Las mujeres nos hemos enfrentado históricamente a la sospecha, a la vigilancia permanente y a todo tipo de castigo. Cuando nosotras controlamos nuestros cuerpos, nuestras actividades reproductivas y el conocimiento, ha implicado que recibamos todas las formas de violencias posibles. Por eso seguimos luchando. 

La violencia como estrategia, heredada de la inquisición y la contrainsurgencia, forma parte del régimen patriarcal; quienes actúan desde ahí insisten en disciplinar, adoctrinar y silenciar a las personas, a las mujeres, que con su labor interpelan a este sistema que pone en el centro a los hombres y sus intereses, principalmente a quienes tienen poder. Se trata de un sistema que pretende apropiarse del cuerpo de las mujeres con el castigo, encierro y control. 

Durante la invasión española, las mujeres que practicaron la medicina o su espiritualidad, las que se opusieron a los tributos o a denunciar las injusticias y despojos fueron encarceladas o ejecutadas.  

El encarcelamiento político de las primeras que organizaron huelgas y sindicatos, tras ser acusadas de bolcheviques o comunistas, se remonta a los años veinte del siglo pasado. 

Durante la historia reciente, cuando la participación política y social empezó a ser más activa y colectiva, fueron reprimidas. El archivo de la Policía Nacional es testigo documental de miles de acusaciones contra mujeres, lesbianas y contra disidentes políticas y sexuales señaladas como prostitutas, locas, alcohólicas, malas madres, desviadas o subversivas. Tras rumores y difamaciones, muchas de ellas fueron desaparecidas o asesinadas.  

La lucha por ganar espacios políticos vino con el movimiento de mujeres sufragistas. Graciela Quan Valenzuela, una de las primeras abogadas graduadas de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), fue pionera en un momento en el que las mujeres no tenían, ni siquiera, el derecho a votar. Sería gracias a su lucha y la de otras que en 1944 las mujeres alfabetizadas, privilegio casi exclusivo de mestizas, ganarían el derecho al voto.   

En Guatemala la historia de la lucha por la justicia y la memoria histórica la han encabezado, en su mayoría, las mujeres. Muestra de ello ha sido el reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú Tum, originaria de Uspantán, Quiché, quien denunció al mundo  los crímenes que se estaban cometiendo en su comunidad y en el país durante el conflicto armado interno.  

Mujeres como Rosalina Tuyuc, Nineth Montenegro o Aura Elena Farfán dedicaron sus luchas a la búsqueda de sus familiares desaparecidos por  el Ejército de Guatemala o por el propio Estado. Ellas fundaron organizaciones como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) o FAMDEGUA (Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Guatemala). Otras lo hacían desde sus organizaciones estudiantiles, como la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” (AEU) o los sindicatos. Miles de personas fueron castigadas con la desaparición forzada, la tortura o el asesinato político.

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Otilia Lux formó parte del grupo de personas que elaboró el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), presentado en 1999 con el título Guatemala: Memoria del silencio. 

En dicho informe, organizado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), miles de mujeres dieron su testimonio para que se conocieran las atrocidades de violencia física, sexual y psicológica a las que habían sobrevivido durante el conflicto armado interno que duró 36 años en el país. En abril de 1998 el obispo Juan Gerardi fue asesinado por haber documentado el horror cometido por agentes estatales. Las comunidades se organizaron en cientos de comités de víctimas y sobrevivientes para clamar justicia por el despojo, los crímenes de guerra y genocidio cometidos en su contra.

La justicia en el país continuaba resonando por los estragos cometidos durante la guerra. En la segunda década del nuevo milenio se logró enjuiciar a más de una decena de militares y policías de alto y bajo rango por casos emblemáticos de violencia sexual y delitos de lesa humanidad a la que fueron sometidas. 

Casos como el de las mujeres de Sepur Zarco, el de las mujeres Achi’, el caso contra Emma Molina Theissen, o el de Creompaz (Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz), el de la toma y quema de la embajada de España y el caso de desaparición forzada del sindicalista Edgar Fernando García, todos fueron impulsados por mujeres indígenas, mestizas activistas y comunitarias.  

En estos procesos vimos a juezas, fiscales y abogadas que, pese a los riesgos para ellas, se atrevieron a investigar y dar sentencias condenatorias. Es el caso de  la jueza Yasmín Barrios y la fiscal Gilda Pineda, quienes condenaron a Ríos Montt en mayo de 2013 por genocidio contra el pueblo Ixil de Quiché. También han asumido un papel relevante varias abogadas, que como querellantes acompañan a sobrevivientes y testigas, como Lucía Xiloj, Jovita Tzul Tzul o Wendy Geraldina López. 

Los Acuerdos de Paz plantearon que como garantía de la no repetición de crímenes graves contra la humanidad como el genocidio, debían investigarse las estructuras paralelas y aparatos clandestinos. De ahí que con el tiempo se organizó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). A partir de este hecho y que al Ministerio Público (MP) llegaron mujeres valientes como Claudia Paz y Paz y luego Thelma Aldana, quienes tuvieron la voluntad de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con estos crímenes y los de corrupción. 

Todo el trabajo de investigación de decenas de personas, como fiscales y mandatarias de CICIG fueron claves para demostrar el funcionamiento de esas estructuras, así como procesarlas e incluso encarcelarlas. No pasó mucho tiempo para que dicha Comisión fuera desmantelada por el gobierno de Jimmy Morales. Entonces empezaron a ser perseguidas. 

Varias abogadas y defensoras de la justicia que fueron magistradas, juezas, jefas del Ministerio Publico, fiscales y mandatarias investigadoras han enfrentado procesos penales montados y manipulados. Leily Santizo, Claudia González, Siomara Sosa, Samari Gómez, Paola González, Aliss Morán, Paola Escobar y Virginia Laparra han tenido que estar en la cárcel. Flor Gálvez, Claudia Escobar, Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana, Gloria Porras, María Eugenia Morales, Erika Aifán, Amy Girón, Mayra Véliz y otras han tenido que salir al exilio tras el acoso y hostigamiento permanente. Otras como la jueza Yasmín Barrios se mantiene en Guatemala, no sin estar en riesgo permanente.

Estos hechos de violencia política se cruzan con líneas casi invisibles de misoginia y otras formas de violencias machistas. De nuevo el mandato sobre las mujeres que no obedecen, que se atreven a hablar o a denunciar son castigadas y acusadas de soberbias. Los intentos de sometimiento provienen de lo que en Guatemala desde el 2017 se conoce como el Pacto de Corruptos, que no es más que el pacto patriarcal del bloque dominante, en beneficio de hombres con poder, militares, empresarios o funcionarios públicos acostumbrados a mandar y gozar de absoluta impunidad y que no soportan que sean mujeres quienes hayan puesto en tela de juicio las formas del ejercicio de poder y de acumulación de capital.

Ellos no solo las han atacado como profesionales sino como mujeres, ridiculizando sus logros profesionales y aspectos de su vida personal y familiar.  Su fin último habría sido cortarles las alas, silenciarlas y encerrarlas.

El efecto ha sido todo lo contrario, ellas se han fortalecido, gozan de apoyo y respaldo en todo el mundo. La respuesta ante el pacto patriarcal de corruptos ha sido afianzar el apoyo y la organización entre mujeres, que parte de la conciencia colectiva de la amenaza común que las intenta controlar.  De este modo se sale del lugar en donde pretenden ubicarlas, a la vez que se rompe con la lógica de control y de sometimiento. En el que la reflexión y la escritura son una contribución para lograrlo.

El especial periodístico “Nos queremos libres” es un esfuerzo que intenta explicar cómo el retroceso democrático tiene implícita la violencia machista y cómo pese a todas las estrategias para que el modelo se mantenga, las mujeres resisten.

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Por Tania Puente y Mariana Brito Olvera | Foto: Petit Coffy

“Ya mátate, marrana; ya mátate, mátate, mátate, qué estás esperando para matarte; mátate puerca”. “Vamos a ver cuándo te recibes, idiota. Igual que tu hermano. Van a pasar años antes de que te recibas de algo”. Este tipo de mensajes, que iban desde la amenaza de no permitir la titulación de la estudiante, hasta la instigación al suicidio, fueron grabaciones telefónicas dadas a conocer en 2011 por una de las estudiantes denunciantes de Arturo Noyola Robles, quien en ese entonces era docente de Literatura mexicana en la FFyL e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)^[1]. Estas grabaciones telefónicas, junto con fotografías de golpes, copias de correos electrónicos y de una denuncia levantada ante el Ministerio Público, acompañaron la carta que la denunciante entregó, junto con el apoyo de las consejeras técnicas estudiantes del colegio de Letras, a diferentes autoridades universitarias en aquel momento, exigiendo la renuncia del profesor.

El caso de esta estudiante no fue el único. Gracias a su denuncia, se sumaron otros testimonios. Arturo Noyola Robles aprovechó más de una vez su rol docente para entablar relaciones afectivas y sexuales con sus alumnas, a quienes posteriormente maltrataba, ya sea insultándolas, golpeándolas o incluso privándolas de su libertad. Fue a partir de las denuncias de las estudiantes agredidas, y del acompañamiento de las consejeras técnicas y de colectivas feministas, que se logró que la UNAM rescindiera su contrato en agosto de ese mismo año.

Sin embargo, el pasado 19 de mayo, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB), a través de su cuenta de Facebook, llevó a cabo una charla en vivo a cargo del docente agresor. Después de su destitución, Noyola inició una demanda contra la UNAM y ganó, por lo cual fue reincorporado a la planta de investigadores, sin notificar nada de esto a las denunciantes. Por medio del grupo Universitarias Unidas contra la Violencia de Género, se publicó un documento, firmado por numerosas organizaciones feministas, donde se puede leer lo siguiente: “Todas nos preguntamos cómo un potencial feminicida gana un juicio contra la máxima casa de estudios en México”^[2]. La alusión a potenciales femicidios no es gratuita, pues México es un país con una de las tasas más elevadas de femicidios: según cifras oficiales, todos los días son asesinadas 10 mujeres^[3]. De esta violencia machista no están exentos los espacios universitarios: basta con recordar el caso de Marichuy, estudiante de 19 años del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien en enero de 2016 fue asesinada al ser lanzada de un quinto piso por un profesor que la acosaba y con quien ella no accedía a entablar relaciones.

Justamente a causa de la violencias machistas vividas dentro de la universidad es que varias escuelas preparatorias y facultades de la UNAM permanecieron tomadas desde noviembre de 2019 por organizaciones feministas, cuyas demandas estaban vinculadas a la violencia de género. Es importante recordar que en los últimos años las agresiones dentro de la institución habían alcanzado límites inadmisibles, tal como el femicidio de Lesvy Berlín Osorio, estudiante de 22 años del Colegio de Ciencias y Humanidades de dicha casa de estudios, encontrada muerta atada al cable de una caseta telefónica dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Pese a que las cámaras de seguridad mostraban los momentos previos a su muerte, en los cuales se veía que su pareja la golpeaba, se requirió un largo proceso para que se hiciera justicia, demostrando lo obvio: su novio la había matado.

Además de las demandas para hacer frente a la violencia de género (como protocolos realmente efectivos, creación de centros de unidad de atención e impartición de programas de sensibilización), otra de las exigencias del movimiento feminista universitario era que la Universidad pidiera perdón a la familia de Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la FFyL de 21 años de edad, “por entorpecer las primeras investigaciones luego de su desaparición” en 2018. Vanessa salió de su casa en abril de ese año y hasta el momento no se sabe nada de su paradero. En distintas entrevistas, los familiares han hablado del poco apoyo que han recibido de las autoridades universitarias.

En el contexto de la actual contingencia, los paros tuvieron que ser levantados. En un comunicado publicado el 14 de abril pasado, las Mujeres Organizadas de la FFyL afirmaron: ”Hemos sido obligadas a tomar esta decisión debido al contexto de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Hacemos énfasis en que la entrega de las instalaciones no responde al cumplimiento de nuestras demandas, ya que es evidente que éstas no han sido cumplidas en su totalidad”^[4].

A la luz de estos antecedentes, la reaparición de Arturo Noyola en la esfera pública universitaria constata no sólo la pertinencia de las denuncias y protestas, sino también deja al descubierto el profundo desinterés por parte de las autoridades con respecto a los derechos de las estudiantes.

Entre el sigilo y el silencio, el proceder de la universidad cae en una complicidad tácita con el agresor, la cual habilita un proceso de revictimización y, simultáneamente, imposibilita toda reparación. Sin previo aviso, las compañeras agredidas vuelven a encarar la presencia de su violentador, quien esgrime su impune autoridad y prestigio cobijado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Muestra de ello es lo sucedido en la charla virtual que impartía Noyola desde las redes del Instituto, el día 19 de mayo. Para evitar la réplica de las denuncias en los comentarios de la transmisión en vivo, el Instituto interrumpió la charla y, posteriormente, borró todo rastro de la actividad, a la manera de una operación de encubrimiento consciente.

En el comunicado antes citado, las Universitarias Unidas contra la Violencia de Género, solicitan que “se transparente el juicio que enfrentó Arturo Noyola”, al tiempo que exigen “un nuevo juicio y que se tomen en cuenta los demás testimonios de mujeres amenazadas de muerte, golpeadas privadas de la libertad, intimidadas, hostigadas física y sexualmente por este potencial feminicida”. La exigencia es clara: si las autoridades universitarias quieren combatir realmente la violencia de género, Arturo Noyola debe ser destituido. Mientras agresores como él sigan habitando con impunidad los espacios universitarios, el único tipo de (in)justicia que podrá impartir la UNAM es la patriarcal.

^[1] https://www.youtube.com/watch?v=lAMyJDb2adM&t=38s y https://www.youtube.com/watch?v=G93ueYU_HpY

^[2] Documento entero: https://www.facebook.com/109626510761526/photos/pcb.109719274085583/109708734086637/?type=3&theater

^[3] Secretaría de seguridad y atención ciudadana, “Información de violencia contra las mujeres”, publicado el 31 de marzo de 2020: https://drive.google.com/file/d/1jew7rwBA09ub6dgROme4uFaOwYaF6hHv/edit

^[4] Disponible en: https://www.facebook.com/MujeresOrganizadasFFyL/photos/a.154160961759271/549090795599617/?type=3&theater

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Ayer se volvió a vivir una masiva presencia en las calles: al reclamo contra las violencias machistas se sumaron las denuncias por los ajustes y el empobrecimientos que generan las políticas del gobierno de Cambiemos, y se hizo fuerte el pedido por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Crónica de una tarde donde la lluvia no opacó colores ni alegrías.

Como si la multitud ya no fuera sorpresa caminamos, otra vez, entre cientas de miles. Pareciera que las marchas se convirtieran por horas en los lugares más seguro y reconfortantes para estos días de hostilidad, violencias y miserias. Y para continuar con esa construcción de camino sólido, un nuevo Ni Una Menos irrumpió en el cotidiano porteño. No hubo lluvias, frío, cambio de día ni silencio mediático que pudieran frenar las ganas de compartir ese momento de comunidad feminista, esos instantes de reafirmación de que la historia así se hace y que la revolución no puede estar tan lejos.

Otra vez, las pibas, piqueteras, trabajadoras, migrantes, travas y aborteras se encontraron en un mismo ¡ya basta!; el Ni Una Menos que, desde hace tres años, sintetiza las denuncias y rabias que las mujeres y disidencias supieron señalar tras años y años de organización colectiva. Un Ni Una Menos que, convertido en símbolo, es consigna de todas las luchas. Como así también lenguaje cotidiano que resuena en las barriadas y se cantaba en los trenes que llegaban desde el conurbano bonaerense y en los subtes que recorrían la Ciudad. Un Ni Una Menos que, al igual que el pañuelo verde, se apropió de los sentidos comunes traspasando las fronteras inventadas.

Y con esa potencia el reclamo resonó entre quienes allí se encontraron. Al decir Ni Una Menos se condensó la exigencia por la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el repudio a las violencias machistas y a la cultura de la violación como así también a las políticas de precarización y ajuste de la vida propias del gobierno de Mauricio Macri que, en conjunto con los acuerdos con el FMI y los tratados de libre comercio, significa: “Ajuste, despidos, pobreza y precarización para el conjunto de la clase trabajadora y sobre todo para las mujeres, trans, lesbianas, bisexuales, no binarias, travestis, indígenas, afrodescendientes, migrantes, villeras y mujeres con VIH”, tal como se denunció en el documento consensuado en las asambleas feministas realizadas previamente.

En ese sentido, el colectivo organizado expresó que las decisiones políticas económicas del Gobierno de Mauricio Macri implican cada vez más el recorte del ya escaso presupuesto para salud y educación, áreas históricamente feminizadas. Y en esa misma línea, denunciaron también la aplicación de la reforma previsional, la CUS, el proyecto hospitalario Sur como así también la UNICABA y los recortes en CONICET, como una forma de privatización de la política pública y las consecuentes desigualdades de oportunidades que eso conlleva. “La deuda es con nosotras, y por eso estamos acá contra el ajuste del neoliberalismo magro que implementan Macri y los gobiernos provinciales. El ajuste nos recorta, nos precariza, nos quiere debilitar pero estamos juntas y nos sumamos a las luchas de lxs trabajadrxs”, recalcaron y mencionando las distintas áreas del Estado que se ven afectadas por recortes y despidos, como así también a las compañeras del Subte, de Télam, de Radio Del Plata, docentes, del INTI, del Hospital Posadas, de la línea 144, entre otros.

El futuro es nuestro

Desde distintas partes del país llegan fotos y mensajes: en distintas ciudades los pañuelos verdes, los carteles, y las mujeres en las calles lo inundan todo.

Mientras, una noticia nos llegaba desde Tucumán y ese Ni Una Menos que denunciaba el sistema de muerte, tanto por el ajuste como por las violencias machistas, tuvo que levantar un nuevo reclamo: María Zelaya del Frente de Trabajadores del Interior de Tucumán había sido atropellada y asesinada por un taxista. Junto con otras compañeras, estaba en realizando un corte en la esquina de la Plaza Independencia: reclamaban por las políticas de ajuste y miseria, y por la falta de comida en los platos, que siempre afecta en mayor medida a las mujeres María estaba con su hija, el taxista decidió que ningún reclamo era más legítimo que su derecho a circular, y embistió como si del otro lado no hubiera personas, sino obstáculos por sortear. La crueldad representada en un gesto y una acción, realizadas por un hombre.

Pero también llegaron voces de otras partes de Latinoamérica: desde Chile, donde las y los estudiantes piden desandar la educación sexista para un futuro con menos estereotipos y violencias en reacción a las numerosas denuncias de violencia de género y la falta de protocolos que protejan los derechos de la mujer en las universidades y escuelas.

En Perú el grito fuerte y asqueado llegó tras el femicidio de Eyvi Ágreda, la joven que había sido prendida fuego en un colectivo por un ex compañero que la hostigaba y acosaba. A pesar de la represión policial, a pesar de que en el país la cúpula política intenta anular la palabra “género” de la currícula escolar por “tratarse de ideología”, las mujeres dijeron presente de a miles, y avisan que ya no se podrá volver atrás.

En México, donde la violencia parapolicial se ensaña con las mujeres, se vivieron tres asesinatos de candidatas a concejalas y diputadas. Pamela Terán, en Oaxaca, y Juany Maldonado y Erika Cázares, en Puebla, fueron acribilladas por grupos armados que irrumpieron con absoluta impunidad en un claro ejemplo de cómo el cuerpo de las mujeres es atacado, incluso las mujeres políticas. Desde México llegó el “Vivas nos queremos” que por estos días profundiza la movida contra el acoso callejero, pensando en las más jóvenes.

Por estos pagos el grupo de estudiantes de la Escuela Nacional Superior Antonio Mentruyt, (ENAM), compañeras y compañeros de Anahí Benítez, llevaba su imagen como bandera, su recuerdo como canción y un pedido de justicia que traspasaba la lluvia de la tarde noche de ayer. Anahí fue víctima de femicidio en agosto de 2017, luego de seis días de estar desaparecida y que se perdiera un tiempo muy valioso.

Y es que las juventudes siguen formando manadas y llenando las calles de colores y música: las vemos prepararse para cada marcha, pintarse las caras, llenarse de brillos y colores, armar banderas colectivas, portar carteles con ideas que las identifiquen (“Me querés virgen/ me querés santa/ me querés tuya/ me tenés harta”, portaba una piba con su infaltable pañuelo verde al cuello) y, sobre todo, con la certeza de que el camino que están recorriendo ya no tiene marcha atrás.

El pedido de “Aborto legal, seguro y gratuito” tiñó de verde la Plaza de los dos Congresos y sus aledaños. La impactante foto que muestra a cientos de miles de mujeres con sus pañuelos desplegados demuestra el crecimiento de un reclamo histórico para los movimientos de mujeres, y hoy tan cerca de convertirse en ley.

Con más presencia que otros años, las jóvenes, las adolescentes, ven posible que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se sancione y, con ella, no haya retorno en el avance por la libertad de decisión y por la soberanía del cuerpo de las mujeres.

En ese sentido, el próximo 13 de junio es el día en el que se espera la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En estas semanas de audiencias, ya se presentaron 70 mil firmas de artistas, profesionales, estudiantes, trabajadoras y trabajadores de diversos sectores en apoyo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Entonces, este mundo que gira en los pies de las mujeres no se detiene. Y este Ni Una Menos seguirá con su eco cada día, porque Ni Una Menos no es solamente el reclamo contra las violencias machistas, o por las políticas de ajustes y su consecuente feminización de la pobreza; es, sobre todo, por pensar en un futuro de libertades y posibilidades; de andar tranquilas por las calles, como nos sentimos ayer y en cada convocatoria; de tener cuerpos y territorios libres y con derechos plenos.

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La violencia machista en El Salvador ha llegado a formas inimaginables. Desde el país caribeño recibimos sus denuncias para que el grito de Ni Una Menos sea continental

Decenas de cuerpos de mujeres asesinadas están siendo abandonados en carreteras, en sus viviendas y en lugares recónditos en las que ellas nunca habían estado antes. La mayoría de las víctimas presentan señales de tortura, mutilaciones y en algunos casos los únicos testigos son sus hijos menores de edad.

El Salvador, nación ubicada en Centroamérica, reporta una crisis de violencia y asesinatos, que en 2017 alcanzó la tasa de homicidios a 60 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las autoridades responsabilizan a las pandillas, llamadas “maras”, de cometer los homicidios. Sin embargo, el aumento de los feminicidios tiene un origen cultural arraigado en el machismo y el odio a la mujer.

Cifras oficiales de la policía indican que en los primeros cuatro meses de 2018, el número de feminicidios creció 56%, respecto al mismo período del año previo, un fenómeno que preocupa a las autoridades e indigna a la población, que exige respuestas contundentes.

A las mujeres las están asesinando por el simple hecho de ser mujeres o por lucir como ellas, sin importar a qué se dedican, su credo, su lugar de residencia y su edad. Entre las víctimas se encuentran doctoras y agentes policiales.

Las mujeres salvadoreñas también denuncian acoso e insultos injustificados en las calles del país centroamericano, cuya población sobrepasa los 6 millones de habitantes.

“El asesinato de las mujeres es un problema, es una masacre porque somos más de la mitad de la población, somos el 53%”, dijo la coordinadora de la organización feminista Las Mélidas, Delia Cornejo.

Entre 2015 y abril de 2018 se han reportado un total de 1,003 feminicidios, a pesar que en el 2011 entró en vigencia una Ley Especial Integral de una Vida Libre de Violencia.

A las mujeres aún las matan con saña, si es que no las violan, torturan o despedazan. “Nuestro país ha entrado en un grave estado de descomposición, hay muchos casos gravísimos de violencia, de genocidio, violaciones de menores, casos dolorosos”, expresó a la prensa el Fiscal General, Douglas Meléndez.

Las parejas son sus verdugos

De acuerdo con la fiscalía, en la mayoría de los casos, los principales sospechosos de los crímenes son los compañeros sentimentales de las mujeres, quienes utilizan armas de fuego y armas blancas para cometer los asesinatos.

En el populoso barrio de Zacamil, un complejo de edificios residenciales situado al norte de la capital, Graciela Ramírez, de 22 años, fue asesinada con brutalidad por su pareja José Otero Turcios, de 29 años, pocos días antes de contraer matrimonio.

La causa que originó el asesinato todavía no ha sido esclarecido.

El informe forense determinó que Graciela, que era madre de una niña de tres años, tenía 56 heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. José Otero Turcios fue capturado unos meses después y está siendo procesado por feminicidio, por lo que podría enfrentar una condena de entre 20 y 35 años de prisión.

Cifras oficiales indican que entre 2015 y 2018, la policía únicamente imputó a 383 hombres por el delito de feminicidio, entre los que destacan personas sin oficio, pandilleros y agricultores.

“A esta sociedad se le ha dicho que la mujer es patrimonio del hombre, quien gobierna y es cabeza de hogar, por lo que puede disponer de su cuerpo y de su vida”, expresó la fiscal especializada en feminicidios, Graciela Sagastume.

El ciclo feminicida comienza con violencia psicológica, sexual y física hasta terminar en muerte, pero no todas las mujeres se atreven a denunciar desde el principio porque normalizan la violencia o tienen temor de represalias.

Se activan alarmas

Ante la presión de los familiares de las víctimas y las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, las instituciones del Estado le están apostando al severo castigo de los responsables, como una advertencia que dicta que los crímenes no quedarán impunes.

“A los victimarios los vamos a meter presos. Vamos a ir uno a uno, dos a dos o tres a tres. Nos va a costar, pero vamos a ir contra todos estos desgraciados feminicidas. Los vamos a meter presos”, expresó Douglas Meléndez.

La propuesta del fiscal es recluir a los feminicidas en una cárcel de máxima seguridad, donde también purgan años de prisión los cabecillas de las pandillas, entre ellos la Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18.

Con esta medida, la justicia salvadoreña pone al mismo nivel a los feminicidas y a los miembros de las maras, a los que el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó “animales”.

Las instituciones también invertirán en la prevención por medio de una nueva unidad de investigación, encargada de diseñar campañas educativas y comunitarias que concienticen a las mujeres sobre sus derechos.

“Le apostamos a la prevención, a hacer campañas de educación a las mujeres para no permitir que nos cosifiquen. Tenemos valor por ser mujeres, no necesitamos un hombre para valer”, sostuvo Graciela Sagastume.

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