Colombia vive un hervidero. En pocas semanas ganó el NO en el plebiscito para refrendar los acuerdos entre el gobierno y las FARC, se dieron movilizaciones multitudinarias, le otorgaron el Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos y se anunciaron los diálogos con el ELN, que finalmente no comenzaron. Las claves de un conflicto armado que atraviesa a toda la sociedad en la voz de las mujeres que integran la delegación de paz en Ecuador.

La definición del plebiscito generó incertidumbre para todos los sectores. Aunque con un escaso margen, la decisión popular, con un nivel de abstención importante, tuvo como primera pregunta qué pasaría con el conflicto armado. La respuesta transversal fue el deseo de paz. Votantes del NO y del SI, políticos, sindicalistas, movimientos sociales y la población entera reafirmó la voluntad de paz y la necesidad de dar pasos hacia ella. Desde entonces, y en tiempos vertiginosos, Santos recibió el premio Nobel, Uribe manifestó su vocación de diálogo y millones de colombianos y colombianas salieron a las calles.

La apertura de la fase pública de las negociaciones con el ELN y la reanudación de los diálogos con las FARC fueron pasos concretos de cómo avanzar, sumando la participación de la sociedad civil. Sin embargo, la decisión unilateral tomada por el gobierno de Santos de suspender el inicio de la mesa de negociaciones en Quito hasta que fuera liberado uno de los retenidos por el ELN, el excongresista Odín Sánchez, enturbió el inicio del diálogo.

A diferencia de la delegación del gobierno de Santos, la del ELN cuenta con varias mujeres que son parte de la organización y que aportarán su mirada. Entre ellas, Consuelo Tapias, explicó: “La mesa debía instalarse el 27, pero hubo dificultades y hasta entonces permanecemos en Quito, esperando que se superen los malos entendidos y que podamos instalar la fase pública de los diálogos. Para instalar la mesa, el acuerdo entre ambas partes era realizar gestos humanitarios, que tienen que ver con liberaciones tanto de miembros del  ELN que están en las cárceles del régimen y liberaciones de personas que están en poder del ELN. En ese proceso nos encontramos hoy, con la expectativa de que se inicien los diálogos”.

Crónica de una apertura de diálogos frustrada

Cientos de referentes de movimientos sociales, cancilleres de los países garantes, periodistas colombianos y ecuatorianos estaban prestos a participar de la instalación de la fase pública de las negociaciones en Quito. La decisión de Santos de aplazarla por el supuesto incumplimiento del ELN de la liberación de Odín Sánchez tuvo como respuesta de la delegación de la insurgencia el detalle de los acuerdos, en donde eso no estaba pactado.

Si bien a una semana del aplazamiento de la mesa la delegación del ELN, delegados del gobierno y miembros de los países garantes continúan en conversaciones para poder iniciar los diálogos, el 27 se habían movilizado hasta Quito más de 200 referentes de movimientos sociales para poder expresar su voz en la instalación de la fase pública de las negociaciones y que ya regresaron a sus territorios.

La participación de la sociedad civil es el primer punto de la agenda de negociaciones de Quito. Desde numerosos sectores sociales ayer se lanzó en Colombia la Mesa Social por la Paz, justamente para plantear la importancia de que en los diálogos haya una voz protagónica y vinculante de los movimientos. En ese sentido, otra de las mujeres que es parte de la delegación del ELN, Silvana Guerrero, se refirió a la importancia de motivar un gran diálogo nacional de cara al proceso de paz: “Lo central de este proceso es que la sociedad civil participe, a través de sus organizaciones sociales, de los gremios económicos, de los sectores excluidos, los que nunca han tenido posibilidad de ser escuchados y mucho menos ser tenidas en cuenta sus propuestas. Sólo con la participación de toda la sociedad colombiana se podrán buscar transformaciones por la paz en Colombia, con los problemas concretos que afectan a los territorios y las personas y buscando salidas reales a las causas que originaron el conflicto armado en sus inicios”.

Diálogos con los votantes del SI, del NO y las FARC

Luego de los resultados del plebiscito son incontables las acciones e iniciativas que se han impulsado en Colombia para fomentar la paz: desde la Mesa Social el día de ayer, carpas y vigilias por la paz que llevan más de una semana, conversatorios, los diálogos del presidente Santos con los distintos espacios políticos y el nuevo encuentro con la delegación de las FARC en la Habana, entre muchos otros.

La preocupación de muchos sectores sociales se vincula a la “campaña sucia” que ha hecho el ex presidente Uribe en el marco del plebiscito, la confesión por parte de sus integrantes de esta campaña y el escenario de criminalización a los movimientos sociales que se mantiene en el país, en donde se ha dictado un código de policía de “mano dura” y en donde, en sólo la última semana, se han detenido dirigentes sindicales y asesinado a un líder campesino del Cauca de Marcha Patriótica.

En ese sentido, María Helena Buitrago, parte de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, aseguro: “El plebiscito le ha dejado una enseñanza a todo el pueblo colombiano. La paz no tiene color, ni bandos, por eso desde la mesa decimos que es necesaria la confluencia de todos los sectores. La paz  se debe construir entre todos y todas, depende de una voluntad real del estado, las guerrillas y el pueblo colombiano”.

Las tres mujeres, integrantes activas del ELN y de la delegación de paz, concluyeron con la importancia del rol de las mujeres, no sólo dentro de su organización sino para pensar el proceso de cambios en el país: “Lo que nosotras planteamos como mujeres elenas, pero además como colombianas, es que las mujeres debemos jugar un papel importante como sujeto político y de derecho, de posicionamiento político para ver si entre todas logramos cambiar esto, que es la realidad de nuestro país y del sistema patriarcal”.

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Mientras se redefinen los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC, y se busca destrabar el inicio de la mesa con el ELN, emerge una novedosa movilización social que inunda cotidianamente las calles colombianas en un grito unido por la paz.

A pesar de la derrota del “Sí” en el plebiscito del 2 de octubre, en el que se le consultó al pueblo colombiano si apoyaba el acuerdo final para terminar la guerra y alcanzar una paz estable y duradera, la posibilidad de construir nuevas esperanzas de transformación social no cesan de florecer y siguen surgiendo y acumulando voluntades, pasos y puños levantados dispuestos a defender la vida y la dignidad de un país que no tolera más la guerra, exigiéndole al Estado que implemente los acuerdos alcanzados en La Habana con la insurgencia de las FARC–EP y que instale de una vez la fase pública de la mesa de negociaciones con el ELN.

El nuevo escenario que vive el país, y el curso que han tenido las diferentes iniciativas ciudadanas, nos ha permitido reflexionar sobre el sentimiento inicial que invadió las horas y días siguientes a los resultados que dieron al No en el plebiscito la victoria: una votación con el 63% de abstención y un 50% que se había inclinado por el No se presentaba entonces como el correlato de un país desinteresado, despolitizado, despreocupado por la suerte de la guerra y la paz en la Colombia rural.

Sin embargo, del rencor y el sinsabor protagonistas durante la semana posterior al 2 de octubre, fuimos transitando a una oleada de convocatorias espontáneas en las principales ciudades del país. Muchas de estas personas, efectivamente, no acudieron a las urnas, incluso muchas votaron por la opción del No, pero se sintieron convocadas a construir desde escenarios callejeros y asamblearios propuestas de paz en las que se sintieran incluidas las diversas lecturas políticas presentes en la coyuntura política.

La urgencia para proponer nuevas formas de hacer política y para debatir sobre el contexto de incertidumbre que atravesamos se hizo presente en las principales plazas de las ciudades, en las universidades, también en los barrios, donde muchos y muchas sintieron por primera vez la responsabilidad de aportar frente al rumbo que está por tomar el país a favor de la paz y la transformación de la realidad que se vive en Colombia a causa del conflicto político, social y armado hace más de medio siglo.

El resultado adverso del plebiscito ha generado espacios de participación política a donde se lleva la preocupación por la paz, más allá del resultado mismo. Las expresiones artísticas y culturales han sido diarias desde entonces; progresivamente, la agenda política de nuestro país ha copado las universidades con charlas, debates y bailes por la paz; muchos barrios están haciendo pedagogías de paz y en otros persisten campamentos donde se exige que inicie la implementación de los acuerdos firmados.

Movilizaciones masivas en las principales plazas urbanas del país recibieron con alegría, respeto y reconocimiento a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y de víctimas del conflicto que viajaron desde las regiones rurales a la capital para exigirle al Estado el cumplimiento de los acuerdos y su implementación inmediata, generando actividades y espacios en defensa del cese bilateral de fuegos y hostilidades, proponiendo espacios como las Vigilias por la Paz, iniciativas que han pasado a ser parte de la agenda política de prisioneros y prisioneras políticas e inclusive de la guerrilla en varios de los campamentos, demostrando que el clamor por la paz y la reconciliación requiere de la armonía entre la Colombia urbana y la rural, diferencias evidenciadas en el plebiscito y que deben desaparecer si queremos una nueva Colombia erigida sobre las bases inamovibles de la unidad y la paz con justicia social.

Indudablemente, algún porcentaje de ese 63% inicial se encuentra hoy movilizado, tomándose las calles y los campos, llorando y abrazándose, siendo creativo a través de herramientas como la música y el teatro como elementos generadores de conciencia para el futuro, por la construcción de una Colombia que supere la guerra y genere por fin escenarios de participación democrática reales donde las clases populares tengan la posibilidad de ser artífices de su propio destino.

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Un recorrido por la trayectoria belicista del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a quien le acaban de otorgar el Nobel de la Paz. Acusado internacionalmente por ordenar el bombardeo de un país hermano, tuvo responsabilidad política en ejecuciones de jóvenes inocentes y abanderó la política de “Seguridad Democrática” que aterrorizó al pueblo colombiano hace apenas una década. Pero desde Noruega, parece, sólo se ven las más recientes camisas blancas.

Un animal político. “Un cyborg programado desde chiquito para ser presidente”, afirma la periodista Juanita León. Hijo de una de las familias dueñas del país, niño mimado de la oligarquía cachaca, con pregrados y maestrías en EEUU e Inglaterra, sobrino nieto de presidente, primo de vicepresidente, ministro de Hacienda, de Defensa, y finalmente presidente promotor de acuerdos de paz. “Si algo quiere Juan Manuel Santos es pasar a la historia”; la caracterización de Juanita León es de 2010, cuando aún debía ganar las presidenciales. Véanlo ahora, recibiendo el Nobel: pasó a la historia, nomás. Bien programado, después de todo, el cyborg.

La primera vez que Santos habló de un acuerdo de paz con comandantes de las FARC fue durante el gobierno de Samper, en los 90; habló también con Carlos Castaño de las Autodefensas Unidas de Colombia, y tanto a guerrilleros como a paramilitares les hizo una propuesta de paz, con una preacuerdo explícito: solicitar la renuncia del entonces presidente, que le había negado la embajada en Washington, escalón que él consideraba fundamental para su incipiente carrera. Después fue crítico inflexible del gobierno de Pastrana, hasta que en el año 2000 éste le ofreció el ministerio de Hacienda. En 2006 pidió a Uribe el ministerio de Defensa, el cargo de mayor exposición para catapultar su carrera a la presidencia.

“Algunos le recomendaban a Santos que no fuera ministro porque Uribe sólo tenía viceministros”, relata Juanita León en La Silla Vacía, pero, analiza, “quizás sea el único ministro de defensa que ha logrado un verdadero poder sobre los militares; entró a mandar”. Con esa impronta que nadie pone en duda, es difícil que Santos pudiera esquivar su responsabilidad en los crímenes de la doctrina de Seguridad Democrática que por años enlutaron al país.

Su gestión signó el período de mayor ofensiva bélica y violaciones de los Derechos Humanos de las Fuerzas Militares a su mando. Fue la época de injerencia más directa de los EEUU en los asuntos internos de un país latinoamericano “democrático”, por medio del Plan Colombia primero (que ya se había iniciado bajo la gestión Pastrana) y el Plan Patriota después; el mando estratégico de la “guerra contra el narcoterrorismo” durante la doctrina de la Seguridad Democrática recayó en manos de las criminales Agencias de Seguridad de los gobiernos norteamericano e israelí.

Que lo capture Interpol

De todas las atrocidades cometidas durante la Seguridad Democrática del gobierno de Uribe y de la gestión de Santos al frente de las Fuerzas Militares, el hecho que causó mayor conmoción internacional fue el bombardeo de territorio ecuatoriano. En 2008, el Ejército, unidades de operaciones especiales de Infantería de Marina y de la Fuerza Aérea colombianas atacaron el país vecino produciendo numerosas muertes, entre ellas un ciudadano ecuatoriano, cuatro mexicanos y varios colombianos. La operación se denominó Fénix; tuvo como excusa atacar a un campamento de las FARC y dar muerte a uno de sus comandantes, Raúl Reyes. A raíz de tamaño atropello a la soberanía de un país hermano, un juez ecuatoriano solicitó orden de captura contra Santos y otros miembros de la cúpula militar colombiana; el presidente Rafael Correa, por su parte, defendió el pedido de captura y solicitó a la Interpol el arresto del ministro colombiano, hoy Nobel de paz (El hecho quedó impune, después de todo).

El bombardeo sobre el campamento de Reyes fue la ofensiva bélica más notoria, pero otras tantas acciones de tierra arrasada se desarrollaron en los años de Santos al frente del ministerio de Defensa contra numerosos frentes guerrilleros de las FARC; centenares de miembros de la guerrilla fueron aniquilados por la acción coordinada de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, provocando un clima de guerra en las comunidades del país complementado por ataques y asesinatos a líderes sociales, masacres de las fuerzas militares regulares o paramilitares, bajo una estrategia común de aniquilamiento de la insurgencia. Santos dejó el ministerio en 2009, sólo para lanzar su candidatura presidencial.

Falso, todo falso

Durante su gestión al frente de una de las etapas más terribles de la guerra en Colombia, se destapó el doloroso escándalo de los “falsos positivos”: jóvenes campesinos o de extracción popular ejecutados por el ejército y presentados después como guerrilleros abatidos.

El caso más emblemático fue el de Soacha, en las afueras de Bogotá. Un grupo de jóvenes fue llevado al otro extremo del país, donde fueron asesinados y después de eso vestidos como guerrilleros. Cuando Santos asumió el ministerio en 2006 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ya había alertado sobre esas ejecuciones extrajudiciales de las tropas bajo su conducción política, pero durante los primeros años dejó hacer.

En septiembre de 2008 el Fiscal de Ocaña afirmó que los 9 jóvenes aparecidos en esa ciudad norteña habían caído en combate, y lo mismo dijo el de Cimitarra, refiriéndose a otros dos cuerpos encontrados allí. Pero eran los jóvenes de Soacha; con esa información, el director de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia llamó al ministro, y la situación ya no se pudo disimular. Cuando se conoció el escándalo, dos años después de estar al frente de un ejército que tuvo como práctica habitual la presentación de “falsos positivos”, recién entonces Santos creó una unidad especial de fiscales para investigar.

Hace nada, tres días apenas, las Madres de Soacha se instalaron una vez más a reclamar justicia en los tribunales. “No vamos a esperar más, estamos cansadas, nos tienen hasta la coronilla. A nosotros nos están viendo la cara de qué, ¿de pendejas?”, expresó ofuscada Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando, uno de los jóvenes que apareció fusilado en Ocaña, Norte de Santander.

Carmenza no faltó a ninguna de las audiencias desde 2008; ella y las otras madres deberán seguir reclamando contra la impunidad que reina en Colombia ante la infinidad de crímenes cometidos por el Estado… pero ahora posando la mirada en un premio Nobel de la Paz.

* Pablo Solana es miembro del Equipo Editor de Lanzas y Letras, integrante del Instituto José Martí de Bogotá – Escuela Nacional Orlando Fals Borda – Colombia.

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¿Cuál es el trasfondo del triunfo del NO en el plebiscito por la paz en Colombia? ¿Qué mecanismos operan desde hace décadas para haber impedido, una vez más, encontrar una solución política al conflicto armado más antiguo del continente?

Ya son bien conocidos los resultados del plebiscito realizado en Colombia el domingo pasado donde se rechazó, por un estrecho margen, el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC. Las opiniones y balances señalan de manera insistente a Álvaro Uribe, para bien y para mal, como el gran protagonista y artífice del triunfo del NO. Sin embargo, más allá de la obnubilación que produce el expresidente en buena parte de la opinión pública nacional e internacional, los números de la votación -50,21% del NO frente al 49,78% del SI, con un 62,52% de abstención- son reveladores de las dinámicas del conflicto armado en las últimas décadas.

Empecemos por considerar aspectos fundamentales de la realidad del conflicto colombiano, frente al cual se siguen guardando silencios cómplices. En buena parte del territorio nacional hacen presencia ejércitos paramilitares, que defienden y preservan un orden conseguido a sangre y fuego en los últimos 30 años, a través del terror, muertes aleccionadoras, tierras arrasadas, que provocan millones de desplazados despojados de sus tierras y permiten una alta concentración de la riqueza, dejando a Colombia como una de las sociedades más desiguales del mundo (*1).

El proceso sangriento por medio del cual se han configurado estas estructuras terminó por sedimentar las prácticas de exclusión, segregación y movilización del odio como fuente de identidad, recurso de movilización y construcción social, frente a cualquier proyecto alternativo y contestatario del orden establecido (*2). Como resultado, una parte de la sociedad justifica la “acumulación por desposesión” (*3), se opone a la diversidad sexual, asocia el sindicalismo y la defensa de los derechos humanos con intereses insurgentes indeseables y proclives al “castro-chavismo”, exponiendo a los activistas a un riesgo inminente, presente y constante (*4).

Es precisamente este sector de la sociedad el que representa el 50,21% de los votos, el que se opuso desde el inicio mismo de las negociaciones a cualquier tipo de acuerdo privilegiando la vía militar. Aquellos que apoyaron el recibir entre aplausos a los jefes paramilitares en el Congreso, acogieron con beneplácito los constantes hostigamientos a los integrantes de los equipos negociadores de La Habana y se constituyeron en férreos oponentes del gobierno del presidente Santos.

Mientras tanto, un amplio sector social, que representa el 62,52% que se abstuvo de votar, ha visto con indolencia y cinismo el transcurrir de la guerra fratricida, su degradación y prolongación, no se ha condolido por atroces crímenes contra la humanidad que se han llevado a cabo tanto en el campo como en la ciudad (recordemos muy bien que fueron jóvenes de Soacha conurbada con la capital del país donde se desató el escándalo de los “falsos positivos”).

Este gran sector de la sociedad ha presenciado impávido la llegada a las ciudades de miles de desplazados que engrosan los cinturones de miseria, mientras en el campo los intentos de construir iniciativas de paz y reparación de las víctimas del conflicto han sido sistemáticamente atacados por parte de los ejércitos paramilitares y los poderosos intereses económicos que defienden.

En este escenario, debe ser prioritario defender el cese de hostilidades y consolidar los acuerdos alcanzados hasta el momento. Además, la construcción de una paz real y sostenible en el tiempo implica la necesaria transformación de la sociedad, el desarme de los ejércitos paramilitares que controlan amplios territorios y el cuestionamiento a los intereses que representan, que también se expresan en el Congreso y cuentan con una amplia base social que se manifiesta en las urnas. Si no avanzamos en ese camino, tal vez condenaremos a quienes dejen sus armas a un exterminio seguro. ¿Vamos a repetir el genocidio de la Unión Patriótica? De seguir así, ¿qué tipo de “paz” nos espera?

* Investigadora colombiana, docente de la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

*1 CEPAL (2016) Panorama Social de América Latina 2015, Santiago: CEPAL, 68 p.

*2 Franco, Vilma Liliana (2009) Orden contrainsurgente y dominación Bogotá: Instituto Popular de Capacitación-Siglo del Hombre Editores, 567 p.

*3 Harvey, David (2004) El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión, Buenos Aires: CLACSO.

*4 Hincapié, Sandra y Jairo López (2015). “Rutinización, indiferencia y cinismo. Fallos, recomendaciones y acuerdos internacionales sobre derechos humanos en Colombia” En: Iberoamericana. América Latina-España-Portugal, Año XV, N°60, Instituto Ibero-Americano (Berlín), el GIGA Institute of Latin American Studies (Hamburgo) y la Editorial Iberoamericana/Vervuert (Frankfurt am Main/Madrid), pp. 7-26. ISSN 1577-3388/ISSN 2255-520X.

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La sociedad no refrendó los acuerdos Gobierno-FARC; habrá que hacer análisis serenos, pero algo es seguro: será fundamental insistir con la agenda de solución política y paz, una agenda bien anclada en las necesidades cotidianas del pueblo. La clave para revertir esta situación desfavorable sólo puede surgir de la participación activa de la sociedad.

Hice campaña por el Sí, quería que ganara el Sí, y lamento cómo se dieron los resultados finales. Pero no hay que confundir el voto por el No con la derrota de la salida negociada. Hay que seguir trabajando por la construcción de la paz, de la vida digna y de la justicia social, y ampliar los canales de participación para consolidar una voluntad mayoritaria favorable a la solución política y a la construcción de la paz.

A 4 años de iniciados los diálogos del gobierno nacional con las FARC, y con el antecedente de la firma el pasado 26 de septiembre, el futuro del acuerdo parece quedar en la incertidumbre; sin embargo es necesario que el camino de la salida negociada se confirme y se mantenga, al igual que la instalación de Mesa de negociación con el ELN: tal vez otro modelo de negociación, como propone esa insurgencia, alumbre posibilidades de más largo aliento pero más sólidas de lo que resultaron, a la vista de una parte importante de la sociedad, los acuerdos de La Habana.

Responsabilidades

La paz, así como idea genérica, como anhelo de finalización de la guerra, sale evidentemente golpeada con estos resultados. Pero más que la paz quien debe reconocer el golpe es el gobierno de Santos, quien diseñó todo a su modo y el tiro le salió por la culata.

Más allá de sus palabras de ocasión en el discurso al reconocer los resultados, casi 6 millones y medio de votos por el No, y más de 21 millones de personas en abstención, son las cifras de la derrota de este modo de hacer las cosas.

Es una lástima para el país, porque la señal que necesitábamos era la refrendación; a pesar del convencimiento de las regiones golpeadas por el conflicto, en las cuales el Sí ganó con contundencia (Chocó, Vaupés, Cauca, Putumayo, Nariño y La Guajira), la cordillera oriental, el piedemonte llanero y el departamento de Antioquia le dijeron no a los acuerdos… y sobre todo No a Santos.

El país le cobra al actual presidente hablar de paz y subir los impuestos, hablar de paz y bajar lo salarios, hablar de paz y no resolver la crisis económica, hablar de paz y dejar todas las situaciones de inequidad y pobreza intactas. Hay una decisión equivocada en haber sometido este proceso de negociación a un plebiscito, cuando el clamor de paz en el país es histórico y contundente.

La polarización entre las grandes maquinarias santistas y uribistas, permitió que las minucias del acuerdo fueran excusa para criticar la posibilidad de una salida negociada. Argumentos como la supuesta promoción de la “ideología de género”, fueron usados para oponerse al acuerdo, desvirtuando el núcleo central de la discusión.

El movimiento social, los sectores democráticos y progresistas que hemos trabajado por la paz desde hace años, deberemos revisar formas, contenidos, no esquivar autocríticas. Pero a la vez, debemos ratificar nuestro compromiso con la salida política al conflicto armado. Por eso la pedagogía para la paz, los conversatorios, los eventos, los foros, las ollas, los festivales, todas las expresiones comunitarias y populares que estos días fueron puestas en escena deben multiplicarse.

Es fundamental seguir promoviendo la participación de la sociedad

Solo una sociedad que no fue convocada a hacer parte activa de los debates y los acuerdos, puede dar la espalda a una salida política al conflicto, deseada por todos pero que, evidentemente, no logró interpelar a todo el pueblo, hacerlo sentirse parte.

¿Por dónde seguimos? Es necesario continuar promoviendo la participación de la sociedad, insistir en la búsqueda de la paz pero dando protagonismo al pueblo y a su agenda, de la mano de una propuesta integral de justicia social.

El Gran Diálogo Nacional que el próximo 4 de noviembre se lanzará al país por parte de diversos sectores sociales, es una salida viable, pertinente y participativa, que puede ayudar a sortear las dificultades del momento. Para que la próxima vez la discusión no sea si la guerrilla gana o no gana plata, sino cuáles son las condiciones para que en los territorios haya paz y Vida Digna.

*Vocero nacional del Congreso de los Pueblos, integrante de la mesa de interlocución de la Cumbre Agraria con el gobierno para el punto Relación Campo-Ciudad.

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A pesar de que son escasos los matices entre los dos candidatos que llegan al balotaje, hay uno cuyas consecuencias sería imprudente minimizar. El avance de la derecha en el continente y el mundo, la figura del expresidente colombiano Álvaro Uribe Velez, y las posibilidades de una elección.

Hace un poco más de un año, en octubre, cuando comenzaban a calentarse las elecciones, el diario La Nación publicó una resonada reunión entre dos de los tres principales candidatos (Mauricio Macri y Sergio Massa) con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Velez, invitado a la Argentina para participar del XII Congreso Internacional de la Federación Panamericana de Seguridad Privada.

Transformado en un baluarte de la derecha mundial y paladín de la “seguridad democrática”, votado por los mismos colombianos como el hombre del siglo en History Channel, la verdadera historia de Uribe demostraría una vez más que la realidad de los pueblos es muy distinta a la de la televisión.

Hijo de una familia acomodada y ganadera de Antioquia, la amistad de su padre con Pablo Escobar lo ubicó como presidente de la Aeronáutica Civil de Medellín, empresa área de esta ciudad de la que luego sería alcalde y gobernador. “Pablo solía decir: si no fuera por ese bendito Alvarito no podríamos haber volado a Miami a llevarle la droga a los gringos”, comentó alguna vez en una entrevista al diario El País, Virginia Vallejo, modelo, conductora televisiva y expareja del capo del cartel de Medellín.

Surgido como un candidato nuevo, lejano a los partidos tradicionales, independiente y resuelto a acabar con la guerra, las dos presidencias de Uribe (2002-2010) marcarían una de las peores catástrofes humanitarias del continente y el planeta en el siglo XXI. Según las Naciones Unidas, durante cada día de los primeros cuatro años del gobierno de Uribe, 8 personas fueron asesinadas. El total de asesinatos (11.292) es mayor al total de víctimas de los 17 años de dictadura de Pinochet en Chile.

Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas determinó que el 62 por ciento de los casos habría sido responsabilidad del estado por tolerancia o apoyo a grupos paramilitares, y 12 por ciento, por acción directa de sus funcionarios. Según la Fiscalía General de la Nación se han hallado 500 fosas comunes de las 4 mil que los grupos paramilitares (que luego se demostró tenían aceitados vínculos con el presidente y los organismo de seguridad del estado) habrían cavado en 29 de los 32 departamentos que tiene Colombia. Con más de 6 millones de personas huyendo de sus tierras a causa de la violencia, durante el mandato de Uribe el país se convertiría en el segundo con mayor número de desplazados después de Sudán.

En diciembre de 2010, el jefe de gobierno porteño ya había nombrado a Uribe “Huésped de Honor”. “Es una esperanza para todos los latinoamericanos”, dijo Macri en aquella ocasión. “Es una ilusión en toda nuestra región, que necesita líderes sobresalientes”, devolvió los piropos el expresidente colombiano comentando acerca de la conformación de Cambiemos.

Paramilitares y crimen organizado

Claudia Julieta Duque es corresponsal del Equipo Nizkor en Colombia. Hace varios años lleva adelante un juicio al gobierno y sus organismos de seguridad por su complicidad con las amenazas paramilitares contra ella y su hija. Aclara: “Más que un paramilitarismo como el que se impuso en Colombia, creo que hay grupos que pertenecen al crimen organizado en su acepción más amplia, grupos con poder económico que se organizan y se centran en la figura de Uribe por su visibilidad. Convoca, tiene carisma y discurso. Debería estar en la cárcel pero en vez de eso está ganando prestigio y poder. Asesora a muchos gobiernos”.

Y agregó que “cada vez que Uribe hace estos viajes convoca a grupos reaccionarios, de la ultraderecha, que cuentan con el poder de los medios. Son muy peligrosos. Promueven campañas contra Cuba, Venezuela o Nicaragua y todos los gobiernos progresistas. Tienen derecho a expresar una opinión, pero promueven mentiras y engaños, y allí participan militares de los más rancios, o la fundación contra el terrorismo Uno América, que intentó tumbar a Evo Morales con fascistas y nazis de Santa Cruz de la Sierra y otras regiones”.

Finalmente, afirmó que “Colombia es un ejemplo en este sentido. Los militares y paramilitares colombianos se exportan a todo el mundo: Irak, Siria, Ucrania, Honduras, hay casos en Canadá y Estados Unidos de paramilitares asilados, los encuentras en los mercados, en las calles y haciendo sus tareas de inteligencia. La ultraderecha así cumple en operar en todo el mundo para que el terror se despliegue, para garantizar despojo y mantener poder y control que muchos no caemos en cuenta, porque nos preocupa ser exagerados y minimizamos que esta estrategia de terror no es tan global y no atendemos la resistencia en consecuencia”.

La posición del desarrollismo

No es que Scioli no se haya reunido con Macri en 2008, cuando Uribe aún era presidente. El gobernador de Buenos Aires planteó la necesidad de “evitar los daños del capitalismo salvaje en las economías nacionales” pero alabó “el programa de Seguridad Democrática que se desarrolla en Colombia y la decidida lucha contra las drogas”. No es que el kirchnerismo no haya contratado como asesor a Uribe pocos antes de poner en las calles a la Gendarmería Nacional. O que se haya dado asilo a Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, uno de los paramilitares colombianos más famosos por su participación en el Bloque Capital de Bogotá y el asesinato del comediante Jaime Garzón. No es que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, no se haya reunido con Uribe e incluso lo alabara.

Puede parecer un triste consuelo, pero al menos no lo hace en público. La pendiente de este avance del terrorismo global que desde Colombia se exporta a México, Honduras o Paraguay, siempre va a ser positiva y no depende de los gobiernos, sino de los pueblos, oponerse a ella. Pero la deriva de esta pendiente, la forma en que puede acrecentarse, definitivamente no es la misma entre un gobierno o un candidato que aunque de manera contradictoria y a veces falsa, abre espacios y paginas en los medios de comunicación a los movimientos sociales y otro que definitivamente los anula y vende esa inmaculada imagen que quizás en algunos años nos haga elegir a Mauricio Macri como el líder del siglo en History Channel.

Una política igualmente de derecha pero que no abre interrogantes ni espacios, sino que vuelca toda su estrategia a la represión, el desguace del Estado y una importante pantalla mediática que invisibiliza este accionar, como bien se ha demostrado en la ciudad de Buenos Aires. Así lo viene diciendo Alejandro Dolina: “Hay tradicionalmente un argumento político en la Argentina que consiste en decir que todos son iguales. Son iguales para el que no percibe los matices. Para mi sobrino que no sabe leer, el Quijote y el Caso Nueve Dedos son iguales. En cambio si alguien lo sabe leer, cuando mejor lea, más diferencias va a encontrar. Encontrar que todos los demás son iguales es un problema del que juzga, no que los demás sean iguales. No digo que todos sean buenos, a lo mejor son todos malos, pero no igualmente malos. Flaco favor le hace a la izquierda este razonamiento”.

De todas maneras la historia siempre ha demostrado que en los sucesivos avances del capitalismo y el terrorismo de estado, la mayoría de los muertos han aparecido en los barrios periféricos, las poblaciones campesinas, las comunidades indígenas, los movimientos de resistencia en los territorios… Quizás alguno entre los intelectuales de izquierda de clase media urbana.

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