Por Vivian Palmbaum

Seguimos recordando a Luciano Arruga porque el 31 de enero es una fecha que cada año nos recuerda la desaparición y muerte de un joven a manos de la policía bonaerense. Un reclamo contra la impunidad continuada que no cesa. Por eso, el 1 de febrero se realizó una marcha para exigir una reparación necesaria.

Ni el calor sofocante, ni el período vacacional son un motivo de desaliento para que una larga columna de militantes de organizaciones sociales y políticas, organismos de Derechos Humanos, colectivos sociales y culturales, “Familiares y Amigos de Luciano” y otras personas se dieran cita un sábado por la tarde. La desaparición y muerte de Luciano Arruga hace 11 años nos recuerda que aún en democracia es posible la desaparición forzada. Desde Av. Gral Paz y Mosconi se marchó hasta la plaza Luciano Arruga, en Lomas del Mirador y estuvo encabezada por el Colectivo de Víctimas de Gatillo Fácil, que cada vez se vuelve más numeroso.

¿Qué quiere decir víctima?

Con la voz firme y serena que parece haberse forjado en estos 11 años de lucha, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, parada con su pequeño cuerpo desde arriba del camión, en la intersección de Mosconi y San Martín, señala que a escasas dos cuadras, en Indart 106, el entonces intendente Fernando Espinosa, decidió responder al reclamo de las y los vecinos del barrio por más seguridad después de los casos mediáticos como eran el del florista de Susana Giménez y el del entrenador de Guillermo Cóppola que con ayuda de los medios hegemónicos instaló la demanda por más seguridad.

Así se instaló un destacamento destinado a controlar los barrios 12 de Octubre y Santos Vega. Pero “parte de la policía de ese lugar con otra gente empezaron a cooptar pibes y mandarlos a robar. Luciano se negó y empezó a sufrir detenciones, en ese destacamento de Lomas del Mirador, por averiguación de antecedentes y otras giladas que no se correspondían con la edad de un pibe de 16 años. Se lo amenazaba. Los efectivos de ese destacamento el 22 de septiembre de 2008 decidieron detener a Luciano, una vez más y decidieron torturarlo física y psicológicamente, lo tuvieron detenido desde la mañana hasta la noche. Mi vieja y yo estuvimos en ese lugar, escuchamos el pedido de auxilio de Luciano, no lo pudimos sacar, lo escuchamos. A los pocos meses, el 31 de enero de 2009, es el momento que atraviesa nuestra vida y que va a atravesar nuestras vidas por siempre, es el día que deciden secuestrar a Luciano y desaparecerlo”.

¿Qué quiere decir víctima? Vanesa Orieta parece haber ido construyendo una respuesta, que va más allá de lo personal, a través de estos 11 años. “Ser pobre, ser un pibe o una piba que en toda su historia de vida le faltaron, le robaron sus derechos fundamentales y que a su vida de falta de derechos fundamentales se sumó la naturalización muy fuerte de la violencia y la represión estatal. Los diferentes gobiernos constitucionales no hicieron más que recrudecer la violencia en los barrios, el control y el disciplinamiento sobre los cuerpos de los pibes y las pibas de los barrios. Acá como en todo el conurbano bonaerense, conocemos a la policía como la “maldita policía bonaerense”. En lugar de hablar de los delitos que comete la policía bonaerense como salideras, coimas y de máxima control de la explotación de pibes y pibas, sexual o a través de armar redes delictivas, eso es la policía bonaerense. Los gobiernos constitucionales en lugar de hablar de esto hablaban de que había que asegurarle la seguridad a la sociedad que era solamente para la clase media o la clase alta, porque para los pobres solamente representaba esto: que los criminalicen, apostando en cada uno de los pasillos, un policía, una policía, con sus armas bastante grandes y con la decisión política de pedir documentación o controlar los movimientos de quienes quisieran.

¿Qué quiere decir ser víctima? Una pregunta que se responde cada vez que Vanesa avanza en su relato: “5 años y 8 meses después, gracias a la organización y la lucha, pudimos encontrar los restos de Luciano. Si hay algo perverso que puede suceder en la vida de una familia, atravesada por un trauma tan grande como es la desaparición forzada, es encontrar los restos de quien se busca, es tener que reconocerlo por sus huesos, por las fracturas que le habían provocado en sus costillas el 22 de septiembre de 2008. Pero lo encontramos y podemos decir que se terminó con la tortura sistemática de buscar un desaparecido”.

Se escucha la voz de Vanesa, luchadora incansable: “La desaparición forzada, las torturas fuera de una celda, porque muchos de los pibes y pibas sufren el hostigamiento afuera. El afuera es también como una cárcel para los pibes y las pibas pobres. Hay una urgencia de parte de muchas personas de poder hablar de esto, pero las torturas son también en las celdas cuando se llevan a los pibes y las pibas por portación de cara, porque les armaron una causa. El armado de causas es también parte de la represión estatal, ocurre y sucede y muchos de los pibes y pibas son empapelados”.

Son víctimas que con el dolor a cuestas se han organizado para avanzar y luchar para que se haga justicia por Luciano. “Ahora lo que enfrentamos es un proceso de verdad y justicia”, enfatiza Vanesa Orieta, “queremos condenar a las y los responsables, pero no solo los materiales sino a los políticos y judiciales. La contradicción es pedirle justicia a quienes son responsables de la impunidad”. También por allí se la ve caminando, con menos protagonismo, a Mónica Alegre, mamá de Luciano, que se mezcla entre las Madres y Padres de víctimas de gatillo fácil.

Pero no solamente la lucha es por la reivindicación de una justicia que no llega, sino que han asumido el compromiso cotidiano para apostar a la transformación de víctimas en protagonistas en el Espacio Luciano Arruga que funcioná en ese territorio, el destacamento donde Luciano estuvo detenido, que supieron construir y que le arrebataron a la policía asesina.

No hay víctimas sin victimarios

Vanesa repasa las responsabilidades judiciales y políticas que muestran que aún no se ha hecho justicia por la muerte y desaparición de Luciano. En relación a las responsabilidades judiciales afirma que en estos 11 años de la desaparición y asesinato de Luciano Nahuel Arruga, “nos encontramos otra vez batallando contra la impunidad”. Hoy exigen que se impulse el jury de enjuiciamiento que iniciaron hace seis años “para lograr una condena a los responsables judiciales de haber perdido pruebas irrecuperables para la investigación, haber beneficiado a la propia policía denunciada y haber perseguido a la familia”. En la justicia los responsables de la impunidad son: el Juez Gustavo Banco y las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín. La continuidad de la acusación depende de la decisión del Dr. Eduardo Néstor De L'azzari, presidente de la Suprema Corte de la Pcia. De Bs As. En cuanto a las responsabilidades políticas Vanesa afirma: “creemos en la conciencia del pueblo que pueda decirle a Fernando Espinosa (recientemente electo intendente de La Matanza): vos sos responsable de una desaparición en democracia, pero esto no sucede aún”.

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Un análisis sobre la importancia de la despenalización de la tenencia de sustancias ilegales para los sectores más desprotegidos de cara a la Marcha mundial de la marihuana que se realizará este sábado 7 de mayo.

En la Argentina hay más de 10 mil usuarios de drogas ilegales criminalizados por año y gran parte de ellos son de la clase trabajadora y de los estratos sociales más bajos. Estas estadísticas alarmantes se desprenden del Poder Judicial de la Nación, que hace dos años informó que en el país en 2013 se habían elaborado 9414 causas penales por tenencia de drogas para consumo personal. Y según un informe publicado recientemente por la fiscalía federal a cargo de Federico Delgado, tan sólo en esa dependencia el número de causas penales por consumo personal creció un 50% entre 2014 y 2015.

Casi todas estas causas terminan con el sobreseimiento del usuario, dado que gran parte de los jueces en la Argentina elije aplicar lo sentenciado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Arriola de 2009. En aquel entonces, el máximo tribunal de justicia del país dictaminó que la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal que establece la ley 23.737 es inconstitucional dado que viola el artículo 19 de la Carta Magna que protege las acciones privadas de las personas.

No existen datos oficiales que nos permitan saber con exactitud el perfil socioeconómico de estos miles de consumidores de drogas sometidos a un proceso penal. Defensores oficiales del fuero federal hablan de que predominan las causas iniciadas en la vía pública a personas por “actitud sospechosa”, que en el implacable olfato policial se suele determinar por su color de piel o su vestimenta. Pero no hay cifras actuales. “El último estudio oficial data de finales de los años 90 y fue realizado por la Dirección de Política Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la persecución al usuario de drogas no responde exclusivamente a un sector social, en el estudio se podía ver un perfil de clase media laburante, que es la que transita por los espacios públicos de la ciudad en los que la policía sale a cazar usuarios”, describe Alejandro Corda, abogado especialista en política de drogas e investigador de la Asociación Civil Intercambios.

Sin embargo, la criminalización de los usuarios no se da solamente al momento del dictado de una sentencia por parte de un juez, sino que comienza mucho antes, cuando las fuerzas policiales hacen cumplir la ley. Y la ley de drogas, que penaliza la tenencia para consumo, sigue vigente dado que el Congreso nunca la reformó. Esto habilita a los uniformados a detener a cualquier persona que tenga un porro o incluso una tuca en su bolsillo. Y estas detenciones no siempre culminan en un proceso judicial. “La gente de estratos sociales bajos, que vive en barrios de emergencia, ni siquiera tiene el privilegio de que le armen una causa penal. Les pegan, le sacan la sustancia, los llevan a la comisaría y los obligan a salir a robar para ellos”, explica Corda. De esta manera, las fuerzas policiales disponen de un instrumento más para hacer ingresar a pibes al circuito criminal que regentean. Y la cantidad de personas que transitan por ese camino es imposible de determinar. Para Corda se trata de una “cifra negra”.

“En los barrios, la policía se lleva detenidos a los pibes porque les encontraron un tuquero o un fasito en el bolsillo. Ahí comienza la relación que se da entre los jóvenes de un barrio humilde y la policía”, afirmó Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, el joven asesinado por efectivos policiales del destacamento de Lomas del Mirador luego de que se negara varas veces a robar para ellos. “Ahí los tienen detenidos un par de horas, los golpean y les piden la plata que puedan tener, 30 ó 40 pesos, para no armarles una causa. Muchos chicos terminan robando para la policía que es la que maneja todos los expendios de droga”, detalló Orieta en una entrevista con la revista THC.

La criminalización de los usuarios de drogas, desde el contacto con la policía hasta la sentencia del juez, también acarrea un enorme estigma social, muchas veces imposible de superar en el futuro. Este estigma no opera igual en todas las clases sociales. Si una persona de sectores vulnerados ya se encuentra excluida del sistema, al hacerla ingresar al circuito penal por un porro, se profundiza esa exclusión. “Una vez que entrás en la maquinaria policíaco-judicial por una causa por drogas, esa huella no te la borra nadie”, afirmó hace algunos años la defensora oficial Eleonora Devoto en diálogo con THC.

Existe la curiosa creencia, fogoneada por la iglesia católica y algunos sectores políticos, de que la criminalización de los usuarios de drogas y los cultivadores de cannabis es una problemática que afecta a los sectores medios a altos de la sociedad y que por eso la discusión de la despenalización de la tenencia es poco importante. Estos grupos suelen reconocer hechos reales como que en los barrios populares se consumen sustancias e incluso que existen consumos problemáticos que se incrementan en contextos de vulnerabilidad, pero afirman que los pibes de esos barrios “no van detenidos por tener drogas”.

Sin embargo, hay cada vez más personas criminalizadas por tener drogas (en la mayoría de los casos marihuana) y, lejos de tratarse de una problemática de clases acomodadas, la mayoría de las que llegan a ser sometidas a un proceso penal son de sectores trabajadores, a la par que son los pibes de las clases más bajas son los más afectados por esta penalización primaria que llevan adelante las fuerzas policiales. Las personas de clases media-alta que caen detenidas son pocas y, por suerte para ellas, pueden pagar un abogado que las defienda. Mientras sigamos avalando este tipo de posturas arraigadas en la moral y no discutamos la reforma de la ley de drogas teniendo en mente el desarrollo de mejores políticas públicas, estaremos avalando una importante herramienta de control social con la que el Estado argentino criminaliza a los más desprotegidos.

(*) Director de la revista THC

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El pasado sábado se llevó a cabo el Foro por una alternativa política de lxs de abajo. Entre los diversos paneles que se desarrollaron, se encontraba el relacionado a lo antirrepresivo. Recogemos el análisis de contexto y los desafíos a futuro.

A partir de los triunfos electorales por parte del Pro se viene pronosticando, desde diversos ámbitos, que la represión por parte del Estado se acentuará. Y esto, por supuesto, tiene mucho asidero. No solamente porque durante la gestión del macrismo podemos enumerar decenas de casos de represiones institucionales y no tanto, como fue la UCEP con las personas que vivían en la calle, trabajadores y trabajadoras del borda o más recientemente en el desalojo del barrio Papa Francisco, junto con las fuerzas federales, sino porque el equipo de funcionarios para trabajar en seguridad dan cuenta de esto.

Al respecto, durante el Foro por una alternativa política de lxs de abajo, se desarrollaron diversos paneles donde se destaca, para este tema, el denominado “Antirrepresivo y Derechos Humanos”. En el mencionado espacio disertaron Carlos Platkowski, militante del PTS e integrante del CeProDH y Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga y militante por lo Derechos Humanos. El espacio estuvo moderado por María del Carmen Verdú, militante de Izquierda Revolucionaria e integrante de CORREPI.

Abrimos el paraguas

Una de las garantías para entender la concentración del poder de fuego, que encabezará Mauricio Macri y estará respaldado por Horacio Rodriguez Larreta y María Eugeniua Vidal, es la designación de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. De acuerdo con un completo artículo de CORREPI, podemos ver que su carrera represiva nace hacia finales de la década del 90 cuando cumplió la función de Coordinadora de Gabinete del municipio de Hurlingham. En el año 1998 anunció el Sistema de Seguridad Modelo, siendo este un plan orientado a duplicar la cantidad de policías a la vez que avanzar en acuerdos con la seguridad privada. Otro dato que se destaca allí es la confección del “mapa de la realidad del distrito” que, por supuesto, marcaba a los barrios empobrecidos y marginales como los más “peligrosos”.

Tan buena fue su gestión que con el triunfo de la Alianza en 1999, fue la encargada de manejar la Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por aquellos tiempos, salieron a la luz diversos casos de personas que podían salir de prisión y poder robar para la policía, así como también muertes anunciadas con títulos muy confusos.

Entre 2000 y 2001 fue ministra de Trabajo donde se destaca el famoso recorte del 13 por ciento a los salarios de los jubilados, pero este es un icono de una gestión que mataba personas pero ya no con balas. María del Carmen Verdú afirma que fue la “Ministra de trabajo para el hambre, la desocupación y la represión”.

Luego, como todos sabemos, siguió caminando por los diferentes espacios políticos del poder y promoviendo la mano dura, como el explícito apoyo a las movilizaciones de Juan Carlos Blumberg.

Esta mujer es la que tendrá, en su poder, la dirección de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Agencia Federal contra el Crimen Organizado, organismo de próxima fundación según lo indica su campaña.

Quien se destaca entre su equipo de funcionarios es Eugenio Burzaco, quien será el segundo en la linea de fuego. El actual jefe de la metropolitana aquella que hizo hasta lo imposible por imponer las neopicanas Tasser. Su prontuario represivo también es muy exitosos. Fue asesor de seguridad durante la gobernación en Neuquén de Jorge Sobisch y responsable de la represión en Arroyito donde murió el maestro Carlos Fuentealba. Además, integró la SIDE durante los años de la Alianza. Su gestión al frente de la Metropolitana tiene grandes logros: la mencionada represión al Indoamericano, donde fueron asesinadas tres personas, también el Hospital Borda y el recordado caso de la Sala Alberdi. Todo esto sin contemplar el recorrido menemista que su familia tiene y que lo catapultó al lugar que se encuentra hoy.

Por su parte, la cara más destacada en la provincia de Buenos Aires es Cristian Ritondo, hombre nacido en el seno del peronismo de la mano de Carlos Grosso, intendente de Buenos Aires durante la gestión menemista. Integro la SIDE y fue uno de los ideólogos y confeccionador de la Policía Metropolitana.

Finalmente, en la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo será el responsable de seguridad. Hombre que no muestra ninguna experiencia en la temática, ni siquiera de las nefastas esferas antes mencionadas. Lo más destacado y a la vez un poco extraño, es que sin tener ningún tipo de experiencia judicial, fue nombrado Fiscal General de la ciudad de Buenos Aires.

“Hay que hacer más grande el frente único”

El primero en exponer durante el panel fue Carlos Platkowski quien apuntó, rápidamente, contra la conducción saliente y la entrante, recordando la postura esbozada tanto por Mauricio Macri como por Daniel Scioli en relación a los piquetes: “Discursivamente hay consenso generalizado entre quienes dirigen el Estado, que habrá mayor mano dura”.

Recogiendo el guante sobre la campaña de seguridad y militarización que ha ofrecido el macrismo para ganar las elecciones, aseguró que “Argentina tiene uno de los índices más altos de policías por habitante”. Este dato es una muestra clara que mientras más policías, más inseguridad y crimen organizado, el que libera zonas en lugar de enfrentar el narcotráfico, el que profundiza el gatillo fácil. Es una evidencia más acerca de que la inseguridad para por la pobreza y la marginalidad.

Posteriormente, Platkowski se refirió a las 15 represiones que se vivieron durante el conflicto de Lear, afirmando que “La resistencia hizo que las represiones sean cada vez más brutales”. Y destacó que, previo a estos hechos, estuvieron los antecedentes de los petroleros de Las Heras, donde hay cinco trabajadores condenados a prisión perpetua así como los 28 trabajadores de Río Grande condenados por manifestarse. Ambos casos, sin pruebas concretas.

En función del panorama planteado, el militante del PTS e integrante de CeProDH dijo que “Se vienen momentos que, por las necesidades económicas de la clase dominante, el ajuste va a pasar por la represión. Nosotros debemos desarrollar conceptos como Si nos tocan a uno, nos tocan a todos” y sentenció: “Hay que hacer más grande el frente único”

“Necesitamos de las organizaciones sociales y políticas, pero al lado nuestro, adelante no”

La exposición de Vanesa Orieta fue tan emotiva como siempre, aunque también fue lo suficientemente (auto)crítica con las organizaciones políticas y sociales.

La primera referencia fue acerca de lo complejo que es ser familiar de una víctima de la represión policial y tener que impulsar una militancia desde allí, pero aseguró que “Ojalá sean cada vez más aquellos familiares que si sufrieron esto, puedan dar un paso adelante”. Y remarcó que “Hace falta más militancia. A los pibes en los barrios los están matando. Los jóvenes son a quienes controlan. Como decía el compañero, necesitamos un frente común”.

Según Orieta, este compromiso militante es fundamental y que “Todas las causas tienen el mismo modelo y eso desespera. Tienen un protocolo y están matando a nuestros pibes”. Y afirmó: “Para tener mayor seguridad, hay que controlar algunos sectores que son los jóvenes empobrecidos. Sectores vulnerables que nos necesitan conscientes y organizados”.

Para poder afrontar esta situación, la hermana de Luciano Arruga hizo una necesaria autocrítica no en tanto persona en sí misma, sino al interior de las organizaciones. Por un lado, cuestionó lo que ella denominó como lenguaje académicamente refinado: “Las muertes son porcentajes. Y las muertes son personas, tenían una vida. A veces parece que la vida de los pobres no vale como necesaria para esta sociedad”.

En la misma linea, cuestionó a la militancia centrada en las grandes capitales, recordando el caso de Sergio Avalos. “No hay una universidad con su foto. ¿Por qué? ¿Quienes venimos de las villas o del campo o del pueblo que sea no podemos tener una foto en las universidades de la ciudad si están desaparecidos?”. Siguiendo este eje, cuestionó a la militancia que muchas veces coloca sus intereses por sobre el de su clase y dijo que “Necesitamos de las organizaciones sociales y políticas, pero al lado nuestro, adelante no”.

Luego de estos cuestionamientos hizo referencia a la construcción social que hay sobre este tipo de casos tanto desde los sectores populares como desde las plataformas de la clase explotadora. “Mi hermano está desaparecido por ser pobre, seguro. Por sus características, también. Por no robar para la cana, también. Pero no quiero que quede que desaparece y los buscamos por eso. Porque aunque sí hubiese robado, estaríamos buscando también. Porque era un pibe en situación vulnerable y ahí está la cana para aprovecharse de eso”.

Por el otro lado, afirmó que “Los medios se encargan de desviar las causas. Se encargan de delinear a los pibes peligrosos: el pibe pobre, con gorrita. La policía tiene naturalizado esta cuestión y es a este pibe o piba que persigue”.

Luego de destacar estos puntos que, sin duda, circulan entre las organizaciones cerró con una pequeña reflexión que resume lo expuesto. Pensando en el asesinato de Mariano Ferreyra, se preguntó: “¿Por qué respondemos a una causa de una forma y no de otra? No es una crítica, nos movimos bien con Mariano. Pero tenemos que movernos igual cunado se desaparece, se mata, se fusila a un pibe pobre. Esa es la autocrítica para nuestros sectores”.

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Conversamos con la hermana de Luciano Arruga, siempre con la mirada puesta en la situación de los sectores populares, trabajadores y trabajadoras, vulnerados de sus derechos más básicos.

En el marco del evento “Derechos humanos, ayer y hoy”, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, conversamos con Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, quien fuera secuestrado y desaparecido por la policía bonaerense durante casi seis años y encontrado como NN en el cementerio de la Chacarita. En esta entrevista con Marcha, Vanesa nos cuenta su perspectiva sobre el cambio de gobierno y la relación con los derechos humanos, los desafíos para los movimientos sociales en las luchas y resistencias futuras y actualiza el estado de la causa de Luciano.

¿Cómo ves el panorama que se viene, ante la elección de un presidente reaccionario, sobre todo en materia de represiones y derechos humanos y teniendo en cuenta la herencia que deja el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires?

Me parece que todo tiene que ver con los derechos humanos, porque desde el lugar que hablo es desde el lugar de las personas que sufren día a día la falta de derechos. Muchas veces se hace muy complejo hablar de a quién una elegiría en un momento muy crucial de la vida de cada uno de nosotros, y sobre todo cuando uno sabe que hasta el momento ni uno ni otro han hecho nada muy profundo en lo que tienen que ver con la pobreza.

Cuando una tiene un acercamiento con familiares y gente que está en organizaciones y que trabaja en los barrios, se da cuenta de que esa deuda de la que hablan los demás tiene que ver con las vidas de las personas. Tiene que ver con personas que no comen, que viven en situación de indignidad, todo esto tiene que ver con vidas humanas. Entonces me parece que tomar una decisión de a quién elegir para alguno se hace realmente difícil, es un dilema moral… yo entiendo igual el contexto y entiendo que un Macri es un cambio rotundo en lo que se venía generando hasta ahora.

Por otro lado, creo que uno siempre va a hablar desde lo que le tocó en la vida y de las experiencias con las cuales decide relacionarse en el ámbito de la militancia. A mí me toca, y voy a elegir siempre, relacionarme con aquellos que necesitan ser escuchados, que son los sectores humildes, los sectores trabajadores, los pueblos originarios, ahí la deuda se siente en una forma muy triste y en ese contexto da la sensación de que ni uno ni otro va a terminar con la pobreza. Por lo tanto, hoy para controlar a esos sectores lo que proponen, abiertamente, la propuesta es controlar los barrios humildes a través de diferentes mecanismos, uno de ellos es la creación de fuerzas represivas.

¿Y qué estrategias crees que tiene que encarar el movimiento social, por dónde pensás que se vislumbra el camino de lucha o de resistencias?

La pregunta es muy difícil para responder ahora, pero simplemente voy a unirlo con lo que venimos hablando, que tiene que ver con las personas que sufren más la falta de derechos. Me parece que es importante empezar a tener un trabajo en conjunto entre las diferentes organizaciones que sentimos que existe la necesidad de reforzar las cuestiones que tienen que ver con el acceso a los derechos por parte de ese sector de la sociedad, empezar a trabajar, ordenadamente, con respeto, empezar a plantearnos estrategias para pensar claramente qué queremos proponerle a la gente en los barrios y cuál es la forma en la que ellos puedan lograr analizar su situación personal para empezar a pelear cada vez más por sus derechos.

Cuando la gente viene de años y años de opresión, muchas veces cuesta verse a uno, verse en la condición que vive, saberse falto de derechos y pelear para poder lograrlos. Me parece que ahí hay que empezar a hacer un trabajo muy importante, buscar las formas de conectarnos con los jóvenes también, no les podemos seguir dando el espacio a sectores que los utilizan y los maltratan… También las universidades tienen que estar abiertas a una discusión fuerte, integrando todo: el trabajo que se da en las calles y en los barrios y el trabajo intelectual. Uno muchas veces escucha hablar al intelectual del pobre, y la verdad es que yo quiero escuchar al pobre hablando de su situación y de su falta de derechos, y el intelectual acompañando un poco más también en esos lugares donde hay que ver un poco qué pasa para empezar a sentirlo en el alma y enojarte cada vez que decís algo que no pueden ser frases vacías. Porque estás hablando de vidas humanas, que no son un número, no son un tanto porciento de pobres, son un montón de millones de personas que se cagan de hambre, que sufren la violencia. Hay que empezar a tomar el sector de la sociedad que sufre como un sector que tiene derechos a hablar y para lograr que hable tenemos que darle herramientas pero también tenemos que comprometernos como un trabajo que seguramente nos obligue a nosotros a desapegarnos de mucho. Y esta es otra discusión: uno no quiere desapegarse mucho de las comodidades, y si vamos a discutir el capitalismo, discutámoslo sinceramente. Yo creo profundamente en que hay muchas organizaciones que trabajan con mucha seriedad y con mucho respecto, creo que hay que acomodar algunas tuercas y empezar a proponernos un trabajo que nosotros creamos que es realmente revolucionario y empezar a darle el respeto que tienen las palabras: si creemos que podemos, empecemos a accionar para lograrlo. Me parece que trabajar con otros tipos de lazos, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional, latinoamericano fundamentalmente, nos va permitir lograr tener una idea más global de lo que significa la avanzada de la derecha, la pérdida de los derechos por parte de un sector de la sociedad y esto de encontrarnos todos hermanados como un pueblo latinoamericano que necesitamos esto: empezar a accionar para liberarnos y empezar a vivir todos de la forma que nos merecemos, felices y con derechos.

¿Cómo sigue la causa de Luciano?

Sigue con una carátula de desaparición forzada, está en una etapa de instrucción, eso quiere decir que todavía se sigue investigando el hecho; no hay ningún policía imputado en esta causa hasta el momento. Esto es un largo recorrido, la situación política también es determinante porque no hay una justicia independiente y existen unos lazos que dan cuenta de cómo se actúa también en una desaparición forzada. Tenemos que encarar otros procesos de justicia que tienen que ver con detenciones anteriores que sufrió Luciano, hasta ahora han llevado sólo a uno de los policías a la cárcel. Por supuesto que eran muchísimos más los que se encontraban trabajando y en funciones, me refiero al 22 de septiembre de 2008, que fue el momento en el que Luciano sufrió la peor detención y en la que fue torturado física y psicológicamente.

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El lunes pasado comenzó el juicio por torturas contra el ex policía Julio Diego Torales en el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Matanza. Se trata de la detención ilegal que sufriera Luciano Arruga el 22 de septiembre de 2008 en el destacamento de Lomas del Mirador, durante casi diez horas, y que fuera la previa a su desaparición definitiva. Hoy es el turno de que declaren diez testigos de la defensa, entre los que se encuentran seis policías del destacamento (tres de los cuales, según denunciaron el CELS y la familia están implicados en la desaparición de Luciano).

Ya lo dijo Rodolfo Walsh: cada historia está condenada a empezar de nuevo. Los muertos de este lado, los invisibles, los silenciados, no tienen historia ni huella anterior. Deberán recomenzar sus búsquedas y luchas mientras el poder visibiliza las suyas; las triunfadoras. En ese marco, Luciano Arruga, la lucha incansable de su hermana Vanesa, de su mamá, Mónica, nos muestran que se puede tejer otra donde la Justicia ya no pueda mirar para otro lado. Y así Luciano, el torturado, el desaparecido, vuelve a aparecer y a recordarnos que no será tan fácil callarlas / callarnos.

Aquel 22 de septiembre de 2008 lo detuvieron ilegalmente. Era menor. Tenía 16 años y había decidido que no robaría para la policía. Su condición de joven y villero no le allanaría el camino a la Bonarense. Después de diez horas de detención el destacamento de Lomas del Mirador (una vivienda sin calabozos), esposado a una cocina y golpeado; Luciano pudo salir y contarle a su familia, sus lesiones fueron constatadas en el Policlínico de San Justo, y la denuncia fue radicada.

“El juicio se logró caratular como ‘torturas’. Hay muy pocos en violencia institucional y la importancia es que el ‘exceso’, como son las otras figuras que se plantean para este tipo de casos, de los policías nunca puede ser tomado como que ‘se les fue la mano’ o ‘se pasaron de rosca’ porque que a un policía o que a cualquier oficial de las fuerzas de seguridad se les pase la mano implica una tortura y hasta una posible muerte, como terminó sucediendo con el pasar de los meses con el caso de Luciano”, contó Matías, integrante de la organización “Familiares y Amigos de Luciano Arruga”.

“Vane, sacame de acá que me están matando a golpes”. Así le gritó Luciano a su hermana Vanesa, cuando se habían acercado con Mónica hasta el destacamento. Él no había vuelto a casa y la policía ya lo estaba hostigando. En la declaración de Orieta, durante la segunda jornada del juicio, se puso de relieve el terror que su hermano sentía por la policía, y la presencia de Torrales que trató de “chorrito” a Luciano.

En la audiencia de hoy declararán diez testigos de la defensa, seis de ellos, los propios policías del destacamento de Lomas del Mirador (Néstor Guillermo Díaz, Miguel Ángel Olmos, Damián Marcelo Sotelo, Miguel Osvaldo Soraire, Mónica Viviana Chapero y Sergio Oscar Fékter). Tres de ellos están involucrados en la posterior desaparición de Arruga, el 31 de enero de 2009.

Luego de la aparición de su cuerpo en octubre del año pasado y de que la causa radicada en La Matanza sea derivada a la justicia nacional por “Desaparición forzada de persona”, este juicio representa uno de los caminos que debe recorrer la familia en la búsqeuda de la justicia definitiva por Luciano. Así lo contó Matías, otra vez: “Es un juicio en el que entendemos que no hay mucho para celebarar: es un paso más en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de justicia para su familia y sobre todo, como dicen Mónica y Vanesa, para que esto no le suceda a ningún pibe más”.

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