El 12 de junio, día internacional contra el trabajo infantil, nos han bombardeado con lecturas laxas sobre esta problemática. Celebramos el repentino interés de las y los políticos y medios de comunicación en poner a pibes y pibas en agenda, pero creemos necesario que se alejen de miradas cargadas de sentido común, donde se etiqueta abiertamente un “está mal” sin medir responsabilidades. Mucho más, como lo hace La Nación, retractándose un poco de la nota basura que sacó hace pocos días.

En esta nota, La Nazzion hace foco en el trabajo infantil, pero en el rubro televisivo y deportivo. Empieza mal, afirmando que las y los pibes de clases altas trabajan en estos sectores y comenta lo extenuantes y perjudiciales que son estos trabajos para niños y niñas. El problema es que nos quiere hacer creer que solo son las y los pibes ricos quienes laburan ahí para sacar el trabajo infantil de la cuestión de clase. Sin embargo, quienes laburamos estos temas sabemos que son personas bien de barrio las que se van a probar 1, 2, 100 veces al club para poder entrar a las inferiores, yendo de un club a otro para quedar y cumplir el sueño del pibe. Ni hablar si es el sueño de la piba, que encima lo tiene que hacer gratis. Son las y los pibes pobres quienes van a los castings de tele, a toparse con un mundo exagerado de mandatos y estereotipos.

Es que la nota la escribe desde su vivencia personal un ex gerente de la cultura y felicidad (increíble pero cierto) de Paez (las alpargatas lindas), con un cúmulo de lugares comunes y un moralismo que huele a podrido. El ex-gerente quiere demostrar que las problemáticas en torno al trabajo infantil nos afectan a todas las personas por igual, que incluso él, como padre, sufre porque le resulta inhumano que haya pibes y pibas que laburen o familias que les permitan laburar porque les hace perder la INFANCIA.

Así, desde su lugar, se encarga de menospreciar a madres y padres que se ven empujados a llevar a sus hijos e hijas a laburar porque no tienen donde dejarlos o porque necesitan que las y los ayuden. Se encarga de menospreciar a todas las familias que toman al trabajo como una instancia de aprendizaje, de transmitir aquello que saben hacer. Se encarga de menospreciar a todos los y las pibas que eligen laburar, porque, queramos o no, hay quienes quieren hacerlo, porque sienten una responsabilidad, porque sienten un interés, porque les gusta.

Pero al gerente, desde un medio hegemónico, no se le ocurre correr la mirada y preguntarse dónde está el Estado cuando hay menores laburando. Habla de un “Argentina” como responsable sin especificar que este gobierno ha empujado a más pibes y pibas a la pobreza, dejándolos por fuera de todo canal de contención. Él no problematiza qué proyectos tienen para que niños y niñas no deban trabajar y qué posibilidades tienen de no hacerlo cuando ven que en su casa no hay para comer. A él no se le ocurre pensar que si hay un pibe laburando es porque hay lugares que los contratan. A él no le resulta inhumano que un empresario gane millones a costa del laburo de menores, citemos a la primera dama Awada, por ejemplo. A él no se le ocurre pensar que la industria de la moda y la televisión necesitan de esos niños y niñas modelando, apareciendo, figurando para aleccionarnos.

Todos los medios de comunicación pusieron en agenda a las y los pibes, pero otra vez, sin escucharlos, sin hablar con ellos y ellas, sin preguntarles qué es lo que piensan sobre el trabajo. Reproducen normativas que poco ayudan a evitar aquello que prohíben, que solo invisibilizan y estigmatiza. Y con ello, también reproducen la desprotección de menores, en vez de alejarlos del trabajo. Reproducen un mensaje de No Al Trabajo Infantil sin brindar alternativas fehacientes. Reproducen una lectura que no toma en cuenta el aprendizaje que significa para algunas comunidades el trabajo de sus jóvenes.

Claro que hay trabajos que las y los pibe no tienen que hacer (tampoco adultos en la mayoría de los casos), que es inadmisible la explotación, la inserción de menores en tareas peligrosas o que atenten contra su salud. Por supuesto que deberían estar en la escuela, pero ¿Cómo lo van a hacer si hay escuelas que cierran, no tienen clases porque no hay agua, no hay vacantes ni transportes que los lleven hasta allí? ¿Cómo elegir lo que hacer con el tiempo si el gobierno no destina dinero para actividades de recreación y formación extraescolar?

Entonces, le decimos a La Nación que no. No es lo mismo el pibe rico que labura, que el pibe pobre que lo hace porque su familia no tiene para comer. No es lo mismo la que labura en un espacio de contención comunitario que la que lo hace sola, desprotegida y en riesgo. No es lo mismo el pibe o la piba que elige laburar que aquel que lo hace obligado por una situación. No es lo mismo que los empresarios hagan caso omiso a una reglamentación y tengan menores trabajando ilegalmente a que un pibe labure junto a su familia, aprendiendo mientras hace. No es lo mismo echarle la culpa a la familia que echarla al Estado, que hace 4 años está ausente para esta juventud.

Por eso, aprovechamos que un día toda la clase política se puso de acuerdo para hablar de los y las pibas (todavía les falta para hablar directamente con ellos y ellas) y que marcaron una problemática que los atraviesa, para preguntarles: ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué propuestas concretas tienen para mejorar su calidad de vida, sus posibilidades, sus elecciones? ¿Qué planes tienen para evitar que se metan a laburar por necesidad? ¿Cómo pretenden garantizarles sus derechos? ¿Conocen cuáles son? Estamos a disposición para escuchar.

*Educadoras de AulaVereda

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Por Virginia Nessi y Paula Shabel (*) / Foto: Hernán Nersesian 

Si bien resulta evidente la tergiversación y manipulación que ha hecho a lo largo de su discurso, en esta ocasión vamos a comparar las afirmaciones del presidente con la realidad que viven lxs niñxs en nuestro país. El presidente no sólo falsea información y brinda datos inconsistentes, sino que también deja en evidencia su mirada retrógrada y neoliberal sobre la niñez y adolescencia, principalmente cuando toca temas de educación, salud, economía y seguridad.

Educación

Este primer tópico, el educativo, es retomado en distintos momentos del discurso del señor presidente, pero su primer acercamiento es cuando afirma que “Lanzamos programas para trabajar por la calidad educativa”. Si ahondamos un poco, podemos recordar que la partida destinada a la educación en el presupuesto nacional ha ido disminuyendo desde el año 2015. De este modo, el desfinanciamiento se siente en programas de Fortalecimiento Edilicio de los Jardines de Infantes y Plan Nacional de Educación Digital, que cayeron un 68% en términos reales. Otro tanto ocurre con las partidas para infraestructura y para formación docente, pilares clave para la educación.

Sin tomar en cuenta estos datos, el discurso continúa tergiversante, volviendo al ruedo con la primera infancia: “más de 114 mil chicos son cuidados en 1.614 espacios de primera infancia construidos en todo el país”. Lo que no dice el presidente es que en su campaña prometió cientos de jardines y en cambio abrió algunos centros para niñxs dependientes de Desarrollo Social que no cumplen con los estándares educativos ni edilicios de una escuela, que no tienen concursos docentes ni rinden cuentas sobre su trabajo. Además del desfinanciamiento ya mencionado a la educación, esta política no toma en cuenta los miles de niñxs que son expulsadxs del nivel inicial porque ninguna provincia cuenta con las suficientes vacantes para salas de 4 y 5 años, obligatorias por ley. Tampoco toma en cuenta lo difícil que es asistir a un establecimiento educativo cuando este queda a kilómetros de distancia y no hay transporte público para movilizarse.

Dejando de lado el cierre de espacios de formación docente (que merece un análisis aparte), al hacer el vínculo entre la educación y el trabajo, Macri sostuvo que es necesario conocer las evaluaciones globales que permiten brindar datos sobre la calidad de la educación argentina. Desconoce que esas evaluaciones tienen un carácter paupérrimo en materia pedagógica y han sido criticadas por muchos profesionales del área porque busca igualar a todxs lxs niñxs en sus diferentes situaciones sociales. Cuando dice “nuestros hijos” no distingue en lxs hijxs que asisten a escuelas privadas de doble escolaridad y una cuota de más de 30 mil pesos mensuales, de aquellxs que asisten a una escuela rural en un paraje provincial. No se les puede aplicar la misma evaluación porque los procesos de enseñanza y aprendizaje son distintos. La mejora de la calidad educativa tiene que saldarse en lo material a través de formación docente e infraestructura, y, el objetivo evaluativo, en estudios realizados por quienes investigan sobre la problemática educativa desde una mirada centrada en la niñez y desde el sur.

Por otro lado, llegando al final de su discurso, Macri pregona sobre los avances en materia digital, para que docentes y niñxs se acerquen a la tecnología. Nuevamente, el presidente hace caso omiso a la falta de presupuesto y evita mencionar que su gestión cerró el Programa Conectar Igualdad, que significó una alfabetización tecnológica para millones de niñxs y docentes. En cambio, felicitó los logros del nuevo Programa Educación Digital que se implementó en las escuelas, que viene fracasando en sus intenciones dado que no toma en cuenta el hecho de que la alfabetización no es solo al interior de la escuela, sino es permitirle a lxs niñxs tener acceso desde sus hogares para la continuidad de la educación y también para la recreación.

Salud

En materia de salud, el primer punto en el discurso presidencial giró en torno al supuesto éxito de gobierno en impulsar “una mayor conciencia y un plan de acción para la prevención del embarazo adolescente”. Nuevamente, no hace referencia a programas específicos ni a sus presupuestos, todos recortados, y desconoce los datos publicados en 2018 por Naciones Unidas, donde afirman que la tasa de fecundidad adolescente es del 65 por mil, superior al promedio mundial. El presidente tampoco hizo referencia a su decisión de disolver el Ministerio de Salud, para empalmarlo al de Desarrollo Social, reduciéndole las partidas destinadas a todos los programas y demostrando en este gesto político la importancia que la gestión Cambiemos le da al sistema de salud público.

En cuanto a la política en salud sexual y reproductiva, Macri apenas mencionó las aberraciones cometidas en hospitales públicos (de provincias aliadas al PRO) sobre los cuerpos de las niñas obligadas a parir y, en cambio, lamentó su condición de mujeres violadas afirmando que: “el Estado que no pudo protegerlas antes debe estar ahí para garantizarles sus derechos.”. Parece reírse de todas las mujeres que día a día luchan por la implementación de la ILE y de las docentes que día a día luchan por la implementación de la ESI, así como de las trabajadoras públicas que abordan estas problemáticas desde programas de protección integral a la mujer cada vez más desfinanciados. Mención aparte merece su lectura sobre la maternidad, cuando se jactó de valorizar el rol de las madres “porque todavía son ellas las que más se ocupan del cuidado de sus hijos”, dejándonos bien clarito que este gobierno no pretende generar ninguna política concreta para que esto se invierta.

Economía

En los aspectos de índole económico, un primer punto a remarcar es cuando sostiene que se ha bajado la pobreza. Segundos más tarde, afirmará resignado que “la pobreza ha vuelto a los niveles de antes”, quitándose responsabilidad y aludiendo a factores externos a su gobierno como los causantes de la misma. Lo que no dice el presidente es que en el primer año de su gobierno, casi 2 millones de personas cayeron en la pobreza, según datos de la UCA. Pero sí hay una verdad en su discurso: lxs más afectadxs son lxs niñxs pero, por supuesto, no se anima a dar números. En el primer trimestre de 2018, según datos de la EPH, en el grupo de 0 a 14 años, un 41% es pobre, para el segundo trimestre de 2017, un 39% lo era. Si se focaliza en los niveles de indigencia, para el primer trimestre del año 2018, un 8% de lxs niñxs es indigente, frente a un 7,6% del segundo trimestre del 2017. Es decir, casi un 10% de lxs niños de nuestro país no alcanza a los niveles mínimos de alimentos para reproducirse. Dos consideraciones deben retomarse en estos datos: los porcentajes para adultxs, se reducen drásticamente: un 23% es pobre en el 2018 contra un 21 en 2017; un 4% es indigente contra un 3,6% en 2017. Por otro lado, estos datos de la EPH son realizados en 31 conglomerados urbanos, que si bien buscan ponderar la situación de la totalidad del país, dejan de lado a una masa de población rural, que de haber sido tomados en cuenta, hubieran mostrado datos muchos más altos sobre la situación de pobreza e indigencia. Frente a esta situación, la única solución que propone el presidente es el aumento de la AUH del 46% es una medida irrisoria frente a la debacle que ha generado en materia de niñez a través del ajuste y la desfinanciación, sumado a que la inflación ha sido de casi 50% interanual. En esta línea, la AUH bajo un 17% interanual en términos reales, sumado a los intentos de quita por zona desfavorable en 2018.

En otro plano económico, el presidente sostuvo en su discurso inaugural que frente a los problemas económicos no buscó salidas “que comprometiesen el largo plazo”, cuando en el año 2017, tomó un préstamo por 2750 millones de dólares con vencimiento a 100 años, comprometiendo a más de tres generaciones de argentinxs a su pago. Lxs niñxs que están naciendo en estos años, deberán hacerse cargo de los pagos de esa deuda. Pero además el nuevo préstamo solicitado al FMI compromete al país a aplicar políticas de ajuste a través de la baja del gasto público, el desfinanciamiento de la salud, la educación y la ciencia. Nuevamente, lxs niñxs quedan atrapadxs en una lógica de ajuste sobre sus derechos.

Seguridad

No podía faltar en su discurso el aspecto de la seguridad. Al igual que sucedió a principios de este año (y en una réplica de años anteriores) su discurso comenzó mencionando a la Reforma del Régimen Penal Juvenil. Como se sostiene desde distintos ámbitos, el cambio del Régimen es necesario, pero no de la manera en que la plantea este gobierno. Aquello que el presidente nombra como un detalle al sostener “que es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad para algunos delitos graves”, es en realidad su caballito de batalla para este año electoral, que es culpar a lxs pobres de su pobreza y buscar castigos ejemplares que calmen el descontento social. Específicamente, el argumento de la baja de edad de punibilidad está basado en la desinformación porque los delitos cometidos por menores de 16 años no supera el 5%, mientras que dentro de ese porcentaje, los delitos graves rondan en el 1,5%. Además de ello, tiene de trasfondo una perspectiva retrógrada respecto a la niñez y juventud, que no es solamente aterrador, sino también es una violación a la misma normativa del Estado argentino, que se sostiene en los principios de progresividad: no se puede realizar modificaciones legislativas que disminuyan los niveles de garantías y derechos ya obtenidos. Como ocurrió en otras oportunidades, el Presidente argumentó que el proyecto es “una respuesta del Estado a muchos chicos que van [en] camino de convertirse en delicuentes”, asumiendo que muchxs niñxs están predestinadxs a la delincuencia y que el Estado puede identificarlxs porque tendrían conductas predelictuales, dadas por naturaleza. Detrás de esto, hay una mirada estigmatizante de la niñez, que recae sobre lxs más vulnerables, lxs pibxs de familias más pobres. No conforme con esto, continuó el presidente diciendo “Y, hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos” ¿Esa es la forma de contención? ¿No se podrá, en cambio, invertir en educación y en salud? ¿O garantizarle un trabajo digno a las familias donde viven esxs niñxs?

Como punto extra, el discurso hizo referencia al ingreso de Gendarmería en las villas y en zonas vulnerables, y sostuvo que esta es una herramienta para frenar el narcotráfico, que ha dado buenos resultados. Lo que no cuenta el discurso son los casos de gatillo fácil que se han dado de mano de esta fuerza y a los que se le suman los de la Policía Federal, fogoneados desde el mismo gobierno nacional. La doctrina Chocobar recae sobre lxs más pobres y de ellxs, son lxs pibxs lxs más afectadxs.

En suma, la tergiversación del discurso presidencial no sorprende y mucho menos en un año electoral. En todos los flancos a los que apuntó ha brindado información inexacta y en muchos casos, falsa, sobre la situación del país. Pero en otros, reproduce una lógica conservadora sobre el desarrollo de la sociedad, orientándose a mejorar la situación de lxs que más tienen en detrimento de lxs que menos. En materia de niñez y adolescencia, deja en claro su enfoque punitivista y culpabilizador de la pobreza. La falta de datos exactos a lo largo de su discurso, ocultan la situación de precarización a la que se enfrentan lxs niñxs de esta y próximas generaciones.

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A tres años de la gestión Cambiemos un nuevo impulso para leyes punitivistas que estigmatizan a las infancias más vulnerables.

En diciembre pasado se cumplieron 3 años del gobierno de Cambiemos, cuyas políticas han tenido impactos negativos en diferentes esferas de la vida cotidiana de la sociedad.

El ajuste social, educativo, científico son moneda corriente de este gobierno, generando mayores niveles de pobreza y marginalidad. Estas medidas encontraron respuestas en las calles, con una fuerte movilización social, que hoy el gobierno pretende utilizar con su discurso punitivista, contra protesta y contra quien considere peligroso. En los hechos, este discurso se plasmó con muertes como las de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, y otras y otros menos conocidos, a cargo de fuerzas de seguridad, y cientos de detenidos y detenidas en las marchas, en una verdadera cacería a mansalva.

Cotidianamente, la alianza de gobierno y sus adictos medios de comunicación adoctrinan con la exacerbación de la política represiva, cristalizada en la doctrina Chocobar. Las imágenes son elocuentes al presentar a la ministra Bullrich rodeada de policías con causas abiertas, las compras de nuevo armamento para reprimir, como las Taser, y el aumento de los agentes policiales en las calles de todos nuestros barrios, que inversamente a lo que proponen muestra un aumento de los casos de delincuencia.

Al mismo tiempo se produce el incremento de los casos de gatillo fácil, que siempre dispara contra las y los mismos. En los tres años del gobierno de Cambiemos, tal como lo relevó CORREPI, 1000 personas fueron asesinadas por el gatillo fácil; la mayoría niñas, niños y jóvenes de clases populares, como el caso de Facundo Ferreira, de 12 años, asesinado en Tucumán por el agente policial Mauro Díaz Cáceres, que por supuesto no recibió por ello condena alguna.

En suma, el gobierno pone en marcha un discurso que señala como mayor problema nacional a la inseguridad y propone como única forma de combatirla la mano dura, otorgándoles libre albedrío a las fuerzas represivas del Estado. Una política que también busca plasmarse en el ámbito jurídico, con el argumento de mejorar el sistema jurídico para que responda al punitivismo de Cambiemos. El mismo gobierno que empuja a miles de niño, niñas y jóvenes a la pobreza, vulnerando sus derechos más básicos, es quien los y las condena, persigue y asesina por su situación de vulnerabilidad.

Estigmatizar las infancias

Específicamente, desde el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, han avanzado en dos aristas que profundizan esta línea de acción y nos ponen en estado de alerta a quienes trabajamos cotidianamente con las y los niños y sus familias. Mientras en la provincia se avecina el cambio en el Código Contravencional, a nivel nacional se reavivan los debates sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil. Ambos proyectos cuentan con elementos en común, como son la culpabilización de la pobreza, la estigmatización de las infancias populares y la idea de que la delincuencia es parte de la naturaleza del individuo, pobre, y no una construcción social.

Nuevo Código Contravencional bonaerense

En la Provincia de Buenos Aires, en noviembre de 2018 la gobernadora María Eugenia Vidal presentó en el Senado provincial una modificación al Código Contravencional, que entre otras cosas, busca “responsabilizar” a madres y/o padres por las “faltas” que cometan sus hijas e hijos hasta 16 años de edad. Así se expresa en el artículo 14 (página 18): “será el Juez, mediante auto fundado, determinará si la conducta del menor fue consecuencia de una falta o negligencia en sus deberes por parte de los padres o tutores, que en tal caso serán sancionados”. La propuesta se presenta como una respuesta “moderna y eficiente” a la problemática de “delincuencia” de las y los “menores” porque permitirá identificar “conductas pre-delictuales”.

Proyecto Código Contravencional Provincia de Buenos Aires 

Estos cambios que ha impulsado la gobernadora, a cargo del ejecutivo provincial, esconden una ideología que estigmatiza a las infancias pobres y a sus familias, mientras busca perpetuar el escenario de desigualdad y pobreza que hoy vive la provincia.

Es un retroceso considerar a niños, niñas y jóvenes simplemente como menores tutelados y no como sujetos que se construyen social y políticamente día a día. Incluso en las concepciones más liberales sobre la infancia se ha abandonado la idea de que las y los niños deben obedecer sin límites a adultos, que (supuestamente) les cuidan para darle lugar a la noción de sujeto de derechos, que la gobernadora parece desconocer por completo en su propuesta. Por otra parte, transforma a las y los madres y/o padres en culpables de la situación que les toca atravesar junto a los y las niñas, deslindando de cualquier responsabilidad al Estado, que desde los inicios de la gestión de Cambiemos (tanto a nivel nacional como provincial) ha desfinanciado diversos programas e instancias de contención para niños, niñas y adolescentes.

Esta supuesta respuesta moderna y eficiente carece de sustento empírico. La existencia de “conductas pre-delictuales”, en otras palabras, considerar que un niño, niña y adolescente tiene una capacidad innata a cometer delitos, se asemeja a pensar que nuestras capacidades derivan de nuestra naturaleza, como por ejemplo ser inteligente o ser curioso o curiosa, y no por un proceso de aprendizaje y construcción de la subjetividad que vincula nuestras condiciones estructurales con nuestro modo de socializarnos.

Baja a la edad de imputabilidad

En los últimos días, el gobierno nacional ha vuelto a poner sobre el tapete la reforma del Régimen Penal Juvenil, que busca impulsar la baja en la edad de imputabilidad a 15 años. El mismo será enviado a su tratamiento en las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso Nacional.

Debe recordarse que en Argentina distintas leyes reglamentan el lugar que se le da a niñas, niños y adolescentes en distintos ámbitos, como el trabajo, la participación electoral, la edad para contraer matrimonio o formar una sociedad comercial. Por ejemplo, la Ley 26.390 que regula el trabajo lo hace desde los 16 años de edad, y solo es posible desde los 15 años en el marco familiar. Entonces nos preguntamos ¿por qué un deberían ser responsables frente a la justicia desde los 15 años pero no cuentan con iguales derechos que las y los adultos en los otros ámbitos?

Una contradicción que parece naturalizar la idea que “delincuente se nace” tal como propone el Código Contravencional de la provincia y por tanto es necesario bajar la edad en la que se las y los puede someter a la justicia de los mayores.

En los discursos se fundamenta esta necesidad mirando la experiencia de otros países, donde la edad de imputabilidad es mucho menor, sin tener en cuenta, o callar, el hecho que no ha obtenido resultados en cuanto a la reducción de delitos. Al mismo tiempo los organismos internacionales de derechos humanos elevan fuertes críticas al punitivismo de menores por violatorio de los mismos. Los análisis de estas experiencias muestran que además de no haber correlación entre punibilidad y disminución del delito porque son de distinta naturaleza que las que estos proyectos buscan disuadir.

Las estadísticas oficiales y de organizaciones como CORREPI y el CELS demuestran que los delitos cometidos por menores de edad son una mínima porción del total y se concentran, casi exclusivamente, en delitos contra la propiedad y no en aquellos que atentan contra la vida, que es hacia donde apunta la reforma propuesta por Cambiemos. La punibilidad del proyecto oficial es sobre actos delictivos que no comenten, y que son una consecuencia de las políticas de ajuste que produce pobreza y falta de oportunidades.

Propuestas desde el más acá

El discurso punitivista, en particular sobre el segmento de las niñeces y juventudes, solo genera desinformación y confusión, y está lejos de producir una respuesta eficaz a la problemática de la (in)seguridad y la (in)justicia.

Quienes trabajamos directamente con las infancias más vulnerables, así como otros profesionales involucrados en la temática,  nos openemos a esta política. Creemos que un verdadero tratamiento del problema debe centrar su intervención en mejorar las posibilidades de las familias e infancias más vulnerables con políticas redistributivas, ampliación de derechos económicos, sociales y culturales y generación de empleo digno. Como decía Carlos Cajade, “detrás de cada pibe de la calle hay un padre o madre desocupada”. Nosotras y nostros gritamos en las calles, junto a las y los pibes: No Somos Peligrosos, Estamos En Peligro. Las y los pibes en la escuela y no en la cárcel.

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