Por Ramiro Barreiro *

Argentina descubrió y produce combustibles a base de petróleo desde hace 100 años en su extensa Patagonia. En paralelo, desde hace más de un siglo, la nación mapuche ha sufrido numerosos desplazamientos forzados por esta explotación. Una de esas comunidades es la de Campo Maripe que, luego de muchas batallas, parece ganar una muy importante: que ya no los corran de su lugar.

Campo Maripe está cerca del yacimiento Vaca Muerta, la mayor apuesta en términos macroeconómicos para los años venideros en Argentina, que oculta la segunda reserva de gas shale y la cuarta de petróleo en el mundo, y que representa el principal argumento de campaña para todas las fuerzas políticas que en octubre próximo se disputarán la presidencia.

El oficialismo en su plenitud acaba de obtener su foto de unidad en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, extensión conectada al yacimiento, y que trasladará el recurso a todo el país, a muy pocas semanas de las primarias abiertas para elegir al nuevo mandatario.

Mientras tanto, tras una decisión oficial favorable a sus intereses, los indígenas solo esperan que se cumplimente el relevamiento territorial que dispone la justicia, negado y demorado por el gobierno provincial, para reafirmar su presencia en tierras cercanas a Añelo, una localidad ubicada en el centro este de la provincia, que ha sufrido también su propia gentrificación.

Lorena Maripe es la historia viva de un desplazamiento que comenzó del otro lado de la cordillera, continuó durante la década de 1970 con la aparición en el lugar de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y llega hasta nuestros tiempos, aún en el auge del yacimiento descubierto en 2013, y que insufla de dólares a la malograda economía argentina.

La mujer de 44 años, werken (vocera) de la comunidad y cuarta de seis generaciones, nadó las corrientes de un río Neuquén que ahora es un hilo de agua. Corrió y jugó en campos hoy repletos de pozos, picadas y llaves de explotaciones abandonadas, y en medio de fugas de gas de la producción actual. Y también se baña con el agua contaminada que usaron sus padres, Lorena y Raúl, ambos fallecidos por cáncer.

“Del agua salen residuos, entonces, compramos bidones para tomar, pero igual la usamos para lavar los platos, la ropa, para bañarnos, porque no nos queda otra y sabemos que en algún momento eso nos va a traer consecuencias, pero no tenemos otra alternativa. Denunciar, tratar de cuidar de que el agua -que es algo vital para todo ser humano- no se termine de contaminar, de destruir”, afirma Lorena a Climate Tracker. 

La mujer cuenta que el agua del baño tiene una aureola negra, siempre presente, y que, al almacenarla, toma mal olor al poco tiempo. También que las tormentas las ven pasar, porque “los gases que están en la atmósfera las disipan”, entonces, “se levanta viento pero, a los dos segundos, tenés más nubes que lluvia”. 

“Te pican los ojos, por ejemplo, en la meseta hay mecheros que están tirando gas, y a veces se hace irrespirable”, añade. También lo nota “en las nubes negras que ves cuando te levantas a la mañana y notas toda la pluma de los pozos que están quemando, veteando, y que está en el aire y lo respiramos nosotros, constantemente”. 

El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando ese agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros) y materiales radiactivos de origen natural (uranio, radio, torio y radón), según un documento que el Observatorio Petrolero Sur (Opsur) realizó con pedidos de informes dirigidos a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén.

Historia de una presencia

Los mapuches son gente de la tierra. En su sentido literal, pero también en su identidad. Son sus lugares sagrados, sus animales, sus ríos y vientos. Su cumefelen, o buen vivir, es una comunión que sólo ellos sienten con la tierra. Es por eso que el lugar por el que pelean es un sitio sagrado.

Campo Maripe debe su nombre a la unión, también literal y amorosa, de Celmira Maripe y Pedro Campo, quienes se establecieron junto a sus hijos en 1927. Bautizaron su lugar como Fortín Vanguardia, y llegaron a tener 5.000 ovejas. El asentamiento fue la vuelta a las raíces paternas, tras el asesinato de la rama materna en las campañas militares de Chile.

Entre 1940 y 1980 el gobierno les negó adquirir los campos en los que se desarrollaron. Con los años, la herencia recayó en Belisario Campo y sus ocho descendientes. En 1978, los titulares registrales desalojaron a los indígenas y su ganado. La familia entera pasó a trabajar para los señores que, dos años más tarde, firmaron un convenio con YPF para realizar una perforación de un pozo petrolero, que lo oscureció todo.

Campo Maripe debe su nombre a la unión,  literal y amorosa, de Celmira Maripe y Pedro Campo, quienes se establecieron en la zona junto a sus hijos en 1927.

Los desplazamientos continuaron a lo largo de los años para todos los integrantes del clan. Otros, ante la necesidad y el destierro, ingresaron al mercado laboral tradicional limitado a las empresas frutícolas, hidrocarburíferas o vinculadas a ellas y la administración pública. De aquellas 5.000 ovejas hoy quedan menos de 500 chivas y unas 50 vacas.

En 2011, todos los hermanos menos uno, fallecido, decidieron continuar la lucha por el territorio, en concordancia al resto de las comunidades mapuches que habitan la Patagonia argentina. Ese mismo año, el gobierno provincial anunció el inicio de la fractura hidráulica en Loma Campana, yacimiento parcialmente superpuesto al territorio de Campo Maripe.

“Desde 2015 en adelante no le permitimos que perforaran ningún pozo más, y eso implicaba ir y tener que parar las máquinas, sentarnos adelante de las máquinas en el suelo y que no operaran para que se retiren, porque ellos pensaban hacer esos pozos que son direccionales, que van hacia abajo y después en forma horizontal para perforar debajo del lecho del río. Nosotros decimos no, no lo vamos a permitir”, relata Lorena.

El deterioro del agua superficial y subterránea obligó a YPF a repartir bidones de agua potable a algunas comunidades en otras zonas de la provincia, que también han negociado soluciones parciales con el gobierno local. Sin embargo, existen muchas otras empresas extranjeras -o de accionistas foráneos- en la zona como Chevron, Shell, Equinor o Pampa, a las que tocó ir a golpearles sus propias puertas.

“Accionismo”

Fernando Barraza es vocero de la Confederación Mapuche, y representó a la tierra en las reuniones anuales de accionistas de la empresa Equinor, en Noruega, y del banco BNP Paribas, inversor de Total Energy y Pampa, presentes en Vaca Muerta, en París. Con suerte dispar.

Con la ayuda de organizaciones internacionales, Fernando ingresa como accionista a las llamadas Anual General Meetings (AGM), y cuenta la parte que nunca se cuenta, en una estrategia que cuatro años atrás ya detuvo una explotación de Shell en el sur argentino. 

En Noruega, Fernando pudo decir a quienes manejan los destinos de Equinor que una de sus dos explotaciones es en un “área natural protegida, rica en biodiversidad, en recursos paleontológicos y arqueológicos”, en la que además hay un sitio sagrado de su pueblo, uno de los principales centros ceremoniales. Y que la segunda “está secando ríos y dejando sin agua potable a varios poblados y ciudades” de la región.

Una estrategia que impulsan es asistir a las reuniones de accionistas para dar a conocer los testimonios de la comunidad.

En París la idea era la misma. Fernando quería advertir que “el fracking ha secado ríos, ha envenenado las napas del agua” que beben ellos y toda la vida que habita junto a ellos. Que ha matado animales y secado sembradíos”. Y que “desde la llegada del fracking también han llegado a los territorios los movimientos sísmicos” que rajan sus casas.

También quería preguntarles: “si el fracking es algo tan malo como para estar prohibido en sus tierras, ¿ustedes consideran que hacerlo en nuestras tierras es algo que está bien?”.

Sin embargo, Fernando no pudo hacer nada de eso. Antes de ingresar a la reunión, la policía de París lo detuvo, lo cacheó, lo empujó contra una pared y le trabó sus brazos en palanca. También le amenazaron con llevárselo detenido quien sabe adónde. Al final, logró entrar.

“Dentro de la asamblea la gente nos gritó cosas porque te sientan cerca de gente de derecha y te gritan de todo y no hubo oportunidad, ni siquiera pude terminar de decir lo que fui a decir, para que desde la mesa del directorio me contestaran que ellos no invierten en fracking, que invierten en energías limpias”, cuenta Fernando.

La experiencia, con sus matices, ha sido positiva. En Noruega el contacto se hizo efectivo y continuará en contextos más favorables para los intereses de los indígenas, al tiempo que las vías judiciales continúan su lenta marcha en Argentina.

“El objetivo de la Confederación de ir a testimoniar a las AGM es el de dar el testimonio en primera persona, que es un factor necesario en esa cadena de factores que se necesitan para que las empresas reconsideren este tipo de acciones y este tipo de inversiones, porque en definitiva lo que tienen que acelerar es la transición energética, y tienen que detener el extractivismo ciego y bruto que están haciendo, o que están favoreciendo”, resume Fernando.

Pelea por el relevamiento

La historiadora Sabrina Aguirre, que trabajó en el territorio con la comunidad, cuenta que, “en realidad, el reglamento territorial ya se hizo en 2015 pero la provincia lo rechazó, ¿por qué lo rechaza? Porque hay una parte grande del territorio mapuche que está sobre la fijada de acceso a los pozos o que directamente está poceado”. La otra razón radica en que la comunidad aún no tenía la personería jurídica, que ya logró.

La profesora de la Universidad del Comahue opina que “el impacto de base y el límite más fuerte que se le pone al reclamo indígena tiene que ver con la matriz productiva de la provincia, de suma dependencia frente a las regalías hidrocarburíferas”.

La negociación con el gobierno local fue otro obstáculo que requirió una arquitectura diplomática para zanjarlo. 

El discurso reaccionario en contra de los mapuches comenzó con la llegada de Jorge Sobisch y la corriente derivada de su nombre a las filas del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Fue en tiempos del exgobernador provincial durante la década de 1990 que se endurecieron las políticas públicas hacia los pueblos originarios, inspiradas ahora desde un férreo conservadurismo neoliberal.

Otro golpe jurídico para los indígenas fue la sanción de la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319, que transfirió en 2007 la capacidad de administrar los yacimientos a las provincias. La principal actividad económica de los indígenas, la cría de ganado caprino, se vio perjudicada por la contaminación disparada por esa actividad. Y, con ella, su propia identidad étnica.

“El Estado provincial sostiene una edición de la historia que niega la preexistencia de determinadas comunidades justamente allí donde hay límites estructurales, ¿no? Cuando entran en abierta contradicción con determinadas actividades económicas, sobre todo. O cuando un reconocimiento de preexistencia implicaría un reconocimiento territorial que traiga inconvenientes para alguna actividad económica”, asume Sabrina.

“Somos plenamente conscientes de que hay como una necesidad antropocentrista de continuar con este modelo que es el que está haciéndonos mierda a todos, ya no existe más esta famosa zona de sacrificio, el planeta es la zona de sacrificio y eso a nosotros nos lastima”.

Es por eso que, para lograr acuerdos con el gobierno provincial, hubo nombres que se quitaron de las mesas de negociación “y se empezó a hablar con la gente nueva que puede llegar a tener otro punto de vista totalmente diferente”, tal como relata Fernando. 

El desafío a partir de ahora es intentar conversar con una “Sociedad Nacional Argentina, que es muy hidrocarburífera”.

“Somos plenamente conscientes de que hay como una necesidad antropocentrista de continuar con este modelo que es el que está haciéndonos mierda a todos, ya no existe más esta famosa zona de sacrificio, el planeta es la zona de sacrificio y eso a nosotros nos lastima”, se lamenta Fernando.

Del reclamo original de 11.000 hectáreas, la comunidad de Campo Maripe logró el reconocimiento de unas 67, que surgen de una resolución administrativa de la subsecretaría provincial de tierras, firmada antes de que les otorgaran a los indígenas la personería jurídica.

Lo que hay es un relevamiento a favor de la comunidad, que se firmó tras una larga negociación en 2015. “Ese año las mujeres de la comunidad se subieron (a la meseta), se encadenaron en las torres de perforación y amenazaron con prenderse fuego. Esa fue una lucha importante de unos días que termina con una mesa de negociación con el Gobierno provincial”, cuenta la abogada de la comunidad, Micaela Gomiz. 

En esa mesa de negociación se acuerda el reconocimiento de la personería jurídica de la comunidad, y luego, un relevamiento territorial para el que trabajaron dos técnicos de la provincia y a una antropóloga de la parte indígena, junto con una técnica ayudante. 

Ese estudio, que la provincia no ha querido reconocer, es lo que resta cumplimentar para que, de una vez y para siempre, los mapuches de Vaca Muerta vivan en su tierra.

*Este artículo es parte del programa de Mentorías en Periodismo Climático de Climate Tracker

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Por Gregor Clark | Foto: Francisco Colín Varela

Varios países de la región, incluidos Argentina, México y Brasil, continúan presionando por una expansión de la infraestructura de combustibles fósiles, a pesar de que dichos proyectos ponen en peligro los objetivos nacionales de emisiones y no están en consonancia con la Hoja de ruta de cero emisiones netas de la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés). 

Además de sus implicaciones climáticas, los proyectos de combustibles fósiles son mucho más susceptibles al riesgo de convertirse en activos varados debido a los altos costos iniciales y la demanda global fluctuante, y están cada vez más sujetos a la oposición de la sociedad civil debido a sus impactos negativos en la salud, los derechos humanos y el medio ambiente.

América Latina ya tiene una de las redes eléctricas menos intensivas en carbono del mundo, con países como Uruguay, Paraguay y Costa Rica que ya producen casi el 100% de su electricidad a partir de fuentes renovables. 

Sin embargo, la investigación de GEM muestra que la región está preparada para avanzar aún más en la adopción de energía eólica y solar a gran escala. Como se describe en el reciente informe, América Latina: Una carrera hacia la cima, la transición a la energía eólica y solar a gran escala ya está en marcha en países como Brasil y Chile, y se prevé que se expanda rápidamente en Colombia, Perú y otros países. En toda la región, las políticas gubernamentales progresistas y la participación ciudadana pueden ayudar a acelerar el movimiento para reemplazar la electricidad a base de combustibles fósiles con energías renovables. 

Aquí presentamos un breve vistazo a algunas de las tendencias y proyectos más importantes para observar en 2023. Todos los proyectos enumerados aquí también se rastrean en el sitio web trilingüe de GEM, el Portal Energético para América Latina.

Argentina

Una amplia coalición de grupos de la sociedad civil ha pasado la última década resistiendo el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, debido a sus implicaciones para el cambio climático y sus impactos perjudiciales en la salud, el sustento económico y el medio ambiente de la comunidad circundante.

Sin embargo, avanzan los planes para varios nuevos ductos diseñados para capitalizar las vastas reservas de petróleo y gas de Vaca Muerta. El Oleoducto Sierras Blancas-Allen, que fue inaugurado en febrero de 2023, es la primera de varias mejoras de infraestructura que aumentarán la capacidad de transporte de hidrocarburos desde Vaca Muerta. Otros dos ductos  – el recién renovado Oleoducto Trasandino, que debería volver a exportar petróleo a Chile – y el Oleoducto Vaca Muerta Norte — están programados para comenzar a operar durante 2023. Al mismo tiempo, la estatal YPF ha comenzado a buscar coinversores para un proyecto de mayor envergadura, el Oleoducto Vaca Muerta Sur de 700 kilómetros, que se conectaría a un nuevo puerto de exportacíon en Punta Colorada (provincia de Río Negro).

El proyecto más ambicioso y inminente de todos es el Gasoducto Néstor Kirchner. La primera fase del gasoducto, que se extiende 558 kilómetros de Tratayén a Salliqueló, está programada tentativamente para junio de 2023, mientras que la segunda etapa de 467 kilómetros, de Salliqueló a San Jerónimo, podría estar lista para 2024. El proyecto se detuvo temporalmente en 2020 antes de reactivarse en 2021.

En su fase inicial, el gasoducto está diseñado para aliviar los cuellos de botella en el transporte de gas de Vaca Muerta a los mercados nacionales, reduciendo así la dependencia de Argentina del gas natural licuado (GNL) importado. Pero sus implicaciones a largo plazo pueden eventualmente extenderse más allá de las fronteras de Argentina, pues el gobierno argentino ya contempla futuras exportaciones de gas a Brasil, Chile y Bolivia. 

Las implicancias de Vaca Muerta podrían traspasar las fronteras de Argentina, pues el gobierno contempla futuras exportaciones de gas a Brasil, Chile y Bolivia

En enero de 2023, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su voluntad de ayudar a financiar el gasoducto y también mostró interés en importar gas argentino a Brasil para complementar las importaciones de Bolivia y abastecer a la industria desde São Paulo hasta Rio Grande do Sul. 

La idea de un gasoducto binacional que una a Argentina y Brasil ha estado en el tablero de diseño durante más de dos décadas, pero sus posibilidades de ganar terreno parecen mayores que en cualquier otro momento en la memoria reciente. Hay que señalar que llevar gas argentino a los mercados del sur de Brasil requeriría completar una sección faltante de 594 kilómetros del Gasoducto Uruguaiana-Porto Alegre en el estado de Rio Grande do Sul. 

Argentina también tiene abundantes recursos de energía renovable, pero los subsidios del gobierno continúan favoreciendo el desarrollo de combustibles fósiles, y el país se ha quedado rezagado con respecto a otras naciones latinoamericanas en el desarrollo de energía eólica y solar a gran escala, con solo 4,7 gigavatios (GW) de capacidad operativa y 2,1 GW de capacidad prospectiva a partir de 2022, según la investigación de GEM.

Brasil

Luego de la promulgación de la nueva ley de gas de Brasil en 2021, el mercado del gas continúa expandiéndose, con cuatro nuevas terminales de importación de GNL programadas para entrar en funcionamiento en 2023. Cosan anticipa una puesta en marcha en junio de 2023 para su Terminal de Regaseificação de São Paulo (TRSP), con capacidad de 14 millones metros cúbicos (m3) por día; Oncorp planea lanzar su Terminal de Suape de 11 millones de m3 por día en diciembre de 2023; y New Fortress Energy espera poner en funcionamiento dos nuevas terminales de GNL en 2023: la Terminal Celba en el estado de Pará y la Terminal Gás Sul en el estado de Santa Catarina, cada una con una capacidad diaria de 14 millones de m3.

También se proponen docenas de nuevas centrales eléctricas a gas en Brasil, lo que provoca un mayor escrutinio y acciones legales por parte de los ambientalistas por el impacto de estas centrales en la calidad del aire, el suministro de agua y el clima. Un importante centro de actividad es la ciudad de Macaé en el estado de Río de Janeiro, cuyas centrales figuran entre los peores emisores de gases de efecto invernadero de Brasil, con 5,4 millones de toneladas de CO2e al año, según un informe de IEMA. 

Las dos centrales a gas de Macaé que ya están en funcionamiento – la Norte Fluminense de 827 megavatios (MW) y la Termomacaé de 923 MW – se encuentran entre los 5 principales emisores de Brasil, y la ciudad tiene una docena de unidades de centrales eléctricas a gas propuestas en varias etapas de desarrollo. La central eléctrica Marlim Azul de 565 MW es la que está más cerca de entrar en servicio, con fecha de puesta en marcha prevista para julio de 2023. 

Brasil supera con creces a los demás países latinoamericanos en el desarrollo de la energía eólica y solar. Sin embargo, se impulsan otros proyectos  que han acaparado un mayor escrutinio público

Otro importante centro de gas en el estado de Río de Janeiro es el enorme complejo Porto do Açu, que alberga una terminal de importación de GNL de 21 millones de m3 por día y la central eléctrica GNA I de 1338 MW, la segunda planta de gas más grande de Brasil. Se han propuesto otras tres centrales eléctricas de gas para el complejo, incluida la central eléctrica GNA II de 1672 MW, cuyo inicio de operaciones está previsto para principios de 2025. 

En el lado de las energías renovables, Brasil supera con creces a todos los demás países latinoamericanos en el desarrollo de proyectos eólicos y solares a gran escala. Brasil lidera la región tanto en capacidad eólica y solar existente (27 GW a partir de 2022) como en capacidad futura prospectiva (217 GW), y alberga algunos de los proyectos eólicos y solares propuestos más grandes del mundo, incluido el Complexo Eólico Marítimo Ventos do Sul de 6,5 GW y el Parque Solar Berço dos Gerais de 5,7 GW.

Chile

Este país sudamericano se ha convertido en un líder regional en la transición energética de América Latina, con la esperanza de lograr un 100 % de electricidad renovable para 2030. Como lo documenta la investigación de GEM, los parques eólicos y solares a gran escala ya representan el 37 % de la capacidad eléctrica operativa de Chile, más que cualquier otro país de la región, y Chile ocupa el segundo lugar – después de Brasil – en capacidad prospectiva de energía eólica y solar a gran escala, con 38 GW. 

Chile se ha convertido en un líder regional en materia de transición energética, aunque sigue enfrentando importantes desafíos

El desierto de Atacama se ha convertido en uno de los principales sitios del mundo para la generación solar, mientras que Chile también está planificando el parque eólico más grande de América Latina, el proyecto eólico H2 Magallanes de 10 GW, una de varias iniciativas de hidrógeno verde en la Patagonia. 

Chile también continúa liderando el camino en la descarbonización de su red eléctrica existente. La oposición ciudadana fue fundamental en la cancelación del proyecto de central a gas Los Rulos en octubre de 2022, y el plan nacional de retiro y/o reconversión de todas las centrales eléctricas de carbón para 2040 ha avanzado más rápido de lo previsto, aunque todavía hay varias centrales sin fecha fija para desmantelarse. La Unidad 2 de la termoeléctrica Ventanas se encuentra próxima en la lista para salir de servicio en 2023.

Colombia

Todos los ojos están puestos en Colombia para ver cómo el nuevo gobierno de Gustavo Petro navegará las promesas de campaña para reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles. De especial interés es el enfoque del gobierno hacia el carbón, que representa un porcentaje significativo de las exportaciones colombianas y es un pilar central de la economía colombiana. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, lanzado en febrero de 2023, establece que Colombia no desarrollará nuevas minas de carbón a cielo abierto a gran escala; sin embargo, el destino de dos importantes proyectos a cielo abierto con títulos mineros previamente aprobados sigue siendo incierto. En el departamento de La Guajira, BCC (Best Coal Company), una subsidiaria de la empresa turca Yildirim, busca desarrollar las nuevas minas propuestas más grandes del país en más de una década.

El enfoque principal de la compañía en 2023 es adquirir una licencia ambiental para la controvertida mina Cañaverales, que ha provocado una fuerte oposición de la sociedad civil y aún está sujeta a una consulta previa obligatoria con el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales a finales de este año. Los planes futuros de BCC también contemplan el desarrollo de la enorme mina San Juan, con una capacidad de producción anual estimada entre 10 y 28 Mtpa, la mina más pequeña Papayal, una línea férrea de 150 kilómetros y un puerto de exportación en la costa caribeña. 

En el departamento vecino de Cesar, decisiones igualmente importantes esperan las minas Calenturitas y La Jagua en 2023. Ambas minas fueron suspendidas en 2020 y devueltas al gobierno colombiano en 2021 por el antiguo propietario Prodeco, una subsidiaria de la multinacional suiza Glencore. Los problemas no resueltos incluyen las responsabilidades pendientes de Prodeco por los impactos ambientales y económicos residuales de sus tres décadas de operación en la región, y la cuestión de si las minas se reactivarán con un nuevo propietario. 

En el frente del gas natural, el gobierno colombiano actualmente está convocando una licitación para un controvertido proyecto de importación de gas con sede en Buenaventura, en la costa del Pacífico. El proyecto, que contempla la construcción de la nueva Planta de Regasificación del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo de 110 kilómetros, pretende complementar la producción nacional, pero ha provocado la oposición de ambientalistas, grupos indígenas y empresas nacionales de gas, quienes mantienen que el proyecto es innecesario, excesivamente costoso y ambientalmente riesgoso. 

Las ofertas finales para el proyecto deben presentarse en julio de 2023, y el gobierno tiene previsto adjudicar un contrato en agosto de 2023.

En los próximos años, se espera que Colombia emerja como un líder regional en el desarrollo eólico y solar a gran escala. El país ha visto una oleada de nuevos proyectos eólicos y solares, y sus 37 GW de capacidad prospectiva a gran escala ocupan el tercer lugar en la región, detrás de Brasil y Chile.

Guyana

Este país tiene un gran potencial de energía renovable, pero ha experimentado una rápida transición para convertirse en un importante productor de petróleo durante la última década. En 2015, Exxon descubrió vastos campos de petróleo y gas en el bloque Stabroek en alta mar, suficientes para catapultar a Guyana más allá de Kuwait como el mayor productor de petróleo per cápita del mundo para 2027.

En 2023, Exxon planea tomar una decisión de inversión final sobre la construcción del gasoducto Liza de 225 kilómetros, diseñado para transportar gas en alta mar a la propuesta central eléctrica de Wales de 300 MW. Los políticos guyaneses han promocionado el proyecto de gas a energía como una oportunidad para que Guyana reduzca sus costos de energía, pero las organizaciones de la sociedad civil han criticado al gobierno por eximir a la nueva infraestructura de gas del proceso normal de revisión ambiental y vender los recursos del país a un precio demasiado bajo. 

Los opositores señalan que el desarrollo de petróleo y gas exacerbará la alta vulnerabilidad de Guyana a los impactos del cambio climático, como sequías e inundaciones, y advierten sobre las consecuencias ambientales potencialmente nefastas, como el riesgo de derrames de petróleo en el mar que podría afectar no solo a Guyana, sino a todo el Caribe. 

Mientras tanto, la Estrategia de desarrollo bajo en carbono de Guyana prevé aprovechar el importante potencial eólico, solar e hidroeléctrico del país, con energías renovables superando a los combustibles fósiles como la principal fuente de electricidad para 2030.

México

Durante el último año, se ha desarrollado una nueva ruta de exportación para enviar gas natural desde México a Asia. Las interrupciones en el suministro de combustibles fósiles rusos resultantes de la guerra entre Rusia y Ucrania han llevado a los clientes asiáticos a buscar fuentes alternativas de gas, lo que refuerza las perspectivas de cinco terminales de exportación de GNL propuestas en la costa del Pacífico de México. Según se planea, las terminales propuestas recibirán el gas natural importado desde Texas y lo enviarán a mercados asiáticos, ofreciendo una entrega más eficiente al evitar el Canal de Panamá.

En febrero de 2023, Mexico Pacific Ltd anunció que había firmado contratos a largo plazo con ExxonMobil Asia Pacific para suministrar GNL desde los trenes 1 y 2 de su propuesta Terminal de GNL Saguaro en Puerto Libertad, Sonora. La empresa ya está realizando estudios de ingeniería y buscando clientes para un tercer tren, lo que elevaría la capacidad de exportación de la nueva terminal a 14,1 toneladas métricas por año (Mtpa). Además, en diciembre de 2022, el Departamento de Energía de EE. UU. autorizó a Sempra Energy a exportar gas natural producido en Texas a través de sus terminales de exportación Costa Azul en Baja California, y Vista Pacífico en Sinaloa.

Mientras tanto, en la Península de Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador se apresura a completar el Corredor Interoceánico, un proyecto masivo diseñado para impulsar la economía del sureste de México con una nueva línea de tren, parques industriales e infraestructura energética asociada. 

El proyecto, programado para comenzar a operar en 2023 o 2024, incluye la construcción del Gasoducto del Corredor Interoceánico, que eventualmente suministrará gas natural a la terminal de exportación de Salina Cruz propuesta en el estado de Oaxaca. Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas que viven cerca de la ruta del oleoducto han reaccionado con críticas, protestas y bloqueos, afirmando que el proyecto se está ejecutando con demasiada precipitación, sin las consultas comunitarias ni los permisos ambientales requeridos. 

El ritmo de desarrollo de energías renovables se ha desacelerado en los últimos años bajo el gobierno de López Obrador

En el verano de 2022, la CFE de México firmó un contrato con la firma canadiense TC Energy para desarrollar otro proyecto de gas natural, el Gasoducto Puerta al Sureste, que tendrá una longitud de 715 kilómetros frente a la costa del Golfo de México y se conectará al gasoducto del Corredor Interoceánico cuando inicie operaciones en 2025.

México fue uno de los primeros líderes en la adopción de energía renovable y aún ocupa el segundo lugar entre las naciones latinoamericanas con 20,3 GW de capacidad eólica y solar a gran escala en operación. Sin embargo, a pesar del surgimiento de grandes proyectos nuevos como el Central Solar de Puerto Peñasco de 1 GW, cuya primera fase entrará en servicio en abril de 2023, el ritmo de desarrollo de energías renovables del país se ha desacelerado en los últimos años bajo el gobierno de López Obrador, lo que provocó que México cayera al quinto lugar en capacidad prevista de energía eólica y solar a gran escala.

Panamá

Panamá fijó como fecha límite diciembre de 2023 para el retiro de la Termoeléctrica Cobre Panamá, la única central eléctrica a carbón del país, que eventualmente se convertirá para funcionar con energías renovables y/o gas natural. Sin embargo, los nuevos proyectos de combustibles fósiles siguen desempeñando un papel clave en la matriz energética nacional, sobre todo la central a gas de Gatún de 670 MW, cuya puesta en marcha está prevista para marzo de 2024. 

Entre los países de América Central, Panamá es líder en la adopción de energías renovables. Según la investigación de GEM, Panamá tiene más proyectos prospectivos eólicos (1152 MW) y solares (1316 MW) a gran escala que cualquier otro país de la región.

Perú

En 2023, el gobierno peruano ha prometido reactivar el proyecto Gasoducto del Sur Peruano / SIT, que ha permanecido estancado durante mucho tiempo. El gasoducto está diseñado para llevar gas natural desde los campos de Camisea al sur de Perú, donde serviría a las centrales eléctricas y otros clientes, y se exportaría al extranjero a través de la propuesta terminal de exportación de GNL de Ilo.

El gobierno planea realizar una licitación en el segundo semestre de 2023 para solicitar ofertas de empresas privadas interesadas en desarrollar el proyecto. No obstante, quedan varios obstáculos potenciales, incluidas las desaceleraciones anticipadas en la demanda mundial de gas y dudas sobre si la cantidad de gas disponible en el Bloque 58 de Camisea es suficiente para que el gasoducto sea viable.

En el lado de las energías renovables, Perú ocupa el cuarto lugar entre las naciones latinoamericanas con 10 GW de capacidad prevista de energía eólica y solar a gran escala.

En este escenario, cabe preguntarse si los países de la región avanzarán en sus compromisos climáticos y en una transición energética justa, para lo cual será clave lo que ocurra en 2023.

• Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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Por Juan Acacio* y Gabriela Wyczykier** / Foto Tony Valdez

Al comienzo de su gestión, Alberto Fernández decidió encarar distintas medidas en una economía agonizante, con la perspectiva de virar la orientación neoliberal de su antecesor, Mauricio Macri. Inyectar ingresos en los sectores más vulnerables se consideró, entonces, urgente, mientras que las propuestas destinadas a retornar a la senda del crecimiento económico se establecieron al compás de las negociaciones de la cuantiosa deuda externa contraída en años anteriores.

Algunas estrategias de desarrollo, sin embargo, se confirmaron en la antesala del giro vertiginoso que la pandemia del COVID-19 asestó en el capitalismo global: los hidrocarburos como propulsores de la economía, Vaca Muerta como recurso preciado para este objetivo y la regulación de una nueva Ley de Hidrocarburos destinada a sostener la esperanza depositada en las reservas de hidrocarburos no convencionales.

La urgencia sociosanitaria de la pandemia abrió, sin embargo, un paréntesis en estas proyecciones políticas. Así, mientras en el mes de enero el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, destacaba a Vaca Muerta como una pieza central para hacer frente a la deuda más grande de los últimos 30 años, en abril Matías Kulfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, declaraba que: “Vaca Muerta es una reserva muy significativa, pero claramente en este contexto internacional y local es un tema que tendrá que esperar”.

Vaca Muerta ha enamorado a la dirigencia política desde la primera extracción de shale en la cuenca neuquina en 2011, cuando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como fracking, hizo posible la obtención de hidrocarburos de difícil acceso en el país, colocando a la Argentina en el segundo y cuarto lugar entre los países con mayores reservas de petróleo y gas no convencional.

El consenso que rodea a Vaca Muerta debe ser objeto de reflexión a la luz de una serie de dimensiones que complejizan la visualización de este megaproyecto productivo y extractivo como esperanza pública en el contexto actual. Para abordarlas podemos distinguir dos interrogantes centrales: ¿Qué implica Vaca Muerta en la expectativa pública? ¿Cuáles son las advertencias de distintas organizaciones financieras, sociales y ambientales con respecto a su viabilidad y sus impactos sobre el territorio y el ecosistema?

La pandemia en Vaca Muerta

Luego de la generalización de las altas tasas de contagio que comenzaron en la ciudad china de Wuhan, las alarmas se encendieron con fuerza en el capitalismo mundial. La pandemia puso en jaque al sistema productivo y de consumo que lo sostiene, así como a los horizontes de la especulación financiera. Ello sucedió raudamente, y uno de los indicadores que indica la gravedad de la crisis sistémica que atravesamos ha sido el desplome sin precedentes del precio del petróleo, que en la última década había sido fluctuante de todos modos. En los últimos doce meses, el precio del barril de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) descendió un 73,63%.

En el año 2008 había alcanzado un precio máximo de US$140,73, y cayó a su precio mínimo, de US$12,22, el 22 de abril de este año. La cotización internacional tomada como referencia en la Argentina, el BRENT, también sufrió fuertes contracciones en las últimas semanas: se desmoronó en el mes de abril de US$26 a US$17,64, para ascender nuevamente en los inicios de mayo a un precio de US$24,23. Ello afecta ostensiblemente a la industria de los fósiles en el país, cuyos costos de extracción, en promedio, giran en torno a los 40 dólares, según demandan distintas empresas para invertir en la actividad.

De los 30.000 kilómetros que ocupa la formación geológica Vaca Muerta, que recorren mayormente la Provincia de Neuquén, Río Negro, y en menor proporción Mendoza y La Pampa, solo el 3% se encuentra en explotación en la actualidad. Cuando en 2011 se concretó la primera extracción a través del frackingen Neuquén, el gobierno avizoró una esperanza que relanzaba nuevamente el potencial nacional para producir hidrocarburos, luego de sufrir la pérdida de autoabastecimiento ocurrida en los primeros años del siglo actual. El desarrollo de Vaca Muerta se vinculaba a la posibilidad de satisfacer la demanda de la matriz energética del país, fuertemente dependiente de los combustibles fósiles (54% gas natural y un 31% de petróleo, según el Balance Energético Nacional del Ministerio de Energía y Minería de la Nación de 2017), como también a mejorar el perfil exportador de la Argentina, ambas aspiraciones convalidadas por el aumento progresivo del consumo de energía a nivel global, y de los hidrocarburos en particular. Efectivamente, según la Agencia Nacional de Energía, la demanda a nivel mundial había crecido durante 2018 en un 2,3%, resultando un incremento mayor en comparación al resto de la década. El consumo del gas natural fue particularmente prominente en países como Estados Unidos y China.

La crisis actual de producción en la pandemia asestó, por lo tanto, un golpe trágico sobre el sector hidrocarburífero en general, y de los no convencionales en particular. En el nivel subnacional, ello se advierte en la parálisis productiva y en sus efectos sobre los ingresos que perciben las provincias petroleras, pero también sobre el empleo y las distintas actividades relacionadas con la actividad.

La Provincia de Neuquén, por caso, dejó de percibir en concepto de regalías, entre marzo y abril, alrededor de 1.900 millones de pesos. Con la producción prácticamente detenida, y las refinerías cubiertas de petróleo sin colocar en el mercado, las y los trabajadores del sector no pueden operar, en tanto las negociaciones entre el sindicato que les representa y las empresas se dirigen a una disminución de entre el 40 y el 50% de los salarios. Ello resulta más dramático si tenemos en cuenta que, por cada empleo directo, se crean dos trabajos indirectos, relacionados con negocios inmobiliarios, de comunicación, de construcción, y de finanzas, entre otros.

En consecuencia, afectada la actividad de la producción de los hidrocarburos, de difícil acceso por una crisis de carácter global, claudicar de las proyecciones y expectativas públicas existentes no es un punto en discusión en la agenda política, hasta el presente. Sin embargo, es preciso reflexionar sobre un conjunto de advertencias respecto de la actividad extractiva en Vaca Muerta de cara al futuro.

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La viabilidad de Vaca Muerta en cuestión

La viabilidad de este megaproyecto debe ser revisada como proyecto político, económico y productivo en el mediano y largo plazo, si tenemos en consideración aspectos financieros, tecnológicos, ambientales, territoriales y sociosanitarios que acentúan la complejidad del análisis de Vaca Muerta.

La volatilidad a la que están atados los precios internacionales del petróleo genera demandas de los inversores y las empresas productoras hacia los estados nacionales para sostener la rentabilidad en el mediano y largo plazo, que se plasman en distintas medidas para la regulación de precios y el otorgamiento de subsidios. En ese sentido, el “barril criollo” es utilizado por los gobiernos para colocar un precio sostén del petróleo en el mercado interno que garantice a las empresas no perder rentabilidad ante las oscilaciones del mercado. La suma de 45 dólares ha sido anunciada por el gobierno en mayo para garantizar la continuidad de la actividad, lo que implica que la nafta que abonan los consumidores quede desacoplada una vez más de la baja del precio internacional del petróleo.

La dependencia de los subsidios estatales, particularmente de la industria no convencional, es preocupante. En el caso del gas, el gobierno de Mauricio Macri sostuvo una política de fuertes transferencias al sector: por cada dólar que recibió el Estado en concepto de regalías, otorgó en subsidios 3,5 dólares en 2016, 1,7 dólares en 2017, y 1,3 dólares en 2018. En consecuencia, los recursos públicos erogados hacia las empresas fueron mayores que los ingresos recibidos^[1].  Los importantes aumentos efectuados a las tarifas para consumidores y para el sector productivo durante su gestión no pueden dejar de mencionarse en esta línea.

Al mismo tiempo, el Estado nacional y el provincial debe realizar cuantiosas inversiones en infraestructura, necesaria para que el megaproyecto Vaca Muerta se desarrolle: rutas, transportes, gasoductos y servicios urbanos. Con la crisis fiscal acuciante que denuncian los sucesivos gobiernos, las arcas públicas continúan orientando recursos críticos hacia la actividad.

Estos señalamientos resultan aún más problemáticos si tenemos en cuenta que la producción de gas y petróleo no convencional cae normalmente entre un 60 y un 90% al cabo del primer año de operación. Precisamente por ello, la actividad es extensiva en el territorio e implica múltiples perforaciones en la búsqueda de ganancias, al tiempo que requiere de una inversión económica notable.

Vaca Muerta ha estado en el ojo del huracán por una serie de cuestionamientos provenientes de distintos movimientos sociales, organizaciones ambientales y de los pueblos originarios mapuche, ya que se violaron sus derechos por la entrada sin consulta previa de las empresas a los territorios comunitarios indígenas. Además, la técnica de la fractura hidráulica es fuertemente cuestionada a nivel local y mundial por la gran cantidad de agua que consume y por sus impactos en la contaminación de acuíferos, de los suelos, y del aire, sobre todo por la liberación de gas metano al ambiente que favorece al calentamiento global. El tratamiento de desechos también fue cuestionado: los “basurales petroleros” fueron expulsados del ejido urbano en Neuquén y trasladadas a las zonas aledañas del poblado de Añelo, pero nada garantiza un seguro tratamiento de estos materiales que crecen al ritmo de la extracción. Derrames de grandes dimensiones, incendios y la ocurrencia progresiva de sismos de carácter antropogénico en el corazón de la extracción de los no convencionales son denunciados por distintas organizaciones sociales, ambientales y pobladores.

En tiempos de una pandemia sociosanitaria y de producción de fósiles, es menester interrogar el consenso político sobre Vaca Muerta, por las considerables erogaciones e inversiones monetarias colectivas y privadas que requiere y por los impactos socioecológicos y territoriales que implica. En el marco de un proceso de transición energética que acontece a nivel global ello resulta central, al mismo tiempo que los barcos cargados de petróleo navegan con rumbo incierto.

* Investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de La Plata), CONICET, y del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinario sobre la Problemática Energética (GECIPE)

** Investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). CONICET, y del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinario sobre la Problemática Energética (GECIPE)

^[1] FARN (2019) Los subsidios a los combustibles fósiles en Argentina 2018-2019.

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Por OPSur* | Foto: Juan Pablo Barrientos

Hoy el valor de referencia para el crudo en Estados Unidos (WTI) llegó a números negativos por primera vez en su historia. La agresiva política energética norteamericana para transformarse en un gran polo exportador ha fracasado. Cada vez que el resto de los productores recortaron, Estados Unidos transitaba el camino contrario. La combinación de sobreproducción, incapacidad de almacenamiento y bajo consumo por la pandemia, estalló hoy. A esta situación se suma el enorme juego financiero de la venta futura de crudo de mayo que vence el martes 21. Expertos y expertas en el seguimiento de los valores en los que se transan los commodities explican que es una situación coyuntural, que el precio de referencia que se utiliza en Europa (Brent) aún se mantiene sobre los US$20 el barril; que ese es el valor que se utiliza en Argentina; sin embargo eso no desvanece el shock. ¿Puede la economía norteamericana solventar un fuerte salvataje en medio de una pandemia? ¿En cuánto tiempo? 

Más allá de que esto no sea el apocalipsis, revela lo riesgoso que es creer que un proyecto como Vaca Muerta y la explotación de combustibles fósiles pueden ser la salvación ante la crisis económica del país. Hace una década se decidió apostar por el desarrollo de Vaca Muerta, que se sostuvo a fuerza de subsidios o altísimas tarifas. El histórico derrumbe de los precios de hoy y la caída de las últimas semanas demuestran que es imposible traccionar una salida a la crisis energética y económica con un proyecto cuyo timón no está en el país.

Argentina experimentó con el fracking y no fue un buen camino. Los impactos sociales y ambientales se suman a la inviabilidad económica que venimos advirtiendo. Vaca Muerta nos hundió, una vez más, en la dependencia hidrocarburífera de cuyo nudo se desprenden una serie de problemas como la falta de diversificación productiva de provincias como Neuquén y Chubut (y a las que otras, como Río Negro, quieren parecerse); la dependencia de sus economías de los precios del petróleo; la contaminación de tierra, agua y aire que se multiplica con la aplicación masiva del fracking; y la postergación en el desarrollo de otros tipos de fuentes energéticas como las renovables.

El episodio de hoy nos muestra una vez más la importancia de entender a la energía como un bien social y a su acceso como un derecho. Entonces, los insumos energéticos –como la electricidad o los hidrocarburos– no pueden estar en manos del mercado porque de esta manera se perpetúa una crisis de acceso y distribución de la energía. A su vez, las empresas han venido cooptando el debate energético. En 2013, las y los legisladores neuquinos, sin conocer el texto, aprobaron el acuerdo entre YPF y Chevron para explotar la comunidad mapuche Campo Maripe. Al año siguiente, sin un darse una discusión pública, se aprobó una nueva ley de hidrocarburos que apostaba todas sus fichas en el desarrollo del fracking. Entonces y ahora decimos que es necesario abrir la energía a un debate popular, en donde las y los trabajadores y usuarios tenemos una opinión para dar. Se debe romper esa tradición de que las decisiones sobre política energética se toman entre cuatro paredes con las petroleras dentro. Porque esa tradición nos llevó a un consenso fósil que hace crecer más y más la dependencia de los hidrocarburos y nos mantiene con un sistema energético contaminante, inequitativo y poco democrático.

La actual crisis sanitaria del COVID-19 es parte de la crisis civilizatoria en la que los combustibles fósiles son el principal causante del cambio climático que amenaza la vida en el planeta. Debemos frenarlo a través de la reconversión a otro tipo de fuentes energéticas sin replicar el modelo extractivo que nos llevó a esta situación, donde la eólica y solar deben tener un rol central. Sabemos que este proceso no debe darse de un día para otro, sino que requiere de una transición. Esa transición no nos habla solo de sostenibilidad ambiental, sino que también hace referencia a la situación de los y las trabajadoras del sector; a la necesidad de garantizar el control público de la generación energética; y a repensar los criterios de consumo, empezando por el transporte y la industria, para así poder salir de esta crisis constante a la que nos trajo la civilización petrolera.

*Publicada originalmente en Observatorio Petrolero Sur

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Por Mario Hernández Foto: BAL[i]

En los últimos quince meses, ocho trabajadores/as del sector petrolero murieron en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Según datos oficiales, de la Subsecretaria de Ambiente de la provincia, ente 2015 y 2018 se produjeron 3.368 accidentes en el sector de los hidrocarburos, de los cuales el 48 % (1.637 casos) ocurrió entre 2017 y 2018. En el período que va de enero a octubre del año pasado se registraron 934 incidentes. También ocurrieron accidentes ambientales.

Convenios colectivos a la medida de las petroleras

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, conducido por el senador nacional del MPN, Guillermo Pereyra, convalidó la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo impulsada por el Gobierno nacional y las operadoras. El presidente Mauricio Macri prometió que las adendas (apéndices al contrato), solo en Vaca Muerta,  traerían “más inversiones” y la creación de “medio millón de puestos de trabajo”. Pereyra, por su parte, le garantizó la “paz social” al firmar un nuevo acuerdo que le impidiera a los trabajadores realizar huelgas, con el objetivo de proteger la “seguridad jurídica”.

Según datos oficiales del Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial, que depende la Secretaría de Trabajo,  entre diciembre de 2015 y 2017, se destruyeron en esa provincia 2.437  puestos de trabajo directos del sector de los hidrocarburos.  Luego, de acuerdo a lo convalidado por el propio sindicato,  fueron recontratados 1.400 trabajadores pero flexibilizados.

Lo que sucede en Vaca Muerta es la crónica de un accidente anunciado”, sostuvo Hernán Palermo,  director de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo e investigador del CONICET, “en Vaca Muerta ocurre un proceso de pauperización bestial de las condiciones objetivas de trabajo. Macri inauguró ese Convenio Colectivo entre 2016 y 2017 como el caso testigo para el resto de las ramas de la industria y si lo comparás con el resto de las actividades, hay cosas atroces: cuadrillas incompletas que pueden operar, trabajo nocturno, modificaciones en el trabajo en altura con fuertes ráfagas de viento.

El domingo de la semana pasada, Cristian Baeza, un joven de 34 años, cayó a un tanque de combustible de la empresa Pecom (Grupo Pérez Companc), que prestaba servicios para Tecpetrol, la firma del Grupo Techint. Su compañero, Maximiliano Zappia (24), intentó rescatarlo pero ambos murieron.

Tuvieron que suceder estas muertes para que el titular del sindicato, Guillermo Pereyra,  intentara una autocrítica y luego de una asamblea el viernes pasado el gremio decidió frenar las operaciones en Pecom hasta que se garanticen las medidas de seguridad. A través de un comunicado, el gremio señaló que “parar la planta de Tecpetrol no es una medida de fuerza sino de una revisión de la seguridad en la actividad”.

El paro del sindicato petrolero comenzó el lunes 13 de mayo,  incluyó la inspección sindical a las instalaciones de la empresa Tecpetrol. En la medida de fuerza también reclamaron la reducción de la jornada 10 por 5 y la eliminación de los campamentos a campo abierto y de los recorredores de los pozos. De acuerdo a lo informado por la agencia Mundo Gremial, las inspecciones continuarán por el resto de la cuenca.

César Poo (46) falleció el 4 de febrero de 2018, en Agua Salada, a pocos kilómetros de Catriel, cuando realizaba tareas en un equipo de perforación. El operario era parte del equipo de la empresa contratista Ensign, que brindaba servicios para la firma Tecpetrol.

Julio César Sánchez (37) murió el 22 de mayo del año pasado aplastado por una piedra cuando llevaba a cabo trabajos para el área El Mangrullo, como operario de la firma UGA, tercerizada por Pampa Energía.

En julio de 2018 perdió la vida Daniel Torres (26), luego de permanecer internado con severas quemaduras; realizaba trabajos para la firma Omega, en Añelo. Y en agosto murió Miguel Ángel Chocala Fernández (35), empleado de la empresa Nabors (Yacimiento de El Chañar).

Mauricio Segura (35) ingresó a trabajar por primera vez en el sector petrolero en agosto de 2018. Fue uno de los trabajadores que se incorporó al sector luego de los 2.400 despidos en la provincia, flexibilización mediante. Tres meses después murió.

Según Santiago Nogueira, diputado neuquino por Libres del Sur, “estas muertes son muy difíciles de disociarlas de la carrera alocada por reducir los costos de la actividad. La mayoría de los accidentes se produjeron entre los días 10 y 12 del régimen laboral de 14×7 (se trabaja dos semanas de corrido y se descansa una), que son los momentos en los cuales el trabajador está con menos atención, cansado, ya preocupado de volver a su hogar. Y esto tiene que ver con la adenda firmada para los no convencionales”.

La adenda al Convenio colectivo del sector incluyó la disminución de la cantidad de trabajadores por pozo y cuadrillas, las multitareas, una expresa limitación para realizar medidas de fuerza; se modificaron también las restricciones para trabajar en el montaje de torres cuando ocurrieran fuertes ráfagas de viento (hasta 60 kilómetros por hora). Al momento de firmarlo, las empresas petroleras estimaron un recorte del 40 % en sus “costos laborales”.

Asesinatos laborales

Brian trabajaba en una papelera. Sandra y Rubén trabajaban en una escuela. Martín trabajaba en el cableado eléctrico del ferrocarril. Nahuel, Cristian, Néstor, Rodrigo, Luciano, Jonatan, Carlos, Rodrigo y Salvador trabajaban en altamar. Trabajadores y trabajadoras que perdieron la vida por el simple hecho de ir a ganarse el pan de cada día. Sus nombres integran la lista de los 375 asesinatos laborales que se produjeron en la Argentina entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. La realidad que se desprende de esa cifra es invisible para la mayoría de la sociedad: en el país muere una persona cada 20 horas por condiciones inseguras en su lugar de trabajo. Por eso se habla de asesinatos y no de accidentes laborales.

Para darle visibilidad a esta problemática, en diciembre pasado se presentó en Buenos Aires el primer “Informe Anual de Asesinatos Laborales en Argentina”, elaborado por el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL). Allí confluyen familiares de víctimas, el Taller de Estudios Laborales (TEL), el colectivo de cine militante Silbando Bembas y diversas Comisiones internas y representantes gremiales “combativos” (delegados de la Línea 60 de colectivos, trabajadores del neumático pertenecientes al SUTNA, la Junta Interna de ATE en el INTA, Municipales de Avellaneda, docentes de SUTEBA Tigre, ferroviarios y bancarios, entre otros).

El informe fue elaborado a partir de datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y un relevamiento propio de testimonios directos y fuentes periodísticas. De las 375 muertes registradas en 12 meses (octubre 2017-septiembre 2018), el documento menciona que “la amplia mayoría de los/las trabajadores/as muertos/as eran personas jóvenes (entre 30 y 40 años)”. Además, “se conocen casos de personas mucho más jóvenes que fueron enviadas  por las jefaturas a realizar tareas muy peligrosas, sin la capacitación y los elementos necesarios”, con casos extremos en los que “su primer día de trabajo en una empresa fue el día de su muerte”.

Son todas muertes evitables provocadas por falta de medidas de seguridad por parte de las empresas o los organismos empleadores. Luego está la ausencia del Estado, tanto en el control como en la sanción a través de la Justicia. El tercer agravante es el rol de las burocracias sindicales, que actúan en complicidad con las patronales y el Estado al no levantar la voz cada vez que se pierde una vida en el trabajo.

Tomando en cuenta las ramas de actividad, los asesinatos laborales contabilizados corresponden a: Transporte (20%), Construcción (18%), Industria (12%), Agropecuaria (11%), Comercio (11%), Administración pública (10%), Servicios financieros (5%), Servicios (5%), Pesca (3%), Electricidad (2%), Minería (2%) y Otros (1%).

Desde BAL remarcaron especialmente que la información suministrada es parcial: solo se computaron los llamados “accidentes en el trabajo” (si se contemplaran los “accidentes in itinere” -en el viaje del hogar al trabajo y del trabajo al hogar- las cifras serían más abultadas) y solo se tomó en cuenta a la población con trabajo registrado (excluyendo a, por lo menos, un tercio de la clase trabajadora que cumple tareas de modo informal). En este laberinto de grises hay que agregar que muchas empresas y organismos tercerizan sus tareas (restringiendo derechos laborales) y que “sólo el 45,2% de los trabajadores y trabajadoras formales encuestadas” por la SRT manifestaron estar cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

El informe también señala que “es llamativo que no exista prácticamente registro de las muertes por enfermedades profesionales (EP)” en el país, ya que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo las EP tienen una incidencia mucho mayor que los “accidentes” en los decesos. Puesto en perspectiva, el drama de los asesinatos laborales parece todavía mucho más grave de lo que reflejan las cifras oficiales.

[i] Basta de Asesinatos Laborales

Notas relacionadas:  

BASTA DE ASESINATOS LABORALES

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Desde tempranas horas del martes, trabajadoras y trabajadores de la vía pública del barrio de Once, fueron objeto de un operativo de desalojo con una violenta represión por parte de las fuerzas de inseguridad que representan al Estado.

Mercaderías confiscadas y el impedimento de trabajar. Feriantes, manteros y vendedores ambulantes se movilizaron para responder a los palos y ocuparon las calles para reclamar por su derecho al trabajo. También fueron reprimidos trabajadores y trabajadoras de los medios de prensa, que cubrían la noticia.

Hace casi un año, trabajadores y trabajadoras de la vía pública fueron desalojados y reprimidos en la calle Avellaneda, del barrio de Flores. Con promesas de relocalización que nunca se cumplieron, estas personas aún esperan una solución por parte del gobierno ciudadano. Una estrategia de gran contenido mediático que estigmatiza a estos trabajadores pobres, que sostienen la economía popular, por fuera de toda formalidad. En su gran mayoría comercializan mercaderías que responden a una producción industrial, de la cual ellos son el último eslabón. Sin embargo el sentido común instala la responsabilidad en el comercio hormiga, informal, que sostiene esas producciones industriales cuyo beneficio va a parar al bolsillo de los empresarios, que ni siquiera son sospechados por este accionar, que evade impuestos a gran escala, que no declara sus ingresos y que implica una red de comercialización informal, una mafia, que lucra no solo con el hambre de las clases populares, sino también con otro modo de subsistencia.

Medios masivos serviles

Mientras tanto los medios masivos se ocupan de legitimar los argumentos, esgrimidos por el Gobierno de la Ciudad con ayuda de los comerciantes, que culpabilizan a estos trabajadores de la economía popular porque ocupan el espacio público, no pagan impuestos, no tienen autorización para trabajar y son parte de una mafia. Todo ello los hace responsables de la falta de ventas en los comercios de la zona. Una construcción discursiva que oculta el beneficio para los grandes empresarios textiles, que alimentan circuitos de informalidad para comercializar y a la vez invisibiliza la responsabilidad que tienen las actuales políticas económicas en la disminución del consumo, que los afecta.

Al mismo tiempo

Un operativo ejecutado en defensa del espacio público e instrumentado brutalmente por la Policía de la Ciudad golpeó a mujeres, jóvenes y persiguió incluso a trabajadores discapacitados cuyo único modo de ganarse la vida es la venta callejera. Curiosamente no interviene el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que los perseguidos son trabajadoras y trabajadores en condiciones de gran vulnerabilidad social. Poco antes de finalizar el año el gobierno nacional junto con el Congreso Nacional reconoció la Emergencia Social por la situación de los sectores más frágiles de la sociedad.

Al mismo tiempo que se reprimen a los trabajadores más informales, se ejecuta otra operación discursiva desde las políticas del gobierno nacional. La flexibilización laboral está en marcha. Esa que fuera anunciada desde el minuto cero de este gobierno, cuando desde el diario La Nación se anunciaba que era alto el costo laboral argentino. El Secretario de Empleo y ex directivo de Techint, Miguel Ángel Ponte, enunció esta semana que “la posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia” a lo que agregó que es como “comer y descomer” con una metáfora alimenticia de dudosa veracidad, para alguien que no debe haber tenido dificultades para acceder a la ingesta diaria. El funcionario hacía alusión a la implementación de pasantías laborales favorecidas desde la cartera laboral, lo que en la práctica implica la flexibilización del mercado laboral, cuyos salarios van a la baja. Esto se acompaña de políticas de Estado que buscan reducir los aportes y contribuciones patronales que sostienen el sistema previsional. Es decir favorecen una vez más a los grandes grupos económicos.

Al mismo tiempo los diarios titulan “Macri firma convenio de Vaca Muerta y logra la primera flexibilización laboral” (El Cronista). Un acuerdo que suscribe el presidente Mauricio Macri y sus ministros con el acuerdo del secretario general del Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquen y La Pampa, Guillermo Pereyra y su par de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo. La flexibilización laboral con la complicidad escandalosa de los representantes de las y los trabajadores que benefician a las petroleras.

Al mismo tiempo, se implementa la complicidad del aparato judicial, que a través de uno de sus jueces acaba de deportar a un joven con la hipótesis de implicación en un asesinato, que aún no ha llegado a juicio, contrariando la presunción de inocencia que consagra nuestro derecho.

¿Qué relación tiene esto con los vendedores desalojados?

Mientras los medios, cómplices históricos, ponen el foco en perseguir a las personas que buscan un miserable sustento diario, con extensas jornadas laborales soportando las inclemencias climáticas, se oculta que no parece haber otra posibilidad de alcanzar otro modo de ganarse la vida. Emergencia social, creciente desocupación, junto con la flexibilización laboral muestran el trazado de un ajuste que está en marcha, un ajuste feroz para una gran mayoría, que solo cierra con represión. Así también lo muestran los episodios que están sucediendo en nuestra Patagonia, donde se instrumenta la represión de estado para permitir la entregan de territorios y cursos de agua que benefician a grandes grupos económicos

La sociedad busca un chivo expiatorio, alguien a quien responsabilizar por sus males. En general estas hipótesis se dirigen a la representación del extranjero, el negro, el pobre, los jóvenes, es decir el diferente, que se convierte en una amenaza. Un discurso legitimado desde las usinas del pensamiento más xenófobo, tal como lo expresa de manera brutal el discurso de Trump y que cotidianamente circula en el sentido común más instalado: inmigrantes, extranjeros, de otras religiones, una amenaza a la integridad de los estados nacionales. Un discurso que se dirige a encontrar siempre un culpable en el más débil.

La cuestión de las y los vendedores callejeros aún no encuentra solución, la de la entrega de nuestros intereses soberanos a los grandes grupos económicos tampoco, pero mientras tanto el pueblo se organiza, se moviliza y lucha. “Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino” tal es lo que consagra nuestra Constitución Nacional, al mismo tiempo en su artículo 14 bis garantiza el derecho al trabajo.

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El 22 de noviembre se produjo en nuestro país un hecho inédito. La derecha neoliberal ganó la oportunidad de acceder al poder, por primera vez, de manera democrática. Más allá de lo que llevó a que eso se produzca, analizaremos aquí las consecuencias de las políticas e intereses que representa este sector para el mercado de hidrocarburos.

En primer lugar, nos enfocaremos en los personajes que llevarán adelante estas políticas. El más importante de ellos es Juan José Aranguren, quien ocupará el Ministerio de Energía y Minería. Un repaso de su carrera nos obliga a mencionar que trabajó durante 37 años en Shell Argentina, la subsidiaria de Shell, empresa anglo-holandesa de producción de hidrocarburos. Aranguren se dedicó a atacar cualquier iniciativa del gobierno saliente que tuviera que ver con una mayor intervención del Estado en el mercado, como control de precios o creación de entes estatales. En agosto de 2012, elevó un recurso de amparo en contra del Decreto 1277/12, una de las iniciativas más interesantes del kirchnerismo. Este Decreto derogaba los artículos más importantes de los Decretos desreguladores del mercado de hidrocarburos del menemismo (1055, 1212 y 1589 del año 1989) y creaba una Comisión de Coordinación y Planificación de Inversiones para lograr el autoabastecimiento. Esta Comisión tiene la facultad de vetar los proyectos que deben presentar las empresas operadoras del sector. En su argumentación, Aranguren esgrimía que no correspondía darle información al Estado porque el mismo Estado participa del mercado a través de YPF, nacionalizada parcialmente ese año. En realidad, lo que le molestaba a Aranguren era que el Estado participara.

Hace poco tiempo declaró que no es necesario lograr el “autoabastecimiento” y desvalorizó el concepto de “soberanía energética” levantando el de “seguridad energética”. Este concepto, desarrollado en EEUU, implica el aseguramiento de las fuentes de energía, sean internas o externas. En ese país funciona con el ejército más poderoso del planeta, ocupando las regiones sensibles para asegurar el abastecimiento. En un país periférico con una economía dependiente como el nuestro, no parece ser aplicable. Es por ello que es tan importante poder abastecernos nosotros mismos.

Otro de los que se sumará al Ministerio es Daniel Montamat. Fue secretario de Energía durante la presidencia de Fernando De la Rúa y presidente de YPF durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Es uno de los ex secretarios de Energía que vienen fustigando la política energética de los últimos años y consulta permanente de los grandes medios de comunicación. Ya venía utilizando el término “sinceramiento”, en boga en estos días, en sus charlas desde hace tiempo (tuve el “privilegio” de asistir a una de ellas), indicando que las tarifas deben dejar de estar subsidiadas. Indica que actualmente el gasto en servicios públicos es del 3% de un ingreso familiar promedio y que debe volver al valor “histórico”del 12%. Eso implica cuadriplicar las tarifas en términos reales. Por otra parte, aboga por un mercado libre de cualquier regulación estatal, tanto para comercializar, como para exportar e importar. Va más allá que incluso que un país librecambista como EEUU, que tiene regulaciones, e incluso prohibiciones, para exportar crudo.

Para ellos dos, YPF debe volver a ser privada ya que el Estado no debe participar de ese mercado. Existe un consenso social muy fuerte acerca de la necesidad de la presencia estatal en la producción de hidrocarburos, con lo cual será difícil en lo inmediato que puedan llegar a concretar ese objetivo. Incluso, declaraciones recientes de Aranguren indican que tiene la intención de manter YPF bajo control estatal. De cualquier manera, las estrategias neoliberales fueron primero desprestigiar y desvalorizar el papel del Estado, mediante la aplicación de políticas específicas intencionales con el objeto de que YPF sea mostrada como empresa ineficiente. O, siendo eficiente, disminuyendo su peso en el mercado de hidrocarburos para que sea ocupado por empresas privadas. Las estrategias pueden ser variadas. El objetivo único. Aumentar la participación de las empresas privadas en detrimento de la presencia estatal.

Otro de los caballitos de batalla suele ser el reclamo de “seguridad jurídica” para “atraer inversiones”. Se deduce que luego del “sinceramiento” vendrán ingentes capitales extranjeros para invertir. La historia es conocida. Esos capitales vienen en pos de altas tasas de rentabilidad. Habrá algunos resultados y luego, en la primera de cambio, esos capitales volarán a sus países de origen. Para ello, se tomará deuda para obtener las divisas necesarias y la rueda seguirá. Con un país cada vez más endeudado y más extranjerizado.

Un punto aparte es la intención del futuro gobierno de alejarse de Venezuela y acercarse a la Alianza del Pacífico. Una cuña metida por EEUU con Tratados de Libre Comercio conformada por Chile, Colombia, México y Perú. La intención es aislar a Venezuela, expulsarla del Mercosur y debilitar a los gobiernos populares de Ecuador y Bolivia. Los tres son grandes productores de hidrocarburos. Si bien hasta ahora no ha funcionado una unión energética sudamericana, salvo algunas iniciativas, esta intención la clausura definitivamente.

Otro cuestión a tener en cuenta es el desarrollo de Vaca Muerta y su explotación no convencional. Montamat declara que se necesitan entre U$S 20.000 y U$S 30.000 millones para lograr un desarrollo tal que reemplace la cuantiosa importación de gas natural (en 2014 el total de importaciones de combustibles fue de U$S 10.903 millones, la mayor parte Gas Natural). Posiblemente esos números sean correctos. En línea con el nuevo equipo económico, asegura que hay que generar las condiciones para “atraer” esas inversiones. La manera sería eliminar las restricciones impuestas por el Estado en la última década, como el Decreto 1277/12 que derogaba los artículos más importantes de los decretos desreguladores del mercado de hidrocarburos de 1989 y creaba una Comisión de Evaluación de Inversiones con poder de veto. De esta manera, quedaría el precio libre, sin la “distorsión” de los subsidios. En el caso del gas, que es el producto que mayormente importamos, el precio se acercaría al internacional, mucho más alto que el precio interno actual con subsidios. Así “lloverían” las inversiones, principalmente del extranjero. Es cuestión de ver qué herramienta utilizarán. YPF con acuerdos parecidos a los de Chevron pero multiplicándose por decenas o mediante nuevas concesiones entregadas por las Provincias bajo el amparo de la Ley 27.007 de Hidrocarburos modificada en 2014 que establece beneficios para la explotación no convencional.

En resumidas cuentas, poner Vaca Muerta al mejor postor.

Todo forma parte de un combo. El plan económico, el político y el energético. Sólo la resistencia del pueblo definirá hasta dónde puede llegar.

*Ingeniero en Proyectos de Gas y Petróleo. Consejero por Graduados FIUBA

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