De hecho, si este jueves (el primero de la nueva década), el Consejo de ERC confirma esa abstención al aceptar el acuerdo con el PSOE que aún no ha sido hecho público, podemos afirmar que, en la segunda votación de investidura, saldrá electo presidente el único candidato que contaba con esa posibilidad tras los comicios, el candidato del PSOE y actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Lo hará con un gobierno de coalición que contará con dos vicepresidentes muy dispares entre sí. La actual ministra de economía en funciones, Nadia Calviño, funcionaria perteneciente al círculo de la elite de economistas de Bruselas.
Y Pablo Iglesias, que 5 años después de fundar Podemos, y con los peores resultados de la coalición Unidas Podemos (tuvieron 3 millones de votos, el 12.8% del voto emitido, traducido en 35 diputados), consigue formar en España el primer gobierno de coalición socialdemócrata. Lo ha hecho según la apuesta estratégica que perfiló a partir de no conseguir el sorpasso al PSOE en el anterior ciclo electoral de 2016. No lo consiguieron pese a tratarse del peor resultado del partido “socialista” desde la llegada al ejecutivo de Felipe González, al final del período transicional, en 1982, es decir, del 48% de entonces (en las elecciones que contaron con la mayor participación), al 22.6% (5.4 millones de votos) que consiguió Sánchez en sus segundas elecciones como candidato. Unidos Podemos no lo logró por perder en coalición, con la repetición electoral, un millón de votos.
Así las cosas, la apuesta estratégica de Pablo Iglesias, en el plano parlamentario, incluyó, primero, la insistencia y el trabajo por lograr una moción de censura del Congreso articulando contra la derecha otra mayoría posible, desbancando así al PP de La Moncloa. Una moción de censura que, finalmente, tras la sentencia por corrupción al Partido Popular, colocó a Sánchez, sin necesidad de acuerdos -también por la relación de fuerzas políticas tras el estallido de la crisis territorial en Cataluña- como presidente del gobierno, a mediados de 2018.
En un segundo tempo, y de nuevo en un ciclo electoral, la lectura estratégica de Iglesias contempló la permanente exigencia de respeto a la proporcionalidad de votos para un gobierno de coalición, tras su lectura del fin definitivo de las mayorías suficientes para gobernar en solitario el país. Una lectura constatada, al menos en el grueso de su argumento, en esta última convocatoria electoral, aunque fue asumida con sumo riesgo para su partido político y para el país, ante la posibilidad de que la derecha recuperara, también en coalición, la posibilidad de gobernar.
No obstante, la clave para avistar definitivamente investidura y formación de gobierno ha sido la publicación, este último lunes de la década que se fue, por parte de la Abogacía del Estado (ente jurídico pero gubernamental) del escrito dirigido al Tribunal Supremo respecto a la sentencia emitida, hace un par de semanas, por el tribunal de Luxemburgo (Unión Europea) a favor de la inmunidad parlamentaria del líder de ERC, Oriol Junqueras, para recoger su acta de eurodiputado. La conclusión del tribunal de justicia de la UE se emitió como consecuencia de la consulta que le formuló el propio Tribunal Supremo del Estado español, cuando Junqueras estaba en prisión preventiva y siendo procesado, por tanto antes de la sentencia que le condenó a 13 años de prisión por sedición y malversación.
Pero volvamos a lo marcado por las urnas en las elecciones generales, lo cierto es que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ganó los comicios por segunda vez consecutiva. Algo que no sucedía desde antes de la crisis económica con los gobiernos de Rodríguez Zapatero, cuando el partido consiguió 11 millones de votos (más del 40% del voto emitido). En el 2019, el último año de la década pasada, el PSOE volvió a ser la fuerza más votada consecutivamente, pero su victoria en esta repetición electoral fue aún más pírrica que la de abril. La apuesta de Sánchez perdió más de 700 mil votos, traducidos en tres escaños, por lo que el PSOE cuenta con 120 diputados para la investidura.
El 10 de noviembre, Sánchez fue el candidato más votado con el 28% de los votos, frente al 20.8% del segundo, el líder del PP, Pablo Casado. El Partido Popular, pese a mantener la hegemonía del bloque de la derecha por el desplome de su competidor de abril -Ciudadanos pasó de quedarse a 200 mil votos del PP, adelantando a Unidas Podemos como tercera fuerza, a perder 2.5 millones de votos, quedándose con sólo 10 bancas que representan al millón y medio de votos que conservó-, y recuperar 700 mil votos y 22 diputados (quedando con 88), no ha remontado la posición hegemónica de régimen que todavía tenía en 2016, cuando comenzó la crisis del bipartidismo, ni siquiera cuenta con una hegemonía fuerte dentro de la sociología conservadora del país.
Nos encontramos, así, con un elemento lo fundamental, nos referimos a las características de la reorganización del voto de derecha: Vox se convirtió en la tercera fuerza política del país con el 16% de los votos (4.1 millones). Esto es lo crucial tanto para nuestra preocupación como defensores de los derechos humanos, militantes antifascistas y feministas; como para contextualizar lo sucedido en la arena política institucional.
Por un lado, resulta esencial para entender el reconocimiento exprés de Sánchez de su propia derrota respecto a los objetivos presidencialistas que guiaron la repetición electoral. Pasó de estar en contra del gobierno de coalición, hasta el punto de arriesgar que, con la bajada de participación, ganara el poder gubernamental de España un tripartito de derechas con Vox incluido, a firmar el pacto con Iglesias a poco más de 24 horas de los resultados electorales.
Por otro lado, el auge de la extrema derecha en el parlamento -y de esta forma en la calle y en el discurso- es esencial para entender la distancia existente entre las negociaciones del PSOE durante estas semanas, respecto al Sánchez de antes de la convocatoria electoral y, sobretodo, del discurso que tuvo como candidato durante la campaña. Una distancia, primero, respecto a la petición de abstención que hizo constantemente a PP y Ciudadanos para poder gobernar en solitario, así como respecto a las conversaciones con Casado para reformar la ley electoral al estilo griego, que riendo asegurar la dotación de fuerza legislativa suficiente a la lista más votada para poder gobernar sin necesidad de pactos de coalición con otros partidos; y, en segundo lugar, una distancia frente al discurso erigido por el PSOE en referencia al conflicto catalán durante la campaña, negándolo como conflicto político y caracterizándolo únicamente como crisis de convivencia entre catalanes.
Y es que la forma de reorganización del españolismo derechista explica la lectura política de imposibilidad de llegar a una gran coalición PSOE-PP, esa gran coalición que reclaman los sectores de poder y algunas familias de la derecha dentro del propio Partido Popular, para frenar lo que ellos califican como “alta traición a la patria” y “el fin del país”. El derechismo, todo, califica al gobierno del PSOE y Unidas Podemos -con pacto con los nacionalistas vascos y abstención negociada con el principal partido del independentismo catalán, a lo que hay que sumar la también abstención por lectura política de EH Bildu (para la derecha españolista, “los etarras”), como “gobierno de comunistas, secesionistas y populistas bolivarianos”.
En definitiva, el crecimiento estremecedor del nuevo competidor del PP por la derecha, antes engrosado en sus votantes, dado el contexto de nacionalismo español exacerbado a partir de la crisis independentista catalana, en una coyuntura europea de crecimiento rápida de la extrema derecha a partir del punto de inflexión de las políticas de austeridad y recogiendo la reacción del machismo frente a la movilización feminista antipatriarcal, explica que un PP que pierde votos hacia Vox, se derechiza más en su discurso y trata a España como su patrimonio material, simbólico y espiritual tanto en el plano reaccionario tradicional como en el ideológico neoliberal, no opte por pactar con Sánchez –“el felón y traidor socialista”- ni se plantee permitirle gobernar en solitario.
Lo cierto es que en sólo un año desde la entrada de Vox en las instituciones y en sus segundas elecciones generales tras entrar en el Congreso de los diputados, la formación reaccionaria ha pasado a ser la tercera fuerza de la cámara: recordemos que pasó del 10% de los votos conseguidos en abril, lo que parecía un techo, al 14%, es decir, 3.5 millones de votos traducidos, como tercera fuerza del parlamento, en 52 diputados.
Este hecho es el que despejaba el riesgo de unas terceras elecciones. Y también, por tanto, podía hacer creer que con un acuerdo de coalición firmado entre Sánchez e Iglesias, a menos de dos días del resultado electoral, ERC no negociaría su abstención, ante el miedo a las dos derechas PP-Vox en unas terceras elecciones.
Deducción lógica pero errónea dada la situación en el país, ya que dentro del campo del independentismo catalán, con unas elecciones en Catalunya a la vuelta de la esquina –que serán las primeras desde la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones tras la declaración unilateral de independencia y el referéndum del 1 de octubre -, pero sobretodo con los presos catalanes condenados por sedición antes de las elecciones generales no existía en realidad esa opción. Ya no estábamos en julio y eso lo sabía Sánchez en septiembre cuando se negó a ser nombrado candidato en una segunda ronda de investidura forzando las elecciones.
En estas condiciones, la abstención de Esquerra ya no iba a ser a cambio de nada, a diferencia de lo ocurrido en la moción de censura que hizo a Sánchez presidente, ahora en funciones, o en las dos investiduras fallidas de julio en el que hablaban de un ‘sí’ sin contraprestaciones para frenar a la derecha, evitar repetición electoral y tratarse de una oportunidad histórica. En realidad, esta realidad respecto a la posición de ERC ya se demostró cuando votaron ‘no’ a los presupuestos del Estado firmados por PSOE y UP, que los tumbó y fue lo que provocó tanto el adelanto electoral de abril como que España siga operando como país con los presupuestos de 2018 que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy.
El último escollo con ERC, lo han terminado de salvar, si se confirma el jueves su abstención, la posición de la Abogacía del Estado a partir de la sentencia de Luxemburgo, además del acuerdo que hayan firmado que aún está por hacerse público. La sentencia de la justicia de la UE ha dado alas a algunos de los argumentos tramposos, convertidos en sentimientos y experiencia victimista respecto a España dentro del catalanismo, y, por supuesto, bilis al españolismo, más de Vox que al PP, por el mito europeísta del conservadurismo posfranquista característico en España, pero sobretodo a un imaginario reaccionario alimentado durante casi 20 años por la proliferación de medios de la llamada “caverna” en el país, y de esos polvos estos lodos.
Veremos qué sucede en el siguiente punto de inflexión judicial, cuando el tribunal de DDHH de Estrasburgo dictamine corrigiendo tanto la detención, encarcelamiento y condena de “los Jordis” –los dos activistas independentistas responsables de dos de las organizaciones culturales más relevantes del giro independentista de la última década- como la pena y condena por el delito de sedición, no sobre el de malversación, eso seguro, que recoge la sentencia de, nada menos, que el Tribunal Supremo del Estado español. Pero eso ya, es otra historia.

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María García Yeregui desde España

La importante movilización del voto “útil” en las últimas elecciones generales de España con resultados de representación de la soberanía popular que pudieron frenar a las derechas -divididas en tres partidos-, sólo con un empate técnico de votos entre los bloques estatal-progresista (PSOE y Unidas Podemos) y el bloque españolista-neoliberal (PP, Ciudadanos y Vox), no son hoy para el líder del PSOE y único candidato presidenciable, más que “agua pasada”. Tal y como se refirió, en una entrevista ante la pregunta sobre su relación con Pablo Iglesias: “no quiero entrar en ningún reproche”. 

Los resultados de la legislatura más corta fueron papel mojado, unas importantes elecciones con fuerte polarización: los primeros comicios después de la crisis territorial abierta en Catalunya y del giro a la derecha de la crisis del sistema político a partir de la victoria de las derechas, que sí formaron gobierno, en el sur del país. En otras palabras con la entrada de la extrema derecha postfranquista en las instituciones estatales. 

Pedro Sánchez continuaba en la entrevista: “ahora hay que mirar a la pregunta que hay que responder el próximo 10 de noviembre (…): si el 11 de noviembre continuamos bloqueados o queremos un gobierno”. El presidente en funciones, que lo es como consecuencia del apoyo incondicional de la mayoría de la cámara de diputados –todas las fuerzas excepto las derechas españolistas- en la primera moción de censura exitosa de la historia de la democracia liberal española, nos explica repetidamente por qué aquellos relevantes comicios no servían, por qué no se merecían respeto, por qué son agua pasada: “los españoles tienen que decir aún más claro su voluntad”. 

Una voluntad preconcebida para una unidad genérica, “los españoles” –casi ‘unidades de destino en lo universal’ pero versión liberal posmo, que con la que está cayendo en España referido al territorio, la identidad y el derecho, entendemos su fuelle no sin perplejidad. Y es que lo de las naturalizaciones del estado-nación –haya sido, sea o llegue a ser-, leyendo simplista y burdamente la concepción de su soberanía popular, a veces da vergüenza ajena.

‘Yo o el caos’, exclamaba prácticamente Sánchez en el debate electoral del pasado lunes: “si queremos un gobierno, votamos al partido socialista, si queremos impedirlo o bloquear, aquí tienen ustedes para elegir”. De esta forma, la repetición electoral que decidió el Ejecutivo en funciones para ‘votar bien’, conduciría a esa hipotética meta-voluntad de los españoles -concebida en función de la pregunta que él mismo plantea acerca del bloqueo y la gobernabilidad- hacia el propio Pedro Sánchez, círculo cerrado sobre sí mismo.

No contento con semejante conductismo reduccionista de masas acerca de una decisión individual, expresada cosificadamente con el voto aunque según marcos de imaginarios colectivos, el líder del PSOE explicita, por si acaso, la vía correcta de respuesta: “la única fuerza política que ahora mismo puede garantizar el que haya un gobierno en este país es el partido socialista”. ¡Gobernabilidad con sueños presidencialistas –made in USA- en un sistema parlamentario y con esta coyuntura!

Sin escuchar la última rueda de prensa del equipo negociar de Unidas Podemos el pasado septiembre, parecía que la mediación aludida por Pablo Iglesias respecto a nada menos que el posicionamiento del rey en su ronda de contactos de los líderes de los partidos, para el nombramiento oficial del candidato de cara a cada investidura en el Congreso, había tenido finalmente lugar, pero en la dirección opuesta. Es decir, para evitar que la partida para conformar un gobierno pudiera continuar según en una segunda y última ronda de intentos para la investidura que contempla la Constitución. 

Y es que sin conocer la decisión que había tomado Sánchez de seguir la senda de Rajoy y vetar ser nombrado candidato en caso de no contar con un acuerdo cerrado que le asegurara el triunfo a priori, la ausencia de nombramiento del candidato por parte del monarca, me parecía una táctica de intento de jaque mate de monarquía y bipartidismo. De la mano del partido de régimen, el PSOE, con los ojos puestos en la reforma constitucional desde arriba –cómo no- para apañar lo de la gobernabilidad, y algún que otro retoque más, en base a un acuerdo con el PP. De hecho, Sánchez ya habló, antes de la investidura fallida de julio, con Pablo Casado, de reformar el artículo 99 de la Constitución según el modelo griego. Es decir, asegurar suficientes bancas para la lista más votada, que le permitan, por tanto, formar gobierno sin necesidad de pactos. 

De hecho, Sánchez comenzaba el debate lanzando una ya vieja propuesta al viento: que gobierne la lista más votada sin respetar las reglas del juego constitucional. Mientras los ecos de una ‘gran coalición nacional’ suenan a dúo, en boca de encuentros públicos entre los ex presidentes Mariano Rajoy (PP) y Felipe González (PSOE). La pregunta clave es cómo la lograrán, en sus efectos y objetivos, sin llegar a hacerla.

En definitiva, el PSOE de Sánchez asumió correr los riesgos de una victoria de las derechas, capitaneadas por el PP, pese a los resultados en bruto de las elecciones de abril. Electoralistamente estaba claro que lo hacía para sumar escaños como consecuencia de la ley electoral de mayorías que tenemos, desangrando a UP por un lado y a Cs por otro. 

Así las cosas, sin el dato de la novedosa imitación de Sánchez a Rajoy –negó presentarse hasta en dos ocasiones por no contar con los apoyos suficientes y no tener posibilidad de negociación en la cámara-, la jugada olía a una lógica de transición española reloaded, que incluía una mayor actividad por parte del monarca. Pero con la información de la ‘táctica Rajoy’ asumida por Sánchez, el rey habría acordado pero no dispuesto. Y es que, el responsable de Unidas Podemos en las negociaciones fallidas con el PSOE, Pablo Echenique, afirmó con total naturalidad que los responsables “socialistas” les había dicho, en aquella última reunión de los equipos negociadores, que Sánchez innovaba su trayectoria de presentarse a todo sin haber movido ficha para conseguir los apoyos suficientes –cuatro, en estos cuatro años, fueron sus investiduras fallidas-. Cambiando de estrategia no aceptaría el encargo del rey, a no ser que hubiera un acuerdo cerrado que daba la investidura por segura.

Por tanto, Pablo Iglesias sabía perfectamente al reunirse con Felipe VI que esas eran las últimas horas, que no habría más partida antes de la convocatoria electoral. Con esto nos quedan claras dos cosas: el protagonismo de Sánchez en la táctica por el sueño presidencialista, con la exhumación de Franco en la mira y pese, o con, la fecha de la sentencia del juicio al Procés fijada; y que el secretario general de Unidas Podemos, desde la escisión errejonista del partido, está entrenado en remar imperturbable frente a órdagos decisivos.

Iglesias considera que se ha producido con el recorrido de Sánchez –desde su negativa a investir a Rajoy que le costó un golpe interno de la ejecutiva del PSOE que finalmente se abstuvo y su victoria en las siguientes primarias con un discurso progresista- una suerte de ‘despertar progresista’ sin retorno en la base social: el síntoma duradero del ciclo abierto tras la crisis del 2008 y el 15M, que seguiría presente tras haber sido usado por Sánchez para renacer como líder del PSOE, como consecuencia -según el análisis de Iglesias- de la presión ejercida por la existencia de Podemos. Y esto es lo que habría sido decepcionado chuscamente durante estos últimos meses por el fracaso de las negociaciones para un ejecutivo progresista. 

Por ello, Iglesias atisba una crisis dentro de la identidad progresista que considera de una profundidad suficiente como para hacer tambalear la fidelidad de voto hacia el PSOE, más con la nueva estrategia de dureza con Catalunya y desdén hacia Unidas Podemos, practicada por el líder “socialista”. Es decir, una ventana entreabierta y después rota que, con la firmeza y tacticismo del líder de Podemos, pretende terminar de abrir hacia su espacio político: se presenta como el actor que ocupa ese lugar, queriendo dejar la decepción sin vacío. En eso, aunque no igual, sigue también Iñigo Errejón.  

La firmeza de Iglesias presenta una continuidad con su discurso y su estilo, a lo que hay que sumar la ruptura de la imagen de autoritario y ávido de poder que le construyeron ante el palco de la opinión pública, al haberse retirado tras el veto que le hizo Sánchez justo antes de la primera sesión de investidura del pasado julio. Una coherencia también con el cierre del debate electoral del 22 de abril: “lo que le pido a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad, una sola, de estar en un gobierno cuatro años y si en esos cuatro años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más”. 

Sin embargo, creo, algo indignada y preocupada, que lo hace infravalorando, entre otras cosas, la tradición existencial del desencanto político, abstencionista tras el chute ilusionante, del votante progresista. Aunque es verdad que visto lo visto en estas semanas, quizás sea otra vez activado por otro sentimiento, el del temor a un PP de seguro reforzado y a un crecimiento de la extrema derecha de Vox -tras aparecer con soltura por vez primera en un debate electoral- a costa del desinfle de Ciudadanos, según las encuestas.

Pablo Iglesias consideraba enterrado el bipartidismo, pareciera en sus análisis de julio que sin posibilidad de resurrección: “la crisis económica que llega el 2008, que tiene como manifestación social inicial el 15M, eso es gravísimo, eso crea unos niveles de desconfianza en la política, eso entierra el bipartidismo en España”. Según su posición, la movilización del voto útil, también a ellos, no habría sido tanto coyuntural ante el peligro del ‘trifachito sin filtro’, sino más bien una base suficientemente estable como para considerar que el eje principal de su razón de voto, o su motivación, sea lo que él denomina el ‘consenso de acuerdo’ entre los votantes del llamado bloque progresista.

El candidato de Unidas Podemos comentaba que veía a las derechas incapaces frente al eje territorial de la crisis del sistema político: “para la derecha, Catalunya no es un problema de Estado, es una oportunidad electoral, con lo cual están fuera de cualquier tipo de solución de Estado, les interesa inflamar lo que ocurra en Catalunya”. Finalmente, de cara a la recesión en ciernes, sentenciaba: “a mí me parece una evidencia que solamente el PSOE con nosotros puede afrontar esos dos desafíos de Estado de España (…) si no llega a ser porque nosotros existimos y desde fuera condicionamos la interna del PSOE, el PSOE estaría muy mal”.

Del otro lado, sin embargo, está el PSOE. Desearían ser el gobierno socioliberal, centro de la enésima restauración borbónica. Pero tendrán que compartir centralidad. Es poco probable que lo consigan como midieron tácticamente, a modo de mal menor, a través de socios menores –Ciudadanos y errejonistas-. Apunta, como se viene diciendo por estos pagos, a compartir centralidad inmediata con el PP, de un modo u otro, o con las nuevas cartas de bancas en diputados repartidas entre bloques, ni eso.

La razón de este Estado neoliberal –en un país con una transición de la dictadura a la democracia liberal por reforma, sin ruptura legislativa, “de la ley a la ley”, realizada por sectores de la España franquista, junto a la hegemonía de la narrativa de reconciliación nacional- no está precisamente “razonando”, frente a la nueva fase de la crisis -la del sistema autonómico ante el independentismo en Catalunya-, según el análisis de consensos del 78 que ha hecho Iglesias, por las razones que él mismo proclama en campaña –han usado hasta las cloacas del Estado en un espionaje de cara a los medios, la apodada ‘policía patriótica’-. La propuesta de la vía de derrotar y disciplinar hasta desactivar a la mitad de los catalanes que son independentistas, está encima de la mesa y con la sentencia judicial por sedición se está ya articulando. 

Veremos qué pasa con el desengaño progresista, esperemos que se encuentre mitigado por la reacción que han vuelto a tener las derechas tras la exhumación del dictador y, sobretodo, después de las movilizaciones y disturbios en Catalunya tras la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio al ‘procés’ independentista. La suerte está echada.

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María García Yeregui desde España

El Partido Popular sufrió una debacle en su capacidad de poder legislativo (de 137 a 66 diputados), el peor resultado desde 1979 (durante la transición, como Alianza Popular, el partido de algunos Ministros franquistas). Ciudadanos no consiguió el sorpasso, por unas doscientas mil papeletas, al PP de Pablo Casado (el nuevo líder de los “populares” a raíz de la dimisión de Mariano Rajoy, tras haber sido éste desalojado de La Moncloa con una moción de censura que ganó el mismo Pedro Sánchez hace casi un año, presentada después de la condena por financiación ilegal del PP).

Y Vox, su machismo recalcitrante y enarbolado, su racismo y su nostalgia neofranquista entran en la cámara de diputados con el 10% de los votos. Es decir, sin la fuerza que el alto porcentaje de indecisos y un temido voto oculto, finalmente inexistente, arrojaban a la opinión pública los días antes de la votación.

Con todo, el riesgo de un gobierno de las tres derechas era del todo real. Lo vemos en el acuerdo de gobierno en Andalucía, tras 40 años de gobierno del PSOE. Un pacto que significó un giro a la derecha del ciclo en el que nos encontrábamos de la crisis del sistema de partidos en España. Precisamente el giro que ha sido frenado con la movilización del voto útil contra el “trifachito” el 28A.

Pero el peligro resulta aún más evidente si nos fijamos en el número de votos en bruto obtenidos por los tres partidos de la derecha: con algo más de 11 millones, tuvieron prácticamente un empate técnico con el bloque progresista a nivel estatal, esto es, PSOE y Unidas Podemos.

En el contexto español, “movilización de voto” son palabras claves. En España, el voto no es obligatorio. No estamos frente a un sistema presidencialista, por tanto, no hay diferencia entre elecciones presidenciales y legislativas, ni hay dos vueltas, no existe el balotaje.

Se trata de un sistema parlamentario en el que la cantidad de voto total, la participación, influye en la cantidad de escaños a repartir para cada partido en la cámara de diputados, de un total de 350. De dicha representación de la soberanía popular en el legislativo, emana el poder ejecutivo. Es decir, el investido presidente lo es en función del número de diputados que lo apoyen, en función de una férrea disciplina de partido. Hay dos posibles intentos. El primero ha de ser por mayoría absoluta, lo que asegura un gobierno operativo y estable, según los parámetros de la democracia liberal. Es decir, 176 diputados votando ¨sí” al postulado a presidente del gobierno. En el segundo intento, por el contrario, se puede investir por mayoría simple, esto es, sólo se necesita conseguir más votos afirmativos que negativos, contando con las posibles abstenciones.

La representación, es decir, la traducción de los votos en las bancas de diputados (los escaños) responde a tres claves vigentes de la ley electoral española: nos referimos a la ley D‟Hont, a la división en circunscripciones y a la llamada „ley del dos‟, la cual implica que cada circunscripción, independientemente del número de votantes que suponga y del número de diputados que van por la misma a las Cortes, aporta un número mínimo fijo de dos diputados. Con esta arquitectura representativa, cada diputado conlleva una cantidad de votos distinta, es decir, no todos los escaños valen el mismo número de votos. Se trata de un sistema que beneficia a las mayorías y penaliza progresivamente a los partidos que siguen, en número de votos, a las dos fuerzas más votadas.

También traduce con alta representación a los partidos mayoritarios dentro de algunos territorios, como los partidos nacionalistas vascos y catalanes. En estas elecciones han sumado 32 diputados, 11 más que en 2016, siendo la primera vez que un partido independentista catalán (Esquerra Republicana de Catalunya) gana unas elecciones al parlamento de España en Cataluña. Tanto en País Vasco como en Cataluña, la pasada convocatoria había ganado consecutivamente Podemos.

En Euskadi, el tridente de las derechas españolistas no ha obtenido representación, mientras en Catalunya, PP y Vox han conseguido un diputado cada uno y cinco han ido para Ciudadanos como quinta fuerza, muy lejos de su victoria en las últimas elecciones catalanas (600 mil votos menos). Nos referimos a aquellas convocadas después de la suspensión de la autonomía catalana por el gobierno central con la aplicación del famoso artículo 155, tras la celebración del ilegalizado referéndum de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia, a finales del 2017.

Pues bien, este sistema electoral explica que el PP se beneficiara siempre en la cantidad de poder legislativo que sus votos traducían: al ser la única fuerza de derechas estatal, su voto estaba concentrado. Pero ahora hay tres fuerzas, el voto de la derecha está dividido y, por tanto, su representación y poder legislativo baja.

Y es que el „españolismo centralista‟ reaccionó en dos tiempos a la crisis política, mientras la corrupción del PP salía a borbotones de las cloacas. Primero con Ciudadanos, ese “Podemos de derechas” que el director del banco Sabadell reclamaba compitiera a nivel estatal ante la potente irrupción podemita. Venían de Cataluña como abanderados contra el soberanismo catalanista. Después con Vox, esa escisión del Partido Popular autoproclamada “sin complejos”, que también moviliza a esa pequeña parte del neofranquismo, vinculado a los neonazis de los 90s en adelante, que no contaban con el disciplinado pragmatismo conservador para votar a la fuerza hegemónica de la derecha española y españolista (con la historia imperialista del reino, las restauraciones borbónicas y la derrota republicana del 39, siempre derechistas), en realidad la única fuerza con representación a partir de 1982 (el año de la consolidación democrática de España, con la mayoría absoluta del PSOE).

Así, en neto la derecha dividida en tres, cuenta con 147 escaños, frente a los 169 de la anterior legislatura, aunque en bruto movilizó 200 mil votos más que la suma de las anteriores elecciones generales -en 2016, aquella repetición electoral que evidenció la crisis del sistema de partidos, puesto que tuvo lugar después de que, con los resultados de 2015, el pacto de Sánchez y Ciudadanos fuera consecuentemente rechazado por Podemos, y de que el PP de Rajoy no pudiera formar gobierno siendo el partido más votado.

El pacto PSOE- Ciudadanos, ese cuyos números sí dan ahora, puesto que cuentan con 123 y 57 diputados respectivamente, fue señalado como favorito por JP. Morgan y otros poderes financieros nacionales e internacionales. Pero parece que Ciudadanos, de cara a las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, ha optado por disputar la hegemonía de la derecha, para terminar articulando un nuevo bipartidismo con esta resurrección “sociata”.

Recordemos que la crisis del bipartidismo (PP-PSOE) arrancaba en 2011, a partir de la movilización en las plazas que se produjo como respuesta a la recesión económica internacional que pinchó „la burbuja‟ económica española y contra las recetas de la Troika (las criminales políticas de ajuste y deudocracia). Esta crisis del sistema de partidos se cierra transitoriamente con el resultado de este punto de inflexión: en estas elecciones se rechazó la tentación del eje nacional, tras el conflicto catalán, contra la organización territorial del Estado en autonomías, vigente desde 1978.

El llamado ¨voto útil¨ se movilizó contra la banalidad del mal (Arendt) discursiva que las derechas implantaron a trío por la crisis territorial abierta en Cataluña, llamando ¨golpe de Estado¨ al referéndum catalán; y más histriónicamente a partir de la llegada de Sánchez al ejecutivo mediante la moción de censura, con programas y proclamas machistas, racistas y neoliberales, apropiándose falazmente en su relato de tres grandes significantes: Constitución, España y Democracia.

Frente a semejante espectáculo, el adelanto electoral -tras no haber podido Sánchez sacar adelante los presupuestos negociados con Podemos debido al rechazo de los independentistas catalanes- movilizó el voto contra la derechización del país. Votaron un millón de personas más, una de las participaciones más altas de la historia. Así resucita el PSOE, en su 140 aniversario, con su versión propagandística más socialdemócrata. Que Sánchez tornará ¨socioliberal¨ -continuando con la historia de las socialdemocracias del continente ante la acumulación capitalista, a 100 años del asesinato de Rosa Luxemburgo y a 40 de la llegada de Thatcher al gobierno británico-, si, como ya anuncian y pese a la debilidad del gobierno, consigue formarlo prescindiendo de Unidas Podemos (que perdió alrededor de un millón de votos). Pero esa es otra historia del laberinto postelectoral.

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