Por el Colectivo de Educadorxs de AulaVereda* / Foto: Juan Pablo Barrientos

Desde que la pandemia del covid-19 arribó a nuestro país y se decretó el aislamiento social obligatorio para todo el territorio nacional, diversos sectores del campo popular venimos advirtiendo sobre la necesidad de evitar el ingreso del virus en los barrios populares, villas y diversas formas de vivienda precaria. Intuíamos que su multiplicación e impacto serían mucho mayores allí donde las injusticias y las desigualdades son moneda corriente. Con el correr de los días, empezó a ser cada vez más evidente que esto no era una prioridad para muches, y el ingreso del SARS Cov2 en los barrios populares se convirtió en una realidad. La toma de medidas específicas para frenar esta avanzada es hoy nula y, por tanto, no podemos esperar más que una catástrofe sanitaria que se llevará cientos de vidas.

Tomando el caso de la Villa 31, donde aproximadamente viven alrededor de 45 mil personas, se estima que hoy en día hay más de 1.100 casos confirmados positivos de Covid, con una tasa de duplicación que ronda en los cuatro días, o sea que un 2% de la población de la villa se encuentra contagiada (lo que equivaldría a unas 900 mil personas si hacemos el paralelo a nivel nacional). La tasa de duplicación nos permite estimar que si todo sigue igual, en una semana, nada más, tendríamos allí alrededor de cuatro mil casos.

Sin duda, entonces, la situación de la 31 y de otros barrios populares debería estar bastante arriba en la lista de prioridades del Gobierno de la Ciudad, así como también del Estado Nacional. La ya conocida y renombrada dicotomía entre salud y economía en estos barrios resulta falsa desde sus propias premisas, porque no hay margen para elegir entre una y otra. Ninguna se les presenta como un horizonte de lo posible, producto de las décadas de ausencia del Estado y de la negación sistemática de los reclamos de les vecines. Mientras que ya por estos días en los programas del prime time televisivo comienza a exigirse la apertura de la cuarentena utilizando las necesidades de les trabajadores como excusa, queremos traer la atención sobre estos barrios, y elaborar una pequeña reflexión respecto de lo que allí está sucediendo para no caer en visiones simplistas o soluciones mágicas de un conflicto que tiene una larga historia.

Problemas antes de la pandemia

En la villa 31, el problema del agua, que gracias al grito de Ramona cobró visibilidad, viene desde hace años por la desidia y el abandono del Gobierno de la Ciudad. Es su responsabilidad que los distintos puntos del barrio tengan acceso al agua potable de las redes de AYSA garantizando una conexión de calidad, y no las conexiones precarias que existen hoy, que a cada rato deber ser emparchadas. La superposición de actores institucionales genera inconvenientes a la hora de realizar reclamos y exigir el cumplimiento de los derechos esenciales, a lo que se suma el histórico tira y afloje que existe históricamente entre Ciudad y Nación respecto de este territorio.

A esta altura no quedan dudas de que si estos problemas existen en el barrio Padre Mugica y en otros barrios popular de la CABA, la responsabilidad es de la gestión del PRO, partido que gobierna desde hace 15 años la Ciudad. La falta de respuesta frente a las múltiples movilizaciones que año a año se vienen sucediendo frente a la Legislatura porteña (donde Cambiemos tiene, actualmente, mayoría automática) da muestra de que la actual gestión está más preocupada por hacer negocios inmobiliarios con las villas del norte de la ciudad (31 y 31bis, Rodrigo Bueno y Fraga) que por resolver los conflictos en los barrios populares del sur. Esto tiene consecuencias gravísimas para miles de familias no solo frente a esta nueva pandemia, sino frente a tantas otras enfermedades que afectan a les más pobres como el dengue, el sarampión y la desnutrición, que son moneda corriente.

El derecho a la salud es sólo uno de los tantos que cotidianamente la población ve vulnerados. La falta de planificación, la inexistencia de un proyecto integral de urbanización que tome en cuenta sus perspectivas y la disputa entre los diversos actores que gestionan, controlan y regulan estos procesos hacen a un problema estructural que requiere voluntad política y años de inversión para que las y los habitantes de estas zonas logren tener una vivienda digna y segura.

Desde sus inicios, el hacinamiento es unos de los principales problemas de las familias que residen en las villas. En una sola vivienda conviven varios hogares, donde la cantidad de metros cuadrados por persona es menos de lo recomendado y el baño es compartido por un batallón. La dificultad de circulación es otro gran problema ya conocido por muches: los estrechos pasillos impiden el acceso de ambulancias e incluso autos particulares, a lo que se suman las calles de tierra que se embarran con la lluvia, y dificultan el paso.

Por ello, el problema del acceso al agua fue la punta del iceberg para que quienes nos gobiernan pusieran el foco en las problemáticas de las y los habitantes. La denuncia de Ramona puso en cuestión esta realidad, que repercute en las posibilidades de cumplir el aislamiento. Para conseguir un poco de agua, las familias debían salir de sus casas e ir a un punto más o menos cercano, más o menos concurrido y más o menos higiénico donde conseguían uno o dos baldes para el día. Esto dificultaba prácticas esenciales de prevensión del SARS Cov2, como lavar las verduras e higienizarse las manos.

Cuando el trabajo no te encuentra en casa

Muchas de las personas que residen en las villas continúan asistiendo a sus trabajos porque no cuentan con un empleo en blanco que les permita quedarse en su casa mientras perciben su salario, haciendo home office, para lo que además es necesario disponer de una computadora propia y accesibilidad a Internet. Generar ingresos cuando se trabaja por día o a destajo empuja a que las opciones se encuentren entre quedarse en su casa y no percibir ingresos, o salir a buscarlos y exponerse al contagio. Muches de les vecines trabajan dentro de los mismos barrios, lo que implica una circulación diaria por sus calles. El no contar con un salario mensualizado les imposibilita realizar las compras semanales como se recomienda, teniendo que salir cotidianamente a comprar el alimento. Esto sumado a la falta de bancarización tanto propia como de los negocios de cercanía que se torna otro impedimento más para evitar salir de sus hogares. Así, una vez que comenzó a haber contagios de covid-19 dentro de los barrios, la exposición al virus fue recurrente.

La falta de bancarización también impacta negativamente en quienes cobran la IFE, ya que muchas familias que deben acceder al cobro por cajero automático han tenido diversos inconvenientes para quienes no cuentan con un correo electrónico propio o un número de celular a su nombre. Para ellxs la única opción es cobrar a través del Correo Argentino, lo que significa hacer horas de cola para poder tener el dinero en sus manos. La IFE otorga unos pocos $10.000 que resultan insuficientes para saldar la falta de trabajo de los miembros del hogar, si se toma en cuenta que sólo se puede cobrar uno por familia. Por otro lado, podríamos hacer una pequeña reflexión acerca de cómo el Estado Nacional se encontró con dimensiones impensadas de la informalidad, probablemente acrecentadas durante los últimos cuatro años de macrismo. Y si bien la política se va transformando en función de llegar a estos sectores, lo cierto es que a dos meses de iniciada la cuarentena hay muchas personas que no han podido cobrar aún este Ingreso ni ninguna otra ayuda.

Mención aparte merece la situación de les niñes en cuarentena: hace casi dos meses que muches no tienen contacto con sus escuelas porque carecen de conectividad o han cambiado el número de teléfono que la institución tenía de contacto y ya nadie pudo comunicarse. La continuidad pedagógica es imposible para muches niñes que viven en casas en donde hay un solo dispositivo, que debe ser compartido entre todos sus habitantes. El reparto de comida en las escuelas es otro problema más que se les suma a las familias: deben hacer cuadras de cola para recibir un bolsón para dos semanas pero que es insuficiente, si es que no les llega solamente el refrigerio con dos leches y galletitas por algún supuesto error administrativo. Como dato de color podemos contar que en el bolsón a veces incluyen una cajita de flan instantáneo para el que se necesita utilizar un litro de leche del que las familias no disponen, lo que da cuenta de la falta de conocimiento sobre la situación que están viviendo miles de personas.

La pandemia y el aislamiento social son potenciadores de las necesidades básicas insatisfechas que existen desde mucho antes que este virus se esparza por el mundo, y que probablemente se prolonguen mucho más una vez finalizada la cuarentena. Lo que logra la excepcionalidad de las circunstancias actuales es poner de manifiesto aquellas desigualdades históricas que existen en CABA (y en el resto del país), y visibilizan múltiples derechos vulnerados que generan que esta crisis sanitaria no impacte a todes por igual. Muy lejos de esto, corremos el riesgo de que esta pandemia termine afectando, como ya sucede en otros países del mundo como Estados Unidos y Brasil, únicamente a los sectores populares, mientras el resto de la sociedad mira hacia otro lado.

A pesar de que ya es un dato irrefutable el hecho de que en los barrios populares de la Ciudad es donde hay mayor multiplicación del virus, aún no existe un protocolo sanitario para cuidar a las personas que se contagian de covid-19 ni a quienes estuvieron en contacto con ellas. Hasta hoy, si un miembro de la familia presenta síntomas y da positivo, al resto se les aísla en el hogar pero no se les testea. Luego de la denuncia de Ramona, el GCBA anunció con bombos y platillos la desinfección de las calles de las villas con lavandina, como si eso pudiera frenar la circulación, o fuera un cambio significativo frente a la falta de elementos de higiene básica en los hogares. Cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio se torna cuesta arriba cuando salir a trabajar, buscar un plato de comida o asistencia médica por fuera del hogar es imperante. El Estado sigue siendo el gran ausente, y esta responsabilidad recae sobre las organizaciones sociales y barriales que a través de donaciones logramos acercar aquello que el gobierno les niega.

Las organizaciones y las necesidades que vemos desde el barrio

Somos, entonces, las organizaciones sociales las que estamos día a día trabajando en los barrios para acompañar en estos contextos. Sin embargo, sin una ayuda del Estado las limitaciones frente a la situación crítica son cada vez mayores. Los comedores, que antes de la pandemia recibían comida, no vieron un aumento en la cantidad de alimento, y aquellos que no recibían nada siguen teniendo que gestionar con sus propios recursos el plato de comida para les vecines. Además, el GBCA no provee elementos básicos de higiene y seguridad (como barbijos, guantes, alcohol en gel) a quienes están trabajando en los barrios, propiciando así más contagios aún.

Dada la tasa de multiplicación y la inacción del GBCA, no se espera más que un estallido en las villas porteñas que será casi imposible de contener. Aún hoy, sin haber entrado en el famoso pico de contagios, las salas de los hospitales empiezan a estar atestadas, y no podemos esperar un mejor panorama si no empieza a haber una transformación radical del plan de acción en los barrios populares. Resulta, entonces, necesario que se tomen medidas que contemplen las realidades territoriales de los sectores populares. En la villa 31, desde las organizaciones se viene exigiendo que se pongan a disposición los múltiples hoteles que hay en la zona para aislar a las personas que estuvieron en contacto con quienes están contagiades, o en caso de que tengan que aislarse en sus casa, que desde el GCBA se garanticen los alimentos y elementos necesarios para que no tengan que salir de sus casas. Esto no solo no está sucediendo, sino que ni siquiera se les hace un seguimiento a los contactos estrechos sobre los síntomas que van teniendo.

En materia educativa, se exige que el gobierno garantice el acceso a las TICs de les niñes para que puedan continuar con sus tareas y en contacto con sus maestres y profesores, algo que está implementándose incipientemente y sin certitud de que alcance a todes les niñes. También se exige que se implemente la tarjeta alimentaria para todes les niñes de escuelas públicas para que puedan mantener la alimentación diaria sin que sea necesario movilizarse de su casa.

En suma, la exigencia es por un Estado que trabaje para les más necesitades, de manera articulada con las organizaciones sociales y barriales, con las familias y vecines de los barrios para evitar no sólo que la pandemia se lleve miles de vidas, sino también que el aislamiento no profundice los niveles de empobrecimiento. La gestión de la ciudad tiene que dejar de ser un negocio para los contratistas y comenzar a ser pensada para todes sus ciudadanes según sus necesidades.

Y después del coronavirus, ¿qué?

La cuarentena es al día de hoy la única medida para luchar contra la pandemia. La eficiencia es indiscutida a nivel nacional e internacional por los principales exponentes en materia de salud y epidemiología.

No negamos que sostenerla es la manera de evitar que se profundicen los contagios y muertes. Pero queremos poner en cuestión la dicotomía entre salud y economía, que viene sobrevolando los debates de la sociedad desde el inicio de la cuarentena. Desde el gobierno nacional se afirma que es falsa pensándola, a nuestro entender, en una dimensión nacional y estatal: un Estado no puede elegir su economía por sobre la salud de su población, porque eventualmente ella se enfermaría de a cientos de miles, desplomando la economía en el corto plazo (como está sucediendo, de hecho, en países que tomaron otros rumbos).

Pero dicha dicotomía tampoco existe para estas familias de los barrios, porque tener que elegir entre salir para comer y no salir para no contagiarse es un escenario imposible. Sin un plato sobre la mesa no se tiene salud, y sin un trabajo digno tampoco. Lejos de ignorar, de negar o moralizar estas realidades, el Estado debería contemplarlas para construir políticas con anclaje territorial real que acompañen estas situaciones. Es urgente para que el virus no siga propagándose en estos barrios, donde tiene mayor circulación y donde la población está más vulnerada. Basta con escuchar lo que las organizaciones sociales que trabajan en los barrios tienen para decir y proponer.

No es cierto que esta pandemia nos iguala, como se escuchaba allá por el inicio de esta crisis. No es verdad que tenemos las mismas posibilidades frente al virus. Porque en una sociedad profundamente desigual, las injusticias no se suspenden ni siquiera en una crisis mundial. Al contrario, se profundizan aún más, y cuando termine este caos, cuando se invente finalmente una vacuna, aunque la comunidad internacional decida patentarla libremente y que toda la población acceda a ella, la desigualdad social seguirá profundizándose.

La urbanización real y participativa de los barrios populares de la Ciudad es una necesidad imperante y urgente que ya no puede esperar. La falta de cloacas, de agua y electricidad es un incumplimiento estatal con el derecho al hábitat y a la salud. Esta es una crisis mundial, pero no queremos que cuando termine y podamos observar sus efectos, nos demos cuenta de que nuevamente quienes más afectades se vieron fueron los sectores populares, racializados y oprimidos. Urge que las medidas se tomen ahora, no esperar a datos sobre cómo afecta la pandemia y la cuarentena a las familias, tenemos los ejemplos de otros países, tenemos el conocimiento científico acumulado en materia sanitaria y epidemiológica, hace falta que el Estado se haga cargo.

* AulaVereda es una organización que trabaja con niñxs desde la educación popular en CABA, PBA, Mendoza y Entre Ríos. En CABA trabaja en Almagro, Boedo y la Villa 31.

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Por Claudia Korol / Foto La Garganta Poderosa

Poderosa era Ramona. Sosteniendo al mundo que la rodeaba, la comunidad construida a fuerza de energía solidaria. Rebelde, comprometida, luchadora conciente era Ramona, porque hay que tener mucha pero mucha conciencia para organizar cada día la olla, el comedor, la exigencia de agua, de luz, la organización del barrio por cada demanda. Ramona tenía una conciencia encarnada, no proclamada. Una conciencia nacida de la necesidad, y también de la necedad de no aceptar el orden social como una fatalidad. Una conciencia de mujer, que piensa con y desde el sentir, el creer, el reflexionar de las, les, y los de abajo, para cambiar la realidad y terminar con las opresiones. Una compañera del feminismo villero, para la que decir y hacer tiene la misma densidad.

Poderosa era Ramona. Una laburante de jornada completa, de sol a sol, de lluvia a lluvia. Criando a sus hijas y a todos los pibes y pibas del barrio. Abrazando a sus hermanas, las mujeres y disidencias que llegaban a la Casa Poderosa para buscar apoyo, y en ella, y en otras compañeras, lo encontraban.

Poderosa era Ramona. Parándose con el cansancio del mundo a conseguir el alimento, para que no falte, para que se multiplique no por designio divino, sino por la magia de las brujas que desde tiempos ancestrales saben acrecentar y repartir con generosidad los peces y los panes.

Ramona tenía en su cuerpo la memoria incendiada de un barrio que tuvo Mugicas, que tiene mujeres, travas, trans, migrantes bolivianas, peruanas, paraguayas, que jamás se rindieron ante las políticas de despojo y mal trato. Que pararon a las topadoras en la dictadura. Que organizaron la resistencia al hambre y a la desidia criminal del estado en todos los gobiernos. Con esas voces y ejemplos en su memoria, Ramona denunció cuando el COVID llegaba al barrio, sin agua y sin luz, sin alimentos fundamentales, sin elementos de limpieza. Al comienzo mismo de la cuarentena La Garganta Poderosa distribuyó su voz y su alerta.

Ramona no fue escuchada por el gobierno porteño ni por el gobierno nacional. No fue cuidada. No fue acompañada. Nadie del arriba respondió. Ramona fue asesinada.

La compañera sabía lo que sucedía, y dolorosamente su familia ahora llora su ausencia, como cada familia en estos territorios lloran las ausencias de las guerreras que nos arrebataron.

Ramona incendia la conciencia colectiva, con el fuego de todas las compañeras, ese hilo rebelde del movimiento villero que volvieron a levantar las mujeres que cocinan en las ollas populares, y abrazan a las que sufren la violencia patriarcal, racista, xenofóbica, colonial, capitalista.

Ramona tiene en su nombre el brillo de la Ramona zapatista que dinamitó el silencio de las mujeres chiapanecas, llevando su voz hasta el centro del México feminicida y brutal.

Ramona nos conmueve por el ejemplo que supo darnos de una vida entregada cotidianamente a la organización popular. Una vida Poderosa, como la de las Joanas, las Jesis, las Danis, las Claudias, las Vickis, que hoy la gritan en cada uno de sus rincones de resistencia.

A Ramona y a todas las celebramos, y con ellas nos comprometemos a no olvidar el crimen, a hacer justicia, pero sobre todo, a multiplicar el ejemplo. Ramona está en nosotras compañeras, hermanas, hasta la sobrevivencia cada día, hasta la victoria en la que las Ramonas todas serán visibles y audibles, hasta la rebeldía feminista siempre.

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Por Mauricio Polchi

El conductor tuvo que maniobrar varias veces para encausar el camión y entrar a la Villa 31. Como la calle es angosta, y las casas están al filo del cordón, resulta complicado pasar por ahí. Cuando logró avanzar unos metros, apareció otro problema. El tendido eléctrico, tan saturado como peligroso, estaba muy bajo. Pero las mujeres del barrio levantaron los cables con los palos de escoba que tenían a mano y el camión pudo continuar su camino. Cuando ellas tiraban para arriba, él pasaba por abajo. Así hasta llegar al corazón del barrio donde la gente esperaba por los bolsones de verduras. Con tapabocas, barbijos, distanciamiento social, organización y mucha voluntad, en pocos minutos bajaron toda la mercadería.

“No solo traemos nuestras verduras sino que también intentamos visibilizar lo que está pasando en el barrio. Acá la situación es alarmante, a la pandemia de coronavirus y la epidemia del dengue, se suma la falta de agua potable”, adviertió Rosalía Pellegrini, referente feminista de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra. “Somos productores y productoras de alimentos que tenemos la posibilidad de tener algo para poner en la olla y por eso trajimos las verduras que donaron los  compañeros y las compañeras de Berazategui, La Plata y Florencio Varela”, agregó, mientras descargaba los cajones con lechuga, acelga, radicheta, tomates y kale. En un par de horas, en el popular asentamiento de Retiro y en articulación con el colectivo de La Garganta Poderosa, dejaron unos 20 mil kilos. “La salida es colectiva”, fue la consigna de la UTT para esa jornada.

Eso ocurrió el jueves 7 de mayo. Ese mismo día, el gobierno porteño informó que el total de casos positivos por Coronavirus en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires llegaban a 365. Más de la mitad eran de La 31. Un par de días después, ya serían 851 los contagios. Y entonces las muertes por coronavirus se empezaron a multiplicar en la Villa 31 de Retiro. Al fallecimiento de Ramona Medina, vocera de la Garganta Poderosa quien alertó de varias maneras la situación compleja en la que vivían, se le sumó el de Víctor Giracoy, coordinador del comedor “Estrella de Belén” e histórico referente social de la comunidad.

La salida es colectiva

Desafiando las prohibiciones pero sin romper el protocolo sanitario, el recorrido colaborativo de la UTT había comenzado unos días antes cuando visitaron la revista solidaria Hecho en Bs. As., la olla Dorrego en la Fundación Mercedes Sosa, el Hotel Savalia y los comedores Número 1, Lourdes y Capullitos de La Boca, entre otros sitios. Frente a la falta de respuesta estatal, ellos y ellas garantizan la provisión de alimentos sanos para los sectores más golpeados de la Argentina. La organización nuclea a 16 mil familias con presencia en varias provincias. Producen alimentos agroecológicos, defienden la soberanía de las semillas y proponen acciones directas, como los feriazos o verdurazos. En este contexto, a la pandemia del hambre la enfrentan con lazos solidarios que se replican en distintos territorios.

“2 provincias. 12 localidades. Más de 1.000 familias beneficiadas de cordillera y meseta”, dice el comunicado difundido el 10 de mayo. “Mientras esperamos respuesta de la clase política de Río Negro y Chubut, las y los trabajadores de la tierra ponemos a disposición del pueblo más de 30.000 kilos de alimentos sanos, cooperativos y a precios populares. Estamos distribuyendo en Epuyén, Maitén, Cushamen, Gualjaina, Esquel, Gobernador Costa, Cholila, Lago Puelo, El Bolsón y Rio Colorado”, agrega el texto, que lleva el título: “El campo que alimenta”.

“Nosotrxs proponemos otro modelo agroalimentario, que va en contra de la producción basada en el agronegocio. Sabemos que estos modelos implicaron grandes ganancias para las multinacionales y graves consecuencias para la gente y sus ecosistemas”, reflexiona la Secretaria de Género del movimiento.

El jueves 14 de mayo, el mismo camión que había estado en la Villa 31, ahora aparecía en Plaza Constitución, a metros de la estación ferroviaria del tren Roca. Ahí se repartieron 6 mil kilos, con todos los recaudos y cuidados pertinentes. Los comedores se anotaron previamente en un listado y pasaron a retirar los cajones, como medida para evitar las aglomeraciones y amontonamientos.

“Desde el sindicato Sipreba llevamos adelante, con las compañeras y los compañeros de Télam, una movida solidaria para devolver el apoyo que recibimos por parte de la compañeras del Comedor Sin Fronteras, en el barrio San Blas de la Villa 21-24, y ya llevamos frazadas, alimentos y ahora sumamos el aporte de la UTT”, contó Jerónimo Rojas, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. “Nosotres venimos para sostener las ollas populares en las barriadas y costear la situación crítica, sin romantizar el asistencialismo, y como mujeres y disidencias venimos acá para poner el cuerpo”, agregó Soledad del Frente Salvador Herrera de la CTA Autónoma Capital.

Previo a la crisis sanitaria, la última manifestación fuerte de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra había sido el ya lejano 10 de marzo. En esa oportunidad ofrecieron todo tipo de verduras como forma de rechazo del lock out patronal que impulsaban las patronales agrarias y en respaldo a las medidas redistributivas del gobierno central.. Roxana Marca, llegada desde Florencio Varela, dijo: “Es algo insólito que se quejen de una retención con el país como está”. Por esos días, se discutía la decisión del presidente Alberto Fernández de aumentar las retenciones a las ventas al exterior de soja y sus derivados. El sector de la Mesa de Enlace lanzó una protesta de 96 horas, a través un cese de comercialización de granos.

Sin embargo, la UTT tenía el rumbo claro y hoy lo ratifica en las acciones cotidianas. Como explicó Zulma Molloja, otra referente campesina de la UTT, en aquella oportunidad y aplica para hoy, en medio de la pandemia y la desidia en la que el Gobierno de la Ciudad está dejando a las barriadas populares: “Este es el campo que no para. Estamos en contra de lo que hacen los grandes terratenientes, de los que más tienen y que no quieren aportar lo que deben cuando el país se está muriendo de hambre”. Este es el campo que no  para, agregamos, y el que alimenta al pueblo del que se siente parte.

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Por Iván Martín Barrera

Los hoteles por dentro

Al día de hoy funcionan 15 hoteles Covid en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de los no-Covid donde se encuentran repatriados y repatriadas, aunque día a día y semana a semana van aumentando a partir de la demanda. En la actualidad, la gran mayoría de las personas que llega a estos hoteles proviene del Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31 y 31 bis) y del Barrio Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14). Son personas que vienen derivadas de las Unidades Febriles de Urgencia (UFUS), las cuales se encuentran en las entradas de los hospitales, de Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) o postas de salud.  

En el hospital realizan un registro de casos aospechosos, contemplando si estuvieron en contacto con un caso positivo, por ser asintomático o en el caso de tener algún síntoma. A esa persona se la hisopa y si tiene algún factor de riesgo por edad o por enfermedad va al hospital, sino se deriva a un hotel. La derivación se hace en el mismo hospital, aunque puede estar esperando un día entero saber a qué hotel le derivan, sea por problemas de logística o por esperar a que se junten varies y enviarlos en transporte al hotel todes juntes.

Cuando el coronavirus no es el peor de los problemas

El problema comienza cuando la persona que va a analizarse pasa todo el día en el hospital, entre hisopado, placa y revisación y la mayoría de veces llegan al hotel sin saber el resultado del test. Lo más grave es que hay muchas madres que llegan al hotel sin nada, sin ropa, sin pertenencias, a veces con sus hijes a veces no. 

Cuando llegan al hotel el protocolo es desinfectarse e ir a la habitación y recién ahí tener vínculo con el personal médico. En el primer contacto se le realizan preguntas básicas: cómo están, de dónde vienen. La situación puede ser más compleja si es que se trata de  familias enteras que llegan sin nada, porque fueron al CESAC, de allí al hospital y luego al hotel sin pasar por su casa. Muchos llegan sin celulares y no tienen como avisarles a sus familias dónde y cómo están. El peor caso es la madre que fue a consultar por su cuenta y llega sola, desbordada en llanto, porque si da positivo debe quedarse en un hotel, mientras que sus hijes quedan en una casa o una pensión, donde el mayor tiene 14 años, donde muches tienen enfermedades y no tienen a nadie. 

La médica con quien hablamos afirmó que “lo menos importante es que esas personas se testeen sino a cargo de quién quedan. Las personas se desbordan y lo único que podes decirle es que ´todo va a estar bien´ cuando sabes muy bien que nada va a estar bien, cuando la única solución que tenes para darle es un Paracetamol para la fiebre y llamar a Epidemiología para que te digan ´esto excede mi trabajo´. Lo único que queda por hacer en esos casos es tratar de contactar a esos pibis que no tenes como contactarlos, y cuando lográs hacerlo muchos no quieren decirte la manzana y la casa donde viven porque tienen miedo de que alguien vaya a sus casas o que testeen a quienes viven allí que tal vez son 11 personas y que no todas se conocen. Es una situación crítica porque llegan desbordades y no hay mucho para hacer”.

Otro resultado de esta saturación es que supuestamente a estos hoteles no llegan personas del grupo de riesgo, sin embargo esta semana llegó una embarazada, que vino en un micro con muchas personas, cruzó la puerta del hotel y empiezó con pérdidas, según nos contó. “Son pequeñas situaciones del colapso del sistema que recién comienza”. 

Generalmente el resultado del test está en 24 hs. Si el mismo es positivo la persona permanece en el hotel 7 días, aunque si reside en una villa debe quedarse 14. Si el test da negativo, según protocolo, deben ir a sus casas. El problema es que no hay un seguimiento epidemiológico. “Si vos das negativo volves a tu casa, pero si volves a tu casa donde viven 7 personas más donde una es positivo en COVID-19, volvés al foco de contagio. Es el caso esta semana de una madre con un nene de 2 años asmático llega al hotel y sus resultados dan negativos, pero te cuentan que su cuñada, que vive en la misma casa, había dado negativo, volvió a su casa y ahora está con síntomas aislada en otro hotel. Por lo tanto, ella y su hijo debían volver inexorablemente al foco de contagio, con muchas posibilidades de tener que realizar todo el estudio nuevamente en el corto plazo”, nos cuenta la médica. 

Crónica de un colapso anunciada

La desidia estatal fue y es protagonista del estallido del COVID-19 en las villas porteñas. Mientras se instalaban bonitos carteles amarillos indicando medidas de prevención del estilo “lavate las manos al volver a casa”, el barrio quedó sin agua durante semanas enteras. “Vecinos del Barrio Carlos Mugica nos cuentan que se contagiaron yendo a buscar agua, y tuvieron contacto con vecines que ahora saben que son positivos. No hay excusas, la desidia es una decisión política, el abandono y el sálvese quien pueda es ley desde el caso cero”.

Si bien hoy se están activando protocolos que dan respuesta y funcionan bien, aislando a las personas -más allá de los huecos mencionados-, esto se pudo haber evitado, se pudo haber actuado antes para prevenir tamaña expansión del virus en los barrios más vulnerados. El mismo domingo que comenzó el colapso, durante la exposición de la extensión del aislamiento social obligatorio, Alberto Fernández felicitó en vivo al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por lo bien que se estaba tratando el tema en la ciudad y hoy tenemos un panorama terrible donde hay no solo un crecimiento exponencial de los contagiados, sino también muertes que se pudieron haber evitado.

Ese es el marco en que este fin de semana asistimos al crimen de Ramona Medina, vecina de la Villa 31 y militante de la organización La Poderosa. Y su caso es emblemático por muchas razones: estuvo al frente de los reclamos al gobierno de la ciudad desde el primer día, su voz sirvió para evidenciar que en los barrios populares no había medidas que garanticen un mínimo de higiene, que si la unica opción es “quedate en casa”, inexorablemente habrá una propagación vertiginosa. Hace varias semanas las y los vecinos de los barrios dieron rienda suelta a su voz en nuestro especial La Pandemia desde el Pie. Sus métodos de organización, su imposibilidad de hacer un aislamiento seguro, el día a día por el plato de comida. Y se veía, las y los vecinos veían que esto podía pasar.

Ramona es un caso testigo. No murió por una enfermedad. Fue un crimen. A Ramona la mataron. Fue la negligencia del Estado. Fue el gobierno de Larreta que no actúa en consonancia con los problemas de los barrios populares. Pero también es un llamado de atención a lo que está ocurriendo en toda la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, a una situación que puede recrudecer para las millones de personas que viven en estas condiciones en todo el país. Es por Ramona, es por todos y todas.

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Texto y foto por Mauri Elbueno

Con 84 años, Toribia Balbuena se convirtió en la primera víctima fatal por coronavirus de la Villa 31 de Retiro. Padecía diabetes. A la semana de su internación había sido intubada y luego quedó en terapia intensiva con pronóstico reservado. Murió el sábado 2 de mayo en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires.

El esposo de Toribia tiene 85 años y también se encuentra con diagnóstico positivo de Covid-19. La hija de ambos fue quien inauguró la dolorosa tanda de internaciones. Toda la familia vive en una pieza y comparte el mismo baño con otras 12 personas. Por el hacinamiento y las pésimas condiciones, la propagación del virus resultó inevitable. Las vecinas y los vecinos denuncian que después del resultado positivo que recibió su hija, el Gobierno porteño tardó casi 48 horas en aislarlos y aplicar el protocolo sanitario entre la comunidad y los contactos más directos. Por este motivo, más la falta de agua y la aglomeración, en un par de días la situación se desbordó y la cifra de contagios en la Villa 31 trepó a 133 casos.

¿Y el agua?

Un cartel da la bienvenida apenas se ingresa a la Villa 31: “Cuando vuelvas a tu casa, lavate las manos con agua y con jabón. Cuidarte es cuidarnos”. Lo dice el cartel y aparece en todas las publicidades de prevención. Sabemos que para cumplir con algunas de las principales medidas de prevención en medio de la pandemia de coronavirus, ya sea lavarse las manos, desinfectar superficies o mantener limpia la ropa y los objetos de uso diario, hace falta, principalmente, agua. Sin embargo, esa no es la realidad en los últimos días de gran parte de los habitantes de la Villa 31.

En el medio, las acusaciones cruzadas por parte de los gobiernos nacional y porteño. La titular de la empresa, AYSA, Malena Galmarini, aseguró que la compañía “llega con suficiente agua y suficiente presión hasta el límite exterior del barrio”. Según Galmarini, el inconveniente surge, entonces, en “la red interna que construyó y opera” la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

“Necesitamos una información exacta del gobierno porteño porque la gente se entera por los medios y eso genera incertidumbre y angustia”, dice Walter, quien vive en este lugar desde hace 10 años. “Las autoridades podrían podría trabajar mejor para que los vecinos y las vecinas se concienticen y transmitir tranquilidad. De esa forma se evita un ambiente de pánico y además se les explica que a pesar de la pandemia se pueden cuidar”. Walter habla pausado y se muestra sereno. Cuenta que mientras trabaja como operario en una fábrica, estudia para ser maestro. “Mi jefe no sabe que soy de La 31, pero creo que lo sospecha”, desliza, entre risas. Tiene puesta una campera y pantalón largo de Boca, y usa un tapaboca que le cubre los labios pero refuerza el marrón de sus ojos. “Yo de acá no me quiero ir más, hay muchas cosas para hacer”, asegura, con orgullo militante, al recorrer el barrio.

Mientras, Sara, que nació en Bolivia y desde hace 30 años reside en la Argentina, habla desde la puerta de su casa. Por la ventana, asoman unas maderas, latas de pinturas y herramientas. En el piso, la tierra se mezcla con astillas y aserrín. “Mi marido es carpintero”, detalla. “Acá la gente está sin agua, en la manzana bis ya no tienen cómo desinfectarse, no pueden limpiar nada”, explica Sara. Ella vive en la zona de Bajo Autopista, donde se detectaron los primeros casos. “Algunos vecinos van con bidones y baldes hasta los camiones que pone Aysa. Pero el tanque ese entra hasta la calle Perette y entonces van hasta ahí y hacen las filas para cargar. Y hay algunos tienen que caminar, 4 o 5 cuadras. Encima es agua que no se pude tomar, solo sirve para limpiar un poco”.

Vivir en pocos metros

La disposición del Ministerio de Salud es que se mantenga el distanciamiento social con 1 metro y medio de diferencia entre las personas. Casualmente, en varias manzanas de la villa, ese es el trecho que hay en los pasillos. En las viviendas, una pegada a la otra y con edificaciones inconclusas hacia arriba, las y los habitantes comparten los cubiertos, los vasos, los ambientes, las piezas. En algunos casos, duermen de a dos por cada colchón. Así, el distanciamiento social es inviable porque se vive en comunidad, en lugar de individualmente. La posibilidad de contagio es abrumadora. Por eso el primer caso de contagio se transmitió con tanta alarma y se pidió rápido aislamiento.

En ese contexto, el premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, y la referente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, anunciaron en una carta abierta firmada por artistas, intelectuales, organizaciones sociales y sindicatos, entre otros, que denunciarán la situación que atraviesa en plena pandemia la Villa 31 frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Ya mismo, hoy, ahora, tarde pero ahora, necesitamos que quienes tienen la responsabilidad de gobernar dejen de mirar para otro lado y que asuman su rol como garantes del derecho a la vida, ese derecho que tan cruelmente le fue negado el sábado a una vecina de la Villa 31. No queremos una catástrofe”, advirtieron.

Parar la olla

Desde muy temprano, el jueves 30 de abril, decenas de familias hacen una fila en el Polo Educativo Mugica de Retiro, ubicado sobre la calle Letonia de sólo 200 metros de traza. El asfalto, que rodea el edificio de Tribunales de Retiro, está bloqueado por un alambrado que se instaló para armar un estacionamiento que facilite el acceso de jueces y fiscales a la sede judicial. Enfrente, de espalda al gigantesco edificio de Comodoro Py, mujeres y hombres esperan los bolsones de alimentos que otorgan los comedores escolares. Estaban ahí desde las 7, y la entrega se hizo después de las 12.

“Los bolsones son bastante ineficientes. Aunque el gobierno porteño diga que son canastas nutritivas, lo cierto es que para 15 días no está alcanzando. Además, necesitamos denunciar que al personal que entrega la mercadería no se les está dando barbijos, guantes, elementos de protección”, explica Natalia Militi, que es docente y referente del gremio UTE, y que utiliza como tapabocas el pañuelo de la Campaña por el Aborto, legal seguro y gratuito.

“El primer día fue muy complicado, hubo empujones, gritos, pero ahora se organizó todo mejor porque dan una parte en el Jardín ‘La Banderita’ y otra en la escuela primaria”, cuenta Natalia, que es madre de 6 hijos e hijas. Su casa, como tantas otras, no tiene agua. “Con los chicos se me complica porque para poder tomar agua tengo que comprar y gastar plata. Pasás toda la noche sin dormir esperando que caiga una gotita de agua de la canilla… vas y te fijás a cada rato y nada”, describe, mientras sostiene a su beba de 9 meses en brazos. El agua, que sale de cualquier canilla en edificios y casas de la Ciudad de Buenos Aires es el bien más preciado en la 31 porque escasea y porque es imprescindible para evitar más contagios. Sin embargo, Toribia ya no está y su esposo sigue internado. Y los contagios siguen creciendo.

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Por Gessica Britez / Foto Pablo Elías

Soy Gessica Britez, vecina del barrio 31 y estudiante del Bachillerato Alberto Chejolán de la CTA Autónoma.

La relación con las fuerzas de seguridad en este contexto de crisis y de pandemia se ha vivido como situaciones en las que hubo abusos hacia compañeros y madres que tienen que salir a buscar un plato de comida a los comedores y a retirar las viandas escolares. Hoy en día aumentó la necesidad de salir a buscar algo para traer a nuestras mesas.

Muchos vecinos hemos sido retenidos a pesar de declarar que salimos para buscar alimentos para nuestros hijos, sufriendo abusos, chicanas por parte de las fuerzas de seguridad en una situación que tampoco tenemos vacantes escolares para nuestros hijos que producto de eso muchos quedan excluidos de los comedores y no pueden acceder a una copa de leche o a lo que manda el gobierno para que se puedan sobrellevar estos días. Muchas somos madres solas o con vínculos violentos que hoy estamos al acecho de los agresores.

A todo esto nos preguntamos, ¿dónde está la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) para ayudar con la emergencia alimentaria? En este contexto nos preguntamos, ¿dónde está para ayudar con la emergencia sanitaria?

Estamos en constante articulación con organizaciones y redes feministas del barrio para poder estar en alerta y ayudar en los casos que van surgiendo, siempre sin muchos recursos pero acompañando las situaciones de violencia y generando redes entre nosotras.

Hoy las organizaciones de redes feministas del barrio exigimos un comité de crisis para una garantía de los derechos básicos, emergencia sanitaria, emergencia alimentaria, contra las violencia institucionales y de género.

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La pandemia desde el pie

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El pasado jueves 13 de diciembre, la Legislatura porteña aprobó la ley 2.736 que regula la reurbanización de la Villa 31 y 31 bis, Barrio Padre Carlos Mugica. El proyecto, elaborado por el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contó con 36 votos afirmativos, 13 negativos y 11 abstenciones.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo Porteño y no contó con el consenso del barrio, como si sucedió con la presentación del proyecto anterior del dictamen de la Villa 31 y 31 bis, elaborado participativamente por sus habitantes y cajoneado hasta el hartazgo por Cambiemos, junto con los proyectos de reurbanización de la Villa 20 y la Villa Rodrigo Bueno.

El proyecto representó un fracaso político de la Secretaría de Integración Social y Urbana a cargo del proceso de la elaboración de la ley. Ya sea por su incompetencia o intencionalidad, lograron ejecutar el peor escenario posible: fogonear la pelea entre vecinos y vecinas, fomentando la falsa premisa de que aquellos que se oponen a su proyecto están en contra de la urbanización. El hecho de cuestionar un proyecto tejido entre cuatro paredes, a espaldas al barrio, no atenta contra el derecho al acceso a la vivienda por el cual tanto han luchado los y las vecinas. Una infinita distancia diferencia impulsar reuniones informativas sobre algunos puntos del dictamen (las actividades realizadas por la Secretaría) de la participación real.

Sobre los aspectos técnicos de la ley aprobada, en los puntos más relevantes genera mucha incertidumbre. No aporta claridad sobre el monto del pago de las tierras, sobre la resolución de la problemática entre inquilinxs y propietarios, el pago de los servicios, los valores de la hipotecas que van a tener que asumir los y las vecinas y la posibilidad de que terceros puedan cancelarlas, habilitando el negociado inmobiliario.

El Gobierno de la Ciudad solicita acompañar una ley plagada de grises, sabiendo que aquello que no está explícita y claramente garantizado en favor de los sectores más postergados, más vulnerados, es terreno fértil para la ambición voraz e incontenible del mercado inmobiliario.

Un poco de historia

La histórica lucha de la 31 se remonta a las victorias organizadas sobre las topadoras de la dictadura cívico-militar y el contrataque del neoliberalismo noventoso, de la mano del ex intendente Domínguez. Pero ese pasado siempre vivo, y que talló a fuego los genes de lucha de las siguientes generaciones, lleva a repasar los acontecimientos más recientes.

A principios de este año, luego de la aprobación del nuevo trazado de la Autopista Illia, se produjo un desalojo violento a cargo de las fuerzas represivas con el objetivo de echar a vecinos y vecinas del sector Cristo Obrero. Mediante la fuerza de los palos, de los gases y de las extorsiones, impusieron un “se van o se van” a las familias afectadas. Temible primer antecedente para los procesos de relocalización.

Este gobierno que se autoproclama orgullosamente dialoguista y se vanagloria de escuchar a los vecinos y las vecinas, podría decir en qué momento algunx de ellos o ellas dijo “lo que necesitamos después de años de abandono del Estado es una autopista pasando por nuestra cabeza, por mi casa”. Por ahora, nadie salió a proclamarlo.

Estas prácticas violentas, por fuera de la ley, son el resultado de los procesos urbanos regidos por las corporaciones y las grandes constructoras que buscan imponer su agenda de ganancias a costa de los sectores populares. Son aquellos que generan las leyes del mercado (siempre a su favor y en lucrosa sociedad con los funcionarios) que angurrientos y voraces desean ocupar los terrenos que legítimamente poseen los y las vecinas. Ya no sólo a través de las fuerza de las topadoras, sino permitiendo el negociado inmobiliario en los sectores donde se debe garantizar la vivienda social.

Algunas preguntas más: ¿a qué institución educativa le consultaron sobre la multimillonaria construcción del Ministerio de Educación en la villa (en el sector destinado para las nuevas viviendas)? Resulta contradictorio cuando los bachilleratos populares están batallando por su permanencia en el barrio, cuando a los apoyos escolares los desoyeron ante el simple pedido de mesas para los y las pibas que todos los días van a hacer la tarea.

El diálogo real se construye con simples preguntas a quienes su vida va afectar las políticas públicas: ¿qué necesitan? ¿Qué es lo primordial? ¿Cómo se hace en conjunto? No es imponer necesidades externas, exógenas, de intereses nefastos con olor a negociado y agendas electoralista; y, por sobre todo, negando los saberes populares y la organización vecinal.

Los pasos a seguir

La aprobación de una ley no consensuada es el fracaso de la gestión política de la Secretaría, no de la pelea en unidad de la que es insignia la Villa 31. Por eso, todos y todas las vecinas confían en la lucha para lograr la conformación de una Mesa de Gestión Participativa (M.G.P.) en la que se incluya no sólo al sistema político (consejerxs y delegadxs), sino a todos y todas las vecinas del barrio, a la Mesa de Urbanización Participativa, a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales, logrando resoluciones que sean de carácter vinculante. Sólo de una mesa de trabajo abierta a todxs lxs habitantes del barrio y a quienes realizan actividades en él, se puede garantizar que se concrete una urbanización real, popular y vecinal.

Es el momento preciso de llamar enfáticamente por la unidad de todas las villas, los asentamientos, personas en situación de “hotelados”, en situación de calle, a las víctimas de los desalojos sistemáticos, y de todos los sectores populares, para exigir, de una vez por todas, la ciudad que se merecen y que tienen derecho de vivir.

*Militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) e integrante de la Mesa de urbanización participativa – Villa 31 y 31 bis

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El último sábado, el gobierno de la ciudad impulsó un desalojo en Villa 31 a punta de represión y topadoras. Sin políticas claras de vivienda, se reviven los peores sucesos de la historia villera.

Está claro que el gobierno que encabeza Horacio Rodriguez Larreta no tiene ninguna intención de resolver los problemas habitacionales que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que afectan principalmente a los sectores de más bajos recursos. Aumento sostenido de la indigencia, crecimiento exponencial de personas viviendo en villas y asentamientos, mientras que, por otro lado, el negocio inmobiliario en poder de pocas manos se consolida. Esta línea política de Cambiemos existe desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad.

Sin embargo, las cosas pueden ir aún peor. El sábado 24 de febrero, casi 100 efectivos de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, se asentaron en la manzana 12 de Villa 31 ya que el gobierno iba a desalojar a una familia de su vivienda. Los motivos esgrimidos por los funcionarios es que la vivienda estaba en riesgo de derrumbe. Si esto es así, cabe preguntarse algunas cosas: ¿Por qué no le dieron una vivienda transitoria a la familia hasta arreglar la suya? ¿Por qué no había una orden judicial para efectuar el desalojo? ¿Qué tenían que hacer las fuerzas de seguridad allí si estaban hablando de un riesgo para la familia?

Concretamente, la vivienda a desalojar se encontraba justo donde el gobierno quiere modificar el trazado de la Autopista Illia (una propuesta sin consenso vecinal) y la familia que allí vivía no estaba de acuerdo con tener que mudarse de la zona. Conclusión: lejos del diálogo, al no aceptar la propuesta del gobierno, se la imponen por la fuerza. Esa es la razón por la que las fuerzas de seguridad estaban allí alojadas, defendiendo la decisión de Horacio Rodriguez Larreta quien había firmado un decreto administrativo en lugar de que haya una orden judicial correspondiente.

Como si esto fuera poco, mientras la familia negociaba con el gobierno a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana (responsable de la intervención estatal en el barrio) luego del desalojo, ya estaban las topadoras derribando la vivienda cuando todavía no había ningún acuerdo firmado. Frente a este contexto, cientos de vecinos y organizaciones se acercaron a la zona y la policía (también dueña del control político del lugar), reprimió con gases causando un herido del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que debió ser hospitalizado porque su visión estaba comprometida.

La ecuación es simple. El gobierno de la ciudad no quiere cumplir con la Ley 3343/09 de urbanización de Villa 31, que está por cumplir 10 años desde su sanción y nunca pudo avanzar en su reglamentación. Por el contrario, impone a la fuerza su proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia, vendiendo un supuesto proceso de integración urbana que solo existe en los medios de comunicación afines al gobierno. La tarea se lleva adelante con el puño de las fuerzas de seguridad y con los métodos tan nefastos que han pasado la historia del viejo barrio de Retiro: con desalojos forzosos y topadoras.

Haciendo escuela

Cualquier persona con algo de sensibilidad, coherencia y especialmente comprensión, debe lamentar el agresivo desalojo ocurrido en Villa 31. Sin embargo, lo que nadie debería sentir es sorpresa.

Hay algunos acontecimientos en relación al accionar del gobierno porteño cuando de sectores vulnerables se trata. Todos y todas recordarán la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que perseguía, violentaba y desalojaba a personas en situación de calle, con métodos escalofriantes como la quema de pertenencias o el traslado de las personas en camiones a algún sitio fuera de los límites de la General Paz.

También las medidas que el gobierno nacional fue impulsando, como la posibilidad de utilizar las neopicanas Taser (repudiado, combatido y vencido por la presión popular) o la estigmatización de las y los villeros como chivo expiatorio de los problemas de inseguridad. Pero siguiendo con este eje, las topadoras ya han sido utilizadas hace no mucho tiempo.

Como mencionábamos algunos párrafos atrás, la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires se acentúa constantemente. Uno de los hitos más emblemáticos de los últimos años ha sido el nacimiento del Barrio Papa Francisco, en la zona de Lugano. Aquel lugar que apareció como un símbolo de las pésimas políticas habitacionales y la desesperación por vivir dignamente, tuvo su final cuando el por entonces gobierno porteño que encabezaba Mauricio Macri en asociación con el Secretario de Seguridad del gobierno kirchnerista, Sergio Berni, reprimieron y desalojaron a niños, niñas y familias enteras con el repetido método de las topadoras.

Cabe recordar, por si algún desprevenido, que la Constitución Nacional que es la ley suprema, garantiza el derecho a la vivienda digna, priorizando a los sectores más críticos. Aún más, la Constitución porteña y varias leyes van el mismo sentido.

Una breve reseña de una triste reedición

A la conciencia de las y los habitantes de Villa 31 hay algo que le impacta más que un desalojo. Mientras se llevaba adelante el “procedimiento”, eran muchas las personas preocupadas por sufrir el mismo avasallamiento. Y esto no es casual porque el barrio ubicado en la zona de Retiro ha sufrido los peores embates por parte del Estado a lo largo de su historia.

Cuando transcurría la última dictadura cívico-militar-clerical, el ahora Barrio Padre Mugica sufrió los más feroces desalojos imaginables. Al inicio del gobierno de facto, vivían alrededor de 50 mil personas. La gestión del dictador Osvaldo Cacciatore al frente del gobierno porteño, llevó la cifra a menos de 40 familias viviendo en el barrio. Esto se hizo a fuerza de represión, desalojos y topadoras. Tan parecido a la actualidad que estremece.

Por supuesto, en aquellos años y como ahora, la organización social y política del barrio logró enfrentar los atropellos aunque costó la muerte y desaparición de decenas de vecinos y vecinas. Pero se mantuvo y salió adelante con el tiempo.

Algunos años después, ya en democracia y bajo las alas del neoliberalismo, fue la gestión de Jorge “Topadora” Dominguez (el intendente de la gestión menemista) la primera que reeditó los métodos del ejército en el poder. Vaya paradoja, para llevar adelante las obras de la Autopista Illia, el gobierno justicialista reprimió y desalojó vecinos y vecinas a punta de topadoras. La Autopista Illia, con 25 años de diferencia, la excusa del Estado para oprimir a los sectores más marginales, empobrecidos por sus propias políticas, sea el gobierno que sea.

Entonces

Por su puesto que nos interesan los acontecimientos vividos el último fin de semana. Pero el objetivo central de este artículo es que todos y todas podamos trazar una línea histórica para entender cual es el la condición de clase del Estado, sea gobernado por dictadores o cualquiera de las variantes democráticas. Por supuesto, no es lo mismo. Ni intentaríamos asemejar taxativamente un gobierno elegido por voto popular con uno detentando el poder del Estado por la fuerza. Pero con sus matices y abismos de diferencia, el Estado siempre tuvo una política excluyente hacia algunos sectores y, cuando fue necesario, aplicó métodos lamentables.

El desalojo del sábado sienta un precedente importante para un proceso que está abierto. La Villa 31 de Retiro no está urbanizada, el nuevo trazado de la Autopista Illia no está construido. La historia de un barrio sumergido en el terror de las topadoras recorre nuevamente las conciencias de las y los vecinos. Como en cualquier momento histórico, solo la organización podrá dar una respuesta certera.

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Ayer se llevó a cabo la audiencia pública por el proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia. Repasamos las posiciones sobre una propuesta que afecta a la Villa 31 de Retiro.

Las y los vecinos del Barrio Padre Mugica (conocido como Villa 31), enfrentan un nuevo conflicto que afecta directamente a su derecho a la vivienda. Se trata del proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia, en un tramo de más de 1 km que sería desviado, para ya no pasar por el medio del barrio.

La primera lectura del proyecto de ley fue aprobada el 28 de septiembre. Previo al tratamiento de su segunda lectura, ayer se desarrolló la audiencia pública (no vinculante) para ser tratada la propuesta final.

Desde la mañana, cientos de vecinos y vecinas estuvieron cortando la Autopista Illia y luego se movilizaron para participar masivamente de la mencionada audiencia.

¿De qué estamos hablando?

El proyecto para desviar parte de la Autopista Illia nace como propuesta del ejecutivo porteño que encabeza Horacio Rodriguez Larreta, y que tiene entre sus dos principales impulsores a Diego Fernández, Secretario de Integración Social y Urbana y a Gastón Macias, Subsecretario de Planeamiento y Gestión Comunitaria.

Según el gobierno, esta es una de las propuestas más ambiciosas en el marco de, lo que ellos dicen, la integración de la Villa 31 al resto de la ciudad. El plan (que aun no cuenta con la aprobación legislativa), ya cuenta con un proceso de licitación avanzado y la toma de crédito para financiar una obra que costará, según dicen, alrededor de 2.000 millones de pesos, cifra que el gobierno no quiere oficializar.

Para promover esta medida, el gobierno no tuvo en cuenta ningún tipo de participación ciudadana, incluidos las y los vecinos de las manzanas 12 y 104, quienes serían afectados ya que la autopista pasaría por donde hoy tienen sus viviendas. Además de anular la mencionada participación, el gobierno se va imponiendo sin explicar cuáles serían los beneficios para un barrio que necesita contar con viviendas dignas, servicios, accesos asfálticos y peatonales, es decir, ser urbanizado.

La situación es más grave aún. Esta medida que viene avanzando de manera express (se había presentado en comisión en la misma semana que llegó al recinto para su aprobación), es ilegal.

En el año 2009 se sancionó la Ley de Urbanización de Villa 31 Nº 3343 que, entre sus mandatos, dispone la obligación de hacer participar a una mesa interdisciplinaria, en especial de las y los vecinos del barrio, cuando se avance con cualquier obra de infraestructura, siempre en el marco de la ley.

Sin embargo, hay dos problemas: uno es que si bien el gobierno menciona que se basa en la mencionada norma, no cumple con el requisito mencionado. Por otro lado, prioriza un negocio multimillonario por encima de la obligación por cumplir con el derecho de la vivienda digna. Hay otro punto importante. Mientras el proyecto de la Autopista se sancionó a velocidades siderales, las y los vecinos de la Villa 31 y por medio de distintos legisladores porteños, presentó tres veces el dictamen para reglamentar la mencionada Ley del año 2009. Sin embargo, este paso fundamental ha dormido en la comisión de vivienda desde entonces.

Uno de los delitos más graves que comete el ejecutivo porteño y los legisladores que avanzan con esta nueva ley es faltar a la Constitución porteña que prioriza la garantía de la vivienda digna en su Artículo 31, así como también el incumplimiento de la Ley 148/98 que promueve la atención de la problemática de la crisis habitacional.

Voces en contra de la urbanización

El resultado de la audiencia pública es categórico: de los 97 oradores y oradoras inscriptos, solo 6 apoyaron el nuevo recorrido de la Illia. Aunque esta instancia no es vinculante, sería realmente vergonzoso que, luego de tan certero resultado, la segunda lectura sea aprobada.

Lo más llamativo de estas pocas posiciones es que dos de ellas fueron de referentes del barrio, históricamente vinculados con la lucha por la vivienda. Uno de ellos fue Carlos Cuenca que, luego de hablar sobre su recorrido en el barrio y arremeter contra las organizaciones sociales y políticas “que hacen daño, no viven en el barrio y le mienten a los vecinos”, aseguró que la presente propuesta “mejoraría el tráfico permitiendo una mayor integración a la ciudad”.

Además, cuestionó que se le “pongan trabas a un gobierno que recién empieza” y que en todo caso “hay que ver que hacen y luego criticar”. Al parecer, no contempló que esa espera cuesta 2.000 millones de pesos, que son deudas que pagarán todos y todas las porteñas con sus ajustes tarifarios, así como también la relocalización y posible desalojo de 100 familias.

Por su parte, Teófilo Tapia, quien es reconocido por estar en una de las 33 familias que resistieron los desalojos de la dictadura y que hace poco tiempo fue reconocido como Ciudadano Ilustre por esta Legislatura, lamentó que las organizaciones “en vez de acompañarnos con el conocimiento, nos dan mucha tristeza”, ante la atenta mirada de Gastón Macias. Además, aseguró que “Nosotros nos retiramos porque nos sentimos avasallados por los partidos que no conocen la necesidad del barrio”, en relación a su alejamiento de la Mesa por la Urbanización. Es llamativo, ya que hasta inicios de este año, el histórico referente estuvo fuertemente vinculado a diferentes sectores del kirchnerismo porteño que, tal vez a su pesar, nunca impulsaron el cumplimiento de la Ley N.º 3343 en la Legislatura. Esto no incluye a varias organizaciones con la misma orientación política, pero que mantienen en alto el reclamo por la vivienda digna.

Si bien no hizo ninguna mención de por qué este proyecto ayudaría a la urbanización del barrio, se enojó afirmando que “Si Mugica Viviera los cagaría a patadas”. Y cerró con una frase categórica que dio por el piso la gala de sus años de militancia con la participación vecinal: “Si no es el dictamen, que salga por decreto”. Es decir, cómo y cuándo quiera el gobierno de Rodriguez Larreta.

Voces a favor de la urbanización

Luego de la intervención de Gastón Macias, entre otros funcionarios que justificaban la multimillonaria obra, así como también el apoyo a la urbanización de la Defensoría del Pueblo, se escucha una voz al micrófono que afirma “Este gobierno está hace 8 años. Venimos hace 6 y no nos dan pelota”.

La inmensa mayoría de las intervenciones fue clara. Primero, insistir por la urbanización y el dictamen reglamentario. Segundo, rechazar el nuevo recorrido de la Illia, junto con las falacias promovidas por el gobierno. Tercero, barrer con las críticas a las organizaciones, que están compuestas en su mayoría por vecinos y vecinas del barrio y “Que llevan a cabo ayudas para el barrio, como comedores, escuelitas, deportes. Ellos nos acompañan, nos ayudan”, dice un vecino. “Yo antes me quedaba en mi casa y gracias a las organizaciones entendía que tengo que luchar por mis derechos. Y eso les enseño a mis hijos, para que mañana no dependan de nadie para luchar por los suyos”, aseguró una vecina.

Uno de los oradores fue Lorenzo Martelli, de la Agrupación Lxs Invisibles que hace ya 10 años que está en el barrio. “Nosotros estamos totalmente en contra de la Illia. La Secretaría dice que tienen trabajo participativo, pero no les preguntó a las y los vecinos de las (manzanas) 12 y 104 si quieren una autopista en la cabeza”. Y agregó que “Hoy le dijimos a la Secretaria que volvamos a discutir el dictamen. ¿Saben que hicieron? No nos dijeron nada y presentaron un proyecto”.

Además, Martelli afirmó que “Ellos vienen e imponen. Nosotros no queremos su dictamen. Queremos el nuestro”. Y concluyó su intervención con una definición categórica: “Si la Secretaría no quiere dialogar y hacer participativa a la urbanización, nos va a encontrar luchando en la calle”.

Por su parte, Amalia Aima, referente del barrio, fue contundente: “Si a la urbanización, no a la autopista”, mientras mostraba un cartel con la mencionada frase. Y arremetió diciendo que “La ley por la autopista no fue consensuada. Nos enteramos por los medios”. Además ironizó afirmando que “Este gobierno tiene una manera rara de participar, donde solo ganan ellos”.

En relación a la nueva propuesta, hizo un poco de historia: “Cuando hicieron la maldita Illia, maltrataron y mataron a vecinos y vecinas”. En el mismo sentido dijo que “Nosotros no nos sentamos con ningún gobierno. Defendemos nuestro derecho, nuestra ley”.

Finalmente fue demoledora al afirmar que “Si hoy estuviese Mugica, estaría acá con nosotros. Él nos enseño a defender nuestros derechos y no dejar avasallarnos. Luchaba por la vivienda digna”, en clara respuesta a los dichos de Tapia, quien había omitido lo certero que fue Mugica en su lucha por las necesidades del barrio.

Otro militante de Lxs Invisibles, Sebastián Zubizarreta, destacó que “Estamos discutiendo en una legislatura que prioriza los negocios inmobiliarios y no las necesidades de los vecinos. Es una coherencia del gobierno desde Mauricio Macri”.

Además, afirmó que “Nos demostraron que lejos de hacer algo participativo y respetando los años de lucha, nos quieren imponer un proyecto”.

En relación a las criticas sobre el lugar de las organizaciones, afirmó que “El rol que jugamos las organizaciones es acompañar los reclamos de las y los vecinos. Y hoy a ellos no les dieron ninguna garantía”.

Entre las decenas de apoyos, se destaca Facundo Di Filippo, quien fuera el responsable de impulsar la ley de urbanización en la legislatura, y afirmó que “Si la autopista dividía al barrio, ahora lo va a dividir del resto de la ciudad”. Además, llamó la atención de los legisladores: “Viene la segunda lectura de la ley y la legislatura debe dar garantías de que los vecinos tendrán su vivienda”.

Una salida: la urbanización

“Los vecinos estamos integrados a la ciudad. El barrio no, porque no tiene calles ni salidas”, afirma uno de los vecinos que participa de la Mesa por la Urbanización.

El actual proyecto, sin duda, pone al descubierto las prioridades del gobierno. Como dijo María José Lubertino: “Quiero decir ‘piedra libre’ al plan canje de negocios con las villas”, recordando los conflictos en la Rodrigo Bueno y en la Villa 20 de Lugano. No hay intención real de participación, mucho menos de urbanización. Lo que se ve con claridad es el esfuerzo de un gobierno por impulsar una medida que favorece a sectores empresariales. Tanto quienes construirán como quienes endeudarán a la ciudad con el crédito otorgado.

Sin embargo algo quedó claro luego de la audiencia. La inmensa mayoría de las y los vecinos no quiere ningún cambio en el recorrido de la Illia, solo quiere la urbanización del barrio. Si las y los legisladores cumplen con su obligación de respetar y representar la voluntad popular, esta claro: este proyecto no debería avanzar. Será momento de evaluar su honestidad y su integridad moral.

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Mañana se cumplen 40 años del golpe cívico-militar-eclesiástico más sangriento y destructivo de nuestra historia reciente. Como parte del dossier realizado entre Marcha y Contrahegemonía, repasamos la lucha y la resistencia de las y los villeros, con el Barrio Padre Mugica como abanderado de aquellos años. 

Sabemos, ninguna historia es lineal. Diversos avatares inundan de contenido todo tipo de procesos, con sus particularidades, contradicciones, causas y consecuencias. El caso de las villas en la Argentina, más específicamente en las grandes capitales y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, no es la excepción a esta regla.

Próximas a cumplir su primer centenario, los barrios marginales comenzaron a surgir por la década de 1920, producto de la crisis europea de guerra y post guerra y que culminaría con la primer crisis capitalista contemporánea, en 1929. Para los adalides de la xenofobia latinoamericana, aquellos que llegaron en la gran inmigración de la Argentina agroexportadora 30 años antes y que colonizaron nuestra cultura legítima allá por el siglo XV, fueron los mismos que ocuparon las primeras tierras para luchar por el genuino derecho a la vivienda digna.

Los años sombríos

La problemática villera tal como la conocemos hoy no nació ni tuvo su desenlace en el año bisagra de 1976. Al contrario, luego del primer peronismo y de los años de desarrollismo (democráticos y de facto), donde abundaron el desinterés o tibios intentos por afrontar la problemática de vivienda, devino un nuevo golpe de Estado que colocó al frente de la nación primero a Juan Carlos Onganía (1966-1970), luego a Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) y finalmente a Alejandro Lanusse (1971-1973). A partir de aquella época se acentuó la exclusión de las y los villeros así como también los niveles de combatividad en todas las esferas de la política.

El proceso de erradicación compulsiva empezó a escalar abruptamente con el retorno del peronismo y, específicamente, con el ascenso del brujo José López Rega a cargo del Ministerio de Bienestar Social, que cuenta, entre sus medallas, con la creación de la Asociación Anticomunista Argentina (Triple A), y es responsable, entre otros crímenes, de asesinar al histórico y emblemático Padre Carlos Mugica, el 11 de mayo de 1974.

En aquellos años donde el ala derecha del peronismo conducía los hilos del país, se destacó la potencia militante del Movimiento Villero Peronista (MVP), organización cercana o incluso integrada a Montoneros y del Frente Villero de Liberación Nacional (FVLN). Ambos movimientos contaban con presencia nacional y con un activismo destacado en la Ciudad de Buenos Aires y más precisamente la Villa 31 de Retiro.

Durante la gestión de López Rega, se impulsó el Plan Alborada, que tenía la intención de erradicar las villas sin soluciones habitacionales para sus vecinos y vecinas. Esta proyección se mantuvo con el golpe del 24 de marzo de 1976 y fue la gestión de Osvaldo Cacciatore, mediante la Comisión Municipal de Vivienda (CMV), presidida por Guillermo del Cioppo y el Comisario Salvador Lotito, la que profundizó estos procedimientos con el triste antecedente de las topadoras en los barrios.

La violencia no tuvo límites. Destrucción de hogares, camiones que depositaban a personas al otro lado de la General Paz, represión, asesinatos y desapariciones. La ferocidad de estos métodos fue tal que en el caso de Villa 31, donde se concentraba la resistencia más acérrima, se logró en aquellos años disminuir la cantidad de habitantes de 50 mil a 40 familias.

Teófilo Tapia, referente histórico del barrio y uno de quienes resistieron en aquella época, recuerda que “ya habían matado a Mugica y quedamos prácticamente solos frente a las topadoras. Esto se replicó en todas las villas. Era muy duro ver cómo cargaban los camiones con familias y las tiraban del otro lado de la General Paz.”

La fuerza de la organización

Estos métodos se replicaron en prácticamente todas las villas de la ciudad, con algunos íconos emblemáticos como la Villa 20 de Lugano y la Villa 15, conocida como Ciudad Oculta, nombre ganado por la construcción de un muro de cara al mundial de 1978.

En el año 1979 un grupo de 33 personas que habitaban el barrio de Retiro decidieron, a pesar de la adversidad, enfrentar a la dictadura para contrarrestar los desalojos. Así fue que este grupo se acercó a la Asamblea de Derechos Humanos, encabezada por Eduardo Pimentel, para pensar una estrategia conjunta. Ese mismo año, Pimentel junto con la Asociación de Abogados y por medio de la doctora Victoria Novelino y el doctor Horacio Rebón –ambos con vínculos con el Partido Comunista (PC)– presentaron un amparo para detener los desalojos. La astucia de los letrados estuvo en que la normativa vigente durante la dictadura establecía que frente a un desalojo, había que garantizar las condiciones de habitabilidad de las personas. Por este motivo, el argumento fue la “no innovación”, es decir, no cambiar lo que ya estaba establecido.

La Villa 31, que hoy es una abanderada en la organización y la lucha contra los malos gobiernos, daba su ejemplo y, desde aquel amparo, el resto de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante medidas similares para frenar la impunidad de los dictadores.

Fátima Cabrera, otra gran militante de aquellos años, nos recordaba: “Los que sobrevivimos a tanto terror y tanta represión, que no solo fue para el pueblo argentino sino en toda América Latina, pensamos que esa memoria tiene que seguir siendo activa para ver las luchas de hoy. Son los mismos ideales de soberanía y de emancipación de los pueblos”.

Rompiendo mitos

Una de las grandes victorias de la última dictadura fue la cultural. El individualismo, el egoísmo, el apuntalamiento de una sociedad de consumo y desigual y, sobre todo, la división de clases o, mejor dicho, la división dentro de la clase trabajadora, han sido los resultados con los que hoy convivimos.

El negro villero, el pibe chorro, el joven sin solución es aquel que, en términos lacanianos, no permite constituir las identidades de la gente de bien, el trabajador, el que se rompe el lomo. Y peor que ese malo malísimo está la mala malísima que tiene hijos solo para cobrar planes, robarse la plata del Estado, coartar el crecimiento de la Nación. El hecho de que todos y todas somos personas y debemos gozar de los mismos derechos pasa a un segundo plano.

Ese imaginario social es el gran triunfo del liberalismo nacido al calor de Videla, Martínez de Hoz y compañía. El chivo expiatorio siempre es el mismo y frente a él no hay prudencia ni respeto. El estigma de las y los villeros es un hecho consumado. Son quienes más padecen este sistema con la pobreza, las y los mismos excluidos de los beneficios del mundo pero incluidos en nuestras prisiones, sin contemplar que son la consecuencia de la desigualdad social.

Sin embargo aquella tradición villera de solidaridad y hermandad nacida hace casi un siglo, sumado al sentimiento de clase y convicción militante, de lucha y organización, son banderas que los sectores populares hoy levantan para no repetir la historia, para alcanzar el legítimo derecho de vivir dignamente.

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