Por: Luz Ailin Baez y Vivian Palmbaum Foto: Ariel Luna

Córdoba vuelve a ser noticia por los incendios que no cesan. Más de 12.000 hectáreas quemadas en más de 10 días de intenso fuego en el norte cordobés. Las noticias recién comienzan a dimensionarse, más allá del contexto local. Las radios y  medios comunitarios siguen siendo quienes cuentan lo que los medios masivos silencian. Así lo contaban desde el Informativo Farco: el domingo 23 la jornada fue crítica con vientos intensos, evacuaciones y quema de casas, con rafagas de 50 km por hora”. Uno de los frentes que se abrió fue hacia la localidad de Charbonier, donde se realizó la evacuación preventiva en la localidad. 

Por otra parte, Roxana Montenegro, jefa comunal expresó a Radio Garabato, “es impresionante estar en la localidad de Charbonier, el humo, el viento está rotando permanentemente, el viento cruzaba la ruta 17 hacia Capilla del Monte, pasado media hora volvía a rotar, y el viento que vuelve a Charbonier”, donde   las y los habitantes hacían guardias para que no cruce la ruta 38. Montenegro reportaba “en Escobas hay otro foco también activo, con temor que cruce la ruta 38. El domingo 16 de agosto se contabilizaban unos 130 evacuados, la mayoría de Capilla del Monte, y siete casas quemadas”. “Se quemó mucho monte nativo, es muy triste lo que estamos viviendo.”, lamentó Montenegro.

“Es necesario modificar la legislaciones permisivas vigentes, modificar las leyes de uso del suelo y que haya un nuevo ordenamiento y una nueva visión estratégica para planificar nuestros territorios en un contexto climático y en una profunda crisis de la industria del turismo”, expresaban desde la radio Muchas Voces de Capilla del Monte. 

En declaraciones para Marcha, un periodista de Capilla del Monte, explicó que desde el barrio Faldas del Uritorco, situado justo abajo del Uritorco (el cerro más grande de Valle de Punilla),  “en este momento se realiza un plan de evacuación en el barrio, si bien el fuego todavía está más al norte, el viento norte lo está trayendo para este lado y está a seis kilómetros. Tanto el pronóstico como la situación actual son de vientos con rafagas fuertes de norte a sur, por lo que se está implementando este plan de evacuación”. 

Sobre el origen de los incendios, trascendió que una persona habría reconocido ser el autor: según el medio digital Mirá el Norte, de Dean Funes, se trataría de Raúl Norberto Castro (39), un peón de Villa  Albertina, localidad situada a 40 km de Capilla del Monte. El hombre fue detenido el sábado 15 de agosto a la madrugada muy cerca del origen del fuego y unas horas más tarde recuperó su libertad. Ante la Justicia reconoció que inició la catástrofe por una encargue de otra persona. “La disminución del viento permite el trabajo con los aviones hidrantes. Las pérdidas de monte nativo son incalculables, el 100% en zona roja de máxima protección”. Resulta curioso que hayan detenido a un peón rural enviado a quemar pastizales mientras su patrón que está en libertad. 

Desde ese momento el fuego no se detuvo: en algunos momentos parecía más controlado pero siguió prendido. La  jornada del 24 de agosto fue muy complicada por el viento norte girando constantemente haciendo muy dificil el trabajo de bomberos y sobre todo la planificación y la posibilidad de apagar el incendio.

“Una de las cuestiones que se han visto como pasa siempre con los incendios en Córdoba, es la poca infraestructura para combatir incendios. Los aviones hidrantes son pocos (apenas cuarenta) para la magnitud que toman los incendios en el monte nativo con la cantidad de material que tenemos”, expresaron para el mismo medio.

Para Capilla del Monte Noticias, desde Defensa Civil explicaron que hay 140 bomberos trabajando en la zona, 50 bomberos en Copacabana, 40 en Casa Grande y 60 en La Calera. Asimismo  informaron que han podido retornar a sus casas unas 184 personas. 

Desde las zonas como Copacabana denunciaban el abandono del gobierno provincial que hasta el momento no había enviado ni bomberos de otras jurisdicciones, ni aviones hidrantes al tiempo que en los medios se proclamaba lo contrario. Las y los pobladores afirmaban que las respuestas de Defensa Civil ante el pedido de ayuda fueron irrisorias, como mover los camiones hidrantes costaba mucho dinero y el gobierno no tenía mucho presupuesto. Solo el día 22 de agosto una camioneta de Dean Funes se aproximó a la zona en tareas de reconocimiento, luego que ardieran miles de hectáreas con animales. 

La superficie de monte nativo que ardió -declarado zona roja- es enorme junto a los animales que quedaron atrapados en el fuego. Entre las especies perdidas están las palmas nativas o “caranday” que además es parte del sustento de las familias que viven del tejido de la hoja de palma. 

Las y los pobladores de Copacabana denuncian que el gobierno provincial recién comenzó a ocuparse de la grave situación el domingo cuando las ráfagas de viento hicieron inocultable los incendios.  El mismo gobierno provincial cuyo Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó hace apenas 4 años un proyecto de ordenanza que obligaba a los edificios a contar con techos cubiertos con vegetación, conocidos como “techos verdes” con el objetivo de paliar la situación de contaminación en el centro de la provincia. Maquillaje político y saqueo a mansalva del monte autóctono.

Desde la Brigada Vecinal de Villa Giardino denunciaron: “Como pobladorxs que vivimos, cuidamos y precisamos de nuestro monte, exigimos al Gobierno de la Provincia de Córdoba: veracidad en la información proporcionada a la población,  recursos disponibles y constantes para la prevención y manejo del fuego, recursos para reparar los daños materiales de los y las pobladores y resguardar la calidad y protección legal de esas tierras”. En tanto que la Universidad de Córdoba expresó en un comunicado que los ejemplos del “desmanejo” y la falta de ordenamiento territorial significan pérdidas irreparables en muchos casos:

“Sobran los ejemplos en las últimas semanas, Cerro Negro, Copacabana y Villa Albertina 15.000 ha en un solo evento, sumándose a los siniestros de la Quintana, Tanti, Calera, Tulumba y Alpa Corral, la destrucción del monte nativo de las denominadas zonas rojas, comunidades encerradas por mineras como Casa Bamba, más de 200 productores y productoras que perdieron todo. Esta situación se suma a las comunidades sin asistencia y en situación de aislamiento por parte del Estado, sin ningún equipamiento de salud o de asistencia social, deterioro de los caminos rurales, deterioro ambiental por el avance de desmontes en plena pandemia y falta de equipamientos para afrontar la temporada de incendios. Desconocimiento por parte de los estados de las poblaciones que exigen la protección y promoción como áreas campesinas para la soberanía alimentaria”, se pronunció la institución.

¿Es casual que los incendios se repitan cada año en la provincia de Córdoba? ¿ Es casual que los incendios en Córdoba se estén produciendo justo mientras se suceden las quemas en el Delta del Paraná? ¿Cuándo será titular el nombre de quien mandó al peón a iniciar el incendio? Ciertamente cuando los negocios inmobiliarios y agrarios dejen de ser la prioridad.

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Por Vivian Palmbaum / Foto: Coordinadora Basta es Basta

“Gurisito mío, lugar de madreselvas te daré. 
Y aunque nazcas pobre, te traigo también:
se precisan niños para amanecer” Daniel Viglietti

“Seño me pican los ojos” es uno de los comentarios más escuchados por las maestras rurales de Entre Ríos. Una clara representación del cotidiano de quienes integran las comunidades educativas rurales, expuestos/as regularmente a las fumigaciones y sus derivas. Las escuelas rurales se hallan en su totalidad dentro de las zonas productivas en Entre Ríos, por lo que alumnas, alumnos, docentes y no docentes se ven sometidos al envenenamiento como práctica regular.

El gobernador de la provincia así lo dispuso cuando derogó por decreto las distancias mínimas para la fumigación en las áreas donde se hallan los establecimientos escolares, aún contra las evidencias que acreditan los peligros del veneno. Ni siquiera alguna duda respecto a la salud de la población escolar hicieron retroceder una medida que pone en riesgo su vida e integridad. Poderosos intereses parecen ser de un orden superior a las vidas de quienes dicen representar.

Entre Ríos parece encabezar el triste ranking de envenenamiento por fumigaciones en el país. Localidades como Uribelarrea encabezan el récord de litros de veneno vertidos en el territorio. Por prácticas como esas Argentina se ha convertido en el primer país consumidor de agrotóxicos a nivel global, una experiencia sin igual en otras partes del mundo.

Por su parte, las y los habitantes de Entre Ríos no se han sometido a estas políticas de negocios y se organizaron en una Coordinadora que nuclea las distintas iniciativas que, en cada pueblo y en cada ciudad, llevan adelante para impulsar las medidas contra las políticas de envenenamiento y a favor de un nuevo modelo productivo, la agroecología. En las rondas de los martes, frente a la gobernación en Paraná hacen visibles con marchas su derecho a defender la vida.

“No hay fumigaciones controlables y sus consecuencias se hacen sentir sobre la vida”

Aldana Sacia es abogada e integra la Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos: Basta es Basta de Entre Ríos. En diálogo con Marcha Sacia se refirió a la medida que acaba de conceder la justicia provincial como histórica. Hacia fines del mes de agosto, el día 27, la Coordinadora Basta es Basta representada por la ONG Foro Ecologista de Paraná, junto a la Asociación Gremial AGMER (en nombre de la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas),  se presentaban ante el CAMARA II en lo Civil y Comercial, SALA II, para requerir medidas urgentes de protección, para niños, niñas, adolescentes, maestras/os y personal no docente que concurren a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, de los impactos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud.

Se pedían medidas concretas como la fijación de una franja de 1000 metros alrededor de las escuelas rurales libre del uso de agrotóxicos, con una zona de resguardo, barrera vegetal, para impedir o disminuir el egreso descontrolado de los agrotóxicos. Además solicitaban se prohíba la fumigación aérea en un radio menor a 3000 mts., tal como ordena el decreto reglamentario de la Ley de Plaguicidas, para el radio de zonas urbanas. Además se solicitaban medidas de control epidemiológico sobre la población de las comunidades educativas, que por su edad son más vulnerables, entre otras como análisis del agua de lluvia y agua utilizada en las escuelas.

“Se denomina técnicamente DERIVA, al fenómeno de desplazamiento inevitable de agrotóxicos fuera del área fumigada. Es decir, que no hay fumigaciones controlables y sus consecuencias se hacen sentir sobre la vida”.

Con una sentencia favorable el  1º  de octubre de 2018 se admitió parcialmente la acción prohibiendo la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 mts. Alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos y la fumigación aérea en un radio de 3000 mts. alrededor de dichos establecimientos. Además se exhortaba al Estado provincial lleve adelante estudios de impacto que permitan organizar políticas de prevención e implantar las barreras vegetales alrededor de las escuelas rurales. El 29 octubre de 2018, se dictaba la sentencia de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del  Tribunal Superior de Justicia confirmando el fallo.

Tal como relata la abogada Sacia, a pesar de la medida judicial confirmada en segunda instancia,  el Gobierno Provincial encabezado por Gustavo Bordet decidió desoír a la justicia y con un decreto reduce las áreas de fumigación alrededor de las escuelas rurales. “Con la Publicación del Decreto Nº 4.407/2018 se reducen las distancias de las aplicaciones,  en cercanías a escuelas rurales  establecidas en la sentencia,  a 100 mts en relación a las aplicaciones terrestres y a 500 mts la restricción de distancia en aplicaciones áreas”.  Una situación que también sucede en la provincia de Buenos Aires, donde en Enero pasado la gobernadora Vidal puso en vigencia un decreto eliminando las restricciones en las distancias de fumigación para las escuelas rurales. “Ante semejante panorama de retroceso en materia de protección de derechos humanos fundamentales, como la salud, la vida, el ambiente y la integridad física de los niños, niñas y personal que acuden a las 1023 escuelas rurales de la Provincia, se presentó el día 25 de febrero de 2019 una nueva acción de amparo ambiental,  solicitando se declare la nulidad y se revoque el Decreto Nº 4.407/2018” señala la especialista.

Basta es basta

“En este Proceso de Judicialización desde el primer amparo  se oyeron  distintas voces, expresiones, debates, charlas, que demostraron el grado de reacción de un sector y de sensibilización por el otro. Se llegó así a instancias de repercusión inimaginables donde paralelamente a la instancia de conflicto desde la Coordinadora proponíamos la adopción de la Agroecología como matriz productiva de la provincia desde todos los ámbitos posibles”, explican desde el espacio.

Tanto es así que incluso en medio de este proceso de judicialización el Estado provincial, a pedido de las organizaciones sociales y ambientales, convocó un Foro Provincial de Agroecología. La finalidad del mismo fue gestionar la transición hacia el cambio de la matriz productiva de la provincia de Entre Ríos. Cambio que se declaró política de Estado emitiéndose la resolución oficial pertinente y del cual se van realizando dos encuentros con amplia repercusión y asistencia y donde se van generando propuestas concretas que den forma y espacio a la mentada transición.

El día jueves 28 de Marzo la acción de amparo fue resuelta, el amparo fue concedido dejándose sin efecto los artículos del decreto que disminuían las distancias quedando efectivos los demás, por lo que persiste la prohibición de aplicaciones en horario escolar. Como resultado, quedan vigentes las distancias de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos además de la prohibición de toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.

A continuación el docente Elio Kohan, activo ecologista y militante contra las fumigaciones, fue increpado a golpes por un ciudadano de Avigdor, mientras profería dichos acerca de su trabajo en defensa del ambiente, a menos de 24 hs. de conocido el fallo. No obstante los rotundos argumentos planteados y el desenmascaramiento de las justificaciones que “respaldan” el decreto, el dia 29 de marzo el gobierno apeló el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia.

Gobernar para las cámaras empresarias

Con posterioridad a la contestación de la demanda, el Gobierno Provincial organizó una reunión en la Bolsa de Cereales en la que participaron el Secretario de Producción, el Fiscal de Estado, el Fiscal de Estado Adjunto, representantes de INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias-UNER, el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos ER y todas las entidades del sector agropecuario. Allí la Fiscalía de Estado asesoró a las cámaras empresarias a presentarse ante la Cámara Civil y Comercial de Paraná, en un proceso colectivo como afectados ante la decisión que pueda tomar la justicia.

“Las actoras denunciamos la extemporaneidad de las presentaciones como asimismo la actitud del estado que ostensiblemente estaría representando y defendiendo a un sector claramente basado en intereses económicos lejanos al interés por la salud de la comunidad educativa de las escuelas rurales” precisó la abogada de la Coordinadora.

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Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos: Basta es Basta 

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Fotos: Pedro Medved @pedromedved

El 15 de junio se cumplieron seis años de la masacre de Curuguaty,  un episodio que marcó la historia del Paraguay,  y anticipó un rumbo en la región. Una injjusta condena contra 6 campesinas y campesinos.  La fecha  se recordó con una vigilia frente a la Embajada de Paraguay, en la CABA. Desde Argentina gritamos: “Justicia, Tierra y Libertad”.

Cronica de la vigilia

En la noche del pasado jueves, una decena de activistas, periodistas, artistas, y militantes por los derechos humanos, concentramos en la embajada de Paraguay en Buenos Aires, Argentina. Una vigilia para mantener vivo el reclamo por justicia,  se realizó en la noche del jueves pasado hasta las cero horas del viernes, por uno de los hechos más aberrantes de la historia reciente del Paraguay,  que dejó un saldo de 11 campesinas y campesinos  asesinados, mientras que los sobrevivientes inocentes fueron condenados. “Por los muertos de Curuguaty, clamamos la inocencia de Dolores López, Fani Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Felipe Benítez, Adalberto Castro, Juan Carlos Tillería, Arnaldo Quintana, Luis Olmedo, Néstor Castro y Rubén Villalba”.

En el marco de la vigilia convocada por el Movimiento 138 (integrado por militantes paraguayos residentes en argentina) se realizaron distintas actividades, en las que participamos niños, niñas,  mujeres y hombres de distintas generaciones. El frío, que cada año acompaña la fecha, no fue impedimento para poner el cuerpo. Los cocidos (infusión de mate típica)calientes y compañeros, acompañaron desde temprano,  a quienes fuimos llegando. Desde lejos se distinguía el lugar  por las banderas, inscripciones, fotografías colgadas, junto al altar armado con frutas, verduras, velas e imágenes de las y los campesinos, al tiempo que eramos escoltados por tres patrulleros y decenas de policías que estaban apostados de manera provocadora.

La apertura de la actividad tuvo un carácter didáctico y participativo. La propuesta consistía en hacer el ejercicio de ubicar cronológicamente los distintos sucesos políticos que rodearon al caso. Con esa construcción colectiva se fue trazando una línea histórica a partir del relato de las y los participantes. A continuación, otra actividad consistió en descubrir, a partir de palabras sueltas, una frase: “Curuguaty es una herida abierta en el corazón de América Latina”. Las actividades estuvieron dirigidas a poner en relevancia la necesidad de recuperar la  memoria histórica de los pueblos respecto al hecho que marcó la avanzada neoliberal en nuestro continente. Un hecho que perdura hasta el día de hoy y que fue el primero de una seguidilla de golpes de estado institucionales de una derecha que en Latinoamérica busca reinstalarse tras algunos años de gobiernos progresistas.

Una actividad que continuó con un encendido de velas que conformaban un número “6” ubicadas sobre el pavimento de la calle Las Heras, en la puerta misma de la embajada. Alumbrados por las velas se conformó el fogón, que con música y poesía popular para evocar al campesinado que lucha por la tierra y al pueblo paraguayo y latinoamericano en su conjunto: canto guaraní con guitarras, melódicas y percusion al compás de las palmas y la arenga de los presentes. Frente al altar con dos grandes inscripciones: “ libertad a los campesinos paraguayos” y “¿qué pasó en Curuguaty?”se ofrendaron velas encendidas y flores de distintos colores.

Hacia el final de la vigilia se leyó un comunicado al que adhirieron distintas organizaciones populares, organismos de derechos humanos (entre ellos Madres Línea Fundadora) organizaciones campesinas y de mujeres, de distintos territorios de Latinoamérica y de Europa,  que finalizó al grito: “libertad a los 6 campesinos presos políticos”.

Las intenciones de las y los  presentes tiñeron la noche de esperanza al igual que el verde esperanza del pañuelo de las compañeras presentes, que ese día consiguieron la media sanción a la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Verde esperanza como el color de la hierba fresca, viva, que se podía apreciar en las imágenes de aquellas tierras de Curuguaty. A más de mil kilómetros, las hijas e hijos de aquellas tierras continúan sembrando la rebeldía y la memoria necesaria que harán germinar la tan ansiada justicia.

Justicia, Tierra y Libertad

En el comunicado por Tierra, Justicia y Libertad, se pone de relieve la situación actual de injusticia continuada que vive el pueblo paraguayo y la historia de la masacre.

La masacre ocurrió en el año 2012 en las tierras de Marina Kue (Curuguaty) una situación que de violencia donde se intenta despojar de las tierras a las y los campesinos organizados en un asentamiento. Las familias de campesinos que se predispusieron a resistir una vez más los desalojos, que esta vez se produjeron en una situación de máxima violencia, dirigido por un Grupo Especial de Operaciones, que luego les impidió hasta socorrer a sus heridos y sus muertos.

Paraguay es quizas el mayor emblema a nivel regional de la injusta distribución de la tierra, donde un 3 % es propietaria del 85% de las tierras. Muchas de estas tierras, que correspondían a la reforma agraria, están en manos de grandes empresarios agrícolas que las obtuvieron ilegalmente beneficiados por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

La Masacre de Curuguaty, que dejo un saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos, se dio en un proceso que días después, el 22 de junio, culminó con el golpe de Estado al entonces presidente Fernando Lugo, y que le permitió al gran capital sojero dar un mayor impulso a la concentración de la tierra y seguir condenando a todo aquel que se le enfrente.

Una trama de criminalización en la que participaron jueces y fiscales, a quienes se puede identificar con nombre y apellido,  son juzgados las y los campesinos por el asesinato de 6 policías y no hay ningún responsable imputado por los 11 campesinos asesinados. Con un proceso judicial plagado de irregularidades donde testificaron los propios uniformados se condenó injustamente a las y los campesinos: Dolores López, Fani Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Felipe Benítez, Adalberto Castro, Juan Carlos Tillería, Arnaldo Quintana, Luis Olmedo, Néstor Castro y Rubén Villalba.

Luego de la masacre y la criminalización de las y los campesinos, se produjo la destitución del presidente Fernando Lugo y la asumió de manera temporal Federico Franco, quien procedió a habilitar la semilla transgénica de Monsanto y dar concesiones a empresas Estadounidenses como Dahava Petróleos. De la mano del  presidente Horacio Cartes, el modelo extractivista se profundizó con leyes privatistas como la de Alianza Público-Privada, la ley de Seguridad Interna, permitiendo usar a las Fuerzas Armadas, sin la aprobación del Congreso, para militarizar más el país con el apoyo de la Asociación Rural de Paraguay.

“Cada 15 de junio, desde el año 2012, es momento de Memoria para el pueblo paraguayo en compañía de las y los hermanos de América Latina. Es un momento donde renovamos nuestro compromiso de no resignación frente a la injusticia. Por los que no están, por los que faltan, por los que sufren encierro y por los que vendrán, desde Argentina  gritamos: JUSTICIA, TIERRA Y LIBERTAD”.

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Se realizó el sábado pasado (19-5) el 1º Encuentro Preparatorio Inter-Nacional Contra el G20. Con la asistencia de delegadas y delegados de organizaciones nacionales y de países como Brasil, Uruguay y Francia entre los más destacados,   para constituir un espacio de confluencia para luchar contra la instalación de políticas públicas contra la agenda de los pueblos. Un día antes desde la Asamblea Mejor Sin TLC, con el acuerdo de las organizaciones que la integran, dieron a conocer una declaración de rechazo a la presencia de los cancilleres del G20, en nuestro país,   y a las políticas que representan[i].

El pasado sábado 19 de mayo se realizó en 1º Encuentro Preparatorio Internacional Contra el G20,   en la    la Facultad de Ciencias Sociales,   en la sede de Constitución.   Un día cargado de actividades militantes: Marcha Mundial Contra Monsanto, Festival por Lula Livre, Festival para respaldar las elecciones venezolanas, no impidió que las y los delegados, de distintas organizaciones,   se fueron sumando a medida que se acercaba el mediodía. Una jornada que se desarrolló en un clima de confraternización y diálogo,   con un segmento inicial donde se ubicó el contexto geopolítico actual y lo que representan las políticas del G20, para luego se trabajar en comisiones con miras a conformar un espacio amplio de confluencia contra el G20.

G20 una política de sumisiones

Para comenzar el encuentro se hacía necesario conocer los alcances y resonancias que tiene esta iniciativa neoliberal que la Argentina ha decidido presidir este año.   Con la exposición conceptual de   Julio Gambina,   militantes llegadas desde Brasil y el grupo de mujeres contra el G20, que presentaron   el contexto de producción de las políticas que impulsa el G20 y sus implicaciones territoriales,  al mismo tiempo que desembarcan en Argentina nuevamente la imposición de las políticas del FMI.

Julio C. Gambina, economista de la CTA Autónoma ofreció una síntesis de la actual situación a nivel nacional, regional y global, que .   Arrancó ubicando el actual contexto de corrida cambiaria y la devaluación que crearon   “un clima favorable para el ajuste regresivo”.   Enumeró algunas situaciones que se vienen sucediendo en nuestro país: fuga de capitales, déficit comercial, déficit de turismo, remesas de utilidades al exterior, dolarización del excedente argentino, entre las más destacadas. Sin embargo, pese a este panorama, desde el gobierno y los principales analistas aliados a estas políticas, de la derecha,   se impone el discurso del ajuste    como “la única solución de los problemas de los y las argentinas”. “La devaluación significa la transferencia de recursos desde la mayoría empobrecida a la minoría enriquecida”.    Gambina, a continuación señaló   que “lo que sucede en la Argentina es lo que quiere el G20 a nivel mundial: crear las condiciones para el proyecto estratégico del capital trasnacional más concentrado”.    Luego continuó explicando   el alcance concreto del G20.   Un programa de subordinaciones que básicamente alcanza a tres áreas en particular.   a) La subordinación del trabajo al capital, vía la flexibilización laboral, tal como lo llevó adelante Temer en Brasil, como lo impulsa Macrón en Francia   y como quiere imponerse a nivel global.   B) La subordinación de la naturaleza al capital,   con políticas para favorecer la apropiación de los bienes comunes, y en particular en nuestra región que es una fuente de recursos naturales,   que son estratégicos para el funcionamiento del capital: agua, petróleo y biodiversidad.   c) Quizas   la más importante, la subordinación   de la sociedad al capital, vía la imposición del consumismo como patrón cultural,   que se busca enfatizar sobre todo entre la sociedad popular.    La verdadera imposición de una cultura permitirá el avance del capital sobre cualquier otro   interés humano. Por eso es importante instalar una fuerte campaña para explicar que es lo que el G20 pretende.

Con gran poder de síntesis, Gambina,   explicó brevemente el contexto geopolítico y la disputa   por dominar el sistema mundial.   EE. UU. y Gran Bretaña con políticas proteccionistas que les permitan reposicionarse en la hegemonía a nivel mundial. Al mismo tiempo que los bloques Rusia-China han adquirido gran peso e incidencia no solo en la economía global mientras   vienen desarrollando una carrera armamentista. En ese contexto mundial   América Latina se convierte en una preocupación, porque   “fue la región de ensayo e inauguración de las políticas neoliberales con las dictaduras militares”.   Mientras que es en el territorio latinoamericano   donde se generaron expectativas a escala mundial por la dinámica de movilización popular, con expresiones como el Caracazo o el levantamiento zapatista, que fueron las condiciones de un clima de cambio político en la región que preocupa al capital transnacional. “Por eso Venezuela y otros paises de la región se constituyen en una amenaza como potencialidad anticapitalista.   Tal como sucede en Brasil, Uruguay y los paises del continente,   lo que está en disputa es la apropiación del trabajo social por parte del capital transnacional”. Eso sucede también a nivel global. La ofensiva que le puso freno al capital ocurrió en nuestra América, y el desafío es que el movimiento popular le pueda poner un freno al capital transnacional. “Queremos ponerle freno a la presencia del G20 en la Argentina y para eso necesitamos intensificar una campaña de diálogo social, cultural, popular porque el capitalismo no trae soluciones para los pueblos y necesitamos generar un imaginario para que la lucha popular sea consciente por desplegar una lucha anticapitalista” expresó con convicción Julio Gambina. Una introducción destinada a concientizar e impulsar el trabajo que luego se produjo en el trabajo en comisiones.

Recordamos que tal como lo señalamos este año el G20 sesiona en Argentina con una agenda cargada de de reuniones de distintos grupos sobre temáticas con una agenda fijada por nuestro país, que preside las sesiones, que mira al capital concentrado, mientras le da la espalda al interés de los pueblos.

A su turno, expusieron las   delegadas del PSOL de Brasil  y compañeras de Marielle Franco.  Un momento de gran emotividad y sensibilidad que nos contagió a todas y todos los que estábamos presentes, a solo 70 días del brutal asesinato de Marielle.   Se refirieron a la situación del pueblo brasileño y en particular lo que se vive en Rio de Janeiro, con la creciente criminalización y militarización,   contexto en el cual Marielle fue asesinada. “El capitalismo en Brasil es un patriarcado racista y misógino en el que aumentaron las muertes de pobres, mujeres y negros, en un país que tiene un racismo estructural, en donde los movimientos sociales y feministas somos amenazados mientras perdemos derechos todos los días”,   tal es la situación de la creciente disminución del derecho a la salud mientras aumenta la privatización de la educación, entre otras realidades. “Se viene instalando un proceso desmoralizador que intenta instalar el temor y la resignación donde las personas jóvenes, niñas y niños de los sectores populares se han convertido en sospechosas.   También relataron la grave situación que se vive en Rio de Janeiro desde hace tres meses,   con la militarización de las favelas,   donde se vive en un clima de guerra.   Esta situación lejos de combatir la violencia, la incrementó con   más de 900 homicidios, de los cuales más de 300 corresponden a opositores y donde el objetivo de la violencia son jóvenes, mujeres, negros y negras pobres.

Para finalizar con el bloque de las exposiciones,   que promovieron la necesidad de organizarse,   fue el turno del colectivo de la Red de Género y Comercio.   Las participantes definieron sintéticamente la gravitación del mundo de las finanzas sobre los cuerpos de las mujeres, que son el eslabón más débil sobre el que culturalmente recaen las cargas. Anticapitalista, anticolonial y contra el patriarcado se propusieron como los tres ejes a trabajar para romper con una lógica de dominio y sometimiento y como contrapartida se propuso la política de los afectos. Una serie de cuestiones que ya se habían   trabajado el día miércoles en el Foro Feminista ante el G20.

Confluencia

Seis grupos de trabajo elaboraron los primeros puntos en común que permitan ir organizando una confluencia de organizaciones.   Se partió de un amplio consenso en movilizar y expresarse en las calles contra las políticas del G20.   Hubo un acuerdo común en: la necesidad de ampliar la convocatoria a los movimientos populares organizados y a otros sectores de la sociedad.   Trasmitir de manera sencilla para facilitar la comprensión y la conexión de las políticas de imposición del G20 con la vida cotidiana y las luchas populares.    Sacar las discusiones a los ámbitos públicos y más participativos que puedan    convocar   a participar a la diversidad de sectores sociales.   Se consensuó la necesidad de una política comunicacional y de difusión.

Construir la agenda de los pueblos como contraparte a la agenda del capital financiero y   ampliar la convocatoria a nivel regional e internacional, entre alguna de las cuestiones centrales de la confluencia.   La jornada    finalizó con la fecha de un próximo encuentro, a realizarse hacia fines de junio, que permita ir construyendo una convocatoria más amplia que permita fortalecer la expresión de la resistencia al G20, porque necesitamos ser muchas y muchos los que expresemos en las calles No al G20 y sus políticas contrarias a la agenda de los pueblos.

[i] La info completa se puede encontrar en www.mejorsintlc.com

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La escuela parece no estar ajena al clima de persecución política que han instalado las actuales políticas del gobierno nacional. Esta vez le tocó a una joven estudiante de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, de la Ciudad de Buenos Aires. La persecución política llegó al colegio secundario, tal lo expresado desde el comunicado del Centro de Estudiantes.

La alumna Malena Briones que se inscribió para cursar 4º año de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no obtuvo la vacante, pese a ser alumna de dicho establecimiento. Una situación por demás irregular para alguien que tiene garantizado el derecho a la educación por la Constitución Nacional y por la ley que regula la obligatoriedad de la educación secundaria. Primera irregularidad.

Alumnas y alumnos de la institución reaccionaron rápidamente ante semejante injusticia y peticionaron a las autoridades la incorporación de Malena. Al mismo tiempo, llevaron adelante una sentada en el patio como medida de protesta. La persecución política llegó al colegio secundario, pero esta vez el caso no es el de un o una docente increpado sino el de una estudiante. Malena es una compañera de La Simón Bolívar que milita en secundarios, estudia en el colegio artístico Rogelio Yrurtia y participa activamente del centro de estudiantes y de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB).

Por su participación en asambleas y reuniones del Centro de Estudiantes CEBARY le computaron las faltas suficientes para perder su condición de alumna regular por lo que quedó libre en el 2016. Con mucho esfuerzo –tal como se expresa en el comunicado emitido por el Centro de Estudiantes de la Escuela–, se presentó a rendir las materias pero repitió 4to año. Idéntica situación por la que atraviesan alumnas y alumnos a los que les renovaron la vacante sin dificultad.

Sin motivos para excluir

El derecho a la educación está consagrado en la Ley 26.206, que fija la obligatoriedad desde el pre escolar hasta el nivel secundario. En el Reglamento Escolar de la CABA está asegurado el acceso a la vacante para las alumnas y los alumnos repitentes. El Artículo 32, que se refiere a Alumnos Repitientes, dice en su inciso 1º que todo alumno regular repitiente tiene derecho a conservar la vacante en el establecimiento para continuar sus estudios, siempre que no solicite pase a otra unidad educativa, de acuerdo con lo dispuesto en el Régimen de Evaluación vigente. En su 2º inciso dice que la inscripción de los alumnos repitientes del establecimiento se efectúa al finalizar el período complementario de evaluaciones del turno de marzo del año calendario inmediato siguiente. Mientras que el artículo 35 De las Normas para los alumnos libres explicita que se rigen por las mismas normas que regulan la inscripción y matriculación correspondiente a los alumnos regulares, siéndoles aplicables todas las disposiciones contenidas en este Reglamento.

Ante esta situación de exclusión y persecución política los compañeros y compañeras expresan que en solidaridad y como llamado de atención, se realizó una asamblea estudiantil en el patio de la escuela. Allí se decidió con el voto directo con 173 a favor y 24 en contra, hacer una sentada permanente frente a la dirección hasta que haya una respuesta respecto a la vacante.

Desde el centro de estudiantes, expresan: “Como le tocó a Malena le pudo haber pasado a cualquier otra alumna o alumno que participe activamente del centro de estudiantes, que luchara y reclamara por todas las cosas que tendríamos que tener por obligación y hoy día no se cumplen”. Incluso, acusan a una profesora de expresarse en el Consejo Consultivo diciendo: “Hay que descabezar a la cabecilla del centro”.

Razones

Los directivos de la institución de enseñanza media se niegan a darle la vacante por la falta de regularidad y por su “mala conducta”, en clara referencia a su actividad política dentro y fuera de la escuela.

La decidida medida llevada a cabo por estudiantes abrió un compás de espera para toda la comunidad educativa. El próximo día jueves a las 18 se discutirá a nivel institucional la arbitraria situación, y se espera la reincorporación de la compañera. Además, la comunidad estudiantil movilizada predice una serie de medidas si la respuesta es negativa, al tiempo que se anuncian recursos legales para garantizar el acceso a la educación. Se ve un accionar de directivos docentes que intentan disciplinar cualquier actividad de disidencia, en consonancia con las políticas nacionales, mientras se intenta deslegitimar la educación pública y se desprecia a los docentes que la conducen.

“Ante la medida la respuesta de la directora hacia la vacante paso de ser un ‘no’ a ser un ‘se va a discutir’. El jueves estaremos esperando la respuesta, si le dan la vacante sabremos que fue por el esfuerzo y solidaridad de las y los estudiantes del Yrurtia. Si no se la dan estaremos discutiendo las medidas a tomar, ante el perseguimiento político así como el ataque sistemático que se da todos los días a lxs profesorxs y alumnxs por un gobierno que, como bien sabemos, la educación del pueblo le importa poco nada. ¡Las y los estudiantes del Yrurtia nos organizamos!”, cierran desde el Centro de Estudiantes.

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Un nuevo aniversario del natalicio del militante popular Martín “Oso” Cisneros, asesinado en 2004, encuentra al país atravesando un contexto político de emergencia social, mientras se avanza con la criminalización de la protesta y se intenta juzgar a sus compañeros por una causa que debería estar prescripta. Mañana, como cada año, se realizará un homenaje con la presencia de organizaciones del campo popular.

Cada 22 de marzo la Organización Social y Política Los Pibes ha fijado la fecha en que conmemora el natalicio del militante Martín “Oso” Cisneros. Una celebración de la vida y la militancia que recuerda a quien se constituyera en emblema y símbolo de lucha. Para cada militante de la organización es un día especial, una celebración con un fondo de tristeza contenida. Este año nos encuentra en un contexto de persecución y criminalización de la protesta social, con las organizaciones populares movilizándose, en unidad, frente a un gobierno que ha asumido para defender los intereses corporativos, de espaldas a los ciudadanos a los que debiera representar, lo que pareciera indicar una creciente pérdida de legitimidad en la representatividad institucional. La emergencia social es un hecho con un país en donde hay 13 millones de personas bajo la línea de pobreza, tal lo que ha indicado el último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Este 22 de marzo, al mismo tiempo que el asesino del militante Martín “Oso” Cisneros ha recobrado su libertad, sobre sus compañeros aún pesa una causa judicial por “La Toma de la Comisaría 24”, que sucediera como respuesta a la protección policial al asesino. Una causa que después de casi 13 años, de ocurrido el hecho, parece más destinada a prescribir que a engrosar el pesado entramado judicial, que siempre perjudica a los mismos. Una acusación donde se imputa a Luis Bordón, Luis D´Elia y Lito Borello por liderar la toma, bajo la acusación de: “daño agravado por tratarse de bienes de uso público, en concurso ideal con atentado a la autoridad, daño simple en concurso con privación ilegítima de la libertad coactiva, amenazas con el objeto de obtener la concesión por parte de los poderes públicos”. Coacción agravada es la carátula que no permite la prescripción de una causa que tiene pruebas débiles y solo grandes consecuencias mediáticas y ejemplificadoras.

Historia del 25 de junio de 2004

El 25 de junio de 2004, a pocas horas de conmemorarse el segundo aniversario del asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Juan Carlos Duarte asesinó a Martín “Oso” Cisneros, uno de los principales referentes del Comedor Los Pibes, en su casa del barrio de La Boca. Un hecho que se venía anunciando por las amenazas y algunos hechos delictivos que se sucedían contra los militantes de la organización.

En ese momento en el barrio se estaban sucediendo situaciones de gran tensión producto de las luchas que favorecía la Organización con los vecinos, para facilitar el acceso a recursos para mejorar la situación alimentaria, de pobreza, la falta de vivienda y sobre todo porque desnudaba una situación que se multiplicaba con la presencia del Paco, que diezmaba a los jóvenes, en este y otros barrios populares. La interpretación que cada vez se hacía más certera era la presencia de una “droga de exterminio” contra los jóvenes y sus familias, cuya intención era vaciar el territorio, para favorecer proyectos inmobiliarios, que hoy se volvieron una realidad. Una droga en donde se anudaban intereses diversos: narcotráfico, especulación financiera e inmobiliaria en alianza con el poder. Una vieja receta, una vieja política.

Casualmente Macri era presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2008, momento en el que se inician estos proyectos que favorecen la especulación inmobiliaria, y que luego tienen continuidad con su ingreso a la política institucional, como Legislador, Jefe de gobierno y hoy como Presidente de la Nación.

El asesino del “Oso”, Juan Carlos Duarte, era un conocido de la policía y del barrio, célebre como “gordo colchones” porque lideraba una banda que cometía ilícitos y que era vox populi que contaba con complicidad de las fuerzas del orden, que liberaban las zonas o nunca lo encontraban.

El asesinato de un militante tan popular como el “Oso” provocó una pueblada en el barrio que se movilizó indignado hasta la Comisaría 24, que protegía al “gordo colchones”, momento en que se produce La Toma de la Comisaria y cuya consecuencia fue que sea apresado y encarcelado. Juan Carlos Duarte fue condenado por el hecho y hoy goza de la excarcelación mientras los compañeros del “Oso”, que permitieron que el hecho se esclareciera hoy son perseguidos por una causa judicial caduca por el paso del tiempo.

Epílogo

El 21 de marzo debería haber sido la primera audiencia del Juicio Oral y Público, sin embargo la misma fue suspendida porque entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que modifica algunas cuestiones formales de la participación de los jueces, lo que obliga a revisar la situación y notificar a las partes. Una suspensión que solo posterga para más adelante un escenario de injusticia que equipara una pueblada, que presionó para encontrar al responsable del asesinato, con una persona que le quita la vida a otra: un asesino. Este 22 de marzo, un nuevo aniversario del natalicio del “Oso” nos encuentra preocupados organizándonos junto con otras organizaciones compañeras, con las cuales a pesar de la situación, nos encontraremos reuniremos a celebrar la militancia y la vida, para continuar luchando en las calles al día siguiente. Porque cuando la injusticia se convierte en ley la rebelión es un derecho.

*Militante de la Organización Social y Política Los Pibes

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La identidad de La Bombonera se ve nuevamente en peligro. Angelici y una tentadora suma millonaria amenazan con modificar el nombre del estadio, agregándole el de una empresa china. El contrato sería hasta 2017, por lo que el dirigente debe pedir el visto bueno de la Asamblea de Representantes. Adentro, el oficialismo es mayoría. Afuera, el pueblo en desacuerdo con la medida.

“El último deseo de Daniel Angelici: vender el nombre de la Bombonera por una suma millonaria”. Así titulaba La Nación el 24 de agosto pasado.  La intención parece ser agregarle al nombre de la Bombonera, Alberto J. Armando,  la denominación de una empresa china, por una oferta que  trascendió  oscila entre los 5 y los 10 millones de dólares. Un contrato que se extendería hasta 2017, o sea más allá del mandato del actual presidente de la institución,  Daniel Angelici,  por lo que el mismo debe buscar la aprobación de la Asamblea de Representantes, en la cual el oficialismo cuenta con mayoría propia.

La réplica no se hizo esperar. La organización Boca es Pueblo, que parece lo más cercano al sentir popular y barrial,  emitió un comunicado repudiando esta iniciativa y acusando a la dirigencia de querer convertir el nombre de Boca en un cartel publicitario. Debajo de LA BOMBONERA NO TIENE PRECIO emiten una declaración en donde expresan: “…un nuevo ataque a la identidad de Boca, pretende cambiarle el nombre a La Bombonera por el de una empresa que esté dispuesta a pagar por ello”. Cuestionan la iniciativa explicando que la actual dirigencia ha demostrado que los ingresos que generan este tipo de emprendimientos, como el cambio del color de las camisetas no se tradujeron  en mejoras para el club y  por el contrario después de eso intentaron cerrar el vóley profesional por falta de recursos económicos.

En el comunicado, Boca es Pueblo pone en tela de juicio a dirigentes y comunicadores mediáticos que al mismo tiempo que difunden la idea de lo bien que está el club, económicamente instalan la necesidad de tomar este tipo de decisiones, lo que parece una contradicción. “Los hinchas de Boca no tenemos ninguna garantía de que esos ingresos se traduzcan en mejoras  para el club o para el barrio”, expresan.

Parece sorprendente, quizás no, que al mismo tiempo que la dirigencia presenta la necesidad de sumar ingresos, el viernes pasado La Bombonera fue escenario de la foto oficial de seis de los diez flamantes jugadores Santiago Vergini, Ricardo Centurión, Axel Werner, Sebastián Pérez, Wilmar Barrios y Nazareno Solís, seis de los diez ingresos con los cuales el Xeneize va en busca de la ansiada Libertadores (el libro de pases del Club se completa de esta manera. A instancias de semifinales de la copa mencionada, Boca había recibido a Fernando Tobio, Walter Bou, Darío Benedetto y Fernando Zuqui).

La agrupación Boca es Pueblo tiene una visión crítica de la forma en que el club está siendo gerenciado, ya que los ingresos en gran parte se hallan tercerizados, lo que no le permite un capital genuino al club sino que los recursos se hallan en manos de “empresas que se sirven de Boca y muy poco le dejan a la institución”. Por lo tanto, continúan enumerando: “El cambio de nombre de la cancha a cambio de nada concreto,  a la luz de las experiencias pasadas, jamás se ha traducido en ningún beneficio para el club. Quizás si para los dirigentes”. Anticipan además que “según qué empresa acuerde con Angelici, puede significar el inicio de una relación que devenga en otras inversiones, por ejemplo, la construcción de un nuevo estadio; o bien la concesión de entradas para que explote la empresa, con lo cual no es sólo un cambio de nombre, sino también la profundización del modelo elitista y la exclusión de los hinchas de las tribunas”

Al finalizar el descargo, indican: “Tanto hinchas como vecinos y vecinas debemos oponernos rotundamente a resignar nuestra identidad. La Bombonera tiene un nombre formal que homenajea a un ex presidente y un nombre verdadero tomado de su diseño, que mucho tiene que ver con el efecto que produce en los rivales cuando toda nuestra gente alienta sin parar, y que la ha hecho mundialmente famosa, envidiada en todas partes del mundo y es parte de nuestra mística e identidad. Nada de todo esto puede cambiarse por plata, La Bombonera no tiene precio. LA IDENTIDAD NO SE VENDE. NO A LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS SÍMBOLOS.”

La decisión de la actual dirigencia, continuadora del espíritu privatizador de Macri, genera  una polémica entre los propios hinchas.  Mientras que la organización popular Boca es Pueblo expresa su rotunda oposición al proyecto,  otros hinchas expresaron en las redes sociales abogando por los brillos de los ingresos económicos como única posibilidad de engrandecer al club,  idea que se ha instalado con fuerza desde la gestión Macri en Boca Juniors, que privatizó todos los espacios públicos y restringió el acceso a los sectores populares y del barrio.  Recordamos que Mauricio Macri inició su carrera política haciendo pie en el club desde donde se lanzó a la política a nivel nacional, impulsando un modelo neoliberal de gestión separado de cualquier interés más allá del modelo empresarial financiero.

Al mismo tiempo desde el Gobierno Nacional se renueva el impulso  al modelo  que busca convertir a los clubes en sociedades anónimas, que nació con la gestión de Boca,  lo que amenaza con terminar de liquidar cualquier interés deportivo para situarlo sin dudas en el ámbito financiero transnacional, que pondría en movimiento un capital de origen poco claro. Un modelo europeo cuyos resultados no parecen tan claros.

El modelo europeo y su evolución

En  la revista Brando puede leerse una síntesis sobre la relación entre empresariado y fútbol.    Originariamente tuvo una vinculación fuerte entre lo afectivo y la identificación regional. El modelo era el italiano, donde familias poderosas tenían entre sus empresas al club de fútbol de su zona. El ejemplo más significativo es el de la familia Agnelli, dueños de la Juventus desde hace casi cien años. El fútbol luego fue fuente de poder político y también en Italia está la referencia inmediata: Silvio Berlusconi, que compró el AC Milan en 1986 y, gracias al tridente holandés Van Basten-Gullit-Rijkaard y sus títulos, consolidó su ascendencia en una sociedad que lo eligió cuatro veces como primer ministro. En España el fútbol también es una plataforma de poder.

Todos los clubes son sociedades anónimas menos cuatro: Osasuna, Athletic Bilbao, Barcelona y Real Madrid, pero esto no impide hacer negocios. Florentino Pérez es presidente del Real Madrid y titular de ACS, una de las tres constructoras más poderosas de Europa. En 2001 el club tenía una deuda de más de 200 millones de euros. Gracias a sus contactos en el Partido Popular, Pérez logró el revalúo de la zona donde estaba la Ciudad Deportiva, la vendió en 480 millones de euros y licuó lo que debía. Hace diez años apareció la tercera instancia de esta relación: ultramillonarios ajenos al fútbol que compran un equipo para ganar plata, blanquear fondos, lograr visibilidad u otras razones nunca del todo claras. Oligarcas rusos ligados al petróleo, familias reales de Medio Oriente y millonarios de todos los rubros, estas son las diez personas más ricas del mundo con inversiones en clubes de fútbol.

A nivel regional puede pensarse en el ejemplo mexicano con Carlos Slim, considerado el hombre más rico del mundo. En 2012 entró al negocio del fútbol con tres clubes en México y uno en España. Slim compró el 30 por ciento de Pachuca y de León, con intenciones de romper el duopolio entre Televisa y TV Azteca. Su primera medida fue vender los derechos de los partidos a UNO TV, empresa suya. En noviembre se metió en el Real Oviedo de la tercera división de España. Desembolsó 2,5 millones de dólares y se quedó con el 33 por ciento de las acciones y el control del club. En diciembre adquirió Estudiantes Tecos, que está en la segunda división mexicana. Es hincha de los Pumas de la UNAM, equipo que administra un patronato -integrado por intelectuales y empresarios- del que participan Slim y su hijo.

Entonces se impulsa un modelo de gestión con un capital que se estaría colocando en varios clubes locales al mismo tiempo, en donde quedaría poco claro qué intereses se juegan en los resultados de los partidos.

La crisis global y la era post Grondona

La crisis financiera global también parece tener su anclaje en el popular deporte. La corrupción atravesó la FIFA, Federación Internacional del Fútbol, y se cobró varias víctimas, entre los principales dirigentes a nivel internacional. Corrupción, favores y ventajas se trafican más allá de las fronteras. También en lo local el fútbol transita una grave crisis. En la era post Grondona: muerto el perro apareció la rabia. Un año que empezó con el escándalo de fraude en las elecciones en la AFA, con implicaciones diversas que llegan hasta la justicia, con algunas implicaciones a nivel gubernamental.

No olvidamos que Angelici es reconocido como el principal operador del gobierno en la justicia. La crisis económica del fútbol postergó el inicio del Torneo de Primera División,  que recién se inició el 26 de agosto y se destrabó por un desembolso del gobierno, que no tuvo más remedio que intervenir, para no sumar un motivo más al descontento popular por la gestión nacional, mientras se benefician los grandes clubes de primera división. Al mismo tiempo que el Fútbol para Todos tiene fecha de vencimiento a fin de año, lo que promete volver al modelo de “pague y mire”.

Una gestión neoliberal de gobierno que hunde sus raíces en el más popular de los deportes en la Argentina y que al igual que en otros aspectos de las políticas de gobierno busca beneficiar a los sectores del capital concentrado para dejar de lado a los  más desfavorecidos, también por estas políticas elitistas.

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En los últimos días del mes de mayo de este año el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dictó un fallo que avala las detenciones de menores de 18 años por parte de la policía provincial.

Una práctica habitual de la policía provincial que ahora cuenta con una sentencia que la respalda y al mismo tiempo pone en peligro la protección de niños, niñas y adolescentes que el estado debe garantizar. Se constituye en un antecedente peligroso que puede ser tomado de ejemplo en otros lugares del país. Una noticia silenciada en los medios nacionales.

Trama judicial

En la ciudad de Viedma se vienen reiterando las prácticas sistemáticas de detención de adolescentes por parte de la policía provincial. Frente a estos hechos que recaen sobre el segmento poblacional de menores recursos, la defensora de menores Patricia Arias vió la necesidad de interponer un Habeas Corpus Preventivo, que permita ponerle freno a una situación que constituye una vulneración de derechos por parte de fuerzas del estado. En primera instancia un juez de la Cámara Criminal de Viedma, Dr. Jorge Bustamante, se expidió dando lugar al recurso y prohibiendo a la policía de Rio Negro continuar con esta práctica ilegal. El gobierno provincial en desacuerdo con el fallo le ordenó a la Fiscalía del Estado interponer una apelación a través de un recurso de casación que se elevó al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. El argumento textual dice: “Se destaca que de esta manera, un Juez y una Defensora Oficial, detrás de un escritorio, le quitan a la Policía su facultad esencial que es la prevención, a partir de una decisión de un juez. Si esto ocurriera, la fuerza de seguridad deberá dejar de cumplir el mandato normativo de prevención”. El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Rio Negro hizo lugar a este argumento por el que faculta expresamente a las fuerzas de seguridad a detener a menores, jóvenes adolescentes, bajo este argumento de la prevención.

Argumentos legales contrarios

La Convención de los Derechos del Niños fue incorporada a la Constitución nacional por la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22) para darle rango constitucional a la protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años. La ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue sancionada por el Congreso Nacional el 28/972005, promulgada el 26/10/2005. En su Art. 40 párrafo 3º apartado manifiesta explícitamente la incapacidad penal y expresa que los estados parte establecerán “una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tiene capacidad para infringir leyes penales”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara y contundente. Sostuvo en los párrafos 108 y 110, O. C. 17/02 que “El Estado no puede privar de su libertad a niños y niñas que no han cometido hechos tipificados como delitos, sin incurrir en responsabilidad internacional por violación del derecho a la libertad personal” (artículo 7 de la Convención).

“Toda restricción de libertad de un menor no basada en la ley, o en una acción tipificada como delito, constituye una grave violación de los derechos humanos. El Estado no puede, invocando razones de tutela del menor, privarlo de su libertad o de otros derechos inherentes a su persona” (INFORME Nº 41/99,
MENORES DETENIDOS c/ HONDURAS, del 10 de marzo de 1999).

Rechazo de las organizaciones de defensa de derechos

Alejandro Palmas, del equipo de comunicación de la revista Al Margen (Bariloche) afirma que esta mirada punitiva y estigmatizante no es casual ni ingenua y habilita a las fuerzas de seguridad a detener a adolescentes “preventivamente” por el simple hecho de tener un antecedente judicial, una causa abierta en la justicia, o simplemente por pertenecer a un sector social determinado al que se lo asocia con el delito.

Mientras tanto algún diario de Rio Negro titulaba convenientemente: La Justicia aprobó la detención de adolescentes.

La Coordinadora antirepresiva 13 de enero manifestaba que estas detenciones son las que habilitan las torturas y malos tratos en el interior de las comisarías, detenciones que materializan el continuo hostigamiento que la policía realiza en los barrios, detenciones que dan comienzo desde la niñez a la construcción de trayectorias criminalizadas.

El grupo de vecinos autoconvocados en el marco de las causas que investigan abusos de niñas y adolescentes en Viedma sumó su repudio al fallo del Superior de Justicia y expresó que: El fallo sincera la incapacidad del Estado para hacerse cargo de problemáticas sociales profundas y de asumir esa tarea como una de sus funciones básicas orientada a la transformación de la realidad.

Los consejos locales de niñez y adolescencia de las ciudades de Huego, Mainquè, Viedma, Bariloche, San Antonio Oeste, Roca, y organizaciones que trabajan por los Derechos de niñas, niños y adolescentes en un comunicado rechazaron el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, e interpusieron varias acciones entre las que se encuentran la apelación del fallo del STJ y contactar Comité Internacional de Seguimiento contra la Tortura y Tratos Crueles por la violación de tratados internacionales. Al mismo tiempo que expresaron: los jóvenes son víctimas del discriminatorio accionar policial, advertimos que ellos y ellas no son peligrosos sino que están en peligro.

El 10 de diciembre de 2015 asumieron las nuevas gestiónes de gobiernos tanto nacionales como provinciales. Desde ese momento se puso en marcha una advertencia contra los sectores populares con la elaboración del protocolo antirrepresivo, la detención y persecución de dirigentes populares, mientras está en marcha una brutal transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía. La detención de jóvenes avalada desde el Poder Judicial, en la provincia de Rio Negro, parece constituir un escalón más de una cantidad de acciones judiciales que inclinan la balanza de manera desvergonzada contra los sectores populares.

El pueblo, una vez más, muestra que es capaz de enfrentar estas acciones con organización y lucha.

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La Asamblea del Parque Lezama es una experiencia emblemática que logró frenar la instalación del enrejado perimetral a través de la acción colectiva de organizaciones, vecinas y vecinos. La conquista del derecho al espacio público no agotó la su actividad y hoy impulsa un proyecto de ley de manejo participativo del Parque, que se presentó en la legislatura.

La Asamblea se constituyó en febrero de 2013 a partir de la “autoconvocatoria” de vecinos y vecinas que se movilizaron frente a esta iniciativa inconsulta del gobierno ciudadano de enrejar el lugar. Con cortes de calles, abrazos al Parque, donde participaron 1.400 personas, lograron darle visibilidad y ponerle un freno a la iniciativa gubernamental. Disputar el paradigma neoliberal del uso y manejo del espacio público con fines económicos en un territorio que no limite el acceso a los vecinos y sean ellos quienes participen en las decisiones que se toman sobre el Lezama. En una entrevista con Mauricio y Eva, referentes activos, nos contaron sobre la Asamblea ayer y hoy.

El medio más potente es la presencia en la calle: lograron parar las rejas

¿Cómo hicieron para que la gente se involucre cuando los medios bombardean con informaciones que dan miedo, como los actos de vandalismo?

Nos costó mucho: lo hicimos con mesas, volanteadas, ir a cada actividad que se realizaba en el barrio, denunciar lo que estaba ocurriendo en el Parque. La presencia en la calle, en el Parque, fue fundamental. Aprendimos a hacer un ejercicio con las personas que venían con el discurso de los medios, el vandalismo, los hechos delictivos, y también tuvimos que hacer un ejercicio entre nosotros para desarmar esa estructura. También se acercaron quienes estaban a favor de las rejas y con ellos también trabajamos. No fue un hecho de vecinos indignados que querían estar en contra sino que tenía un contenido político, ya que se estaba avanzando sobre la limitación del uso del espacio público, en donde las personas no son el centro de las políticas de gobierno.

Cuentan que, al revés que otras experiencias de lucha, la participación en la asamblea no tenía pretensiones: “El vecino también es militante y también pertenece a un partido y también tiene derecho a venir acá con eso, que es su identidad, la neutralidad es ficticia, y nos pareció que era limitar la participación”. El programa de radio Espantarrejas, que se emite los sábados por Fm Riachuelo, también fue una vía importante de salida al barrio. Mauricio cuenta una anécdota muy pintoresca: “Una noche fuimos a hacer entrevistas al parque y dos señoras que estaban sentadas en un banco nos respondieron que eran necesarias las rejas porque después de las 8 ya no se podía ir porque era peligroso. Pero eran las 11 de la noche y la señora conversaba animadamente con su amiga, y cuando le dije la hora respondió: ‘¿¡En serio tan tarde!? Entonces no es tan peligroso como dicen’”.

El parque Lezama es un espacio de 80.000 m2, y su situación es distinta de otros porque es un territorio donde confluyen y se conectan los barrios de San Telmo, La Boca, Barracas y Puerto Madero. Este gran espacio verde funciona casi como el “patio de la casa” para las y los habitantes de estos barrios postergados, suburbanos en la propia ciudad, cuya población se aloja principalmente en piezas de conventillos, hoteles y pensiones; es el primer recurso cuando son desalojados. Un lugar de encuentro social para quienes no tienen otras posibilidades de recreación, en una ciudad en la que viven de manera permanente alrededor de tres millones de personas y se calcula que circulan alrededor de diez millones. Allí también funciona el Museo Histórico Nacional, de gran valor para nuestro patrimonio cultural.

Cuidando el patio de las familias

¿Qué relación tienen las políticas sobre el Parque Lezama con las políticas ciudadanas?

El hecho no era las rejas sí o las rejas no, sino también la falta de inversión, el déficit habitacional que hace que la gente venga al parque como primera alternativa cuando se queda sin vivienda. El parque como primera referencia. Llegan desde La Boca, Barracas, Dock Sud, Avellaneda, Constitución. Nos preguntamos por qué se enrejaba acá y no los parques de Puerto Madero. Antes de que lo quisieran enrejar dormía mucha gente ahí, entonces venían en medio de la noche (esos oscuros servidores del GCBA) y les sacaban todo y se lo tiraban, y así la gente se fue yendo.

En 2015 resurgió la posibilidad de la instalación de las rejas de la mano de una puesta en escena mediática que denunciaba vandalismo, al mismo tiempo que se instalaba el Ministerio de Ambiente y Espacio Público frente al parque, en la ex oficina de Canale. Lo que sucedió en ese entonces fue que nos enteramos de que a la gente que estaba viviendo en los alrededores, debajo del puente de la autopista o en la calle, la estaban echando, y entonces llegaban aquí porque es el único lugar de referencia. Por eso publicaron en los diarios que el parque estaba siendo vandalizado, lo que justificaba la nueva embestida por las rejas. Una política deliberada que se la toma con los más vulnerables.

¿Y cómo afecta el cambio de construcciones en el barrio, el negocio inmobiliario?

La función social del parque cambió desde 1830, donde era un jardín con ornamentos hasta hoy donde los niños corren porque no tienen otro lugar donde estar. Quieren convertir al barrio en un distrito histórico, cada vez más exclusivo. Los dueños del barrio de San Telmo, los que tienen poder, son los anticuarios y una asociación de paisajistas y patrimonialistas que tenían voz directa en el Gobierno de la Ciudad y viceversa. El proyecto de las rejas había sido presentado por la asociación de patrimonialistas a la ciudad.

Desde hace unos años se viene incrementando la expulsión de los pobladores en San Telmo por el aumento de los alquileres por el turismo lo que también provocó que los valores de los productos de primera necesidad superen un 30% el de otros lugares. De igual manera que viene sucediendo en La Boca y toda la zona sur de la ciudad, donde se empuja la expulsión de sus pobladores para avanzar con el proyecto inmobiliario alentado por la gestión de gobierno. Cuando llegó lo de las rejas nos dimos cuenta de que nos vienen achicando por todas partes, y entonces eso tomó mucha fuerza en la gente que si dejábamos que entraran al Parque, venían por todo. El Parque dejó de ser una lucha reivindicativa y se articuló con otras luchas, a la vida de las personas y eso le dio peso. Nos dimos cuenta de que había muchísima gente que pasaba horas y horas en el parque porque vive hacinada en esas piecitas con muchos chicos; ahí entendimos que el parque es el patio de nuestras casas”.

¿De qué se trata el proyecto de Manejo Participativo?

La Asamblea presentó un proyecto de ley de Plan de Manejo Participativo. Es una propuesta que se toma de la experiencia del Parque Avellaneda, y que significa una práctica de democracia participativa real de las y los vecinos sobre el parque para que tengan la potestad de decidir sobre las cosas que se hacen ahí: qué cosas queremos, cuáles le hacen falta, qué prioridades hay, desde los juegos, el mantenimiento, el riego, la poda, la iluminación, para que no nos impongan necesidades que no son reales y que obedecen a otros intereses. Se trata de una mesa de trabajo formada por vecinos y vecinas, organizaciones y representantes del Gobierno de la Ciudad, para que se decida a través de un consenso y para no quedar en manos del funcionario de turno, que puede darle prioridad o dejarlo abandonado o decidir hacer inversiones multimillonarias como las de las rejas, que están alejadas de las necesidades reales de los habitantes de la zona.

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público dispone de un presupuesto millonario para obras sobre los parques, que se invierten en función de intereses políticos y no de las reales necesidades de usuarios y ciudadanos. Participar en las decisiones, como las privatizaciones que se están operando sobre los parques, como poner un bar o una estación saludable, le quita cada vez más espacios verdes. Pareciera que hay que ponerlos a dar una renta, un parque no es un gasto, tal como lo concibe el gobierno que viene gestionando la ciudad, sino una inversión en salud para los habitantes de la ciudad.

El Parque ya tuvo sus reformas y las rejas quedaron afuera, por ahora, y al bajar la intensidad del conflicto, la asamblea fue mutando. Así se formó la Red Interparques, donde fuimos articulando con otras problemáticas en otros parques. La Asamblea además tiene un programa de radio semanal, también se emite un boletín mensual en papel: Voces del Parque. Participamos en radios abiertas con otras asambleas; el trabajo es constante. Al mismo tiempo, articulamos con otras luchas y organizaciones porque descubrimos que con la lucha organizada es posible construir el acceso a los derechos participativos para alcanzar una vida más digna.

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