A fines del mes de abril, la urbanista brasileña Raquel Rolnik visitó la Argentina y presentó, entre otras actividades, su último libro “La guerra de los lugares . La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”. A continuación, una reseña para seguir pensando el acceso a un hábitat digno.

Por Agustín Bontempo | Foto: Camila Parodi

“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como argumentaré, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos. ¿Cómo podemos entonces ejercerlo mejor?” [1]

David Harvey, “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”

El siglo XXI, este que irrumpió en nuestras vidas con trasformaciones culturales a gran escala a partir, especialmente, del acelerado desarrollo de las tecnologías, también vino con la profundización de un modelo de exclusión vinculado al acceso a un hábitat digno. Este paralelismo no es caprichoso, pues el nuevo mundo es cada vez más desigual, excluye a las mayorías y priva a la población de todo el planeta a que pueda tener garantizado un derecho humano fundamental: la vivienda propia.

De esto discurre “La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”, el último libro de la urbanista brasileña y ex relatora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, quien participó de la presentación de su libro en Argentina durante la última semana de abril -material editado por la Editorial El Colectivo en conjunto con LOM Ediciones-, en una serie de encuentros organizados por la Fundación Rosa Luxemburgo Oficina Cono Sur.

El trabajo de Rolnik es riguroso para comprender la escandalosa crisis habitacional que azota al mundo en general y a nuestra América Latina en particular. Poder habitar un hogar de manera digna, en ciudades integradas y con acceso a los servicios básicos, se vuelve un anhelo cada vez más lejano para una porción inmensa de la humanidad. Hablar de este tema es involucrarse de lleno con la desigualdad en esta angustiante expresión: no tener donde vivir o hacerlo a un costo altísimo.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[2] que relevó 109 países, en octubre de 2021 había 1.300 millones de personas en situación de pobreza. Además, destaca que al menos 1.000 millones de individuos carecen de una vivienda digna. Como contrapartida, un informe reciente de la Confederación OXFAM[3] asegura que en el mundo hay 2.668 milmillonarios que concentran riquezas equivalentes al 13.9% del PBI mundial, donde se destaca que 10 de estas personas poseen más que el 40% de las personas en situación de pobreza en todo el mundo.

Este escenario pone de manifiesto las dificultades que tienen miles de millones de seres humanos para dormir bajo un techo en todo el planeta mientras una pequeña porción de personas posee riquezas superlativas. Esta aproximación da cuenta de que la amplia brecha en materia de ingresos es estructural y estructurante del problema planteado.

A los bajos ingresos, se le suma que el mercado inmobiliario se fue imponiendo por sobre las obligaciones de los Estados en garantizar la vivienda de las familias. Es interesante que podamos hacer un breve recorrido. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, el mundo se conformó de una manera bipolar donde el bloque capitalista debió implementar un modelo que pueda intervenir en la estructura de las relaciones sociales. La necesidad de recuperar la calidad de vida post conflicto bélico y la confrontación con el comunismo, decantó en el surgimiento del Estado de Bienestar que tomaba partido en ámbitos que garanticen derechos para la ciudadanía. Esa lógica (que en nuestro país se vio truncada hacia la década del 70, especialmente con el inicio de la dictadura cívico y militar que se instaló el 24 de marzo de 1976) se rompió para que se termine imponiendo lo que algunos llamaron el pensamiento único que tuvo su enclave a través del consenso de Washington para desarrollar una visión de un mundo que, a través de la globalización, iba a resolver todas las necesidades estructurales de la población a nivel global.

La autora desarrolla estas ideas asumiendo que el sistema -con sus variantes nacionales- no dio respuestas definitivas a la problemática, aunque sí hubo procesos de intervención y regulación. La caída de la URSS y la idea del fin de la historia se comenzó a imponer con fuerza en la década de 1990 poniendo en jaque el concepto de vivienda como derecho humano[4] y, en su lugar, ser pensado como un instrumento del mercado que priorice las ganancias de algunos sectores. La propia Rolnik lo sintetiza con claridad:

“En países postsocialistas, en Estados Unidos y en buena parte de los países europeos la privatización de los complejos de vivienda pública y los cortes drásticos en la inversión y en los fondos habitacionales se sumaron a las reducciones en los programas de bienestar y en las ayudas al alquiler. Esas medidas estuvieron acompañadas por la desregulación de los mercados financieros y por una nueva estrategia urbana, a fin de permitir la movilización del mercado doméstico y el reciclado del capital internacional”[5]

Raquel Rolnik, “La guerra de los lugares”

Un sistema expulsivo

El período abierto en 1990 tuvo un desarrollo de variables que, evidentemente, fueron agitando escenarios de crisis. Una población global que crecía aceleradamente en un mundo que cada vez daba menos respuesta a las necesidades existentes, con un mercado laboral que comenzó a modificarse a partir del impulso de las nuevas tecnologías propias de la Sociedad de la Información[6] que, a su vez, tuvo un reflejo en los territorios

Pablo Ciccolella destaca que “Los procesos de reestructuración económica global, entonces, han dado lugar en los últimos años al rediseño de la relación entre economía, sociedad y espacio, generando nuevas estructuras territoriales de producción, gestión, circulación, así como nuevas formas de fragmentación territorial”. Y agrega que “También ha desencadenado una nueva oleada de modernización, planteando un nuevo esquema territorial de la antinomia atraso/modernidad, determinando, por ejemplo, un nuevo modelo selectivo de incorporación/exclusión de áreas, determinando la declinación de unas y el ascenso de otras, en el contexto del capitalismo global”[7].

El problema es doble. Las ciudades se organizan no ya en base a la integración ordenada de sus comunidades sino de acuerdo a las necesidades que se imponen desde el mercado. De esa manera, los aún vigentes cordones industriales quedan cada vez más en zonas marginales del tejido urbano y, consecuentemente, los ámbitos habitaciones también, mientras que los “centros” urbanos vinculados al nuevo mercado laboral tecnológico, por ejemplo, tienen cada vez menos espacio para habitar. Por lo tanto el modelo de ciudad es excluyente.

Este reordenamiento también es abordado por Rolnik quien destaca que el mecanismo expulsivo en las ciudades se acelera en el Siglo XXI. En este período se destaca el colapso de las hipotecas subprime en Estado Unidos que culminaron con la crisis económica de 2008 y que sus efectos en todo el mundo persisten aún hoy. Este régimen trató de incluir en un sistema crediticio a millones de familias que realmente no podrían cumplir con las exigencias económicas, causando un colapso financiero de gran escala para ellas y al modelo en general.

En los países del “tercer mundo” el efecto fue mayor. Por un lado, por las propias consecuencias del estallido financiero aunque, a su vez, el mercado inmobiliario que se imponía tornó cada vez más difícil la posibilidad de acceder a créditos y sistemas de vivienda propia así como también de alquileres, desarrollándose con intensidad las producciones informales de barrios completos. En Argentina esto tuvo su expresión. De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)[8], más de 5 millones de personas viven en más de 5.600 barrios o asentamientos precarios en todo el país.

En el caso argentino hay una caso aún más elocuente: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estima que, en la Capital Federal -el distrito más rico del país-, más de 300 mil personas viven en este tipo de barrios. Con excepción del barrio Padre Mugica (un asentamiento centenario construido en zona portuaria porque recibía a sus primeros habitantes que llegaban desde Europa para trabajar), la inmensa mayoría se ubica en zonas marginales de la ciudad. Como contrapartida, se estima que casi un 30% de las viviendas formales están vacías y a disposición de la especulación inmobiliaria.

Este panorama muestra no solamente el carácter expulsivo de las nuevas ciudades sino que sintetiza una de las máximas de este tiempo: la gente sin casas y las casas sin gente.

La financiarización de la vivienda

“La propiedad inmobiliaria [real state] en general y la vivienda en particular configuran una de las más nuevas y poderosas fronteras de la expansión del capital financiero. La creencia de que los mercados pueden regular el destino del suelo urbano y de la vivienda como forma más racional de distribución de recursos, combinada con productos financieros experimentales y <<creativos>> vinculados a la financiación del espacio construido, hizo que las políticas públicas abandonaran el concepto de vivienda como un bien social y el de ciudad como un artefacto público. Las políticas habitacionales y urbanas renunciaron a la función de distribuir la riqueza, bien común que la sociedad coincide en dividir o proveer a aquellos que tienen menos recursos, para transformarse en mecanismos de extracción de ingresos, ganancia financiera y acumulación de riqueza. Este proceso derivó en la desposesión masiva de territorios, en la creación de pobres urbanos <<sin lugar>>, en nuevos procesos de subjetivación estructurados por la lógica del endeudamiento, además de haber ampliado significativamente la segregación de las ciudades”.

La cita es de la propia Raquel Rolnik y describe de manera elocuente el mundo habitacional actual y el análisis general que plantea en todo su libro. Los hogares en tanto activos financieros en lugar de derechos humanos básicos que deben ser garantizados, sistemas crediticios limitados que condicionan la vida de las personas, el capital ficticio y la extracción constante de la renta productiva. Estamos hablando de un proceso denominado como financiarización que se trata de “el dominio creciente de actores, mercados, prácticas, narrativas financieras en varias escalas, lo que resulta en la transformación estructural de economías, empresas, Estados y grupos familiares”[9].

El proceso de financiarización que la autora aborda en detalle también es la contrapartida de las necesidades que la población en todo el mundo necesita para acceder a un hábitat digno. Los Estados (en todos sus niveles, en todos los países y regiones) deben planificar los territorios de manera integral, equitativa y ambientalmente sustentable. Se requiere que el suelo urbano sea accesible para las mayorías en ámbitos que permitan generar comunidad y socialización. Que la vivienda pueda ser un derecho humano efectivamente y no de manera declarativa.

La hegemonía del mercado financiero global atenta contra estas necesidades y demandas, excluyen y consecuentemente empobrecen a millones de familias en todo el mundo. Por supuesto que este escenario no puede ser abordado de manera aislada y eso también lo entiende Rolnik. Las relaciones desiguales de producción y explotación del ámbito laboral también construyen marginalidad, de un lado, y riqueza obscena, del otro. Es difícil acceder a trabajos y que estos sean estables, permitiendo encarar los proyectos de vida en todas sus dimensiones. Esto, que también es uno de los grandes problemas que el capitalismo ha generado y no puede dar soluciones, también produce informalidad en la vivienda y en los barrios, que carecen de servicios básicos y accesibilidad al conjunto del ejido urbano.

Tal como lo anuncia el título del libro, la autora entiende que los territorios son una nueva arena de disputa entre poderes fácticos y la enorme masa de ciudadanos, ciudadanas, parte de una inmensa clase trabajadora que reclama lo que les corresponde.

Rolnik cree -y con todo derecho-, que las nuevas formas de gobernabilidad juegan un rol destacado en esta guerra y que la democracia, en concreto, no resuelve lo que debería. En síntesis, lo que está ocurriendo es una expansión de las fronteras del mercado. Sin embargo, este proceso no es lineal. Del otro lado hay comunidades enteras que se organizan y resisten, que plantean alternativas, soluciones y salidas. Hay batallas políticas y sociales con variadas alternativas y orientaciones políticas.

En definitiva, de eso se trata la guerra de los lugares: si el capital impone sus reglas de mercado, la organización de las y los asalariados se darán sus mecanismos para que su derecho humano vulnerado pueda ser garantizado por sus propios medios.

Estructura de los capítulos

El libro tiene un abordaje exhaustivo de la problemática que estudia. En la primera parte, que se divide en 5 capítulos se aborda la financiarización global de la vivienda. Escenarios, impactos desiguales en diversos territorios del mundo, las propuestas e iniciativas que los gobiernos y el real state ha impulsado.

La segunda parte, repartida en 4 capítulos, se centra en la inseguridad en la tenencia. Se trata de los padecimientos que atraviesan las familias que son desafiadas o directamente expulsadas de sus hogares y barrios, con destinos diversos, complejos y muchas veces desoladores. Desplazamientos producto de guerras y desastres naturales, desalojos por incapacidades económicas y nuevos arraigos en lugares que son ajenos y precarios.

La tercera parte consta de tres capítulos y analiza los lineamientos generales del libro en la experiencia particular de Brasil, confrontando los métodos institucionales y gubernamentales, el rol del mercado inmobiliario, la situación de la población y las alternativas que se plantean frente al escenario esbozado.

A continuación, la autora hace un balance sobre los efectos de los acontecimientos en desarrollo y las respuestas organizadas de la comunidad y un análisis de los nuevos procesos de financiarización con su más actual expresión: los alquileres.

Una breve conclusión

Raquel Rolnik es una profesional con una acabada y comprobada experiencia, tanto en sus roles académicos como de práctica política. La Guerra de los lugares es un amplio y riguroso estudio sobre la organización urbana en términos sociales y de infraestructura. Como señala Ana María Vázquez Duplat en el prólogo, el estudio de conceptos y experiencias en decenas de ciudades que la autora evidencia a lo largo de todo el trabajo nos permite comprender el entramado de las ciudades de hoy.

Hablar de ciudades expulsivas en el Siglo XXI es, sin duda, referirse a los efectos del neoliberalismo a escala mundial. La caída del bloque comunista fue la punta de lanza para consolidar este modelo excluyente, de ciudades desiguales que se fue consolidando y expandiendo, garantizando que la pobreza económica tenga su correlato habitacional.

Por tanto, es urgente que podamos analizar en detalle el análisis de Rolnik porque la estructura social hegemónica es voraz y amplia sus márgenes sin contemplaciones. Pero también, como señala incluso la autora, esta misma voracidad siembra la fuerza de su destrucción.

El neoliberalismo hegemoniza, sí, pero ya no de manera estable. Innumerables procesos y movilizaciones populares en todo el mundo lo ponen en jaque, resisten sus consecuencias y ofrecen alternativas. La inestabilidad que presenta América Latina donde nuevos gobiernos populares son el resultado electoral de las luchas llevadas adelante por las y los campesinos de Colombia y Ecuador, los pueblos originarios de allí pero también de Perú, Bolivia o Chile, la clase obrera organizada junto a los sin tierra que resisten el fascismo de Brasil.

La guerra de los lugares es, a veces, angustiante frente a la claridad con la que expone este mundo en el que vivimos. Pero también es provocador y, por momentos, nos ilusiona al ver que el pueblo en su resistencia y organización también presenta alternativas que nos incluyen a todos y todas.

[1] D. Harvey, “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”. Akal, Buenos Aires, 2014.

[2] “El índice de pobreza releva profundas desigualdades entre grupos étnicos”. Informe PNUD, octubre de 2021. Consultar aquí: https://www.undp.org/es/comunicados-de-prensa/el-%C3%ADndice-de-pobreza-revela-profundas-desigualdades-entre-grupos-%C3%A9tnicos#:~:text=A%20nivel%20mundial%2C%20en%20109,y%20Asia%20meridional%20(532%20millones

[3] Beneficiarse con el sufrimiento, mayo de 2022. Puede consultar el informe aquí: https://www.oxfam.org/es/informes/beneficiarse-del-sufrimiento

[4] En Argentina, la vivienda es un derecho que debería estar garantizado por el Estado según lo establece el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

[5] R. Rolnik. “La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”. Editorial El Colectivo y Ediciones LOM. Buenos Aires, 2021.

[6] El término Sociedad de la Información fue acuñado por Manuel Castells, quien afirmó que en la década de 1970 comenzó a imponerse un modelo de estructuración de la sociedad y del trabajo que remplazaría la hegemonía industrial.

[7] M. Ciccilella. “Metrópolis Latinoamericanas. Más allá de la globalización”. Editorial Café de las Ciudades, Buenos Aires, 2014.

[8] Se puede consultar aquí: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap

[9] Consultar aquí: https://www.academia.edu/7359027

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Por Mario Hernández  Foto La Síntesis

“Quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, vamos a poner en marcha un millón de créditos a 30 años (…) con cuotas similares a las de un alquiler”, fue uno de los anuncios   que realizó Mauricio Macri en el marco del debate presidencial con Daniel Scioli, en 2015. Hasta febrero de 2019, la cantidad de créditos apenas supera los 150.000 y la situación de los deudores se ha tornado desesperante.

Créditos UVA,  la situación es insostenible

Cuando el gobierno de Cambiemos lanzó la innovadora idea de otorgar créditos en Unidad de Valor Adquirido (UVA), que indexa por inflación, miles de familias se endeudaron con la promesa de bajar la inflación o que estos créditos aumentarían a la par que los salarios. Nada de esto ocurrió y hoy quienes se endeudaron no saben cómo hacer para pagar las cuotas que suben al ritmo de la inflación, mientras no sucede lo mismo con los salarios.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe basado en un crédito de 80.000 dólares, acordado en abril de 2016 en el Banco Nación (BNA), con una duración a 30 años, con una tasa del 3,5% anual. Este crédito tenía una cuota inicial, en abril de 2016, de 5.353 pesos. Esa cuota alcanzó en febrero de 2019 los $ 12.214; es decir, 128,2% más, lo que equivale a $ 6.861 adicionales.

El informe destaca que el mayor impacto se produjo en el último año, donde la cuota pasó de $ 8.252 en febrero de 2018, a $ 12.214 en febrero de 2019. Se trata de un incremento de $ 3.962 en la cuota, que representa un 48% de aumento.

El incremento desde que se tomó el crédito, en abril de 2016 hasta febrero de 2019, refleja en  el monto adeudado una diferencia que equivale al 115 %.

Mariela Cancelliere, miembro del grupo Hipotecados UVA Autoconvocados, explicó, “no somos clase media acomodada, somos laburantes que alquilamos durante años y nos metimos en el sueño de la casa propia. Queremos poder pagar nuestra deuda, no queremos subsidios. Pero la situación es insostenible”.

A fines del año pasado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció una serie de medidas a partir de las cuales las cuotas UVA no podrían superar el 10% de suba del incremento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un índice que mide los salarios. Sin embargo tal como afirma Mariela, “fue una medida engañosa porque no salió nada en el Boletín Oficial y los bancos nos dijeron que no tenían novedades sobre algún cambio”.

Hipotecados Autoconvocados

“Hipotecados UVA Autoconvocados”, es el grupo de Facebook creado a mediados de 2018, por cinco personas que advirtieron los peligros que podría acarrear una escalada inflacionaria sobre los créditos UVA. Hoy pasado un año, las y los autoconvocados agrupan a más de 4.000 personas.

El objetivo común es encontrar una solución a la problemática de los créditos UVA. “No solamente está el grupo de Capital sino que también hay otros en Santa Fe, Rosario, Mendoza, Córdoba y La Plata, entre otras regiones de todo el país. Cada uno de estos grupos tiene miles de miembros y se están organizando por regiones”, destacó Mariela Cancelliere y agregó  “Estamos convencidos de que no hay otra salida que la voluntad política porque no podemos luchar contra los bancos. Somos la parte vulnerable”.
“Como están planteados, y si las cosas siguen así en el país, los créditos son inviables, no los va a poder pagar nadie, esa es la realidad. Lo que nosotros queremos es que se busque una solución. Se han presentado varios proyectos en el Poder Legislativo y queremos que se debatan para ver si se encuentra alguna alternativa”, dijo Guillermo, quien sacó una hipoteca junto a su pareja para tener una propiedad donde formar una familia.

Debido a la brecha entre inflación y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), una cláusula gatillo le abrió la posibilidad a más de 34.000 deudores, para solicitar una prórroga del 25% en el plazo de la devolución del total, que puede ser usada por los usuarios por única vez en todo el período que dura el contrato.

Sin embargo, las y los involucrados insisten en que nadie quiere extenderse aún más tiempo para saldar la deuda, ya que la gran mayoría son a 20 o 30 años y porque la reducción en la cuota es de menos de 14%, un beneficio que rápidamente sería devorado por la inflación.

“Me preocupa la situación económica del país porque obviamente nos afecta a todos los hipotecados. Desde mi humilde opinión, lamentablemente este sistema fracasó porque ha afectado a un montón de familias a las que les han llegado mails ofreciéndoles la opción de extender el plazo, que es una cláusula para ser usada en situaciones muy extremas. Que a tres años de haber lanzado el sistema UVA ya lo estén usando evidencia este fracaso”, dijo Verónica, otra afectada.

Inquilinas e inquilinos en apuros

En la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de los inquilinos dice no llegar a juntar el dinero para pagar cada mes. Sumado a los grandes aumentos en expensas y gastos de servicios, la incidencia de los alquileres representa para muchos argentinos más de la mitad de sus ingresos.

“El elemento más alarmante es que los alquileres tienen la incidencia más alta de la historia en los ingresos de las y los inquilinos, y las consecuencias inmediatas son tener que bajar la calidad de hábitat por tener que mudarse a barrios más alejados, modificar la vida teniendo que vivir en un hotel familiar o inquilinato o una vivienda familiar que alquila camas”, afirmó Fernando Muñoz, el director del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un informe de la Defensoría muestra que en los últimos meses aumentaron dramáticamente las consultas de las y los inquilinos con dificultades para seguir pagando el alquiler, que preguntan cómo hacer para terminar el contrato anticipadamente o para solicitar una intervención del organismo para poder continuarlo. Uno de cada tres de estos consultantes termina por rescindir el contrato.

Los contratos de alquiler en Argentina se limitan a dos años y, desde hace 10 años, por el continuo efecto de la inflación en los precios, tienen cláusulas que aumentan el valor de las mensualidades cada seis meses, aplicando el porcentaje de ajuste sobre el semestre anterior y no sobre el original. Además, la renovación del contrato implica confeccionar uno nuevo, que puede estar atado a nuevas condiciones, nuevos precios y mayores gastos.

Falsas promesas 

El 15 de abril de 2016 el presidente Mauricio Macri llegó a la ciudad de La Paz, Entre Ríos, en medio de una fuerte crecida que afectó a la región, acompañado por los ministros de Interior, Rogelio Frigerio; de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y del ex de Agroindustria, Ricardo Buryaile, además de autoridades provinciales y municipales.

Los medios oficialistas (nacionales y provinciales) aprovecharon la ocasión para distribuir las fotos de rigor, con Macri recorriendo en helicóptero las zonas inundadas. El mandatario habló de “zona de desastre”. Tenía razón: había más de 15.000 afectados por las crecidas.

Las inundaciones afectaron a varias provincias, no solo a Entre Ríos. También se vieron perjudicadas Corrientes y Santa Fe.

Ante el “desastre”, el Gobierno de Cambiemos prometió todo tipo de obras, entre ellas, la fabricación de viviendas para los y las vecinas más afectadas, que en Entre Ríos llegaron a adjudicar 1.817.  En ese momento expresaban que “El Presidente está preocupado y ocupándose del tema. A la intensidad y duración de los fenómenos climáticos, se sumó la desidia y la falta de inversión de los últimos años”, aseguró entonces Frigerio.

Sin embargo después de casi tres años sólo se terminaron 14 de las 1.817 viviendas prometidas por el presidente.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino.

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El último sábado, el gobierno de la ciudad impulsó un desalojo en Villa 31 a punta de represión y topadoras. Sin políticas claras de vivienda, se reviven los peores sucesos de la historia villera.

Está claro que el gobierno que encabeza Horacio Rodriguez Larreta no tiene ninguna intención de resolver los problemas habitacionales que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que afectan principalmente a los sectores de más bajos recursos. Aumento sostenido de la indigencia, crecimiento exponencial de personas viviendo en villas y asentamientos, mientras que, por otro lado, el negocio inmobiliario en poder de pocas manos se consolida. Esta línea política de Cambiemos existe desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad.

Sin embargo, las cosas pueden ir aún peor. El sábado 24 de febrero, casi 100 efectivos de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, se asentaron en la manzana 12 de Villa 31 ya que el gobierno iba a desalojar a una familia de su vivienda. Los motivos esgrimidos por los funcionarios es que la vivienda estaba en riesgo de derrumbe. Si esto es así, cabe preguntarse algunas cosas: ¿Por qué no le dieron una vivienda transitoria a la familia hasta arreglar la suya? ¿Por qué no había una orden judicial para efectuar el desalojo? ¿Qué tenían que hacer las fuerzas de seguridad allí si estaban hablando de un riesgo para la familia?

Concretamente, la vivienda a desalojar se encontraba justo donde el gobierno quiere modificar el trazado de la Autopista Illia (una propuesta sin consenso vecinal) y la familia que allí vivía no estaba de acuerdo con tener que mudarse de la zona. Conclusión: lejos del diálogo, al no aceptar la propuesta del gobierno, se la imponen por la fuerza. Esa es la razón por la que las fuerzas de seguridad estaban allí alojadas, defendiendo la decisión de Horacio Rodriguez Larreta quien había firmado un decreto administrativo en lugar de que haya una orden judicial correspondiente.

Como si esto fuera poco, mientras la familia negociaba con el gobierno a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana (responsable de la intervención estatal en el barrio) luego del desalojo, ya estaban las topadoras derribando la vivienda cuando todavía no había ningún acuerdo firmado. Frente a este contexto, cientos de vecinos y organizaciones se acercaron a la zona y la policía (también dueña del control político del lugar), reprimió con gases causando un herido del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que debió ser hospitalizado porque su visión estaba comprometida.

La ecuación es simple. El gobierno de la ciudad no quiere cumplir con la Ley 3343/09 de urbanización de Villa 31, que está por cumplir 10 años desde su sanción y nunca pudo avanzar en su reglamentación. Por el contrario, impone a la fuerza su proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia, vendiendo un supuesto proceso de integración urbana que solo existe en los medios de comunicación afines al gobierno. La tarea se lleva adelante con el puño de las fuerzas de seguridad y con los métodos tan nefastos que han pasado la historia del viejo barrio de Retiro: con desalojos forzosos y topadoras.

Haciendo escuela

Cualquier persona con algo de sensibilidad, coherencia y especialmente comprensión, debe lamentar el agresivo desalojo ocurrido en Villa 31. Sin embargo, lo que nadie debería sentir es sorpresa.

Hay algunos acontecimientos en relación al accionar del gobierno porteño cuando de sectores vulnerables se trata. Todos y todas recordarán la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que perseguía, violentaba y desalojaba a personas en situación de calle, con métodos escalofriantes como la quema de pertenencias o el traslado de las personas en camiones a algún sitio fuera de los límites de la General Paz.

También las medidas que el gobierno nacional fue impulsando, como la posibilidad de utilizar las neopicanas Taser (repudiado, combatido y vencido por la presión popular) o la estigmatización de las y los villeros como chivo expiatorio de los problemas de inseguridad. Pero siguiendo con este eje, las topadoras ya han sido utilizadas hace no mucho tiempo.

Como mencionábamos algunos párrafos atrás, la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires se acentúa constantemente. Uno de los hitos más emblemáticos de los últimos años ha sido el nacimiento del Barrio Papa Francisco, en la zona de Lugano. Aquel lugar que apareció como un símbolo de las pésimas políticas habitacionales y la desesperación por vivir dignamente, tuvo su final cuando el por entonces gobierno porteño que encabezaba Mauricio Macri en asociación con el Secretario de Seguridad del gobierno kirchnerista, Sergio Berni, reprimieron y desalojaron a niños, niñas y familias enteras con el repetido método de las topadoras.

Cabe recordar, por si algún desprevenido, que la Constitución Nacional que es la ley suprema, garantiza el derecho a la vivienda digna, priorizando a los sectores más críticos. Aún más, la Constitución porteña y varias leyes van el mismo sentido.

Una breve reseña de una triste reedición

A la conciencia de las y los habitantes de Villa 31 hay algo que le impacta más que un desalojo. Mientras se llevaba adelante el “procedimiento”, eran muchas las personas preocupadas por sufrir el mismo avasallamiento. Y esto no es casual porque el barrio ubicado en la zona de Retiro ha sufrido los peores embates por parte del Estado a lo largo de su historia.

Cuando transcurría la última dictadura cívico-militar-clerical, el ahora Barrio Padre Mugica sufrió los más feroces desalojos imaginables. Al inicio del gobierno de facto, vivían alrededor de 50 mil personas. La gestión del dictador Osvaldo Cacciatore al frente del gobierno porteño, llevó la cifra a menos de 40 familias viviendo en el barrio. Esto se hizo a fuerza de represión, desalojos y topadoras. Tan parecido a la actualidad que estremece.

Por supuesto, en aquellos años y como ahora, la organización social y política del barrio logró enfrentar los atropellos aunque costó la muerte y desaparición de decenas de vecinos y vecinas. Pero se mantuvo y salió adelante con el tiempo.

Algunos años después, ya en democracia y bajo las alas del neoliberalismo, fue la gestión de Jorge “Topadora” Dominguez (el intendente de la gestión menemista) la primera que reeditó los métodos del ejército en el poder. Vaya paradoja, para llevar adelante las obras de la Autopista Illia, el gobierno justicialista reprimió y desalojó vecinos y vecinas a punta de topadoras. La Autopista Illia, con 25 años de diferencia, la excusa del Estado para oprimir a los sectores más marginales, empobrecidos por sus propias políticas, sea el gobierno que sea.

Entonces

Por su puesto que nos interesan los acontecimientos vividos el último fin de semana. Pero el objetivo central de este artículo es que todos y todas podamos trazar una línea histórica para entender cual es el la condición de clase del Estado, sea gobernado por dictadores o cualquiera de las variantes democráticas. Por supuesto, no es lo mismo. Ni intentaríamos asemejar taxativamente un gobierno elegido por voto popular con uno detentando el poder del Estado por la fuerza. Pero con sus matices y abismos de diferencia, el Estado siempre tuvo una política excluyente hacia algunos sectores y, cuando fue necesario, aplicó métodos lamentables.

El desalojo del sábado sienta un precedente importante para un proceso que está abierto. La Villa 31 de Retiro no está urbanizada, el nuevo trazado de la Autopista Illia no está construido. La historia de un barrio sumergido en el terror de las topadoras recorre nuevamente las conciencias de las y los vecinos. Como en cualquier momento histórico, solo la organización podrá dar una respuesta certera.

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El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 358/17 por el cual se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), luego de un relevamiento de villas y asentamientos de todo el país, que alcanza a 4100 barrios. Las organizaciones sociales reconocen allí una gran conquista para los habitantes de los barrios más pobres de nuestro país. Beneficios y la trastienda de una medida en la que los sectores populares se sienten cobijados.

RENABAP

En un breve comunicado conjunto que emitieron las organizaciones CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Techo se expresa que: “las organizaciones sociales peleamos y trabajamos durante meses en la construcción del primer Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Este relevamiento, realizado por los propios vecinos y vecinas,  arrojó el dato escalofriante de 4100 barrios, en donde se alojan millones de personas pobres en la República Argentina”.

No hay un mapa en el que figuren las villas y asentamientos de la Argentina, tal como lo expresan: “somos una mancha”. Y agrega que “Hay casas, calles, familias, pero no hay ninguna ley nacional, organismo público o plan urbano que reconozca nuestra existencia”.

Con el Decreto N° 358/17 se reconoce la existencia de estos barrios y se crea el Certificado de Vivienda Familiar. Se trata de un documento público que “legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad”, tal como afirman. Esto permitirá acceder de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública (agua, electricidad, cloacas, etc.)  y además exigir la prestación de otros servicios públicos básicos como transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos y todos los servicios necesarios para un buen vivir. Un reconocimiento en donde los sectores populares se sienten reconocidos como ciudadanos, tal como ellos expresan “aunque no tengamos el título de propiedad”. El Certificado facilita el horizonte de la integración urbana, anhelada por los habitantes de los barrios marginales y excluidos de nuestro país.

En el Decreto  se prevé la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan identificar a los tenedores de viviendas, con el objeto de aplicar las políticas, normas y procedimientos que oportunamente se definan, a los efectos de implementar la regularización dominial. Sin duda que de concretarse es una conquista cuya contracara es la incorporación territorial al mercado del suelo, formal y voraz. La posesión certificada podría permitir transacciones de manera más formal y las disputas que de ello se derivan, que hasta ahora quedaban en la total informalidad.

Antecedentes

En noviembre de 2016 se publicaba un relevamiento realizado por la Ong TECHO, que había impulsado la Jefatura de Gabinete de la Nación y que arrojaba como dato que 1 de cada 10 personas vive en un asentamiento informal.

Un relevamiento que parece preliminar al total que parece haberse alcanzado en este mes de mayo de 2017. Tal como se expresa en el Decreto: “existen más de CUATRO MIL (4.000) barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Con este instrumento del Poder Ejecutivo Nacional, se expresa la necesidad de solucionar el déficit habitacional que favorece las condiciones precarias de vida de las personas”.

Una expresión que no se condice con las políticas públicas que cotidianamente empobrecen a la población a la vez que hay sectores que se enriquecen exponencialmente. Mientras muchos pierden pocos ganan, parece la ecuación matemática del momento.

Detrás de escena

Mientras se anuncia esta conquista de los sectores populares y el gobierno nacional intenta mostrar su iniciativa hacia ellos, en un año electoral el portal del Banco Mundial puede hacernos inferir otras conclusiones.

Tal como puede leerse, las políticas públicas no están impulsadas por el gobierno sino que están promovidas por el financiamiento del Banco Mundial. Así parece indicarlo un documento que está fechado el 27 de febrero de 2017, en Washington. En él se afirma lo siguiente: Más de 110.000 personas en Argentina se beneficiarán del acceso a viviendas económicas y de la transformación de barriadas urbanas gracias a dos nuevos proyectos aprobados hoy por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Con unos US$400 millones, los dos proyectos apuntan a mejorar los servicios básicos en barrios urbanos desfavorecidos y mejorar el acceso a la vivienda formal en todo el país.

A nivel nacional, el Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda mejorará el acceso a la vivienda formal a través del primer programa nacional de subsidio a la vivienda del gobierno (Línea Solución Casa Propia).Simultáneamente, buscará mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales a través de mejor infraestructura, servicios públicos y programas sociales. El proyecto comenzará a ser implementado en cinco grandes áreas metropolitanas (Gran San Miguel de Tucumán, Gran Córdoba, Gran Mendoza, San Salvador de Jujuy – Palpalá y Mar del Plata-Batán). Alrededor de 3000 hogares se beneficiarán de acceso a la vivienda, mientras que unos 18.000 hogares también se beneficiarán de mejores condiciones de vida como resultado de inversiones en infraestructura.

Casualmente el relevamiento del mes de noviembre 2016,  presentado por Techo y difundido por el gobierno nacional, arrojaba cifras para las áreas para las cuales el Banco Mundial dará su financiamiento.

No se puede desconocer que el FMI trabaja en estrecha colaboración con el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional lo expresa con gran claridad: “El personal técnico del FMI y del Banco colabora estrechamente en la asistencia a los países y en cuestiones de política económica relevantes para ambas instituciones. A menudo realizan paralelamente misiones a los países, en las que participan funcionarios de ambas instituciones. La evaluación que realiza el FMI acerca de la situación económica general de un país y de su política económica se utiliza como referencia cuando el Banco considera posibles reformas o proyectos de desarrollo. Análogamente, cuando el FMI asesora acerca de la política económica tiene en cuenta asimismo la asesoría del Banco en materia de reformas estructurales y sectoriales”.

Las políticas de endeudamiento y transferencia de recursos al sector financiero global,  en las que avanza la actual gestión de Cambiemos, necesita argumentos sostenibles que lo permitan. El estado de creciente necesidad de los sectores populares y más pobres necesita de políticas activas que los tomen en cuenta. La creación del Registro de Barrios Populares, es una real necesidad  que, de concretarse, garantizará la estabilidad, aunque sea con precarias condiciones de habitabilidad que amenazan con empeorar.

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Ante la lejana promesa de campaña de otorgar un millón de créditos para vivienda, el gobierno de Cambiemos se propone modificar el PROCREAR. Analizamos una medida que sigue la línea política desde el 10 de diciembre.

A partir de la caída de la imagen del gobierno de Macri por las regresivas medidas tomadas desde diciembre, distintos funcionarios declararon públicamente la necesidad de lanzar con urgencia un “paquete de medidas sociales”, entre las que se destaca la promesa de campaña del millón créditos hipotecarios. Pero el paquete tarda en llegar, dado que este tipo de políticas requieren, para Cambiemos, una profunda reconversión respecto de las vigentes. La semana pasada Iván Kerr -subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación- realizó declaraciones públicas, que comunicaron el futuro cambio del PROCREAR.

El PROCREAR reunía distintas líneas de créditos a una tasa muy reducida para adquisición o refacción de viviendas, que llegó a ser la más baja del país comparada con programas de otras jurisdicciones y líneas de entidades bancarias. Estaba destinado a trabajadores y trabajadoras formales cuyo piso de ingresos fuera mayor a los 8 mil pesos mensuales, por lo cual sus usuarios/as provinieron de distintos estratos medios, mientras que excluyó a trabajadores/as no registrados (que constituyen alrededor de un 40% de las y los ocupados) y a la población de más bajos ingresos.

Dado que la asignación se realizaba mediante sorteos públicos, no se establecía un criterio de elegibilidad entre las y los aplicantes. Lo significativo de este programa fue su magnitud y el hecho de que sectores diversos dentro de la gran “clase media” pudieran tener acceso al mismo en condiciones de relativa paridad, aunque las viviendas finalmente construidas y adquiridas fueran desiguales por las distintas capacidades de ahorro previo y financiamiento de gastos.

Ni el Plan Federal ni el PROCREAR, implementados durante el kirchnerismo, pudieron hacer contrapeso a la grave crisis habitacional del país, dada por el valor ascendente del suelo, a los que el salario nunca logró llegar durante el ciclo. Éste ha sido un límite de los programas, frente al cual el kirchnerismo respondió con un financiamiento público activo a programas de cobertura amplia, pero no lo suficiente.

El paquete anunciado por Kerr y algunos adelantos del mismo que hizo Basavilvaso -director de la ANSES- se basa en los siguientes puntos:

– La nueva edición del PROGRESAR se destinará exclusivamente a “grupos vulnerables”. La argumentación de esta decisión se basa en que serían los sectores que realmente “necesitan” una tasa subsidiada por parte del Estado, a diferencia de la clase media que debería poder solventar con sus propios ingresos una tasa “accesible”.

– El criterio de elegibilidad de la población que haya aplicado al PROCREAR se derivará de un “ranking” a partir de índices de vulnerabilidad.

– Los créditos otorgados posiblemente sean de un monto menor a los de las ediciones anteriores, ya que, según Basavilvaso, eran excesivos, mientras sería conveniente una mayor cobertura con prestaciones menores.

– El cambio del PROCREAR se entiende como parte de una “segmentación” de la oferta crediticia, que propone crear ofertas diferenciadas según el nivel socio- económico de la población. Esta segmentación incluye distintos tipos de tasa, pero también de montos.

¿Qué traen estos “vientos de Cambio”?

La idea que organiza estos cambios es la de “segmentación”: no sólo significa establecer una oferta diferenciada de prestaciones, sino que su resultado es el acceso desigual a bienes y servicios públicos. El supuesto de Cambiemos es que un programa que sostiene un mismo tipo de prestación para grupos sociales distintos, esto es, distintos en su capacidad de pago, genera una pérdida potencial de recursos públicos. Dicho mal y pronto: quienes más pueden pagar, deben tener menor financiamiento público; y entre quienes no pueden dirigirse al mercado, prestaciones más pequeñas permiten mayor cobertura.

El problema aquí es de dos órdenes. En primer lugar, este “cálculo” sobre el que se basan las nuevas propuestas retoma orientaciones de programas implementados en CABA, cuyo “éxito” es controversial. En segundo lugar, la ecuación propuesta esconde que en la administración de prestaciones, las políticas sociales -y en particular las referidas al hábitat- construyen sociabilidad y formas de relación entre clases. Prestaciones segmentadas implican un acceso desigual al hábitat y la vivienda porque: a) la aceptación de los créditos por parte de propietarios e inmobiliarias es por lo general dificultosa, por lo cual depende de las características que estos asuman el acceso a distintos segmentos del mercado; b) la diferenciación de montos determina el acceso a zonas diferenciadas de las ciudades, con servicios e infraestructura también diferenciados; c) las condiciones de las viviendas, finalmente, son variables de acuerdo al monto que se dispone para su compra.

No podemos desconocer estos puntos en el marco de procesos cada vez más fuertes de segregación espacial en las ciudades. Argumentar la segmentación como solución, como hace Cambiemos, implica desestimar la igualdad como cuestión o problema. Consideraremos brevemente las líneas crediticias que el Instituto de Vivienda de la Ciudad promovió durante las gestiones del PRO, como ilustración de estos dos puntos.

Una de ellas se desprendía de la Ley N° 341 y se dirigía a familias “en situación de vulnerabilidad”, a las que otorgaba un monto en pesos que no fue actualizado, al menos, desde el año 2011. Por ende el valor del crédito se depreció continuamente hasta llegar a unos 37 mil dólares por familia. De acuerdo a los precios crecientes en el mercado inmobiliario, este monto únicamente habilitaba la compra de viviendas en malas condiciones de habitabilidad, en las zonas más deterioradas de la Ciudad, cuando no impulsaba directamente la expulsión hacia zonas alejadas de la provincia de Buenos Aires. Las familias que, aún así, lograban hallar una vivienda acorde al monto del crédito y que éste fuera aceptado por dueños e inmobiliarias, pese a las resistencias generadas por dirigirse a “población vulnerable”, se enfrentaban a un problema no menos grave: sus viviendas definitivas presentaban déficits habitacionales varios, entre ellos, hacinamiento.

Por otro lado, los programas “Primera Casa BA” y “Mi Casa BA”, dirigidos a sectores medios otorgaron montos mayores para la compra, aunque también reducidos en comparación con los valores ascendentes del mercado inmobiliario. Dado que las posibilidades de compra no eran adecuadas a las esperadas por las familias que aplicaban al programa, muchas de ellas desestimaron los créditos otorgados. El desfasaje respecto de los precios del mercado -por lo cierto, desregulados- es un factor que, en las distintas líneas crediticias, condicionó a una muy baja extensión: en toda la gestión macrista se otorgaron solamente 5700 créditos. Además, determinó el acceso a viviendas en condiciones de habitabilidad deterioradas.

Por otro lado, los “rankings” según el índice de vulnerabilidad generan una lógica perversa de focalización. Tomando la experiencia de la Ciudad, los programas mencionados disponen ciertos requisitos generales para la postulación: básicamente, condiciones de trabajo y un piso de ingresos; y en el caso de los créditos “vía 341”, techos de ingreso. Luego de esta primera selección que conforma el universo de aplicantes, opera una segunda operación de recorte, en base a la cantidad de créditos dispuesta por el gobierno. Para “elegir” entre los aplicantes, se observa cuántos hijos e hijas componen el hogar, miembros con discapacidad, NBI, etc. La doble focalización no pone en cuestión, en ningún caso, si la cantidad de prestaciones distribuidas es apropiada, mientras que selecciona como usuarios a los más vulnerables, entre los vulnerables.

Todo ello se dio en el marco de una patente subejecución presupuestaria que ha caracterizado las gestiones de Kerr y Basavilvaso en el IVC.  “Cuanto peor, mejor” es el sentido que se instala para poder acceder al programa, tanto en los efectores públicos como en las familias.

El criterio de multiplicar la cobertura a partir de prestaciones más bajas, según lo anterior, plantea -al menos- serias dudas sobre su efectividad. Los cambios tampoco son alentadores en cuanto a los principios que los orientan. Ni para los sectores más deteriorados de la clase trabajadora, que se verán arrojados a un ranking de vulnerabilidad para acceder a créditos de tasa blanda, cuyo nivel de cobertura aún desconocemos, ni para los sectores ocupados en mejores condiciones, pues la sentencia del gobierno de que deberían poder solventar con sus ingresos tasas no subsidiadas, desconoce la depreciación salarial sufrida, la carestía de la vida, y las difíciles condiciones de acceso al crédito. Se impone evitar que se consolide una línea de viviendas pobres para pobres y programas de crédito solventables, únicamente, por sectores de altos ingresos.

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Marcha hace un resumen de las notas que te cuentan quién es quién, que piensan y proponen para gobernar el país de cara a un inédito e histórico balotaje. La que se nos viene…

VIVIENDA

En casi nada estás vos

Macri ha ido ajustando su discurso a una tonalidad más progresista, prometiendo incluso 1 millón de créditos hipotecarios si es que triunfa este domingo.

Sin embargo, los números del candidato de Cambiemos en cuanto a políticas de vivienda son devastadores. Durante su gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires, las villas han duplicado su cantidad de habitantes, alcanzando una cifra que ronda las 275 mil personas. Un caso emblemático es la Villa 31, donde según el censo realizado en 2009 habitaban el histórico barrio de retiro unas 27 mil personas, mientras que la cifra, al día de hoy, supera las 50 mil.

El caso del Barrio Padre Mugica es revelador, porque tiene el valor agregado de que, en el mismo año 2009, se sancionó la Ley de Urbanización Nº 3343, la cual nunca ha sido reglamentada por los sistemáticos encajonamientos de los y las legisladoras del Pro (que habían votado a favor de la ley) y la complicidad de gran parte de la oposición. Pero no es el único caso. Villas como la 1-11-14 de Bajo Flores, o la Villa 20 de Lugano, también cuentan con sus propias leyes. Por supuesto, incumplidas.

En la misma ciudad donde la única vivienda que crece es la precaria, hay 10 mil personas en situación de indigencia. A esta altura cabe la pregunta: ¿Y las políticas de Estado?

La gestión de Macri ha preparado el terreno para que los especuladores inmobiliarios puedan vivir en un paraíso financiero. Además de los casos mencionados, la gran ciudad es casi imposible para las personas que necesitan alquilar con sueldos que en la mayoría de los casos no alcanzan la canasta familiar. Así, mientras las y los trabajadores exigen a gritos una Ley de Alquileres que pueda favorecerlos, el Estado allanó el camino para que el 26 por ciento de las viviendas estén vacías y en manos de unos pocos empresarios que regulan los valores.

Por otro lado, se avanza en acuerdos como el famoso pacto Pro-K para que IRSA construya viviendas de lujos poniendo en riesgo la Villa Rodrigo Bueno, o se sanciona el Plan Maestro de la Comuna 8, para avanzar contra el espacio público y los barrios sin urbanizar de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo.

Finalmente, lo único que le quedaba por hacer al Pro era cumplir con fallos judiciales que se amparan en la Constitución Nacional y de la Ciudad, ante la falta de avanzar con leyes que garanticen la vivienda digna. Sin embargo, eso tampoco ocurre, como fue el caso de Rodrigo Bueno donde el Pro apeló la decisión de Liberatori para urbanizar e incluir en la traza urbana a este barrio, o medidas para avanzar en servicios básicos en todas las villas de la ciudad.

El neodesarrollismo como retórica de la desidia

Daniel Scioli es el candidato elegido por el kirchnerismo para continuar con un modelo económico y político iniciado en 2003. Con respecto a las políticas de vivienda, el sciolismo se ha caracterizado por un quietismo preocupante. Si bien en la provincia de Buenos Aires se ha construido un número considerable de viviendas, su inmensa mayoría fue producto de planes como el Pro.Cre.Ar o el Plan Federal de Vivienda, dependientes, ambos, del Estado Nacional.

Pero aunque no fue una política de Scioli, nos detendremos en esto un momento, ya que son políticas del mismo espacio. No corresponde negar la inserción de estos planes, que le han dado solución a miles de personas. El problema central radica en que estos programas se han consolidado para fortalecer a la clase media en ascenso (la misma que luego retiró el voto al kirchnerismo) o, en el caso más optimista, a la clase media/baja. Con créditos más bajos que los que otorgan los bancos privados, planes de este tipo siguen siendo inalcanzables para los sectores más empobrecidos.

Yendo a lo concreto del sciolismo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha entregado un número muy escaso de créditos, por sus tasas altas para la clase trabajadora.

En simultáneo, alquilar es muy complejo. Alrededor del 15 por ciento de las viviendas ocupadas en la provincia están bajo esta condición. El problema es que de acuerdo con el promedio de salario que hay en el distrito, una vivienda tipo de tres ambientes demanda hasta el 40 por ciento del salario.

Como si esto fuera poco, el mercado inmobiliario, en su expresión especuladora, tiene un funcionamiento similar al de la ciudad: casi el 20 por ciento de las viviendas están vacías y en manos de pocos empresarios.

Sin embargo, la problemática más grave está en la situación de los barrios más precarios. Según un informe realizado por especialistas en problemáticas habitacionales y en base a datos del INDEC, en 2006 más de 900 mil personas vivían en villas o asentamientos, solo en el conurbano bonaerense. Esta cifra casi duplica a la cantidad de habitantes que había en el punto máximo de la crisis que terminó de explotar en 2001. Si trascendemos esta zona y se contemplan los 135 partidos de la provincia, de acuerdo a un informe realizado por la ONG Techo, para el 2013 alrededor de 2.5 millones de personas vivían en los más de 1800 asentamientos y villas que hay en la provincia. Si contemplamos que según el último censo son más de 15 millones de personas quienes viven en la provincia, alrededor del 15 por ciento están en condiciones de precarización y ausencia de su vivienda digna.

Fuente: Los ajustadores de siempre: sin política de vivienda para el pueblo. Por Agustín Bontempo

***

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A lo largo de estos últimos meses, Daniel Scioli mostró una política sinuosa en torno a las relaciones tanto con grupos económicos concentrados como con los defensores de los derechos a la libertad de expresión. A mediados del año pasado asistió al Foro organizado por el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, que preocupó a CFK y generó fuertes críticas dentro del kirchnerismo. Sin embargo al mismo tiempo, el candidato por el oficialismo aseguró en el programa 6,7,8, que respetará el fallo que declaró constitucional y obliga por ley a Clarín a desinvertir. Y aclaró filas adentro que “los que dudan de mi posición en este tema deben recordar que mi vicegobernador es Gabriel Mariotto, que fue autor de esa Ley que sancionó el Congreso”.

Es decir que a medida que avanzó el año se fueron moviendo las fichas en el mapa de relaciones con los empresarios del sector. Mientras que en 2014, el secretario de Comunicación de la provincia de Buenos Aires y flamante presidente del Consejo Consultivo de Medios Públicos, Juan Courel, participó del encuentro de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), en lo que se leyó como uno de los principales encuentros de lobby de comunicación de la Argentina. Este año no pasó lo mismo, Courel no asistió y en cambio sí lo hicieron los macristas Fabián Rodríguez Simón y Gabriel Mihura Estrada de UNA.

Por caso si el próximo presidente es Scioli, habrá que seguir de cerca lo que sucede con el papel y el crecimiento económico que tuvieron los conglomerados privados cercanos al oficialismo como, Grupo Indalo de Cristóbal López, Grupo Uno de Vila y Manzano y Grupo TeleCentro de Alberto Pierri. Y el manejo de la financiación a estos medios afines con la designación indiscriminada de partidas públicas a través de la publicidad oficial.

Es fiel representante de la idiosincrasia porteña y de la privatización del Estado en manos de la tercerización a través de aliados como grupos económicos, figuras del espectáculo y del deporte, entre otras. La varieté amarilla no tiene límites. Mauricio Macri, también tiene un plan, si se quiere, para el sistema de medios. Hace pocos días atrás, aseguró que “el país se merece un real debate de la Ley de Medios fuera del contexto de una pugna por el poder”. En este sentido, el candidato de Cambiemos destacó que “no tiene lógica regular el servicio de cable porque no ocupa espectro radioeléctrico”.

Un actor muy particular en la relación PRO-Clarín es Fabián Rodríguez Simón o “Pepín” para los más íntimos del macrismo. Y es que Rodríguez fue uno de los principales actores en el diseño de la estrategia para trabar la ley de medios en contra del Grupo, lo que estableció buenas migas de cara a 2016, si es que el sillón lo termina ocupando Macri. Ese año la Justicia deberá determinar la adecuación de oficio del multimedios.

El mandatario porteño viene hace tiempo tirando líneas que sostienen esta posible decisión. Aseguró que el oficialismo llevó adelante “una lucha permanente contra la libertad de prensa” y dijo en defensa de Clarín que lo que ha hecho (el Gobierno) es “hostigar a aquellos que expresan una idea distinta”. Al mismo tiempo, clausuraban las instalaciones del canal de TV C5N perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal López, aliado del oficialismo.

En coincidencia con Massa, el líder del PRO asegura que la salida para el actual sistema de medios es que el sector “tenga un marco de competencia en igualdad, para que pueda expandirse e ir hacia la convergencia”. Final del juego

Fuente:Ley de medios: los poderosos de siempre (Parte I) y Ley de medios: los poderosos de siempre (Parte II) Por Nicolas Cannone y Andrea Sosa Alfonzo

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La jornada de ayer fue de profunda incertidumbre para las 2000 familias que están tomando tierras en Merlo. Durante la tarde se hizo presente la infantería, pero las negociaciones lograron, por ahora, frenar el desalojo por una solución pacífica. Marcha dialogó con una delegada de la toma.

Desde la madrugada del 22 de octubre, cientos de familias se fueron acercando a la localidad de Libertad, en el partido de Merlo. Allí, se fueron armando “viviendas” donde asentarse, con los elementos que iban encontrando o que ya traían a cuestas (nylon, carpas, maderas, chapas). Son familias humildes (algunas que estaban cerca del barrio y otras que vinieron desde más lejos), a las que se les niega el derecho básico a una vivienda digna: una problemática que ni los gobiernos nacional, provincial, ni municipal tuvieron la voluntad política de resolver.

Cuando en un comienzo se realizó la toma de 340 viviendas, la situación fue denunciada por Gustavo Menéndez, el reciente intendente electo por el Frente para la Victoria (FPV). En la denuncia judicial, responsabiliza a Raúl Othacehé, actual intendente del partido. Pero luego la toma se fue extendiendo hacia el predio lindero, hasta llegar a más de 2000 familias al día de hoy. El terreno, propiedad de particulares, consta de alrededor de 70 hectáreas y está ubicado en Merlo Gómez, entre las rutas 1001 y 1003.

Durante los primeros días los grandes medios de comunicación no se hicieron eco de los reclamos de las familias por tierra y vivienda dignas para vivir. Al superar las dos semanas de comenzada la toma,  estos mismos medios se encargaron de caldear el ambiente, enfatizar las acusaciones y, en especial, de enfrentar a pobres contra pobres. Con la estigmatización como metodología y común denominador en la prensa escrita y audiovisual, los medios instaban, justificaban y preparaban el terreno para un posible desalojo violento.

Una papa caliente de cara al balotaje

Las versiones y las acusaciones son cruzadas. Ante la denuncia de Menéndez sobre la instigación de punteros y funcionarios de Othacehé, este expresó que “Él promovió las tomas de terreno. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Él prometió en actos la toma de terrenos. Activé denuncias penales”.

Gustavo Menéndez, contrarrestó explicando que la toma busca ocultar que el gobierno saliente nunca termino un complejo de viviendas que realizó con plata del gobiernos nacional. Y expresó que “hubo bandera verde de algún lugar, porque es imposible que suceda así”

La futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el actual gobernador, Daniel Scioli, también se pronunciaron al respecto. Vidal se refirió a un “fin de ciclo” y expresó “que va a empezar una etapa distinta en diciembre”. En este sentido, intentó victimizarse: “Siento que hay algunos que creen que pueden obstaculizar lo que viene”. Por último, enfatizó a quién corresponde hacerse cargo: “Es responsabilidad de la provincia y del intendente actual”.

Por su parte, Scioli, se expresó “absolutamente en contra de las tomas ilegales”. Frente a la resolución del conflicto, el candidato a presidente por el FPV se refirió a un desalojo que se hará con “responsabilidad social y comprensión”, para lo cual comentó que está coordinando acciones con Menéndez. También, dejó entrever un dudoso trasfondo en el origen de la toma: “Habrá que analizar en profundidad la situación para que la Justicia pueda dar respuesta respecto de si hay una cuestión política o una necesidad habitacional”.

Primeras resoluciones

En declaraciones radiales, el ministro de seguridad bonaerense, Alejandro Granados, había advertido: “En pocas horas, el lugar estará rodeado por la infantería a la espera de la instrucción de la justicia, que seguramente nos dará la orden de que desalojemos”. A las 15.30, y sin orden de desalojo, 300 efectivos se acercaron a la zona con la finalidad de no dejar entrar y salir a los vecinos de la tierra tomada. Además, cumplieron la tarea de intimidar a los vecinos, y generaron así que muchas familias se retiraran de los terrenos que habían ocupado durante casi 20 días. Y mientras tanto, durante todo el día, la orden judicial de desalojo nunca llegó.

Pero quienes estaban allí no se quedaron a la espera: por la tarde realizaron una reunión entre delegados y delegadas de la toma, Eduardo Aparicio -ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires-, miembros del equipo del intendente Raúl Othacehé y el subsecretario de Urbanismo Social, Ricardo Spalletti.

Marcha dialogó con Anahí Benítez, delegada de la toma y militante del Frente Popular Darío Santillán, quien participó de la reunión. “Se gestó la posibilidad de empezar un censo para esclarecer exactamente cuántas familias somos y en función de eso pensar que el gobierno nos acompañe en un pedido de expropiación o de compra de los terrenos”, explicó.

Respecto de la propiedad del predio, aclaró que “hay un solo dueño de los terrenos y es el que está reclamando la propiedad de las tierras. En función de eso, hay un juicio, que tendría una orden de desalojo ya efectiva. Esa es la versión que circula como una especie de apriete, porque la Secretaría de Hábitat aclaró que no hay pedido de desalojo”. En este sentido la delegada enfatizó en “destacar que esa orden de desalojo no está firmada, ni se les mostró a las familias, más allá de la coerción de la policía que estaba ahí”. Por otro lado, denunció que “la negociación de hoy se da en un marco donde las familias están negociando con la policía que hace aprietes en el terreno y que no se fue hasta que el cuerpo de delegados volvió a la toma”.

Frente a la posible resolución del conflicto explicó que “la posibilidad del censo y de la negociación por una ley de expropiación o de la compra del terreno viene acompañada de un pedido a las familias de que nos retiremos y que sólo quede una guardia que garantice que esos terrenos no sean usurpados por otros. El censo empezaría a partir del miércoles (hoy), y también se comprometieron a que el canal de diálogo siga abierto”. Además, agregó que, como contraparte, “las familias hicimos un pedido de que se frenara el desalojo y se comprometieron a hacer una presentación ante el juez en la que dijeran que como se había iniciado un diálogo y había posibilidades de una salida pacífica al conflicto, entonces el juez no procediera al desalojo”.

Las respuestas de las organizaciones populares

Distintas organizaciones políticas se convocan para hoy a las 10 en el Congreso de Nación, para movilizarse y realizar una conferencia de prensa frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto con delegados de la toma. En el comunicado de convocatoria se denuncia cómo esta situación expresa una crisis en la política habitacional y por eso se exige “una solución pacífica al reclamo de más de dos mil familias” frente al intento de desalojo.

El comunicado, firmado por un amplio abanico de organizaciones políticas y organismos de Derechos Humanos, explica que “en Merlo, como en Brown, en La Plata y en otras localidades, el avance represivo hacia quienes pelean por sus derechos nos preocupa y alarma”. “Las fuerzas de seguridad han sido garantía para los desalojos más violentos en los últimos años”, denuncian.

Por último, expresa que “más allá de los cruces entre el intendente saliente, el intendente electo, el gobierno provincial actual y el que asumirá próximamente, exigimos que los gobiernos y las fuerzas políticas garanticen la resolución de la crisis habitacional de forma pacífica y en diálogo con los vecinos”.

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“La vieja perra que alimentó a sus crías,

hoy apenas se mueve,

se acomoda con dolor

en los huesos y en el alma, se acomoda

en la oscuridad,

en la pasividad del vacío,

en las ruinas de su siembra”

Ella está flaca, algo añeja y cansada. Ella es hermética. Ella es negociado. Es poder. Es conveniencia. Es convivencia. Es confianza. Es desconfianza. Es territorio. Es lucha.  Es ocupa. Es crudeza. Es realidad. Es protección. Es hogar.

Ella es Selsa, una fábrica textil que conoció el auge y la debacle. La crisis habitacional la convirtió en refugio de más de cien familias y hoy se halla en el centro de una pelea inmobiliaria y ética. Su entrada por la calle Santa Cruz en pleno corazón de Parque Patricios recibe diariamente  a los integrantes de más de cien familias oriundas de Chaco, Tucumán, Salta, Perú, Bolivia y Paraguay que han llegado a Buenos Aires en busca de una mejora en cuestiones laborales o sistemas de salud menos hostiles.

Ella es Selsa, su eco gruñe en sus grandes escaleras, allí donde los perros ladran  más que sus propios amos. Aquí, la lucha ya no equivale a recuperar un puesto de trabajo sino que ha dado un paso atrás para poder avanzar nuevamente y hoy reclama por el derecho impostergable de la vivienda. Hace algunos años, aquí comenzó a retumbar un ladrido de reacción, ese que rompe con el desalojo que vulnera la dignidad y la recupera en la lucha y organización.

Ella  es Selsa, posiblemente sea el símbolo de una Argentina que se zambulle en el agua y toca fondo, que a veces no sale a flote y otras emerge con dolor y un dilatado aullido.

Mirá la galería completa: 14 bis: “El estado debe garantizar a todos los ciudadanos una vivienda digna”

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Bajo el título “Los candidatos debaten políticas habitacionales”, el pasado viernes se llevó a cabo un encuentro en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, convocado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), del cual participaron algunos pre candidatos a legisladores y jefe de gobierno: Sergio Abrevaya (Surgen), Andrés Borthagaray (Eco), Pablo Ferreyra (Alba), Sergio Garcia (MST – Nueva Izquierda), Claudio Lozano (Camino Popular), Maria José Lubertino (FpV), Fernando Sanchez (Eco) y Marcelo Ramal (FIT). Los tres ejes de discusión fueron Urbanización, Alquileres y créditos de vivienda y Planificación urbana y relación con el mercado.

La vivienda es un derecho

En referencia a la urbanización de las villas, la pregunta disparadora estuvo a cargo de Teofilo Tapia, referente histórico y luchador del Barrio Carlos Mugica (Villa 31), quien recordó la existencia de leyes sancionadas que no se están cumpliendo, como la 408, 1770, 403 y 3343, e interpeló a los disertantes sobre qué harán con ellas. El acuerdo de todos fue sobre la ineludible vocación de urbanizar las villas.

Aunque no hubo propuestas específicas sobre cómo llevar adelante dichos procesos, sí hubo aportes sobre cómo iniciar una tarea con ese objetivo y qué implica urbanizar las villas en el mismo lugar donde hoy se encuentran. Sergio Garcia, del MST – Nueva Izquierda, indicó que “Urbanizar implica abrir calles, colocar red de cloacas, sistema eléctrico seguro, centros de salud y educación. Todo para que los chicos y las familias vivan con dignidad”. Además, alertó sobre la especulación que hay en el valor de los terrenos donde se asientan las villas. Por su parte, Marcelo Ramal del FIT, denunció el negocio de los alquileres asociados con las bandas del narcotráfico y la entrega de títulos de propiedad que realiza el Gobierno de la Ciudad en villas como Los Piletones, sin urbanizar efectivamente el lugar.

El rechazo a la entrega de títulos de propiedad, sin proceso de urbanización previo, fue denunciado y rechazado por varios de los presentes. En ese sentido, Fernando Sanchez, resaltó la importancia del consenso generalizado sobre la solución, afirmando que “Hoy estamos todos discutiendo sobre la urbanización de las villas cuando, años atrás, el debate era urbanización versus radicación”.

La situación para quienes alquilan o pretenden hacerlo en el mercado formal de la Ciudad de Buenos Aires se ha vuelto cada vez más compleja. Como consecuencia de la imposibilidad de comprar una vivienda, muchos son empujados cada vez más a optar por un alquiler. Desde el 2001 a la fecha, se han duplicado los alquileres y el porcentaje del sueldo de un trabajador promedio destinado a esto ronda el 40 por ciento, según datos aportados por Pablo Ferreyra de Alba.

Algunas propuestas presentadas por los candidatos giraron en torno a la regulación del mercado inmobiliario y la intervención del Estado en este sentido. Aumentar el impuesto a inmuebles ociosos y viviendas vacías para dirigir ese presupuesto en la construcción de viviendas sociales, controlar la construcción indiscriminada de edificios y la creación de créditos accesibles del Banco Ciudad, entre las principales.

Con una visión más amplia de la problemática, Marcelo Ramal, describió una polarización en el acceso a la vivienda con sectores mayoritarios de trabajadores cuyo sueldo se ha ido devaluando o su condición precaria los imposibilita de acceder a una vivienda digna ante la escasa oferta. En este sentido, alertó que “La relación entre el valor de una propiedad y el salario es la más alta de la historia”. Mientras tanto, los bloques legislativos del Pro y el Kirchnerismo se pusieron de acuerdo para adjudicar grandes negocios a la empresa IRSA, señaló el actual Legislador porteño. En una línea similar, el Diputado Nacional Claudio Lozano, sostuvo que “Macri está comprometido con la lógica del capital inmobiliario y, por lo tanto, con el uso especulativo del suelo urbano”, y propuso recuperar el 5 por ciento del presupuesto total de la Ciudad destinado a Vivienda.

Fuerte rechazo a las políticas de un oficialismo ausente en el debate

Un punto en común que caracterizó a todos los disertantes fue la crítica a la gestión actual del Pro encabezada por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri. La valoración hacia tal gestión, en términos generales, es negativa. Esto no responde a opiniones personales o de cada espacio político, sino que fue acompañada por datos concretos de la realidad y que algunos de ellos hemos esbozado aquí.

Las denuncias y reclamos sobre la pasividad de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, el vaciamiento del Instituto de la Vivienda, el recorte presupuestario -estipulado en un 2.1 por ciento para este año- y la falta de construcción de viviendas sociales se ha reiterado en las intervenciones. Lamentablemente, el encuentro no contó con ningún representante del oficialismo que pueda responder a pesar de haber sido invitados, aclararon representantes de Acij.

Al finalizar, tomaron la palabra vecinos de las Ciudad, muchos de ellos habitantes de villas que presenciaron el debate y se encargaron de reforzar dichas críticas hacia la gestión Pro. Asimismo, exigieron a los candidatos un compromiso real para enfrentar la problemática habitacional en villas y el resto de la Ciudad.

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