia de abuso clerical de Ricardo, a diferencia de otros casos como las víctimas de los curas César Cordero (+) o Luis Intriago y su dinámica del pecado, y otros casos más, hay algo que no podemos dejar escapar, y es que Ricardo se encargó de documentar cada una de las actuaciones de la Iglesia Católica y su afán por silenciar u ocultar lo sucedido.

En la carpeta que remitió a su pareja, hay documentos fechados, foliados y numerados; es decir, hay pruebas de la perversa actuación de la jerarquía eclesiástica, de su calculado y cómplice silencio y de su falta de amor al prójimo. Sí, porque durante 21 años intentaron desmoralizar a Ricardo, acallarlo, ganarle por cansancio, pese a su enorme sufrimiento, hasta llevarlo a un punto de quiebre.

La ridícula pena eclesial impuesta al pederasta F.G. Cadena, tras su aceptación de los hechos, no solo terminó de dar la estocada final a su víctima, sino que también dejó al descubierto, una vez más, que la Iglesia Católica está lejos de tramitar e investigar el abuso sexual clerical con debida diligencia y mucho menos de intentar poner a sus perpetradores en manos de la justicia.

Otra prueba de lo aquí afirmado es el informe intermedio de investigación defensorial emitido por la Defensoría del Pueblo, DPE, el 20 de diciembre del 2023, con el fin de conocer el estado de situación de los niños y niñas del país en materia de abuso sexual infantil. En él, mediante un oficio, la DPE consulta a la Conferencia Episcopal acerca “del registro de casos de abuso sexual infantil detectados en el ámbito religioso en el período de 2018 a junio de 2023 y respecto al número de casos denunciados a la Fiscalía”. La Conferencia Episcopal señala no contar con dicha información y solicita que la misma sea requerida a las distintas jurisdicciones eclesiásticas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando el pacto de silencio e impunidad impuesto por la Iglesia Católica? La pederastia clerical no solo merece una respuesta canónica, sino también judicial y legislativa.

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Por justicia y contra el silencio

Ricardo se quitó la vida dentro de la Asamblea Nacional, fue exfuncionario de esta entidad, un hombre sensible e inteligente en búsqueda de justicia. Su caso debe ser investigado de principio a fin; su familia merece obtener respuestas.

La Iglesia Católica y su cuerpo eclesial deben rendir cuentas por este y por todos los casos de abuso sexual y pederastia clerical contra niños, niñas y adolescentes que han ocultado, olvidado y silenciado: el del Cesar Cordero, en Cuenca;  el de Luis Fernando Intriago y su dinámica del pecado, en Guayaquil; el de Nestor Genaro B., párroco de Guapulo, en Quito y el último conocido en junio de 2024, el de Miguel Augusto Yumi, párroco de San Miguel del Común, que abusó de una niña de 13 años de la Unidad Educativa Danielle Sipione, en Quito, y huyó a Colombia. Es mandatorio buscar y descartar a más víctimas del cura F. Cadena. A las víctimas de este flagelo y sus familias se les debe dar la opción de denunciar y la garantía de obtener verdad, justicia y reparación, la Iglesia debe indemnizarlas.

Se impone, también, la necesidad de una auditoría a todas las instituciones y autoridades eclesiásticas conjuntamente con sus planes, programas, proyectos, y sus funciones pastorales y educativas hacia las personas más vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Es necesaria una Comisión de visitadores nombrada por el Papa Francisco para que investigue los abusos sexuales, algo que ya se ha hecho en otros países como Chile, Bolivia y Perú.

Hay que evaluar, también, las actuaciones de las entidades del Estado conforme a sus competencias y determinar los vacíos y deficiencias normativas frente a este flagelo.

La Fiscalía y  el Consejo de la Judicatura tienen la exigencia de llevar un registro desagregado de delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes perpetrados por miembros de la iglesia católica y evangélica, como una forma de contar con datos reales sobre la violencia sexual sistemática ocurrida en estas instancias. Esto siguen sin hacerlo, pese a que transparentar esta información fue una de las recomendaciones del Informe AAMPETRA del 2018, sobre el abuso sexual en espacios educativos.

Es el Pleno de la Asamblea Nacional quien puede crear una Comisión Especializada Ocasional no solo para investigar el caso de Ricardo, sino también de todas las víctimas de violaciones y abusos a quienes la Iglesia Católica, sus autoridades e instituciones —no solo educativas— les han impuesto el silencio y el temor reverencial.

El resultado de esta Comisión podrá servir de insumo para que las víctimas y sus familias puedan llevar sus procesos a los sistemas internacionales de derechos humanos —en muchos casos será lo único que les quede por hacer— y así obtener algo de resarcimiento por tanto dolor y sufrimiento.

Hay que dejar de ser testigos silentes, los cambios concretos y profundos ofrecidos por la Iglesia Católica para librarla de este flagelo, han quedado en meros propósitos y no han pasado de un bonito discurso, no importa cuánto se afanen en avergonzarse y disculparse, las víctimas siguen siendo ignoradas y burladas en el nombre de Dios, de su Cruz y de la Iglesia.

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En este artículo, honramos la memoria de Ricardo (nombre protegido) y nos comprometemos a dar voz a su historia y a las historias de tantos otros niños y niñas víctimas del abuso y la pederastia clerical. Más que un relato de tragedia, este es un llamado a la acción, una invitación a la empatía y a la solidaridad para con las víctimas de este flagelo y sus familias, también es una exigencia para que la Iglesia Católica deje de encubrir a curas abusadores y para que el Estado ecuatoriano investigue estos actos abominables.

Si fuiste víctima de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia o conoces alguna historia y quieres denunciar, puedes escribirnos a investigacion@wambra.ec

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Notas:

*Ricardo es un nombre protegido.

*Si bien Ricardo coloca en la carta que estuvo en el Centro Juvenil San Patricio de 1985 a 1988, un certificado emitido por el director del Centro, Padre Jaime Calero, en 1989, dice que él estuvo en el Centro hasta noviembre de 1987. Para una víctima de violencia sexual que recuerda los hechos ocurrido en la niñez o adolescencia, los tiempos pueden percibirse diferente, lo que puede hacer que estos se los recuerde con una temporalidad más amplia, dado los efectos del trauma. 

*Sacramentorum Sanctitatis Tutelano  significa, «La custodia de la santidad de los sacramentos”.

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Publicado originalmente en
https://wambra.ec/impunidad-sagrada-silencio-abuso-iglesia/
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En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿Qué ha pasado en estos diez años?

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Video: Viviana Erazo @Vivianaerz

Mishell Mantuano y Viviana Erazo visitaron la parroquia de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía Sur de Ecuador, donde está situado el proyecto, para ver de cerca las consecuencias de la explotación minera, la afectación al medio ambiente, la migración forzada y el despojo de identidad que vivieron y continúan viviendo los y las comuneras y las comunidades indígenas shuar, quienes han sido desalojados de manera violenta y forzosa más de una vez de su territorio y quienes fueron engañados cuando, hace diez años, se les prometió escuelas y hospitales que jamás llegaron.

En un recorrido de dos días por la parroquia, las periodistas observaron la afectación a los ríos y el medio ambiente, además de hablar con hombres y mujeres que aún resisten a la minería.

Desde la Casa Comunal de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, se observa un gran asentamiento, que de lejos parecen casas donde habita otra comunidad. Pero no, cuando te acercas hasta el asentamiento estas son campamentos y letreros que indican que estás en “Propiedad Privada” de Ecuacorriente S.A, empresa China.

Por este proyecto minero, más de 32 familias indígenas fueron desalojadas de manera violenta entre los años 2014 al 2022, además de vivir graves consecuencias de contaminación a sus territorios.

En una ranchera, la tarde del 08 y 09 de abril de 2022, salimos de la Casa Comunal, Cascomi, para ver de cerca los campamentos y el proyecto minero por el cual la comunidad fue desalojada. En compañía de los y las comuneras de Tundayme; líderes y lideresas de otras zonas del país, que también resisten a la minera y el extractivismo; y parte del Colectivo Geografía Crítica, quienes acompañan procesos en defensa del territorio, los derechos colectivos y de la naturaleza, realizamos un recorrido de dos horas por la zona para observar las afectaciones al medio ambiente.

–Miren, observen, registren, vayan a la ciudad y cuenten lo que pasa, cuenten nuestra realidad y todo el daño que nos ha causado la minera Ecuacorriente S.A y el Estado. Pero, sobre todo, digan que necesitamos su ayuda, que necesitamos de la gente de la ciudad para continuar esta lucha, porque lo que hacemos no es solo por nosotros, es por ustedes, por todas y todos; es por defender los territorios y nuestros ríos, el agua. Nos prometieron escuelas, hospitales, mejor calidad de vida. No tenemos nada. Además, nosotros no queremos dinero ni oro, solo queremos nuestras tierras, agua limpia, recuperar nuestra vida.

Esas son las palabras de Luis Sánchez, líder indígena, defensor de los derechos de la naturaleza y parte de La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, una organización comunitaria que lleva años resistiendo las consecuencias del despojo cometido por la Fuerza Pública y la empresa minera china en Tundayme. Luis, junto a varias familias de la comunidad, han sufrido desalojos desde el 2014 por parte de la empresa minera china ECSA y ahora resisten desde su Casa Comunal, de la cual también hoy los quieren desalojar.

Luis cuenta que la empresa minera destruyó el tejido social comunitario “con toda la venganza y con las formas más perversas llevaron a cabo los despojos para intimidar a la gente”.

Luis habla mientras caminamos sobre el puente por donde pasa el rio Wawayme, uno de los principales de la parroquia y que ahora se ve espumoso y con su caudal reducido producto de la contaminación.

–Ya no podemos consumir agua de este río, nos hace daño – dice Luis.

Mientras continuamos el recorrido, converso con varias personas que viven las consecuencias de la explotación minera. Una de ellas es Carmen.

–Yo nací y crecí en esas tierras –dice Carmen, mujer indígena amazónica, mientras mira con desconsuelo el campamento de la empresa, cruza sus brazos, suspira, pasa las manos por su cabellera larga y mira a su esposo que está a pocos metros de ella, le sonríe y permanece en silencio por unos minutos.

–Estamos cansados de luchar, han sido muchos años, hemos caminado de un lugar a otro, dejando a nuestros hijos e hijas muchas veces solos –dice Carmen, mientras agacha su cabeza, sus ojos se llenan de lágrimas y continúa –¿De qué ha servido?, solo nos ha dejado cansancio y dolor. Hemos querido actuar como personas civilizadas, actuar con base en las leyes, pero para ellos no hay ley que valga.

Continuando el recorrido por Tundayme y el proyecto minero, hicimos una parada en la zona donde antes estaba la casa y la comunidad a la que pertenecía Luis y otros de sus compañeros y compañeras; ahora ese terreno está lleno de monte y maleza, producto de la tala de árboles, desde ahí se logra ver grandes bosques y una roca que de lejos parece ser el rostro de una persona.

Los desalojos: una forma de debilitar la comunidad

–Detrás de esos grandes bosques hay arroyos o mini ríos como nosotros les llamamos –dice Luis. Al pasar por la vía se puede ver un canal que, según Luis, es para llevar el agua hasta un asentamiento militar, negándoles a las comunidades de la zona su derecho al agua, establecido en el artículo 318 de la Constitución, que dice, que “el agua es un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización”.

–Los policías ingresaron y nos desalojaron en el año 2014, a pesar que habíamos interpuesto una acción de protección para evitar que sucediera– recuerda Luis Sánchez, líder de la comunidad Cascomi. En el desalojo la Policía destruyó el Centro Comunitario de San Marcos, la escuela y la iglesia

–Todo lo rompieron las maquinarias, con ayuda de los Policías.

Pero la acción que marcó el punto de quiebre fue en agosto de 2015 cuando arrancó la gran marcha del pueblo desde la parroquia Tundayme, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Para la marcha “se dieron cita delegaciones de todo el país para sumarse a las personas que se dirigieron hacia Quito para reivindicar sus demandas en torno a la protección de la Cordillera del Cóndor ante la mega minería”. Asimismo, la marcha fue en rechazo a la minería a gran escala y especialmente a la empresa ECSA, según un boletín de prensa publicado por la COANIE.

“En ese tiempo ya nos encontrábamos en la resistencia”, dice Luis. Y recuerda que ese año el presidente Rafael Correa Delgado “se molestó tanto que, en septiembre del mismo año, mandó a desalojarnos. De ahí en adelante los despojos han continuado”.

135 efectivos de la Policía Nacional y guardias de la empresa minera Ecuacorriente, según datos del Ministerio del Interior y recogidos en un comunicado de INREDH, ingresaron a la parroquia de Tundayme para desalojar a varias familias de la zona que habitaban el lugar.

En total, 32 familias, formadas por 116 personas, fueron desalojadas entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 por policías, militares, guardias y trabajadores contratados por la empresa minera, Ecuacorriente S.A., por el notario del cantón Pangui, funcionarios de Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, y la Intendencia de Policía de Zamora Chinchipe.

María de los Ángeles García y su familia fueron parte de las personas desalojadas.

– Con las máquinas tumbaron todo, las casas, entre esas la mía. Yo tenía gallinas, pollos, cuyes, cerdos, todo eso se perdió. Lo destruyeron. Con lo poco o nada que me quedó tuve que ir a la casa de mis suegros en Gualaquiza– dice María con gran nostalgia, mientras respira por unos segundos para continuar con el relato.

– ¿Pero sabes qué fue lo peor de todo eso? –me pregunta y, enseguida, sin darme tiempo a responderle, dice:

–Todo eso lo vimos desde afuera, porque ya no pudimos ingresar a nuestra casa, los policías y los trabajadores de la minera nos entregaron un par de cosas y todo lo demás se perdió.

Después de eso, María y las familias desalojadas recibieron ayuda de personas externas quienes les brindaron ropa y alimentos. Ahora, María trabaja cuidando niños y niñas, con eso, dice, pudo lograr que sus hijos terminen el colegio, pero la Universidad no.

– Porque no tengo dinero para eso, en la ciudad no hay comida, no hay nada. Al menos con la finca que teníamos podíamos sostenernos con la siembra y la cosecha de naranjilla y yuca, además de la leche que sacábamos de las vacas.

Pero los desalojos no han parado. Rosa y Aurelio es una pareja de la tercera edad, ella tiene 65 años y él tiene 73, vivían de la siembra y la cosecha que realizaban en su tierra, en sus chacras; además, criaban animales como cuyes, gallinas y tenían algunas vacas para ordeñar y vender la leche para su propio sustento. Ellos vivían cerca del río Wawayme Alto hasta que el 10 de abril de 2022, comuneros de la parroquia de Tundayme les alertaron que la empresa minera China Ecuacorriente S.A los iba a desalojar, esa alerta preocupó y asustó mucho a su hija Jenny Morocho.

Doña Rosa, como la conocen en la parroquia, desde que era una niña ha vivido en estas tierras, y aquí se casó y formó una familia. Ella, al igual que su esposo Aurelio, no querían dejar sus tierras ni la vida que había construido durante muchos años. Por eso, su hija Jenny Morocho y Luis Sánchez, como líder de la comunidad, alertaron a organizaciones de derechos humanos y el colectivo Comunálisis para que intervengan y logren detener el desalojo a Rosa y Aurelio.

Sin embargo, las acciones de organizaciones de derechos humanos fueron en vano y el 26 de abril de 2022 la empresa minera ECSA desalojó a Rosa y Aurelio con alrededor de 25 efectivos de la Policía Nacional y maquinaria, sin contar con una orden oficial para efectuar la acción, según Luis Sánchez líder de la comunidad.

Michelle Báez, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha trabajado algunos años con la comunidad y el colectivo Geografía Crítica, para ella “el Estado está apoyando un proyecto mega minero que significa un muy buen negocio para las pocas personas que se benefician de él, donde se ve claramente un vínculo de complicidad entre el capital y el Estado”.

Proyecto Mirador: “solo ha dejado contaminación”

Este proyecto, el más grande en Ecuador, inició su exploración inicial en 1994. “Ahora, en 2019, es una realidad luego de cumplir con todas las fases mineras de exploración inicial, avanzada, evaluación económica, construcción de infraestructura y finalmente explotación y beneficio”, así lo anunció, Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, durante el gobierno de Lenin Moreno.

Pero nada de esto favorece a Tundayme. El Colectivo Geografía Crítica en 2019, publicó el Informe sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto minero Mirador, motivado por la preocupación sobre estos impactos y la posibile vulneación de los derechos humanos y de la naturaleza.

Karolien van Teijlingen, en 2019, realizó el estudio: Un análisis de los proyectos de minería a gran escala Mirador y Llurimagua, donde revela que la minería metálica a gran escala es una actividad que está en auge en el Ecuador. También el estudio denuncia que el 15% del territorio continental está concesionado por empresas mineras y que es muy probable que este porcentaje siga en aumento. Además, la investigadora ya advertía que la actividad minera en “ecosistemas sensibles como la Cordillera del Cóndor puede generar graves impactos al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en estos lugares”.

Hoy, esos impactos son una realidad, donde antes había árboles, vegetación y ríos limpios, ahora solo queda el recuerdo. De lejos se observa una rivera donde la empresa desecha los lodos tóxicos de la extracción de los minerales, hay un dique que retiene el cauce del río Tundayme, el principal de la parroquia. Maquinarias que se mueven de manera ordenada, casi mecánica. Desde donde estoy no logro ver qué es lo que transportan. Hay hombres construyendo altas plataformas con varillas y cemento. A mi lado, está una lideresa a quien escucho decir:

–Solo te queda llorar.

A simple vista es muy difícil entender lo que está pasando, por eso los aportes del Colectivo Geografía Critica y los estudios que han realizado alrededor de este proyecto son necesarios para lograr comprender todo el panorama y las graves afectaciones al medio ambiente.

Según las valoraciones del Colectivo Geografía Crítica, la mina utilizará 166 540m3 de agua diariamente para procesar las 60.000 toneladas de material crudo y obtener un concentrado de minerales de valor. Pero ¿Cómo extraen los minerales y dónde irán los desechos? La extracción de minerales como el cobre consiste en la remoción de la roca usando perforadoras y explosivos para después excavarla y separar los metales de las rocas, para ello se trituran las rocas hasta obtenerse una arena fina, la cual es mezclada con agua y químicos que ayudan a los metales a separarse de la arena y flotar en burbujas hacia la superficie. Todo el material restante, que además es tóxico, va a parar a los relaves, los cuales contienen roca molida y agua, pero también contienen los químicos aplicados en el proceso de separación de los metales como cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc y mercurio.

De igual forma, Karolien van Teijlingen en su estudio señala que además de los contaminantes utilizados “existe la posibilidad de que ciertos elementos de los relaves reaccionen cuando entran en contacto con agua y oxígeno, generando ácido. Por estas características potencialmente tóxicas, los relaves tienen que permanecer resguardados en infraestructuras herméticamente cerradas”. Estos relaves están separados por diques, que son estructuras de tierra, hormigón, piedra u otro material. En el proyecto minero Mirador que se desarrolla en Tundayme se prevé construir otra relavera de 270 metros, según mencionó Luis Sánchez

José Cueva, parte del Observatorio Ambiental Social y Minero del Norte del Ecuador de la provincia de Imbabura, está de pie desde donde se puede observar una relavera donde la empresa desecha los lodos tóxicos. El proyecto Mirador, dice José, “fue el experimento social para el desalojo de comunidades y la violación múltiple de derechos ambientales como de las personas”.

Cueva, además, explica las consecuencias de la minería a los ríos “este proyecto de gran escala traerá consecuencias gigantes a nivel ambiental y social, empezando por la contaminación de los ríos cuando la empresa lleva operando poco tiempo. Y sin construirse la relavera de 270 metros que es el principal peligro de este problema”.

Cueva explica las consecuencias de la construcción de un depósito tan grande y una relavera de tantos metros como la que la empresa pretende construir en una zona amazónica como la de Tudayme y, además, hay que considerar el nivel de sismicidad que tiene Ecuador, agregó Cueva “están prohibidas, porque no se han visto ni en América, menos en China, causaría una bomba de tiempo, porque aquí no hay experiencia minera, no hay control”. Para él las relaveras son el principal peligro de la minería a gran escala porque al acumularse millones de toneladas de desechos tóxicos se genera un drenaje ácido de minas, es decir, los ácidos concentrados en la relavera empiezan a drenarse por las paredes y contamina agua superficial y subterránea y puede viajar cientos de kilómetros y “una vez que eso sucede no hay como pararlo, no tiene solución”, indicó Cueva.

Esto sería aún más grave para la parroquia de Tundayme, que está atravesada por 3 ríos: Tundayme, Wawayme y Quimi de los cuales, los dos primeros están contaminados, ya no conservan su color natural el agua es espumosa, además, varios ríos están canalizados. El rio Wawayme ya perdió su color natural, ya perdió su caudal y se ve una espuma blanca, causada por los químicos. De la misma forma, el río Tundayme ya perdió fuerza y pasa por un canal de cemento hasta llegar a un estanque, construido por trabajadores de la minera.

El temor de la comunidad y los ambientalistas es que al construirse una relavera tan alta se puede generar un desastre como lo ocurrido en Brasil, donde el 25 de febrero de 2019, colapsó una relavera minera de la compañía Vale en el municipio de Brumadinho, al sudeste de Brasil, y provocó 179 muertos, 131 desaparecidos e incalculables pérdidas ambientales y económicas, según el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Mónica Brito, parte del Colectivo Geografía Critica, también estuvo presente en el recorrido por Tundayme. Para ella otra de las consecuencias del proyecto minero, es la migración forzada a causa de los desalojos y la violencia de género generada por la creciente masculinización en la zona debido a la presencia de las fuerzas armadas, trabajadores del Estado y de la empresa minera.

La resistencia tiene rostros de mujeres

Llegamos a la Casa Comunal, Cascomi para realizar la socialización del proyecto y sus consecuencias. A mi lado está Mercedes Taish, parte del pueblo Shuar Arutam.

Ella recuerda que durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa los mandaron a desalojar, los maltrataron, los llamaron terroristas, delincuentes, subversivos. Su testimonio no difiere de lo que cada persona de la comunidad mantiene en la memoria.

– Es lamentable lo que hace el Estado ecuatoriano. Nosotros somos originarios del pueblo amazónico y seguiremos resistiendo hasta las últimas consecuencias. Aquí está nuestra vida, no hemos venido de otro lugar para tener que dejar nuestros territorios. No aceptaremos migajas.

Mientras su esposo habla en la Asamblea a la que asistimos en la Casa Comunal, Mercedes me dice:

–Él es mi esposo –y recuerda que, durante los desalojos, su esposo, al igual que los esposos de las demás mujeres y sus hijos hombres tuvieron que huir.

–Nos quedamos en el territorio resistiendo las mujeres, los niños y niñas. No podíamos dejar que los militares capturen a nuestros esposos, porque se los llevarían presos, actuarían con violencia –cuenta.

De las mujeres que quedaron, Mercedes es una de las pocas que permanece en el territorio.

– Hoy, esas mujeres ya no están, unas migraron, de las otras no supe nada más, perdí su rastro – dice y mueve su cabeza de arriba hacia abajo.

Desde otros territorios del Ecuador, hay más mujeres resistiendo en sus territorios, de la misma forma en como lo hace Mercedes. Tal es el caso de Elizabeth Durazno, dirigenta de la Organización de Mujeres Sinchi Warmi, de la comunidad de Río Blanco, parroquia Molleturo, Cuenca, que, desde hace más de 20 años, resiste a la minería. Ella visitó la parroquia de Tundayme y fue parte del recorrido realizado, para conocer los efectos, porque es algo que no quiere que pase en su territorio.

Al terminar el recorrido en la ranchera y llegar a la Casa Comunal, Cascomi, pasamos a tomar un refrigerio y mientras tanto, todo se organiza para generar un debate de lo visto. Para Elizabeth lo más importantes fue la participación de las mujeres en defensa de los territorios.

– Estamos nosotras poniendo el cuerpo en los territorios, en nuestros hogares, los hombres salen a trabajar y nosotras nos quedamos produciendo, sembrando en los huertos y cosechando nuestros alimentos y cuidando de los animales.

A pesar de esto, para Elizabeth, la participación de las mujeres es más difícil.

– Porque los hombres piensan que les estamos quitando su derecho y eso no es así. Más trabajamos las mujeres que los hombres y se trata de involucrarnos todos en la lucha por intereses en común. Es importante involucrarnos para defender nuestros hogares e incluso a nuestros esposos, para que no sean criminalizados o perseguidos, porque a ellos se los llevan presos y cuando eso sucede nos quedamos sin el sustento de nuestros esposos que es un complemento, porque nosotras también sustentamos los hogares –lo dice mientras se sienta y se acomoda en una de las sillas desocupadas. Mira en dirección a los campamentos de la empresa minera y me dice:

–Tengo una reflexión de lo visto en el Proyecto Minero Mirador –lo dice con sus ojos que no logran contener las ganas de llorar. Así entre pausas y suspiros, evitando desmoronarse por la impresión que la causó ver lo avanzado del proyecto minero, además de la contaminación, dice:

–En 2017 vine a visitar Tundayme, hice el recorrido para ver lo que la empresa minera Ecuacorriente S.A estaba realizando. Pero no estaba tan avanzado, hoy, cinco años después regresé y me dan ganas de llorar.

Respira por unos segundos, como intentando tomar valor para terminar su idea y continúa

–Me da decepción ver cómo el gobierno o las mineras que hablan de minería tecnificada, tecnología de punta, solo destruyen. ¿Dónde está la tecnología de punta si vemos cómo terminaron totalmente con los bosques, con las montañas, con el agua? –Lo dice mientras abre sus manos y levanta sus brazos, mostrando el asentamiento de la minera que puede verse desde la Casa Comunal.

­–Este proyecto demuestra la violencia al derecho del agua. El agua debe ser libre, tener su propio caudal y no estar desviado por un túnel de cemento que genera daños al medio ambiente y a los seres humanos cuando se nos quita nuestros territorios solo para beneficio del Estado y de las transnacionales que sacan el dinero del país.

Refiriéndose a la manera en que el rio Tundayme está canalizado por túneles de cemento y la pérdida de su fuerza y color natural.

Elizabeth debía estar presente en la mesa de debate que realizó Geografía Crítica junto a los y las comuneras de Tundayme y otros líderes y lideresas. Ella está ahí para aprender de los efectos y compartir la información en su comunidad en Azuay:

–Las mineras chinas no solo están en Tundayme. Están en Río Blanco y otros territorios. Por eso la lucha es necesaria.

Elizabeth participó en el debate para reflexionar sobre el recorrido realizado. Entre las participantes estaba Aracely Nugra vocal de la comuna de indígenas San Sebastián de Sígsig en la provincia de Azuay, quien recordó que desde el 2008 la naturaleza tiene derechos, reconocidos en la Constitución en el artículo 71 de la Constitución , pero para ella “esto es solo papel muerto, no se cumple. Por eso es importante nuestra lucha, levantar nuestras voces como mujeres que buscamos visibilizar lo que sucede en nuestros territorios y la contaminación que se genera a raíz de las actividades destructivas”.

Con el debate, las reflexiones de líderes y lideresas además de las aportaciones del Colectivo Geografía Crítica, finalizó el Encuentro para la Articulación en Defensa de los Territorios y el Rechazo a la Minería y el Extractivismo. Al final, con dinámicas, cantos, refranes e improvisaciones comuneros, comuneras, líderes y lideresas asumieron su compromiso y solidaridad con el territorio de Tundayme.

Abrazos, apretones de manos y mensajes de fortaleza no faltaron para Luis Sánchez, líder de Cascomi, para las mujeres y hombres de la comunidad que cada día tratan de recuperar, no solo sus territorios, sino la identidad de la cual fueron despojados al momento de los desalojos, y quienes siguen resistiendo desde su Casa Comunal.

De igual forma Luis hace un llamado a las personas de las ciudades a luchar por la conservación de los bosques y del agua, porque “del campo ellos viven, toman el agua que viene de las Cordilleras”. Para él el proyecto de minería representa “una violación de derechos sistemática. Porque al violarse un derecho, se violan todos. La justicia no funciona y nunca va a funcionar con esa estructura organizativa del Estado que es caduca, corrupta y todo lo demás, la cual hay que cambiar; pero hasta que eso pase, todos a las calles a resistir, pero no cada quien, por su lado, sino articulados”.

Informe publicado en Wambra

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Por Mishell Mantuano (*) | Foto: Karen Toro

Desde la sentencia de la Corte, organizaciones de mujeres, feministas y disidencias se han articulado desde distintos territorios, para exigir que el aborto por violación en Ecuador sea legal. Esto lo han hecho en un continuum de lucha, que organizaciones históricas –como Fundación Desafío, Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos, Surkuna, La Comadres, Salud Mujeres, CEPAM, Sendas, Luna Creciente, Coalición de Mujeres, entre otras– han realizado durante años.

De esta forma, cuando la Comisión de Justicia retomó el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación activistas feministas difundieron un manifiesto, donde firmaron más de 150 organizaciones, colectivas, redes y articulaciones, y más de 200 personas.  Además, el 11 de enero, realizaron un Pañuelazo en diferentes ciudades. En Quito, decenas de activistas se concentraron en los exteriores de la Asamblea Nacional. 

Una marea verde diversa

En Ecuador el 40% de mujeres criminalizadas por abortos son afrodescendientes, según el Informe de Acceso a la Justicia de las Mujeres en Ecuador . En este contexto, mujeres afrodescendientes y negras se han activado entorno a la lucha por aborto legal. Una de ellas es Jaqueline Gallegos, afrofeminista, parte de del colectivo Afrocomunicaciones. Ella menciona que las mujeres negras han realizado un ejercicio de derechos muy profundo, desde el tiempo de la trata de personas donde las mujeres negras se manifestaron. En Ecuador, las mujeres negras están atravesadas por un racismo estructural, donde siguen siendo parte de la población más empobrecida, según el Diagnóstico de la situación socioeconómica de las mujeres afroecuatorianas en el territorio ancestral de Imbabura y Carchi, “la población afroecuatoriana enfrenta los índices de empobrecimiento y empobrecimiento extremo más altos a nivel nacional, con el 36.5 % y el 21.5 % respectivamente y esta situación se complejiza en el caso de las mujeres”, con menor acceso a servicios. “Esa herencia colonial y deshumanización desde la esclavización siguen latentes en el país” dice Jaqueline. 

Además, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres en Ecuador seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, y una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual. Las mujeres que viven violencia de género sobrepasan el 50%, no obstante, en las mujeres que tienen menos nivel de instrucción, la violencia llega al 70%. 6 de cada 10 mujeres independientemente de su autoidentificación étnica han vivido algún tipo de violencia de género; presentándose un mayor porcentaje en las mujeres indígenas y afroecuatorianas. 

Por lo tanto, para ella, participar de las organizaciones feministas es fundamental, donde “los feminismos negros han aportado en los derechos de los feminismos en el mundo”. Dentro de sus propuestas para la aprobación de la Ley Orgánica de Interrupción del Aborto por Violación está que no haya temporalidades para acceder al aborto. Para Jaqueline las mujeres negras no pueden acceder a la salud pública de manera segura, añadiendo a eso que son aisladas y empobrecidas.

Al igual que las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas viven similar condición de empobrecimiento y falta de acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Frente a esto la Colectiva Runa Feminista, ha impulsado el activismo feminista desde las mujeres indígenas. Esta colectiva está conformada por nueve mujeres Kichwas que generan información feminista en su propio idioma y en español. Y justamente desde estas voces diversas, construyeron mensajes para pedir la aprobación de la Ley Orgánica de Interrupción del Embarazo por Violación.

Mutsurinchik! #AbortoPorViolacion @CorteConstEcu @SurkunaEc @EcMujeres @DesafioDerechos pic.twitter.com/B2fiT5gu6W

— Runas Feministas (@RunasFeministas) April 28, 2021

Paolina Bercoutier, integrante de la colectiva Runa Feminista, menciona que las mujeres indígenas han sido invisibles en el espacio público, a pesar de haber estado en los espacios de incidencia política de la lucha por los derechos de las mujeres a lo largo de la historia. Paolina cuenta que, en Ecuador, hay un despertar desde las mujeres indígenas para no tener miedo al estigma y poder reivindicar sus derechos y denunciar las objeciones que han tenido desde el Estado y desde sus propias comunidades. Pues hay una problemática de niñas y mujeres que están siendo abusadas dentro de sus comunidades, la mayoría kichwas. Según el estudio Patrones de violencia hacia las niñas en el Ecuador, Cayambe, Cañar y Palmira son los tres cantones que presentan la mayor frecuencia de violencia sexual extrema. 

Para Paolina, “La aprobación de la ley garantiza a las niñas y mujeres indígenas tener acceso a la ley siempre y cuando no haya procedimientos burocráticos que dificulten acceder al servicio de salud sexual y reproductiva de estas niñas y mujeres indígenas”. Por lo tanto, las mujeres que están en el acompañamiento de casos de violencia sexual, demandan que las niñas y mujeres indígenas no tengan que cargar con partos y maternidades que son producto de una violación.

https://twitter.com/RunasFeministas/status/1468767931798589443/photo/1

En Latacunga, una de las provincias con mayor población indígena, activa Allullas Verdes, un colectivo que nace de la necesidad de crear comunidades o grupos de mujeres que compartan las mismas ideas, como primer paso para impulsar el feminismo. Dentro de este espacio han decido promover dos enfoques: proyectos que impulsen el trabajo y la independencia económica de la mujer y promover la movilidad digna de las mujeres en el territorio. Actualmente el colectivo lo conforman 35 mujeres de Cotopaxi, en su mayoría jóvenes menores de 25 años. Una ciudad donde la criminalización de las mujeres por aborto consentido, es alto, según datos de Human Rights Watch, El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador, Cotopaxi cuenta con 12 casos de criminalización desde el 2009 hasta el 2019.

Los activismos feministas han impulsado también una presencia en la escena cultural. Con ese objetivo, nace la Cantata Feminista Ec, una colectiva feminista conformada por 18 mujeres artistas, desde los 14 a los 36 años, que han encontrado en la música la fuerza para levantar su voz por vidas libres de violencias, tal como lo mencionan en su perfil de Facebook y como lo reflejan en su arte a través de la pintura.

https://www.facebook.com/CantataFeministaEc/photos/a.112778887384456/318659313463078/

Carol Bolaños, es vocera de la colectiva y menciona que el arte en los espacios feministas ha sido una herramienta clave de contención y de expresión para las mujeres y su incidencia, “Nosotras creemos que el feminismo es el que se ha tomado los espacios poco a poco en las diversas áreas artísticas. Esto ha significado una manera de repensar el arte como un medio para hablar sobre nosotras, nuestras exigencias, nuestras luchas y también entender ese valor político y social que tiene el arte”.

https://www.facebook.com/CantataFeministaEc/photos/a.105259334803078/314557910539885

El aborto en Ecuador es legal para mujeres víctimas de violencia sexual con discapacidad mental, desde 1938. Pero, la violencia sexual contra mujeres con discapacidad es una realidad extendida. En 2017, UNFPA Y CNIG presentaron la investigación “Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su vinculación con la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano” donde se decreta que en Ecuador el 12.14% de población femenina tiene discapacidad y son ellas quienes tienen más probabilidades de experimentar violencia sexual. Ante esta situación, la Red de Mujeres con Discapacidad impulsó propuestas entorno al aborto por violación. Karina Marín, parte de la red, explica que no hay que hablar de la discapacidad como algo que se sufre, si no como una nueva identidad que se reconoce desde las luchas y exigencia de derechos. Y destaca que, “al aprobarse la Ley Orgánica de Interrupción del Aborto por Violación para mujeres con discapacidad, se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad” dice Karina, es decir, que se reconoce que tienen derecho a decidir sobre su propia vida y sus cuerpos.

Esta Red busca la creación de espacios de formación y participación por los derechos de las mujeres con discapacidad y también son parte de la búsqueda de una Ley “justa y reparadora”, por lo que para que su mensaje llegue a los colectivos y redes de personas con discapacidad, elaboraron un vídeo con lenguajes de señas para la invitación al Pañuelazo Nacional.

https://www.facebook.com/CantataFeministaEc/photos/a.105259334803078/314557910539885

En el centro de Ecuador, en Tungurahua, activan dos colectivas una lucha contra la violencia de género y por el aborto legal: Guambras Verdes y la Colectiva Ana de Peralta. Dayam Mena, es parte de Guambras Verdes y para ella la Ley Orgánica para la Interrupción del Aborto por Violación implica un desafío, ya que “la ley debe aprobarse y aplicarse; pero, de no ser así, todo el trabajo y la lucha que hemos realizado pasaría a ser un gran retroceso para la historia y la vida de las mujeres”.

Maritza Gamboa es la presidenta de la Colectiva Ana de Peralta, conformada por 15 mujeres. Esta colectiva nació el 8 de marzo del 2016, bajo la necesidad de tratar el tema del aborto por violación y generar espacios para hablar del trabajo con mujeres trans, trabajadoras sexuales, violencia de género y violencia sexual. Y enfatiza en que: con la aprobación de la Ley Orgánica de Interrupción del Embarazo, las mujeres tendrán un lugar seguro donde podrán acercarse sin ser discriminadas, revictimizadas al tomar la decisión de interrumpir su embarazo después de haber sido víctimas de violencia sexual. “Las mujeres tenemos ese derecho a decidir si querer o no querer maternar”, dice Maritza.

Otra de las actorías que ha impulsado una lucha por los derechos sexuales y reproductivos es la estudiantil. Camila Aguirre es la Coordinadora Nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador que ha venido trabajando junto con la Federación de Estudiantes de Secundaria del Ecuador en colegios y barrios, Camila menciona que tienen un acercamiento a la realidad de los, las y les estudiantes del país, y que dentro de las Unidades Educativas no hay medidas de educación sexual integral, ni planificaciones para prevenir embarazos adolescentes. Estas, son problemáticas que no son sostenidas por las instituciones. 

“Entre 2014 y mayo de 2020, el Ministerio de Educación de Ecuador registró 3.607 denuncias de violencia sexual en las instituciones educativas”, según el informe, denominado: Es una lucha constante. La violencia sexual en instituciones educativas y los esfuerzos de jóvenes sobrevivientes por obtener justicia en Ecuador. Por ello, Camila junto a la FESE han acompañado a muchas niñas y adolescentes que han vivido violencia y acoso sexual, uniéndose a la lucha de aborto por violación, desde donde proponen “que en este país y en todo el mundo haya el libre acceso al aborto en todas las causales, que este sea seguro y gratuito” recalca Camila. Para hablar de este tema, Camila junto con los otros miembros de la organización hablan a través de talleres de la importancia de los métodos anticonceptivos, además de entregar información oportuna sobre el acoso dentro de las aulas y derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y jóvenes, como una manera de fomentar la educación sexual integral.

(*) Cobertura Colectiva: Mujeres, Feministas y Disidencias por el #AbortoLegalPorViolación / Wambra, medio digital comunitario, EC.

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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional retomó la discusión del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, el 10 de enero del 2022. Esta es la recta final de un camino recorrido para que el acceso al aborto legal por violación sea una realidad para todas las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual. 

Por Ana María Acosta / @yakuana (*)

La sentencia de la Corte Constitucional de abril del 2021 declaró la constitucionalidad del acceso al aborto decidido para todas las mujeres embarazadas producto de violación y no solamente para mujeres con discapacidad mental, como establecía el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 150, desde 1938. La Corte determinó que la Defensoría del Pueblo será la encargada de elaborar, de forma participativa, una Ley que garantice el acceso a la  Interrupción Voluntaria del Embarazo por Violación, en un plazo máximo de dos meses, mientras que la Asamblea deberá aprobar la ley en seis meses.

La Defensoría del Pueblo convocó a organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres, feministas, diversidades a espacios de discusión para elaborar la Ley. Producto de estos diálogos, la Defensoría recibió dos propuestas de la sociedad civil. 

La primera propuesta la presentaron organizaciones de mujeres y feministas el 18 de junio de 2021 que se denominó “Propuesta del Movimiento de mujeres y feministas al proyecto de Ley que garantiza el acceso al aborto por violación”. El documento recogió los aportes de alrededor de 101 organizaciones de mujeres y colectivas feministas que se unieron en una jornada de diálogo nacional y recolectaron información socio-demográfica sobre la situación de mujeres indígenas, afrodescendientes, de sectores rurales y de mujeres que viven en la frontera en situaciones de conflicto armado, así como de niñas, adolescentes y mujeres con especial atención a sus contextos entorno al acceso al aborto.

La segunda propuesta fue entregada a la Defensoría el 23 de junio de 2021 por la Coalición “Diálogo Nacional Disidente”, conformada por el Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos, Causana Acción Lésbika y la Colectiva Pachaqueer. Esta recogió aportes de colectivos de las diversidades sexo genéricas con un enfoque antirracista y transfeminista que incluye a las personas racializadas, con capacidad de gestar y abortar, y los cuerpos disidentes que históricamente han sido excluidos del debate del aborto en Ecuador.

Con estos insumos, la Defensoría del Pueblo, con Zaida Rovira como defensora encargada, entregó a la Asamblea Nacional, el 28 de junio de 202,  el proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción del Embarazo por Violación. A partir de ahí, el reloj empezó a correr para la Asamblea que, según el dictamen de la Corte, contaba con seis meses para su aprobación. 

 

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El aborto llegó al Pleno

La Asamblea Nacional contó con seis meses para discutir el proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción del Embarazo por Violación; sin embargo, esperó hasta el último mes del plazo otorgado por la Corte para iniciar el debate.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado realizó 16 sesiones, con 47 comparecencias, para, finalmente, el 3 de diciembre aprobar el informe para primer debate con ocho votos a favor y dos en contra. Los votos en contra fueron de la asambleísta Sofía Espín, de Unió Por la Esperanza, UNES, y del asambleísta Ricardo Venegas, de Pachakutik. Dos asambleístas de partidos políticos pertenecientes a la tendencia de izquierda, pero que en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos han posicionado discursos ultra conservadores. 

 

 

El proyecto de Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación llegó al pleno de la Asamblea Nacional, el 9 de diciembre, para el primer debate. En los exteriores de la Asamblea decenas de personas permanecieron en vigilia: de un lado, activistas feministas y de derechos humanos,  y, del otro lado,  grupos denominados “próvida” y religiosos ultraconservadores. En la mañana el pleno escuchó las ponencias de decenas de personas entre activistas, abogadas y médicos. Y en la tarde, las y los asambleístas debatieron hasta pasadas las 20:00 de la noche. 

 

Manifestación feminista exteriores Asamblea Nacional Ecuador 2021

Manifestación grupos antiderechos exteriores Asamblea Nacional Ecuador 2021

Durante el debate, realizamos una verificación del discurso de las y los asambleístas, en una alianza de Debate Verificado, una iniciativa de CEPAM, Indómita en conjunto con medios como Wambra, Primicias, La Periódica, GK, BN Periodismo, Chicas Poderosas, la Tinta Digital y Ecuador Today .

Después del primer debate en el pleno, el 14 de diciembre, la Comisión de Justicia instaló la sesión 063 donde recibió a expertos y expertas de salud para abordar tres nudos denominados “críticos” de la ley: los requisitos, los plazos y la objeción de conciencia. 

Las organizaciones feministas tenían expectativa de que, después de las sesiones en la Comisión, el debate llegue al pleno en diciembre; pero, la Asamblea cerró el año con este pendiente. Ya para fines de diciembre la Comisión dio a conocer un calendario para el tratamiento de la Ley en 2022, donde disponía que la Comisión retomaría la sesión el 5 de enero y el segundo debate en el pleno sería el 11 de enero; pero, de nuevo, esta agenda se modificó. 

Finalmente, el 10 de enero la Comisión de Justicia reinstaló la  sesión 066 para discutir y aprobar el borrador del informe para segundo debate. Hasta el cierre de la sesión, pasadas las 20:00, la Comisión discutió y aprobó hasta el artículo 25 que aborda los deberes del personal de Salud, de un total de 66 artículos que conforman la ley. 

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