El 19 de abril de 1991 Walter Bulacio se convirtió en un emblema de la lucha contra el abuso policial. Sólo era un ricotero que iba a ver a su banda. Solo era un pibe, como muchos otros. Las razzias de los noventa se ensañaron, al igual que las balas policiales, con esos pibes. A 29 años de su asesinato en manos de la policía, traemos algunas palabras de la abogada de su causa.

Por María del Carmen Verdú*

Otoño de 1991. Semana Santa ya había pasado, con días templados. Abril empezó igual, con sol y buen tiempo. El primer frío vino la noche del viernes 19, algo que siempre angustió  a María Armas de Bulacio. “Habrá tenido frío en el calabozo”, decía cuando pensaba en las últimas horas de conciencia de su nieto, ese pibe de 17 años que la iba a parir como una luchadora contra la represión estatal por más de 20 años.

En estos 29 años hubo varios intentos de reconstruir, por escrito, para la pantalla o el escenario, el Caso Bulacio. Muchos proyectos quedaron en el camino o resultaron insulsos y deformados folletines. Sólo uno pocos –como la reciente puesta teatral “Muerte Accidental de un Ricotero”- lograron sintetizar la complejidad de las alternativas procesales, el infierno de “chicanas”, la aridez de las decisiones -o indecisiones- judiciales y el fragor de la movilización popular que convirtió al pibe rockero de Aldo Bonzi en ícono de la lucha antirrepresiva.

La historia de la detención, tortura y muerte de Walter David Bulacio empezó con el operativo policial en el estadio Obras la noche del 19 de abril de 1991 y terminó el 26, con su muerte en el sanatorio Mitre. Pero en el curso de esa semana, el nombre y la cara de Walter ganaron las calles. La primera marcha, cuando el pibe todavía estaba en coma, fue convocada por la comunidad educativa de su colegio, el Nacional Rivadavia, en la Avenida San Juan.

En la segunda marcha, contrariando a quienes propugnaban caminar en silencio, un grito se hizo unánime, y se quedaría para siempre: YO SABÍA, YO SABÍA, QUE A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA. Han pasado 29 años, pero en las canchas de fútbol, en los recitales, en las marchas contra el gatillo fácil o en los escraches a comisarías, más temprano que tarde, se escucha esa consigna, a veces cambiando el nombre de Walter por otro, a veces generalizando “a los pibes los mató la policía”. Hoy gritan Yo sabía… chicos que no habían nacido cuando mataron a Walter, pero que saben, saben porque no necesitan que nadie les explique cuál es el rol de la policía, porque lo viven en su propio cuero cada día de su vida.

La historia de Walter es también la nuestra como organización. Martha Ferro, trabajadora de prensa, luchadora socialista y feminista, conocía el pequeño y desordenado grupo de militantes que éramos entonces, y presentía la potencialidad que podía tener una organización en la que tratábamos de fundir el activismo con las familias de las víctimas, encarando todos los posibles escenarios de intervención antirrepresiva. De su mano, Víctor Bulacio y su mamá, Mary, se sumaron a CORREPI, decididxs a encarar colectivamente la lucha en tribunales y en las calles. Fue la puntada final en el principio de nuestra propia historia, que había comenzado unos años antes junto a lxs familiares del Negro, Willy y Oscar de Ingeniero Budge, de Francisca, la mamá de Agustín Ramírez y de Estela, la mamá del “Peca” Rivero.

Desde el primer momento estuvo claro cuál era el eje de la movilización popular por Walter. Las consignas contra las detenciones arbitrarias de los edictos policiales y la averiguación de antecedentes, el gatillo fácil y las torturas en lugares de detención surgieron y se extendieron masivamente. Era algo que siempre había estado ahí, invisibilizado y naturalizado, que estallaba con una dinámica sin precedentes.    

Sofía Tiscornia, en su tesis doctoral sobre el Caso Bulacio, comparó la acción que desarrollamos con el niño del cuento de Andersen, ese que, “en el momento culminante de la ceremonia en que el Emperador exhibe su investidura a los súbditos, ‘descubre’ enunciándolo, que el rey está desnudo”, y nombra eso que existía, “lo que todos sabían pero, por muy diversas razones e intereses, no estaban dispuestos o capacitados para enunciar”, para que no se advirtiera que “tras las ropas imperiales solo hay puro poder de violencia fundadora de derecho”.

Aquí no se trataba de reyes, pero sí de ropajes imaginarios que encubren los mecanismos de control social y disciplinamiento que garantizan, desde el poder, la gobernabilidad de un sistema fundado sobre la explotación y la opresión de las mayorías sojuzgadas.

Veintinueve años después, creemos que no es el momento de repasar los hechos de esa semana de abril, ni de volver sobre las increíbles vicisitudes de una causa penal que, después de más de dos décadas, y sentencia de la Corte IDH mediante, llegó tarde y mal a un juicio oral que sólo debatió la detención ilegal en cabeza del comisario Miguel Ángel Espósito, apenas si uno de los engranajes del sistema, que recibió una condena menos que simbólica. Todo lo que se quiera saber sobre los hechos y la causa ya lo hemos dicho, escrito y publicado.

Hoy, el aniversario de la detención, tortura y muerte de Walter, nos encuentra en medio de una situación de excepción, tratando de revelar el alcance y gravedad de las consecuencias represivas de la batería de medidas implementadas frente a la emergencia sanitaria. En este abril inusual, no podemos estar en la calle para gritar que lo mató la policía y que el estado es responsable, ni para levantar, junto al de Walter, los nombres y rostros de las miles de víctimas de la represión de todos los días. En este abril, sin embargo, es la misma lucha.

Como el 24 de marzo, como el próximo 30 de abril, cuando se cumplan 43 años de la primera ronda de las Madres, este abril no salimos por Walter, pero nos movilizamos y actuamos, con todos los medios disponibles, porque los motivos de lucha se multiplican.

Por Walter y por todxs, contra la represión, ¡Organización y lucha!

*Publicada originalmente en CORREPI el 19 de abril

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Cuando los jueces del Tribunal Oral Criminal Nº 21 dictaron sentencia en el juicio por el ataque criminal que costó la vida al compañero Mariano Ferreyra, su presidente, el juez Horacio Días, quiso hacer un paralelo entre ese juicio y con otras causas trascendentes por hechos represivos, y dijo: “Con Carrasco se acabó la colimba, con Bulacio se acabaron las razzias, con Kosteky y Santillán se acabó un gobierno”. No era un día cualquiera. Era 19 de abril de 2013. Exactamente 22 años antes, casi a la misma hora, Walter Bulacio, un pibe de 17 años de Aldo Bonzi, era detenido en el operativo policial dirigido por el comisario Miguel Ángel Espósito en los alrededores del Estadio Obras. Una semana después, murió como consecuencia del apaleamiento recibido. Recién unos meses después, en septiembre de 2013, empezaría el tardío e incompleto juicio oral al comisario.

Minutos después de esa afirmación, lanzada a sabiendas de nuestra presencia en la sala, ya que éramos una de las querellas contra el burócrata José Pedraza, su patota y los comisarios de la PFA que cooperaron en el plan criminal, pudimos responder frente a la multitud de compañeros y compañeras movilizados desde temprano frente al edificio de Comodoro Py. Dijimos que ni CORREPI, ni nadie, necesitábamos más que caminar la calle para saber que nunca habían terminado las razzias, ni las detenciones arbitrarias, ni la tortura ni el gatillo fácil, ya que seguían vigentes las normas que permiten las primeras y a diario jueces y fiscales justificaban los últimos.

En aquel principio de 2013, nos indignó esa afirmación que ya estaba desmentida por los varios miles de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal registrados en el Archivo de CORREPI con posterioridad a 1991, con la comprobación de que la mayoría de las muertes en comisarías encontraba su origen en detenciones arbitrarias como la de Walter, es decir, sin imputación de delito (averiguación de antecedentes, razzias, detenciones de niños y niñas por ser “menores”, faltas o contravenciones).

Cinco años después, a poco más de dos años de gobierno de Cambiemos y 27 de la detención, tortura y muerte de Walter, enfrentamos un recrudecimiento tan exacerbado del escenario represivo que cuesta encontrar adjetivos adecuados para definirlo. Desde el minuto cero de su gestión, los funcionarios a cargo del área de “seguridad” de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, seguidos sin fisuras por sus pares de las demás provincias, gobernadas o no por la Alianza Cambiemos, lanzaron la orden de aplicar “a fondo”, masivamente, esas herramientas históricas con las que cuentan las fuerzas de seguridad para interceptar, identificar y detener personas arbitrariamente.

Hoy ya casi no es noticia que personal policial, de gendarmería o de otras fuerzas nos pare en la calle porque sí, nos pida el DNI, nos interrogue acerca de adónde vamos y de dónde venimos, nos revise mochilas, bolsos, carteras y bolsillos, y, según cómo se les canten las ganas, nos deje seguir o nos lleve a la comisaría. Circulan a diario videos del pasaje entero de colectivos de línea de corta, media o larga distancia obligado a bajar, mostrar sus pertenencias, identificarse. Nos enteramos hace escasas horas, por ejemplo, que un contingente escolar, de niños entre 10 y 12 años, pasó por esa “experiencia” ante la impotencia de sus docentes.

Con la misma frecuencia e intensidad, vemos retenes con uniformados de colores diversos, presentados como “control de rutina” en rutas y autopistas, avenidas y calles secundarias, en un marco de militarización del territorio que no disimula el objetivo de legitimación y naturalización de esas prácticas linealmente dirigidas a imponer el control social y el disciplinamiento. Pero no sólo nuestra libertad ambulatoria queda afectada con esta política, sino que sus consecuencias se reflejan en la cantidad de muertes a manos del aparato represivo.

La mayor presencia de personas en las comisarías viene aumentando exponencialmente, en el lapso de gobierno macrista, los índices de muertes en las celdas, generalmente presentados como esos “suicidios” sobre los que ironizó Rodolfo Walsh hace más de 50 años con estas palabras: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella”.

A su vez, la proliferación del poder de fuego estatal en los barrios multiplicó el gatillo fácil, siempre con los certeros tiros “defensivos” en la nuca o la espalda del “delincuente abatido”, como rápidamente justifican los medios hegemónicos, sea que se trate de un pibito de 12 años en Tucumán o de un adolescente en moto que, por temor a una multa porque no tenía seguro, pasó de largo uno de esos “controles de rutina”.

Por primera vez desde el fin de la dictadura, enfrentamos un escenario de excepción, que conjuga más de una muerte por día por el gatillo fácil y la tortura, récord absoluto en democracia, con un avance feroz contra los sectores organizados de la clase trabajadora, con el resultado de heridos de arma de fuego en las movilizaciones, presos y presas, y centenares de nuevas causas penales, con imputaciones federales de alto voltaje contra manifestantes. Vemos, cada día, cómo se preparan para ir por más, acopiando herramientas superadoras para la represión, como lo promete el proyecto de reforma del código procesal penal de la Nación que ya tiene dictamen de comisión, que incorpora al arsenal “investigativo” todas las formas imaginables de intrusión oficial en nuestras comunicaciones personales, dispositivos electrónicos y redes sociales, a imagen y semejanza de lo que los jueces federales vienen usando en las causas por las movilizaciones del año pasado.

El gobierno de Cambiemos se vio obligado a sacar un poco el pie del acelerador en sus proyectos de reformas estructurales después de las masivas e intensas jornadas de diciembre pasado, y ahora, con la complicidad del PJ y la burocracia sindical y frente a la “preocupación” de algunos de sus socios como el gobernador mendocino Cornejo, explora formas alternativas para profundizar el ajuste y el tarifazo. En materia represiva, en cambio, no encuentra oposición alguna en los partidos patronales, que se suman alegremente a todas las iniciativas oficiales, vengan por vía ejecutiva o legislativa. Contamos sólo con nuestras propias fuerzas, la de las trabajadoras y los trabajadores, para enfrentar todas las variantes de la política represiva estatal.

Confirmamos, así, que sólo a partir de la organización en el barrio, en las escuelas y universidades, en la fábrica, en la oficina, en unidad de acción pero conservando nuestra independencia de clase, podremos ir avanzando en la lucha por nuestra defensa cotidiana. Con protagonismo popular, debemos tomar en nuestras manos el imperioso problema de hacer crecer la lucha antirrepresiva.

*Militante de Correpi y Poder Popular

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