Por Vivian Palmbaum / Foto por Indymedia

El informe fue elaborado por el Comité de Salud Ambiental, de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) compuesto por un conjunto de médicos, médicas e investigadores que vienen trabajando hace muchos años con las consecuencias del modelo de producción intensiva de la agricultura. Allí se revela lo que ya es ampliamente conocido: la asociación del ambiente con la salud infantil, tal como se viene denunciando y corroborando. En el documento se sintetizan los conocimientos actualizados y científicamente documentados y  reconoce el envenenamiento que afecta a las vidas más pequeñas.

Desde distintas zonas rurales y aledañas se vienen denunciando la recurrencia de enfermedades que lejos están de ser naturales y que se han ido incrementando a la par que el modelo agrícola de producción industrial se fue consolidando y ampliando en nuestro país. Desde 1996, año en que se le dio vía de entrada a la producción de soja transgéncia con la habilitación de Monsanto en nuestro país, se instaló un modo de producir en la agricultura ligado al uso de distintas sustancias químicas asociadas a la semilla genéticamente modificada.

Entre quienes iniciaron la lucha contra este sistema es necesario reconocer al Dr. Andres Carrasco, pionero en visibilizar las terribles consecuencias por lo que sufrió amenazas  y persecuciones hasta su muerte. Luego las Madres de Ituzaingó, Córdoba, y madres, padres, docentes y habitantes de distintas regiones rurales que se fueron organizando para enfrentar una realidad siniestra que se metía en las casas y que no tenía límites.

Todas las formas de vida son afectadas por el uso de productos químicos en la agricultura. Peces muertos, abejas en peligro de extinción y el ecosistema en peligro de desaparición, son algunas de sus consecuencias junto a las derivas que se propagan a ríos, lluvias y hasta las ciudades entre sus innumerables consecuencias.

El informe de la SAP da cuenta que “no existe todavía ninguna Ley Nacional que regule el uso de estos productos en todo el territorio nacional. De este modo, salvo las localidades donde se han dado intensas luchas por parte de los vecinos afectados y se han logrado algunas ordenanzas municipales restrictivas, casi no existen restricciones al uso de estos productos”.

Desde Marcha entrevistamos al doctor Medardo Avila Vazquez, pediatra, neonatólogo y epidemiólogo, infatigable para visibilizar los efectos de agrotóxicos en niñas y niños. Acompañó a las Madres de Ituzaingó y es uno de los fundadores de la  Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados , entre otras tantas actividades en las que participa militando a favor de la vida.

Medardo Avila comenzó la entrevista valorando la importancia del documento “porque recopila toda la información que se ha ido generando en los últimos diez años sobre esta situación”. Reveló que  “hay pocos países donde la exposición de las personas y de las y los niños es tan intensa como la que se da en los ambientes de las zonas agrícolas, en los pueblos de las zonas agrícolas, donde  la contaminación del aire, del suelo y del agua va creciendo porque las aplicaciones de agrotóxicos se incrementan año a año y aumentan las dosis de aplicación”.

Además, comentó que “es muy importante que la Sociedad Argentina de Pediatría, que es nuestra organización científica de los pediatras argentinos, haya hecho este informe donde se llama a las cosas por su verdadero nombre, ´las sustancias químicas que se usan en el campo son tóxicas para los humanos´”.

¿Cuáles son los efectos en la salud de los niños y niñas?

El trabajo científico y epidemiológico demuestra que en los pueblos agrícolas entre el 40% y el 50% de los niños y niñas tienen síntomas de asma, sobre todo en los meses de aplicación de agrotóxicos (de octubre a diciembre).  Por el contrario, ciudades grandes como Rosario, Córdoba, Mar del Plata o Buenos Aire, solamente el 12% de los niños sufre cuadros asmáticos y necesita usar broncodilatadores en aerosol. También está multiplicada la cantidad de niños que nacen con malformaciones, dos o tres veces más frecuente que lo habitual que tienen las poblaciones humanas. Esto se da en los contextos de madres o embarazadas que viven en ambientes donde se respira agrotóxicos y estos actúan sobre las estructuras genéticas de los embriones y de los fetos produciendo malformaciones graves.

Pero los efectos tóxicos son más amplios aún, tal como lo explicó el doctor Vazquez, “en los niños y niñas los agrotóxicos y el glifosato en particular, se ha demostrado que tienen un efecto de inhibición la multiplicación de las ramificaciones de las neuronas. Las neuronas son nuestras células neuronales que tienen que estar interconectadas, la interconexión entre las neuronas es la que nos da nuestras capacidades intelectuales sensitivas, emocionales a nuestro cerebro. Esto se ve muy disminuido en contextos donde hay una carga de glifosato muy grande, donde las neuronas no se ramifican o se ramifican mínimamente comparándolas con las neuronas normales.  Esto se ha demostrado en grupos de estudio de la doctora Rosso, en Rosario, y publicado en las revistas Neurotoxicology de EE.UU., donde se demostró el daño de los neurotóxicos en las neuronas. El año pasado se publicaron extensos estudios epidemiológicos en EE.UU. donde se demostraba que las madres que vivían en las zonas cercanas a las aplicaciones de agrotoxicos tenían más del doble de riesgo de que sus niños tengan problemas de desarrollo intelectual, que tengan problemas del tipo autismo, que tengan problemas para aprender en escuela, que tengan problemas para hablar correctamente y eso es muy grave”.

Además destacó que “también los canceres están aumentados, principalmente en los adultos más que en los niños”.

Recordemos que docentes de los pueblos fumigados formaron una red para denunciar y visibilizar los efectos de las fumigaciones sobre las escuelas rurales. Desde el gobierno del ex presidente Macri fueron avaladas estas prácticas y condenado a quienes se oponían y hasta se instó a mal llamar productos fitosanitarios a los venenos y se responsabilizó por el mal uso a quienes perdían su salud en las aplicaciones.

El doctor Medardo Avila Vazquez fue enfático al expresar, “debemos avanzar en un sistema de producción que disminuya el uso de agrotóxicos y proteja a los niños y niñas de esta exposición, sobre todo en las escuelas que son fumigadas con las y los niños adentro de ellas”.

[i] “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”  https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_efectos-agrotoxicos-07-21_1625686827.pdf

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Por Vivian Palmbaum / Foto por El Regional de Villa María

La Campaña Plurinacional viene realizando semanalmente conversatorios, donde también se hicieron parte académicos y representantes de la ciencia digna, docentes, pueblos originarios y habitantes de distintas latitudes de nuestro país.

Entrevistamos a la educadora Marta Maffei, una de las referentas de la Campaña. Ella es una histórica militante y dirigente docente, reconocida por haber enfrentado las políticas neoliberales del consenso de Washington y haber formado parte de la Carpa Blanca, que le pusieron el cuerpo para resistir las políticas del FMI de destrucción de nuestro sistema educativo. Fue diputada nacional entre los años 2003 y 2007,  autora de la ley de glaciares entre otros tantos proyectos que marcaron la agenda medioambiental del país.

-¿Porque es tan importante luchar en defensa del agua?

-La vida terrestre está adaptada al agua dulce que no llega a ser el 3% de toda el agua planetaria, algo más del 97% es agua salada. En ese medio se desarrolla la vida oceánica o marina (paltas, animales, organismos, adaptados al agua salobre). Esa vida marina ha sido el origen de la mayoría de las formas de vida que luego evolucionaron como organismos terrestres o anfibios y es nuestra gran fuente de oxígeno.

Pero los humanos y millones de especies terrestres, vivimos en total dependencia del agua dulce. Todos nuestros cuerpos son, entre un 60 y un 90 por ciento, agua. Es por tanto un bien escaso, indispensable para toda vida y todas las vidas. Es la clave de nuestra subsistencia y la de todos los ecosistemas terrestres. Sin agua no hay vida. Y acceder al agua está indisolublemente ligado a la capacidad humana de cuidar y proteger el agua para todos.

Un tercio de la población mundial, más de dos mil millones de personas, padecen insuficiencia o mala calidad de agua. El agua está en directa conexión con la salud y la pandemia ya se encargó de hacernos comprender ese vínculo.

Por eso defender el agua es defender la vida y la salud. Hemos peleado años para que el acceso al agua potable sea considerado un derecho humano esencial.

-¿Qué podemos vislumbrar detrás de la apropiación de este recurso indispensable para la vida?

-La destrucción de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, la contaminación, se aceleran con emprendimientos sostenidos en el uso intensivo del agua como el fracking, la megaminería, la agroindustria, las repesas. Todos en franco litigio con la necesidad de asegurar el acceso universal y uso sostenible del agua para el funcionamiento de los ecosistemas y la vida de todos los seres que los habitamos.

La manipulación de la tierra por parte de los grupos económicos pone en jaque la provisión de agua segura para los pueblos, para el saneamiento ambiental y para la vida de los ecosistemas.

Si seguimos con este modo antropocéntrico de habitar el planeta solo podemos esperar dolor.

-¿Por qué en la región Nuestra Americana es tan importante la lucha por el agua? 

-Nuestra América está fuertemente golpeada por el extractivismo, el saqueo, la destrucción de ecosistemas y el endeudamiento externo que es también una presión constante para liberar los territorios a favor de las demandas corporativas. Sobran ejemplos desde la tala indiscriminada de bosques y selvas, los incendios, la pérdida de humedales, la explotación comercial de los cursos de agua, tierras arrasadas, suelos desertificados, sequías e inundaciones imparables.

Nuestros pueblos lo saben y resisten. Disputan el agua, su agua para vivir. Saben que, cuando pelean un bien indispensable y escaso como este, la disyuntiva es cada vez más rigurosa: agua para la vida o agua para los negocios.

Las estrategias, los tiempos de las luchas tienen las urgencias que ni la política ni la academia parecen tener. Nuestra gente disputa espacios vitales contra enemigos poderosos. Enfrenta el despojo avasallante de sus bienes y sus territorios. Tienen tiempos cortos para ponerle freno a la ambición y pocos aliados fuera de sus propios vecinos.

Tienen heridas, las normas que le otorgan la palabra son perversamente conculcadas, por eso las resistencias sociales más o menos organizadas, se acompañan de la porfiada observación de la realidad, de miradas comprometidas, de experiencias negativas y solidaridades entre excluidos. Son su defensa visceral ante la mentira y el atropello. Sus sentires son muchas veces la única herramienta que el poder no puede arrebatarles. Y dan pelea por su agua, por sus territorios, por su derecho a vivir sus vidas.

Más de la mitad de los crímenes de luchadores ambientales en el mundo, ocurren en Nuestra América. Hasta el 2018, de los 164 asesinatos mundiales, 83 ocurrieron en nuestros territorios. Pero todos estos años no han sido solo resistencias, han construido conocimientos enriquecedores, densos, surgidos a la propia comunidad. Conocimientos que históricamente han sido negados, invisibilizados o subvalorados por el “conocimiento oficial” lineal con los intereses corporativos, la tecnocracia estatal, la ciencia y la tecnología puestos al servicio de la dominación.

-¿El campo de las luchas ambientales está muy fragmentado? ¿Cuál es la salida?

-La fragmentación es parte de la multiplicidad de frentes abiertos por la ambición y la voracidad del capital. Pero las luchas armonizan y van directo a la construcción de nuevas miradas, nuevos actores, nuevas articulaciones. Los caminos populares son diversos pero confluyentes, son los alertas hacia un imprescindible cambio de paradigma forjado por las gentes que terminan viendo lo mismo, sufriendo lo mismo y resistiendo lo mismo de mil maneras distintas, para recuperar la armonía, la justicia social y ambiental en sus relaciones con la naturaleza, el buen vivir, la economía, la política y la cultura.

Nuevas lecciones contra las privatizaciones, la mercantilización y el despojo de las aguas y los bienes de los pueblos.

Nuestros pueblos saben que no es tiempo de ser auto-complacientes y en las luchas han aprendido mucho de las formas de cooptación, de las mentiras del trabajo, el crecimiento, el desarrollo y todo el palabrerío esgrimido. Son aprendizajes claves para resistir, para poder re-existir. Muchos de esos luchadores nos enseñan a ser como el agua: transparentes y en movimiento. A no someternos, a no resignarnos, a no naturalizar, a ser libres, a buscar nuestro cauce.

-¿Una consulta popular por el agua sería un modo de construir conciencia?

-Desde el espacio”Gane Quien Gane”, un grupo de amigos de distinta procedencia pero con largo historial en el campo de las luchas populares (compañeros del SERPAJ, Diálogo 2000, CTA, ONGs ambientalistas, científicos) nos hemos fijado como objetivo central dar visibilidad a la problemática socioambiental que nos atraviesa, con total autonomía de cualquier color político. Para articular las luchas, informar y comprometer a la sociedad en busca de soluciones concretas: políticas, sociales, económicas, culturales, para salir de la contaminación, el saqueo y la destrucción de los ecosistemas en que estamos inmersos.

En el grupo, decidimos dedicar este año 2021 a la “Campaña plurinacional en defensa del agua para la vida”. El agua nos atraviesa y atraviesa también a la mayor parte de las problemáticas que señalamos.

Estamos trabajando, valiéndonos de las herramientas que nos permite la pandemia, para visibilizar los conflictos del agua: conferencias, charlas sobre Represas, Hidrovía, Megagranjas, Megaminería, Litio, Agroindustria, agrotóxicos y transgénicos, Mar, pesca y soberanía, Hidrocarburos, Fracking.

Vamos realizar una consulta popular que ayude a socializar la problemática, sus causas y soluciones a tomar conciencia del riesgo, desplazando la indiferencia o la naturalización del desastre.

Esperamos realizarla antes de las elecciones de medio término e involucrar a la mayor parte de la población.

[i] Podes seguir la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua por las redes facebook, twitter e instagram

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Por Vivian Palmbaum / Foto No a la mina

Las y los habitantes de la provincia de Chubut, en cada pueblo y ciudad, se hallan en estado de movilización permanente frente al peligro de vulneración de sus legítimos derechos que representa la instalación de la megaminería.

El gobernador Mariano Arcioni que llegó al ejecutivo provincial con la promesa de sanear la economía, profundiza la crisis al tiempo que impulsa como única salida la entrega de los recursos naturales provinciales para la explotación de minería extractiva en beneficio de las corporaciones mineras.

Las situaciones de angustia se suceden para los trabajadores y trabajadoras que vienen atravesando una difícil realidad por la falta de pago de sus salarios al tiempo que se intenta imponer como única salida a la megaminería extractiva. Una situación que se parece bastante a una extorsión en una de las provincias con mayores recursos pero que sin embargo no se detienen las resistencias a la imposición del modelo productivo extractivista.

Las iniciativas se suceden en cada rincón de la provincia pionera en la lucha contra el extractivismo.  Con la consigna #ChubutAguazo ponen en primer plano que el extractivismo pone en riesgo al Rio Chubut, único rio que atraviesa la provincia. “Chubut no es zona de sacrificio”, la contaminación y el agotamiento de los recursos no renovables están en el centro de los planteos ciudadanos.

La rezonificación de la meseta chubutense es el paso necesario para habilitar a la extracción megaminera. La Ley N° 5001 promulgada en 2003 por impulso de las y los habitantes prohibía el extractivismo en la provincia, sin embargo a partir de un fraude legislativo que burló el consenso logrado dejó abierta esta posibilidad. Por eso las asambleas de la provincia nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCH), impulsan una Segunda Iniciativa Popular que reune más de 30 mil firmas y están en pie resistiendo contra este avance que desoye al pueblo. La iniciativa popular es una herramienta prevista en la constitución provincial que habilita que la sociedad puede presentar proyectos de ley si están avalados por el  3% del padrón.

Voces en resistencia

Desde la UACCH en un comunicado expresan que están “atentando contra la paz social en una escalada que parece no tener límites”. Denuncian la puesta en vigencia de un nuevo protocolo del uso de armas de fuego por parte de los agentes de la Policía del Chubut, el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad mientras se criminaliza la protesta y aumentan las persecuciones y amedrentamientos contra quienes resisten.

La provincia de Chubut es pionera en haber defendido su derecho, una lucha histórica que cumple 18 años y se remonta al año 2002 donde el pueblo de Esquel salió en defensa de sus derechos y no permitieron avanzar al proyecto megaminero. Las iniciativas populares se multiplican, movilizaciones, banderazos, petitorios, radios abiertas, entre otras, para poner el cuerpo en la calle y darle voz a la oposición decidida a un modelo productivo.

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), con Adolfo Perez Esquivel a la cabeza, se dirigió a la Legislatura provincial alentando a no desconocer  “la negativa de la Población a que se lleve a cabo la actividad minera” y recordó que  la Constitución Nacional consagra el derecho al ambiente sano.

Tampoco se garantizó el derecho a la consulta de las comunidades originarias establecidas en la Meseta Centro-Norte de Chubut y emplazadas dentro del área de zonificación, que se expresaron en un comunicando señalando el avasallamiento a la constitución que reconoce tratados internacionales que les protegen.

El CONICET develó una maniobra más para instalar que la minería a gran escala tienen mejores índices de calidad de vida y también tuvieron que salir a desmentir un informe de una Red de Académicos por la Minería Sustentable, que hasta fue presentado por el gobernador Arcioni, y aclararon que  “usaron el sello del Conicet para poner todas la cosas truchas que dicen”.

En una nota dirigida a Ricardo Sastre, Presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut, las autoridades del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Chubut y el CENPAT-CONICET, también argumentaron que “no están dadas las condiciones para la aprobación del proyecto de zonificación enviado por el Gobernador Mariano Arcioni con la firma de sus ministros”.

Distintos sindicatos nacionales y provinciales, organizaciones sociales locales y nacionales rechazan la minería como salida a la crisis provincial. La lista de movilizaciones y adhesiones a nivel provincial, nacional e internacional es importante, sin embargo el poder corporativo avanza en alianza con el gobierno provincial. Trabajadores marítimos pusieron la voz de alerta porque el extractivismo contaminante es incompatible con la actividad pesquera, que tiene un lugar importante dentro de la economía chubutense.

Apenas hace pocos días el gobernador Arcioni afirmaba que “a mí no me van a callar ni detener 500 ruidosos” y agregaba que “quiero darle la posibilidad a los habitantes de la meseta y la provincia que puedan tener un futuro digno”. El gobernador tampoco dudó en agradecerle al Secretario de Minería de la Nación y hasta al presidente Alberto Fernández que ya se expresó en distintas oportunidades alentando la minería extractiva.

¿Es la minería extractiva una posibilidad de desarrollo? San Juan, Catamarca, La Rioja pueden dar cuenta de esta trampa que deja atado el destino de las y los habitantes a esta única posibilidad que depreda, envenena, es limitada en el tiempo y cuyas ganancias vuelan fuera de nuestras fronteras. Al decir de Maristela Svampa: “una narrativa desarrollista, en consonancia con las grandes empresas trasnacionales, en busca de la legitimación social del modelo y en nombre de una ´responsabilidad social´, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de tales emprendimientos”.

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Por Vivian Palmbaum | Foto: SADO Colectivo Fotográfico

El 2020 atravesado por la pandemia y el aisamiento fue muy difícil para todas las personas, pero para quienes están privadas y privados de su libertad es imposible de dimensionar. A un sistema penitenciario en grave crisis por la sobrepoblación, el hacinamiento, la insuficiente o inexistente asistencia en materia de salud, la falta de alimentación adecuada, solo por mencionar algunas cuestiones elementales, se sumó el incumplimiento de las recomendaciones que realizaron organismos como la ONU para mitigar y evitar el impacto del Covid 19 en contextos de encierro y que confinaron a las personas que forman los grupos de riesgo a permanecer en condiciones de hacinamiento y falta de higiene.

Las personas privadas de su libertad con graves enfermedades no pudieron acceder a domiciliarias, tampoco las y los mayores, mujeres embarazadas, mujeres con hijes, entre otras. La situación de las personas no binarias y trans fue mucho más difícil de sobrellevar sin elementos de higiene en este contexto. Una continua revictimización de quienes ya están condenadxs por el sistema.

La pandemia se hizo presente en los contextos de encierro en silencio, invisibilizada y causó consecuencias que desconocemos. En medio de estas situaciones, en la provincia de Buenos Aires se produjeron muertes inexplicables por situaciones naturales: suicidios de personas que estaban ilegalmente en buzón, brutalidad y golpizas hasta la muerte. Y a nivel nacional, según la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), desde el 20 de marzo, se produjo una muerte cada seis días en las cárceles federales del país; siendo hasta el 31 de octubre, 40 las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal; 17 de ellas, por COVID- 19.

Detrás de los muros habitan personas que privadas de su libertad esperan las visitas de familiares y amigos que ayuden a transitar estas difíciles situaciones de cumplir una condena y les asisten con alimentos y necesidades, les llevan el cariño y muchas veces con su presencia son una garantía frene a la brutalidad de las fuerzas del Servicio Penitenciario. Fueron las personas en condición de encierro quienes primero fueron privadas de las visitas, aunque el coronavirus llegó igual de la mano de guardiacárceles y personal penitenciario.

Después de 8 meses de aislamiento y soledad, se había dispuesto que se reanudaran las visitas a las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La decisión luego de ser comunicada fue suspendida, tal como informan familiares en un comunicado que cuenta que se volvió atrás con la decisión: “una vez que centenares de familiares habíamos comprado pasajes y comida, gastando nuestro escaso ingreso en la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos”. La suspensión produjo serias protestas en las cárceles de la provincia, “huelgas de hambre y las tomas pacíficas de los pabellones son la única medida que pueden tomar lxs privadxs de su libertad frente a un sistema que NO les escucha, que NO quiere siquiera reconocer como legítimos sus derechos”. Las medidas de protesta pacífica exigieron “que se otorguen los beneficios que corresponde. Que se dé solución al hacinamiento que mantiene hasta 18 presos en una celda para 6 personas de 3 mts x 2.5 mts. La superpoblación de las cárceles excede en un 100% a las capacidad real de las mismas”.

“En el centro universitario uno no está en la cárcel”

El Centro Universitario San Martín (CUSAM) es un espacio educativo creado por la UNSAM en el interior de la Unidad Penal N.° 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la localidad de José León Suárez del partido de General San Martín (Provincia de Buenos Aires). La oferta curricular está compuesta por las carreras de Sociología y Trabajo Social, dictadas por el IDAES, así como por talleres artísticos y de oficios.

Desde Marcha entrevistamos a Abel Díaz, quien cumple condena en la Unidad Penal 48, vicepresidente del CUSAM, del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor, y referente del pabellón 6, universitario. Además, coordina tareas para la universidad y otras actividades, incluidas las virtuales por la situación de aislamiento.

Abel nos contó que significa estar estudiando en este contexto: “la universidad me cambió en mi interior, me está cambiando como persona, me está purificando”. Explica que decidió estudiar, porque “era un espacio para entrenarme, para luchar frente a tanta injusticia”. Abel en sencillas palabras reveló “el ser universitario es una salida, porque te cambia la lógica de la cárcel. En el centro universitario uno no está en la cárcel, está en el centro universitario. Por eso todas las lógicas tumberas, como le llamamos acá, dejan de tener sentido en un espacio como ese, donde el par es un estudiante, no es un preso con más o menos estatus a nivel delictivo, es un estudiante”.

Además de garantizar el derecho a recibir educación de la personas privadas de la libertad ambulatoria, el proyecto del CUSAM, se propone una transformación social de las personas que allí estudian y las instituciones (la universidad, la cárcel y el territorio), a partir de la formación académica y de investigación, artística, cultural y del trabajo.

El CUSAM “es un lugar diferente”, afirmó Abel, “la entrada en un universo que está vedado por la sociedad, porque el ingreso a una universidad, por más que sea pública, a veces está vedada para ciertos sectores de la sociedad, igual que el arte”.

Díaz, nos recordó que la tasa de reincidencia para quienes estudian es mucho menor. Sin embargo, los obstáculos para quienes quieren volver a reinsertarse son muchos, “si bien tenemos una ley que no se cumple, la 14.301, que es de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, que obliga al Estado a tener un porcentaje de liberados. Pero si yo me recibo de trabajador social y quiero trabajar en el Estado, me piden un certificado de antecedentes penales que me impide hacerlo y así pasa en otros lugares, como por ejemplo, la matrícula del Colegio de Abogados no puedo sacarla porque si estuve preso, el colegio me discrimina y tampoco podría ser escribano. Si bien el paso por la universidad y ese nivel educativo hace que la tasa de reincidencia baje, no es menos cierto que es muy difícil conseguir un trabajo para la persona que estuvo privada de su libertad, que lo tomen en un empleo si tiene antecedentes penales”.

La ley persigue a las personas que fueron condenadas, no solamente hasta que terminen su condena, la prescripción de una causa penal termina hasta 10 años después de haber pasado por el encierro y eso le impide hacer un monton de cosas. “Esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar en la sociedad, para que realmente baje la tasa de reincidencia”, afirmó Abel, “el complimiento de la pena, no se paga solamente con la pena, se paga con el dolor, se paga con el cuerpo, se paga con tortura dentro de la cárcel”.

Represión sin límites, también dentro del Centro Universitario

En algunas unidades penitenciarias se vivieron momentos de violencia extrema, luego que se había llegado a un acuerdo para restituir las visitas. Represión a las protestas, traslados intempestivos y ataques a los centros educativos fueron la respuesta por parte de las fuerzas del Servicio Penitenciario. Asi sucedió en la Unidad Penal 48, del Penal de José León Suárez, donde se vivió una jornada de violencia y brutalidad, contra el CUSAM, Centro Universitario San Martín, espacio dentro del penal donde funciona la Universidad de San Martín. También el espacio educativo universitario de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, donde la Universidad de La Plata tiene trabajos educativos, fue atacado.

En el CUSAM fueron los propios alumnos quienes en medio de la violencia defendieron “con sus cuerpos ese espacio”; sin embargo, parece que no fue suficiente porque “una vez en sus pabellones y engomados (sin poder salir de sus celdas), comienzan a ver humo en las inmediaciones del CUSAM”, como expresan en el comunicado. Allí comenzó una situación que ellos mismos califican de “venganza por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, que literalmente, destruyó todo lo que estuvo a su alcance”. Los agentes represivos prendieron fuego la biblioteca, la radio y el Centro de Estudiantes. Se quemaron libros, computadoras, bancos y todos los instrumentos musicales que pertenecían a “Rimas de Alto Calibre”, una banda que nació en ese espacio y que “ha podido romper cadenas en esa libertad conseguida”.

Abel Díaz, con mucho dolor, advirtió que el ataque al centro universitario “fue una reafirmación de la exclusión”, de que “estos negros no estudien ¿cómo los presos van a ser profesionales? ¿Cómo se van a educar los presos?”. Sin embargo, tiene expectativas para la reconstrucción del CUSAM y en medio de esta dolorosa situación, explicó que están haciendo una campaña y la universidad también, para reconstruir el lugar. “Después de esto vamos a tener un lugar mucho mejor que el que teníamos. No nos van a quebrar con este tipo de acciones”, esperanzó Abel.

Familiares de personas privadas de su libertad en contexto de encierro y amiguxs se autoconvocaron ayer para protestar frente a la gobernación en La Plata para repudiar la represión. Mientras, autoridades de la Universidad recorrieron junto al juez de ejecución, Alejandro David, las instalaciones del CUSAM, para constatar los daños que sufrió. El juez se comprometió a abrir una investigación para establecer las responsabilidades. La Universidad de San Martín (UNSAM) junto a estudiantes del centro universitario comprometieron sus esfuerzos para reconstruir esta posibilidad para las personas privadas de su libertad. Tras la represión llega la reconstrucción.

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Por Vivian Palmbaum / Foto: Espantarrejas

“Las mujeres son sometidas diariamente a tratos de tortura, por eso para mí era muy importante crear este evento, para visibilizar y difundir la situación adentro de la cárcel”. Con estas palabras comenzó Alfredo Cuellar, el Primer Festival “Ni Una Menos en las cárceles también”. “Yo soy el papá de la China, este maldito destino nos puso en este lugar y tenemos que sacar la fuerza necesaria para transitarlo. Para mí es muy emocionante verlos a todos acá, porque son la fuerza necesaria para seguir adelante. El Ni Una Menos tiene que traspasar los muros”. 

Fue el domingo 6 de octubre en el Salón Pueyrredón, CABA, y fue una jornada artística y cultural para visibilizar, solidarizarse con quienes están privadas de su libertad y celebrar el encuentro de un espacio que no para de crecer a fuera de sensibilización sobre las problemáticas que pretenden derribar los muros de las prisiones. Porque el Estado no solo excluye, margina y asesina con sus políticas sino que asesina y maltrata. Una situación invisibilizada, que apenas se conoce cuando es noticia en los medios de comunicación alternativos o por alguna situación que no puede ser ocultada y que sino permanece en el silencio, entre las voces de familiares, amigues o cercanxs.

Es que las leyes penales responden a las lógicas sociales patriarcales que recrudecen la dominación del varón hacia las identidades feminizadas en las cárceles. El Estado perpetúa, consolida y profundiza esa desigualdad. Lo hace a través de sus funcionarixs y del poder judicial que no investiga al Servicio Penitenciario -una fuerza represiva militarizada- para determinar responsables de los tratos crueles e inhumanos que allí suceden. Vulneraciones de Derechos Humanos que solo son visibilizadas cuando las presas se organizan para exigir justicia porque una de ellas fue asesinada, por mejores condiciones o cuando ven negados sus derechos a la identidad, salud, educación o trabajo.

Activas la memoria colectiva

Las compañeras y amigas de Florencia, “la China” Cuellar, asesinada por el Servicio Penitenciario en una de las cárceles de Ezeiza, empezaron contando quien era: “la que estaba siempre ahí cuando alguna piba tenía un problema, era la voz de las pibas”. Quizas eso ayude a entender porque un día apareció muerta y lo quisieron hacer pasar por suicidio. Alfredo Cuellar, su padre, aclaró, “no es el festival por la China, no; es para darle voz a tantas… disculpen si a veces hasta yo me confundo”.

Por el escenario del Primer Festival en solidaridad con las presas, pasaron las voces de la injusticia hermanadas por la responsabilidad de un Estado patriarcal y represor. Se escucharon a mujeres, disidencias y no binaries que sufren en contextos de encierro, por la discriminación,  víctimas de prejuicios, de una sociedad patriarcal y conservadora que margina, condena, silencia, enferma y mata a quienes no se adecúan a sus normas. Víctimas de las políticas que llevan a la marginación, con situaciones laborales de esclavitud como la de las y los trabajadores textiles de Luis Viale que aún luchan para que se establezca alguna responsabilidad por las y los muertos en el incendio.

La solidaridad sostiene, permite luchar, encontrarse y enfrentar las injusticias. Así lo contaron  familiares de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Facil, integrantes de Yo No Fui y de la Cooperativa Esquina Libertad que lograron traspasar los muros y encontrar modos de vida alternativos a los que este sistema les ofrece. Tampoco estuvo ausente la referencia al “Lechu”, Santiago Maldonado, convertido en emblema de la solidaridad.

“Ni una menos, ni una mas, dejaremos de sumar, restar, multiplicar. Ni una menos, entre nosotras, ni una mas podrás matar porque el Estado patriarcal se está por acabar…decía Akella al ritmo de rap. También Dani Rap y otros le ponían poesía y rítmica a las letras de protesta, de denuncia, de resistencia.

Porque la lucha también es alegría compartida, con lecturas, músicas y artistas que le pusieron palabras bellas a la injusticia, a pesar de todo, porque de ahí viene la fuerza para continuar. Música, rap, poesía, lecturas, feria de publicaciones, xilografía, fueron algunas de las tantas expresiones que se ofrecieron. Con radio abierta que trasmitió Radio Semilla, que le puso sonido a la jornada y barra amigable. El valor de la entrada fue un alimento no perecedero para solidarizarse con quienes están detrás de los muros, para hacerlas sentir que no están solas, que nos importan.

El dolor cuando se comparte y se pone en palabras alivia, ayuda a juntar fuerzas, no te hace sentir sola, asi lo trasmitieron y lo hicieron sentir las voces que se transforman en grito colectivo.

Las periodistas feministas también decimos: “Ni Una Menos en las cárceles”

Comunicar con una perspectiva antirrepresiva se volvió una necesidad ante el aumento de la política criminal de un gobierno que se basó en la represión pero que evidencia torturas y maltrato sistemático. “Como periodistas feministas tenemos la responsabilidad de visibilizar también esas voces. Porque cumplir una pena no es sinónimo de la muerte o la tortura sistemática”, afirmaron en un comunicado, trabajadoras autoconvocadas alrededor de la problemática. A continuación lo que manifestaron:

“En Argentina, mujeres, lesbianas, travestis y trans en situación de encierro son asesinadas y sufren torturas que se agravan por su condición de género: violaciones, golpizas, requisas vejatorias y aislamientos extremos. El responsable es el Estado , personificado en los agentes del Servicio Penitenciario que cumplen funciones en los establecimientos donde se encuentran privadas de su libertad . En muchas historias, las presas conviven con sus hijes en condiciones inhumanas de encierro y están sometidas a un deficiente sistema de atención de la salud y enfermedades que por no tratarse terminan en muerte.

Las cárceles fueron construidas por y para varones siguiendo los lineamientos de la política criminal que no tiene en cuenta las condiciones específicas que requieren mujeres, lesbianas, travestis y trans como de las personas que se encuentran gestando, encarceladas junto a sus hijes o atravesando un tratamiento hormonal para adecuar su cuerpo al género con el que se autoperciben.

Es que las leyes penales responden a las lógicas sociales patriarcales que recrudecen la dominación del varón hacia las identidades feminizadas en las cárceles. El Estado perpetúa, consolida y profundiza esa desigualdad. Lo hace a través de sus funcionarixs y del poder judicial que no investiga al Servicio Penitenciario -una fuerza represiva militarizada- para determinar responsables de los tratos crueles e inhumanos que allí suceden. Vulneraciones de Derechos Humanos que solo son visibilizadas cuando las presas se organizan para exigir justicia porque una de ellas fue asesinada, por mejores condiciones o cuando ven negados sus derechos a la identidad, salud, educación o trabajo.

El 23 de diciembre de 2012, a Florencia “la China” Cuellar la golpearon y dejaron agonizar agentes del Servicio Penitenciario en la Unidad IV de Ezeiza, asesinato que intentaron disfrazar como un suicidio. Entre el 2009 y el 2013 fueron 9 las presas asesinadas en el Complejo Penitenciario : Silvia Nicodemo y Romina Leota en el 2009, Noelia Randone y Vanesa Ordoñez en 2010, Alejandra del Valle en 2011 y Yanina Hernandez Painnenfil, Maria Laura Acosta, Cecilia Hidalgo y la China en 2012.

El 15 de julio de 2017, Luisa Cienfuego falleció a causa de un infarto; sus compañeras denunciaron que las autoridades actuaron con negligencia y demoras en su trasladado al centro médico. Luz es una joven travesti de 22 años que está acusada de un crimen que no cometió, estuvo presa 8 meses, en abril de 2018 le fue otorgada la prisión domiciliaria que por derecho le correspondía desde el día uno por poseer una discapacidad, pero la Justicia se lo negó poniendo en riesgo su salud. Johana tenía 21 años y dos hijos de 6 y 8. Se encontraba privada de su libertad en la Unidad 33 de La Plata, el 25 de agosto de 2018 se suicidó. Sufría depresión y no recibió la atención adecuada, cuando hacía tiempo que pedía ayuda, pero ningún responsable del penal la escuchó. La dejaron morir. Patricia Solorza, de 40 años, quedó privada de su libertad después de ser denunciada por médicos que dijeron que se había practicado un aborto, cuando en realidad fue espontáneo. Tenía dos hijos, uno de 8 y otro de 19 con un retraso madurativo y a pesar de eso le negaron el arresto domiciliario. Murió esposada de pies y manos en la camilla de un hospital con custodia policial, estuvo varios días pidiendo asistencia médica, que llegó demasiado tarde.

Durante 2019 se incrementaron las denuncias por violencias dentro del contexto de encierro. La información oficial sobre el estado de las cárceles y la situación en la que se encuentran las personas privadas de su libertad en Argentina es limitada, parcial o carece de rigurosidad metodológica. Sin embargo, sabemos de ello por los relatos que pocas veces suelen traspasar los muros de las prisiones . El número de mujeres, disidencias, racializadas y migrantes en cárceles aumenta; lo que no deja lugar a dudas de que se trata de víctimas de una demagogia punitiva que condena a las más empobrecidas.

En febrero de 2019 Elsa Medina, de 63 años, falleció por falta de atención médica en la cárcel de Bouwer, Córdoba, donde días después se sumó la muerte Janet López de 30 años, que fue encontrada en su celda ahorcada, una situación que debe ser investigada. Esto produjo gran conmoción en el penal, donde las mujeres exigieron respuestas y a causa de ello, en la madrugada ingresó un grupo de choque del Servicio Penitenciario que las atacó con represión y palos. Estas situaciones silenciadas se repiten como una constante contra las mujeres, disidencias, racializadas y migrantes presas. Pero el feminismo libera. Historias como la de Higui de Jesús, lo demuestra, una encarcelación que pudo ser revertida por la solidaridad, movilización y presión social. Pero otras mujeres como Anahí Salcedo, encarcelada sin la atención médica, fue abandonada al sufrimiento y el trato inhumano. Otras siguen esperando verdad y justicia mientras apelamos a la memoria colectiva.

No son situaciones ajenas a las que vivimos diariamente las mujeres, travestis y trans en una sociedad que nos empuja y excluye constantemente. Por eso, y para abortar la indiferencia decimos “abajo los muros de las prisiones”. Que el grito “Ni Una Menos”, que se escucha en las calles también resuene dentro de las cárceles. Para que no nos maltraten, hostiguen, manipulen, coarten nuestras libertades nunca más. Porque el silencio y la complicidad con las torturas y la muerte no es nuestro idioma. La China, ¡vive!

Somos periodistas feministas que trabajamos en medios comerciales, públicos y autogestivos y creemos que la neutralidad hay que abortarla porque sólo favorece a los poderosos. Por eso, venimos a traer nuestra solidaridad y a decirles acá estamos”.

*desde Marcha, como cada año, cubriremos el Taller Mujeres, disidecias, cárcel y sistema penitenciario.

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La Gremial de Abogados interpone un Habeas Corpus por el “Agravamiento de las Condiciones de Detención” a favor de la joven Anahí Salcedo, recluida en el penal de Ezeiza y sometida a un trato inhumano y de crueldad.

Anahí Salcedo se halla recluida en el penal de Ezeiza desde el 10 de enero de este año, ella fue procesada con prisión preventiva como presunta coautora de estrago por explosión con peligro de vida de personas, entre otros cargos tras la explosión de una bomba casera en el mausoleo del represor Ramón Falcón en el Cementerio de la Recoleta el pasado 18 de noviembre.

Desde aquella acción, Anahí fue trasladada al Hospital Fernández e internada en terapia intensiva con serios daños en su mano y en su cara. Al momento de su detención Anahi perdió tres dedos de una mano y tuvo graves heridas en todo el cuerpo, entre ellas la fractura de clavícula correspondiente al otro brazo. Pese a una delicada situación de su salud, luego de varias cirugías, la joven fue trasladada a la cárcel de Ezeiza en calidad de imputada. El traslado se produjo a pesar de la falta de condiciones mínimas para su asistencia en el Penal de Ezeiza.

Tal como se expresa en el recurso de Habeas Corpus presentado por la Gremial de Abogados junto a la propia Anahí, “fue detenida en cercanías del mausoleo del tristemente célebre, por genocida y torturador, Comisario Ramón Falcón, Jefe de la Policía Federal Argentina en el Cementerio de la Recoleta. Allí se la imputó de pretender destruir la tumba con un artefacto casero y se atribuye que las heridas que tiene fueron ocasionadas por la deflagración de ese pequeño explosivo”.

Ese día se cumplían 109 años del asesinato del ex jefe de la Policía, Ramón Falcón, por Simón Radowitzky. Un símbolo que cobra mayor valor en tiempos de aumento de la brutalidad, represión y criminalización de las personas a manos de las fuerzas de (in) seguridad del Estado.

Varios son los recursos que se vienen presentando desde su traslado en el mes de enero los que le han sido negados pese a su difícil situación de salud y el maltrato que recibe. Por eso, el “agravamiento de las condiciones de detención” es la figura legal que se utiliza actualmente para tanto padecimiento.

Acusada de “terrorista”, Anahí está sometida a las peores condiciones en el penal, pese a tener orden de traslado para las curaciones, que sistemáticamente le es negado, el trato inhumano, la alimentación inadecuada, la falta de asistencia médica, la imposibilidad de higienizarse, los dolores insoportables que padece –sin suministro de calmantes- y muchas otras situaciones muy difíciles de soportar para una persona con sus condiciones de salud.

Si la cárcel es un espacio donde cotidianamente las y los privados de su libertad ven vulnerados los derechos que les asisten, la situación para Anahí -como la de cualquier luchador o luchadora detenida- es mucho peor.

En ese sentido, la presentación judicial interpone el recurso contra las instituciones responsables por la integridad de Anahí Salcedo: “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ambos por resultar los superiores institucionales que tienen responsabilidad sobre la interna por cuya salud y derechos bregamos. También contra la Dirección del Complejo Penitenciario IV de Ezeiza que es quien lleva adelante el agravamiento de las condiciones que aquí denunciamos sabiendo que ninguna autoridad judicial lo ha ordenado”.

Su defensa está a cargo de la Gremial de Abogados (y Abogadas), una organización de larga trayectoria solidaria que interviene en causas de violación de Derechos Humanos. Sobre esta situación, desde La Gremial expresaron “la Justicia Federal y el Ministerio de Seguridad parecen quieren cobrarle a Anahi hasta la ejecución de Falcón. Se complotaron para sacarla del Hospital y recluirla en un calabozo de Ezeiza sin ningún tipo de atención médica. Inútil fueron las peticiones de todo tipo”. Una situación de extrema crueldad a la que se somete a una persona detenida que se halla en condiciones de sufrimiento físico agudo.

Esta grave situación obligó interponer un Habeas Corpus en función del deterioro de la salud y la necesidad de asistencia de Anahí. A su vez, el recurso se interpuso en función de una situación extraordinaria, y si bien fue rechazado en primera instancia, por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, se elevó posteriormente a la Cámara Federal de La Plata para que se expida.

En ese contexto, las organizaciones de Autoconvocados por la situación de las mujeres privadas de su libertad en instituciones del Servicio Penitenciario, llaman a acompañar y solidarizarse con la situación de Anahí Salcedo y convocan este viernes 22 frente a la Cámara Federal de La Plata para visibilizarla.

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A partir del primer día de enero el gobierno de la Provincia de Buenos Aires habilitó la aplicación de agrotóxicos sin límites.

Desde el primer día de este año los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de amortiguamiento, tal como se afirma en la Resolución del Ministerio de Agroindustria.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició el 2019 habilitando la aplicación de la Resolución N° 246, firmada por el ministro Leonardo Sarquis, que habilita extender el área de las fumigaciones con agrotóxicos. Una medida contraria a lo que en cada municipio a través de ordenanzas han conseguido limitar a partir del trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Una norma que hace oídos sordos a la lucha que vienen dando los habitantes en cada pueblo para enfrentar el horror de las enfermedades y la muerte que produce el rociado de agrotóxicos en áreas urbanas y periurbanas, incluidas las escuelas rurales que son rociadas con las y los alumnos adentro.

El neoliberalismo se expande y riega las políticas agrícolas que llegan de la mano de gobiernos aliados a las corporaciones. El extractivismo se hace posible de la mano de las corporaciones y los pooles de siembra. Una situación que no es nueva en nuestro país y hoy se haya potenciada por políticas que parecen descartar al ser humano. Políticas que se iniciaron con la firma de Felipe Solá, cuando en un trámite express permitió que la empresa Monsanto introdujera la soja transgénica en 1996, en un expediente que hasta se encontraba escrito en inglés.

Redes por la vida

Allí donde el Estado parece ausentarse o hacer oídos sordos,  las y los habitantes se organizan para armar redes. Así sucede en muchos pueblos y ciudades en Argentina cuando la vida parece estar amenazada. Médicos y medicas que denuncian el aumento exponencial de casos de cáncer desde la década del 90, científicos y científicas, abogadas y abogados ambientalistas, docentes, trabajadoras y trabajadores y una población movilizada y organizada para resistir el puro negocio a costa de sus vidas. Aún recordamos al Dr. Andres Carrasco, pionero en poner en evidencia las consecuencias del glifosato sobre la población y las consecuencias de tuvo que pagar por haber denunciado a las corporaciones. Una situación que tuvo que ser reconocida como peligrosa por la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, cuando las evidencias no dejan lugar a dudas.

La Resolución del veneno

Una larga lista de organizaciones suscribieron el comunicado “La Resolución del Veneno”,  que rápidamente respondió a la implementación de una política agropecuaria que no es compatible con la vida. Allí afirman que “Esto implica la legalización de la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre las áreas de aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población, tal como afirman varias organizaciones sociales y ambientales”. Asimismo destacan que “También autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse. El único límite a la aplicación de agrotóxicos de acuerdo a la resolución 246-MAGP-18 es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución  autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”.

La resolución ministerial del veneno, reconoce como fundamento legal la propia Constitución Nacional, Provincial y otras leyes ambientales. Sin embargo “Su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente. Los agrotóxicos contaminan la tierra, el aire y el suelo progresivamente”, expresan en la Resolución.

Entre Rios se suma

En la provincia de Entre Ríos, pionera en la limitación de uso de venenos, no tardó en replicarse la iniciativa que puso en alerta a todas las organizaciones de la sociedad civil. Allí el ejecutivo provincial decretó reducir las distancias de aplicación de agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. Una medida que carece de legalidad al enfrentarse abiertamente a lo que el Supremo Tribunal de Justicia establecía en materia de distancias, con una protección de 1000 y 3000 metros.

Argentina consumidora de agrotóxicos

Argentina es uno de los países con mayor consumo de glifosato del  mundo. Se puede descubrir restos de glifosato en análisis de personas que viven en las ciudades. Algodones, gasas y artículos de higiene personal  junto a cientos de productos de consumo masivo contienen restos de glifosato.

“Esta es una agricultura droga dependiente, porque un remedio yo lo tomo, me curo y me sano debería dejarlo de tomar, pero si de dos litros de herbicida que usamos pasamos a cuatro a seis a ocho a diez…Chaco está en cuarenta litros, entonces eso no es un remedio es una droga y lo que estamos teniendo es una adicción”, decía el Ingeniero Agrónomo Eduardo Cerdá de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología – Argentina. Agregó que “La Agroecología, basada en un modelo de salud integrador aparece como propuesta frente a otro modelo basado en la maleza, plaga, enfermedad y el negocio que representa”.

Buenas prácticas

“Que la definición de dimensiones particulares para establecer distancias y superficies no es esencial, sino que depende de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)” dice la Resolución, en uno de sus considerandos.

En julio de 2018 se realizaba una Consulta Pública sobre el Informe de Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios . Allí se definieron las cuestiones centrales que luego integran la Resolución del Veneno como son las “Buenas Prácticas de aplicación de fitosanitarios” y la “zona de amortiguamiento”, con las que se responsabiliza de las malas prácticas a los propios afectados  por el rociado del veneno.

“Buenas prácticas y fitosanitarios” se han constituido en dos eufemismos que esconden las palabras contaminación y glifosato, que han sido sacadas del diccionario de la buena forma que se intenta instalar a costa de las vidas de miles de personas. Hasta el INTA prohibió el uso de la palabra glifosato y en su lugar impuso el término fitosanitario, tal como expresó en una circular interna para el personal.

El Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, es ex gerente de la división Semillas de Monsanto, cargo que ejerció durante casi 3 años. Una constante en las designaciones de funcionarios públicos de la gestión Cambiemos.

“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”.

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La pobreza alcanza al 48% de niños y niñas, según publicó UNICEF hace pocos días. Esto significa que a 6,3 millones de niñas y niños ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos.

Cifras que son personas

Los números muestran una realidad que en la vida cotidiana se vive en los barrios más vulnerables. Así lo cuenta Estela Rojas, de la organización Chicos del Sur:

“Las cifras de pobreza aumentaron. Un dato que se advierte en las compañeras y compañeros antes de ser publicadas. En tiempos de crecimiento económico, en los barrios se vive un poco mejor. No se vive bien, pero al menos alcanza para comer, comprar los útiles para la escuela, alguna ropa, poner crédito al celular. Cuando el desempleo no es tan importante como en estos tiempos, se consiguen trabajos de limpieza y changas de albañilería. Cuando no hay tantas y tantos que buscan en los residuos urbanos el cartoneo rinde de otra manera. En estos tiempos se vive con decepción, desesperanza, descreimiento”.

El grado de violencia va en aumento. Basta pensar de que humor nos ponemos cuando nos toca pagar tarifas, cuando llegamos a la caja del súper, para entender cómo será no tener para comer, ni para mandar lxs hijxs a la escuela. Cuando la garrafa se termina y no hay fiado que la reponga.

Cuando elegimos un pobre de este tiempo para empatizar, para conmovernos, elegimos el pobre que está resignado, el que agacha la cabeza, sabedor que es lo que le tocó en suerte.

“Si hoy la pena tiene suerte en comida se convertirá” cantaba León Gieco. “En los barrios no nos conformamos con la pena, en los barrios se amasa la rabia y la rebeldía. Hay jóvenes que perdieron su trabajo y la posibilidad de conseguir otro y toman un arma y salen a buscar por la fuerza lo que les está imposibilitado de otra manera”, narró Rojas.

Hay organizaciones que apuestan al colectivo y salen a pelear juntos. No son los y las pobres mansas que quiere este sistema. Son las y los piqueteros, son las y los chorros, son las y los que no se rinden.

Vivir en pobreza durante la infancia significa no asistir a la escuela ni aprender; saltarse una de las comidas o ir a dormir con hambre, no tener zapatos o vestimenta digna, estar privado de atención médica y estar expuesto a enfermedades, vivir en un hogar sin agua potable, electricidad, en espacios inseguros y en condiciones de hacinamiento o enfrentarse a muchas otras carencias. Estas realidades tienen consecuencias negativas, al igual que la posibilidad de que se reproduzca en la siguiente generación, y comprometan el presente y futuro de las niñas y los niños que la viven, así como al desarrollo económico y el bienestar social del país.

Apuntes de UNICEF

“6,3 millones de niñas y niños ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos”.

El informe publicado hace pocos días revela que quienes más sufren los efectos de la pobreza son nuestros niños, niñas y adolescentes.

Educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro no están garantizados para casi la mitad de la población infantil en nuestro país.

Una cifra que por muy difundida no deja de estremecer: la pobreza entre las personas menores de 18 años alcanza al 48% y   supera en un 10% los valores de la pobreza para la población en general.

Esos fríos números tienen rostros y cuerpos que son de casi la mitad de la población total infantil de nuestro país.

El organismo internacional sostiene que el relevamiento está dirigido a impulsar la implementación de políticas públicas que protejan la niñez. Lo que no se dice, pero se sabe, es que además permite que los países se apoyen en sus relevamientos para gestionar préstamos de organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial. La pobreza también produce réditos.

El informe también relaciona la pobreza con las tareas de cuidado y revela que “la pobreza infantil es mucho más elevada en los hogares monoparentales que cuentan con una única proveedora de ingresos que además debe asumir las tareas domésticas y de cuidado”. Una realidad que no deja lugar a dudas: la carga de responsabilidad y exigencia pesa sobre quienes llevan adelante esas tareas, que en su mayoría son mujeres.

Los valores han ido mejorando en los últimos diez años, sin embargo “la pobreza tiene cara de niño y de niña” afirmó el especialista en Inclusión Social de UNICEF Argentina. Estos números aún pueden ser peores, porque solo corresponden a la primera mitad del 2018 y “en las cifras aún no se reflejan los efectos de la situación macroeconómica y fiscal actual que se verán reflejados en la próxima medición”.

Un especialista podrá tomarse el trabajo de desmenuzar con mayor precisión las estadísticas. La realidad se vive y se palpa en cada territorio. Así lo contó muy bien Estela Rojas.

Más de la mitad de los cuerpos más frágiles y vulnerables sufren la falta de recursos y el impacto de las políticas públicas que son menos que insuficientes, ausentes o solo tratan de criminalizar y castigar, mientras el Presupuesto Nacional sostiene a ultranza las condiciones de desigualdad.

Una situación que llama a urgentes acciones por el riesgo en que están esas pequeñas vidas. Así lo entienden las organizaciones que le ponen el cuerpo y el esfuerzo porque sin infancia no hay futuro.

Informe completo de la UNICEF aquí.

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Entrevista con Viqui Veronesi, de la Vecinal Socioambiental, a partir de sanción en Gualeguaychú la ordenanza que prohíbe el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato y aquellas formulaciones que le contengan en el éjido urbano. Una normativa que se constituye una esperanza y un modelo para otros pueblos y ciudades que también necesitan proteger la vida y empezar a pensar en otro modelo productivo que sea sustentable y que se base en valores de protección nuestros bienes comunes.

Desde Marcha entrevistamos a Viqui Veronesi, integrante de la Vecinal Socioambiental de Pueblo Belgrano (lindante a Gualeguaychú) e integrante del Colectivo de Docentes de Gualeguaychú por la Soberanía Alimentaria que afirmó que “Necesitamos revisar como queremos vivir ¿queremos vivir envenenados?”

La ordenanza fue aprobada por 9 votos a favor y 3 votos en contra de los legisladores de la coalición Cambiemos.

Una ordenanza con historia

Viqui Veronesi hizo un poco de historia de la ordenanza recientemente sancionada y destacó que “El proyecto lo presentó el ejecutivo municipal en diciembre de 2017 para prohíbir el uso, comercialización y almacenamiento del glifosato en el éjido urbano. A partir de la presentación se arman rondas de dialogo al interior del Concejo municipal. En las primeras participan distintos colectivos, asambleas y grupos de vecinos y vecinas que estamos en alguna militancia socio ambiental. Ahí planteamos que apoyamos la iniciativa pero que íbamos a pedirles el marco teórico que fundamentara sus votos luego. A partir de ahí se sucedieron otras invitaciones al Concejo como a la mesa de enlace, a la sociedad rural, a comerciantes que venden glifosato en sus comercios, invitaron a los grupos que luchan contra el cáncer. Las organizaciones también sugerimos que invitaran a referentes que tenemos en la región, de lo que denominamos ciencia digna, sabiendo que en todas estas cuestiones hay una ciencia mercenaria y que publica, investiga y se introduce en academias e instituciones para marcar tendencia, para generar un tipo de conocimiento en torno a un marco científico mentiroso que ningunea y falsea el efecto de los biocidas en la vida del planeta.

Entre los representantes de la ciencia digna estuvieron algunos como Marcos Filani, abogado ambientalista, que pertenece a las Catedras Libres de Soberanía Alimentaria, vino Damián Marino, biólogo de la Universidad de La Plata y dejó en claro cuáles son los efectos de las derivas de los biocidasⁱ, que se trasladan a las napas por el aire, bajan con las lluvias y componen un ciclo en donde estamos todos y todas empapados no solo los que son rociados con los agrotóxicos, como las escuelas fumigadas.

Los profesionales de la ciencia digna se plantan y defienden la vida, porque no podemos seguir viviendo en un sistema que esté basado en los venenos, que no solo quedan en el campo sino que por deriva del agua, la tierra, que llegan a un montón de lugares, que no son solo producen efectos en el campo y que produce el éxodo de las personas que viven en el campo. Lo que plantea la ordenanza es la prohibición de uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato y aquellas formulaciones que le contengan. Quienes quedan a cargo de controlar esto será la Dirección de Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, la Secretaría de Transito y la Dirección de Inspección General todas dependen de la Secretaría de Gobierno. Una batalla que no empezó ayer y no terminó anoche con la sanción de la ordenanza”.

Cambiar el modelo productivo y los patrones de consumo

También el modelo de producción agroindustrial está en tela de juicio, porque ignora la vida. Así nos lo explicó Viqui Veronesi.

“Este es un modelo que se viene instalando hace tiempo, con políticas públicas que se definen de manera inconsulta a las organizaciones ambientales. Desde 1996 que se introduce la soja transgénica, hubo una serie de legislaciones, ordenanzas y acuerdos que propiciaron que el sistema producción siga creciendo exponencialmente, en contra del que las organizaciones venimos batallando desde hace años. Que el ejecutivo municipal presente un proyecto de ordenanza en este sentido nosotros lo saludamos y acompañamos, también en nuestras tareas cotidianas. Acá en Entre Rios tenemos una Coordinadora Provincial Por una Vida Sin Agrotóxicos, con la campaña Basta de Agrotóxicos.

En noviembre decidimos reunirnos un montón de organizaciones y presentamos en Paraná un petitorio al gobernador que plantea sintéticamente que necesitamos cambiar nuestro paradigma de producción y de consumo. Fuimos en noviembre porque acá en Gualeguaychú murió una gurisita, Antonella, un caso paradigmático, pero los gurises mueren a cada rato por causas que están relacionadas con los agrotóxicos que nos llega a la mesa con nuestra comida. Damián Verseñassi, médico lo dice: ‘si tiene veneno no es alimento’, por eso tenemos que hacer un análisis diario de lo que comemos: qué de eso es veneno y que de eso nos alimenta. Tenemos tareas cotidianas para desnaturalizar y problematizar la situación.

Necesitamos cambiar el modelo productivo y para eso tenemos que cambiar el modelo de consumo. Tenemos que revisar las prácticas, el modelo productivo actual.

Sabemos que este es el primer paso y que luego se viene caminar para construir otro modelo de producción porque hay suficientes datos que coinciden en afirmar que la agroecología es posible, una agroecología social(ista) y en ese sentido iremos caminando”.

La vida en todos sus sentidos

Este miércoles 18 también las y los apicultores de la Sociedad Argentina de Apicultores se presentan ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, a la vez que convocan a visibilizar la grave situación en que se halla el sector por la pérdida de la biodiversidad, producto del modelo de producción agroindustrial.

Al respecto, Viqui Veronesi nos explicó las implicaciones del modelo.

“Necesitamos de las abejas para que polinicen y que se pueden reproducir en condiciones esperadas y es una tarea esperanzadora. La sanción de la ordenanza de anoche fue solamente contra el glifosato, pero también hay otros biocidas. El glifosato es un herbicida que mata yuyitos que no sean la soja o el maíz transgénico y eso deteriora la floración, la variedad, la diversidad de flores de que pueda nutrirse las abejas. Por otro lado, en las cosechas también se usan fungicidas, insecticidas y eso también elimina por ejemplo las arañas. La movilización de hoy frente al Congreso también tiene como objetivo impulsar un cambio de modelo, un cambio de sistema, para que la apicultura pueda existir, sea sostenible. Es sumamente terrible lo que podría ocurrir si minimizamos y ninguneamos el actual sistema de producción que envenena y mata la vida, mata los insectos, mata yuyitos, contamina el agua. El daño que se le produce a la tierra con tantos años de contaminación con veneno es gravísimo”.

Bienes comunes

“Este caminito es largo y nos va a llevar un montón de años pero elegimos poner el cuerpo ahí en este proceso de desnaturalización. Tenemos que crear conciencia y subjetividad, crear lazos, vínculos que nos permitan pensarnos de otra manera de estar paradas y parados en este planeta. Pensar que la tierra, el aire, el agua no son mercancía.

Muchas de las organizaciones sociales que estamos nucleadas en la Union de Asambleas Ciudadanas Ambientales, UAC, no los llamamos recursos naturales sino bienes comunes de la naturaleza. En esa apropiación del lenguaje hay una carga inmensa, ya estamos nombrando de otra manera, no como recursos plausibles de ser recontra explotados, socavados y contaminados, no. Son bienes comunes que nos trascienden y no podemos decir tengo 20 años de explotación de soja que roto con el maíz, una rotación ficticia y envenenante, entenderlo como parte del ecosistema. Necesitamos revisar como queremos vivir ¿queremos vivir envenenados?

La lucha es y viene siendo contra un monstruo muy grande, y necesitamos la unidad, por eso el gesto esperanzador de la sanción de la ordenanza en Gualeguaychu. En el pueblo donde vivo que es Pueblo Belgrano, que está pegado a Gualeguaychú, ahora emprendemos también la lucha, estábamos haciendo el aguante pero ahora queremos lograr una ordenanza espejo que proteja la vida, porque la naturaleza somos todas y todos.

Este es un primer paso emblemático y esperamos que se replique. Nosotros entramos a este modelo empujados por políticas públicas que desde 1996 fortalecieron al monstruo, y nosotros salimos para lograr políticas públicas porque no podemos dejar esto librado a la voluntad del o la productora o campesinos que elijan reconvertirse y transitar el modelo hacia la agroecología. Viene sucediendo que personas de manera individual o pertenecientes a colectivos vienen volviendo a la lógica de producción agroecológica y de esas experiencias nos tomamos nosotros y nosotras para decir que son replicables, que se puede producir alimentos sin veneno, pero acá viene la gran discusión de que es lo que se pretende, si es que algunas multinacionales se llenan de dinero a costa de la salud de la población y que paguen el pato los pequeños productores”.

Cada 17 de abril se conmemora el Día Internacional de las Luchas Campesinas, una convocatoria desde hace ya muchos años de la Via Campesina que tiene como reivindicación central la lucha contra los modelos extractivos que afectan a millones de productores alrededor del mundo. Hoy tal como vemos en nuestro país, primer consumidor de productos agrotóxicos, la lucha contra el modelo no solo parte de las y los productores sino de las y los habitantes por la vida, sin distinguir el lugar de residencia. El modelo de explotación agroindustrial llegó para quedarse y de su mano la intención de ignorar la vida en sus múltiples formas.

Para finalizar, Viqui Veronesi afirmó: “Las organizaciones socioambientales que laburamos, resisitimos y luchamos en el territorio, celebramos la sanción de la ordenanza que fue presentada por el ejecutivo y que acompañamos. Sabemos que es un primer pasito, sabemos que tenemos que seguir abrazándonos, juntando cuerpo e ideas porque la lucha es larga. Celebramos este momento esperanzador para seguir. Tenemos que crear conciencia y subjetividad para cambiar el modelo”.

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Este martes 13 de marzo, en horas del mediodía se presentó en la Cancillería Argentina una solicitud para que el gobierno argentino se pronuncie públicamente en favor del cese de fuego en el cantón de Afrin, expresado en la resolución de Naciones Unidas. Con un sencillo acto frente a las puertas de la sede de Cancillería, se constituyó una comisión que entregó el petitorio dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación y Culto, Jorge Marcelo Faurie.

En el día de ayer, también se pronunció el Parlasur emitiendo una declaración en donde manifiesta “su plena solidaridad con las poblaciones afectadas por el bombardeo del Ejercito Turco y las brigadas jihadistas”. Además, hace un llamamiento a la comunidad internacional “para que cesen las agresiones y se cierre el espacio aéreo a fin de evitar una masacre humanitaria mayor”.

El presidente fascista de Turquía, Erdoğan, había anunciado ante todo el mundo su pretensión de erradir a la población kurda al oeste del río Eufrates, territorio al que pertenece el cantón Afrin, históricamente combatidos y perseguidos por el Estado turco.Habló de no aceptar la existencia kurda en esa parte de Siria y de querer “limpiar” esos territorios. Ni siquiera los regímenes sirios del pasado osaron a tal procedimiento contra kurdos y kurdas.

Un genocidio se define como: «actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». Erdoğan, entonces, prácticamente anunció en público llevar a cabo un genocidio, ante lo cual hubo una respuesta casi inexistente de la comunidad internacional, particularmente de las fuerzas imperialistas que intervienen en la zona, Rusia y EEUU, que -no nos sorprende- más que bogar por los derechos humanos, defienden sus propios intereses estratégicos en materia económica y geopolítica.

La delegación fue recibida por el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Relaciones internacionales, Marcelo Mazzone, quien aseguró que el gobierno argentino está al tanto de la resolución de las Naciones Unidas que pide el cese al fuego, y que éste apoya la misma. La comisión de organizaciones expresó su profunda preocupación y la necesidad de que se haga pública la posición argentina en el ámbito internacional, exigiendo el cumplimiento de la ya mencionada resolución. Al finalizar la entrevista, las miembros de la delegación prometieron que le darán seguimiento al petitorio.

De este modo, los diversos colectivos, organizaciones sociales y políticas, agrupaciones, partidos políticos y personalidades- se pronunciaron: “para detener la masacre que está realizando el ejército de Turquía, con el apoyo de grupos yihadistas como Al Qaeda, Al Nusra, y los restos de ISIS sobre la población civil de la ciudad de Afrin, Norte de Siria.” En el documento, además, manifiestan que “una ciudad está a punto de ser destruida por el segundo ejército más grande de la OTAN, equipado con las armas más sofisticadas producidas por varios países. Desde hace más de 50 días, el Estado turco está atacando a la población civil desde aire y tierra con 290 civiles, incluidos niños y niñas, masacrados en estos ataques”.

Cabe mencionar que la resistencia en Afrin no se realiza meramente en nombre del pueblo kurdo, sino de todos los pueblos de la región, y tomó el carácter de una resistencia en nombre de la humanidad. El objetivo no es solamente la libertad de la identidad kurda, sino la libertad de todos los pueblos del país. Por eso mismo, hoy resiste toda la poblacion de Afrin los bombardeos y el estado de sitio, sin importar su edad, género, nacionalidad o pertenencia religiosa y étnica.

En este sentido, la carta presentada finaliza diciendo: “Mandatarios de varios países, parlamentarios y representantes de la sociedad civil están pidiendo que se respete el alto al fuego, por ello venimos a solicitar que el gobierno argentino se sume a los pronunciamientos para que las Naciones Unidas implemente una zona de exclusión aérea en la región de Afrin a fin de preservar las vidas civiles y detengan inmediatamente los ataques. La comunidad internacional no puede permanecer ajena y permitir que se consuma la “limpieza étnica” y el genocidio en Afrin”.

La solidaridad internacionalista continúa siendo la mejor herramienta para hacernos eco del sufrimiento de otros pueblos de un sistema opresor que amenaza con hacer desaparecer a la humanidad. Por eso mismo, también desde aquí defendemos la libertad de los pueblos. »Afrin está en todas partes, y en todas partes está la resistencia «.

(*) Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán – Argentina

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