El martes 12 de noviembre, el Tribunal de la Cámara del Crimen de Charata, Chaco, bajo la Presidencia de Juan Carlos Clauter, integrado por las vocales de segundo y tercer voto, Andrea Fabiana Sánchez y Patricia Lorena Cimbaro Canella, decidió la absolución de los policías Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa, Carlos Agustín Diaz, quienes persiguieron, hostigaron, torturaron y mataron a Leandro Bravo, el 26 de Febrero del 2022.

Por Claudia Korol* | Fotos del juicio: Pablo Capra

Al momento del crimen, Leandro Bravo, de 37 años, estaba por recibirse de abogado. Tenía dos hijos pequeños, Santi e Isa. Santi, que hoy tiene 16 años -tenía 14 entonces-, estuvo atento a la sentencia, y luego escribió en sus redes: “Hoy, en el día de la sentencia, me siento profundamente indignado y decepcionado. Todo el juicio fue una mentira, una vergüenza, que nos dejó con un sabor amargo en la boca. A pesar de la evidencia contundente presentada, resulta incomprensible que no se haya podido acusar a los cuatro asesinos de mi papá.

Es una injusticia que duele profundamente y me llena de bronca. ¿Cómo es posible que la justicia no haya sido justa? ¿Cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que han fallado a mi familia y a la memoria de mi papá? Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis tías, abuelos, y a la gente de Pañuelos en Rebeldía, que han estado siempre junto a mi familia, luchando incansablemente por la justicia. Su apoyo y solidaridad han sido un sostén para nuestras heridas.

Aunque hoy nos duele, no nos rendiremos. Seguiremos luchando por la verdad y la justicia. A los responsables de esta injusticia, les digo que no pueden silenciarnos. No pueden hacer que olvidemos. La memoria de mi papá vive en nosotros y seguirá siendo un faro que guíe nuestra lucha por la verdad. Estoy orgulloso de mi familia y de todos aquellos que han luchado junto a nosotros. Juntos, seguiremos adelante, sin perder la fe en la justicia y en la humanidad.” Estas palabras contundentes, expresan con claridad el descrédito que va ganando la mal llamada justicia, frente a la juventud y a un pueblo que carece de ella. Nos muestra de qué modo aprenden los jóvenes a no creer en la “justicia”, en estos tiempos en los que los tribunales se han vuelto cuevas de crueldad, de mentira, de apañe al poder.

Florencia Sánchez, una de las hermanas de Leandro Bravo, decía luego de la sentencia a los medios de comunicación locales: “Siento muchísimo dolor y muchísima impotencia, porque lo que acá ocurrió fue que asesinaron a una persona, y eso parece no ser relevante para este tribunal, que hizo un recorte totalmente parcializado de las pruebas que constaban dentro de la causa. La ciudadanía tanto como ustedes, no tuvieron la posibilidad de acceder a las pruebas testimoniales, pero nosotros como familia sí. Hay filmaciones de las audiencias, que deberían ser públicas, para que la gente sepa lo que verdaderamente ocurrió.”

En la sentencia, se tergiversa en muchos tramos lo que se dijo en los testimonios. Continúa Florencia: “Betty es una vecina que se acercó amablemente a nosotras, la familia, para contarnos que Leandro le fue a pedir ayuda, que ella salió a socorrerlo, y le ofreció agua. En la sentencia dieron otra versión. Dicen que Betty le tenía miedo y que fue ella quien llamó a la policía. Eso es totalmente falso, no es real, es la versión policial. Fue dicho por la propia testigo en una de las audiencias. Es más, en la sentencia se dice que la familia de Leandro Bravo, posiblemente haya persuadido a la testigo para que revierta su primera denuncia. Cuando la policía la fue a buscar para que denunciara a Leandro, le hicieron firmar una denuncia redactada por el oficial Fleitas, y ella dijo en la audiencia que la firmó porque tuvo miedo.”

Además de estar plagada de tergiversaciones, en la sentencia también hay una descalificación permanente tanto a Leandro como a su familia, a la que estigmatizaron diciendo que habían “abandonado a su hijo y hermano, porque él “estaba drogado, alcoholizado, viviendo en situación de indigencia”. Preguntada por los periodistas locales Florencia respondió: “En este pueblo todos sabían que Leandro estaba en una situación de consumo problemático. Como familia hemos tratado de acompañarlo durante años como pudimos, como supimos, con las herramientas que teníamos y con las que no. Porque el sistema de salud no está preparado para acompañar, cuidar y proteger a quienes están en situación de consumo. Leandro durante cinco años luchó con este flagelo, entró y salió de rehabilitación muchísimas veces. Pero … ¿abandonado por la familia? Eso no es verdad.

El día del asesinato Leandro llamó a sus hermanas, nos pidió ayuda, tenía miedo de la policía que lo estaba siguiendo. Cinco años atrás él había sido detenido y golpeado brutalmente por la policía, y quedó con mucho pánico después de esa situación. Pero no se trata solamente de Leandro. Hay muchos pibes en Charata que fueron golpeados y torturados por la policía. Hay también muchos chicos afectados por situaciones de consumo problemático. Yo trabajo en la salud pública. Hay un montón de pibes que llegan en este tipo de situaciones, y el sistema de salud no responde. Muchos pibes llegan golpeados por la policía, en el contexto de detenciones legales, cuando se supone que dentro de un procedimiento, si una persona está cometiendo un delito, hay que detenerlo pero siempre con dignidad. Hay que respetar la condición humana. A Leandro lo golpearon, lo torturaron, lo quemaron, lo asfixiaron, y lo llevaron muerto a un hospital”.

La sentencia parece dirigida a condenar a Leandro Bravo y a su familia, y no a los policías que lo mataron. Por eso se encargó también de estigmatizar los testimonios de las y los testigos, e incluso de las profesionales altamente calificadas que hicieron la segunda autopsia, como las doctoras Gabriela Lamparelli y Virginia Creimer. En otro hecho de arbitrariedad manifiesta, el Tribunal desestimó el informe de esta última. Es un tribunal que avala la violencia institucional, y da licencia para matar a los pibes.

Una fiscal a medida de la impunidad

Una parte de la sentencia se construyó a partir del alegato de la fiscal de Cámara Silvana Rinaldis, quien en lugar de acusar, como debería haber sido su rol, pidió la absolución de los policías. Nora Nieto, mamá de Leandro, expresó al finalizar la audiencia en la que se presentaron los alegatos: “Con respecto a la fiscal Rinaldis, que era la encargada de acusar en el juicio por mi hijo, ella no acusó, sino que hizo un alegato en favor de los imputados. Al principio la posición que ella tomó nos sorprendió, dado que en otras oportunidades la defensa había solicitado que le den la libertad a los imputados y ella con mucho énfasis sostuvo esa prisión preventiva, diciendo que eran peligrosos por su comportamiento, y además porque se podían fugar. Nos sorprendió, pero hay que tener en cuenta que esta fiscal ya en dos oportunidades anteriores dejó libres a imputados: en una oportunidad por una violación a una niña”.

La legitimación de la tortura policial

Roberto Sotelo, uno de los abogados querellantes, es coordinador del Área de Asuntos Jurídicos del Comité para la Prevención de la Tortura. En Conferencia de Prensa afirmó al terminar el juicio: “Esto fue un circo, que denota que aquí en Charata reina la impunidad frente a la violencia institucional, a la brutalidad policial. Esta sentencia es incongruente, arbitraria, discriminatoria, porque en todo momento se lo juzgó a Leandro Bravo, no a los cuatro policías que estaban acusados por el delito de tortura seguida de muerte. Creo que refleja un clima de época. No es casualidad de que el presidente sea Javier Milei, que el gobernador sea Zdero, y que el jefe de la policía sea Fernando Romero, quien fue a visitar a los acusados a la comisaría donde se encontraban detenidos, afirmando que eran inocentes”.

Para Sotelo, se trata de una sentencia aberrante por varios motivos y remarcó los que más le preocupan: “La construcción de la “mala víctima” respecto a Leandro, porque es algo que le queda cómodo al Poder Judicial. Plantear que Leandro consumía, o que presuntamente robaba, cuando varias veces durante las audiencias insistimos en que no se estaba investigando la vida de la víctima, porque no se está juzgando a las víctimas sino a los imputados. Por otro lado, la falta de perspectiva en relación a la situación de la familia, atentando contra la ley de derecho y garantía de víctimas y familiares de los delitos, que establece que justamente las víctimas de violencia institucional se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Me preocupa la criminalización de las testigos, tratarlas de mentirosas, y que esto podría conllevar algún tipo de consecuencia jurídica. Es un precedente nefasto, que afectaría en causas futuras contra el personal policial o inclusive el personal penitenciario. Leandro Bravo fue muerto a manos de la policía, fue torturado, entonces este crimen necesita obtener un juicio y una reparación que responda a la realidad de los hechos, de las pruebas”.

El racismo criminal

Cesar Luis Collado, abogado defensor de dos de los policías imputados, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz, dio muestras en sus declaraciones públicas del racismo visceral y criminal que lo mueve. Decía a los medios de prensa, refiriéndose a la testigo Romina Aguirre: “El falso testimonio va a tener que ser investigado, una vez que quede firme la sentencia. Corresponde a la señora Romina Aguirre, que es como la mapuche del caso Santiago Maldonado, que con los binoculares vio lo que nadie vio. Ella vio que había sangre, patadas en la cabeza, en el cuerpo, pero los videos muestran lo contrario. Es una gran mentirosa que fue presionada por la familia.”

¿La mapuche del caso Santiago Maldonado? La comparación discriminadora y racista habla por sí sola. Abogado de la policía, construyendo relatos para justificar el salvataje de sus defendidos, y amenazando a quienes dan testimonio. Este tipo de declaraciones, sobre las testigos, sobre las profesionales que actuaron en el caso, alientan las intimidaciones y amenazas que vienen soportando, en redes, y en algunos casos, de manera directa en sus domicilios.

Romina Duarte, abogada del Comité para la Prevención de la Tortura, agregó al análisis: “Llama la atención la cantidad de veces que la sentencia le falta terriblemente el respeto a la víctima. Si los testigos se vinculan con la víctima y testimonian a favor de la víctima los criminalizan. Es grave porque justamente genera miedo en quien ya es testigo y en quien podría ser testigo de otra causa. Un dato no menor es que la familia y las testigos son mujeres todas. Ese dato hay que tenerlo en cuenta, porque ya lo hemos visto en las audiencias de prisión preventiva, por ejemplo, donde los abogados defensores atacaban a las testigos por ser mujeres.

La familia, las hermanas, y la mamá, están siendo atacadas todo el tiempo a través de las redes sociales y en las propias audiencias. Eso es bastante llamativo y muy grave. Cuando la doctora Lamparelli quería explicar, en las audiencias del juicio, el juez la frenaba, cuando a todos los hombres que fueron a declarar los dejaba expresarse, y que hablen dos tres horas. Hemos asistido a otra jornada donde se torturó a Leandro Bravo. Se lo torturó el 26 de febrero del 2020, y se lo torturó el 12 de noviembre del 2024.”

Negación de la tortura como práctica policial

Uno de los temas que se puso en discusión en la sentencia fue el concepto mismo de tortura. Respecto a este tema explicó el abogado Roberto Sotelo: “Claramente lo que intenta hacer este fallo es no reconocer la existencia del delito de tortura en época de democracia. Pero la realidad es que se tortura en democracia, a la luz del día, en aparente legalidad. El caso de Leandro Bravo fue una prueba concreta y material de que esto ocurre. No es menor la responsabilidad funcional de las fuerzas de seguridad y de la justicia que actúa en complicidad: la policía tortura y la justicia avala.

El Comité para la prevención de la tortura, durante los alegatos, ha planteado cómo se aplicaba la modalidad de torturas en el cuerpo de Leandro Bravo. Para que se requiera tortura la ley exige que existan sufrimientos físicos y psíquicos que tengan gravedad suficiente. Tenemos en cuenta la multiplicidad de lesiones que tenía el cuerpo de Leandro Bravo, donde claramente se ha visto en los vídeos que durante la persecución su cuerpo estaba totalmente indemne, inalterable, y llega 40 minutos después al hospital sin vida y con múltiples lesiones.

Si no es tortura el hecho de contar con quemaduras de tercer grado, si no es tortura la multiplicidad de lesiones en diferentes partes de su cuerpo, si no es tortura las maniobras de sofocación de asfixia mecánica por comprensión de la caja toráxica. Una asfixia intermitente es tortura. Es una maniobra muy conocida y utilizada por las fuerzas de seguridad durante la época de la dictadura que es la práctica del submarino. A través de esta técnica se provoca el sufrimiento de la víctima por la sensación inminente de muerte. Si no es tortura, teniendo en cuenta la fase psicológica del hostigamiento y la persecución a la que Leandro Bravo fue sometido obligándolo a correr”.

La lucha por la justicia continúa ahora con la apelación en otros ámbitos judiciales, nacionales e internacionales, pero sobre todo en los esfuerzos para que sea conocido el crimen, y para que la sociedad, los movimientos populares, sepan lo que sucedió, y construyan frente a la cruel policía, y a la justicia maloliente, una profunda y sistemática condena social. Leandro Bravo lo merece, y lo necesitan los pibes y pibas de Charata, y quienes en cualquier rincón del país, viven bajo la amenaza del hostigamiento y la represión policial.

* Educadora y comunicadora popular, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.

Source

Por Redaccion Marcha

Detrás de cada bala asesina, hay una historia de vida arrebatada, la de Jonathan Herrera es una de ellas. Nos gustaría, antes que nada, saber quien fue Jonathan.

Jonathan era un ser increíble, un compañerazo,  una persona muy atenta y sobre todo muy solidaria. Conoció de cerca la necesidad, y ante eso, siempre daba una mano para quienes estaban pasando alguna situación, si él podía ayudar lo hacía más allá de que no tenía recursos.

Siempre de buen humor, siempre haciéndonos reír,  siempre buscando solucionar problemas, siempre mediando, un compañero realmente valiosísimo en todo sentido respetuoso, muy respetuoso.

Así como hay una historia de vida, también hay sueños y proyectos que se pierden. ¿Cuáles eran los de Jonathan?

Su sueño siempre fue o cantar, porque le encantaba y aunque cantaba muy feo el decía que lo hacía hermoso y que podía vivir de eso tranquilamente, o jugar al fútbol que también decía que era muy bueno y qué podía llegar a jugar en la primera de algún Club.

A Jonathan le gustaba mucho jugar el fútbol, fanático de River. También le gustaba muchísimo la música. Wisin y Yandel, Dj Tiesto, eran sus favoritos. Soñaba con tener un buen trabajo que le permitiese no solamente salir adelante a él, sino a su familia. Con Jonathan somos nueve hermanos, y obviamente carecíamos de un montón de cosas. Por eso el soñaba con poder estudiar, de hecho terminó su secundaria y soñaba seguir una carrera. Se había anotado para ser radiologo.

Pero su sueño siempre fue jugar al fútbol, poder estar en algún club jugando y viviendo de eso, lo cierto es que no le podía dedicar mucho tiempo a ese sueño porque estudiaba y trabajaba con nosotres en nuestra casa para poder subsistir. Le gustaba pasar mucho tiempo con su familia, con sus primos y amigues. También yendo al parque a jugar a la pelota había sido papá hacia poquitos meses. Su hijo se llama Ciro.

¿Que pasó el 4 de Enero del 2015? ¿Cómo intervinieron las fuerzas de seguridad ese día?

Jonathan fue fusilado el 4 de Enero del 2015 por dos fuerzas policiales distintas, el comando radioeléctrico y la policía de acción táctica. Jonathan se encontraba en la puerta de su casa lavando su auto, cuando a pocas cuadras comienza una persecución a un chico que supuestamente había robado una juguetería.

Todo en una misma secuencia. Este chico pasa por dónde estaba Jonathan, él al ver todo ese movimiento atina a esconderse detrás de un árbol de muy delgada contextura, ponerse en cuclillas con las manos en la nuca y en esa misma secuencia el comando radio eléctrico comienza a disparar contra este pibe.

Y llega un colectivo de línea 133 de acá de la ciudad de Rosario que traslada más de 30 policías de la acción táctica, que venían ese dia de cubrir el Dakar, obligan al chofer a detener la marcha sin mediar palabras, sin decir nada, sin poner la voz en alto. Bajan del colectivo y empiezan a disparar contra Jonathan. Más de 30 policías actuaron ese día, más de 50 disparos realizaron contra  Jonathan, lo fusilaron.

¿Qué implico la lucha por justicia? ¿Y cómo se encuentra hoy ese reclamo?

La familia y amigues de Jonathan encaramos una larga lucha para detener a los asesinos de Johnny, para obtener justicia y empezamos así a tomar las calles en reclamo justamente de esto. Fue así como después de tanta lucha, de pasar distintos procesos, se suma que la familia ha sido expulsada del barrio amenazada de muerte por la narco-policía, cuando nos negamos a cerrar en juicios abreviados con condenas mínimas para los responsables del fusilamiento de Jhonny, llegamos a un juicio oral y público.

Y un 6 de abril -en el primer paro contra el anterior gobierno- nos dan la sentencia, y la respuesta de los jueces para semejante fusilamientos fue de condenar solamente a cinco policías que fueron sentados en el banquillo de los acusados, a una policía que estaba acusada de dispararle en la cabeza a mi hermano lo absolvieron por falta de pruebas en su contra, a la persona que le disparó a Jonathan y qué la bala entró en su muslo y que atravesó toda su arteria hipogastrica y le causó la muerte, junto con el disparo en la cabeza, le dieron solamente 6 años y 8 meses de prisión. Y a tres policías más que estaban acusados por tentativa de homicidio lo acusaron solamente por abuso de su arma en carácter de su función y la condena fue de 3 años y 8 meses.

Hoy al día de la fecha están todos libres los asesinos de mi hermano, y contar que para nosotros no es un dato menor, el pibe que ese dia estaba supuestamente robando la juguetería, no solamente se llevó tres disparos y múltiples paliza por parte de la policía, y que al día de hoy se encuentra detenido todavía le dieron una condena de 6 años y 8 meses también de prisión, la misma condena por robar que por asesinar.

Source

Por Lisbeth Montaña

El pasado 8 de septiembre en horas de la madrugada, el abogado Javier Ordoñez salió con su amigos con algunos tragos de más en búsqueda de cerveza para beber. Esta es una escena típica. Claramente en el contexto de pandemia la conducta se asume como algo que no se debía hacer. Cuando se dirigían a la licorería, fueron interceptados por la policía y uno de los uniformados soltó la siguiente frase “de esta ahora, si nadie lo salva”. Acto seguido el policía doblegó al abogado, lo sometieron junto con otro uniformado y con dos pistolas teaser -uno de cada lado- y empezar aplicarle a repetidas descargas de 1.200 voltios.

Javier les imploraba a los policías que se detuviera: “por favor, no mas , no mas” se puede escuchar en el vídeo. Si bien los amigos de Javier poco podían hacer para detener a los policías, uno de ellos grabó lo que estaba sucediendo hasta que uno de los policías lo detiene junto a Javier. Una vez en el destacamento policial, los policías continuaron golpeando a los dos detenidos hasta ocasionar la muerte a Javier. A pesar del mal estado en el que se encontraba el abogado, los policías no quisieron trasladar a Javier a un hospital, así que fueron sus amigos quienes lo trasladaron para que lo atendieran pero ya nada se podía hacer. Javier Ordoñez murió por consecuencia de los golpes y las descargas eléctricas recibidas por los policías.

El video de la tortura inflingida a javier empezo a circular y la indiganacion no se hizo esperar, han sido meses donde cada semana nos hemos tenido que despertar con noticias de múltiples masacres, actos dirigidos plenamente a crear terror en la ciudadanía y sobre todo en la población juvenil.

No es gratuito esta oleada de terror por parte del paramilitarismo e instituciones militares y policiales, pues han sido las y los jóvenes que sin permiso tomaron las calles en noviembre de 2019  para denunciar la corrupción, para exigir el cese de la violencia y el cumplimiento de los acuerdos  de paz firmados con las FARC. Es la juventud y las organizaciones sociales las que han desmantelado la profundización de la desigualdad  social auspiciada por el gobierno de Iván Duque y el partido de gobierno el Centro Democrático. Desde la firma de los acuerdos de paz se sostiene una denuncia permanente por los asesinatos sistemáticos de lideres y lideresas sociales que, a la fecha, acumulan más de 900 asesinatos. Y se calculan tan dólo durante este 2020 mas de 51 masacres que se han perpetrado en 17 de los 32 departamentos del Colombia.

Durante la cuarentena, fuimos testigos de los hechos mas violentos a manos de tas instituciones : La violacion de una niña de 12 años por parte de 7 militares, la persecución a la población LGBTI con fines disciplinadores, el aumento de asesinatos de lideres sociales, la masacre de 9 jóvenes en la ciudad de Cali a manos de la policía de esa ciudad, el asesinato de 11 jóvenes en el departamento de Nariño. Múltiples hechos que no son aislados, son parte de una política de aniquilamiento y persecución para tratar de inmovilizar la indignación y neutralizar los llamados a movilizarse en contra de cualquier injusticia.

Una noche de indignación convertida en masacre

Escribo por la tarde del día jueves mientras miles se preparan para volver a las calles a decir basta a la violencia y la impunidad. A esta hora del  día las cosas no están bien, nunca han estado bien en Colombia. Lo que pasó con Javier en el día de ayer la cereza que le faltaba al pastel, o mas bien la ceniza que detonó este incendio. ¿Cuánta brutalidad debe soportar un pueblo que lo ha visto todo? Después de ver tantas veces la violencia ejercida contra nuestro pueblo, la reproducción de la situación de ayer fue como si fuera la primera vez que hubiéramos visto una bala atravesar un cuerpo.

No más, el pueblo se respeta, fue la consigna en la calles, en la redes sociales y en nuestras conversaciones con las y los vecinos. Está claro que la gente se cansó y salió a quemarlo todo, sin importar las consecuencias, por eso la represión no se hizo esperar y la cifras para una noche de indignación son devastadoras:

• 9 jóvenes asesinados 16, 17, 21, 24, 25 y 27 años

• 248 ciudadanos/as heridos/as, 36 presentan heridas de gravedad ocasionadas por impactos de bala

• 41 personas se reportan como desaparecidas

• 16 periodistas fueron agredidos, 9 reportan que sus equipos fueron destruidos

En varios de los CAI (estaciones de policia) que fueron quemados o pintados se habían denunciado a policías por hechos de abuso sexual, brutalidad policial, amenaza de muerte, tortura, hurto y extorsión. La brutalidad no es un hecho aislado mucho menos en Colombia. Sin embargo, las empresas de comunicación han intentado posicionar esta idea. En cuanto a la responsabilidad del actuar de estas instituciones del Estado, en todos los casos de abuso policial han sido llevados a la justicia penal militar, en donde los procesos y las responsabilidades son neutralizados y caen en un terreno muerto, por lo tanto la búsqueda y  los pedidos de justicia por parte de los  familiares y la víctimas quedan en la total impunidad.

Hoy se pide a gritos una reforma estructural a las instituciones militares y policiales, la brutalidad y la impunidad no pueden ser pan de cada día y la ciudadanía no está dispuesta a aceptar que otro hecho quede en la impunidad. Despues del “Bogotazo” del 9 de abril de 1949, la noche del 9 de septiembre sido una de la más violentas de la historia de la ciudad. Nos hizo vivir la furia de un pueblo que se cansó de los verdugos y que está dispuesta a arrancar sus derechos de cualquier manera.

La pregunta que nos queda girando, parafraseando al cura Camilo Torres es ¿de qué manera quiere la burguesía y el gobierno empezar a escuchar al pueblo colombiano que hoy está volcado en las calles? ¿De forma pacífica o violenta? Ya son muchos indicios a la respuesta y es por eso que la gente salió con toda la violencia a reclamar lo que le es propio justicia y dignidad y para defender estos legítimos derechos la ciudadanía está dispuesta a quemarlo todo .

Source

Por Ignacio Marchini | Fotos de Julieta Bugacoff

Es 10 de junio y el ambiente está caldeado en el centro de la ciudad de La Plata. Ya van casi tres meses desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la necesidad del mango para pagar el alquiler y poder comer obliga a volver a tirar la manta. La policía y los agentes municipales no entienden lo que el muchacho intenta decirles. Aunque supieran hablar wólof, la lengua nativa del senegalés que trata de que no le secuestren la mercadería, probablemente el resultado sería el mismo. Lo tiran al suelo y lo agarran del cuello. El aire no le alcanza, pero un resto de humanidad (o de pereza) que le queda al policía que lo ahorca hace que la situación no desemboque en una tragedia, y lo mete en un patrullero.

Mbaqué Ndao, así se llama el muchacho, pasó toda la noche en la cocina de la comisaría. Al otro día lo llamaron a declarar a la fiscalía. Un amigo que maneja bien el español sirvió de traductor; en el edificio judicial no había nadie que le pudiera explicar de qué se lo acusaba y cuáles eran sus derechos. El relato fue breve, conciso. “Pensé que me iba a morir, como George Floyd”, el hombre negro de 46 años cuya imagen agónica de un policía blanco que le cortó la respiración con la rodilla en el cuello hasta la matarlo, en Estados Unidos, se había viralizado hacía poco más de dos semanas.

La comparación no es casual. Mbaqué Ndao también es negro, como los cerca de 230 senegaleses y senegalesas que viven y trabajan vendiendo mercadería en las calles de La Plata. Tampoco es casual que el acusado sea él, con el conocido latiguillo de “resistencia a la autoridad”, un “delito” tan habitual como incomprobable que se volvió el recurso persecutorio favorito durante los últimos años.

Pero Mbaqué Ndao no está solo. Además de su familia, hay un colectivo de abogados y abogadas populares que lo representan, que lo asisten para atravesar el largo y engorroso proceso judicial que le espera y que terminará, probablemente, en un sobreseimiento, como casi todas las causas de resistencia a la autoridad. Ese colectivo se llama La Ciega y hace años que decidieron que el derecho legal podía ser otra cosa: una herramienta al servicio del pueblo.

Los primeros pasos

La Ciega surgió en 2007 en la ciudad de La Plata, a partir de un grupo que se había graduado de la Facultad de Derecho y a quienes no les cerraba el discurso dominante. Marcha dialogó con uno de sus integrantes, Damián Brumer, que explicó cómo surgió la decisión de organizarse como colectivo: “A partir de la necesidad de darle cuerpo a una serie de debates e iniciativas que se habían dado en la facultad cuando éramos estudiantes, organizados y organizadas en el MIU (Movimiento Independiente Universitario), decidimos que era necesario plantear y pensar el derecho desde una perspectiva enfocada en las realidades y problemáticas de los sectores populares, además de discutir el discurso hegemónico dentro de esa facultad”.

Al poco tiempo, a la propuesta le quedaron chicos los claustros de la universidad y ahí fue cuando, ya con varios graduados y graduadas, decidieron conformarse como La Ciega, que años después tendría su correlato en la ciudad de Buenos Aires. Desde el principio, la idea fue articular con los y las defensoras de derechos desde los territorios, quienes conocen y viven en carne propia la injusticia y se articulan contra ella. “Los primeros años estuvieron muy enfocados en desarrollar talleres de alfabetización jurídica en barrios populares de la provincia de Buenos Aires, siempre de la mano de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de género, sindicales”, explicó Damián.

No son pocas las personas que entienden que el Derecho, el entramado legal y jurídico que sostiene a los Estados modernos, es un factor fundamental en el sistema desigual y opresivo que mueve los engranajes de nuestras sociedades. Un sistema de leyes y jueces cuyo objetivo último es perpetuar una sociedad dividida en clases, donde unos pocos se quedan con todo a costas del dolor imponderable de una mayoría sacrificada. Una Justicia que siempre inclina la balanza a favor del propietario, del empresario, del policía, del político.

El contacto con la comunidad senegalesa

“Nuestro vínculo con la comunidad senegalesa es bastante más nuevo”, aclara el abogado popular. “Comenzamos a relacionarnos con ellos y ellas en 2018, en La Plata. En aquel momento, a mitad de año, se dio una situación de violencia; lamentablemente, una de las tantas que sufrieron y siguen sufriendo por parte de Control Ciudadano y la policía bonaerense. Fue en el centro de la ciudad, en 7 y 49, uno de los tantos operativos de la Municipalidad, en el que se llevaron detenido a uno de los muchachos senegaleses y a un trabajador no docente del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata que se había acercado a solidarizarse. Ambos terminaron con una causa penal”.

A partir de ese hecho, la Coordinadora Migrante de la Facultad de Trabajo Social impulsó una asamblea a la que invitaron a distintos actores y movimientos sociales para pensar de qué forma se podía aportar a resolver algunas de las problemáticas más importantes que estaba atravesando la comunidad senegalesa. Una de esas organizaciones fue La Ciega.

A partir de ese momento, comenzaron a forjar un vínculo estrecho con la comunidad. Así lo detalla Brumer: “En tanto colectivo de abogados y abogadas, obviamente nuestra principal acción es representarlos judicialmente en muchas causas penales que termina impulsando la policía y donde hay una serie de delitos clichés como el de ‘daños’, ‘lesiones’ o ‘resistencia a la autoridad’. Este último es el que le suelen imputar a los senegaleses, con un operativo violento previo. Estas causas terminan archivándose casi siempre, porque no pueden probar que el delito haya existido”.

Lo primero que hizo La Ciega estuvo vinculado al diseño y la difusión de un protocolo contra las detenciones arbitrarias, editado tanto en español como en el idioma wólof, el más hablado en la República de Senegal. Pronto se dieron cuenta de que su difusión no era suficiente y ahí fue cuando comenzaron a organizar talleres. “Una vez por mes llevamos adelante talleres de derecho básico en reuniones amplias, donde participaron muchos y muchas senegalesas. Siempre los realizábamos a las once de la noche de un día de semana, porque trabajaban todo el día y después rezaban, porque la mayoría son musulmanes. Lo hacíamos con traducción en simultáneo porque pocos hablan bien en español. Socializábamos el protocolo, hablamos del significado de los derechos humanos, las problemáticas raciales, las detenciones arbitrarias y sobre cualquier duda que tuvieran”, explica el abogado.

Migrar no es delito, trabajar es un derecho

Los operativos y detenciones violentas no sólo afectan la integridad física y psicológica de los y las senegalesas. La manera en que algunos medios de comunicación y ciertos políticos manoduristas abordan la migración y la venta ambulante genera un caldo de cultivo muy importante en el imaginario social de la Ciudad, que sirve para legitimar ese accionar violento contra ellos y ellas. La construcción mediática del enemigo siempre es un factor preponderante cuando se aborda un problema social priorizando la propiedad privada y la llamada “seguridad”, dejando de lado la posibilidad de un abordaje más humanitario.

Un claro ejemplo de lo que dice Brumer se puede encontrar en un editorial del 24 de agosto del diario El Día, uno de los más importantes de La Plata. La nota, además de ser un manual de lugares comunes del neoliberalismo, plantea muy cínicamente que la discriminada por Control Ciudadano no es la comunidad senegalesa, sino los pequeños y medianos comerciantes, víctimas de la “competencia desleal” de los manteros, garantizada por el Estado. Por si quedara alguna duda de que lo que pide el editorial, solapadamente, es mano dura, concluye con una exhortación a las autoridades a que resuelvan otro problema acuciante para la sociedad civil: las “usurpaciones” de terrenos por parte de “los intrusos” que buscan quedarse con “el negocio de la venta de lotes por los que no se pagó nada”.

Otro estigma que pesa sobre la comunidad tiene que ver con que son “inmigrantes ilegales”. Para Brumer, esto es falso: “En La Plata no hay ningún senegalés o senegalesa de forma ilegal. Sí es cierto que solo algunos tienen DNI argentino; la mayoría tiene o documento extranjero o la residencia en trámite y otros en trámite el refugio, pero todos y todas están de forma regular en la Argentina. A la mayoría le gustaría poder tener documentos argentinos, pero hay algunos problemas de los cuales el Estado no se viene haciendo cargo, cuando tiene la obligación por ley de facilitarles la posibilidad de regularizar su situación a todas las y los migrantes”.

La ley a la que hace referencia Damián es la de Migraciones (Ley 25.871), sancionada a finales de 2003, que remplazó la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, sancionada por la dictadura militar en 1981 (Ley 22.439) y sostenida por los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La Rúa.

El proyecto neoliberal desarrollado entre 1976 y 2001 destruyó el tejido social y económico del país, además de miles de vidas, tanto de las víctimas del terrorismo de Estado como de quienes lo sobrevivieron. Como explica en un artículo de Susana Novick, investigadora del CONICET especializada en el tema, la ley de migraciones de la dictadura estaba “cimentada en la entonces dominante Doctrina de la Seguridad Nacional, y reiterando una norma aprobada durante la época de Onganía (Ley 17.294), prohibía expresamente a todo extranjero indocumentado desarrollar actividades remuneradas, obstaculizando asimismo el acceso a servicios de salud y de educación medios y superiores. La norma fue reforzada en su legitimidad a través de la aprobación de dos reglamentos de Migraciones: el primero elaborado por Alfonsín en 1987; y el segundo por Menem en 1994”.

Con el fin del ciclo neoliberal, y posterior a la crisis económica y social de 2001 y 2002 que hizo tambalear a la casta política, la autora explica que “se logró a fines del año 2003 la aprobación de la nueva ley (Ley 25.871) gracias a la confluencia de una serie de circunstancias: una firme inquietud en la clase política por derogar la ley militar; la existencia de un proyecto consensuado por los diputados de todos los partidos políticos; la llegada de un nuevo gobierno en mayo de 2003 –con la consiguiente renovación de autoridades a nivel nacional, entre ellas un nuevo Director Nacional de Migraciones–; y, lo más importante, la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de impulsar el Mercosur”.

Esta ley, que trocaba conceptualmente el paradigma de la “seguridad nacional” por el de el “derecho humano a migrar”, y beneficiaba sobre todo a las personas provenientes de países del Mercosur, fue desmembrada por el Decreto N°70/2017 de Mauricio Macri que modificó la Ley de Migraciones, en el marco de la nueva avanzada neoliberal de los últimos años en Latinoamérica y el resto del mundo. Según explica Novick, usando como excusa una supuesta emergencia en seguridad, “la modificación –aprobada el 30 de enero de 2017– representó una clara regresión en relación con los derechos de los migrantes, desfavoreció su integración social, incrementó el poder de policía y la arbitrariedad a la que fueron sometidos, y tornó más vulnerables sus condiciones de vida”.

La persecución de los y las migrantes es un viejo recurso que se amplifica ante las grandes crisis económicas y sociales. La competencia desleal, el desempleo, la caída de los salarios y hasta el terrorismo pasan a ser “culpa de los inmigrantes”, y se desvía, así, el foco de atención de las políticas públicas y las decisiones políticas que llevaron a la calamitosa situación económica que hoy atravesamos.

                                                 

La negritud invisibilizada

En el caso de la comunidad senegalesa en particular, aquí se encuentran con el agravante de una negritud invisibilizada históricamente, que genera un extrañamiento y una desconfianza aún mayor. Según el integrante de La Ciega, “no es el único país al que migran, también van a Europa, al resto de América del Sur, a Estados Unidos. Argentina es uno de los países más racistas. En Europa, las políticas migratorias son muchas veces más duras, pero en el cotidiano están acostumbrados a coexistir con negros, cosa que acá es mucho más raro. Es muy distinto un migrante africano que no solamente no habla el idioma, que no tiene algunos beneficios por no ser del Mercosur, que sufre una distancia muy grande, no solo de su familia, sino también de su cultura y su religión; sino que además no tienen ni siquiera consulado senegalés en la Argentina, así como tampoco hay un embajador argentino en Senegal”.

En el marco del aislamiento, y con el consecuente parate de la actividad económica, su principal ingreso se evaporó, además de que al no tener documento argentino (solo 30 de los cerca de 230 senegaleses y senegalesas de La Plata lo tienen), no pudieron acceder a ciertas políticas redistributivas del Estado como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). A los pocos meses, debieron volver a salir a vender para poder comer y pagar el alquiler, más allá de que incluso debieron interrumpir el aporte económico a sus familias en Senegal.

Desde estas circunstancias, que son incluso anteriores a la pandemia, empezaron a hacerse nuevos operativos por parte del municipio y la policía de la provincia de Buenos Aires, que terminaron en nuevas detenciones, causas penales, actas contravencionales y secuestros de mercadería. Incluso, en varios medios se replicó que es posible que la Municipalidad haya presentado ante la Justicia Federal una denuncia para investigar una supuesta red de trata de personas que pareciera estar organizada en torno de la explotación de los y las senegalesas para la venta ambulante.

En respuesta a esta noticia, la Asociación Senegalesa de La Plata salió a aclarar en un comunicado que “la mayoría de nosotros somos vendedores ambulantes que vivimos en situación de vulnerabilidad, pero ni somos víctimas de trata, ni somos jefes de una organización criminal como se ha dicho. Y si así fuera, si efectivamente fuéramos víctimas de una red de trata, no se entiende por qué el Municipio responde profundizando todos los días operativos violentos y discriminatorios contra los manteros, persiguiendo con especial énfasis a los senegaleses”.

Esta persecución conjunta de la Municipalidad, los medios de comunicación y la policía derivan fácilmente en odio racial y violencia de parte de varios y varias transeúntes que les gritan barbaridades; ni hablar de los dueños de los locales. “Se creen impunes porque piensan que no entienden. Una cosa es no comprender el idioma; otra muy distinta es no comprender lo que te están diciendo”, graficó Brumer.

Son muchas las necesidades y los problemas que atraviesa la comunidad senegalesa, que sólo piden “que traten de entendernos y escucharnos”. A pesar de las persecuciones y del racismo que impera en la sociedad argentina, los medios de comunicación hegemónicos y el poder judicial; la comunidad, de la mano de organizaciones sociales y jurídicas que les apoyan y acompañan, trabaja para sostener a su familia y en busca de mejores condiciones de vida.

Source

Por Claudia Korol Imagen: Ivan Martin Barrera

Dicen que sí, dicen que no. Dicen que es Facundo. Dicen que no es.

Yo digo que no es Facundo, si no tiene en su rostro dibujada la sonrisa. Que no es Facundo si no tiene la piel para acariciar a su amor. Que no es Facundo si no están sus brazos para envolver con ellos a Cristina, su mamá guerrera. No puede ser Facundo, aunque sean sus huesos, aunque sea su zapatilla, aunque sea su bichito de la suerte.

Facundo desparramado no es Facundo, digo. Tendremos ahora la tarea de juntar su memoria, eso que no nos pueden quitar ni con las bravuconadas policiales, ni con el bernivirus, ni con noticieros mentirosos que desinforman y mienten.

Aprendimos de tanto dolor. Facundo ahora también late en nuestros corazones, con Santiago, con Julio, con Rafita, con Diana, con Cecilia, con Mayra, con Johana, con Ramona, con Kevin, con las, les, los 30 mil. Facundo late fuerte como un grito de dolor, pero también con esa sonrisa que nos anima a la esperanza.

Los criminales no tienen límites para el despojo. Nos quieren decir que esa zapatilla es Facundo. Que esos huesos son Facundo. Que el informe forense nos confirma que lo encontramos. Está bien el informe, es necesario para acercarnos a la verdad. Pero esos huesos, creo, no son a quien buscamos. No está su mirada. No está su palabra. Facundo tiene rostro de niño travieso, tiene corazón inquieto.

A Facundo lo fuimos apareciendo cuando lo desaparecieron. Lo fuimos conociendo y queriendo. Escuchando la voz de Cristina, que no necesitó peritajes para adivinar quién era.

Digan lo que digan, Cristina, nunca vamos a dejar de buscar íntegro a Facundo. No dejaremos de traerlo a nuestras luchas como fue, como es, con su sonrisa hermosa, con su mirada traviesa, saliendo a la ruta enamorado.

Source

Por Iván Barrera / Foto de portada por Hernan Vitenberg

La provincia de Tucumán fue epicentro de la última dictadura militar. Epicentro de los fusilamientos, las desapariciones, la violencia, el terror, la complicidad de la sociedad civil y de los poderes económicos. También fue epicentro de las resistencias a los distintos golpes, desde las y los trabajadores azucareros agrupados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), el nacimiento del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y desde las distintas resistencias obreras a la violencia evocada por las fuerzas represivas.

A 45 años del Operativo Independencia y a 37 de la vuelta a la democracia, la violencia represiva y racista sigue a flor de piel: los asesinatos por “gatillo fácil”, las torturas en comisarías, la violencia selectiva y racial tienen su continuidad, así como también sigue vigente la complicidad que los ingenios azucareros tuvieron con la última dictadura en la persecución y desaparición de personas, hoy funcionando cual feudos sin protocolos ni elementos de higiene, condenando a trabajadores y trabajadoras a su suerte frente a los contagios de COVID-19

El aislamiento preventivo, social y obligatorio (ASPO) dictado a partir de la pandemia provocada por el covid-19 visibilizó lo más crudo de la violencia policial. Luis Espinoza, trabajador rural de 31 años, fue asesinado por la policía y su cuerpo permaneció desaparecido una semana. Ceferino Nadal fue asfixiado hasta la muerte cuando era detenido, mediante la misma técnica que le quitó la vida a George Floyd en Minneapolis. En la comisaría de Famaillá realizaron un asado y practicaron técnicas de tortura contra los detenidos. En los ingenios azucareros se suceden los contagios y las muertes por coronavirus por la falta de protocolos.

Sin embargo, la tercera ley de Newton nos enseña que “en toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria”. Esa reacción igual y contraria la protagonizan comunidades, organizaciones y movimientos que dedican su trabajo a contraponer esos avances violentos del Estado y las fuerzas represivas, a defender los derechos humanos, a las personas y los territorios.

Fotos por Alejandra Arreguez

Lo que la pandemia nos mostró: ¿quién nos cuida de la policía?

“La pandemia ha venido a profundizar lo que ya existía: la pobreza, la desigualdad, la brecha digital. Pero además de esa profundización, lo ha materializado de una forma muy cruel, muy brutal. Con la violencia policial sucede lo mismo. No solo se ha profundizado, sino que la ha vuelto más material, más brutal, y sin dudas es una continuidad de patrones de prácticas que existieron siempre”. Quien da su testimonio es Fernanda Marchese, directora de Andhes.

Andhes es una organización multidisciplinar que surge al fragor del 2001. Su nombre es el acrónimo de Abogadas y abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, dado que en su origen fue fundada por abogados y abogadas y estudiantes de derecho, “entendiendo que el derecho es del pueblo y debe ser una herramienta de cambio social y no solo de opresión a las clases oprimidas”, según explica Fernanda. Y agrega: “El objetivo de Andhes es incidir en la creación y en la transformación de políticas públicas, con una fuerte perspectiva e identidad del NOA. En nuestro nombre hay una ideología de democratizar las políticas públicas, combatir las desigualdades geográficas y contextualizar y democratizar el derecho.” Si bien Andhes fue formada por abogadas y abogados, hoy se define como una organización integrada e interdisciplinaria. Andhes aborda distintas áreas como Memoria Verdad y Justicia, Géneros, Pueblos Originarios, Niñez y Derechos Humanos, Empresas y DDHH, Derechos Económicos Sociales y Culturales y Seguridad Pública y Cárceles.

Como parte de estos abordajes, hace más de 15 años que la organización trabaja en un proyecto de reforma policial. Desde sus comienzos allí, Fernanda se involucró en la formación y por eso detalla de qué se trata el proyecto: “Trabajamos durante varios años analizando el sistema educativo de la policía, entendiendo que a la policía se la cambia desde adentro, que la educación es ese caballito de Troya que te permite entrar y poder modificar algunas cuestiones. La reforma busca una policía más próxima a la comunidad, más democrática, con un sistema educativo que deje de ser de la policía hacia la policía, sino que dependa del órgano competente. La reforma policial es una patita chiquita de pensar en una seguridad pública, respetuosa de DDHH. La reforma es un paso para dialogar con el Estado sobre qué tipo de seguridad queremos”.

Lo cierto es que estas fuerzas represivas, educadas por sí mismas y obedeciendo sus propias órdenes, tuvieron un recrudecimiento durante el ASPO, como bien nos contaba Fernanda.  Uno de los casos de violencia represiva que más visibilidad cobró al principio de la pandemia fue el de Luis Espinoza. Luis vivía en el monte tucumano y el 15 de mayo se dirigía a la casa de su prima junto a su hermano Juan para llevarle dinero, cuando ocho policías los interceptaron y los golpearon fuertemente. Juan quedó inconsciente y solo llegó a escuchar un disparo. El cuerpo de Luis apareció una semana después en la localidad de La Banderita, en la provincia de Catamarca, con un disparo letal en la espalda a la altura del omóplato.

Un mes después, el 24 de junio, Ceferino Nadal fue detenido por la policía luego de ser acusado de robar un supermercado. La policía lo tiró al piso y le puso una rodilla en la garganta, con la misma técnica que le aplicaron a George Floyd en Minneapolis. ¿El resultado? El mismo. Ceferino murió asfixiado.

Respecto de estas dos historias, Fernanda agrega las incongruencias que existen entre las fuerzas policiales y la investigación judicial: “En el caso Espinoza y en el caso Nadal, en los dos donde la policía estaba involucrada, sospechada, fue la misma policía la que intervino en el proceso de investigación”. Y afirma: “¡No puede estar involucrada la policía en el proceso en el que está siendo investigada ella misma!”. Una afirmación que interpela en cada caso donde las fuerzas de seguridad están involucradas en todo el país: los primeros informes, las fuentes policiales con discursos que señalan a las víctimas y las investigaciones por irregularidades recaen sobre esas mismas fuerzas.

También Alejandro Mamani, referente de Identidad Marrón, quien nos dio su testimonio en el informe sobre Chaco, nos da su parecer al respecto. Identidad Marrón es un colectivo que se planta contra el racismo estructural, ese racismo que ataca todas las identidades marrones, las identidades racializadas, las individualidades y los colectivos con raíces indígenas, percibidos o no como tales. Identidad Marrón trabaja con la pedagogía de la pregunta y nos invita a reflexionar.

Las historias de Espinoza y Nadal nos interpelan. Le preguntamos a Alejandro qué componentes observa, tanto desde el accionar policial como desde la sociedad civil, para que algunas historias se masifiquen y recorran los medios y las calles del país y otros queden en un silencio cómplice.

Mamani afirma: “Estos casos tienen un componente múltiple: son personas racializadas, de clase popular, que su existencia para el aparato policial proyecta impunidad. Proyecta un ‘¿quién puede preguntar por esta persona?’, proyecta el silencio acordado socialmente respecto a estos cuerpos. ‘¿Cuánto puede durar en agenda?, ¿va a aguantar hasta el juicio el tema?, ¿quién es?’, y la gente se olvida. ‘¿Qué cuerpos son más descartables? ¿Qué cuerpos son menos empatizables?, ¿qué cuerpo puede ser el de un peón de los que cosechan o de un obrero de los que construyen mi casa y quiénes son los cuerpos que pueden ser mi tío, mi primo, mi hermano?’. Con estas preguntas me pongo en el lugar de quienes hacen las noticias y de quienes se ocupan de ser transmisores a la sensibilidad social. Ahí es donde la empatía se plantea selectiva. Y cuando la empatía se plantea selectiva a ciertos cuerpos, y cuando los cuerpos marrones no producen este nivel de empatía, en el no reclamo de justicia es donde terminamos garantizando la impunidad”.

Andhes acompaña distintos juicios de Tucumán y Jujuy, ya sea como querellante o trabajando colaborativamente con abogadas y abogados.  En Tucumán, es querella de dos casos de gatillo fácil. Uno es el caso de Facundo Ferreira, quien tenía solo 12 años cuando dos policías iniciaron una persecución contra la moto en la que él iba de acompañante y lo fusilaron por la espalda a pocos metros, sin oponer ningún tipo de resistencia. El otro es el caso de Miguel ‘Reyes’ Pérez de 24 años, a quien, en vísperas de Navidad, dos oficiales de la Comisaría 4ta lo persiguieron, le dispararon una bala de goma que le dio en la cabeza y cuando cayó al piso le pegaron un culetazo. Estuvo casi 20 días en coma y luego murió. Desde Andhes definen estos dos casos como estratégicos para señalarle al Estado y a la sociedad las deudas y fallas desde una perspectiva de derechos humanos. 

En esta conversación resulta inevitable conectar estas historias con la de Facundo Castro, quien permanece hace más de cien días desaparecido, y con los casos de gatillo fácil que se suceden constantemente en nuestro país. Por eso, Mamani se explaya: “No es que nos podría haber pasado a todos, ¿A qué personas les puede pasar esto? ¿Quiénes tienen más probabilidades de ser perseguidos por la policía? ¿Quién tiene más posibilidades de que se les solicite el DNI o que se le pida que abra la cartera? ¿Quién tiene más probabilidades de recibir una bala por la espalda? No se trata de sensibilizar, se trata de destapar la cuestión referida a violencia institucional y racismo: es violencia racista. Claramente es institucional, pero hay un componente que no estamos observando. No es lo mismo un chico que va al Nacional Buenos Aires que un chico que va a una escuela de contexto popular. Eso determina qué cuerpos van a ser más descartables para el aparato policial, quiénes son los cuerpos que tienen mayor incapacidad de respuesta y mayor incapacidad de reclamo”.

En ese mismo sentido Fernanda opina: “Lo venimos diciendo, lo venimos sosteniendo: la policía no usa la fuerza de forma proporcional, no respeta derechos humanos, no hay condiciones de detención dignas, no hay una fuerza política que lidere. La policía se organiza a sí misma. Y siempre es importante remarcar que no es un policía, es toda la institución. El problema no es el rol de la policía. El rol de la policía se tiene que jerarquizar, se tiene que profesionalizar, los escalafones terminan dañando la subjetividad de los policías”.

Lo que la pandemia nos mostró: ¿quién nos cuida del COVID?

Las conversaciones con Alejandro y con Fernanda necesariamente se ven atravesadas por este contexto de pandemia. Ambxs coinciden con lo enunciado al principio: la pandemia no vino a generar nuevas necesidades, sino a visibilizar las ya existentes. Le preguntamos a Alejandro qué cuestiones raciales pensaba que se habían puesto en evidencia a partir de la pandemia y la situación de aislamiento. Nuevamente con la pedagogía de la pregunta, Alejandro nos invita a reflexionar: “Se ve el racismo en el presupuesto; es decir: ¿dónde van destinadas las partidas presupuestarias?, ¿dónde se pone el foco de gastos? A todos los problemas referidos al agua, pavimentación, accesos, luz, servicios básicos, a los que muchas veces son sometidas las clases populares respecto de la vulneración de sus derechos, el COVID lo terminó maximizando. ¿Qué tipo de higienización podés tener? Y después se ve en el tipo de atenciones: ¿Cuál es el tipo de atención que se puede tener? Cuánto más alejados, menos acceso tienen a la salud, a que entre una ambulancia, acceso a los test, etc.”.

Uno de los ejes que trabaja y milita Andhes es el de la Memoria. Ese eje abarca la complicidad de los poderes económicos durante la última dictadura cívica militar eclesiástica, y los poderes políticos que aún ostentan estos grupos. Al respecto, nos cuenta: “El trabajo de memoria propiciado por los organismos de DDHH es señalar a los responsables, a los militares, al ejército y al Estado, pero de la dictadura se han beneficiado muchos empresarios que no están siendo siquiera investigados. Nosotros estamos con el caso del Ingenio Fronterita. Es muy difícil encontrar víctimas que quieran denunciar el terrorismo de Estado porque son familias que al día de hoy dependen económicamente de estos ingenios”.

El Ingenio Fronterita fue uno de los tantos cómplices económicos y partícipes activos de la última dictadura. En el acceso al ingenio se encuentra una construcción conocida como Conventillos de Fronterita, que funcionó como centro clandestino de detención y exterminio anexo a la Escuelita de Famaillá. A su vez, dentro del ingenio, funcionaban tres locaciones que los directivos habían cedido a los militares afectados al Operativo Independencia. Entre junio de 1974 y septiembre de 1976, se registraron al menos 25 trabajadores del ingenio víctimas de lesa humanidad: 2 fueron asesinados, 9 desaparecidos, y 14 secuestrados y posteriormente liberados. Pese al impacto económico de la crisis desatada por la dictadura, y que la planta de trabajadores y trabajadoras se redujo considerablemente en ese período, el Ingenio Fronterita logró incrementar sus ganancias más del 30%, y adquirir el Ingenio Bella Vista.

Fronterita es uno de los varios ingenios vinculados a la última dictadura. Y en la actualidad, junto con el Ledesma en Jujuy, son noticia por la desidia de sus empresarios ante la pandemia de coronavirus.  Fernanda nos detalla: “En pandemia los obreros están acudiendo sin protocolo, sin elementos de protección. Los contagios se están agudizando y hemos intervenido denuncias al Ministerio de Trabajo, aún sin ningún tipo de respuestas. Estamos en el trabajo de visibilizar que las empresas tienen un fin de lucro y con eso avasallan derechos. También reclamarle al Estado que tiene responsabilidades sobre las empresas”.

Respecto de esta misma mirada, Alejandro nos invita a reflexionar una vez más: “Nosotros luchamos por que las personas marrones puedan acceder a sus derechos. Si hoy leemos una nota que dice que en Estados Unidos las personas afroamericanas no pueden acceder a elementos de higiene o al análisis de covid nos idnignaríamos y la compartiríamos enojados, pero eso sucede en muchas regiones de Argentina donde las personas marrones no están pudiendo acceder a elementos de higiene, a la salud, que les piden un dinero que no pueden pagar y no pueden hacerse el test”.

Por el derecho a la tierra ancestral

La reforma constitucional de 1994 modificó el artículo 75, donde reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y sus derechos. En el texto puede leerse: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. Sin embargo, la inclusión de un derecho no significa necesariamente su regulación ni mucho menos que se garantice y se universalice su acceso.

En el territorio de Tucumán coexisten más de 20 comunidades originarias que engloban a más de 3000 familias. Andhes trabaja activamente con algunas de estas comunidades buscando, vía instancias judiciales, garantizar el cumplimiento de sus derechos. Fernanda detalla al respecto: “Andhes apoya y acompaña comunidades indígenas a medida que la comunidad va necesitando, construyendo o demandando. Buscamos acompañar en juicios y generar litigios estratégicos; es decir, que se busca develar y exponer patrones de conducta ilegales y estructuras desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos y promover derechos no garantizados por deficiencias o porque la protección efectiva solo se activa a partir de los reclamos de los grupos”.

Desde Andhes acompañan el juicio Chocobar, que lleva 10 años. Javier Chocobar tenía 68 años y era uno de los dirigentes de la comunidad Chuschagasta, en El Chorro, y parte del Consejo de Ancianos. El 12 de octubre de 2009, día en el que se conmemoraron 517 años de la masacre y conquista de América por parte de la corona española, Javier murió asesinado en la tierra que ancestralmente le pertenecía. Quienes dispararon contra él y otros miembros de la comunidad fueron Darío Amín, empresario que explotaba parte del territorio bajo concesión del Estado, junto a dos ex policías. Una historia repetida en el NOA, en la Patagonia y en todo territorio ancestral. El juicio lleva 10 años y, en el medio, la abogada de Andhes fue a denunciada por criticar la demora de la justicia. Respecto a la sentencia, Fernanda nos explica: “La idea es que la justicia en su sentencia incorpore la perspectiva de derechos humanos, que no juzgue los hechos simplemente como homicidio agravado. Hay un homicidio, sí, esa es la carátula, pero la historia es que los pueblos vienen peleando por sus tierras desde la célula real. Eso es muy difícil que la justicia lo tome. El desafío de Derechos Humanos es que la justicia diga que se asesinó a un cacique que peleaba por sus tierras, por sus tierras comunitarias, un derecho en la Constitución, que viene negado desde la época de la conquista y hay una violación sistemática histórica de los derechos a los pueblos y discriminación por el solo hecho de ser pueblos”.

Source

Por Redacción Marcha | Foto: Veinticuatro Tres

Mañana, como cada 27 de agosto desde hace 6 años, tendrá lugar la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en la que familiares, amigos y amigas de víctimas de gatillo fácil y violencia institucional denunciarán los crímenes cometidos por las distintas fuerzas de seguridad, amparadas por el poder político, judicial y los medios de comunicación hegemónicos que dan por ciertas las versiones policiales.

Este año, la habitual marcha desde el Congreso de la Nación será reemplazada por una concentración en Plaza de Mayo desde las 14 horas, debido a la situación de aislamiento. A lo largo y ancho de todo el país se realizarán movilizaciones, concentraciones y protestas virtuales, además de un “proyectorazo” en varias ciudades.

En un comunicado convocando a la marcha, familiares y amigxs de víctimas de gatillo fácil explicaron que su reclamo de justicia no estaba dirigido solo “a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen a nuestras familias, sino al Estado del que forman parte esencial. Actualmente tenemos más de 7000 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983”.

Las historias de la desaparición de Facundo Castro Astudillo, con la Bonaerense como principal sospechosa, o el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, cuyo cuerpo fue ocultado por policías de esa provincia por una semana, no son solo ejemplos de estas prácticas tradicionales de las fuerzas de seguridad en todo el país, sino que muestran que durante el aislamiento social no cesó la escalada de violencia policial de los últimos años, con un pico sin precedentes durante el funesto gobierno de Mauricio Macri y su Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los familiares denunciaron en el comunicado que “no se trata de excesos individuales, ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares, el poder judicial garantiza impunidad, los medios justifican el hecho instalando la versión de las fuerzas de seguridad y existe la complicidad por acción u omisión de ciertos funcionarios y políticos”.

Si bien las víctimas habituales del gatillo fácil son pibes jóvenes de barrios humildes, para los y las integrantes de la Marcha la violencia policial y estatal es mucho más amplia y toma múltiples formas: el abandono a los pibes y pibas con problemas de adicción a las drogas; la complicidad policial en las redes de trata y el narcomenudeo; la represión a los pueblos originarios y la expulsión de sus tierras; las torturas y violaciones de los derechos humanos de las personas detenidas en cárceles y lugares de encierro.

La Marcha busca visibilizar una situación nacional para sensibilizar a una sociedad que parece demasiado acostumbrada a este tipo de crímenes. Como afirman desde la organización, “no sólo peleamos por la sentencia sino también por la conciencia”.

“Ningún tapabocas va a callar nuestro grito exigiendo justicia”

Emilia Vassallo es la mamá de Pablo “Paly” Alcorta, asesinado hace 7 años por el policía de la Bonaerense, Diego Tolaba. Siendo una de las referentas de la organización, siempre está presente en la cabecera. Este año no podrán ir desde el Congreso a la Plaza debido a los cuidados de la salud que impone el contexto pero decidieron concentrar en la Plaza debido a la importancia creciente de la fecha. “Sabemos que el año pasado fue masiva la marcha, más de 5000 personas, por eso decidimos hacer esta convocatoria. Van a hablar solamente los familiares nuevos que se sumaron y después leeremos un documento”, explicó Emilia en diálogo con Marcha. Y contó el porqué de la decisión de no realizar la tradicional marcha: “esto del coronavirus no es joda, tenemos muchos amigos y familiares que se han contagiado, incluso han fallecido. No dejaremos de salir a la calle, no lo hemos hecho nunca, haya pandemia o no, pero con los cuidados necesarios”.

“Los reclamos son los mismos de todos los años. La represión sigue creciendo todos los años, durante el aislamiento se profundizó. Está la desaparición de Facundo Castro, el asesinato de Luis Espinoza, 92 casos de gatillo fácil en estos 5 meses”, agregó. El color del partido político no es determinante para ella. “La denuncia va a dirigida a todos los gobiernos, nacional, provincial y municipal. Hay distintos partidos políticos en cada lugar y el gatillo fácil y las causas armadas siguen existiendo. Pasan los gobiernos y la represión sigue existiendo, así que creemos que esto va a seguir ocurriendo porque es un método de control social. Cada gobierno se hará cargo de sus muertos, Macri se tendrá que hacer cargo de los suyos. Seguiremos cada caso de gatillo fácil, cada desaparición forzada, cada muerte en contexto de encierro”, concluyó.

Source

Por Vivian Palmbaum / Fotos por Juli Dorin y Julianite / Diseño: Ivan Barrera

La voz “chaco” proviene del quechua (“chacu”), que significa lugar de cacería, y hace referencia a la riqueza faunística de la zona. La provincia que lleva ese nombre es parte de una región más amplia que abarca Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Desde hace unos 5.000 años, es una tierra habitada por los pueblos Tobas, Mocovies y Wichí entre los más destacados.

La población de la provincia de Chaco está compuesta por una gran cantidad de pueblos indígenas que, expulsados por el corrimiento de la frontera agrícola, tuvieron que migrar hacia las áreas periurbanas, donde viven en condiciones de pobreza y hacinamiento. Según el último censo de 2010, en la provincia 4 de cada 100 habitantes es indígena o se reconoce como descendiente de pueblos originarios.

En la provincia de Chaco conviven distintas realidades para las comunidades. Por un lado, la del interior de la provincia, donde son reprimidas y arrasadas para apropiarse del territorio y, por otro, en el cordón que rodea a las ciudades más importantes -como Resistencia-, donde se organizan conglomerados de gran precariedad.

Racismo institucional

En las áreas periurbanas, las violencias policiales contra las familias Qom se repiten. Hace pocos días, al grito de “indios infectados”, una familia recibió un feroz ataque de policías que la roció con alcohol para prenderle fuego. Si bien los integrantes de las fuerzas ya fueron identificados, parece haber un patrón estructural en la repetición de estos graves hechos que no cesan. Por este motivo, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura también tomó intervención.

Esta repetición se denomina “racismo institucional”. Según las palabras de Alejandro Mamani, abogado y activista de derechos humanos e integrante del Colectivo Identidad Marrón.

Mamani explica que el “racismo institucional se plantea con el acceso diferenciado a los derechos legitimados por el Estado. Si bien desde el Poder Legislativo se planteó una igualdad jurídica -todas y todos somos iguales ante la ley- es distinto el tratamiento que se recibe porque sabemos muy bien que el acceso a la salud, a la justicia, a la educación, está delimitado por nuestro origen étnico, muchas veces por nuestro color e incluso por el lugar social de donde provengamos. Creemos que una de las variables que no ha sido analizada en el contexto latinoamericano y en la Argentina en particular es la variable de racismo”.

Mamani detalla que cuando se habla de violencia contra comunidades indígenas “también hablamos de racismo a nivel estructural porque este planteamiento de impunidad constante respecto a las comunidades indígenas no solamente se plantea desde una cuestión como la violencia, sino que en la búsqueda del acceso a la justicia y de resolver estos conflictos el Estado da una respuesta tardía que termina siendo una no respuesta, inclusive favorece la impunidad. Por eso en muchos otros casos la impunidad de acciones violentas contra comunidades originarias por parte de población criolla referida a parte del gobierno, inclusive violencia institucional por parte de agentes policiales, lo que termina haciendo es afirmando esta separación implícita de lo indígena como un mundo aparte y marginal”.

A pesar de que las comunidades indígenas tienen sus derechos garantizados, y más desde la reforma constitucional de 1994 donde, detalla Mamami, “se declaró la propiedad comunitaria, reconocimiento de su lengua, el deber de ser escuchados, el tener garantizado una justicia de calidad con traductores en el caso que corresponda; creemos que estas son las prácticas concretas que terminan visibilizando esta falta de realidad en la ley. Es decir, hay una igualdad jurídica y en la realidad, no”.

Caravana en apoyo al acampe Qopiwini

La pandemia al acecho

El Chaco fue una de las provincias más afectadas inicialmente por el coronavirus, con unos 4606 casos y 188 muertes, una cifra que se va modificando a medida que pasan los días. En el Gran Resistencia la situación es muy compleja. Desde Marcha consultamos a Charo Alcide, integrante de la organización social Mujeres Clasistas Combativas en el Chaco (MCC) para conocer en profundidad el estado de los pueblos originarios respecto de la pandemia.

”La situación de pobreza, discriminación, opresión y represión de estos pueblos se ha incrementado. Durante la pandemia, sufrimos situaciones muy graves. La policía salía a la cacería de los integrantes de los pueblos originarios. Los corrían en las camionetas con balazos de goma. Todo lo que tenía que ver con el reclamo por la libertad de esos compañeros se hizo muy engorroso, porque nadie atendía por ningún lado´”, explica Alcide.

Y agrega que esas personas “siguen detenidas en distintos lugares por el solo hecho de salir a buscar el sustento diario, el pan; lo que hace falta en esta pandemia donde todo se ha complicado impresionantemente”.

Pero más allá de la pandemia actual, Alcide afirma que “todo intento del pueblo de poder juntarse siempre ha sido reprimido por el gobierno del Chaco. El manoseo constante es histórico y se sufre por ser originario, por ser mujeres originarias y por ser pobres. Es una situación que no nos cabe ya en definiciones porque todo se ha dicho en los últimos tiempos”.

Respecto de las acciones concretas que llevó adelante el gobierno ante la situación que despertó la pandemia y el respectivo aislamiento, explica que “si bien es cierto que ha asistido con mercaderías a algunos pueblos y barrios de Resistencia, donde hubo un brote muy grande del Covid 19, eso duró un tiempito. Después, todas las promesas que hizo el gobierno están haciendo agua y ya las comunidades y los pueblos originarios están saliendo nuevamente a manifestarse en las inmediaciones de los lugares y sus territorios”. Incluso, Alcide apunta a los fondos que se destinan, que no fueron actualizados: “El gobierno no se puede seguir manejando con los presupuestos de 20 años atrás, porque nacieron cientos y cientos de pueblos originarios que hoy ya tienen familias con hijos y que, al ser parte de las grandes villas y asentamientos de Gran Resistencia, viven de una manera deficitaria y en pleno hacinamiento que no se puede sostener”.

Ser originaria, ser mujer

Otras de las problemáticas que surgen es cómo sufren las mujeres las violencias continuadas desde las instituciones, mientras son quienes organizan las respuestas cuando el Estado decide ausentarse. Así lo contó Charo Alcide: “Hay una cosa que es terrible que es el trato que les dan a las compañeras originarias desde las instituciones. Por ejemplo, compañeras originarias que están llevando adelante comedores con mucho esfuerzo, ollas populares y el gobierno no atiende los teléfonos, no les da respuesta, pero siguen haciendo tremendo sacrificio para llenar las panzas. Y lo hacen llevando adelante actividades de donaciones, venta de empanadas, de lo que sea”.

Por otra parte, también explica Alcide: “las compañeras originarias siguen viviendo todo tipo de violencia. En el Gran Resistencia sufren a la par de las compañeras criollas eso de ir a las comisarías y que nadie las atienda o que les cajoneen y nunca más sean solucionadas sus denuncias”.

Para las comunidades originarias la relación con el territorio es inherente a su modo de vida. Desde el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela DD.HH.”, organización no gubernamental de Derechos Humanos de Chaco, que cerró tras el fallecimiento de Rolando Núñez, explicaban que el conflicto de los pueblos originarios y de la tierra aparecen asociados porque el problema de la tierra y el agua es la esencia del problema indígena: “el problema del indio es, en último análisis, el problema de la tierra”, afirmaba José Carlos Mariátegui en 2009. La tierra fue y será el principal reclamo de las diferentes naciones indígenas entendida como entidad colectiva y propiedad cultural no ligada a la lógica individual y económica.

Defender a la comunidad y el ambiente:

Guardia Comunitaria “Whasek” Wichi

“Whasek” es el vocablo wichi que designa al escuerzo, un sapo grande del monte que “siempre está en su mismo lugar y ante cualquier ataque se aferra dentro de su territorio”. Así lo explica Fabián Ariel, vocero de la Guardia Comunitaria “Whasek” Wichi del Chaco. Las actividades de la Guardia comenzaron a finales de 2018. La iniciativa colectiva tiene su base principal en El Sauzalito, y otras dos bases en las localidades de Techat y Fortín Belgrano. Se ubica en la zona del Impenetrable, donde habita el pueblo wichi y se interna el espeso monte chaqueño que lucha por sobrevivir a la tala de árboles y donde especies como el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el chancho quimilero y el tatú carreta, entre otras, se encuentran en peligro de extinción.

El Impenetrable esta bordeado por cinco pueblos principales: Miraflores, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, Wichí y Sauzalito; todos pertenecen al Departamento de Güemes.

La mayoría de las comunidades indígenas viven en reservas comunitarias ubicadas en las inmediaciones de los pueblos. Las más importantes y cercanas al Parque son:

• Reserva de Nueva Población (wichí): 1.500 hectáreas lindantes al Parque. Es el único paraje vecino donde conviven wichís con criollos.
• Reserva de Nueva Pompeya (wichí): 20.000 hectáreas lindantes al Parque en la zona del pueblo que tiene el mismo nombre.
• Reserva Meguesoxochi (qom): 150.000 hectáreas ubicadas a 10 km del parque, hacia el Sur.
• Reserva Mowitob (qom, mocoví y wichí): 308.000 hectáreas que el Gobierno cederá a qom, mocovíes y wichís como compensación del daño por la Campaña del Desierto, que también tuvo su accionar en el Chaco.

Al menos unos 400 hombres y mujeres wichis, desde los 17 años, integran la Guardia comunitaria para defender un territorio que abarca aproximadamente unas 150 mil hectáreas.

La pelea que llevan adelante desde la organización tiene que ver con un reconocimiento oficial que les permita accionar sin ningún tipo de trabas ni hostigamientos. Por eso, detalla: “En un principio nos dieron una resolución del municipio y ahora tenemos la resolución provincial de julio pasado, donde reconocen la guardia comunitaria ambiental. Así, logramos que se nos mire, se nos escuche, y se constituya un nuevo orden de cuidado territorial como será nuestra guardia comunitaria ambientalista. Ahora lo que pretendemos es un decreto, que nos parece que nos da mayor reconocimiento. Más adelante vamos a pelear por una ley de seguridad indígena”.

En ese sentido, el vocero reflexiona sobre “la enorme responsabilidad de seguir caminando un sendero único en el país, la existencia de un pueblo wichi organizado en el cuidado y conservación de su territorio mediante nuestra guardia comunitaria ambiental”. Y se pregunta, y nos pregunta: Si Parques Nacionales puede cuidar los parques, nosotros, que somos los dueños de las tierras, ¿por qué no podemos cuidar nuestras tierras?”.

Es que en el Impenetrable, el conocimiento del territorio es fundamental. Y con eso se relacionan los trabajos Entre las funciones de la guardia comunitaria están las de tratar de detectar situaciones que pasan dentro del territorio como incendios, tráfico ilegal de maderas, de animales o drogas, entre los más importantes. Ariel cuenta: “por ejemplo hace poco se perdió una persona y se logró encontrar”. Y agrega que el trabajo que realizan “es ad honorem, no tenemos sueldo, los muchachos sienten la necesidad del territorio, por eso ellos se comprometen en velar por el territorio”. Sin embargo, a pesar de la actividad amorosa y de cuidado que desarrolla la Guardia para proteger el territorio y a la comunidad que la habita, sufren hostigamientos: “ante alguna situación que pasa en nuestro territorio se alerta, y eso por ahí molesta”. Uno de los mayores obstáculos que se repite son las relaciones con el Estado, a través de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y hasta los medios de comunicación que vienen criminalizando la defensa territorial.

“Seguiremos avanzando para velar por nuestro territorio”

La tan mentada inseguridad por parte de las empresas de comunicación se refleja de manera muy diferente en este territorio: “En las 150 mil hectáreas tenemos distintas reservas indígenas, con título de propiedad. En 2018, salieron 100 mil hectáreas que también las luchamos porque le corresponden al pueblo wichi, de la Gran Reserva que también estaba en conflicto. Lo que nos preocupa es la inseguridad que puede afectar a nuestras próximas generaciones”.

Una de las explicaciones que agrega el vocero es que las comunidades están en una zona limítrofe con Formosa y Salta: “por ahí está la entradera del narcotráfico, la madera, hojas de coca; es un pasadero. Estamos sobre las orillas del río”.

En el mes de mayo, esas mismas empresas de comunicación realizaron una campaña en su contra “acusándonos de violentos, paramilitares y tantas otras mentiras. Buscando generar en la sociedad un rechazo hacia el proceso que venimos andando como Guardia en defensa de nuestros montes y de nuestra cultura. Presionando para que la justicia y el poder ejecutivo provincial actuara con urgencia para resolver ‘el problema de la guardia Whasek’. Las consecuencias fueron que varios hermanos wichi fueran imputados por resistencia, atentado y usurpación de autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”, detalla Fabián Ariel. Pero, no todo se mide con la misma vara: “Vemos que se llevan madera día y noche. Nadie ve eso y no le dicen que son criminales, en cambio nosotros que queremos proteger cuidar a nuestros pueblos nos tratan de criminales cuando realmente no es así”.

Greenpeace es una de las organizaciones que más visibilidad le está dando a la tala ilegal de bosques, que en varias provincias, como Chaco, no ha cesado ni en tiempos de aislamiento social. El desmonte que destruye los bosques, la fauna y empobrece la tierra está ligado al negocio maderero, pero también se realiza con fines de extender la frontera agrícola; es decir, instalar y expandir el monocultivo sojero.

Respecto de esas alertas, Ariel cuenta que la policía y el intendente pidieron la colaboración de la Guardia para ayudar a controlar quién entrara y saliera en los ingresos del pueblo y también a controlar que a quienes les diera positivo del Covid se quedaran en sus casas.

Sin embargo, a pesar de que la resolución reconoce que el trabajo de la Guardia se articula con la policía, sufren situaciones de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. “Ellos no aceptan”, explica Ariel. Y continúa: “Anteanoche tumbaron la barrera de la guardia, insultaron, dijeron cosas feas, hubo amenazas, pero no respondimos. Creemos que esa no es la manera de los funcionarios policiales. Padecemos la persecución y el hostigamiento, estamos discriminados, pisoteados, no quieren reconocernos cuando en realidad nosotros fuimos a pedir al gobierno para que nos dé la facilidad de velar nuestro territorio. Siempre lo hemos aguantado, siempre hemos callado”.

Pero ese silencio no es pasividad, y detalla: “Se prestan mucho fiscales como otros funcionarios para criminalizar a un pueblo milenario que busca el bien y los criminales son los que andan dentro de nuestro territorio con la droga, con el alcohol, cosas perjudiciales para un pueblo y futuras generaciones. Estamos en la mira de los jueces y de los fiscales. La justicia debería estar con las cosas que son delitos”.

Para cerrar Fabián Ariel teje lazos con otras comunidades defensoras y reafirma la acción de la Guardia: “Vemos en otras comunidades también por ser los defensores, por ser quienes llevan la protección de un pueblo de una comunidad o del medio ambiente se los empieza a perseguir como sucede con los mapuches. Seguiremos avanzando para velar por nuestro territorio”.

Source

Por iniciativa de las organizaciones que componen el Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes se firmó un acta de acuerdo, con siete puntos, para proteger a las niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas se vienen vaciando de contenido. Cada vez hay menos profesionales idóneos para la contención de los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, se realizan acuerdos corporativos que transfieren la concesión de los negocios vinculados al Cerro Catedral para su explotación. Entrega de los recursos más represión, la fórmula que se repite.

Fuerzas de (in)seguridad

En Bariloche, la violencia que ejercen las fuerzas de (in)seguridad contra las niñas, niños y adolescentes no es nueva y se profundiza. Hace pocos días, estudiantes de la Escuela Amuyén de Bariloche, en el km 7 de Pioneros, denunciaron que fueron agredidos mientras esperaban en la parada del colectivo.

Tal como consignan desde el Colectivo Al Margen, esta semana, por iniciativa de organizaciones sociales, se logró consensuar un acta de acuerdo de siete puntos destinados a terminar con la violencia institucional e implementar políticas públicas. El mismo se originó en la sesión ampliada del Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó en la sede de la Fundación Gente Nueva del barrio Virgen Misionera. A esta institución concurren los y las adolescentes que denunciaron violencia institucional el viernes pasado a manos de personal policial de la comisaria 27 de Melipal.

El acuerdo compromete a la obligatoriedad de la identificación del personal policial, la apertura del Centro de Atención y Derivación de adolescentes demorados, la formación de la policía en perspectiva de derechos humanos, la presencia del ministro de Seguridad Pérez Esteban y el compromiso para la atención psicológica de los chicos que fueron golpeados, entre los más destacados. El acta lleva la firma de la Legisladora oficialista Silvia Paz, el Comisario de la regional tercera Daniel Bertazzo, el Comisario Ricardo Fuentes de la Jefatura Zona 1 de esta ciudad, el Defensor de Menores Javier Ospital, de Jimena Palópoli delegada del área de Derechos Humanos, Carlos Sánchez, Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad y la directora de la Senaf en Bariloche, Daiana Salussoglia; además de las organizaciones y demás miembros del Consejo de Infancia local.

Los padres de las y los jóvenes agredidos por el personal policial, que se encontraban presentes, enfatizaron sus quejas contra este accionar de las fuerzas de (in)seguridad, al tiempo que denunciaban que esta situación produjo que “sus hijos no estén viniendo a la escuela, ni quieran salir de su casa porque tienen miedo”. Al mismo tiempo, en la sesión del Consejo se destacó que se han reducido la cantidad de psicólogos. El efecto es la falta de contención en situaciones como la sucedida y tantas otras. La violencia institucional tiene como contenido concreto prácticas de estigmatización, represión y criminalización de las infancias y jóvenes de los sectores populares.

Allí, frente a los funcionarios de gobierno, organizaciones sociales, concejales y referentes gremiales se pronunciaron contra la ausencia de políticas públicas para los sectores más vulnerables. El 14 de mayo será la próxima sesión del Consejo de Infancia y fue convocado el titular de la cartera de Seguridad provincial Gastón Pérez Estevan y la titular de la Senaf Roxana Méndez para abordar la implementación del Centro de Atención y Derivación de Adolescentes.

Sombras de Bariloche

Bariloche es la ciudad más grande de la provincia de Rio Negro y con mayores denuncias por violencia institucional. Desde hace dos años la violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes se viene incrementando, hasta con denuncias de torturas en comisarías, como la de la Comisaría 42 del Barrio 2 de Abril.

Tal es la violencia policial que a partir de la cantidad de casos que se vienen sucediendo,  desde el año pasado el Movimiento de Infancia implementó un Registro de Violencia Institucional para facilitar que las y los jóvenes y adolescentes puedan hacer denuncias en los barrios, ya que por temor no se animan a acercarse a la Fiscalía. La violencia institucional en los barrios de Bariloche tiene nombre: detenciones irregulares, torturas, hostigamiento por parte del personal policial. Algunos de los barrios donde denunciaron son Virgen Misionera, Nahuel Hue, San Francisco, Unión, Malvinas, Abedules, 28 de Abril, Villa Llanquihue y 10 de Diciembre.

Negocios corporativos

Mientras la policía reprime y hostiga a niñas, niños y jóvenes de los sectores populares, en Bariloche se cocinan negocios.

En los medios locales se pudo leer una noticia que pasó prácticamente desapercibida a nivel nacional, y que muestra la misma lógica en los distintos lugares donde el Pro tiene diferentes alianzas de gobierno. Sin licitación previa se aprobó la extensión por 38 años del contrato de concesión sobre la explotación del cerro Catedral. A pesar de las 3354 firmas pidiendo el referendo y las irregularidades del proyecto se aprobó con la mayoría automática de Juntos Somos Bariloche (JSB) y el PRO. Vecinas y vecinos se hallan movilizados para juntar firmas que impulsen una consulta popular.

Este contrato de concesión del área Catedral a la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. hasta el año 2056 beneficia no sólo con la concesión del área sino que además conlleva un megaemprendimiento inmobiliario que implica una transformación de la naturaleza en paisaje urbano. La llamada modernización llegó hasta las montañas para quedarse.

Mientras, en Bariloche se firma la paz con la policía para que no siga reprimiendo a las y los pibes, con un acuerdo donde uno de los puntos destacados y consensuados hasta por las cúpulas policiales es que los efectivos lleven identificación.

Las fuerzas de seguridad no paran de darnos ejemplos, que se han intensificado en los últimos dos años. En Rio Negro, la historia que compromete a las fuerzas lleva las marcas de nombres como Daniel Solano y Lucas Muños (en Bariloche) entre otros. El más reciente y triste ejemplo lleva el nombre de Rafael Nahuel, ajusticiado por la espalda por la prefectura en Villa Mascardi (Bariloche).

La zona patagónica se halla a merced de la voracidad de los negocios corporativos sin frenos y sin límites por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales que se benefician con acuerdos que se hacen a espaldas del pueblo. Mientras tanto la fórmula sigue siendo la misma: represión, criminalización, meterle miedo a los sectores populares como único modo de seguir haciendo negocios. Las organizaciones y movimientos comunitarios parecen constituir el recurso para poder frenar las violencias institucionales cotidianas.

Source

Empleados de una empresa de seguridad volvieron a recurrir a las agresiones físicas y abuso de poder la madrugada del 21 de mayo en Uniclub. Esta vez las violentadas fueron tres educadoras populares.

El 20 de abril por la noche Malena Maya, Micaela Jaen y Paula Massa se dirigieron a una fiesta en Uniclub, boliche reconocido como uno de los principales espacios de entretenimiento nocturno, urbano y artístico ubicado en Guardia Vieja 3360, en la ciudad de Buenos Aires.

La banda de cumbia de fondo y un ambiente intelectual alrededor generó que durante el show se comenzaran a cantar una serie de canciones de género, teniendo como protagonistas a Malena, Micaela y Paula. La fiesta siguió y los aires comenzaron a generar una tensión que rebotaba  de frente sobre los empleados de seguridad, que sin tener motivos objetivos se dirigieron hacia las propulsoras de los “cantitos feministas”, como definieron ellas, y les emitieron la orden de retirar sus cosas que estaban apoyadas en el piso, sobre la pared del escenario, sin interrumpir de ninguna manera el paso.

“Preguntamos por qué y, acto seguido, se retiran. Al instante vuelve con una mujer “patovica”, que nos repite la consigna y,  al encontrarse con la misma pregunta de parte nuestra, nos obliga a retirarnos de forma violenta”, cuenta Paula Massa que terminó con golpes y moretones en los brazos luego de que interviniera al ver que su compañera, Micaela Jaen, estaba en el piso a causa de los forcejeos con los empleados de seguridad.

C.A.P.S.A es una agencia que presta servicios de personal de seguridad a diferentes boliches de Buenos Aires, que se destaca por sus irregularidades burocráticas, sus contratos fantasmas, precarización laboral hacia sus empleados y externamente, sus modos a la hora de emitir tratos al público.

“Nos preocupa saber que la reacción violenta e injustificada de las y los empleados de seguridad de C.A.P.S.A  responde a la misma lógica que hace más de diez años generó el asesinato de Martín Castelucci en La Casona, Lanús”, cuenta Paula, quien también indica que una vez fuera del lugar, insistieron durante una hora y media para que le brinden los datos críticos de estos individuos y así accionar la denuncia correspondiente. Los datos no vinieron solos, sino que además llegó con la amenaza explícita por parte de uno de los patovicas que al verse acorralado por mujeres que no iban a dejar que este hecho pasara desapercibido les dijo: “No sabes con quién te metiste”.

Oscar Merlo (integrante de la Asociación Civil Martín Castelucci) dice que “todos los fines de semana hay hechos gravísimos como estos”, y es que C.A.P.S.A, al igual que otras agencias del mismo rubro como pueden ser KRATOS CAP, CAPCONTROL, son contratados por los dueños de espacios nocturnos para evitar los conflictos que se puedan desatar en el interior de estos sitios. Lo que resulta paradójico de esta situación es el resultado de esta intervención, que por algún motivo que no fue estudiado aún, la historia ha traído una serie de casos donde de manera excluyente y condicional, la violencia en sus peores formas se han abatido a través de ellos: golpes, desvanecimientos y agresiones de cualquier tipo que en muchos casos llevaron a la muerte, como es el caso de Martín

Esa pregunta incómoda de ¿Por qué?, interrogante no solamente de estas activistas sino también Mateo D., que el mismo sábado pero en un boliche de la zona de Fluvial fue golpeado salvajemente en el VIP sin tampoco tener motivos concretos, se responde sola: Porque pueden, o porque alguien lo permite.

“Nosotras, como educadoras de niñas, niños y adolescentes que viven situaciones de injusticia permanente, tenemos la responsabilidad de transmitir, no sólo con las palabras sino con el ejemplo, la necesidad de luchar contra la violencia.”, fue lo que escribieron las educadoras en la página de la organización luego de efectuar la denuncia en la Comisaría N°9 contra los patovicas, la empresa responsable y la dueña del boliche.

Los patovicas avasallan los derechos de los jóvenes que pareciera, los pierden una vez que cruzan la puerta de entrada. Hijos de la Justicia Argentina que no buscan la verdad, sino culpables, se los puede reconocer en su pequeño eslabón dentro de la vida nocturna.

Source