Por Vivian Palmbaum | Foto: @bordandoluchass

A 9 meses de la cruenta avanzada de apropiación territorial y exterminio del pueblo palestino, se realizó el conversatorio “Palestina, La Resistencia en el Bordado Tatreez, Mujeres Bordando Historia”, organizado por la Federación de Entidades Palestinas, el Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI), el colectivo Bordando Luchas y Sandía, coordinadora transfeminista por Palestina.

No se trató de una actividad de denuncia sino de mostrar el lugar de las mujeres palestinas que resisten. Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino Palestinas, destacó y agradeció, “shukran”, el sentido de solidaridad de los pueblos que acompaña a la resistencia palestina.

Elena Sánchez, de PEAPI, explicó que la actividad estuvo destinada a “que no solo se hable de cosas horrendas, sino para visibilizar cómo las mujeres buscan la vida y la alegría”. Sánchez presentó una síntesis del significado de esta experiencia ancestral, explicando que la identidad palestina se borda: “Durante muchos siglos, las mujeres palestinas han bordado sus propias prendas y vestidos. Esta habilidad, denominada Tatreez (palabra árabe que significa bordado), se ha transmitido de generación en generación entre hijas y nietas. El vestido palestino es un símbolo de identidad y resistencia. La práctica del Tatreez es una forma de comunicación con la que se transmite el estatus social, el estado civil y la edad; se inicia a los 7 años cuando las mujeres comienzan a bordar su ajuar. Se destacan tres tipos de puntos tradicionales: fallahi (bordado para las campesinas), bit (el bordado que une) y tahiri (originario de Belén y Jerusalén). Los bordados y las telas empleadas se diferencian por regiones”. Sánchez reveló que las mujeres comunican sus intenciones y deseos a través de su vestido, con los puntos y los colores, y sus variantes cromáticas.

En 1948, con la Nakba, se rompe la transmisión cultural de estos patrones y dinámicas sociales, y los bordados se empiezan a mezclar en los campos de refugiados. Las mujeres, a través del Tatreez, encontraron una herramienta para comunicar su historia en sus vestidos, con claves de interpretación, como bordar más flores para mostrar que tienen familiares fuera de Palestina.

En la Primera Intifada, se dejaron de lado los patrones tradicionales para distraer la mirada, y el bordado se convirtió en una respuesta a la prohibición de mostrar su bandera. En Hebrón, comenzaron a bordar en sus vestidos la bandera, solapada entre otros bordados, para conservar sus colores. La usurpación territorial y las políticas de exterminio por parte de Israel también avanzaron con la apropiación cultural de estas tradiciones, presentándolas como propias. Sin embargo, en 2021, la UNESCO reconoció el Tatreez como Patrimonio de la Humanidad, consagrando el 30 de abril como Día del Tatreez.

Desde el colectivo Bordando Luchas expresaron: “Nos unimos por la necesidad de usar el bordado colectivo como relato para expresar lo que duele, lo que queremos denunciar”. Así, vienen tejiendo sus hilos como un lenguaje, un bordado de lucha que hoy se solidariza contra el genocidio palestino y que ha bordado luchas e historias como la Masacre de Margarita Belén y la Masacre de Napalpí, entre tantas otras, que se exhibirán a partir del 12 de julio en el Museo Etnográfico de Buenos Aires. Mariana Eva Sala, cuyo padre está desaparecido, relató que, mientras era niña, su madre fue presa política y que la dictadura no le permitía verla seguido. Fue a través de dibujos, bordados y juguetes que se mantuvo la comunicación y se sostuvieron sus lazos.

Para finalizar, una delegada de la coordinadora transfeminista por Palestina, Sandía, contó que las mujeres y disidencias palestinas son protagonistas activas que resisten las estructuras que el apartheid ha generado, una violencia estructural que tiene mayor peso sobre ellas y elles y, por ese motivo, se ha constituido como una causa a defender por el transfeminismo como espacio de liberación.

Muchas voces estuvieron presentes en la actividad, trascendiendo las fronteras nacionales, desde México, Chile, Uruguay y Ecuador, para no olvidar que, frente al genocidio contra el pueblo palestino, se traman los hilos de la solidaridad y la memoria para sumarse a las voces del mundo, que no pueden ser acalladas, para ponerle freno a la barbarie.

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Por Vivian Palbaum/ Fotos Nadia Sur y Patry Cugat

La organización Judíos por Palestina[i], organizó un conversatorio en conmemoración de la fecha, para oír sin intermediaciones, las voces silenciadas desde el territorio palestino. Con palabras firmes, entrecortadas,  escuchamos las voces de mujeres que resisten y dan testimonio de lo que significa vivir un genocidio en la vida cotidiana.  El relato en las voces de Samar Awadallah, Amal Abu Soboh, Hind Abu Aisha desde distintas localizaciones del territorio palestino, quienes agradecen a todos los pueblos de la tierra que salen a la calle en apoyo de la “causa palestina”.

Sus vivencias hacen eco a lo largo y ancho de un mundo que parece deshacerse. Somos las mujeres quienes nos hemos solidarizado a lo largo y ancho del planeta con el sufrimiento y con quienes soportan con sus cuerpos lo insoportable. Sus relatos por momentos se vuelven estremecedores, pero parece necesario darle visibilidad al horror para que las voces del mundo se levanten contra tremenda masacre. Estas mujeres testimonian sobre el creciente número de asesinatos que supera las 30.000 personas con más de un millar de niñas y niños que han perdido a sus familias. El 90% de las desplazadas son mujeres mientras la mortalidad aumenta por el hambre a causa del bloqueo israelí. 

Samar Awadallah, representante de la OLP, desde Ramallah, territorio palestino, hace un relato histórico del devenir del pueblo palestino en primera persona. “Soy hija de un hombre y una mujer que vivían en los territorios ocupados por Israel, tuvieron que desplazarse por distintas regiones y nací en un campo de refugiados en Siria” rememora Samar.  Relata la continuidad del plan sionista desde 1947 hasta la actualidad que ha llevado al desplazamiento, la dispersión y el exterminio del pueblo que ha habitado esas tierras históricamente. Prosigue,    “el proyecto sionista de ocupación no solamente ataca a los hombres, sino a niños, niñas y mujeres… es un ataque a la identidad palestina, porque la mujer es la que une a la familia y ellos quieren destruir a la familia palestina”. Expresa,  “lo que pasa en Gaza es el último desastre y el mundo no está viendo estos crímenes”, continúa, “muchos gazatíes quisieron huir porque allí ya no se puede vivir, porque el gobierno actual ha radicalizado sus políticas con el creciente número de asentamientos que ha desplazado a la población palestina y que tiene como objetivo que esas tierras son ‘tierras de judíos’, ignorando a quienes habitan allí”.

Con su voz quebrada explica, “las calles en Gaza están llenas de víctimas y cadáveres”. Samar asegura que las organizaciones internacionales no respetan los Derechos Humano. Son las mujeres quienes sufren con sus cuerpos violentados y abusados por los soldados israelíes, por la muerte de hijas e hijos a causa de los bombardeos y por la hambruna, mientras Israel se niega a autorizar las inspecciones internacionales. Una situación de apartheid que se ha instalado desde 1947.

Amal Abu Soboh, es asesora legal y activista en DD.HH. desde Jerusalem, capital política de Palestina, habla en nombre de las mujeres de Gaza. “Nosotras no podemos celebrar este día, porque la mujer gazatí aguantó lo que no se aguanta, el hambre, la sed y ahora mismo mientras hablo se suceden crímenes incesantes…la gente de Gaza duerme bajo el bombardeo y saben que mañana pueden morir”. Sigue relatando los horrores cometidos en los campos de refugiados, donde se están robando órganos de las personas muertas. Con gran pesar afirma,  “los niños que son nuestra esperanza son asesinados por la ocupación, las mujeres dan a luz en los hospitales  sin recursos, el 75% de las personas heridas son mujeres, hay mujeres que han perdido el juicio (salud mental) por lo que les pasa a sus niños frente a sus ojos. A quienes están en las cárceles se les niega el alimento y son esposadas de pies y manos, y no se sabe si están vivas o muertas, asimismo se les prohíbe usar el velo, rezar, ducharse y son inspeccionadas sin ropa, y una lista de vejámenes difícil de trasmitir. Samar afirma, “el silencio del mundo hizo que la democracia de occidente no pueda ser llamada democracia”.

Para finalizar escuchamos a Hind Abu Aisha, Oficial de relaciones internacionales de la Oficina Central Palestina de Estadísticas, desde Nablus, en el norte de Cisjordania. Explicó que lo que sucede en Cisjordanía acontece en paralelo con la situación de Gaza, donde el desplazamiento afecta a la mujer económica y socialmente. Con gran conmoción relató que las violaciones no se detienen ni con las mujeres embarazadas, de lo cual ella misma fue víctima. Aseveró  “el día en que el mundo celebra el día de la mujer la ocupación israelí se hizo de todos los derechos de las mujeres palestinas”.

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[i] Judixs por Palestina es una organización que tiene una voz crítica hacia el interior de la colectividad que expresa:  “La perpetuación de un genocidio nos invoca a repensar lo aprendido, a mirar la verdad de frente y a decir, a viva voz, #Noennuestronombre”. Contacto:  https://forms.gle/xUn8yeHK6UVxKHwK9

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Por Vivian Palmbaum desde El Salvador

La violencia es una realidad histórica en El Salvador y los territorios mesoamericanos, tal como lo muestran la masacre de poblaciones originarias en 1932, la guerra civil y el actual Estado de Excepción impulsado por el presidente, Nayib Bukele, que suprimió derechos y garantías constitucionales.

Visitamos los territorios de la memoria para pasar por el cuerpo y volver a mirar nuestras historias para seguir construyendo sin olvidar los dolores, las violencias y las luchas de quienes nos antecedieron. Hacer memoria para no quedarnos mirando lo que pasa por la televisión. La actualidad salvadoreña se escucha en los primeros espacios de palabra donde el terror se hace presente en las voces de las mujeres. El gobierno actual instaló la presunción de culpabilidad dirigida hacia jóvenes y opositores bajo el argumento del combate a la delincuencia organizada que no disminuyó, aunque las cárceles se llenan de sospechosos sin condena. No es lo mismo decir régimen que decir gobierno, y eso late en cada palabra.

Las lideresas se sostienen gracias a las redes que continúan; atrapadas entre la violencia delincuencial y un Estado represor que vulnera y criminaliza todos sus derechos humanos. Por eso, su presencia en los territorios garantiza el acompañamiento y la contención de las mujeres. Las condiciones de inequidad, impunidad e intolerancia en América Latina y el Caribe componen la raíz estructural de una violencia que no cesa, como expresó el Dr. Eduardo Espinosa, ex viceministro de salud, exiliado por cuestiones políticas.

¿Por qué la violencia es un problema de salud pública? Se planteó como interrogante teniendo en cuenta las violencias cotidianas que se ejercen en todos los ámbitos, incluidos los servicios de salud pública dirigidos a toda la población, pero especialmente hacia las mujeres en El Salvador. El creciente embarazo de niñas y adolescentes no son causales de interrupción del embarazo, con una insuficiente implementación de la Ley de Educación Integral Sexual (EIS) y las emergencias obstétricas son criminalizadas a partir de acusaciones que provienen, en gran porcentaje, del propio personal de salud.

La profundización del modelo neoliberal que ha mercantilizado la vida, los programas de formación del personal de salud que no reconoce la dimensión ética humanista, son algunas de las razones para el grave retroceso en materia de salud que se desentiende la determinación social, en una sociedad que necesita construir la paz. Iniciativas como “Alerta Raquel”, “Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, dan cuenta de la violencia sistemática que en El Salvador de enero a mayo ya contabilizan 577 personas desaparecidas, con el mayor porcentaje para las mujeres, y luego el número es incierto ya que el organismo estadístico oficial del país dejó de funcionar como tal.

La pandemia histórica es la violencia contra el cuerpo de las mujeres, así lo expresó Sara Fernández Moreno, integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Capitulo Colombia y que se encuentra exiliada por un atentado que sufriera hace pocos meses; quien ubicó al feminicidio como categoría política que criminaliza a las defensoras territoriales, pero para la sociedad patriarcal se ubica como un crimen menor. El cuerpo de las mujeres es el territorio en disputa, tal como lo muestra la reciente promulgación de la ley “Nacer con Cariño” que detrás del argumento contra la violencia obstétrica constituye un retroceso que ve a las mujeres como madres y no como mujeres. Coincide con el fallo que condenó recientemente a una joven a 50 años de cárcel por una emergencia obstétrica con el mismo argumento, “las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”.

Las voces de las mujeres reunidas en los talleres dieron cuenta de lo inolvidable de las múltiples violencias como las obstétricas, que han sufrido desde la gestación, donde algunas de las causas que han podido identificar son, desconocimiento de derechos sexuales, deshumanización de las y los profesionales, maltrato, que se suman a las innumerables situaciones de abuso que han atravesado por su condición. A pesar de estas situaciones las mujeres reconocieron, “tengo el valor de hablar porque estoy participando”.

El espíritu de Margarita Posada estuvo presente a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de su muerte. Luchadora incansable, fundadora del Foro Nacional de Salud que nació hace más de 10 años y consiguió impulsar el proceso de Reforma de Salud Integral desde las comunidades y para las comunidades, para que las personas conquisten y defiendan su derecho humano a la salud. Una delegada de la mesa intersectorial del Foro explicó que en 2011 se constituyó la primera iniciativa de prevención de violencia social y hacia la mujer que hoy se sostiene desde las comunidades sin apoyo del Estado. Si bien en el país existe una Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres que tiene 10 años de vigencia, las situaciones de vulneración de derechos continuada que soportan está cada vez más lejos de encontrar alguna solución.

Las intensas jornadas de construcción de conocimientos contaron con la co coordinación de María Hamlin Zuniga, educadora popular y activista en salud comunitaria en Mesoamérica desde hace más de 50 años, también amenazada por el régimen nicaragüense, fundadora de organizaciones como ASECSA, Asociación de Servicios Comunitarios en Salud de Guatemala y CISAS, en Nicaragua.

Las voces que llegaron desde Guatemala, nos contaron sobre el Movimiento Nacional de Comadronas que tienen reconocimiento en 22 departamentos a diferencia de El Salvador, donde las comunidades originarias fueron desterradas. También escuchamos la voz y el valor de Feliciana Cedillo, sobreviviente de las acciones del Ejército en el área ixil, de la comunidad Nebaj, y su valentía para interpretar la lengua maya en los juicios por genocidio en Guatemala.

La organización feminista SAMA, desde la India, trajo el testimonio del trabajo territorial con mujeres y las problemáticas locales como el trabajo con los conocimientos tradicionales o los matrimonios forzados a edades tempranas.

Es de destacar el intenso trabajo que realiza la organización feminista salvadoreña Las Mélidas, con 30 años de trabajo continuado, a pesar de sufrir amenazas, persecución y la criminalización por la defensa de los derechos de mujeres y disidencias, pese a lo cual continúan incansablemente con campañas comunicacionales como #YoDecido o #Manuela sobre derechos sexuales y reproductivos y el intenso trabajo territorial que realizan lideresas del grupo motor que estaban allí participando. “En 24 años se han procesado 180 mujeres por aborto y cuando entran en proceso judicial no son condenadas por aborto, sino por homicidio agravado, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel”. Desde la organización expresaron, “si nosotras como mujeres nos quedamos inactivas, si no nos plantamos y no decimos basta ya, si nos quedamos cruzadas de brazos va a ser peor”.

La Universidad Internacional de la Salud de los Pueblos que organiza el Movimiento por la Salud de los Pueblos Mesoamérica y organizaciones como el Frente Nacional de Salud, Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), Las Mélidas, Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador junto a agencias de cooperación como Médicos Mundi y el Gobierno Vasco hicieron posible esta formación.

La propuesta fue pensar la salud por fuera del paradigma médico hegemónico, porque las enfermedades y las muertes están asociadas a la exclusión social, “hoy tiene más salud quien tiene más dinero”. Sin dudas, es necesario cambiar un modelo civilizatorio neoliberal excluyente que vulnera porque deja por fuera las consideraciones de clase, género y etnia. La situación con variantes se repite en los países de la región, como Nicaragua donde la violencia contra mujeres y cualquier voz disidente al gobierno hacen dudar de la vigencia del estado de derecho; o en Guatemala, donde la pobreza, el abandono y la violencia contra las mujeres es cotidiana. Sin dudas, merece una consideración la situación que sufren las disidencias del colectivo LGBTIQ+ que en 2020 reportaron más de trece denuncias mensuales por violencia, maltrato y discriminación.

Durante los nueve días que duró la formación, invocamos al Nahual o espíritu protector maya para que nos ilumine en las poderosas jornadas. Muchas presencias nacionales e internacionales nos ayudaron a pensar, debatir y permitieron construir proyectos territoriales con el objetivo de apuntar a una salud que se base en la eliminación de las violencias y en la consagración de los derechos plenos sexuales y reproductivos para las mujeres. El poder de las mujeres es como el del agua. El agua a veces parece inofensiva pero gota a gota puede destruir la roca. Vandana Shiva.

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En el marco de la Segunda Marcha Plurinacional de los Barbijos, el sábado 4 de junio se realizó en Rosario una nueva audiencia del Juicio Ético Popular a los Ecocidas con la participación de colectivos que llegaron de distintos lugares del país.

Por Vanessa Dourado y Vivian Palmbaum desde Rosario

El Juicio Ético Popular a los Ecocidas, se inició en el mes de marzo de este año con un primer encuentro virtual y luego se extendió de manera presencial en las provincias de Mendoza, Santa Fé y Catamarca y luego a otras provincias. La iniciativa retoma, en la actual coyuntura,  la experiencia del Juicio Ético a las Transnacionales que se realizara en el año 2011. Se trata de un proceso, que concluirá en el mes de diciembre 2022, para llegar a una sentencia.

En una hermosa tarde de sol, frente al Río Paraná, se conformó la jornada pública del Juicio Ético en Rosário, que tuvo como telón de fondo el humo de los incendios y los buques cargueros que no cesaban de pasar.  El proceso que se inició con el homenaje a Carlos Vicente, presidente honorario del Tribunal, intenta establecer responsables del ecocidio, en un contexto de profundización de un modelo productivo,  en el que “no es posible dejar que esto siga sucediendo”, tal como se expresó en la presentación a cargo de una integrante del colectivo Pañuelos en Rebeldía, que impulsa la iniciativa que agregó que “es necesario recuperar las historias de luchas colectivas y científicos comprometidos con la ética, como Andres Carrasco”.

Los testimonios estuvieron atravesados por ejes transversales como el impacto del ecocidio sobre los cuerpos de mujeres, identidades feminizadas y disidentes y las niñeces, y la criminalización que sufren les defensores en sus diferentes modalidades, como el hostigamiento, las amenazas, persecusiones y hasta el asesinato de lideres y lideresas (Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Elias Garay, Aldo Flores y Enzo Brisuela o quienes defendían sus territorios en Chubut entre tantxs otrxs). Hay preguntas que están presentes, como la relación entre el ecocidio y el genocidio.

Los testimonios 

Los testimonios se dividieron en problemáticas específicas y estuvieron representados por colectivos que vienen denunciando y trabajando para visibilizar los efectos de las prácticas depredadoras sobre el ambiente en su conjunto. 

Para denunciar la contaminación del suelo, agua y aire y sus distintos impactos sobre las poblaciones, fauna y flora locales, estuvo presente Daniel Romano, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y Martín Montiel, de la Asamblea Contra los Agrotóxicos de La 18 y de la Red de Comercio Justo del Litoral. 

Se denunciaron la relación entre el agronegocio y los agrotóxicos y el desarrollo del trigo transgénico HB4 como uno de los 63 eventos transgénicos aprobados para la explotación industrial de nuestras tierras. La profundización de la agricultura industrial extractiva al tiempo que engorda los bolsillos de las corporaciones profundiza la pobreza, “entonces no es real que este modelo ayude a combatir el hambre” como expresó el integrante de la Asamblea de la ruta 18 e integrante de la Red de Comercio Justo del Litoral. Agregó, “este modelo envenena y empobrece, transforma los recursos del Estado y los transfiere al sector privado como en el caso de Bioceres y aumenta la concentración de la riqueza en pocas manos”.

Acerca de los impactos sobre la salud, la Dra. Analía Zamorano, del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, hizo hincapié en las políticas institucionales que buscan imposibilitar el trabajo de médicos, medicas y científicos comprometidos con la Ciencia Digna. Además denunció la destrucción de los programas como los “campamentos sanitarios” que relevaban concretamente el incremento sistemático de los daños a la salud de las poblaciones afectadas por este modelo de envenenamiento. Patologías como hipertensión arterial, cáncer, hipotiroidismo, diabetes, entre otras,  han aumentado su prevalencia en el país. 

Juan Pablo Guadagnoli, del Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía, trajo la problemática de la mal llamada hidrovía y los impactos sistémicos en el ecosistema, más allá del uso del río para el traslado de commodities y la falta de transparencia acerca de lo qué es transportado en los barcos cargueros. Juan también destacó la contaminación urbana e industrial que se genera en la zona portuaria, el impacto en la soberanía estatal y los impactos culturales y simbólicos por el hecho de nombrar el Río como hidrovía.  

En relación al extractivismo urbano escuchamos testimonios de las habitantes más vulnerables que pueblan la periferia de las ciudades. Como siempre son las mujeres quienes sostienen las luchas, las tareas de cuidados y soportan con sus cuerpos la crueldad y la codicia. Lidia Aranda, vecina de Playa Norte, Santa Fe y Antonia Pereyra, de Vecinas de la Sexta en Lucha, denunciaron las amenazas que sufren constantemente para expulsarlas del territorio cómo parte del proceso de gentrificación que viene generando desplazamientos forzados y vulnerando el derecho a la vivienda y a una vida digna para las poblaciones. Una situación que favorece intereses de las empresas inmobiliarias y la ya conocida inversión de los excedentes de capitales en la ciudad de Rosario. 

Por último, Cintia Pendino, Lucía Crosetto y Melisa Ceballos, del Colectivo Amaranto y de la  Multisectorial por los Humedales, denunciaron las quemas intencionales en los humedales y la complicidad de los gobiernos en fomentar los negocios de grandes terratenientes y empresarios en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza, y el silencio acerca de la intencionalidad de los hechos. Además, remarcaran la violación de los convenios internacionales de defensa de los bienes comunes, como el Acuerdo de Escazú, la Conveción RAMSAR y el Convenio sobre Diversidad Biologica.  

Tribunal

El Tribunal amplio que tiene la responsabilidad de dictar una sentencia está integrado por actores que siguen, desde hace varios años, la problemática del extractivismo y sus impactos en los territorios de Abya Yala. En esta edición, forman parte del Tribunal: Norita Cortiñas, Beverly Keene, Marcos Pastrana, Mara Puntano, Pablo Lada, Sandra Gallo, Alejandra Ciriza, Jenny Lujan, Adriana Guzman, Francisca Droguett, Djacira Araujo, Alicia Amarilla, Alejandra Santillana Ortiz, Damián Verzeñassi, Álvaro Álvarez, Roxana Longo, Alicia Massarini, María Teresa Cañas y José Pepino Fernández. 

Esta audiencia, en Rosario, contó con la participación de cinco representantes del Tribunal: Sandra Gallo, Beverly Keene, Álvaro Álvarez, Alicia Masszarini y Damiäan Verzeñassi que aportaron su perspectiva.

Destacamos algunas declaraciones. Alicia Massarini, doctora en ciencias biológicas e investigadora del Conicet, compañera de Andres Carrasco, explicó que se han sumado científicas y científicos a las denuncias de los efectos sobre la salud de este modelo productivo. Expresó, “el Estado no es cómplice sino un partícipe necesario y activo desde que este modelo se impone en el año 96, las distintas gestiones no han hecho más que expandirlo y multiplicarlo y sin dudas son responsables de los daños que se experimentan desde los territorios”. Luego presentó como esos graves daños genéticos se prolongan “hasta tres y cuatro generaciones” y cómo comprometen el futuro de la vida. Además denunció un sistema médico hegemónico que se desentiende de los daños a la vida. 

Damián Verzeñassi, médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, remarcó “un 25 de marzo de 1996 se nos dijo que este modelo iba a terminar con el hambre y la pobreza”. Y se preguntó en voz alta como académico: “¿de 1996 a 2022 disminuyó la pobreza en nuestro país? ¿de 1996 al 2022 disminuyó el hambre en nuestro país? ¿el aumento por exportaciones disminuyó la malnutrición en nuestro país? ¿de 1996 a 2022 el desarrollo del modelo agroindustrial asociado al uso de agrotóxicos aumentó la cantidad de productores, productoras y campesinos que garantizan el arraigo en nuestro país? Preguntas que valen la pena que nos hagamos a la hora de pensar si en este juicio los acusados por las compañeras y compañeros son o no parte de quienes tienen responsabilidad en el ecocidio que en este momento se está transitando en el planeta”. Además explicó las evidencias contundentes que hay del ecocidio con la aplicación del paquete tecnológico ligado a los venenos y que violan el derecho humano a la integridad física. 

Beverly Keene, economista y miembro de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, denunció el carácter históricamente vinculado al extractivismo de la deuda a través de las políticas que obligan el país a profundizar la matriz extractivista con el objetivo de generar divisas. Beverly puso en evidencia el vínculo entre los genocidios y la explotación de los bienes comunes y la dominación del territorio a través de la sumisión a los organismos financieros internacionales. 

Álvaro Álvarez, integrante del Equipo de Pañuelos en Rebeldía y investigador del CONICET, mostró cómo las obras de infraestructura de la mano de IRSA COSIPLAN cumplen la función de fragmentar los territorios y su apropiación de espacios indispensables para el desarrollo de la vida. “Las pedagogías de muerte y de crueldad debemos anteponerlas a la pedagogía de la vida y de la resistencia”.

Mauricio Cornaglia, integrante de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y la Marcha de los Barbijos de Rosario, organizadores del encuentro, realizó una síntesis de lo que se fue escuchando. 

Todas las voces fueron unánimes en responsabilizar -por participación y/u omisión- a los gobiernos nacionales y provinciales y locales, las empresas nacionales y transnacionales, los terratenientes y los grandes productores del sector del agronegocio, y las instituciones y sus funcionarios públicos cómplices de las prácticas ecocidas, incluyendo sectores académicos que producen las condiciones de posibilidad para la cristalización de la imposición de un modelo de muerte. 

Enlaces relacionados: https://juicioeticoypopularalosecocidas.ar/2022/06/07/audiencia-en-rosario/

Podes seguir los juicios en: https://www.facebook.com/Juicio-%C3%89tico-y-Popular-a-los-Ecocidas-102406335830515

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Por Vivian Palmbaum |

La resistencia del pueblo mapuche en defensa de su vida está ligada a la puel mapu, tierra. Sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional y por el Convenio 69 de la OIT no son respetados. Los gobiernos siempre parecen estar más cerca de usurpadores. La justicia demora en resolver a la par que el alambrado avanza. Las situaciones de apropiación territorial continúan en un contexto complejo, atravesado por la pandemia y por los recientes incendios que arrasaron la Comarca Andina y dejaron a las y los pobladores con lo puesto.

Desde comienzos del año 2021 se suceden estas situaciones en la región de las nacientes del río Chubut, provincia de Río Negro. Por eso conversamos con Cristina Benavidez, del colectivo “Mujeres Mapuches”.

Cristina Benavidez hace apenas pocas horas que regresa del cerro. Su comunidad está ubicada en el suroeste de la provincia de Rio Negro, en el departamento de Ñorquinco, en el paraje Rio Chubut, “allí vivimos y crecimos, ya que somos quinta generación viviendo en el lugar”. Como parte de su comunidad, Cristina hace historia sobre el proceso de despojo, “es de larga data, aproximadamente hace 50 años, con la solicitud de veranada de Antonio Sede a la provincia de Río Negro y luego con cada venta se fue aumentando el territorio despojado.

Cada comprador se fue completando parte del despojo, “primero hacia un lado alambrando y luego hacia el otro”. En la lista hay nombres como Miguel Guajardo, ex intendente de El Maitén, Catrillanca (testaferro de Joe Lewis), Mindlin, y en 2017 Hugo Barabucci, que es testaferro de capitales qataríes para un lado y por otro lado Robaina, Dominik Marty, Pandolfi y Coopetel.

“El conflicto está en la justicia pero sin resolución y en este momento se hace cada vez más insoportable ya que no tiene límites para apropiarse del territorio mapuche, a pesar de que hay leyes que protegen nuestras formas de vida como pueblos originarios”, explica Cristina. Aclara, para quien no entiende el valor de la tierra para el pueblo mapuche, “sentimos que somos un alma en pena cuando no tenemos territorio, es como que nos falta algo para estar completos”.

-¿En que situación se encuentran ahora?

Este es el tercer intento de cercar el territorio en este sector. Desde el mes de enero que estamos impidiendo que se alambre poniendo el cuerpo en el lugar”. Recordamos que el alambrado de los territorios es el método de apropiación territorial desde la colonización. “Hemos recibido mensajes de nuestros ngen (protectores del lugar) que nos piden que protejamos el lugar. No solo a nosotras nos llegaron estos mensajes sino a lagmien de otros lugares.

Para las y los mapuches el ngen es una parte del ser (agua) es el alma, el espíritu. Cuando la parte física del ser necesita protección, el ngen la protege “por eso decimos que es protector. En un we (lugar) hay muchos ngens. Es un poco difícil explicarlo, son percepciones que se sienten. El newen o fuerzas también es importante, el newen de nuestros ancestros y ancestras. Nosotras no estábamos solas allá arriba a 1400m, habían muchos que nos acompañaban, por eso nosotras lo que menos teníamos era miedo, por el contrario ellos (alambradores y empleados, encargado) estaban muy inseguros de lo que hacían”.

-¿Qué zona están protegiendo?

Allí hay tres lagunas que son sitios sagrados donde hacemos nuestras ceremonias, nuestros nguillatun. Estas lagunas son afluentes del Rio Chubut, y allí es donde comienza a formarse. En ese lugar es donde pastan los pocos animales que tenemos para nuestra subsistencia. Nosotras estamos en la punta ya que la pretensión de alambrar es muy grande y de concretarse serían muchas lof o familias que perderían su territorio, nos aniquilarían.

Mujeres mapuches

-¿Cuál es el rol de la mujeres en la resistencia?

Como mujeres junto a la lagmien Soledad Cayunao decidimos poner el cuerpo a la lucha y no esperar a la justicia, ya que durante estos años se fueron concretando los alambrados y con ellos los despojos. Pero esta decisión nos costó el alejamiento de la comunidad y del Consejo Asesor Indigena (CAI) ya que el planteo de ellos era dejar alambrar y después denunciar. Pero nosotras al recibir mensaje de nuestras ngen no podíamos mirar para otro lado y dejar alambrar.

Cristina recuerda, “una de mis tías siempre quiso volver al territorio y su hermano no se lo ha permitido. La subsistencia es de empleadas domésticas, mientras se añora la vuelta al territorio, el trabajo en la huerta o con los animales”. Sobre las consecuencias de haber oído el llamado del ngen, nos cuenta con dolor, “este accionar de frenar el alambrado nos llevo a recibir destratos y malos tratos de parte de la comunidad y la organización al punto de dejarnos solas, no permitir que el abogado nos atienda y asesore, ya que hemos sido denunciadas, a pesar de que la organización ha recibido durante años aportes económicos, entre otras cosas para pagar los honorarios del abogado”.

Agrega, “de parte de nuestras familias, que son los hermanos varones no nos permiten habitar en la casa familiar y están haciendo de todo para expulsarnos del territorio a nosotras las hermanas mujeres”. Desde el colectivo de mujeres expresan que “hasta la fecha logramos que el alambrado se pare, quizás hasta la primavera, ahora el tiempo nos ayuda ya que comienza a acumularse nieve en el lugar.

Nos explica Cristina que “históricamente en los territorios permanecen los hermanos varones, repartiéndose los espacios entre ellos, las mujeres suelen ir a los espacios de sus compañeros, en el mejor de los casos. En nuestro caso queremos vivir ahí de forma permanente y nos está costando que nos vean como iguales. Siempre nos vieron útiles para la ayuda pero no para vivir en el territorio o compartir los espacios”.

Sociedad Ecológica Regional Comarca Andina

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Por Vivian Palmbaum | Foto: No a la mina

El agua es un recurso no renovable. El agua es el recurso natural más importante, no hay posibilidad de vida sin agua. Por eso el acceso al agua es reconocido como un derecho humano. También lo han entendido las corporaciones y los fondos especulativos, por eso cotiza en bolsa. El dominio de este recurso implica poder controlar la vida.

Este año, en el Día Mundial del Agua, se realizarán movilizaciones en todo el país para despertar consciencia, para darle visibilidad a la emergencia climática. Frente al Congreso Nacional se realizarán distintas actividades, incluida una sentada y un verdurazo y luego la Marcha Plurinacional por el Agua con destino a Plaza de Mayo bajo la consigna “Ante la depredación ambiental, movilización popular”. Diferentes organizaciones sociales, territoriales, culturales, trabajadores de la tierra y otras se unen frente a la emergencia que se siente en cada territorio.

Desde la Marcha, en un comunicado bastante crítico, afirmaron que “este documento se inició durante el gobierno de la Alianza Cambiemos y se actualiza hoy, a más de un año de iniciado el del Frente de Todos. Durante este tiempo hubo más continuidades que cambios en temas ambientales y se profundizó el extractivismo”.

En los distintos territorios se multiplican asambleas que se organizan para la protección y defensa de las problemáticas derivadas del modelo de producción extractivista que impuso el neoliberalismo que se desentiende de la vida.

Aún no se apaga el calor de las llamas que brotaron de la codicia, la negligencia y el abandono que arrasaron la Comarca Andina, produciendo el peor incendio que se recuerde en la zona. La catástrofe, sin embargo, puso en evidencia los lazos sociales que son el fuego que sostiene, y que viene resistiendo la instalación del proyecto de megaminería.

La vida está en disputa, porque sin agua no hay posibilidad de sobrevivir. Pero solo con el agua no alcanza, porque si está envenenada tampoco vale. Apenas hace unos días se detectó glifosato y otros contaminantes en el agua de cuatro escuelas rurales en Mar del Plata. La situación se repite en 15 escuelas rurales de Tandil y en las escuelas de todas las zonas rurales del país. Las derivas de los agrotóxicos se hacen presentes silenciosamente, así lo atestiguan la proliferación de enfermedades. Sin embargo, los Estados se desentienden de las consecuencias de este modelo depredador que impulsan en nombre del espejismo del desarrollo.

Humedales amenazados por las mineras, pueblos originarios que pelean por una gota de agua, lagunas que se drenan para convertirse en tierra agroganadera, agua con cianuro, lagos, ríos y napas contaminadas. Incendios, contaminación, inundaciones, privatización, minería, fracking, cianuro, enfermedades son algunas de las palabras que contiene el agua.

Desde la Marcha Plurinacional este 22 de marzo le dicen NO al modelo capitalista extractivista y afirman: “Caminamos por el agua, para defender la vida y los derechos, el respeto a la cultura y la cosmovisión biocéntrica de los pueblos indígenas y para hacernos escuchar a nivel nacional e internacional”.

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Por Vivian Palmbaum | Foto: No a la mina

La provincia de Chubut, a pesar de ser la segunda provincia del país en producción de hidrocarburos, está atravesando una grave crisis económica de larga data. Lejos de las promesas de campaña, la situación se fue agravando durante la gestión del gobernador Mariano Arcioni, cuyas únicas propuestas para resolverla vienen de la mano de la megaminería.

Ni el verano ni la pandemia detienen a las y los habitantes de la provincia de Chubut que resisten el avance de la voracidad extractivista. Este martes 26 de enero se realizó la primera marcha del año Contra La Megaminería en los distintos pueblos y ciudades de la provincia para darle visibilidad al rechazo popular a una iniciativa que no contempla a la vida. Juntaron más de 30 mil firmas que se oponen al proyecto minero.

El gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, busca imponer el proyecto de megaminería resistido ampliamente por el pueblo chubutense. El pasado jueves 21 de enero, el gobernador se reunió con el Presidente de la Nación que respaldó el proyecto: “Quiero que digan que me parece un excelente proyecto y que no entiendo cómo no lo trató aún la Legislatura”, afirmó Alberto Fernández luego de que fuera presentado el plan estratégico, rechazado por numerosas organizaciones y colectivos académicos, científicos, de la salud, comunidades de pueblos originarios, entidades religiosas, fundaciones, ONG’S, numerosos sindicatos y partidos políticos.

Las asambleas nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) se reunieron durante el fin de semana y, en un comunicado, expresaron su rechazo a “la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el gobierno provincial la última semana y repudiamos el rol del Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto Fernández que, con sus declaraciones públicas y mediáticas, sigue promoviendo la violación de los Derechos Humanos en nuestros territorios”. Además, repudiaron la criminalización de la protesta que ejercen en tándem el gobierno y los medios de comunicación hegemónicos y denunciaron, una vez más, la presencia de infiltrados en las marchas y la persecución policial y judicial de quienes se oponen a las políticas del gobierno.

Recordaron la desaparición forzada de Raimundo Pino, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado o el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, defensores del territorio.

Integrantes de la asamblea No a la Mina de Esquel enviaron una carta documento a lxs senadorxs Alfredo Luenzo y Nancy González y a lxs diputadxs nacionales Estela Hernández, Santiago Igon, Gustavo Menna, Rosa Muñoz e Ignacio Torres, exigiéndoles “trabajar por la paz social en nuestro territorio”. El proyecto megaminero de la provincia de Chubut, que es resistido desde hace 18 años, hoy impulsa la rezonificación de la meseta, lo que compromete el principal y único curso de agua.

La meseta no es zona de sacrificio, si bien es la zona menos desarrollada de la provincia, donde sus comunidades reclaman su legítimo derecho a una mejor vida, a empleos dignos, que ni siquiera fueron consultadas porque las decisiones parecen tomarse en escritorios alejados de la población. Lo que les ofrecen es perder su único curso de agua, el Río Chubut.

Hace pocos días se conoció un informe técnico del INTA, impulsado por la fundación El Páramo, sobre el análisis del suelo y agua de más de diez campos ubicados en la meseta chubutense. El INTA señala que el agua analizada “es optima para bebida animal y apta para riego de cultivos”.

Desde la fundación El Paramo impulsan una mesa de diálogo porque consideran que es posible promover otra matriz productiva, con la producción agroganadera de alimentos sanos y sustentables para la población chubutense.

El agua vale más que el oro no es solo la consigna que visibilizan quienes resisten a la megamineria. Antes de finalizar el año pasado tuvo gran difusión la noticia de que el agua comenzó a cotizar en Wall Street. El agua, un bien escaso y no renovable, se convirtió en mercancía que cotiza en los mercados a futuro. Ahora los inversionistas pueden apostar sobre la escasez o abundancia del agua para un futuro cercano.

La experiencia en otros territorios donde el extractivismo es una realidad cotidiana es indiscutible. La asamblea Jáchal No Se Toca denuncia continuamente la falta de agua a causa de la extracción megaminera que además ha producido continuos envenenamientos con cianuro por los derrames incontrolables. A lo largo y ancho del país las comunidades se oponen, como por ejemplo en Jujuy, donde el impulso del extractivismo de litio es resistido por el pueblo kolla porque amenaza su subsistencia. O como en Mendoza, donde amplios sectores de la población se opusieron al proyecto megaminero que representa un peligro para la provisión de agua en una región donde el recurso es escaso. Los ejemplos abundan no solo en la Argentina sino en toda la región. La organización de las comunidades constituye el límite para el avance de un paradigma que no cesa de reproducirse.

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Por Vivian Palmbaum

El trigo transgénico, la megaminería y la producción intensiva de cerdos son algunas de las políticas productivas que se impulsan desde el ejecutivo nacional. Distintas organizaciones del país se oponen con medidas activas y creativas.

Argentina se convirtió en el primer país en autorizar la producción de trigo modificado genéticamente, según la Resolución 41/2020 del 7 de octubre de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura. Se trata de la semilla desarrollada por Bioceres que incorpora el gen HB4 resistente a la sequía y asociada al uso de glufosinato de amonio. La resolución está vinculada a ventajas comerciales que devienen de su exportación a Brasil donde aún no está autorizada la producción de esta variedad de trigo.

La Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo) rechazó la posibilidad de la adquisición de estas semillas genéticamente modificadas y recomendó a sus asociados “abstenerse de producir y comercializar las variedades que contengan el evento hasta tanto obtenga la licencia de la República Federativa de Brasil”. En el país carioca el 60% de los panificados que se consumen se elaboran con trigo que viene de Argentina. Una disputa comercial parece entreverse como trasfondo del rechazo.

Entre los fundamentos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, informa la mayor tolerancia a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio. También en la resolución se explica que no se encontraron objeciones científicas para su aprobación desde el punto de vista de la aptitud alimentaria humana y animal.

El trigo en la Argentina es una de las principales semillas que se producen de manera intensiva, destinada al consumo interno y a la exportación. El impacto de esta variedad transgénica en la producción de alimentos en nuestro país parece inminente y sus consecuencias, incalculables aún.

Apenas difundida la resolución se alzaron muchas voces que alertan contra la producción de trigo modificado genéticamente. Una de las razones es que está asociada a un poderoso veneno como el glufosinato de amonio, más tóxico inclusive que el glifosato. El uso de semillas transgénicas está relacionado a paquetes tecnológicos que incluyen el uso de venenos que dicen asegurar la producción, pero que lo que si garantizan son enormes ganancias para las corporaciones.

No podemos olvidar que también Argentina fue, en 1996, el primer país en aprobar la producción de soja modificada genéticamente de la mano del entonces Secretario de Agricultura y actual Canciller, Felipe Solá. Las graves consecuencias que produjo sobre todas las formas de vida son evidentes en cada pueblo, cada escuela rural y hasta en las ciudades alejadas donde el glifosato se hace presente por sus derivas. A pesar de los empeños de gobiernos y el lobby para negar lo evidente, en llamar al veneno “producto fitosanitario”, las pruebas concretas en la vida cotidiana ya son indiscutibles. Tanto es así que hasta la OMS debió expedirse sobre la probabilidad de que el glifosato sea contaminante.

En cada territorio las asambleas luchan contra las fumigaciones que depredan la vida y para ponerle un límite al rociado con glifosato a las poblaciones. Una lucha desigual por los intereses que enfrenta. Hace apenas pocos días la presión popular logró ponerle freno al INTA Pergamino, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que había interpuesto un amparo judicial para quedar exceptuado de respetar los límites para las fumigaciones sobre el casco urbano de la ciudad. En cada región se vienen organizando asambleas de vecinas y vecinos para detener un modelo productivo de muerte. El aumento de casos de cáncer, malformaciones y alergias son la cara más visible del sufrimiento del modelo extractivo.

Distintas organizaciones de Argentina y Brasil han iniciado una campaña llamada “Con nuestro pan No” para concientizar sobre el grave impacto que provocará el uso de trigo transgénico en gran parte de los alimentos que se consumen en nuestro país. Con esta iniciativa han empezado a advertir a las empresas productoras de alimentos que utilizan al trigo como materia prima sobre las implicaciones del uso de trigo genéticamente modificado. “Se trata del avance del agronegocio sobre la alimentación de los pueblos”, expresan desde la campaña.

Casi el 50% de las niñas y niños no tienen garantizado el derecho a la alimentación en un país productor de alimentos y la crisis económica, pandemia de por medio, amenaza con agravar aún más la situación; a eso debemos sumar que el pan nuestro de cada día podría envenenarnos.

Un chancho para China

También en línea con las intenciones de impulsar políticas de desarrollo productivo el gobierno argentino firmó un preacuerdo con China para la producción porcina que implica la instalación de megagranjas. Los supercriaderos de producción intensiva de cerdos destinados a China también fueron por parte de un acuerdo elaborado por Felipe Sola, y amenazan con concretarse,  pero la gran presión de la opinión pública  obligó al gobierno a agregar ciertas cláusulas al Memorándum de Entendimiento para garantizar el cuidado del ambiente en la producción de 900 mil toneladas de carne de cerdo. Con una campaña #NoAlAcuerdoConChina, figuras mediáticas dieron visibilidad a la oposición al acuerdo que pone en primer plano un modelo productivo que nos pone en peligro.

El abogado ambientalista Marcos Filardi, en una charla sobre el lobby de los alimentos, puso de relieve que las Constituciones nacional y provinciales garantizan los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la alimentación y al ambiente sano. “¿Es el Estado garante de nuestros derechos humanos o es cadena de trasmisión para garantizar los derechos de las transnacionales?”, reflexionó el abogado, además de destacar que “estos acuerdos impuestos sin  nuestro consentimiento cambian los modelos de ser, vivir y morir en los territorios”.

El modelo de producción extractiva solo busca satisfacer la voracidad de las corporaciones que no contemplan más que la máxima tasa de ganancia, en detrimento de la vida en cualquiera de sus formas. La pandemia ha puesto en evidencia un modelo de sobreexplotación de la vida que nos ha llevado una situación de extrema vulnerabilidad cuyas consecuencias padecemos los y las de siempre.

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Por Vivian Palmbaum

La amenaza contra la presencia de la brigada despertó la alarma en las comunidades originarias que se verían privadas del trabajo humanitario y los servicios de salud esenciales que ésta realiza. Por éste motivo, delegadxs de la Asamblea Nacional de Comunidades Ancestrales emitieron un comunicado para expresar su reconocimiento y la necesidad de la presencia de la brigada médica cubana que desde hace 22 años se encuentra cooperando en territorio guatemalteco.

Al igual que en otras partes de la región nuestramericana hay una campaña para repudiar y desprestigiar la presencia y la tarea humanitaria que las médicas y médicos cubanos llevan adelante con los sectores mas postergados  y vulnerados.

En nuestra región fue con esa campaña de difamación que el presidente Bolsonaro expulsó a la brigada cubana del territorio brasileño, una medida arbitraria que fue resistida y causó gran pesar porque dejó desprotegida a la población más indefensa.

La identidad del pueblo de Guatemala está fundada en las comunidades ancestrales Maya, Xinka y Garífuna, un hecho que puede percibirse a cada paso. En el país, la paleta del arcoíris parece insuficiente a la hora de describir la exuberancia de sus paisajes naturales, se trata del territorio con mayor cantidad de volcanes de la región, amenazado por la privatización, por la extrema pobreza y un importante flujo migratorio propio y que la atraviesa. Sobre ese paisaje se hallan diseminadas la mayoría de las comunidades que son rurales.

Guatemala muestra las números mas bajos en la región latinoamericana, en cuanto a la tasa de profesionales de la medicina: 0.4 médicos y 0.1 enfermeros (as) por cada mil habitantes, de los cuales el 90% ejercen su profesión en la ciudad capital y la mayoría del restante 10%, en las cabeceras departamentales.

Las y los lideres ancestrales indicaron que la brigada está en las comunidades donde el sistema de salud es casi inexistente y la población más vulnerable no tiene acceso a la salud.

Desde la Asamblea Nacional de Comunidades entienden que las cifras son por demás  elocuentes y señalaron que en Guatemala la brigada tiene cubertura en 110 de los 340 municipios, 14 de las 29 Áreas de Salud, 18 de los 44 hospitales públicos, los 100 Puestos de Salud, además están presentes en 44 Centros de Salud, 34 Centros de Atención Permanente, 11 Centros de Atención Materno-infantil y 4 Centros Oftalmológicos.  Los números son incontrastables, al mostrar que durante estos 22 años realizaron  más de 47 millones de consultas, que si fueran medidas en su valor monetario equivalen a más de 7 mil millones de quetzales.

Las y los lideres ancestrales mostraron la falsedad de la que llamaron: ”campaña negra contra la salud de las y los guatemaltecos” que intenta instalar que la presencia de la brigada cubana es fuente de recursos para el gobierno cubano a partir de las remesas de las y los profesionales que trabajan en el país. “Señalamos que los argumentos utilizados carecen de fundamentos reales y son una manifestación evidente del sesgo ideológico político” contrastando estas acusaciones con los préstamos que ha contraído el gobierno por la pandemia y que son “una bofetada al pueblo” como lo expreso uno de los participantes que se preguntaba, “¿cuantos centros de salud y hospitales se construyeron en el marco de la pandemia?” Para responderse: ninguno. Mostrando la falacia de las acusaciones.

Desde los pueblos originarios y sus autoridades exigen que el Ministerio de Salud le de continuidad a la cooperación de la brigada médica cubana y sancione a quienes impulsan esta acción que es violatoria del mandato constitucional.

“El servicio que presta la Brigada no se funda en la cuestión económica sino sobre la solidaridad” expresaba una de las lideresas. En la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, se graduaron en estos años 1073 médicos guatemaltecos y ha ofrecido residencia de especialidades a una decena de ellos, lo que hubiese representado un gasto millonario para el Estado guatemalteco, a la par de haberle el acceso a la educación superior a quienes no hubiesen tenido la oportunidad. Extendemos nuestro agradecimiento al pueblo cubano y sus programas de solidaridad hacia nuestros pueblos.

Desde la Asamblea Nacional, las autoridades hicieron una convocatoria a todo el pueblo guatemalteco: “Llamamos a repudiar esta acción, basada en la fobia a un sistema humanizante, respetuosa de la vida y de los derechos fundamentales para los seres humanos, como el sistema cubano”.

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Por Vivian Palmbaum |

Las históricas desigualdades se multiplican cuando se trata de las trabajadoras del territorio rural, campesinas, artesanas, migrantes, y muchas otras que día a día sostienen la reproducción de la vida en muchos sentidos.

A nivel mundial, según lo estima ONU Mujeres, las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola. Una cifra global que aun parece minimizar la participación de las mujeres en el trabajo rural. Apenas hace poco tiempo se reconocieron los derechos humanos para las poblaciones campesinas, un hecho que nos sorprende en pleno siglo XXI.

Tampoco las cifras que registra el último Censo Nacional Agropecuario, 2018, en Argentina, parecen dar cuenta de la participación de las mujeres en el contexto rural, que señala que en el país hay 223.292 productores o socios de explotaciones agropecuarias, de los cuales el 21 por ciento son mujeres. Por un lado, estas cifras parecen mostrar un camino que falta por recorrer en cuanto a categorías censales inclusivas, ya que desde la Union de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, pequeñxs productorxs, estiman que un 50% son mujeres las trabajadoras de la tierra. Por otro lado, muestran que las mujeres que trabajan la tierra no son tenidas en cuenta a la hora de la elaboración de políticas públicas y que aun son pocas las mujeres que tienen acceso a la tierra.

Desde Marcha entrevistamos a María Carolina Rodríguez, productora familiar en La Plata, que forma parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, UTT. María Carolina forma parte de esa gran comunidad que son las y los productores familiares que trabajan la tierra y sostienen la vida en su mayoría en condiciones de gran precariedad.

Así lo cuenta Rodríguez: “la vida de la productora, la mujer del campo, es muy sacrificada. Nosotras como productoras trabajamos más de 16 horas por día, a pesar de no ser dueñas de nuestra propia tierra, somos mamás, somos maestras, somos doctoras hoy en día que está el COVID- 19, somos las que cuidamos la semilla y las que estamos recuperando los saberes ancestrales, esa es la vida de las mujeres del campo, pero con discriminación”.

Las desigualdades de genero, que sufren las mujeres en el ámbito rural, significan duras condiciones de vida para estas trabajadoras y productoras: “Nunca se ha dicho que trabaja la tierra, que es la mujer la que se levanta a las cinco de la mañana a descarrillar, a hacer carga y la que sigue trabajando hasta las diez, once de la noche”. María Carolina agrega “nunca se visibiliza lo que hacemos, la mujer del campo necesita tener un reconocimiento, es la mujer que trabaja entre doce y diez y seis horas por día”.

La organización gremial del sector, la Union de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, ha constituido la Secretaria de Genero. Allí enuncian: Queremos discutir nuestro doble trabajo, nuestra doble condición de oprimidas, como agricultoras sin tierra, sin políticas públicas para nuestro sector, trabajando junto a nuestras familias hasta 12 horas por dia y por otro como mujeres, que por nuestra condición de género se nos atribuye obligadamente, además del trabajo productivo el trabajo del cuidado del hogar y de los niños y niñas, de su salud, educación, de la organización de hogar, etc.. Sostenemos que esas desigualdades en muchas ocasiones son la semilla de la violencia de género.

Las redes de apoyo entre mujeres traspasan fronteras, intereses particulares y localías, asi lo entendieron las trabajadoras de la tierra que fueron las primeras que se acercaron apenas se inició la toma de tierras en Guernica para solidarizarse con las extremas necesidades y entregaron alimentos y semillas. Al igual que el pasado 13 de octubre cuando en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres realizaron un verdurazo feminista entregando miles de kilogramos de verdura en Plaza San Martin, en La Plata.

No parece casual que el 16 de septiembre, apenas un dia después que recordemos a las mujeres rurales, se halla definido como el dia de la soberanía alimentaria. Desde la Via Campesina afirman que “sólo es posible acabar con la crisis alimentaria y el hambre en el mundo con soberanía alimentaria y una producción agroecológica”. Guardianas de la semilla y de los saberes ancestrales, las mujeres rurales se vinculan con la Pacha y sostienen la posibilidad de impulsar la soberanía alimentaria porque sostienen y recuperan estrategias de producción ligadas a patrones culturales que estan lejos del envenenamiento y de modelos de producción y consumo que solo se relacionan con la ganancia. Asi lo reconocen las trabajadoras de la tierra al impulsar talleres de plantas medicinales, que recuperan saberes para sanar, ligados a la tierra, o cuando se impulsan los saberes ancestrales para sembrar, desmalezar, prevenir y combatir las plagas que están lejos de los negocios ligados a la agroquímica.

Violencia de genero

Maria Carolina Rodriguez explica las violencias invisibles que cotidianamente padecen las trabajadoras, “no hay políticas públicas para nosotras, la falta de acceso a la tierra, esas son las necesidades y las violencias que sufrimos”.

Para las mujeres trabajadoras de la tierra, entre los principales problemas, explica María Carolina, es que “no tenemos acceso a la tierra, todas las políticas públicas que tendría que haber en el sector no hay, como ser los beneficios que llegan al campo siempre llegan para el hombre, nunca va a salir un beneficio que diga para la mujer campesina, la mujer que labura la tierra, la mujer que se levanta y trabaja entre doce y diez y seis horas por dia y encima es pobre. Las políticas públicas para el sector es para el compañero nomas”.

Eso que llaman amor es trabajo no pago, porque las trabajadores son quienes además se hacen cargo de sus hijes, son ellas quienes culturalmente tienen asignadas y asumen las tareas de cuidado sin reconocimiento, aunque tienen alta incidencia en la producción de ganancias. Rodriguez agrega que “hay mujeres que están solas en el campo, que se separaron del compañero violento, son dueñas de producir su propio alimento pero lamentablemente no hay tierra. Cuando salen del compañero salen con una mano adelante y otra atrás”.

Las trabajadoras rurales también sufren la violencia de manera silenciosa, que soportan a veces hasta la muerte, como sucedió con Lucía Correa. Maria Carolina explicó que “hay mucha violencia de género, tenemos el caso de Lucia Correa, la compañera que fue asesinada por un tiro en el estomago por el compañero. Mas allá de la muerte, nos empezamos a dar cuenta que la violencia de Lucia Correa venía sucediendo hace tres años y ahí pensamos en articular para tener un refugio, porque la compañera volvía con el compañero porque no tenia donde vivir, mas alla que todas las compañeras cuando sufren violencia de género van a las comisarias y no les toman la denuncia”.

En medio de la pandemia, el aislamiento y el aumento de las situaciones de violencia y necesidades que se multiplican son las guardianas de la semilla y los saberes quienes sostienen y multiplican la vida.

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