Desde el inicio de las protestas sociales en Jujuy en contra de la reforma constitucional de la provincia impulsada por el gobernador Gerardo Morales, hasta la fecha, ha habido al menos 4 personas que perdieron la vista a consecuencia de las graves heridas sufridas por los disparos de las fuerzas policiales. Un análisis biopolítico para comprender la depredación extractivista sobre los cuerpos-territorios.

Por Aldo Sebastián Vergara Duveaux * | Foto: gentileza, Susi Maresca.

Misael Lian Lamas en Purmamarca el sábado 17 de Junio, Ernesto Aguirre y Jorge Rodríguez en San Salvador el martes 20 de junio y Joel Paredes en Humahuaca el sábado 01 de julio. Los pobladores que han participado de las movilizaciones y reclamos han denunciado que el personal policial dispara de manera deliberada al rostro de los manifestantes.

La académica queer Jasbir K. Puar en su texto “El derecho a mutilar. Debilidad, capacidad, discapacidad” (editorial Bellaterra, 2022), haciendo pie en las modalidades de ataque de las fuerzas israelíes sobre los cuerpos palestinos, afirma que, en este último tiempo, además del derecho a matar “legalmente” en determinadas circunstancias, los Estados Modernos se han ido arrogando el derecho a mutilar determinados cuerpos que considera “dañables”. Ello a fin de producir un debilitamiento masivo de los cuerpos como una forma de biopolítica, es decir, una técnica de control y disciplinamiento sobre cuerpos otros, rebeldes, insumisos.

La mutilación ocular sucede cuando el globo ocular estalla o debe ser extirpado a raíz de los graves daños que ha sufrido. El cegamiento implica la pérdida de la visión, total o parcial, sin perder necesariamente el globo ocular. Como lo muestra la investigadora, artista y curadora Gabriela Golder, en su obra “Los ojos desiertos”, la práctica por parte de las fuerzas policiales de disparar a los ojos de los manifestantes en diversas protestas sociales, empieza a evidenciarse como una política deliberada de los gobiernos en diversas partes del mundo.

La obra de esta artista propone recorrer diversas imágenes con los rostros de manifestantes víctimas de mutilación ocular en países como Colombia, Líbano, Chile, Francia y Hong Kong. A dicha lista, la artista podría sumar hoy a Jujuy, Argentina, además de España, Perú, EE.UU, Ecuador, Brasil y seguramente algunos otros que las investigaciones desde abajo irán logrando visibilizar.

En argentina, los antecedentes de víctimas de mutilación ocular por disparos de las fuerzas policiales en contexto de protesta social se remontan al año 2017, en las movilizaciones contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Ya en ese momento se denunciaba que la policía disparaba en forma deliberada al rostro de los manifestantes.

Chile, por su gran cantidad de víctimas de trauma ocular, es una especie de laboratorio estremecedor, mucho más que la propia palestina en todos estos años de ocupación y política de apartheid por parte de Israel. El caso de Gustavo Gatica es extremo, ya que recibió de lleno el impacto del disparo en su rostro y perdió ambos ojos, lo que deja en evidencia el accionar deliberado del poder policial en esta biopolítica de la mutilación ocular.

Las cifras oficiales de Chile hablan de casi 400 víctimas de cegamiento y mutilación ocular en las protestas iniciadas en 2019. A principios de marzo del 2020, alrededor de 3.838 personas habían resultado heridas y según la Sociedad Chilena de Oftalmólogos y organizaciones de derechos humanos, 460 de ellas terminaron con complicaciones oculares graves, pérdida del glóbulo ocular y también de la vista. Esta cifra ha convertido a Chile en récord mundial en mutilación ocular. Sobre este punto, el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, el Dr. Dennis Cortés, llegó a afirmar que nunca, en toda la historia de la especialidad, en ningún lugar del mundo, había habido tantos traumas oculares como en su país.

Las armas “no letales”, biopolítica del trauma y disciplinamiento de las subjetividades subversivas.
El 16 de noviembre de 2019, cuando se habían registrado más de doscientos casos de traumas oculares, la Universidad de Chile publicó un estudio que concluía que los balines antidisturbios no eran de caucho, como insistía la versión oficial, sino que contenían metales de alta dureza, incluidos plomo, silicio y sulfato de bario, y apenas 20% de goma, otro dato que evidencia la intención deliberada de causar lesiones en los cuerpos de la población movilizada y no sólo procurar “dispersar” o “disuadir”.

Por este motivo, muchas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional proponen dejar de hablar de armas no letales. Se trata de armas y como cualquier arma, sea un lanzagases, sea un arma cargada con balas antitumulto, sea una pistola eléctrica tipo taser, en todos los casos se trata de armas potencialmente letales o que pueden causar graves daños a la salud física y psíquica de los ciudadanos. Una investigación colaborativa y transfronteriza liderada por CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística), en alianza con UOL, Interferencia de Chile y otros nueve medios de América Latina logró determinar que al menos 33 personas han muerto por impacto de este tipo de armas en siete países desde 2017.

Ha sido sólo a raíz de las graves consecuencias que estas armas han tenido en el pueblo chileno que la ONU, el primero de junio de 2020 ha abordado el tema y ha publicado un documento oficial al respecto: “Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden”.

La impunidad en este tipo de casos, previsiblemente, es abrumadora. Prácticamente ninguna investigación logra determinar quién fue el autor del disparo y, eventualmente, ser condenado. La policía jamás lleva una identificación visible en su accionar en las protestas, e incluso, en muchos casos, se denuncia que actúan vestidos de civil y en móviles sin identificación oficial. Esto lleva a pensar, una vez más, en lo inadecuado del abordaje del caso por caso, y en la necesidad de investigar y juzgar a los responsables jerárquicos dentro del propio cuerpo policial y a los jefes políticos de este accionar deliberado por parte de las fuerzas de seguridad.

En su libro “Gasear, mutilar, someter. La política de las armas no letales”, Paul Rocher (editorial Katakrak, 2022), intenta analizar los impactos y usos de las armas mal llamadas armas no letales en contextos de protesta social principalmente en Francia en donde el autor llevo adelante su investigación, aunque intentando encontrar una lógica subyacente que permitiera comprender como el uso de este tipo de armas y sus efectos en los cuerpos se vuelve cada vez más extendido y sus impactos cada vez más graves. El argumento principal del libro es que, aquellas narrativas que sostienen la justificación del uso de las llamadas armas no letales para evitar daños mayores es falso ya que su investigación le ha permitido observar, entre otras cosas, que, al proveer de este armamento a la policía, ésta apela a su uso de manera más frecuente, y lo hace de manera mucho más rápida y anticipada que antes de haber aprobado su portación. Es decir, antes que apelar a cualquier otra forma de abordaje del conflicto, el recurso al uso de la fuerza en general, y al disparo de estas armas en particular, es más frecuente. Esto conlleva a que haya cada vez más heridos en las movilizaciones y protestas a nivel global y que incluso algunas llegan a ser letales.

La práctica de mutilación ocular por disparos con munición antitumulto, suele ser enmarcada en una narrativa que caracteriza estos hechos como “accidentes” en un contexto de “contención” de la protesta con “armas no letales”, es decir, en un marco de “uso racional de la fuerza”, con el fin de mantener “el orden y la paz sociales”. Este discurso busca legitimar y consolidar no sólo una biopolítica de la mutilación y el trauma por parte de los gobiernos, sino una campaña de marketing y difusión de una industria en franca expansión.

A partir de este discurso, las mal llamadas “armas no letales” se convierten en una especie de coartada para invisibilizar los fines biopolíticos de dicha práctica (la de disparar al rostro) en particular, y de la represión de la protesta en general, camuflando así los deliberados impactos que se buscan en los cuerpos, esto es, la producción del trauma, como forma de control y disciplinamiento social, y el consiguiente impacto en las subjetividades del cuerpo social movilizado en su conjunto.
Para los investigadores Duran Rojas y Veto Honorato:

“(…) las mutilaciones oculares ocurridas en el estallido social en Chile, no solo actúan como una estrategia de control policial (es decir, para herir, cegar o impedir ver lo que se ha comenzado a ver). La mutilación de los ojos de muchos/as ciudadanos/as fue dirigida, como intentaremos mostrar, hacia el presupuesto de un sujeto dado en un rostro, como si el ataque deliberado a esos ojos –un ataque al sujeto cuyo rostro se organizaría en torno a ellos– fuera un ataque hecho, según el dicho popular, contra “el espejo del alma” (p. 208)

Si, por un lado, esta acción estaría destinada a marcar los cuerpos, a infringirles dolor y daño de manera deliberada, los autores sostienen que con estas prácticas se busca generar además un impacto subjetivo, en tanto ataque a esa forma otra de subjetivación rebelde, movilizada, insumisa, que emerge en el contexto de protesta buscando subvertir el orden establecido. Una subjetividad que muchas veces logra trascender las consignas y las motivaciones iniciales del reclamo original, y que termina desbordando de alguna manera las identidades políticas conocidas y enunciadas hasta ese momento.

Pacificación y nuevo ciclo de acumulación por desposesión en la era del capitalismo del colapso.
A nivel global, no solo resulta escandaloso e insostenible, al mismo tiempo que innegable, el enorme nivel de desigualdad social profundizado luego de la pandemia de Covid-19, sino que, además, empiezan a aparecer signos de agotamiento y colapso de los ecosistemas a nivel mundial debido al cambio climático y los enormes impactos en la naturaleza generados por el extractivismo propio de la dinámica de producción capitalista. Como esto se muestra de manera irrefutable, las soluciones “verdes” del capital, aparecen a través de nuevas formas de acumulación por desposesión (Harvey, 2006). El litio, mineral protagonista de la denominada transición energética, empieza a generar mayor conflictividad por la apropiación de esta renta extraordinaria que promete su explotación. Y también cada vez mayor resistencia por parte de quienes habitan de manera ancestral estos territorios que en otros tiempos fueron considerados como “desiertos” por parte de las elites políticas y económicas.

Mark Neocleous, en su texto “la lógica de la pacificación: guerra- policía – acumulación” (2016) aborda el análisis de la categoría “pacificación” en la teoría política a partir de textos y discursos de militares y figuras políticas a nivel global, para dar cuenta del carácter colonial de determinadas violencias estatales-policiales. Así llega a firmar: “(…) la “pacificación” es un concepto tan nuclear y útil para entender la violencia porque nos permite analizar detalladamente la naturaleza productiva de la violencia. En particular, su naturaleza productiva en la fabricación del orden capitalista.” (p. 10)

La seguridad es pacificación, sostiene, y ésta es la vía por la cual se busca legitimar el uso de la violencia policial en la imposición de un nuevo orden social burgués. Es decir, un nuevo proceso de acumulación capitalista que, en el contexto del mundo actual, solo es posible a través de nuevas formas de colonización, es decir de nuevas formas de despojo. El autor sostiene: “Es esto lo que entendemos por pacificación: la articulación de un espacio para la construcción de un orden social organizado a través de la acumulación y el dinero. Desde este punto de vista, la pacificación es una guerra de clases: el ejercicio de la violencia en la colonización sistemática del mundo por el capital con el fin de construir un orden burgués.” (Neocleous, 2016, p.19)

Es principalmente a través del poder policial que esta violencia “pacificadora” y garante de “la seguridad” y “el orden” es ejercida hoy en contra de la población civil, en las democracias neoliberales. Pero no por ello, hay que perder de vista la lógica de la guerra, de la cual proviene. Neocleous se muestra crítico de aquellos pensadores que se alarman por la creciente militarización de las policías o el desdibujamiento de los límites del poder militar y el poder policial en la actualidad. Sostiene que: “el concepto de pacificación nos permite entender los poderes convergentes de la guerra y la policía y comprender que estos poderes siempre han sido convergentes. Las implicaciones de este argumento son que las consideraciones de la “politización de lo militar” y “la militarización de la policía” están basadas en una dicotomía liberal entre “la policía” y “lo militar”.

Pero desde la perspectiva de la teoría crítica esta dicotomía no tiene sentido. Desde la perspectiva de la teoría crítica, los poderes bélicos y policiales siempre han funcionado conjuntamente en tanto que medios a través de los cuales el orden social se constituye.” (p. 20). Frente a algunas simplificaciones en la teoría política liberal acerca de la complejidad del poder estatal en la actualidad, Neocleous propone “(…) pensar la guerra y la policía como procesos que funcionan de forma conjunta como parte del poder estatal y para la fabricación del orden social burgués.” (p. 21)

A fines de 2020 se conoció una noticia estremecedora: el agua comenzaba a cotizar en la bolsa de Wall Street y, aquellas definiciones que aseguran que “la minería de litio es una minería de agua” empezaron a tomar una dimensión cada vez más honda de las implicancias de estas nuevas formas que puede adquirir la guerra contra los pueblos que se opongan al “desarrollo” o que sencillamente comiencen a sufrir cada vez más la apropiación y expoliación de sus fuentes de agua.

Reprimir para desarrollar y desarrollarse reprimiendo.

Si estas nuevas expresiones de la violencia estatal aparecen como funcionales al nuevo ciclo de acumulación por despojo es, además, como parte de un círculo “virtuoso”, un gran negocio en sí mismo. La producción de “armas no letales” es un mercado cada vez más prometedor para “los jugadores” del mercado global. Según un informe de la consultora internacional “Mordor Intelligence”, el mercado de armas no letales tiene una proyección de crecimiento de 4.540 millones de dólares en 2021 a 5890 millones en 2027. La misma consultora, en su informe sobre el “prometedor” mercado de armas no letales en América Latina afirma, entre otras cosas: “La creciente demanda de armas no letales está brindando enormes oportunidades de crecimiento para los jugadores en América Latina.”

“El segmento de aplicación de la ley tuvo la mayor participación de mercado en 2019 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Los últimos tres años vieron numerosos disturbios en países, como Brasil, Venezuela, México, Chile, Perú y Argentina, siendo la crisis económica local y la inestabilidad política en los países las principales razones de los disturbios. En tales situaciones, las armas no letales juegan un papel importante en el control de disturbios, ya que pueden usarse como una alternativa menos peligrosa a las armas de fuego, para reducir el riesgo de daño al público, o en situaciones donde se requiere cierto grado de fuerza. necesario, pero donde el uso de armas de fuego sería desproporcionado.”

El informe señala que Brasil lidera la producción de armas no letales en América Latina, a través de la empresa CONDOR, líder en el mercado. Sobre Brasil, el informe refiere: “Las armas no letales, como gas lacrimógeno, balas y porras de goma, gas pimienta y pistolas Taser, tienen prioridad en las operaciones policiales en todo Brasil. Las empresas de tecnología no letal han sido testigos de un aumento de ingresos de casi el 30 % en Brasil, y se anticipa que la política general del gobierno hacia el uso de dispositivos menos dañinos impulsará más ventas en el país. Además, ciertas unidades del ejército brasileño también están aumentando gradualmente el stock de armas no letales, como las pistolas Taser de electrochoque. Se espera que todos estos factores ayuden al crecimiento del mercado en Brasil en los próximos años.” (sic)

Son al menos 5 las principales empresas identificadas por este informe en competencia por ampliar su mercado de ventas en los diversos países de la región, e incluso en otras partes del mundo:
Condor Non-Lethal Technologies; Lampord Less Lethal Inc.; Rheinmetall AG; Axon (Taser International Inc.) y Genasys Inc. La investigación colaborativa y transfronteriza “El Negocio de la Represión”, de Interferencia de Chile en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) y otros nueve medios de la región, tuvo acceso mediante solicitudes de información vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a las compras de armamento no letal realizadas por Carabineros luego del estallido.

Este informe señala que: “…a lo largo de esos cinco meses de manifestaciones, Carabineros disparó 193 mil cartuchos lacrimógenos y lanzó 45 mil granadas químicas. Durante los primeros tres, percutaron 152 mil cartuchos de perdigones en sus escopetas antidisturbios. Mientras los chilenos contaban los muertos, heridas y pérdidas, otros sacaban cuentas alegres. El mercado de armas no letales vivía un verdadero boom.

Durante 2018, un año antes de que comenzara el denominado estallido social chileno, Carabineros gastó US$360 mil en armamento no letal, según información obtenida desde la propia institución. En 2019 y hasta octubre, el mes que iniciaron las protestas, no se compró ningún elemento disuasivo. Pero el 18 de aquel mes, con la llegada de las manifestaciones, los vendedores de armas expandieron su negocio en 2.300%. En apenas cinco meses y mediante al menos 34 órdenes de compra, la policía adquirió armas y municiones no letales por un total de US$8.290.922; 23 veces lo desembolsado desde 2018 hasta octubre de 2019.”

Reflexiones finales

“Pueden quitarte los ojos
Pueden quitarle los sueños
Debes cuidar que no apaguen
El fuego que llevas dentro.
Hoy el fuego está creciendo
Las voces son llamaradas
Coplas nacidas del alma
Van quemando las gargantas.”

Jacinto Piedra (1984)

El derecho a la protesta social y la obligación de su respeto y protección por parte de las autoridades estatales ha sido reconocido en varias ocasiones por los órganos interamericanos (Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y por Naciones Unidas. Se dice que, de alguna manera, el derecho a la protesta es “el derecho a tener derechos”, es decir, la garantía que, en última instancia, ante la falta de reconocimiento de otros derechos, siempre la ciudadanía y, sobre todo, las minorías, tienen la protesta como medio para hacer oír sus reclamos y reivindicaciones. Cualquier cercenamiento, recorte o regulación por parte de los estados, debe entonces, ser analizado con mucha meticulosidad y con gran rigurosidad ya que, de alguna manera, es la última instancia a la que puede apelar quien, por motivos de raza, género, clase social u otra condición, puede encontrar restringida la garantía de acceso a la justicia para obtener el reconocimiento y protección de sus derechos.

El reconocido constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, en una nota publicada en Clarin ha señalado con mucha precisión los motivos de la inconstitucionalidad de las legislaciones que limitan el derecho a la protesta. La nota es del 05 de junio, es decir, más de diez días antes del recrudecimiento de la represión en Jujuy pero con la ley que restringe el derecho de protesta ya sancionada en Salta. No parece casual que este tipo de legislación se esté ensayando y consolidando en 2 de las 3 provincias que conforman el triángulo del litio en argentina. La otra es Catamarca. Como tampoco es casual que estas formas de expresión de la represión y la violencia hayan iniciado en Chile, hayan continuado casi inmediatamente después por Bolivia y ahora se esté produciendo en el altiplano argentino.

Nótese que ante la avanzada extractivista que promovía la sanción de legislación que favorezca o habilite las explotaciones o la derogación de la normativa que prohibía las mismas, lo único que en la historia reciente de nuestro país logró hacer dar marcha atrás a los gobernantes fueron las protestas y movilizaciones masivas del pueblo en las calles. Los casos paradigmáticos en nuestro país son los pueblos de Mendoza y Chubut, cuyos gobiernos sancionaron leyes que promovían la megaminería y debieron derogarlas días después a raíz de las masivas y contundentes manifestaciones públicas. En ambos casos, lo central de la resistencia se dio en torno a la defensa del agua.

Las últimas noticias señalan que el gobernador de la Rioja avanza con un intento de reforma constitucional, luego de haber aprobado una ley que declara al litio como recurso estratégico de la provincia. Mientras, en Catamarca, se abre una sede del ejército en la provincia, bajo el argumento que es la única provincia de frontera que no tenía sede del ejército argentino. Catamarca, es una de las cinco provincias, junto a La Rioja, que forma parte del acuerdo firmado por el estado nacional con Mekorot, la empresa israelí para la elaboración de un plan maestro hídrico para estas provincias.

La nueva constitución provincial de Jujuy está aprobada, por lo que las protestas continúan en Jujuy, y previsiblemente continuarán hasta tanto el titular del poder ejecutivo no dé marcha atrás en esa reforma. Ante este escenario, las estrategias de resistencia y de autocuidado de la ciudadanía en las protestas deberán tomar nota de las nuevas modalidades que va adquiriendo la violencia policial en este nuevo ciclo de acumulación por desposesión del capitalismo “verde”.

*Abogado de ddhh e investigador

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Por tercer año consecutivo, familiares y amigos/as de víctimas de gatillo fácil junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales saldrán nuevamente a las calles para denunciar la violencia policial en una marcha nacional con el objetivo de poner en el centro de la escena a las historias de sus víctimas unificada en un fuerte grito por justicia.

Si bien es muy difícil dar cuenta de la cantidad real de los casos de gatillo fácil y asesinatos en manos de las fuerzas represivas a jóvenes por la impunidad y corrupción que rodea y privilegia a las mismas, contamos con un piso de casos de por si alarmante. Según el informe presentado por CORREPI en el mes de febrero, desde el comienzo de la democracia hasta principios de este año son 4960 las y los asesinados en manos de la bala policial. En lo que respecta al actual gobierno de Cambiemos se calcula una muerte cada 25 hs.

Con la Marcha de la Gorra realizada hace más de diez años en la provincia de Córdoba como antecedente importante, la actual organización nacional de las y los familiares logró una nueva posibilidad de masificación de la denuncia. Durante más de 5 meses se reúnen de manera sistemática, organizando festivales y definiendo en asambleas los pasos a seguir para sostener de esta manera su autonomía y unidad. Se trata de un espacio en permanente movimiento ya que como es de esperar semana a semana se suman nuevas familias en búsqueda de justicia, tal es el caso de los familiares de Nazareno, Iago y Dieguito, recientes víctimas del accionar represivo del estado.

“Estamos organizados todos los días para que nuestros pibes y pibas vivan en la lucha que llevamos adelante”

Emilia Vassallo es la mamá de Pablo “Paly” Alcorta, integrante del espacio de Familiares Contra el Gatillo Fácil, nos cuenta que su hijo fue asesinado el 28 de Mayo del 2013 por el policía de la bonaerense Diego Ariel Tolaba, actualmente prestando servicio en la Policía Metropolitana de la Capital Federal. En relación a la marcha, celebra que este año se haya masificado la convocatoria a la misma, y nos habla de “la necesidad de que esta sea a nivel nacional porque la represión y el gatillo fácil se dan a lo largo y ancho del país”.

Por su parte, Inés Alderete es la madre de Marcos Sebastián Acuña quien fue asesinado justamente un 28 de agosto pero del año 2015 por el prefecto Juan José Silva en el barrio La Cañada de Quilmes. En lo que respecta a la marcha de Buenos Aires invita a que “desde las 17 hs todos y todas se acerquen a acompañarnos para dirigirnos desde el Congreso a Plaza de Mayo” y explica “allí gritaremos como todos los días ¡ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, basta de torturas y desapariciones forzadas.”

En ese marco, Emilia explica que se va a marchar en Rosario, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, Neuquén, Jujuy y Mendoza. Como parte de la organización se resolvió realizar una difusión el mismo día, con una consigna unificada en estos distintos puntos. Tal fue la repercusión que hasta las fuerzas represivas llegaron a sentirse interpeladas como es en el caso de Tucumán, una de las provincias con mayor índice de casos en los últimos meses, donde los mismos oficiales se propusieron despegar los carteles colocados por las y los familiares.

Elsa es la hermana de German Gomez, un joven de Merlo asesinado por un gendarme de apellido Villalba quien en la noche del 30 de Abril le disparo a quemarropa sabiendo que dicha acción no le implicaría represalias. Y en la misma linea que Emilia, Elsa nos explica “que la marcha sea nacional nos resulta muy positivo, ya que ayuda a que todos los casos se visibilicen mejor”. A lo largo de estos meses de intercambio y diálogo entre familiares con quienes organizaron la marcha pudieron conocer otras historias que no hacen más que confirmar sus sospechas “de esta manera nos damos cuenta de que no es un sólo policía o un solo gendarme, es toda la institución aunque nos parezca difícil reconocerlo” afirma la hermana del joven asesinado en Merlo.

“Como familiares entendemos la necesidad de estar organizados” dice convencida Emilia luego de haber sido parte de la organización de esta tercer Marcha Nacional, “es importante para poder denunciar y visibilizar esta práctica sistemática que nos arrebata la vida de nuestros pibes.” Esta potencia no sólo radica en la rabia y organización que se supo construir, se rescata también la posibilidad de unificar en una misma acción política a familiares de pibes víctimas del gatillo fácil, de causas armadas, pibas asesinadas en penales, desapariciones forzadas y travestiscidios en un mismo reclamo “porque sabemos que el estado es el responsable y por eso lo denunciamos” explica Inés. “La única forma que nos queda a las y los familiares es organizándonos y encontrarnos en las calles todos los días” refuerza Emilia, y aclara “porque si bien la marcha es una vez al año, nosotras y nosotros estamos organizados todos los días para que nuestros pibes y pibas vivan en la lucha que llevamos adelante”.

Encerrar, no nos cierra

Mientras que cada día nos levantamos con una vida más arrebatada por las fuerzas represivas del estado, podemos decir que esto no acaba aquí. Se intensifica con las políticas del actual gobierno que no sólo celebra que cada día haya un pibe más preso, si no que también reprime la protesta social, criminaliza a los pueblos originarios, y si no despide a las y los trabajadores les recorta la posibilidad de una vida digna.

Si nos detenemos a entender cuál es el rol que ocupa la juventud a lo largo de la historia, no nos sorprenderá el hecho de que en este contexto de ajuste y represión sean ellas y ellos los construidos como peligrosos o inclusive quienes sean más permeables de posibles desapariciones o asesinatos. Tampoco extraña que desde el sentido común, acompañada por la siempre presente mirada de los medios hegemónicos de comunicación, sean rápidamente esos cuerpos, esas vidas las puestas en duda bajo el unificador “algo habrán hecho”. De esta manera las historias de un Solano, un Arruga y hasta un Maldonado se dispersan diluyendo a los verdaderos responsables.

En este contexto de discursos acusatorios y permanente criminalización se vuelve muy complejo el cotidiano de la juventud. Pensarse por fuera de los propios límites de la cárcel a cielo abierto donde las y los colocan parece un proceso casi imposible. Así la consigna que nos proponen los familiares y organizaciones convocantes de “cambiar la gorra por la visera” termina siendo una invitación arriesgada pero a la vez liberadora. 

                                                   

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El 26 de octubre se cumplieron dos años del asesinato de Jorge Reyna por la policía cordobesa de Capilla del Monte. Una marcha que llegó hasta la comisaría local unificó las voces, a un día de las elecciones, en un grito de justicia por Jorgito y todos las y los pibes víctimas de violencia estatal.

Pablo Ruiz, alias “el Polako”, tiene 23 años, viene del barrio porteño de Pompeya, pero apenas nació sus padres decidieron mudarse a Ischilín, al norte de Córdoba, hasta que comenzó el jardín en San Esteban, 50 km al sur, el lugar natal de Jorge Reyna.

“Soy porteño –dice con una marcada tonada cordobesa–. Mis viejos no querían que crezca en la Capital Federal”. Tres años mayor que Jorgito, se conocieron trabajando juntos en una obra en construcción en Los Cocos. “Ahí nos hicimos amigos, como le gustaban las bicis, cuando pudo se compró una cross, le enseñé a saltar y salíamos en grupo a pedalear”, recuerda.

El día que el Polako se enteró de la muerte de Jorge, estaba en su casa, jugando a la play con un amigo. A eso de las siete de la tarde, lo llamaron por teléfono y le dicen que se suicidó. “No podía ser, era un chabón con mucha vida, no lo podía entender”, expresa y asegura que a su amigo lo mataron. “Lo vi cuando abrieron el cajón. Tenía el cuello sano, o sea que no se ahorcó, como dijo la policía. Tenía golpes en la cabeza, las costillas, la oreja cortada, estaba apenas tapado con la camisa”.

El día sábado 26 de octubre de 2013, Jorge Daniel Reyna –de 17 años– fue detenido por un presunto robo. Fue golpeado hasta su muerte en un calabozo por personal de la comisaría de Capilla del Monte. Una víctima más se llevaba el prontuario de la “narco policía” cordobesa. De inmediato la versión policial fue que Jorge se había suicidado ahorcándose con su propia campera.

“La policía lo perseguía. Apenas pasaban, se ponía nervioso, quería irse. Cuándo estábamos en el cruce, a la salida de San Esteban sobre la ruta 38, él estaba siempre con miedo”, cuenta el Polako. San Esteban es una pequeña localidad de no más de 1000 habitantes, a diez kilómetros de Capilla del Monte. “Sólo por estar sentado en la calle por la noche, te paran, te hacen poner contra la pared y te revisan. Eso es permanente”.

Después de la muerte de Jorgito, “estuvimos todos mal”, dice el Polako. Hoy hay muchos jóvenes que andan con miedo, el control y la amenaza policial es sistemática. “La policía te implanta cosas, te busca algún motivo siempre. Te paran por boludeces, y te getonean al pedo. Te conocen, pero igual te toman los datos, demuestran poder. Los chicos tienen miedo de que los fichen, los agarren y los quieran guardar”.

Para el Polako, Jorgito era de esas personas que siempre te levantaban el ánimo. “Cuando tuve el accidente con la moto, él fue el único que me visitó todos los días. No podía levantarme y él me cuidó. Era sincero, se la jugaba por las personas que quería. Un tipo muy especial”.

“Te precisaba en la narración de mi historia”, le dice el Polako a su amigo en una carta que preparó especialmente para los dos años de su muerte. La última vez que lo vio, fue una semana antes, cuando salieron a bailar juntos a un boliche de La Cumbre. Hacía poco había salido del Complejo Esperanza -un Instituto de Menores- de ese lugar le dijo que había lo mismo o más droga que en la calle. “Salió como asustado, como si le hubiera pasado algo ahí adentro”.

“Hoy me siento firme, dice el Polako, aunque después de dos años duele –se quiebra–. Ojalá que se haga justicia”. Hace también dos años que comenzó a estudiar Psicología Social, le gustaría trabajar en las villas y alude: “en los lugares más pobres, ahí donde las cosas cuestan”.

El amparo legal

La persecución sistemática a los jóvenes es una de las consecuencias de la ley contravencional vigente en Córdoba desde 1994, conocida como Código de Faltas. Una de las figuras más cuestionadas de este código es el “merodeo”, que le otorga una facultad discrecional al policía para que determine quién es el “merodeador” o no. En el marco de esta normativa, se producen 200 detenciones diarias en la ciudad de Córdoba. Con casi veinte años de vigencia, hay una cultura policial que se ha internalizado no sólo en el modus operandi de las fuerzas de seguridad, sino que se promueve un imaginario criminalizador, como medio de legitimación social para su aplicación.

La policía puede arrestar a quien considere que se encuentre en “actitud sospechosa”, cerca de edificios o vehículos. A esta tipificación le corresponde un sujeto “tipificado”, que corresponde a ciertos atributos estereotipados de la figura del “delincuente”: joven, pobre y morocho. La institución policial demuestra su doble vida: su fuerza y estructura se organiza para combatir el delito, pero también para cometerlo. Es una agencia del Estado que practica sistemáticamente el delito: entre los años 2011 y 2015 hubieron 59 víctimas fatales en manos de agentes de seguridad del Estado de la provincia de Córdoba. La policía provincial fue la responsable del 83% de las muertes, el resto correspondió a personal del Servicio Penitenciario; Gendarmería Nacional, Ejército y Complejo Esperanza.

Jorge Reyna, fue una víctima más de la violencia institucional, que tiene a la policía como brazo ejecutor de una cadena de corrupción donde ganan funcionarios, narcos y policías, todos bajo la bendición ilegítima de la ley.

La investigación judicial, está radicada en los Tribunales de Cosquín, a cargo del Fiscal Martin Bertone, bajo la caratula, “muerte por etiología dudosa”. La abogada del juzgado, Silvina Galarza, explicó que aún están en la etapa de instrucción y no hay ningún imputado. La causa tiene tres cuerpos, y ya han sido citados a declarar los policías.

Para la familia la mañana del 26 de octubre de 2013 comenzó confusa. Un policía se acercó a la casa de San Esteban para avisarles que su hijo estaba detenido en Capilla del Monte por un presunto robo. De ahí, todas las versiones. Mientras unos dicen que entró a las seis y media de la mañana, el comisario, Juan Castro, dijo que fue a las 12 de la noche del día viernes. El abuelo y dos amigos, en cambio, dicen haberlo visto la mañana del sábado.

Según uno de los dos jóvenes que estuvo con él en el calabozo, el policía Daniel Ochoa le pegó feo. Lo tenía del cuello y lo amenazaba, “largá hijo de puta sino querés que te matemos a vos y a toda tu familia”. Así le dieron hasta el final. El médico en la Comisaría le preguntó por qué tenía tantos golpes, la policía reaccionó de inmediato, dijo que estaba en pedo y se golpeó. Dicen que lo envolvieron con una manta y le pegaban por donde viniera.

Juan Castro fue comisario en La Falda, hasta la sospechosa muerte de Brian Palomeque, de 16 años, en el invierno del 2012. Luego del asesinato de Jorge fue removido de la comisaría de Capilla del Monte.

Contra la cultura policial de la muerte

“Mami, a nosotros el cana nos manda a chorear para que quede bien el comisario del pueblo”, así le explicó Jorgito a su madre, Olga Tallapietra, unos días antes de su detención y muerte. Hoy Olga alienta a los chicos a que no se queden solos, y denuncien para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con su hijo.

El pasado sábado 24 de octubre, Olga recibió visitas inesperadas en su casa de San Esteban. Dos policías le preguntaron qué iban hacer el lunes. “Me dijeron que los mandaron los jefes por si necesitaba custodia. Les dije, de ustedes nada”. Los sacó de inmediato de su casa.

El lunes 26, se convocó a una marcha desde el colectivo “Familiares, amigos y amigas de Jorge Reyna”. La concentración se manifestó al ritmo de la batucada, con carteles y pancartas que denunciaron el abuso policial, el código de faltas, la impunidad. A un día de las elecciones, frente al cordón policial que se armó en la comisaría, se escucharon los cánticos de una multitud que comprendía que la justicia y la democracia también se construyen con la fuerza popular en las calles: yo sabía, yo sabía que a Jorgito lo mató la policía.

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