La Cámara del Trabajo habia fallado en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y en favor de Roberto Fernández, sindicalista amigo del gobierno,  Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El titular de los “metrodelegados”, Roberto Pianelli, dijo que el fallo de la Corte que confirmó la nulidad de la personería gremial de su organización, “es escandaloso; es un fallo claramente político y contra la libertad sindical”.

Agregó que “viola la libertad sindical, la entierra, no es una casualidad; fue sacado por la mayoría de la Corte un día después que paramos en defensa de la salud de nuestros compañeros”, en referencia a la denuncia sobre la existencia de amianto (o asbesto) en uno de los modelos de tren, lo que fue desmentido por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
Sostuvo que “una justicia adicta al gobierno saca resoluciones de este tipo” y señaló que se beneficia a la UTA, que “no se quiso presentar a cotejar con nosotros, boicoteó el expediente y lo sigue boicoteando y le dan de por vida la garantía de que no le van a tocar la personería”.
Además recordó que la UTA firmó “una paritaria como la que quería el gobierno; es el único gremio del gobierno que se sienta junto al Ministro a anunciar los aumentos de tarifas que van a golpear a sus trabajadores y a los de otras actividades”. Pianelli aseguró que a pesar del fallo adverso van a seguir “haciendo lo que hicimos siempre: estamos comprometidos con nuestros compañeros, con la defensa de los intereses de los usuarios para tener el mejor transporte, el más seguro de todos, y tenemos derechos para hacerlo”, concluyó.

Recordemos que la Cámara del Trabajo falló en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). El trámite de personería gremial es una instancia que prevé constatar qué sindicato tiene mayor afiliación, para eso se citó a la AGTSyP y a la UTA. Este último no se presentó. Sin embargo para la Cámara no mereció sanción alguna. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia resolvió no tratar el recurso extraordinario que presentó la AGTSyP contra la sentencia de la Cámara del Trabajo.

En un comunicado, la AGTSyP señala que agotada la instancia judicial, llevará su reclamo ante la CIDH y la OIT. No obstante aclara que sigue siendo el sindicato más representativo de los trabajadores del Subte y Premetro, con la mayor afiliación y que conforme a las normas constitucionales y la doctrina de la OIT, reconocida por la Corte Suprema, tiene los derechos de representar los intereses colectivos de los trabajadores subterráneos.

Un fallo que beneficia a la UTA

Roberto Fernández desde 1984 no agarra el volante de un colectivo. Desde entonces ha ocupado distintos cargos en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), hasta convertirse en septiembre de 2006 en secretario general del gremio. Cansados de los pactos de Fernández con Roggio, el millonario dueño de Metrovías, y los gobiernos de turno, en 2008 los trabajadores del subte realizaron un plebiscito que determinó que la inmensa mayoría quería un nuevo sindicato. Primero tuvieron la inscripción simple, y en 2015 lograron la personería.

Fernández redoblaría entonces su intento de robarle a la AGTSyP la representatividad que le habían dado sus compañeros. Para eso, además del lobby ante el Ministerio de Trabajo y la Corte Suprema, la UTA no paró de hacerle favores al gobierno y los empresarios.

En 2013, dos días antes del traspaso del subte de la Nación al intendente Macri, la UTA firmó con Metrovías un acuerdo para la “adecuación de las condiciones laborales necesarias para mejorar el servicio” incluyendo una cláusula de paz social y numerosas medidas “a fin de aumentar eficiencia y productividad”. Era una devolución de favores a Macri, que había adelantado un mes antes que sólo reconocería a la UTA como el gremio con injerencia en el Subte: “los metrodelegados se arrogan una representatividad que no les corresponde”, afirmó.

Roberto Fernández nunca se olvida de sus amigos. Como cuando ofreció aquella postal inédita en la historia argentina: un sindicalista anunciando un tarifazo en el transporte. Fue el 31 de marzo de 2016, cuando participó del anuncio del aumento de tarifas junto al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El 18 de diciembre de 2017, se conoció el comunicado que señalaba que “la Unión Tranviaria Automotor no adhiere al paro del 19 de diciembre”, cuando miles manifestaban en las calles contra la reforma previsional. Por último, fue la firma de la paritaria del gremio por el 15%, en tres cuotas y sin cláusula gatillo, como propone el gobierno. Un día después llegaría el fallo de la Suprema Corte.

El paro del 13

El pasado 13 de marzo, los trabajadores del subte anunciaron un paro en todas las líneas desde las 20:00 y hasta el fin del servicio, en reclamo de medidas de seguridad ante la presencia de material cancerígeno en las formaciones usadas de la Línea B, que fueron compradas a España.

“El plenario de delegados de AGTSyP del Subte resolvió un paro desde las 20 hasta el cierre exigiendo que se elimine toda pieza con asbesto de las formaciones que lo contienen. Se trata de un material prohibido, cancerígeno, detectado en el metro de España, en los mismos trenes que el gobierno de Macri compró allí como material de rezago”, informaron los metrodelegados.

Los trabajadores del subte pidieron que “todo el material rodante sospechado” sea revisado y reformado para eliminar el asbesto antes de ponerlo nuevamente en circulación. También reclamaron la implementación de protocolos de seguridad eléctrica, cuyo incumplimiento costó la vida de cinco trabajadores. “No se puede confiar en una patronal que adolece de negligencia criminal sistemática en materia de la seguridad de trabajadores y usuarios”, opinaron.

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El conflicto del transporte público en Córdoba ha quedado paralizado. Los medios comerciales ya no hablan de eso. Hay 183 trabajadores y trabajadoras despedidas y un chofer fallecido ante la desolación del desempleo y la corrupción. Las mujeres operadoras del trolebús continúan su lucha con un acampe frente a la Municipalidad cordobesa. Mientras la UTA, el municipio y la provincia hacen tiempo para lograr la mejor salida acorde a sus intereses. La burocracia y el poder que cuesta la vida de las y los trabajadores.

Ya es media mañana y el cielo parece aún amanecer con un sol tenue que cobija las calles. Frente a la puerta de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, una carpa blanca deja leerse en sus paredes de lona carteles que exigen la reincorporación de las y los despedidos del transporte. Adentro, dos carpas más chicas con abrigos, un baño químico, sillas, agua, un calentador entre otros insumos que a lo largo del mes se han ido acumulando haciendo el hogar de las trabajadoras que allí se rotan para dormir.

“Las mujeres somos las que vamos al frente. El hombre no tiene alma de guerrero”, comienza Graciela Caliva. “La mujer va a la lucha por todo y no le teme a nada”. Graciela es riojana y hace 22 años que maneja un trolebús.
Los trolebuses llegaron a la ciudad de Córdoba en el año 1989 desde Rusia, ya que se desarrollaron en la mayoría de los países de la Unión Soviética que tenían más de 200.000 habitantes. De la mano del intendente radical Ramón Mestre -padre-, se firmó un convenio por el cual sólo pueden ser manejados por mujeres. De inmediato ellas coparon el volante y comenzó una historia que también tienen marcada en sus cuerpos.

Cuando Graciela describe el funcionamiento de un trole parece reconocer cada artefacto, cada pieza que hace a su marcha. “El trolebús es eléctrico, le entran 550 volts de electricidad. Va enganchado con lanzas a una línea. Por ahí se te escapa la lanza y pega tirones en el cuerpo. En mi caso tengo los dos tendones rotos de los hombros, deshilachados. Atrás nuestro hay dos llaves generales, que cuando vos vas manejando salta, te deja sorda, vas perdiendo la audición. Tenemos frenos y aceleración, contactos y un compresor que continuamente hace ruido. Los pedales son hacia abajo. Yo tengo los meniscos fisurados y las rótulas cruzadas, se te van rompiendo las rodillas. Los asientos son duros, con una amortiguación pesada y los golpes secos se sienten”. El relato de Graciela se hace extensivo a la situación de la mayoría de las trabajadoras. Problemas de columna, intestino, tumores, y muchas mujeres con cáncer de útero que han debido ser operadas. Con el tiempo, la falta de inversión para mejorarlos incidió en un desgaste que se fue trasladando a las condiciones de vida de las trabajadoras.

“Hace cinco años que me sacaron el útero”. Interviene Viviana Chiaty, con 25 años de antigüedad en el transporte. “Hay chicas que recién entran y le sucede lo mismo. La mayoría comienza con endometriosis y hemorragias”.  La resistencia, depende de cada cuerpo. “Las condiciones siempre se pudieron mejorar. Nosotras mismas hemos colaborado para mejorarlos”, dice Viviana y recuerda lo cotidiano que se les hace meter las manos en los contactores por las fallas intermitentes del trole y sentir el empujón de la corriente.

“Pero nosotras no le tenemos miedo a nada -reafirma Graciela-. Quieren terminar con nuestra fuente de trabajo. Amamos los trolebuses, queremos que los pongan en condiciones. A raíz del vaciamiento quedó una frecuencia precaria, de cada siete minutos ahora pasó a veinticinco. La gente se ha acercado a la carpa, se han solidarizado y dejado dos mil firmas pidiendo por la reincorporación”. Las mujeres al volante son un distintivo que el y la usuaria percibe, “hay más gente esperando el trole. También lo eligen por el buen trato con los pasajeros”, reconoce Graciela, y aclara que su lucha es por todos y todas las compañeras. A pesar de los 28 días de acampe su semblanza es fresca y se organiza para estar siempre arreglada: “Quiero lo que es justo. Le pongo el alma, el cuerpo, todo mi ser a esta lucha. Este gobierno está llevando a un pueblo a la esclavitud. Ojalá todos se nos unan”.

El camino de la desinversión

Los trolebuses pertenecen desde el 2004 a la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad Anónima (TAMSE). Ahora el municipio ha decidido comenzar a despedir a las trabajadoras con más años de servicio y en esa lista aparecen los primeros legajos confeccionados en la historia del trolebús de Córdoba. “Nosotras no llegamos a los 30 años de aportes”, dice Viviana Gómez, con 25 años de trabajo en el trolebús.

Viviana, “Mumi”, tiene 46 años y su estado de salud no es mucho mejor que el de sus compañeras. “Este es mi segundo despido bajo el mandato de Mestre, porque tengo una tarea pasiva a raíz de que los médicos de la ART me bajaron del coche y mi situación no es rentable para la lógica empresarial. Tenemos un convenio donde se nos reconoce por siete horas de trabajo, por considerarse  insalubre y aun así no alcanza. Hay que actualizarlo y modificarlo. Pero, lejos de eso, Macri entongado con Schiaretti y la municipalidad vienen con otra historia: la intención es ampliar la cantidad de horas, como la reforma de flexibilización laboral de Brasil”.

Mumi se acerca a la ronda para hacerse escuchar mejor. Hace poco tiene una afección en la garganta y tiene que esforzar su voz. El conflicto del transporte tiene un claro trasfondo de corrupción donde se beneficia la UTA, el intendente radical Ramón Mestre hijo, y la empresa de origen correntino, ERSA (Empresa Romero SA) que está monopolizando el transporte público en Córdoba.

“Somos la mayor cantidad de despedidas: de los 183, 68 trabajadoras son de trolebuses. Nosotras somos la empresa más chica de transporte urbano de Córdoba, ocupamos solo un 6% del total, sin embargo de ese 6% han sido despedidas un 40%. En números, a ERSA, la empresa más grande, que ocupa el 70% del recorrido y del personal, les despidieron 37 trabajadores y nosotras con 120 trabajadoras nos despidieron 68”, explica Mumi.
Tres semanas antes del paro que comenzó a principios de junio contra la paritaria cerrada por UTA Nacional, las trabajadoras del trole denunciaron en el Concejo Deliberante que los subsidios al transporte eran desviados, ya que la desinversión iba en aumento. “Después se vino el paro, fuimos al frente de la marcha y gritamos demasiado. La intención de Mestre es desaparecer el sistema, por lo que ha reemplazado prácticamente en su totalidad por colectivos. Los empresarios nunca quieren mujeres, las consideran deficitarias por los embarazos, por los hijos cuando se enferman. Es un ataque a nuestros derechos, tanto por parte de Mestre como de la UTA”.

Hoy en las calles de Córdoba la flota de colectivos ERSA, está reemplazando a las otras líneas de transporte. Pero el entramado entre el sindicato, los empresarios y el poder político es lo que lleva a la situación de desgaste que están padeciendo los casi doscientos trabajadores y trabajadoras despedidas. “Los empresarios son simulacros, porque el verdadero dueño de las empresas, por ejemplo ERSA, es Mestre, socio de Romero. El gobierno municipal y provincial están asociados ilícitamente a una mafia que es UTA. Y a UTA se la compra con mucho dinero. Muchos intereses económicos y gubernamentales, poderes que se dan entre ellos, dinero que se mueve de manera ilícita, donde toda esa situación no solo la pagamos las y los trabajadores del transporte sino también los usuarios que es a donde va destinada su plata”, enfatiza Mumi.

La solidaridad vino de todas partes, de la UTA solo vinieron amenazas y extorsión.  “Han venido hasta con armas a la madrugada para levantar la carpa. El sindicato está actuando como los empresarios. No estaríamos acá si nos representaría”, interviene Graciela. “Tanto la empresa como el gremio controlan que no nos juntemos ni organicemos”, agrega.

“A mí me lo propusieron: -querés volver Mumi, andá a la punta de línea y traé cinco compañeros activos, que levanten la mano para el desafuero de los delegados y volvés a trabajar-. Yo no lo hice”.

A dos meses de no cobrar el salario, inmersos e inmersasas en extorsiones que juegan con la vida de los y las trabajadoras, la UTA consiguió el desafuero de los delegados y la situación continúa igual. Años de burocracia sindical, siendo el mismo sindicato el que se pone del lado de la patronal junto a los delegados de las empresas más importantes:  ERSA y Coniferal, funcionales a la Municipalidad y la UTA Nacional. En cambio los y las delegadas que representaban los intereses de las trabajadoras y los trabajadores perdieron sus fueros y son quienes pertenecen a TAMSE trolebuses y AUCOR.

La lucha de las mujeres es una batalla dura contra un patriarcado enquistado tan violentamente en un rubro que hegemonizan los hombres y con un sindicato que destila machismo por todos lados. Los troles llevan 28 años circulando por las calles de Córdoba y sin embargo nunca se pudo lograr que la UTA homologue en el convenio de trabajo los derechos de las mujeres. Por eso, cuando una mujer se embaraza tiene que sacar carpeta médica. “Un embarazo no es una enfermedad, pero como no estamos en el convenio la mujer tiene que sacar carpeta y sufrir un descuento salarial por eso”, expresa Mumi.

Desde el 9 de junio el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba tiene el acta donde se compromete a la reincorporación de todas y todos los trabajadores. El desgaste a que apelan tiene como telón de fondo la desinversión, principalmente, del servicio de trolebús: sacar a las trabajadoras con más antigüedad y por ende con más problemas de salud y de a poco dejar el transporte concentrado en una o dos empresas.

“En esa demora ya llevamos dos meses en la que se ha llegado a que un compañero pierda su vida, agobiado y extorsionado por toda esta situación. Muchas compañeras son sostenes de familia. Les han cortado obras sociales, hasta la cobertura médica a compañeras con hijos discapacitados. Por eso, al usuario hay que decirle que los problemas que padecen son los mismos que los trabajadores, que no debemos prestarnos a la división que ellos nos quieren generar”, enfatiza Mumi.

A la salida de la carpa el cielo ya se ve más despejado. “Mañana hacemos la olla popular”, dice Graciela al despedirse. La solidaridad de clase se condensa en la carpa como un punto de encuentro para mantener viva la lucha, “para que la gente no se olvide”, dicen. Y aparece la hermandad de reconocerse entre tantas, la fortaleza que nace ante la convicción de lo justo y la calidez de un abrazo colectivo que prologa al día para salir a guerrear al tiempo que no se detiene.

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La ciudad de Córdoba, bastión macrista, hace 7 días que está totalmente paralizada, sin escuelas ni comercios funcionando. Es por una huelga que iniciaron choferes y delegados de la UTA contra la paritaria nacional aprobada por el gremio hace una semana.

Rebelión en “La Docta”

Al mediodía del domingo el intendente Mestre realizó una conferencia de prensa en la cual anunció un Plan de Emergencia del Servicio de Transporte con unidades custodiadas por Gendarmería, Policía Federal y Policía de Córdoba. Sostuvo además que llamaría a una consulta popular para que el transporte se declare “servicio esencial”. Pasada la conferencia, se publicaron, vías redes sociales, videos y fotos de la llegada de Gendarmería, Policía provincial y Federal a las cabeceras de línea de los colectivos y el posterior traslado de las unidades a los predios de la Escuela de Aviación militar. “Usan los predios militares, ayer campos de concentración, como garaje de las patronales”, afirmó la legisladora provincial Laura Vilches del FIT.

Todo comenzó el viernes 2 de junio pasado, cuando la UTA nacional, a cargo de Roberto Fernández, de estrecha sintonía con el macrismo, cerró un acuerdo con el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para las paritarias nacionales de los choferes de corta distancia.

Los choferes cordobeses denuncian que para este año, solo les corresponde un aumento del 8%, sin retroactivo. Exigen que el pago del 21% escalonado que se acordó con el gobierno para el 2017-18 sea en un pago y sobre el sueldo bruto del convenio de Córdoba. Hay una diferencia de 11,5% ya que en años anteriores venían aplicando estos aumentos salariales sobre el salario bruto de Córdoba, no sobre el básico del convenio. Antes, esta diferencia era abonada por la Municipalidad local. Ahora Mestre decidió no pagarlo, aduciendo falta de fondos.

Por esta razón, el mismo viernes 2, luego de una serie de asambleas, los choferes se rebelaron y rechazaron de plano el acuerdo firmado por la UTA nacional. Primero solicitaron, ante el intendente Mestre, una mesa de diálogo que el mandatario nunca abrió. Tras cartón, proclamaron un paro por tiempo indeterminado, a partir del lunes 5, que ya lleva 7 días ininterrumpidos.

Crónica día por día

El lunes 5, durante el primer día de paro, el Ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba, Omar Sereno, abogado laboralista y peronista, asesor de sindicatos, que responde al gobernador Juan Schiaretti, intentó frenarlo, dictando una conciliación obligatoria por 15 días. La medida fue acatada y defendida por el interventor de la UTA, Arcando, bajo el argumento que si no la aceptaban, el paro sería decretado ilegal. Sin embargo, los choferes la rechazaron.

Al otro día, el martes 6, a primera hora, como lo anticipó el interventor de la UTA, el paro fue declarado ilegal y algunas unidades intentaron circular con custodia policial.

Las empresas Aucor, Coniferal y Ersa comenzaron a mandar intimaciones a los choferes para que abandonen el paro, bajo la amenaza de ser despedidos si no se reincorporaban. A estas intimidaciones se plegó el intendente de Cambiemos, quien les recomendó a los choferes que “cuiden sus fuentes de trabajo”. También, el interventor de la UTA, quien justificando futuros despidos anticipó: “hoy los empresarios están en todo su derecho de pedir que el Ministerio declare la ilegalidad de la medida”.

Aun así, ni las intimaciones del gobierno y empresarios, ni las amenazas del intendente, ni la defección del interventor, amilanaron a los choferes cordobeses, quienes decidieron continuar con la huelga, en rechazo de la paritaria nacional. Como respuesta, los empresarios de la FETAP comenzaron a mandar telegramas de despido, llegando a totalizar unos 80.

El miércoles, la ciudad de Córdoba amaneció con piquetes de los choferes, en las cabeceras de línea, que impidieron que los colectivos salgan a la calle. A la par, Mestre pretendió implementar un “Plan de contingencia” que consistía en que aquellos usuarios de colectivos afectados por el paro, puedan tomarse taxis y remises por un valor de 15 pesos en unas 16 rutas que llevan al centro de Córdoba. A cambio de eso, el municipio los eximiría de un arancel de unos 900 pesos.

El “Plan de Contingencia” de Mestre nunca pudo funcionar. Lo frenaron los propios sindicatos de taxis y remises de Córdoba que se negaron a implementarlo. “De ninguna manera nos vamos a meter dentro de un conflicto que no es nuestro”, dijo Miguel Arias, titular del sindicato de Peones de Taxi de Córdoba.

El jueves 8 el conflicto siguió creciendo en intensidad. A la mañana, como hacía mucho tiempo que no se veía, los principales gremios de Córdoba, encabezados por Luz y Fuerza, Surbac (recolección de basura) y peones de Taxi, marcharon por las calles de la ciudad hasta la sede de la intervenida UTA, en apoyo a los choferes y delegados. De la movilización participó Rubén “Pollo” Sobrero de los ferroviarios del Sarmiento. Volvieron a escucharse las palabras “Cordobazo” y “Atilio López”, mítico dirigente gremial de la UTA, que llegó a ser vicegobernador de Córdoba en los 70, durante el tercer gobierno de Perón, y vilmente asesinado por las Tres A.

Por la tarde, el gobierno de la provincia a cargo de Juan Schiaretti, aliado de Macri, denunció penalmente ante el fiscal Guillermo González, a los trabajadores y delegados de la UTA, por amenazar la paz social.

Retomando las intimidaciones, el viernes 9, la UTA Nacional, emitió un comunicado instando a los choferes de la delegación local a acatar la conciliación obligatoria. “A los compañeros trabajadores les decimos, que sólo nuestro sindicato podrá garantizar la reincorporación de los despedidos, el cese de las intimaciones y la recuperación de los días perdidos, en tanto y en cuanto, se respete la autoridad y la ley”, expresaba el documento.

Por su parte, el intendente Mestre y el vicegobernador Martín Llaryora (primer candidato a diputado nacional por el peronismo) sacaron otro documento conjunto solicitando “una intervención eficaz del Ministerio de Trabajo de la Nación y el gremio nacional de la UTA, ya que quedó claro que el conflicto en Córdoba es por la paritaria y la renovación de las autoridades del gremio en Córdoba”.

Mientras tanto, algunas unidades de la empresa Coniferal y Ersa intentaban salir a la calle con custodia policial. Esto motivó que dos choferes se arrojaran al piso para evitar su salida, por lo cual fueron detenidos e imputados por entorpecimiento por el fiscal Alfredo Villegas.

Por la tarde, Roberto Fernández, titular de UTA Nacional, ofreció a los choferes para que levanten el paro, el adelanto de un bono de 5.800 pesos que debía cobrarse el 21 de junio, a acreditarse en 24 horas. “Estoy angustiado con esto, a la ley hay que respetarla, yo entiendo que los compañeros no estén de acuerdo con el 21%, pero la paritaria la hace el Consejo Directivo Nacional, se habló de un 8%, en octubre se discute si se sube arriba del 8% y se recupera, y en enero hay una cláusula gatillo que es del 6%. Y se adelanta un bono de 5.800 pesos“, explicó Fernández.

Sin embargo, su angustia se debe a otra cosa. El viernes, imitando a Córdoba, la UTA de Rosario acaba de lanzar una amenaza de paro para esta semana en reclamo de un plus salarial.

Si ganan los choferes de la UTA cordobesa, gana toda la clase obrera

Los mismos que garantizan el boleto más caro del país y el servicio más desastroso, para engordar los bolsillos de los propietarios de las empresas concesionarias, ahora se acuerdan de los “pobres usuarios”, para usarlos como carne de cañón contra otros trabajadores. Esta maniobra tiene que ser desbaratada con la movilización conjunta de trabajadores y usuarios contra los dueños del negocio.

Al respecto, Sonia Beas, referente de las trabajadoras de trolebuses de la empresa TAMSE, remarcaba “[los empresarios] No cumplen con los pliegos de licitación, reciben miles de millones de pesos en subsidios. El año pasado, en el 2016, las empresas privadas recibieron más de 7.000 millones de pesos, claramente no están trasladados a lo que son las condiciones de trabajo, mucho menos a mejorar el servicio para los usuarios. Los usuarios hoy esperan entre veinte, treinta minutos un colectivo, mucho más de lo que esperaban cuando la TAMSE Buses era estatal. Está claro que acá se priorizan siempre los negocios de los empresarios ante las necesidades de los usuarios y el salario de los trabajadores”.

El conflicto que desarrollan los trabajadores del transporte es durísimo porque patronales, burocracias sindicales, gobiernos y empresarios de medios los quieren derrotar. El libreto es calcado para todos los casos: si los docentes hacen huelga, tienen de “rehenes a los alumnos y sus familias” y “no les importa la educación pública”.

Cuando el tarifazo de luz golpea sobre los bolsillos de una Córdoba con 40 % de pobreza, la “responsabilidad” es de los trabajadores de EPEC, cuyos salarios rondan o superan los 23.000 pesos básicos de la canasta familiar, un monto que cualquier trabajador o trabajadora debería cobrar. Ocurre lo mismo en el caso de la lucha de los choferes por su paritaria. Desde el gobierno y los grandes medios se los acusa de tener “sueldos de privilegio” y de perjudicar a otros trabajadores, los usuarios, con su reclamo. Ellos quieren garantizar que sea la clase trabajadora la que pague el ajuste, con bajas salariales y pérdida de derechos y conquistas. Por eso, si ganan los trabajadores y trabajadoras de la UTA, gana toda la clase obrera cordobesa.

La rebelión de los choferes y delegados de Córdoba, fruto de las bajas paritarias con cláusula gatillo que impuso el gobierno nacional, lejos de desaparecer pueden expandirse a otras ciudades. Lo cual le traería en un marco preelectoral, un dolor de cabeza a Cambiemos, que hasta ahora ha podido imponer su techo del 21% en casi todos los acuerdos salariales de los gremios más numerosos.

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