Por Maru Waldhüter y Laura Salomé Canteros

Elsa Nury Martínez además de ser presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) e integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-La Vía Campesina), es la voz que denunció ante la ONU la violencia y represión sistemática contra defensoras y defensores de la tierra y los territorios en Colombia.

La CLOC – Vía Campesina advierte que desde 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, se cometieron al menos 1.139 asesinatos de líderes y lideresas sociales además de los numerosos casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas.

En noviembre del año pasado, Nury fue amenazada de muerte por el grupo narcoparamilitar Águilas Negras – Bloque capital con el fin de obligarla a abandonar su militancia territorial. El 28 de diciembre de 2020, Omar Moreno Ibagué, líder social y miembro del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes de Meta, fue asesinado en Nariño. Las organizaciones campesinas y el relevamiento de la ONU en Colombia advierten que 2020 fue el año más violento. Según los datos de la CLOC – Vía Campesina se registraron 91 masacres que terminaron con la vida de 381 personas, además de los 310 asesinatos de líderes y lideresas sociales.

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¿Cómo llega a esta instancia de denuncia ante un organismo internacional?

Todo ha surgido a partir de los asesinatos contra la dirigencia campesina en Colombia, especialmente de dirigentes de la FENSUAGRO, una organización de la Vía Campesina. Yo fui objeto de amenazas el año pasado y 700 compañeros y compañeras fueron asesinados desde su fundación. Entonces, teniendo en cuenta la situación y pensando en qué hay que hacer en Colombia junto a otras organizaciones amigas, decidimos que fuera la misma organización campesina la que denunciara y que yo asumiera la vocería sobre lo que estaba pasando.

Se planteará que, después de la firma del Acuerdo, que iba a ser importante para construir paz, han incrementado los asesinatos, la mayoría de campesinos, indígenas y comunidades negras.

Se señala el 2020 como el año más violento, ¿a qué piensa corresponde este incremento? ¿Está relacionado con la gestión de la pandemia de parte de Iván Duque? ¿Cómo lo analiza?

Desafortunadamente, el objetivo de la firma del Acuerdo de Paz también era la implementación de los Tratados de Libre Comercio. Desde ese momento, se incrementó la violencia; pero el año pasado, nos encontramos con una pandemia que obligó al confinamiento y eso hizo que los ataques aumentaran en la región, que grupos armados aparecieran en territorios rurales y fueran quienes pusieran las reglas sobre “salir o no” a las comunidades campesinas. Fue cuando se produjeron asesinatos en las casas, de líderes y también de niños y mujeres.

(Nury es crítica en relación a la forma que tiene el gobierno de Iván Duque para llevar adelante el seguimiento de los asesinatos a líderes y lideresas campesinas y destaca que no coincide con el indicador que llevan las organizaciones). No hay veeduría de organismos de control que puedan decir la cantidad de asesinados y asesinadas que hay ni la gravedad de la violencia real que hay en Colombia. La mayoría de éstos, sin investigación, quedan en la impunidad.

El 28 de diciembre de 2020 fue asesinado un compañero campesino, dirigente de FENSUAGRO, y luego su cuerpo fue desaparecido y a la fecha no lo hemos encontrado. Y esa es la impunidad, nadie responde, el gobierno dice que hay muchos grupos armados y ya. Muchos mujeres y hombres somos amenazados por nuestra labor política y social y eso es responsabilidad del Estado. Entonces, sí creemos que en 2020 aumentó la violencia contra las y los Defensores de Derechos Humanos; y el otro fenómeno es que han aumentado las masacres, ocasiones en que matan a 4 o 5 personas; también el desplazamiento de las comunidades. Esto obligó a que nos dieran una vocería ante la ONU, además el informe del Alto Comisionado, es muy importante.

¿Cuáles son las consecuencias de la adopción de los Tratados de Libre Comercio y las medidas macroeconómicas del gobierno de Iván Duque sobre las comunidades indígenas campesinas?

Primero debemos luchar porque se reconozca al campesinado como un sujeto de derechos porque no existimos para el gobierno colombiano. Se ha demostrado que la mayor cantidad de producción de alimentos la produjeron las comunidades rurales del país; sin embargo, con la implementación de los Tratados de Libre Comercio, se está perdiendo la producción porque prima la exportación de alimentos a la soberanía alimentaria, que significa la producción pero también el acceso a la tierra, la producción de semillas criollas, el desarrollo agroecológico, el combate al monocultivo y a los agrotóxicos. Por eso, tenemos que hacer un llamado a las comunidades urbanas para que se entienda que la problemática del campesinado es de todo el país, de toda la sociedad y no solamente de las comunidades rurales.

En una Colombia de “libre comercio”, de vidas privatizadas y una violencia sistemática, ¿qué pasa en la sociedad, se va naturalizando el dolor que provocan los asesinatos y las masacres?

El país está completamente polarizado y tener un pensamiento, una idea o una propuesta diferente a la de los gobiernos de turno, es un delito. Por eso, no podemos seguir naturalizando lo que pasa en Colombia con los asesinatos y las masacres; no queremos una cifra más, no queremos ser números. Cuando fui amenazada el año pasado, lo que provocó que la Vía Campesina encabezara el acompañamiento de muchas organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional, sostenía el miedo de convertirnos en un número.

Y para eso, hay que mirar la historia de la violencia ya que todo es origen de la mala distribución de la tierra por las desigualdades sociales; y por eso, debemos realizar una presión internacional, decir en otras partes lo que pasa, porque el discurso del gobierno colombiano hacia afuera es que se está cumpliendo con el Acuerdo, que se está construyendo la paz y eso no es cierto. Queremos que se note lo que está pasando, un SOS por Colombia, porque sabemos que en la medida en que se resuelva la problemática de la violencia aquí, se resuelven muchos problemas de la región.

¿Cuáles son las otras deudas del Acuerdo de Paz que aún quedan por saldar en Colombia?

Parte del conflicto social y armado en nuestro país tiene que ver con la mala distribución de la tierra que está en pocas manos. Por eso, desde FENSUAGRO luchamos por una reforma agraria integral y popular, no por la que dice el Acuerdo. Alcanzarla sería un avance grandísimo.

Una reforma que plantea un fondo de tierras para quienes no la tenemos, para que cualquier persona pueda acceder. Una reforma que sea realizada desde un enfoque territorial que tiene a su vez tres componentes: la participación, la perspectiva de género y la perspectiva étnica. Una reforma de los planes nacionales rurales, que son los cambios estructurales en relación a la inversión social del Estado en vivienda, salud, educación, infraestructura y comercialización.

Por último, plantear que tenemos derecho a existir, a participar en una organización, porque en este momento en nuestro país no hay garantías para poder hacerlo. La justicia especial de paz fue la que permitió que podamos colocar en agenda que en la Comisión por la Verdad se reconozca FENSUAGRO como organización víctima de conflicto ya que tenemos 575 casos de asesinatos de nuestros integrantes, incluyendo un secretario general en las puertas de la oficina en Bogotá. Por eso, esta reforma es la oportunidad de recuperar las tierras que nos fueron arrebatadas de forma violenta. Para cumplir lo que dice el Acuerdo, todo eso que vemos que el gobierno no tiene el compromiso de hacer, construir una paz duradera en Colombia.

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2020, el año más violento

Mediante el informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) evaluó la situación de los derechos humanos en Colombia en 2020, con énfasis en la seguridad y los derechos humanos, el espacio cívico, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el contexto de pandemia. Evaluó además, la implementación de los aspectos contenidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, relacionados con la justicia transicional, las garantías de seguridad, la reforma rural integral y los derechos de las víctimas.

La ACNUDH mencionó especialmente las violaciones a los Derechos Humanos de parte de efectivos de las fuerzas del Estado: ejército, policías y autoridades penitenciarias, recibiendo 42 denuncias de privaciones arbitrarias de la vida que ocasionaron la muerte de 73 personas, en su mayoría en contextos de operaciones represivas, aunque también durante protestas. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, constató además los asesinatos de 73 ex combatientes de las FARC-EP, contando 248 desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Un atentado sistemático contra las y los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos y los territorios campesinos.

“La ausencia de una presencia integral del Estado, en estas regiones del país, limita la capacidad del Estado de cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida”, se detalla en el informe. Las poblaciones más afectadas fueron las de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, que además del dolor por los asesinatos, padecen los desplazamientos forzados que involucran a más de 25 mil personas en el país.

El 2021 no trajo mejores perspectivas. La CLOC – Vía Campesina informó que solo en los primeros 35 días de 2021 se registraron 11 masacres y 39 asesinatos. Es decir que, se trata del comienzo de año más violento desde 2016. En este contexto, podríamos señalar la preocupación de la comunidad por la instalación de la base militar en Catatumbo y la situación crítica que vive la población de Buenaventura en la región del Pacífico, debido al accionar paramilitar, el racismo estructural y la pobreza que pone en riesgo a 170 mil personas y que se manifestó mediante el llamado de #SOSBuenaventura. Por otra parte, el 18 de febrero pasado la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) publicó un informe en el que se confirmó que al menos 6402 personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial y pasadas como bajas en combate durante los años 2002 y 2008. Se trata de los mal llamados “falsos positivos” cometidos durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Más de 50 años de conflicto armado, las promesas incumplidas firmadas en el Acuerdo de Paz de 2016, el accionar de grupos armados paramilitares y militares, el avance de políticas extractivas y de Tratados de Libre Comercio configuran una trama de violencia sistemática que se recrudece año tras año y que llama a las comunidades urbanas de Colombia y a la comunidad internacional para ponerle fin a la lista de víctimas de la violencia.

“Para cumplir lo que dice el Acuerdo, todo eso que vemos que el gobierno no tiene el compromiso de hacer, construir una paz duradera en Colombia”.

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Por Vivian Palmbaum e Ivan Barrera

El pasado lunes primero de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención del Grupo Vicentin, gigante del agronegocio, y el envío de un proyecto de ley para su expropiación, el traspaso de sus activos a un fondo fiduciario y que su gerencia quede a cargo de YPF Agro.  En el anuncio, Alberto Fernández puso énfasis en que estas acciones contribuyen a la construcción de una soberanía alimentaria. Este punto, que fue nombrado de forma pomposa al pasar, quedó resonando en el medio del anuncio.

Curiosamente al mismo tiempo que se enuncia como una conquista hacia la soberanía alimentaria el interventor designado es Gabriel Delgado, señalado como un defensor del  modelo productivo industrial basado en el uso de transgénicos y las fumigaciones con agrotóxicos. Funcionario del gobierno encabezado por Cristina, en 2015 fue acusado por Monsanto de no reconocer las patentes a las semillas transgénicas.  

¿Qué es la Soberanía Alimentaria? 

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 y se definió para enfrentar a las políticas neoliberales.  Según la definición acuñada por la organización, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. 

En esa definición, también se detalla que se debe “priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito.La necesidad de reformas agrarias, de lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce. La participación de los pueblos en la definición de política agraria y el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.”

Esta semana desde la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) se organizó un conversatorio sobre soberanía alimentaria en la región. Allí Marco Filardi, abogado ambientalista e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, explicó a qué se refiere la soberanía alimentaria.

“La soberanía alimentaria, paradigma introducido por la Vía Campesina en 1996,  plantea que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte, y en armonía con los seres humanos. Es la agroecología en todas sus formas: una agricultura por agricultoras y por agricultores. La soberanía alimentaria aboga por priorizar la producción local para el abastecimiento de las necesidades alimentarias. La finalidad esencial de la agricultura es producir alimentos sanos, seguros y soberanos para alimentar a los pueblos”.

El modelo extractivista es el engranaje principal del mundo globalizado neoliberal  y la base de la división internacional del trabajo. Los países en desarrollo se encargan de proveer de materias primas como semillas, granos, alimentos, maderas, minerales o petróleo a los grandes países industrializados. Este modelo extractivista demanda que cada día se produzca más al menor costo, sin importar la calidad del producto ni las circunstancias en las que se produce, ya sea de quienes producen, de la tierra y los recursos naturales, como de las poblaciones aledañas. El resultado de este modelo está a la vista: tierras arrasadas producto del monocultivo y los pesticidas, poblaciones arrasadas producto de la necesidad de aumentar la cantidad de tierra cultivada, pueblos fumigados por agrotóxicos, napas contaminadas, agua con cianuro y otros metales pesados y una huella ecológica y humana que perdurará finalizado cualquier negocio.

El modelo extractivista evoluciona, se tecnifica y la soberanía alimentaria es un ideal cada vez más lejano. El agronegocio se alimenta de semillas genéticamente modificadas, se lubrica con agrotóxicos y se almacena en silo bolsa esperando las mejores condiciones locales e internacionales para lucrar. La concentración de tierras aumenta año a año, expulsando a campesinos, campesinas, cooperativas y pueblos originarios.

Marco Filardi se refirió a este modelo como un modelo que “viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, viola nuestro derecho al agua, viola nuestro derecho a vivir en un ambiente saludable, viola nuestro derecho a la salud, viola nuestro derecho a la integridad personal. No está concebido para alimentar a nadie sino para producir dinero concentrado cada vez en menos manos. Al mismo tiempo es un modelo que no alimenta, no solo no alimenta al mundo como ya vimos, sino que es incapaz de garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación de nuestra propia población. En el contexto de cosechas récord como se anuncia tenemos desnutrición aguda en nuestro país, desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad que afecta al 70% de la población y que comen esos cuerpos también carencias nutricionales.” 

El otro campo

También consultamos a quienes producen alimentos para el pueblo. Ellos y ellas que conforman el otro campo: el que lejos de buscar el lucro de la expansión sojera, trabaja la tierra de forma agroecológica, responsable con el ambiente, con sus trabajadores  y trabajadoras. El campo que no conoce de Hilux último modelo pero sí de autogestión, conformado por pequeños productores y productoras que cultivan la tierra que no es suya y que alimentan a las ciudades. 

Desde Marcha le preguntamos sobre la medida a Rosalía Pellegrini, Secretaria de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que aportó la mirada de la organización, respecto a la intervención y su relación con la construcción de soberanía alimentaria. 

“Nosotras y nosotros desde la UTT, al igual que el Foro por un Programa Agrario y Popular pensamos que es una medida que hay que apoyar. Si bien creemos que no hay soberanía alimentaria sin la distribución y el acceso a la tierra por parte de las familias que producimos alimento, no hay soberanía alimentaria sin un esquema de comercialización justo para el que produce y para el que consume, no hay soberanía alimentaria si tampoco hay igualdad de género. La mitad de las que producimos alimentos no tenemos acceso a la tierra y vivimos en condiciones de vulnerabilidad por la violencia machista. Seguimos pensando esto las organizaciones del otro campo. “

“Es real que es un avance en términos de soberanía del modelo agropecuario. No es lo mismo que las organizaciones campesinas peleemos contra Dreyfus y Cargill por un modelo agroalimentario más sano y con el derecho a la alimentación de todos y todas, que pelearsela al Estado. Además entendemos que un montón de productores también medianos, también cooperativas de granos, que dependerán de Vicentin, si es posible en manos del Estado, tendrán la posibilidad de plantear un esquema de producción más sustentable”. Además agregó la necesidad que la estatización se lleve adelante para poder plantear las reglas de juego al interior del modelo de agricultura extensiva. “Saludamos la medida y apoyamos y presionaremos para la posible estatización“. 

Para terminar Rosalia resaltó que “este tipo de intervenciones tiene que ir acompañado por todo este tejido social que venimos reclamando y luchando por soberanía alimentaria”. 

La expropiación de Vicentin significaría que uno de los grandes actores del agronegocio pase del mundo privado y lucrativo al ámbito público. Desde la gerencia estatal se podrá evitar la especulación financiera de los silo bolsa y decidir cuándo exportar y cuándo vender al mercado interno. Pero, ¿cuánto de Soberanía Alimentaria tiene la expropiación de Vicentin? ¿cuántos de los reclamos abiertos por Vía Campesina en su búsqueda por la Soberanía Alimentaria abarca esta expropiación? ¿Se agota un modelo extractivista con la expropiación de una empresa?

Un modelo productivo que nos expropia

En Argentina y en toda Nuestra América hay organizaciones y cooperativas que construyen día a día la Soberanía Alimentaria. Francia Garcia Hermosillo, de la organización Sin Maíz No hay Pais de Mexico nos cuenta como comenzaron a luchar contra un modelo que busca expropiarlos de los cultivos ancestrales como el maíz y así arrebatarles la soberanía y seguridad alimentaria. Allí organizaron la Campaña Sin Maíz No hay País, desde junio de 2007 en vísperas en que se levantaran los aranceles del maíz, al frijol, al azúcar y a la leche en polvo, pero “la principal preocupación era el maíz y el frijol a partir de enero de 2008. Era una preocupación que se vivía en el campo y que no llegaba a los consumidores en las grandes ciudades. Sin Maíz No hay País, Pon a México en tu boca era lo que se pretendía, porque estábamos en el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, y venía esta embestida contra nuestra alimentación. El maíz es nuestra base, nuestra alimentación, nuestra cuna, nuestra identidad. Consumimos 115 kg. por cada uno de nuestros habitantes al año de este grano básico. En aquel año además de querer sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, buscamos que se prohibieran los granos transgénicos, que se protegieran las semillas nativas y que se generarán esas políticas en defensa del campo, de los campesinos, de la soberanía y de la seguridad alimentaria”.

La Soberanía Alimentaria requiere necesariamente salir de un modelo extractivista concentrado, extranjerizado y especulador a un modelo soberano, con leyes y políticas públicas de acceso y protección de la tierra, de sus trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. 

Un país que anualmente produce alimento para 10 veces su población, pero donde hay niños y niñas con hambre, desnutrición infantil, pueblos fumigados, bebés que nacen con malformaciones y metales pesados en sangre, campesinos y campesinas sin tierra, pueblos originarios desplazados, escuelas fumigadas, napas contaminadas, tierras arrasadas, es un país que tiene sus recursos muy mal distribuidos y aprovechados, que tiene un modelo que atenta contra la tierra, los seres vivos que la habitan y las personas a las que alimenta. 

El camino hacia la soberanía alimentaria es largo y atenta contra negocios millonarios, contra multinacionales y contra el modelo globalizado. ¿Estaremos en ese camino?

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Por Ana Paula Marangoni | Fotos de Oscar De la Vega y Nadia Petrizzo

Promediando las seis y media todas las mesas del Centro Cultural Torquato Tasso estaban llenas. Los y las allí presentes esperaban con expectativa el inicio del debate, integrado por la antropóloga feminista Rita Segato, la legisladora platense Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos, Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – Vía Campesina y el abogado y miembro de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria Marcos Filardi, que estuvo a cargo de la coordinación del panel.

El eje de la cita fue un tema que suele abordarse periférica o parcialmente, pero nunca centralmente. Es que la alimentación, según las y los expositores, no solo es un problema de quienes producen, sino también de toda la sociedad. Es un derecho básico que afecta transversalmente lo social, lo económico, lo demográfico y las políticas de Estado.

Nahuel Levaggi, referente de la UTT, inició la conferencia hablando de las y sujetos históricos que a partir del enorme trabajo de las organizaciones comenzó a visibilizarse: las y los productores. En un país con un porcentaje del casi 90% de población urbana, la sociedad se ocupa mayormente del consumo, sin preguntarse quiénes producen, en qué lugares y en qué condiciones, quiénes se ocupan de la distribución de alimentos y quiénes se llevan las ganancias del valor agregado. En ese sentido, agregó que “hay modelos alternativos que generarían alimentos sanos y accesibles para el pueblo y esto depende de todos y todas nosotras. Tenemos que dar la discusión para que suceda, no alcanza con votar cada 4 años. Seamos protagonistas activos de la historia”.

Esto conduce a uno de los problemas más importantes de la Argentina. Tenemos un modelo agro exportador con una enorme concentración de la tierra, basado en el uso intensivo de la tierra y el uso extensivo de agrotóxicos, en manos de un grupo minoritario de empresas que son las dueñas de todas las marcas que llegan a las góndolas.

Levaggi insistió en los problemas que conlleva nuestra matriz de producción y comercialización de alimentos, que es la que conduce al hambre. En definitiva, consumimos alimentos de mala calidad, contaminados y a precios altísimos. No faltan productores, falta democratizar la venta. En principio, se trata de disputar sentidos en la sociedad para crear la convicción de que otro modelo productivo agroecológico es posible. Las experiencias, como la de la UTT, ya existen y son posibles de multiplicarse.

En la misma línea discursiva, Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – Vía Campesina, también hizo énfasis en lo perjudicial del actual modelo productivo, al cual nominó como el “Agronegocio”. Además, mencionó las dificultades de la agricultura campesina para generar valor agregado, lo cual necesita del acompañamiento para implementar infraestructuras mínimas.

Montón insistió en restaurar una alianza entre el campo y la ciudad. Es prioritario generar políticas públicas que limiten la concentración de la tierra, que creció de un modo alarmante, arrasando todo tipo de suelos para destinarlos casi exclusivamente al monocultivo. Un diálogo entre el campo y la ciudad podría reparar la asimetría demográfica, ya que la falta de condiciones para vivir en sectores rurales obliga a campesinos e indígenas al desarraigo y a subsistir precariamente en los conglomerados urbanos. Para Montón, “hemos sufrido muchas derrotas como organizaciones del campo por estar aislados. ¿Cómo logramos entender, como pueblo, que los problemas del campo no son solo del campo?”.

La antropóloga y pensadora feminista Rita Segato introdujo el caso de Brasilia para dar cuenta de los límites estructurales que tuvieron los gobiernos progresistas de Latinoamérica. En cuanto a formas de producción, ella planteó tres: la primera consiste en ponerle tope a la concentración de la riqueza; la segunda, que ocurrió durante la primera etapa del Partido de los Trabajadores (PT), se trata de evitar la pérdida de recursos; y la tercera, que terminó siendo en muchos casos la principal estrategia, consiste en la colocación de las commodities en el mercado global.

El uso predominante de esta última estrategia condujo a un cuello de botella, ya que las lógicas de los mercados tienden a atacar otras formas de producción alternativas, no tanto porque representen una amenaza en términos económicos, sino porque proponen un camino diferente. Y el Capital se encarga de descabezar todo proyecto o modelo que pueda llegar a cuestionar su hegemonía, así estén en un estado embrionario.

En relación con esto, Segato señaló la importancia de aquellas prácticas locales y comunitarias que escapan a las lógicas del Capital y que presentan un modelo de arraigo. En sus palabras, “ese arraigo local en un territorio irreductible donde no es posible convertir algunos bienes o formas de producción en beneficio del Capital”. En algunos sectores aún pervive la lógica de la conmutabilidad, aquello que tiene un valor más allá de lo mercantil y que no puede ser reducido a un bien o servicio. Esta lógica persiste en gran medida por las mujeres, que son quienes se ocupan en las huertas de elegir las semillas manualmente, por ejemplo, o de sostener los valores comunitarios en sus territorios.

El rol del Estado

Además de evaluar la problemática alimentaria en relación directa con el hambre, también se instaló el debate acerca de cuál debería ser el rol del Estado y qué rumbo podrá tomar el gobierno entrante, conducido por la fórmula Fernández-Fernández, para reemplazar un modelo que genera desigualdad, mala alimentación, contaminación de la tierra y de los cuerpos, inequidad social y hambre.

Para Victoria Tolosa Paz, legisladora platense del Frente de Todos y co-autora del Plan “Argentina contra el hambre”, la alimentación debe ser tratada como un derecho, ya que la mayor parte de la población en barrios populares padece de déficit nutricional, ya que estos sectores no acceden a alimentos de calidad. El Estado debe garantizar el consumo interno de alimentos y trabajar también desde la comunicación y la educación para contribuir con nuevos hábitos alimenticios. Además, señaló la importancia de que el Estado provea alimentos de calidad nutricional en las escuelas y hospitales públicos, lo cual actualmente no sucede.

El mayor punto de discusión se dio a partir de la posición de Rita Segato en relación al Estado: “El Estado no es confiable porque se mantiene exterior a la vida de las personas. Las personas lo saben y construyen pliegues, refugios. Un ejemplo de esto es la agroecología, otra forma de producción”.  En relación a este punto, que se dio cerca del cierre de la charla y que terminó volviéndose central, Victoria Tolosa Paz sostuvo que esos “pliegues” que mencionó Rita a veces son atacados antes por el Capital que por el Estado. Este último, entonces, no debería ser otro enemigo, sino que debería “regular las asimetrías y asegurar los pliegues y refugios que mencionaba Rita”.

Quienes también se mostraron en desacuerdo con el postulado inicial fueron Diego Montón y Nahuel Levaggi. Para ellos dos, al ser el Estado quien debe garantizar el pleno acceso de los y las ciudadanas a sus derechos, es el primer lugar donde acudir pero esto no implica delegarle la capacidad de acción política, sino que “es solo una de las tantas batallas a dar”. Ante estas observaciones, Segato aclaró que no criticó el acudir al Estado para que garantice los derechos, sino que la “fe estatal para la que fuimos programados” a veces puede generar que deleguemos la agencia política en él: “La gente tiene que tejer comunidades y la agencia tiene que estar siempre en ellas porque el Estado no consigue defenderlas”.

Más allá de las distintas posturas acerca de la función estatal, todos los expositores y las expositoras coincidieron en que es necesario avanzar en una transición para lograr a futuro una Argentina soberana, saludable y equitativa en este aspecto central para nuestras vidas. Resolver, en primera instancia, las urgencias del hambre. Y, mientras tanto, proteger a las agriculturas familiares, cooperativas, campesinas e indígenas, para que puedan acceder a la tierra y competir con sus productos. Brindarles herramientas, infraestructura y oportunidades para que puedan elaborar alimentos con lo cosechado de la tierra.

Será tarea de todas y todos recuperar un debate que articula en definitiva a la economía y el acceso a derechos fundamentales en todo el país. Es posible recuperar nuestra tierra y producir tanto como consumir alimentos sanos, a un precio razonable y libres de agrotóxicos. Y estos derechos deben ser para todos los sectores sociales.

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Por Vivian Palmbaum | Foto: Foro Agrario

En el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas este 17 de abril y del Indio Americano, las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar realizaron una jornada de lucha a nivel global. En distintas plazas de nuestro país se realizaron acciones para visibilizar las necesidades y exigir políticas públicas para el sector. La actividad finalizó con una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación, convocando al Primer Foro Agrario Nacional para los días 7 y  8 de mayo de este año.

En unidad por la tierra  

Este Día Internacional de las Luchas Campesinas encuentra al sector de las y los pequeños productores campesinos atravesando una situación muy grave. Así lo expresan en distintos lugares del país, con necesidades comunes y particulares en cada región. Cortes de ruta, feriazos y jornadas de formación fueron algunas de las iniciativas que llevaron adelante las y los campesinos en distintos lugares del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza del Congreso, diversas organizaciones realizaron un Feriazo. Elías, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de La Plata, dijo en diálogo con Marcha que “el Feriazo se hace para visibilizar al pueblo que nosotros y nosotras existimos y que somos los y las que producimos los alimentos todos los días. Luchamos por la tierra. La tierra es lo que nosotros no tenemos, porque trabajamos en tierras alquiladas. En los campos del norte del país, a las y los compañeros los están excluyendo de sus propios campos, los sacan los terratenientes o las empresas multinacionales. Sacan a las y los pequeños productores que trabajan la tierra desde hace muchísimo tiempo. Acá en La Plata el 60, 70% de las y los productores alquilan y no son dueños de la tierra”.

Además se refirió a las crecientes dificultades a partir de las políticas públicas que “nos hacen trabajar en negro. Sin el Monotributo Social Agropecuario no podemos facturar y quedamos excluidos de la comercialización”. Agregó también que debido al desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar, esta se transformó en una instancia administrativa sin respuestas.

En Mendoza también se realizó un Feriazo campesino en Plaza Independencia, en la capital provincial. La principal dificultad de la provincia cuyana “sigue siendo el acceso a la tierra”, a lo que se suma la problemática del agua. “No es fácil acceder al agua y menos acceder a créditos para producir”.

Frente al Congreso Nacional Marcha dialogó con un trabajador de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Gustavo Montiveros, que contó que “estamos acá acompañando a las y los trabajadores de la tierra que son los que producen la mayor cantidad de alimentos, que con mucho esfuerzo sostienen a su familia y aportan al sostenimiento alimentario de la población argentina. Estamos convencidos de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria no debe estar al servicio de los grandes grupos económicos o de las grandes empresas exportadoras sino que consideramos que debe garantizar la sanidad y la inocuidad de los alimentos que produce nuestro pueblo  y para eso tiene que estar al servicio del pueblo”.

Programa Agrario Nacional

En el Día Internacional de la Lucha Campesina se realizó una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se leyó un breve comunicado y se convocó al Primer Foro Agrario Nacional, que se realizará los días 7 y 8 de mayo en el microestadio de Ferrocarril Oeste. Participaron organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar, junto a agrupaciones gremiales, cátedras de universidades, abogadas y abogados ambientalistas, entre otros y otras.

En la Argentina, tal como lo revelan los primeros datos del Censo Nacional Agropecuario 2018, realizado por el INDEC, hay una superficie productiva un poco mayor a 161 millones de hectáreas que se destinan al uso agropecuario y forestal. Estos primeros datos informan “una pérdida de 100.000 unidades productivas y de mayor concentración de la tierra”, tal como revelaron en la conferencia de prensa. “En Argentina más del 70% de quienes producen no son dueños de la tierra”.

En Latinoamérica y el mundo las y los campesinos continúan siendo desplazados, expulsados y discriminados, sin que se les reconozca como las y los principales productores de alimentos. “Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (más conocida como FAO),  la agricultura familiar de cada país produce hasta el 80% de los alimentos que consumen los pueblos”.

Organizaciones campesinas de todo el país se vienen reuniendo para deliberar acerca de la construcción de un Programa Agrario Nacional, que más allá de lo reivindicativo sea una propuesta de política pública “para organizar la producción y la regulación de lo que sucede en el ámbito rural y su impacto en las grandes ciudades y pueblos del interior”.

Vía Campesina

En 1993 nació Via Campesina, un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianas agricultoras, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Un movimiento político, autónomo, plural, multicultural, que demanda justicia social a la vez que se mantiene independiente de cualquier partido político y de cualquier tipo de afiliación económica o de otro tipo, tal como se definen.

Recién el año pasado, y después de 17 años de trabajo, consiguieron que las y los campesinos fueran reconocidos como sujetos con derechos humanos, algo que en pleno siglo XXI parece sorprendente. “Este es un reconocimiento al papel estratégico que cumple el campesinado en la producción de alimentos. Alimentar a los pueblos y luchar contra el hambre plantea la necesidad urgente de la reforma agraria como política fundamental para garantizar los derechos de las campesinas y los campesinos”.

En este nuevo aniversario, Via Campesina exigió, una vez más, “la reforma agraria, dentro un proceso de construcción de la Soberanía Alimentaria y para el fortalecimiento de la agricultura campesina”.

Vida digna, derechos de las mujeres y derechos humanos continúan siendo una necesidad urgente que no puede esperar. “Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que se reconocen en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.

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Derechos campesinos, saldar una deuda histórica en pleno siglo XXI

Foro Agrario 

#17Abril2019 – “La Declaración de Derechos Campesinos debe ser una herramienta política para la Reforma Agraria y la justicia social” 

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“Las penas y las vaquitas se van par la misma senda.

Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.

Atahualpa Yupanqui

Después de 17 años los derechos de campesinas y campesinos, de todas las regiones del mundo, alcanzaron el reconcimiento en la ONU.

El pasado 20 de diciembre, luego de 17 años de trabajo continuado, fue ratificada la Declaración de los Derechos Campesinos en la sesión de la 73º de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tal como se expresa en su artículo 3º, “Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que se reconocen en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.

La Declaración de Derechos Humanos fue adoptada por la ONU en 1948, sin embargo la mayor parte de la población mundial que está formada por campesinas, campesinos y personas que trabajan en áreas rurales recién alcanzan este reconocimiento hacia fines del año 2018.

“Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas”

Campesinas, campesinos y personas que trabajan en áreas rurales son quienes producen los alimentos que consumimos. La mayor parte de ellas y ellos no poseen la tierra que trabajan, mientras las corporaciones y las grandes empresas son dueños de la mayor parte. Esas condiciones se reproducen por donde se mire. Entre las y los campesinos se incluyen los pueblos originarios, indígenas, negros y migrantes que trabajan para sí mismos, en asociación o que trabajan para otros produciendo en la tierra.

Un largo trabajo para los derechos de campesinas y campesinos es impulsado desde la Via Campesina. “Este es un reconocimiento al papel estratégico que cumple el campesinado en la producción de alimentos. Alimentar a los pueblos y luchar contra el hambre, plantea la necesidad urgente de la reforma agraria como política fundamental para garantizar los derechos de las campesinas y los campesinos”, afirmaba Diego Montón, del MNCI de Argentina y uno de los delegados por la Via Campesina en el grupo que viene trabajando para alcanzar este reconocimiento de derechos. “Todo gobierno que se jacte de progresista y de trabajar con los derechos humanos deberá tener en cuenta la reforma agraria, como una política fundamental para garantizar los derechos para los campesinos y las campesinas”, agregó.

La Declaración en su artículo 4º hace un reconocimiento expreso al derecho de las mujeres, contra toda forma de discriminación de las campesinas y por el derecho a la igualdad de posibilidades en el acceso a sus derechos.

Las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder a los recursos naturales y a participar en la gestión de los mismos. Sin embargo hoy parece lejos de concretarse. El avance del neoliberalismo a lo largo y ancho del mundo, que privilegia los negocios y las desigualdades, parece ir en contra de una normativa de difícil implementación. Al respecto, Montón decía que “La Declaración es una herramienta de lucha para que se transforme en leyes y políticas a favor de las y los campesinos y también es una herramienta de lucha por la soberanía alimentaria. Por eso la Declaración de derechos de campesinos y campesinas es un paso adelante para toda la humanidad”.

Los y las campesinas y las personas que trabajan en las zonas rurales, tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. También está explícitamente mencionado en otro de sus artículos. “En este momento, pese a producir la mayor parte de los alimentos que consumimos, los y las campesinas estamos sometidos a formas extremas de violencia. Aquellos que resisten son asesinados o arrestados. La criminalización de las luchas campesinas debe acabar y esta Declaración es un paso hacia adelante en esa dirección” afirmó Montón.

Desde la Via Campesina reconocen que el primer trabajo será hacer conocer estos derechos entre las y los campesinos para luego avanzar para que los Estados los implementen.

El 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, una fecha que se estableció en el año 1996 cuando la Policía Militar de Brasil asesinó a 19 campesinos y campesinas Sin Tierra en Eldorado dos Carajás, Estado do Pará. La implementación hoy parece tan alejada en nuestra región donde los Estados criminalizan y persiguen a las y los campesinos, pueblos originarios y migrantes mientras favorecen la concentración de tierras en pocas manos. Lideres y lideresas en nuestro país y en la región padecen las persecuciones en defensa de la tierra y los recursos naturales. En nuestro país hoy es Santiago Maldonado entre tantos anónimos y anónimas, Berta Cáceres en Honduras, las y los campesinos de Paraguay, de Colombia y de las distintas regiones que son asesinados, perseguidos, expulsados o encarcelados cuando defienden la tierra y sus recursos. Políticas que a veces parecen ir más allá de los presidentes de turno. Tan solo cabe recordar algunos ejemplos como los de los presidentes Fernando Lugo en Paraguay o Mel Zelaya en Honduras que fueron corridos por atreverse a defender otros intereses.

Soberanía Alimentaria

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, como una alternativa a las políticas neoliberales. Son estas políticas neoliberales las que priorizan el comercio por sobre la alimentación de los pueblos y su derecho a definirla y defenderla. Las políticas de producción industrial de alimentos ponen en manos de unos pocos, que priorizan sus ganancias, a la hora de definir que se produce, como se produce y nos envenena, con una agenda de mercado que está lejos de garantizar el derecho a la alimentación, que además sea sustentable y otros intereses públicos que pueden ser diferentes en función de los países y sus tradiciones culturales.

Tal como lo expresa la Via Campesina, “Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han aplicado estas políticas dictadas por los intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias. Unos acuerdos internacionales (OMC), regionales (Acuerdo de Libre Comercio para las Amercias-ALCA) o bilaterales de “libre” cambio de productos agrícolas permiten a dichas empresas controlar el mercado globalizado de la alimentación.

Mientras en los distintos países avanzan los proyectos de ley para privatizar el uso de la semilla de la mano de las corporaciones, las y los campesinos se oponen a que les expropien sus saberes ancestrales que están contenidos en la propiedad y uso de sus semillas, amenazadas por la globalización.

Derechos para campesinas y campesinos en el siglo XXI es el resultado de largos 17 años de trabajo colectivo para darle una legalidad a las necesidades básicas como seres humanos. Defender derechos de manera colectiva, donde se disputan los derechos a la tierra, a alimentarse, a la diversidad cultural y el derecho básico a la vida y sus recursos, amenazada por los negocios de las corporaciones. Una Declaración que se halla aún lejos de la realidad efectiva, si bien es una herramienta que permitirá sacar de las condiciones de cuasi esclavitud en la que se encuentran miles de personas que hasta ahora no tuvieron reconocidos sus derechos.

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“La criminalización de las luchas campesinas debe acabar”

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales

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En una histórica sesión, el viernes 28 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales por. El texto será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que sea ratificado. Marcha dialogó con Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena e integrante de la Via Campesina.

Derechos campesinos

 “La mayor parte de la población mundial está formada por campesinas y campesinos. La agricultura campesina no es solo una actividad económica, sino que constituye el sustento vital de todas las personas”. Así se inicia la “Declaración de los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” que elaboró La Via Campesina.  Luego de muchos años de trabajo, fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y aprobada con 33 votos a favor, 3 votos en contra y 11 abstenciones. Se espera que sea ratificada antes de fin de año por la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

La Via Campesina es una organización que reúne a más de 200 millones de campesinos y campesinas, de unas 180 organizaciones de 80 países del  mundo.

Un largo camino

Marcha habló con Diego Montón, quien desde 2012, año en que se inicia el proceso formal de elaboración de la Declaratoria, formó parte del colectivo internacional de derechos campesinos de la Via Campesina, con una activa participación en todas las sesiones de este grupo de trabajo intergubernamental y en las sesiones formales del Consejo de DD.HH.

Montón relató que este proceso de Declaración tiene mucho tiempo de trabajo. “Hace más de 17 años que la Via Campesina se propuso plantear la discusión en Naciones Unidas en torno a la necesidad de la declaración de derechos campesinos. Esta discusión se dio en el proceso de la ofensiva neoliberal de los ’90, en el marco del desarrollo del capital financiero en el campo con la globalización, que tuvo como consecuencia innumerables violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas, asociados a los desalojos de tierra, al acaparamiento de tierras, a la privatización de las semillas, al libre comercio, a la criminalización y persecución política de las y los dirigentes campesinos, entre otras situaciones.  En función de todas esas luchas internacionales que se estaban articulando en la Vía Campesina, junto a luchas nacionales y regionales, había que plantear una discusión en Naciones Unidas”.

¿Cómo  se inicia el proceso para llegar al Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas?

“Después de 10 años de trabajo, en el 2008 la Vía Campesina, en una conferencia internacional, aprueba la Carta de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos,  que es la primera herramienta con la cual la Vía Campesina empieza a trabajar con Naciones Unidas en la propuesta. En el marco de esta aprobación es que se desarrollan una serie de trabajos para ir relevando y constatando, con organizaciones de derechos humanos aliadas, las violaciones a los derechos humanos que se van dando en todo el mundo. Fue así que entre 2008 y 2011 se presentan informes al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde se van demostrando todas las violaciones de derechos humanos de las comunidades campesinas de todo el mundo.

Con este trabajo, y con un informe que realiza una académica experta de Ginebra en el año 2012, recién ahí se logra que este proceso llegue de manera formal al Consejo de Derechos Humanos”.

¿Cómo llegan a la sesión del 2018 del Consejo?

“A partir de todos estos debates se hicieron cinco borradores diferentes y fue así que llegamos con mucha expectativa a esta sesión, porque ya en el 2017 el Consejo de DD.HH. había dado el mandato de que para este año debía entregarse la versión definitiva para su aprobación”.

¿Cuál es la intervención del Estado Plurinacional de Bolivia y otras organizaciones?

“Este proceso se hizo gracias a la intervención del Estado Plurinacional de Bolivia, ya conducido por Evo, que fue el fundador de Vía Campesina. Así se crea por primera vez, por una resolución del Consejo de DD.HH., una comisión intergubernamental de trabajo para una declaración de derechos campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales.

Ese grupo es el que tomando la iniciativa de la Vía Campesina. Va a ir adaptando la Declaración a los lenguajes adecuados de Naciones Unidas y a todas las discusiones que se van dando con la participación de los estados miembros de la ONU. Además se fueron sumando a participar distintas organizaciones como la de los pastoralistas, de pescadores artesanales, de pueblos indígenas, de trabajadores agrícolas, todas organizaciones internacionales que responden al proceso y que van aportando para el mismo”.

Frente a la aprobación de la declaración también Evo Morales expresó: “Saludamos que el Consejo de DD.HH de la ONU haya aprobado la Declaración sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” y atribuyó el mérito principal de esa declaración a la organización internacional Vía Campesina, entre cuyos fundadores figuran los sindicatos de productores de coca y otros sectores rurales bolivianos.

Esta declaración impulsa a los gobiernos nacionales para que implementen políticas públicas y de protección de derechos de las y los campesinos: “en este momento, pese a producir la mayor parte de los alimentos que consumimos, los y las campesinas estamos sometidos a formas extremas de violencia. Aquellos que resisten son asesinados o arrestados. La criminalización de las luchas campesinas debe acabar y esta declaración es un paso hacia adelante en esa dirección”, afirmó Montón.

Desde la Coordinadora Europea Via Campesina (ECVC) remarcaron que la declaración se alcanzó con escaso apoyo de los países centrales.  Destacaron el apoyo prestado por solo tres países: Suiza, Portugal y Ucrania, y fustigaron la falta de compromiso de los países de la Unión Europea en favor de la declaración. Al respecto expresaron que “Alemania y la Unión Europea, que a menudo expresan su apoyo a los derechos humanos, al desarrollo del sur y a la agricultura familiar, en este momento crucial, se oponen a la Declaración y se aíslan de la comunidad internacional. Esto es incomprensible e inaceptable”.

¿Qué son los derechos humanos?

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. Sin embargo hasta ahora no les han sido reconocidos a las y los campesinos, entre otros”.

El 17 de abril de 1996, la Policía Militar de Brasil asesinó a 19 campesinos y campesinas Sin Tierra en Eldorado dos Carajás, Estado de Pará, Brasil. Desde ese momento, cada 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, se recuerda el necesario reconocimiento de los derechos humanos para campesinas y campesinos. Desde entonces es una lucha incansable.

“Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los (y las) campesinos y las personas que trabajan en zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos de la presente declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata”.

Una votación que ha sido considerada una conquista para las y los campesinos, ganaderos, pescadores artesanales, pueblos indígenas y trabajadores y trabajadoras que junto con la Vía Campesina han defendido esta declaración en sus países y en el Consejo de Derechos Humanos. La soberanía alimentaria será una meta más cercana si los derechos de las y los campesinos y las personas que trabajan en áreas rurales son una realidad.

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Declaración de los derechos campesinos  

Texto de la carta de adhesión argentina a la Declaratoria 

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La Vía Campesina convoca a las actividades planificadas a nivel global en conmemoración del Día Internacional de las Luchas Campesinas, el 17 de abril en cierne. El movimiento internacional de organizaciones campesinas, trabajadores/as rurales migrantes y jornaleros/as sin tierra, hace un llamado a articular acciones para visibilizar las graves consecuencias sufridas por los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Como cada 17 de Abril, la coalición mundial Vía Campesina rememora los nefastos hechos ocurridos hace veintidós años en El dorado dos Carajás (Brasil), cuando diecinueve campesinos del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fueron asesinados impunemente por reclamar acceso a tierras.

Desde entonces, la Vía Campesina integrada por más de 200 millones de productores/as de pequeña y mediana escala, comunidades campesino-indígenas, trabajadores/as rurales migrantes y sin tierra, conmemora en esa fecha las luchas del campesinado que se libran en el mundo.

En esta ocasión, el movimiento que coordina a 182 organizaciones en 81 países hace una convocatoria: “En un solo puño de coraje y rebeldía, llamamos a nuestras organizaciones miembros, aliados/as, amigos/as y al pueblo organizado a unificar todas las acciones de resistencia, a escala global en contra de los Tratados de Libre Comercio y la criminalización de las luchas sociales”.

De esta manera, llama a la unión para enfrentar al extractivismo, el acaparamiento de tierras y los monocultivos de exportación, que son impulsados por las corporaciones transnacionales y los Estados. Militan por una transformación social, con el objetivo de  “conquistar y defender la reforma agraria, entendida como el derecho de los pueblos a la tierra, al agua y a las semillas nativas (no transgénicas), base fundamental para la soberanía alimentaria”.

Mientras la tierra y el agua concentran cada vez más interés económico para el agro-negocio, desde el movimiento denuncian que enfrentan un contexto de impunidad del gran capital transnacional, con violaciones masivas a los derechos humanos. La escalada de criminalización a los movimientos populares, las persecuciones, los desalojos de territorios, e incluso desapariciones y asesinatos de líderes y lideresas sociales resultan alarmantes.

En esa línea, consideran que al avanzar sobre los pueblos “El capitalismo, el racismo y el patriarcado van formando un modelo entrelazado de múltiples dominaciones a través del acaparamiento de territorios, el saqueo de bienes comunes como la tierra y el agua, la explotación del trabajo, el control de los cuerpos y la misoginia.”

La Vía Campesina reclama a los Estados terminar con los Tratados de Libre Comercio, a los cuales consideran que “establecen reglas para vender nuestros bienes naturales, es decir, mercantilizan bienes comunes de la humanidad en función del lucro, siendo hoy la expresión de una oleada anti-democrática a nivel mundial, que intenta imponer los intereses económicos de unos pocos, por encima del bienestar-buen vivir de los pueblos.”

De cara al próximo Día de las Luchas Campesinas, el movimiento manifiesta: “Celebramos esta importante fecha de movilizaciones internacionales por la defensa de reivindicaciones sociales, contra las fuerzas de gobiernos y empresas transnacionales del gran capital, que usurpan los bienes naturales y reprimen a millones de familias campesinas e indígenas en su lucha legítima, por defender su tierra, agua y territorios”.

Por último, invitan el 17 de abril a las marchas, foros, seminarios, ferias y otras múltiples acciones en todo el mundo, para visibilizar los terribles efectos de los Tratados de Libre Comercio sobre el campesinado y la soberanía alimentaria. Solicitan compartir todas las acciones de la jornada, así como artículos y material audio-visual al e-mail oficial lvcweb@viacampesina.org, para difundirlos en su sitio web, en la VíaCampesinaTV y en sus redes sociales y @via_campesinaSP.

Levantando la bandera de la lucha por la tierra, la soberanía alimentaria y de los pueblos, la Vía Campesina pide basta de Tratados de Libre Comercio y de impunidad.

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De vuelta del encuentro que movilizó a miles de mujeres de todo el mundo hacia la selva Lacandona, las delegadas de la CLOC-VC caminan la palabra recibida de las zapatistas para enfrentar la explotación, la violencia y la represión en sus territorios.

Las mujeres rurales-indígenas en lucha campesina de Latinoamérica, atienden al llamado del EZLN de continuar articulándose y organizándose contra el sistema capitalista patriarcal, compartiendo lo aprendido en la experiencia del “Primer Encuentro Internacional Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan” del 8 al 11 de marzo en el Caracol de Morelia, Zona Tzoj Chol, Chiapas.

A través de Rosemary Martínez, presidenta de la Organización de Trabajadores Agrícolas Fronterizos de EEUU-México, se escuchó la voz de las migrantes. Ella es chicana con raíces indígenas apache y yaqui, de la frontera de El Paso (Texas) y Ciudad Juárez; “La lucha de las compañeras zapatistas es una inspiración para todas las mujeres que luchamos día a día contra la explotación, la desigualdad, la violencia y la opresión del sistema patriarcal”.

Asimismo, Martínez afirmó que “Fue una experiencia donde aprendimos modos diferentes de aprender; no hablando, no respondiendo, nomás absorbiendo lo que estaba pasando. Escuchamos la palabra de las mujeres zapatistas, más que la palabra, el modo en que se encargaban. Aprendí con las acciones. Eso es lo que más agradezco, porque las zapatistas nos enseñaron sin palabras, en el modo que se encargaron con dignidad, con respeto y más que nada con el amor por las otras mujeres”

A sus 60 años confesó “Fue la primera vez que pude platicar sobre los abusos que me pasaron en el campo cuando era joven. Simplemente abrazar a las mujeres zapatistas que compartieron esos abusos conmigo y me dieron la fuerza para platicar de esas cosas que he pasado, y por qué tenemos la obligación de despertar la conciencia del pueblo sobre lo que está pasando. Levantar la voz y pedirle a los hermanos que también levanten la suya, que no les de miedo perder su trabajo porque nosotras como mujeres estamos perdiendo nuestra vida”.

Finalmente, Rosemary Martinez dijo que “De donde vengo, las mujeres que trabajamos en el campo agrícola y las empacadoras de comida somos las más pobres y las más discriminadas, a pesar de trabajar igual y a veces más que los hombres. En los campos de producción del chile u otros cultivos de Nuevo México y Texas, las mujeres ganamos menos que los hombres. Nuestros sueldos no llegan ni a la mitad de lo que pagan a ellos, pero además sufrimos mucho más abuso, similar de lo que está pasando aquí en México”.

Para Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC) de Argentina; “Ha sido un honor ir a ese espacio como delegada en nombre de la articulación de mujeres de la CLOC-VC. Fue un aprendizaje enorme poder estar en ese momento, en ese espacio tan místico y tan importante para los procesos de lucha de los pueblos en América Latina y ver que las zapatistas tengan esa convicción de continuar”.

Anclada en su experiencia, Carrizo afirmó que “Admirar la paciencia que ellas han tenido para las mujeres que estuvieron en el encuentro, a su capacidad organizativa con la cual han respondido de forma muy disciplinada, desde el primer día al último. Y los mensajes que nos han dejado tanto en la apertura como en el cierre”.

El MOCASE-VC de Argentina viene llevando adelante una lucha que no da descanso y por eso Carrizo aseguró que “También para ellas ha sido necesaria esta inyección de energía que nosotras hemos traído, que estamos todas juntas y vamos a continuar firmes por la vida de nuestros pueblos, contra la impunidad de este modelo capitalista patriarcal que sucede en los distintos territorios. Atendemos a su llamado de continuar articulándonos junto con otras organizaciones de mujeres que han venido de otros países, con sus historias y sus luchas.

Encontramos similitudes en el protagonismo de las mujeres para conducir procesos, que es algo que venimos trabajando como CLOC-VC a nivel de latinoamericano e internacional. Vamos tomando nuestro lugar por la capacidad que tenemos de conducir procesos revolucionarios. Esto habla también de las mujeres desde abajo, esa capacidad que vimos ha sido gracias a la colectividad de tareas y responsabilidades que, a lo largo de un año, han preparado para el éxito del encuentro”.

Finalmente, Carrizo sentenció que “Nos animaron, hicieron que sigamos desafiándonos a continuar la lucha. Ese desafío de ir cambiando los procesos que son más conducidos por hombres y que, por cuestiones burocráticas, el mismo sistema las arma para que el hombre se quede como eterno. La unidad de las mujeres pone en riesgo ese rol impuesto o naturalizado que tiene que ser el hombre el que conduce, hace y deshace.

Me parece que es un nuevo aire, un aire bien fresco, bien lindo que nos llevamos nosotras que participamos en el encuentro, para poder compartirlo y seguir. Como mujeres de la CLOC-VC nos llevamos nuevos aires y nuevos elementos para seguir contagiando en nuestros territorios”.

Mujeres tejedoras rebeldes de historias, resistencia y rebeldía, gritan juntas ¡globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

Fuente: Voz Campesina, programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) Radio Zapatista y Koman Ilel.

Nota relacionada: “Las zapatistas apuntaron al futuro de las mujeres campesinas en lucha”

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Dirigentas campesinas-indígenas de América Latina destacaron las enseñanzas que recibieron de las zapatistas en el Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, realizado del 8 al 11 de marzo en Chiapas. La delegación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina (CLOC-VC) compartió sus apreciaciones sobre la experiencia en el Caracol de Morelia y el ejemplo de dignidad rebelde que tomaron para replicar en sus territorios.

Las campesinas de la CLOC-VC hicieron un análisis colectivo del Encuentro de Mujeres organizado por las zapatistas, destacando su relevancia para la lucha y organización de las mujeres. Pronto a conmemorarse el Día Internacional de la Lucha Campesina, el 17 de abril en cierne, manifestaron el compromiso de hacer llegar a sus territorios la palabra y los aprendizajes recibidos de las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Para Lourdes Vicente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, “La convocatoria zapatista a las mujeres luchadoras del mundo fue una experiencia muy importante para este momento histórico, en el que vivimos situaciones de guerra, de golpes y muchas formas de violencia. Para que podamos ahí hablar de nuestras luchas y experiencias haciendo frente al capital, al patriarcado y al racismo en nuestros países, desde las organizaciones”.

Resumió al encuentro como un espacio místico, con la impronta zapatista para cambiar el mundo: “Para nosotras, el MST, la mística es la que alimenta la esperanza. Es mirar el pasado, problematizar el presente y apuntar al futuro. Las zapatistas nos apuntaron a dónde está el futuro, un futuro de autonomía, de dignidad y esperanza para nosotras. Durante todo este encuentro, nos sentimos como una gran familia de mujeres humanitarias en defensa de la vida, de la tierra, de los derechos y salimos de ahí con el compromiso de reunir cada vez más mujeres alrededor de nuestras banderas”.

En la misma linea, Vicente dijo que “Pudimos hablar con otras mujeres del mundo con muchos conflictos ambientales, quienes sentimos el ataque del imperialismo a los bienes de la naturaleza. Fue un espacio de articulaciones de luchas de diferentes partes, en defensa de la tierra, el agua y la salud. Intercambiamos nuestras experiencias a partir de las distintas visiones que tenemos del mundo. Vimos que independientemente de los lugares de donde venimos, tenemos un enemigo en común que está destruyendo la vida de las mujeres, que es el capital y el sistema patriarcal, con la explotación del trabajo y las diferentes formas de opresión”.

En representación de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de El Salvador, Patricia Barahona consideró que “Este encuentro fue un experiencia de vida, he conocido y compartido la realidad de las mujeres zapatistas. Su lucha es como la que tenemos las mujeres en toda Latinoamérica, donde somos doblemente vulneradas por ser mujer, por ser campesina, por ser indígena. Un gran ejemplo nos dan las zapatistas, que tenemos que seguir luchando para la reivindicación de nuestros derechos”.

Bernarda Pesoa, originaria del pueblo Qom y dirigenta de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay opinó que “Hemos traído muchas ricas experiencias del encuentro en Morelia, que vivimos como delegación con las otras organizaciones de diferentes países. Agradecemos porque nos recibieron bien y hemos aprendido que si las mujeres se unieran van a tener muchas fuerzas. Las zapatistas nos han enseñado que no debemos tener miedo. Es una riqueza la protección de sus territorios y el uso de sus recursos naturales, que es muy valorable para nuestra experiencia como mujeres”.

Bernarda rescata la organicidad del movimiento zapatista como muy positivo para las luchas de las organizaciones sociales, especialmente de mujeres. “Ahí nos encontramos en un territorio, y también en un mismo camino porque seguimos un objetivo común, que las mujeres tienen que ser liberadas y tener todos los derechos básicos que los gobiernos y los estados no han permitido”.

Además, Bernarda afirmó que “Las zapatistas nos han demostrado cómo se protegen y se organizan. Hemos compartido una experiencia muy importante. Ahí no hubo distinciones de etnia ni de raza, sino solamente fuimos como mujeres y nos hemos encontrado como mujeres. Fue muy fructífera y positiva nuestra participación. Agradecemos que pudimos ver las otras experiencias de las mujeres, y especialmente a las zapatistas que siempre queríamos encontrarnos con ellas, fue un sueño cumplido al fin.”

La joven María Teresa Velásquez, de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, y representante del Frente Nacional de Juventud Campesina (FRENAJUC) -organización que nació en 2009 como respuesta al golpe de Estado y la ola represiva en Honduras- destacó: “Ha sido impresionante la similitud de la lucha que llevamos ante el sistema capitalista patriarcal, son muy parecidas, y la similitud de circunstancias que nos unen. Creo que nos hacen ser más unidas entre todas”.

Asimismo, Velásquez aseguró que “En Honduras la situación que vivimos las mujeres es muy difícil, porque somos el marco de este sistema que nos humilla, nos maltrata y nos violenta. Como mujeres hondureñas nos sentimos muy vulnerables a toda la situación que actualmente vivimos. Al venir aquí y mirar las similitudes que hay, ha sido a la vez muy difícil poder mirar a estas mujeres, cómo han luchado y siguen luchando dentro de este sistema y que a pesar de todo, ellas siguen fuertemente unidas como una sola mujer. Creo que marcó un gran espacio para ambas, para mujeres hondureñas-centroamericanas y zapatistas.”

Otra cuestión importante para destacar según Lourdes Vicente del MST de Brasil, es “La solidaridad entre mujeres, porque éste fue un espacio donde pudimos no solo enterarnos sobre las luchas, sino entrar en comunión con las mismas. Como Vía Campesina estuvimos ahí cumpliendo nuestra misión de prestar solidaridad a la lucha zapatista, a la lucha de las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, a la del pueblo mapuche en Chile y Argentina y de las mujeres negras en distintas partes del mundo”.

Mujeres color de la tierra, de maíz moreno, grandes de corazón y dignidad, unidas por el derecho al territorio, a la vida y la soberanía de nuestros pueblos.

Fuente consultada: Voz Campesina, programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina), Radio Zapatista y Koman Ilel.

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La actual crisis económica mundial, el avance del agronegocio y los transgénicos, la histórica lucha campesina en todo el mundo y las propuestas de la Vía Campesina Internacional para impulsar modelos de producción y de vida que rompan con el actual sistema de consumo, fueron algunos temas abordados por Unai Aranguren, miembro del Comité Coordinador de la principal articulación de organizaciones campesinas a nivel global.

-¿Cómo es la situación actual del campesinado en Europa?

-En Europa el campesinado representa solo el 3% del activo. La crisis se está aprovechando para reducir mucho más los derechos de los campesinos y de las personas en general. Hay una crisis climática, energética y social, sobre todo en el sur de Europa, y los estados han perdido sus soberanías. Los lobbys económicos están diciendo qué medidas tienen que tomar los países: bajar las jubilaciones o desahuciar casas que quedan en manos de los bancos. Ante esta situación, el campesinado tiene una resistencia fuerte. Esta crisis sirve como oportunidad para que muchos jóvenes que están en las ciudades y se han quedado sin trabajo, pero tienen acceso a un pedazo de tierra, puedan empezar un proyecto de autoempleo en el campo. Vemos cada vez más que hay jóvenes que se están planteando, por necesidad y para salir adelante, volver al campo. Ahora mismo somos uno de los pocos sectores que está generando empleo.

-¿Cómo es la presencia de los agrotóxicos y los transgénicos en Europa?

-Europa es uno de los continentes que más ha empujado la producción y la venta de agrotóxicos en el mundo. Varias de las empresas más potentes están en Europa y en Estados Unidos. Gracias a la presión de los ciudadanos hemos conseguido que algunas empresas se hayan tenido que cambiar de sede a otros países porque en Europa la presión era muy alta. Pero todavía siguen intentando darle una vuelta de tuerca más y ahora están planteando una nueva revolución verde. Hablan de la agricultura climáticamente inteligente, entonces venden un paquete de semillas modificadas, de abonos y pesticidas modificados que van a ayudar a que las semillas se acoplen mejor a un medio climático cambiantes. Ese cambio climático es la consecuencia de que el sistema capitalista está acabando con todos los recursos del mundo. El cambio climático es una consecuencia de que el sistema no funciona, por eso planteamos cambiar el sistema. Para eso, planteamos que la alternativa política es la soberanía alimentaria, que es el derecho que tienen los pueblos a volver a decidir qué queremos comer y cómo queremos producir. Necesitamos acceso al agua, a la tierra, a las semillas y necesitamos gestionar nuestro territorio. Además necesitamos políticas públicas que acompañen para avanzar en la soberanía alimentaria y hacer frente a las estrategias capitalistas que intentan vendernos productos que dicen que son inteligentes. Para nosotros lo inteligente es la agricultura campesina que se ha hecho toda la vida.

-¿Cómo es la propiedad de la tierra y el agua en Europa?

-No son tan grandes los espacios de los latifundistas, por lo cual allá lo llamamos el Estado del minifundio. Hay muchas pequeñas parcelas a las que son muy difíciles acceder, porque desde Europa se está financiando y ayudando a esas pequeñas parcelas porque los productos no tienen un coste real, entonces si produces un litro de leche estás perdiendo dinero. Europa te ayuda con un dinero para esas hectáreas y obtener materia prima barata para poder exportar a otros mercados y acapararlos. Es una práctica de dumping que denunciamos. Sí estamos viendo que en algunos lugares hay agresiones hacia la tierra. Se ha puesto bastante de moda el tema de la extracción de gas y el fracking, entonces hay muchas regiones que están luchando contra esa práctica. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se quieren firmar entre Europa y Estados Unidos van a abrir la puerta a ese nuevo tipo de agresiones hacia la tierra. Ahora hay unos tribunales arbitrarios que lo que quieren es que bajen las leyes para poder aprovechar y explotar mucho más la tierra y los bienes que tenemos.

-¿Cuál es la situación campesina en África?

-Las situaciones a nivel mundial son muy parecidas. En África y en Asia también está pasando algo muy parecido con el tema de acaparamiento de tierras, pero en algunos lugares la situación es mucho más dramática que en Europa, porque ya no son las empresas sino también los estados del norte los que están intentando acabar con los recursos. Hay estados como China que están tratando de entrar y meter el morro en África y en Asia para intentar competir a nivel mundial dentro del libre mercado. Los compañeros de África están muy concientizados de que uno de los ejes es la defensa del territorio y de los derechos humanos y las migraciones. Ellos están viendo que la mayoría de los jóvenes africanos no tienen alternativas y están tratando emigrar para países de Europa y cómo evitar eso. Algunas campañas que están haciendo son sobre que es posible ser joven y vivir en África. Están planteando alternativas ligadas a pequeñas producciones, a la venta local y a modelos agroecológicos. Algunos lugares como Senegal o Mali están consiguiendo que los jóvenes se queden luchando en sus tierras.

-¿Cómo podrías describir la situación del campesinado en Palestina teniendo en cuenta que es un territorio ocupado por Israel hace 60 años?

-Hace unos meses unos compañeros estuvieron en Palestina con una delegación de solidaridad, porque campesinos de Europa fueron y estuvieron compartiendo con los campesinos palestinos. Cuando estamos hablando sobre el acaparamiento de la tierra o sobre la privatización de los bienes, estos casos en Palestina se multiplican por cien. Vieron cómo campesinos a los que se les había destruido en un año tres veces sus plantaciones y cada vez que cultivaban se la volvían a destruir. Esta es una manera que tiene el gobierno israelí para que esos campesinos dejen de serlo y pasen a ser refugiados o abandonen esas tierras. Pero los palestinos y las palestinas tienen la convicción de que esas son sus tierras y quieren seguir trabajándolas, y a pesar de que sigan destruyendo sus olivos, sus huertas y sus fincas, tienen la fuerza de saber que van a seguir trabajando para defender sus derechos a la tierra, al agua, a las semillas y a los conocimientos. Pero ahora no tienen esos derechos asegurados.

-Hace más de 10 años en América Latina surgieron diferentes gobiernos progresistas y de izquierda. ¿Qué política se da Vía Campesina ante estos procesos que no están exentos de contradicciones con respecto a la tierra y su utilización?

-En Vía Campesina es un debate continuo cómo desde las políticas públicas se puede favorecer el avance de la soberanía alimentaria. El avance es muy grande cuando las políticas públicas acompañan. Estamos analizando y trabajando para que diferentes gobernantes, que pueden ser aliados estratégicos y puntuales, avancen en esas políticas públicas. Hay países que han introducido dentro de sus constituciones el concepto de soberanía alimentaria y hay muchos que llevan años haciendo reformas agrarias. En Cuba hemos visto cómo cuando las políticas públicas acompañan, y cuando un país tiene la necesidad, como Cuba, de producir su alimentación porque está bloqueada, cómo han avanzado hasta conseguir en pocos años el 80 o 90 por ciento de toda su producción. Ahora mismo ellos son autosuficientes y han conseguido una gran parte de la soberanía alimentaria y sobre todo lo han hecho en procesos agroecológicos. Es posible que cuando toma esa determinación el país vuelva a recuperar esa soberanía que en la mayoría de los países los productos llegan de cualquier parte del mundo y los que producimos en nuestros países los mandamos a otra parte del mundo, y en ese intercambio de mercancías el campesino y la persona de a pie nunca gana, solo ganan las multinacionales y las trasnacionales que hacen negocios con las mercancías.

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