Por Noor Jimenez Abraham*

Claudia Concha Ávila fue condenada a prisión perpetua por matar a su pareja, Ezequiel Gustavo Ponce, el 2 de diciembre pasado en un motel de Ushuaia por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur.

Claudia –quien fue víctima del delito de trata de personas-, fue condenada por homicidio agravado por el vínculo y desde RATT Argentina (Red Alto al Tráfico y la Trata) se reclama que la justicia no consideró atenuantes para una mujer que había sido rescatada mediante un operativo federal, “pero que no lo fue de los terribles efectos sobre su psiquis y cuerpo”, según declaró la licenciada Viviana Caminos, presidenta de la ONG.

“Claudia tenía su “fiolo” que le sacaba la plata y ejercía violencia sobre ella. Lo denunció, pidió una perimetral, en una sociedad como la de Ushuaia más amiga de los puteros y proxenetas que de las víctimas, donde se investiga después que todo ocurrió. Fue así como ella volvió con su victimario”, expresó Caminos.

El sitio web de la provincia de Tierra del Fuego pública el rescate de víctimas de trata de personas por parte de Gendarmería Nacional y del equipo de la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Rappaport, allí se puede leer cómo el Secretario de Seguridad, Javier Espósito, manifiesta sus felicitaciones por el desarrollo de los operativos.

“Claudia fue rescatada en 2013 en el local nocturno Candilejas”, contó la presidenta de RATT Argentina en diálogo con Marcha, “luego de una noche violenta que Claudia describió como de alcohol y drogas, su ex pareja terminó muerto y ella con cadena perpetua, en un caso donde la justicia no consideró ni un solo atenuante”.

Ávila declaró ante los jueces que ella se dedicaba a la prostitución y que en ese contexto había conocido a Ponce con quien luego había iniciado una relación sentimental, en la que atravesó situaciones de violencia como cuando él la amenazó con un arma para volver a estar juntos. Ella tiene 44 años y según afirmó Caminos “pide que no la dejemos sola”.

“Porque la Justicia deja sueltos a los violadores pero es terrible con las mujeres que osan enfrentar al macho, veo las fotos actuales de Claudia y la noto demacrada, más triste. Ningún medio nacional contó su historia de desamparo y desamor”, manifestó Viviana Caminos quien la conoció personalmente hace dos años cuando Ávila se había comunicado con el equipo de RATT Argentina al pedir ayuda para ver a su hijo que estaba internado en Buenos Aires. Caminos agregó: “ella estaba desesperada porque no tenía dinero, con ataques de angustia por no conseguir trabajo, ella no quería volver a la prostitución”.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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Fue una semana de movilizaciones, llamados de apoyo y, como siempre con la policía chilena, represión a toda manifestación por la machi Francisca Linconao, quien cumplió dos semanas en huelga de hambre.

Su llamado no era ni siquiera la libertad total en la causa por el que está imputada desde hace nueve meses: solo quería esperar el juicio en su rewe.

Finalmente, este jueves, tanto el gobierno -querellante en la causa- como los propios tribunales chilenos dieron marcha atrás y dejaron de considerar que una mujer anciana, autoridad ancestral mapuche, sin antecedentes penales y en un delicado estado de salud, sea un peligro para la sociedad. Con la decisión, la machi Francisca Linconao depuso la huelga de hambre y pese a que se mantiene hospitalizada en el centro de salud Nueva Imperial de Temuco, ahora podrá volver a su hogar.

El caso Luchsinger Mackay: justicia por raza

La madrugada del 4 de enero del 2013, el matrimonio de colonos alemanes Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González murió calcinado en su hogar. Un grupo de sujetos no identificados irrumpieron en el fundo La Granja Lumahue, en la localidad de General López, en la comuna de Vilcún e iniciaron el siniestro que terminó con la vida de ambos.

El 30 de marzo de 2016, los comuneros mapuche Luis Tralcal Quidel, Juan Segundo Tralca Quidel, Catrilaf Merilef, José Tralcal Coche, Eliseo Catrilaf Romero, Aurelio Catrilaf Parra, Sabino Catrilaf Quidel, José Córdova Tránsito, Hernán Catrilaf Llaupe y la machi Francisca Linconao fueron formalizados por el delito de incendio terrorista con resultado de muerte y sometidos a prisión preventiva.

La única prueba que inculpa a los 10 comuneros es el testimonio del también imputado José Peralino Huinca, entregado a dos policías, sin abogados, testigos ni grabación, solo un documento firmado por Peralino, quien no sabe leer ni escribir. En la audiencia de formalización, el comunero declaró ante cámaras de televisión, fiscales y jueces que fue torturado por los dos oficiales de la Policía de Investigaciones, quienes amenazaron con matar a su familia si es que no culpaba a la machi y a los otros 9 comuneros del asesinato de los Luchsinger. Pese a eso, los 11 comuneros, incluida la machi Francisca Linconao, fueron imputados por el delito de incendio terrorista con resultado de muerte, quedando en prisión preventiva a la espera de un juicio que se ha atrasado por el inevitable ridículo en que estaría quedando la Fiscalía si no encuentran otra prueba.

El gobierno de la socialista Michelle Bachelet es querellante en la causa, pese a prometer ante millones de chilenos en campaña que no volvería a aplicar la Ley Antiterrorista (heredada de la dictadura y que permite imputar sin pruebas concluyentes) al pueblo mapuche. Promesas en el aire.

Desde ese día de marzo que la machi ha entrado y salido de Centro Penitenciario Femenino de Temuco. La razón es simple. Su defensa pide arresto domiciliario, el Juzgado de Garantía lo concede y la Corte de Apelaciones la devuelve a prisión. En solo unos meses, Linconao ha entrado y salido de prisión en cinco ocasiones. La Constitución de 1980, otra herencia de la dictadura de Pinochet y fortalecida por los gobiernos de la mal llamada transición democrática, estipula que cualquier fallo que contemple libertad para un imputado, en caso de conductas terroristas, debe ser unánime.

En cada una de las veces en que la Corte de Apelaciones revocó el arresto domiciliario, fue con voto 1 contra 2. Es decir, solo un ministro se opuso y, cómo no fue unánime, tuvo que ir a prisión. Ese único ministro es Luis Troncoso Lagos, conocido en La Araucanía por fallar constantemente -con beneficios como el del arresto domiciliario- a violadores de derechos humanos, cómplices, civiles y militares, de la dictadura.

La última vez fue el 22 de diciembre, con la machi ya hospitalizada. Troncoso argumentó que su libertad era un “peligro para la sociedad”. Entonces fue que la machi inició la huelga de hambre. 6 días despúes, el 28 de diciembre, el mismo Troncoso fue el voto definitivo para darle libertad condicional a Jorge Temer, un “agricultor”, ex miembro del movimiento armado ultraderechista Patria y Libertad, imputado por el asesinato de dos personas y a quien le encontraron en su casa desde gases lacrimógenos, armas de guerra, fusiles y hasta un lanzacohetes.

14 días esperando lo peor

Cada día pasaba y cada día se temía que la machi ya no daría más. Así lo advertían todos: médicos, cercanos, familia, organizaciones de derechos humanos. Pero ella no cedería, estaba dispuesta a dar la vida.

Ante el silencio cómplice del gobierno, incluida a la ministra de la Mujer, la comunista Claudia Pascual, los días pasaban y la situación se extremaba. Cadenas de radio feministas, manifestaciones en todo el país, llamados internacionales, organismos de derechos humanos y políticos fueron parte de una presión que terminó por dar frutos. En el camino, la machi sufría la violencia patriarcal de una justicia que incluso determinó castigarla sin visitas por estar en huelga de hambre.

Ayer jueves 5 de enero, la Corte de Temuco revisó un recurso de amparo a favor de Linconao. En la audiencia, el abogado de la Intendencia de La Araucanía, representante del gobierno de Bachelet y querellante en la causa, estuvo de acuerdo con que esperara el juicio en libertad. Y así fue, el fallo se confirmó por la tarde y la machi bajó la huelga.

Ahora, tanto la machi como los otros 10 comuneros deben esperar un juicio por una causa que, cerca de cumplir un año, se perfila como otra ridiculez más cometida por la Fiscalía de La Araucanía contra el pueblo mapuche, como la del fotógrafo Felipe Durán o el comunero Hernán Paredes, ambos absueltos tras casi un año de prisión sin prueba alguna.

Pese a que cedieron, la represión contra el pueblo mapuche sigue día a día. Así lo vivió Brandon Hernández Huentecol, joven de 17 años baleado por la espalda por un carabinero mientras estaba en el suelo boca abajo;  Jorge Colil y Renato Lincoán, heridos después de que dos Carabieneros dispararan sus armas contra la camioneta donde estaban en Tranaquepe; Lorenza Cayuhán, mapuche que dio a luz engrillada ante la presencia de un gendarme hombre; y Macarena Valdés, líder de la resistencia contra la instalación de la central hidroeléctrica de la multinacional RP Global en Tranguil, quien apareció muerta en su hogar en extrañísimo un caso que rememora la violencia machista y racial que bien conoce América Latina con Berta Cáceres.

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Con el objetivo de visibilizar el aumento de casos de detenciones de las fuerzas de seguridad sin justificaciones y a 25 años del asesinato de Walter Bulacio, organizaciones sociales y políticas presentaron la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias.

Frente al aumento del hostigamiento de las fuerzas de seguridad de los últimos meses distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, partidos políticos, entre otros, presentaron, este miércoles en la Legislatura porteña, la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias con una conferencia de prensa en la Legislatura y el viernes habrá una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. A 25 años del asesinato de Walter Bulacio por manos policiales, con alrededor de 300 casos de gatillo fácil por año según CORREPI y con el contexto social actual es que se convoca a estas jornadas de luchas.

María del Carmen Verdú, abogada y militante de CORREPI, explicitó en la conferencia que “desde diciembre del ’83 hasta ahora hay más de 4700 personas asesinadas por el aparato represivo estatal. De esos 4700, el 40% eran personas detenidas, de ese 40% la mitad estaban detenidos en comisarías, y la mitad de estos no estaban detenidos por un delito sino por averiguación de antecedentes, por ser menores de edad o por razzias, es decir que fueron víctimas del sistema de detenciones arbitrarias”.

Además agrega que, a raíz del caso Bulacio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2003, ordena al Estado argentino derogar todas las normas que incluyan prácticas represivas y prohibir aquellas que no se encuentran normadas. Entre estas se encuentra la detención por averiguación de antecedentes, y entre las no normadas, las razzias policiales. Sin embargo, esto no sucedió y el sistema de detenciones arbitrarias sigue siendo moneda corriente.

Las fuerzas de seguridad accionan a veces en regla a las instituciones que suponen que las regulan y otras injustificadamente. Dentro de algunos amparos, la detención hoy en día es bajo un delito claro, no puede ser sin justificativo. Vemos, entonces, como casos de abuso policial que antes sucedían a sectores populares ahora aumentan y se extienden. Pero como sociedad, sin embargo, hay un aval o justificativo ¿Somos conscientes de qué estamos hablando cuándo pedimos una policía no corrupta? ¿Entendemos, y por ende, abalamos la existencia per-se de la policía aquí y en cualquier otra parte del mundo?

“El problema es la corrupción de la policía” se escucha decir por ahí, “el problema son los bajos salarios policiales”, pensamiento tan trillado como el de creer que votar al político más rico nos garantizará que no robará y en ese momento la presencia de nuestra Lilita interna se hace carne: Se sigue pensando en la corrupción como el origen de los males sociales y no como consecuencia. Los casos de abuso policial o militar son extensos e históricos, transcienden fronteras y nos lleva a un mismo punto de origen, el hetero-capitalismo.

Es interesante relacionar al machismo en general con la violencia institucional, ambos tienen el mismo justificativo: “algo habrán hecho”. Si bien las fuerzas policiales y militares actúan de una manera patriarcal sin dudas, cada vez que la policía detiene sin motivos a un joven resulta ser que este es mayoritariamente morocho y de algún barrio popular, el caso de Luciano Arruga fue quizás el icono de lo que vivian y viven miles de jóvenes humildes diariamente en sus barrios. Quizás es por el policía que muchos llevan dentro o por miedo, la autocensura en la sociedad aparece con facilidad y entonces el pibe detenido, torturado, o desaparecido por la policía termina pasando de víctima a culpable: “es un cabeza”. Del mismo modo cuando una mujer es acosada y/o abusada son los mismos mecanismos que se repiten: “era una puta, ella lo buscó”. El control social del heterocapitalismo termina así cerrando su círculo, reforzando al policía que muchos llevan dentro, apuntando a la mujer que decide salir a la calle como se le da la gana o al pibe con gorra. Aun peor, se empiezan a usar adjetivos violentos para catalogar, diferenciar y así potencialmente poder detener a los y las que no siguen su norma: “los militontos”, “las feminazis”, “las histéricas o frigidas” (las pibas que dicen que no ante un abuso), “los negro cabeza”. Hace más de un siglo atrás el estereotipo a erradicar eran los indios malos que hacían malones a la civilización, se usaron fuerzas militares y policiales para intentar diezmarlos. En la década del ’70, el estereotipo fueron “los subversivos”, en Europa son los Pakis (Paquistanies) y sudakas, y así podemos encontrar varios ejemplos.

Todo con el mismo origen: el hetero-capitalismo, ese del que Gabriela Michetti tan grabado tiene “la droga mata a los pobres como a la gente normal”. Y ahí es donde todos nos hacemos la pregunta: ¿Quiénes son los anormales? La respuesta parecería ser amplia: los pobres, los disidentes sexuales, las prostitutas, los militantes populares, los pueblos originarios, las mujeres, los “morochitos”, los inmigrantes, los laburantes precarizados, etc…

¿Es acaso un hecho aislado que en Miramar la policía haya secuestrado y torturado a Lautaro Blengio por su apariencia física “anormal”? ¿Qué relación tiene pensar en algunos de tantos casos como el del policía que abusó un menor en una estación de subte de la línea D hace más de 3 años, o el caso de Pochi Almonacid, menor de 16 años, detenido, golpeado, torturado y violado por la policía en Trelew en 2012? ¿Porqué la policía garantiza las redes de trata (como por ejemplo hace unos años en Puerto General San Martín, Santa Fe) y persigue hostiga y hasta fuerza a vender droga a las travestis de La Plata y de Salta? La lista es larga y sigue.

Entonces la policía puede ser variada: metropolitana, provinciales, federal o de otros países. Pero accionan con el mismo modo en todos los gobiernos y en estos últimos meses mas envalentonados en nuestro país y continente sin duda. Pero es el brazo armado del Estado, la policía es el puño del Estado hetero-capitalista que nos oprime día a día.

Por eso, casi un centenar de organizaciones políticas y sociales adhirieron a la Campaña Nacional contra las detenciones arbitrarias y convocan a una marcha este viernes 22 de Abril a las 17:30 desde Congreso a Plaza de Mayo. Al finalizar se realizará el acto de lanzamiento de la campaña que intenta visibilizar una de las formas más poderosas de control social que tiene el aparato represivo estatal.

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Después de los incidentes en el estadio de Talleres de Remedios de Escalada, el cronista hace un paneo de la violencia televisada y las diferencias que se encuentran entre el fútbol de primera y el del ascenso, también, en la manera en que los medios informan al respecto.

Es fácil caer en los lugares comunes de la violencia en el fútbol. Casi una tentación el repudiarla por repudiarla, sin más ni análisis. Aunque, quizás, haya matices en el ascenso. El pasado domingo, en Remedios de Escalada, incidentes fuera del estadio de Talleres obligaron al árbitro a suspender el partido del local contra Defensores de Belgrano a los 25 minutos del primer tiempo, por el campeonato de la Primera B Metropolitana. Sin tener mucho detalle a mano, pareciera ser que integrantes de la barra brava de Talleres de Remedios de Escalada se enfrentaron con la policía en las puertas de la cancha de ese club, donde hubo un auto quemado, unas doscientas balas de goma disparadas, y la calle quedó repleta de piedras lanzadas por los hinchas.

Condenar la violencia es la primera respuesta. General, compartida. Tiene el visto bueno masivo. Algún periodista dice: “La violencia es mala”, y uno casi puede oír los aplausos de fondo. De todas maneras, es interesante tomar este caso como disparador de lo que ocurre en las canchas del ascenso. ¿Cuánto acceso real tenemos a los hechos? Lo cierto es que este partido en particular estaba siendo transmitido por la señal TyC Sports, y aun así, el relator, el comentarista y quien se encontraba en el campo de juego poco podían decir respecto de lo que estaba pasando. Algunos vistazos aislados de una cámara mostraban piedras que volaban, de fondo se escuchaban estruendos, algún policía levantando las manos, pidiendo “tranquilidad”. Pero no mucho más.

De pronto, nubes de humo negro, espeso, surgen detrás del arco que defendía en ese primer tiempo el arquero visitante. El viento da un efecto más cruento. El humo se expande por la popular local, la gente comienza a vaciar la tribuna, se especula con que se había prendido fuego un auto, un patrullero, una camioneta. Los cronistas quieren proteger su integridad y se asoman hasta donde el cuerpo les permite. Es lógico. El partido se suspende y a los pocos minutos TyC emite un combate de boxeo. El espectador se queda en el limbo. Sin ser hincha, quizás busca refugio en una radio partidaria pero la información no es mucho más contundente. De ser una pequeña trifulca entre, por ejemplo, Racing y River, horas y días inundarían la televisión de información, opiniones, indignación y pronósticos.

Violencias televisadas

Sin embargo, y teniendo en cuenta que son la mayoría, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué hay de todos los partidos que no son televisados? Bueno, comencemos por aclarar que la violencia no es inherente al fútbol. Quien acude asiduamente a la cancha sabe que, en la mayoría de los casos, los partidos transcurren en paz. Claro, con que haya un sólo hecho ya es más que suficiente para repudiar todo tipo de violencia en-sí, además de los negocios entre hinchas caracterizados (falsos hinchas), dirigentes corruptibles (falsos hinchas) y presidentes acomodaticios (falsos hinchas). Nadie va a poner en tela de juicio eso, no se trata de defender “la violencia en el fútbol”, sino del acceso a la información, de la parcialidad y del negocio (sí, negocio) de la violencia del fútbol. También queda demostrado que no se trata de estar a favor o en contra de la presencia en los estadios de los hinchas visitantes: la violencia tiene raíces más profundas y no se erradica con un decreto.

Los medios de comunicación masivos son los grandes héroes: se indignan porque ocurrió un hecho violento, sin denunciar a los culpables. Se quedan en lo general, repudian la violencia abstracta sin atacar la raíz del asunto y se autocondecoran como salvadores de la patria o, peor aún, independientes. “El escenario era imposible para un partido de fútbol. El partido entre Talleres y Defensores de Belgrano se suspendió a los 24 minutos. En otro insólito y triste episodio de violencia del fútbol argentino, barras de Talleres chocaron contra la Policía de Buenos Aires” se puede leer en la publicación online del diario Olé del 27 de marzo de 2015. Pero en ningún medio se puede leer por qué “chocaron” esos barras con la Policía de Buenos Aires. Y en caso de que se arriesgue un “eran barrabravas sin entradas”, no se puede evitar leer el típico “los violentos de siempre, la sociedad no cambia más, este país está perdido”, etcétera. Pero pocos medios se meten en la interna, en la convivencia (y connivencia) triangular entre barra bravas-dirigentes-policía.

Nos dicen que el choque se debe a que la Barra quería entrar al estadio sin entradas, cuando cualquier persona que haya ido más de tres veces a cualquier cancha del fútbol argentino (ni hablar del ascenso) sabe que cualquier Barra siempre entra sin entradas, que las entradas se revenden y que, en permanente diálogo con la policía, la Barra siempre hace entrar a quien quiera sin entradas. Hace no más de 20 días un agente de control apoyaba impunemente una y otra vez su tarjeta sobre el detector de los molinetes (con el cartel de AFA plus al lado) para que sectores de la Barra de Tigre pudieran entrar a la cancha, en Victoria. Las imágenes están ahí, parecen hablar: hacían cola mientras dos o tres de la primera línea daban el visto bueno con la mirada (“este sí, este no”). La popular es su territorio y allí se mueve a sus anchas, haciendo y deshaciendo, mandando y ordenando. No parece ser suficiente esa versión (o por lo menos pareciera haber algo más detrás) y el hincha, el espectador o el simple curioso se encuentra en un mar de incertidumbre del que sabe no saldrá jamás, porque los pasos siguientes son conocidos: suspensión del estadio y a otra cosa.

Para el Ascenso que no lo mira por tevé…

Los clubes de barrio, los equipos de Ascenso, no venden, no garpa gastar tiempo precioso en los medios masivos dedicando algunas líneas o algunos segundos para ellos. Mejor hablar de cuántos penales erra Messi, del boliche de Riquelme, de las novias de Daniel Osvaldo. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) habría comenzado una campaña para que nadie ingrese a los estadios sin entradas. Las pruebas piloto siempre se hacen en el Ascenso. A los incidentes en Remedios de Escalada deben sumársele otros tantos en Morón, en las afueras de la cancha del Gallo. Pero los grupos de barrabravas, como grupos de fuerza de choque, siempre encontraron y encontrarán apoyo político o de los sectores privados o de la burocracia sindical para lograr sus cometidos. En el caso de que alguna de las facciones no pueda ingresar, habrá desmanes, quizás incluso lucha cuerpo a cuerpo, hasta que el intento cese; en el caso de que el hincha común no pueda entrar, habrá algún golpe, alguna corrida, un poquito de la tan conocida represión policial.

Mientras tanto, el hincha sigue pagando la cuota, la entrada, metiendo dos, cinco pesitos en un piluso en el entretiempo cuando le piden una colaboración para los pibes que están privados de su libertad. Sigue tolerando horarios horribles que condicionan su rutina, como que su equipo juegue un martes a las cuatro de la tarde. Sigue sufriendo por ese equipo que no da tres pases seguidos.

Ese es el hincha del Ascenso, alguien que ya no sabe quién es el malo de la película (aparte de la siempre antipopular policía), si los dirigentes maleables, los barrabravas sin colores o los medios de (des)comunicación que siempre cuentan el lado de película que les conviene. Al final del día no importa. A nadie le importa hablar de la violencia comunicacional. Parece ser que los negociados continuarán, al igual que la desinformación.

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El próximo jueves 19 de noviembre se conmemora el día mundial para la prevención del abuso a niñas, niños y adolescentes. Fecha en que desde hace varios años en la Argentina diferentes agrupaciones civiles han tomado como jornada de visibilización del abuso sexual en la infancia.

Mucho tiempo ha pasado para que la presión ejercida por las organizaciones de lucha contra el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes se tradujera en Ley Nacional Nro. 26.316, sancionada en el año 2007, que insta al 19 de noviembre como Día Mundial para la Prevención de Abuso a NNyA. Si bien la conmemoración del este día abarca al abuso en su espectro más amplio, desde el maltrato hasta al abuso sexual, sigue siendo necesaria hacer notoria la lucha que se viene llevando a cabo. A nivel nacional,  se han implementando diferentes campañas para poner en agenda la tan denostada golpiza a niños y niñas, sin embargo el abuso sexual sigue siendo una problemática silenciada, ocultada, y mayormente invisibilizada. Aún hoy, se siguen considerando delitos dentro del ámbito privado.

La necesidad de seguir visibilizando se enmarca en que 1 de cada 5 niños, niñas ha sufrido abuso sexual antes de llegar a los 18 años de edad, y que el 85% de los abusos son intrafamiliares o sea que se dan en el interior de la familia principalmente por parte del progenitor o varón de vinculo familiar cercano.

Como activista feminista y sobreviviente, en este camino de lucha contra el ASI (Abuso Sexual en la Infancia), he entendido que el abuso es un dispositivo de disciplinamiento más del sistema patriarcal y adultocentrista que pone a mujeres, niñas y niños en el lugar de objeto y de minorías vulneradas.
En dialogo con Jorge Garaventa, psicólogo perito especializado en el abordaje de ASI, nos relata que una herramienta de prevención para la no reproducción del abuso sexual bien podría ser la implementación concreta de la Ley de Educación Sexual Integral, la cuál debería implementarse con perspectiva de género desde el jardín de infantes hasta la secundaria.

Rompiendo por consiguiente con los estereotipos y abarcando a toda la comunidad educativa, desde padres, madres y docentes. También reconoce que para hacer prevención se debe estudiar, cómo se constituye la subjetividad del abusador y desde allí abordar el trabajo con la familia.

Cuando se logra clarificar la subjetividad del abusador se llega a derribar al denominado monstruo, ya que en realidad los abusadores son sujetos productos de esta sociedad patriarcal. Cuando se dice que los abusadores y femicidas son sujetos comunes y corrientes, y que no se puede establecer un perfil previo, estamos diciendo que son productos de ésta sociedad. Por lo cual, la misma debiera responder ante esto.

Es importante considerar que las conductas propias del abusador van seguir desarrollándose mas allá del abordaje que a este se le dé. No es la intención justificar sus actos cuando se intenta estudiar la constitución del mismo, sino que la búsqueda apunta a que la sociedad pueda entender cómo se engendra y en qué contexto, dejando así de naturalizar la hegemónica desigualdad de poder. Entendiendo en consecuencia que los agresores sexuales no son enfermos psiquiátricos, son hijos sanos de este sistema patriarcal, por lo tanto, son padres ejemplares, buenos vecinos, magníficos docentes. Desde esta perspectiva es que debe desarrollarse el análisis.

Cuando se invisibiliza al abuso también se lo hace con sus consecuencias, las cuales se asemejan a la tortura por el daño psíquico y físico que ocasiona a las víctimas. Una gran mayoría de las personas afectadas por esta triste realidad no pueden mencionar al abuso hasta que un factor externo haga visible este flagelo vivido. Esta medida de autoprotección, se genera en gran parte porque estos adultos y adultas no han encontrado en su niñez una persona que les crea y ayude en su camino de reparación. No han podido encontrarse con un adulto, adulta protector.

Una vez iniciado el periodo de la adultez de aquellas víctimas de abuso, debería de abordarse una pronta búsqueda de sanación, ya sea desde la iniciativa personal como la intervención de sus seres cercanos y profesionales especializados. En gran cantidad de oportunidades la ausencia de la misma puede conllevar a consecuencias considerablemente más graves. Un significativo sector de sobrevivientes ha encontrado la reparación en el empoderamiento personal a través de la empatía grupal, la reformulación de la propia historia para visibilizar al abuso, el acompañamiento de victimas y el potenciamiento de las voces para que puedan transformarse en sobrevivientes.

Para poder empezar a modificar las atroces estadísticas que enmarcan a esta realidad, también es primordial poder enfatizar en las responsabilidades de cada una de las instituciones tanto aquellas pertenecientes a lo público como a lo privado.  Acentuando la principal responsabilidad al Estado, quien debe bregar y garantizar el cumplimiento de la Ley Nro.26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como la Ley Nacional Nro. 26150 de Educación Sexual Integral. Haciendo a un lado las concesiones y demandas que reclaman las instituciones eclesiásticas, quienes son las principales encubridoras de pedófilos.

A su vez, es imperiosa la ejecución de programas de capacitación para todos los operadores judiciales que intervienen desde la primera instancia judicial, para darle finalización a la revictimizacion constante, tanto para con las madres protectoras, como para con las valientes niñas y niños que se animan a contar lo que les tocó vivenciar.

Es por esto que desde el amplio espectro  de organizaciones civiles, sociales y feministas, abocadas a la problemática, nos mancomunamos en el día a día y específicamente el 19 de noviembre para combatir este flagelo. Rompiendo con el silencio instaurado, acusando a la justicia cuando desoye las voces de los NNyA, acompañando a las víctimas y sobrevivientes y continuando con el reclamo hacia el Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación para que se hagan responsables de la problemática preponderándola en su agenda política.

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Celina Benítez está detenida hace una semana acusada de “abandono de persona” por la muerte de su bebé Milagros. Su historia se mediatizó cuando el principal acusado, su pareja, se habría ahorcado en la dependencia policial donde estaba alojado. Hoy nos llega su relato. El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires presentó una denuncia por las torturas y los apremios ilegales que habría sufrido Celina en la Comisaría de Villa Astolfi. Preocupan los casos en los que se imputa judicialmente a mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género.

Celina Benítez no tiene dudas: “Yo no soy una mala madre, siempre la críe solita”. La joven de 22 años está detenida hace una semana en La Plata acusada de “abandono de persona” por la muerte de su hija Milagros, de un año y once meses. En el cuerpo de la nena estaban las huellas de la violencia machista: abuso sexual, mordeduras, golpes y quemaduras. El sospechoso era su padrastro, pero la causa en su contra se evanesció cuando lo encontraron ahorcado en una celda. Carolina Carballido Catalayud, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar, puso la lupa sólo sobre Celina: la mala madre, la que no hizo nada para evitar la muerte de su niña. Hasta ayer, en el expediente solo figuraba la declaración que dio el hombre. La ausencia de las violencias que sufrían madre e hija oculta el contexto de un asesinato por razones de género.

El 3 de junio Celina no estaba entre las multitudes que fueron hasta el Congreso. Pero los gritos de ´Ni una menos´ retumbaron y llegaron hasta la casa que compartía desde febrero con Luis Carlos Alonzo en el barrio La Escondida, entre Villa Astolfi y Derqui, Pilar. “Cuando vi la marcha le dije ´Yo a vos te voy a denunciar´. Muchas veces me pegaba. Era muy violento”, contó en una entrevista que le hicieron en la Unidad Penal 45 del Servicio Penitenciario en La Plata, Laurana Malacalza y Sofía Caravelos del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. La intervención de las especialistas es una estrategia de articulación con la Defensoría Oficial que busca imprimir el historial de maltrato en la causa.

Una semana después de ver la movilización contra los femicidios y tomar coraje para la denuncia, Celina volvió a su casa y encontró a su hija agonizando. Su pareja decía que la nena “se hacía” la dolorida. No quería llevarla a la salita. Insistió y fueron hasta el Hospital Materno Infantil Comodoro Hugo Meisner, de Derqui. “La envolví en una mantita, paramos un auto y nos fuimos. Alonzo estuvo un ratito y después me dijo que iba a buscar el celular para llamar a mi hermana. Yo le dije que le trajera una campera. Se iba a escapar. Yo le avise a la policía como estaba vestido”, reconstruyó Celina.

Alonzo trazó con un compás el círculo de violencia alrededor de Celina y la beba. Ella esperaba un pasaje desde Paraguay para volver a su país natal y salir del lugar en el que las había puesto. “No me dejaba salir. No me dejaba hablar con la vecina. Nada. Tenía miedo que yo me encontrara con el papa de Milagros. Decía que si salía era porque tenía otro. Antes, al principio de la relación, no era así. Me decía que era una vaga, que no me gustaba trabajar. Yo siempre le tenía las cosas preparadas cuando  volvía a la casa. Le dejaba las cosas listas para que se bañara” relata la mujer desde el encierro.

El hombre no le dejaba marcas. “Me pegaba en la cara con una ojota. Se me ponía todo rojo, pero no me dejaba moretones. Me torcía la mano y los dedos. No le conté a nadie. Le tenía miedo” dice Celina. “Me amenazó con matarme con un cuchillo. Me decía que me iba a tirar al pozo de la casa y que nadie se iba a enterar de que yo estaba allí”, agregó.

Mientras Celina espera recuperar su libertad y poder hacer el duelo por la muerte de Milagros; del otro lado de las rejas un grupo de voluntades femeninas se reúne para acompañarla. A partir del caso, formaron la Coordinadora Feminista Antirrepresiva, una colectiva que está empujando una serie de acciones para visibilizar la historia; y al mismo tiempo forjar un armado de redes de asistencia territorial junto con otras organizaciones de mujeres.

Declarar bajo tortura

Celina pudo poner en palabras, también, el modo en el que fue detenida. A partir de sus dichos el OVG presentó una denuncia por presuntas torturas y apremios ilegales sufridos en la comisaria de Villa Astolfi antes de presentarse en la fiscalía. El OVG presentó la denuncia en la Fiscalía Descentralizada especializada en Violencia de Género del Departamento judicial de San Isidro y en la Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial.

“Paraguaya de mierda, confesá que vos entregaste a tu hija”, le decía una mujer policía mientras la golpeaba en la panza y le daba cachetadas. Ella estaba esposada en una celda muy pequeña. La mujer repetía: “paraguaya de mierda, porque no te volvés a tu país. Hija de puta”

Celina lloraba y los agentes ponían más reglas: no mirar, no levantar la cabeza, no llorar. Cuando se hizo de día la llevaron al patio y la dejaron sentada en una silla esposada. “Me pegaban para que declare que fui yo. Me llevaron ellos en una camioneta a la fiscalía. Me decían que era una mala madre. Yo no soy una mala madre, siempre la crié solita”.

Una fiscal reincidente

No es la primera vez que Carolina Carballido Calatayud investiga y acusa a una mujer bajo la figura de “abandono de persona”. Hace dos años impulsó la causa contra Yanina González, a quien acusaba por la muerte de Lulú, su beba de dos años que murió golpeada por Alejandro Fernández, el novio de la joven en ese momento. Después de pasar un año y medio encerrada, en marzo el Tribunal Oral Criminal 2 de San Isidro absolvió a Yanina. Durante el juicio la fiscal había pedido que estuviera 7 años y 6 meses en prisión. Tras la absolución, Carballido insistió y presentó un recurso de apelación. Daniela Bersi, fiscal adjunta ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, desestimó ese recurso y la absolución quedó firme.

No se trata de casos sueltos, la violencia machista y la criminalización judicial de las madres se hilvanan con un mismo hilo. A partir de la difusión que tuvo la muerte de Milagros en Pilar y el encarcelamiento de Celina, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer un comunicado en el que manifiesta su preocupación frente a este tipo de actuaciones judiciales. Enumeran una serie de casos que parecen calcados a lo que sufrió Celina. En todos aparecen imputadas mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género. En tales supuestos las mujeres víctimas de violencia son imputadas o co-imputadas por delitos de lesiones, u homicidios contra sus parejas o ex parejas al defenderse de sus agresiones o son consideradas co-imputadas junto con ellos, por los abusos sexuales de sus hijos menores, o delitos contra su integridad física.

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Bajo el título de La pelota no se mancha: fútbol, violencia y negocios y en el marco de los habituales desayunos de coyuntura organizados por el Instituto de Investigación Gino Germani, el sociólogo Pablo Alabarces, el periodista Ezequiel Fernández Moores, el abogado Mariano Bergés y la investigadora Verónica Moreira conversaron sobre las problemáticas actuales del fútbol argentino y mundial.

Entre medialunas y termos de café, la ponencia comenzó con una presentación de los exponentes. Los primeros minutos fueron para Pablo Alabarces, director del instituto y autor de Héroes, machos y patriotas, el último de varios escritos sobre sociología del deporte, quien afirmó, como disparador del debate, que la violencia actual en el fútbol argentino, no responde sólo a un fenómeno excepcional, sino a una trama cultural muy compleja, que incluso la legitima.

Alabarces adjudica en su análisis una responsabilidad especial al Estado, ya que además de ser el gestor de la seguridad, “desde hace seis años se ha convertido simultáneamente en el organizador simbólico de la narración a través del programa Fútbol Para Todos”, dueño de los derechos televisivos y que “en sus transmisiones jamás ha mencionado al problema como tal”. Aquí entró en escena el escándalo FIFA que llevó a Blatter a renunciar a la presidencia luego de haber sido elegido para un quinto mandato tras 17 años en la cima del poder del fútbol mundial. Uno de los prófugos en el procesamiento por parte de la justicia estadounidense que abrió la causa es el argentino y CEO de TyC Sports Alejandro Burzaco, socio del Estado Nacional en Fúbol Para Todos y del Grupo Clarín, en otros negocios.

Luego se concedió la palabra a Mariano Bergés, presidente de la Asociación Civil Salvemos al Fútbol, formada en 2008 a raíz de un problema que tuvo Mónica Lizardo, presidenta entonces del club Atlanta, quien denunció a un grupo de hinchas por hechos violentos, aunque los acusados fueron absueltos. Bergés considera que desde la creación de Salvemos al Fútbol la situación ha empeorado, pero a ellos les sirvió para pasar de una actividad exclusivamente de denuncia a una más amplia que prioriza la contención de las víctimas directas y sus familias –a través de profesionales de la psicología de la UBA–, e incluye la investigación junto a sociólogos, porque “he aprendido que el fenómeno no se trata sólo de hacer una denuncia para que un juez resuelva, sino que es mucho más complejo, que tiene que ver con el territorio con el tipo de negocios que se realizan”.

El ex juez de instrucción distinguió la gestión de la ex Ministra de Seguridad Nilda Garré (entre 2010 y 2013) como la única que intentó avanzar en una solución a esta problemática durante los gobiernos kirchneristas, con medidas como la creación de un protocolo policial e incluso la suspensión de un partido desde su propia casa, a diferencia del actual Ministro Sergio Berni quien ni siquiera se involucró durante los lamentables sucesos vividos la anterior semana en la Bombonera, cuando se esperó más de una hora a que desde Paraguay –país en donde se encuentra la sede de la CONMEBOL– dieran la orden de suspender el encuentro. Frente a esta realidad fue que Bergés sintetizó el aporte que ellos quieren dar en la pregunta de si es éste el tipo de seguridad que queremos para los espectáculos deportivos, si no sería más conveniente empezar a trabajar en nuevos operativos, específicos para enfrentar las situaciones que vivimos en el presente, entre otros motivos porque “la policía militariza los estadios”.

Ezequiel Fernández Moores, especialista en el análisis de las relaciones entre el deporte y el poder económico/político puso el foco en la estructura piramidal de la violencia generada desde arriba, por la impunidad de esos organismos internacionales cuando toman decisiones al menos sospechosas, como la elección en 2010 de las sedes de Rusia y Qatar para los mundiales de 2018 y 2022 respectivamente, relegando a un gigante como Inglaterra y pretendiendo organizar un torneo en el desierto, en pleno verano. Al respecto, Fernández Moores no cuestiona la investigación en sí, pero se pregunta ¿por qué ahora y por qué un organismo de Estados Unidos? “Es de una hipocresía absoluta que un país que ni siquiera le llama fútbol al fútbol (allí se llama soccer) aplique una ley inusual (por la ley antiterrorista), interpretada de una forma inusual en una sociedad que tampoco consume demasiado de este deporte”. Pero negocios son negocios y los intereses económicos que se han tocado en los últimos años (Estados Unidos quería organizar el mundial de 2022) han llegado muy alto. Todo huele a venganza.

Para referirse a los hechos locales, el periodista manifestó que “el fútbol es desborde por naturaleza, puro ruido; y ese ruido confunde a todo el mundo: hinchas, periodistas, dirigentes”. Aludió a la innegable relación con el poder político, “todas las líneas importantes de Boca pertenecen a un mismo partido político”, y se resignó con los resultados que se están dando desde la justicia, “mi sensación es la de la cultura de la impunidad”.

Finalmente fue Verónica Moreira quien se adentró en el tema de la relación entre las barrabravas en el fútbol argentino y el poder político. La antropóloga y doctora en Ciencias Sociales, autora de numerosos artículos y libros sobre el tema, llevó el análisis a la relación con la violencia general que se vive hoy en la sociedad, reflejada también hace unos pocos días en la masiva manifestación nacional bajo el lema de “Ni Una Menos” (que halló ecos en varios países de la región). Sugiere que “la información se ha partidizado porque el periodismo habla desde el lugar del hincha” y las investigaciones periodísticas en el mundo del deporte “visibilizan a los barras desde un lugar que los legitima”, al no haber una justicia que los castigue.

Tampoco se muestra optimista en el futuro cercano “porque no son sólo relaciones de dinero (entre los barras y los dirigentes); hay cuestiones de lealtad” hacia los clubes. Y con respecto a la violencia entre barras definió que “simbólicamente está naturalizado que hay que eliminar al adversario”. Como posibles medidas recordó el experimento brasileño llamado “pulmón de convivencia”, en el cual hinchas del Internacional de Porto Alegre y del Gremio, de la misma ciudad y cuya rivalidad histórica es similar a cualquier clásico del fútbol argentino, conviven en determinado sector de la cancha.

Queda claro que hay mucho por hacer, mucho por aprender en materia de violencia en el deporte y queda claro también que es el Estado quien debe asumir las responsabilidades políticas para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, para que volver a ir a la cancha sea una fiesta sin violencia.

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La joven Cristina Bertos, de Lomas de Zamora, fue asesinada por el padre de sus hijos, que la consideró de su propiedad. Es un nombre más a la lista de femicidios del sur del Conurbano. La difusión de su caso entre compañeras de la organización Ellas Hacen provocó que muchas denunciaran que atraviesan la misma violencia.

Una mujer más víctima de femicidio. Una más, de tantas que pierden la vida a manos de la violencia machista y el desamparo institucional. Cristina Bertos, madre de siete hijos, fue asesinada por su marido, Eduardo Demetrio Leguizamón, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. El deceso de la mujer ocurrió el 14 de abril, luego de haber permanecido internada dos días en el hospital local Luisa Gandulfo, al recibir dos disparos en el cuerpo. Familiares, compañeros y vecinos marcharán el martes a las 10, desde Camino Negro y Martín Rodríguez hasta Tribunales para exigir justicia.

La mujer, de 28 años, trabajaba en la Cooperativa Susana Trimarco y estaba terminando, con mucho esfuerzo, sus estudios secundarios en una escuela de su barrio, en el marco del Programa Ellas Hacen, un proyecto educativo y de inclusión social destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad social. Según la información que trascendió en algunos medios locales y en redes sociales, el agresor estuvo nueve días prófugo, pero ya fue detenido.

La causa, caratulada “homicidio agravado por el vínculo”, se encuentra en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey, e interviene el Juzgado de Garantías 8, a cargo del juez Gabriel Vitale, pionero en analizar el contexto de violencia en femicidios en casos que tomaron trascendencia nacional, como el de Fátima Catán. Los restos de la víctima fueron inhumados en el Cementerio de Lomas de Zamora.

Despatriarcalizar desde el aula

El Programa Ellas Hacen es un plan de alcance nacional que tiene por objetivo reinsertar en el ámbito educativo a aquellas mujeres mayores de edad que deseen terminar el secundario, que se encuentren desocupadas y en situación de riesgo. Se les brinda la posibilidad de terminar los estudios, al mismo tiempo que el Estado les proporciona una ayuda económica, que en muchos casos es el único ingreso que poseen para sostener su vivienda. Cristina Bertos, al igual que centenares de mujeres de los barrios más desfavorecidos del Conurbano bonaerense deseaba terminar la escuela. Pero se quedó en mitad de camino, porque el padre de sus hijos, creyendo que ella era de su propiedad, deliberadamente terminó con su vida.

Las mujeres (muchas son madres adolescentes y con más de tres niños o niñas) que ingresan al plan sufrieron o sufren algún tipo de violencia machista. En gran parte de los casos el agresor es el padre de sus hijos. A raíz del femicidio de Bertos, algunos de los y las docentes de las escuelas de Villa Fiorito, Budge y Villa Albertina, decidieron llevar el caso al aula para visibilizar esta problemática. Uno de los objetivos primordiales que se planteó fue la necesidad de desnaturalizar todo tipo de violencias hacia las mujeres, abrir el debate, el intercambio de miradas, contar experiencias y pensar entre todos y todas distintas estrategias para la prevención.

Algunas docentes brindaron información acerca de cuáles son las leyes que amparan a las mujeres en situación de violencia familiar. Y otras profesoras y psicólogas ofrecieron ayuda psicológica para quienes lo necesitaran. Las estudiantes demostraron el interés en abrir el debate y manifestaron la necesidad de que haya espacios de contención para las mujeres que denuncian casos de violencia. “Que no tengan que volver a sus casas con el hombre que las agredió, luego de hacer la denuncia”, fue uno de los principales reclamos.

Los y las docentes del Plan Fines de la zona también se sumaron a la iniciativa de trabajar la temática en las escuelas y sedes. Durante los debates, los estudiantes manifestaron la intención de crear redes entre los docentes y alumnos para estar alertas frente a esta problemática. Y la necesidad de pedir justicia por su compañera, para que esto no suceda nunca más.

Para ayudar a la familia de Cristina Bertos se pueden realizar donaciones de alimentos y ropa para los hijos, los lunes, martes y miércoles, de 18 a 20, en la Escuela 82, ubicada en Ricardo Palma y Baradero, Budge.

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Patadas, insultos y agresiones: la violencia se da en la tribuna y describimos en el especial semanas pasadas, también aparece en el campo de juego del fútbol argentino. Para que algo cambie, la importancia de terminar con esta clase de hechos.

La violencia reina en todos los ámbitos del fútbol, no sólo en las tribunas. Los jugadores colaboran directa o indirectamente.  La ponen de manifiesto en declaraciones, gestos y agresiones físicas. Domingos atrás Leandro Desábato y Daniel Osvaldo protagonizaron un choque. No es la primera vez que el futbolista de Estudiantes desafía a un rival. Registra polémicas con Ariel Ortega, a quien le dijo “borracho y golpeador de mujeres”, y con Diego Buonanotte. Además tildó de “negro” al brasileño Grafite, en una conducta racista y repudiable. La acción del zaguero central se transformó en moneda corriente.

Pero no fue el único caso. En el marco de la sexta fecha, Agustín Orión volvió a cometer un exabrupto. Salió con las dos piernas para adelante y lastimó a Carlos Bueno. El uruguayo  sufrió la fractura de tibia y peroné de su pierna derecha. El delantero iba de cara al gol, pero la nota del día fue la infracción que padeció.

La respuesta no se hizo esperar. El presidente de San Martín de San Juan, Jorge Miadosqui, calificó al portero de “malintencionado”. Es que el goleador casi se queda sin carrera profesional. Hace unas semanas fue intervenido quirúrgicamente, mientras que el Tribunal de Disciplina le dio cuatro jornadas al arquero. Sanción generosa si tenemos en cuenta que el punta estará seis meses sin pisar el verde césped. Mucho tiempo para un veterano. Lo admitió Fernando Mitjans, titular del organismo. Las declaraciones de Patricio Loustau condenaron al victimario.

El guardameta suma un extenso prontuario. Por eso el hecho tomó una dimensión grave. En el torneo largo vio la roja ante Temperley, producto de un cabezazo a Juan Ignacio Dinenno.  Perjudicó a Boca ya que dejó a su equipo con diez hombres. Muchos recuerdan el cruce con el juvenil Leandro Paredes, a quien increpó en un entrenamiento. Cabe señalar, la pelea con el ex compañero Pablo Ledesma. El volante recibió golpes severos. Vistiendo los colores del ciclón, increpó a Jonathan Bottinelli. Además tuvo un cruce con Radamel Falcao García, cuando el colombiano pertenecía a River. “La próxima te rompo la cabeza, ¿escuchaste?. Te voy a llevar al hospital” fueron las palabras del número uno. Son actitudes que no ayudan porque alimentan la hostilidad del espectador.

Del mismo modo, la dificultad atraviesa a las categorías del ascenso. En la Primera B, los futbolistas de Brown de Adrogué y Colegiales, emprendieron una contienda en el Lorenzo Arandilla. El árbitro, Américo Monsalvo, debió expulsar a uno de cada camiseta. Durante un partido del Federal C, Marcos Araya, de Deportivo Pucará (Tunuyán), golpeó al referí. Luis Damián Martínez, había expulsado al defensor, que reaccionó con una trompada en el pómulo izquierdo.

Con este panorama, el plano deportivo es secundario. Más allá del acto brusco, surge la necesidad de dar el ejemplo. El fútbol no le es ajeno a la violencia social y varios jugadores no se comprometen a terminar con la problemática. ¿Hasta cuándo?. La agresión originada en la cancha profundiza el drama. Es una dinamita a punto de estallar.

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Segunda entrega del especial sobre “fútbol y violencia”. Esta vez, los hechos sucedidos hace unas semanas en las canchas argentinas son el disparador para las líneas que siguen.

En el fútbol vernáculo, el siga siga que nada ha pasado es moneda corriente. Claro que no hace referencia a la frase popularizada por el ex árbitro Francisco Lamolina, sino porque la violencia no se detiene y las soluciones no aparecen. A pesar de que se tomaron medidas irrisorias, como prohibir la asistencia de los visitantes a los estadios, los conflictos entre barras siguen existiendo, esta vez entre los del mismo cuadro, como ocurrió el otro fin de semana hacia adentro de las barras de Quilmes, por un lado, y la de Tigre, por otro. Se suspenden sectores de tribunas por algunos partidos, pero los proyectiles vuelven a caer semanas después, como es el caso de Godoy Cruz. Se juegan partidos sin público, quitándole una de las cosas más lindas que tiene el fútbol: el color y el calor de los hinchas. Sin embargo, la violencia sigue diciendo presente.

Esta vez, fueron varios los episodios de violencia ocurridos en los estadios. El domingo, un hincha de San Lorenzo falleció tras caer al vacío en el encuentro que el local jugó ante Huracán, aunque se desconoce el motivo. Dicha caída provocó que fuera lastimado Esteban Otero, hincha del Ciclón que se encontraba en el playón, y todavía está internado. El fin de semana pasado, los jugadores de Huracán salieron con una bandera en apoyo a él. Pero hubo más: Jorge Anca, directivo de Huracán, denunció que un grupo de simpatizantes de club de Boedo rompió las rejas que separaban los sectores de la hinchada y de las directivas e intentaron agredirlos. En las afueras del estadio, la barra brava visitante, que no podía acceder al estadio por la prohibición que existe, agredió a hinchas cuervos que volvían a sus hogares. Por suerte, no pasó a mayores.

En Mendoza, durante el cotejo que disputaron Godoy Cruz y Lanus, un masajista del equipo visitante fue herido por un proyectil procedente de la parcialidad rival minutos antes del comienzo del partido y tuvo que ser operado por un desprendimiento de córnea. Por este hecho, el conjunto cuyano deberá jugar sin público su próximo encuentro como local ante Independiente. Sin embargo, aparece la pregunta de siempre: ¿Debió darse inicio al partido o” debería haberse suspendido?

En Quilmes, cuando promediaba la primera mitad, hubo disturbios entre barras de la parcialidad por, según algunos testigos, cuestiones meramente políticas. En el entretiempo del encuentro, la policía detuvo 18 personas. Algo similar sucedió en el encuentro que enfrentó a Tigre y Atlético Rafaela. Según fuentes policiales, los disturbios entre barras bravas se produjeron por cuestiones relacionadas “al dinero y diferencias políticas entre personas que responden al partido que lidera el ex intendente del municipio, Sergio Massa”.

Mientras tanto, los dirigentes se lavan las manos. Después de cada hecho violento, salen a hablar a través de los medios para tratar de explicar lo inexplicable. Pero son ellos mismos quienes conviven y alimentan a los agresores. Les dan entradas, liberan la zona junto a la policía, evitan entregar las listas de admisión, les dan trabajo en el club, y así podemos seguir con la lista de beneficios.

¿Quién se acuerda a esta altura de cuando Javier Cantero, en ese entonces presidente de Independiente, intentó plantar la bandera contra los barras bravas? En ese entonces, y hasta hora, lo dejaron solo. Porque no es fácil, porque es un trabajo a largo plazo, porque se necesita colaboración de los dirigentes futbolísticos pero también políticos.

Entonces, habrá que seguirse preguntando si alguna vez se terminará la violencia; si se podrá ir a ver al quipo propio cuando juega de visitante (algo que parece ya tan lejano)… Y más: ¿Por qué pagan todos los hinchas por irresponsabilidad de un par de mercenarios o de la ineficiencia dirigencial? Preguntas y más preguntas que, por ahora, no tienen respuesta. O quizás sí la tengan, aunque habrá que seguir esperando por ellas.

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