A fines del mes de abril, la urbanista brasileña Raquel Rolnik visitó la Argentina y presentó, entre otras actividades, su último libro “La guerra de los lugares . La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”. A continuación, una reseña para seguir pensando el acceso a un hábitat digno.

Por Agustín Bontempo | Foto: Camila Parodi

“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como argumentaré, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos. ¿Cómo podemos entonces ejercerlo mejor?” [1]

David Harvey, “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”

El siglo XXI, este que irrumpió en nuestras vidas con trasformaciones culturales a gran escala a partir, especialmente, del acelerado desarrollo de las tecnologías, también vino con la profundización de un modelo de exclusión vinculado al acceso a un hábitat digno. Este paralelismo no es caprichoso, pues el nuevo mundo es cada vez más desigual, excluye a las mayorías y priva a la población de todo el planeta a que pueda tener garantizado un derecho humano fundamental: la vivienda propia.

De esto discurre “La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”, el último libro de la urbanista brasileña y ex relatora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, quien participó de la presentación de su libro en Argentina durante la última semana de abril -material editado por la Editorial El Colectivo en conjunto con LOM Ediciones-, en una serie de encuentros organizados por la Fundación Rosa Luxemburgo Oficina Cono Sur.

El trabajo de Rolnik es riguroso para comprender la escandalosa crisis habitacional que azota al mundo en general y a nuestra América Latina en particular. Poder habitar un hogar de manera digna, en ciudades integradas y con acceso a los servicios básicos, se vuelve un anhelo cada vez más lejano para una porción inmensa de la humanidad. Hablar de este tema es involucrarse de lleno con la desigualdad en esta angustiante expresión: no tener donde vivir o hacerlo a un costo altísimo.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[2] que relevó 109 países, en octubre de 2021 había 1.300 millones de personas en situación de pobreza. Además, destaca que al menos 1.000 millones de individuos carecen de una vivienda digna. Como contrapartida, un informe reciente de la Confederación OXFAM[3] asegura que en el mundo hay 2.668 milmillonarios que concentran riquezas equivalentes al 13.9% del PBI mundial, donde se destaca que 10 de estas personas poseen más que el 40% de las personas en situación de pobreza en todo el mundo.

Este escenario pone de manifiesto las dificultades que tienen miles de millones de seres humanos para dormir bajo un techo en todo el planeta mientras una pequeña porción de personas posee riquezas superlativas. Esta aproximación da cuenta de que la amplia brecha en materia de ingresos es estructural y estructurante del problema planteado.

A los bajos ingresos, se le suma que el mercado inmobiliario se fue imponiendo por sobre las obligaciones de los Estados en garantizar la vivienda de las familias. Es interesante que podamos hacer un breve recorrido. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, el mundo se conformó de una manera bipolar donde el bloque capitalista debió implementar un modelo que pueda intervenir en la estructura de las relaciones sociales. La necesidad de recuperar la calidad de vida post conflicto bélico y la confrontación con el comunismo, decantó en el surgimiento del Estado de Bienestar que tomaba partido en ámbitos que garanticen derechos para la ciudadanía. Esa lógica (que en nuestro país se vio truncada hacia la década del 70, especialmente con el inicio de la dictadura cívico y militar que se instaló el 24 de marzo de 1976) se rompió para que se termine imponiendo lo que algunos llamaron el pensamiento único que tuvo su enclave a través del consenso de Washington para desarrollar una visión de un mundo que, a través de la globalización, iba a resolver todas las necesidades estructurales de la población a nivel global.

La autora desarrolla estas ideas asumiendo que el sistema -con sus variantes nacionales- no dio respuestas definitivas a la problemática, aunque sí hubo procesos de intervención y regulación. La caída de la URSS y la idea del fin de la historia se comenzó a imponer con fuerza en la década de 1990 poniendo en jaque el concepto de vivienda como derecho humano[4] y, en su lugar, ser pensado como un instrumento del mercado que priorice las ganancias de algunos sectores. La propia Rolnik lo sintetiza con claridad:

“En países postsocialistas, en Estados Unidos y en buena parte de los países europeos la privatización de los complejos de vivienda pública y los cortes drásticos en la inversión y en los fondos habitacionales se sumaron a las reducciones en los programas de bienestar y en las ayudas al alquiler. Esas medidas estuvieron acompañadas por la desregulación de los mercados financieros y por una nueva estrategia urbana, a fin de permitir la movilización del mercado doméstico y el reciclado del capital internacional”[5]

Raquel Rolnik, “La guerra de los lugares”

Un sistema expulsivo

El período abierto en 1990 tuvo un desarrollo de variables que, evidentemente, fueron agitando escenarios de crisis. Una población global que crecía aceleradamente en un mundo que cada vez daba menos respuesta a las necesidades existentes, con un mercado laboral que comenzó a modificarse a partir del impulso de las nuevas tecnologías propias de la Sociedad de la Información[6] que, a su vez, tuvo un reflejo en los territorios

Pablo Ciccolella destaca que “Los procesos de reestructuración económica global, entonces, han dado lugar en los últimos años al rediseño de la relación entre economía, sociedad y espacio, generando nuevas estructuras territoriales de producción, gestión, circulación, así como nuevas formas de fragmentación territorial”. Y agrega que “También ha desencadenado una nueva oleada de modernización, planteando un nuevo esquema territorial de la antinomia atraso/modernidad, determinando, por ejemplo, un nuevo modelo selectivo de incorporación/exclusión de áreas, determinando la declinación de unas y el ascenso de otras, en el contexto del capitalismo global”[7].

El problema es doble. Las ciudades se organizan no ya en base a la integración ordenada de sus comunidades sino de acuerdo a las necesidades que se imponen desde el mercado. De esa manera, los aún vigentes cordones industriales quedan cada vez más en zonas marginales del tejido urbano y, consecuentemente, los ámbitos habitaciones también, mientras que los “centros” urbanos vinculados al nuevo mercado laboral tecnológico, por ejemplo, tienen cada vez menos espacio para habitar. Por lo tanto el modelo de ciudad es excluyente.

Este reordenamiento también es abordado por Rolnik quien destaca que el mecanismo expulsivo en las ciudades se acelera en el Siglo XXI. En este período se destaca el colapso de las hipotecas subprime en Estado Unidos que culminaron con la crisis económica de 2008 y que sus efectos en todo el mundo persisten aún hoy. Este régimen trató de incluir en un sistema crediticio a millones de familias que realmente no podrían cumplir con las exigencias económicas, causando un colapso financiero de gran escala para ellas y al modelo en general.

En los países del “tercer mundo” el efecto fue mayor. Por un lado, por las propias consecuencias del estallido financiero aunque, a su vez, el mercado inmobiliario que se imponía tornó cada vez más difícil la posibilidad de acceder a créditos y sistemas de vivienda propia así como también de alquileres, desarrollándose con intensidad las producciones informales de barrios completos. En Argentina esto tuvo su expresión. De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)[8], más de 5 millones de personas viven en más de 5.600 barrios o asentamientos precarios en todo el país.

En el caso argentino hay una caso aún más elocuente: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estima que, en la Capital Federal -el distrito más rico del país-, más de 300 mil personas viven en este tipo de barrios. Con excepción del barrio Padre Mugica (un asentamiento centenario construido en zona portuaria porque recibía a sus primeros habitantes que llegaban desde Europa para trabajar), la inmensa mayoría se ubica en zonas marginales de la ciudad. Como contrapartida, se estima que casi un 30% de las viviendas formales están vacías y a disposición de la especulación inmobiliaria.

Este panorama muestra no solamente el carácter expulsivo de las nuevas ciudades sino que sintetiza una de las máximas de este tiempo: la gente sin casas y las casas sin gente.

La financiarización de la vivienda

“La propiedad inmobiliaria [real state] en general y la vivienda en particular configuran una de las más nuevas y poderosas fronteras de la expansión del capital financiero. La creencia de que los mercados pueden regular el destino del suelo urbano y de la vivienda como forma más racional de distribución de recursos, combinada con productos financieros experimentales y <<creativos>> vinculados a la financiación del espacio construido, hizo que las políticas públicas abandonaran el concepto de vivienda como un bien social y el de ciudad como un artefacto público. Las políticas habitacionales y urbanas renunciaron a la función de distribuir la riqueza, bien común que la sociedad coincide en dividir o proveer a aquellos que tienen menos recursos, para transformarse en mecanismos de extracción de ingresos, ganancia financiera y acumulación de riqueza. Este proceso derivó en la desposesión masiva de territorios, en la creación de pobres urbanos <<sin lugar>>, en nuevos procesos de subjetivación estructurados por la lógica del endeudamiento, además de haber ampliado significativamente la segregación de las ciudades”.

La cita es de la propia Raquel Rolnik y describe de manera elocuente el mundo habitacional actual y el análisis general que plantea en todo su libro. Los hogares en tanto activos financieros en lugar de derechos humanos básicos que deben ser garantizados, sistemas crediticios limitados que condicionan la vida de las personas, el capital ficticio y la extracción constante de la renta productiva. Estamos hablando de un proceso denominado como financiarización que se trata de “el dominio creciente de actores, mercados, prácticas, narrativas financieras en varias escalas, lo que resulta en la transformación estructural de economías, empresas, Estados y grupos familiares”[9].

El proceso de financiarización que la autora aborda en detalle también es la contrapartida de las necesidades que la población en todo el mundo necesita para acceder a un hábitat digno. Los Estados (en todos sus niveles, en todos los países y regiones) deben planificar los territorios de manera integral, equitativa y ambientalmente sustentable. Se requiere que el suelo urbano sea accesible para las mayorías en ámbitos que permitan generar comunidad y socialización. Que la vivienda pueda ser un derecho humano efectivamente y no de manera declarativa.

La hegemonía del mercado financiero global atenta contra estas necesidades y demandas, excluyen y consecuentemente empobrecen a millones de familias en todo el mundo. Por supuesto que este escenario no puede ser abordado de manera aislada y eso también lo entiende Rolnik. Las relaciones desiguales de producción y explotación del ámbito laboral también construyen marginalidad, de un lado, y riqueza obscena, del otro. Es difícil acceder a trabajos y que estos sean estables, permitiendo encarar los proyectos de vida en todas sus dimensiones. Esto, que también es uno de los grandes problemas que el capitalismo ha generado y no puede dar soluciones, también produce informalidad en la vivienda y en los barrios, que carecen de servicios básicos y accesibilidad al conjunto del ejido urbano.

Tal como lo anuncia el título del libro, la autora entiende que los territorios son una nueva arena de disputa entre poderes fácticos y la enorme masa de ciudadanos, ciudadanas, parte de una inmensa clase trabajadora que reclama lo que les corresponde.

Rolnik cree -y con todo derecho-, que las nuevas formas de gobernabilidad juegan un rol destacado en esta guerra y que la democracia, en concreto, no resuelve lo que debería. En síntesis, lo que está ocurriendo es una expansión de las fronteras del mercado. Sin embargo, este proceso no es lineal. Del otro lado hay comunidades enteras que se organizan y resisten, que plantean alternativas, soluciones y salidas. Hay batallas políticas y sociales con variadas alternativas y orientaciones políticas.

En definitiva, de eso se trata la guerra de los lugares: si el capital impone sus reglas de mercado, la organización de las y los asalariados se darán sus mecanismos para que su derecho humano vulnerado pueda ser garantizado por sus propios medios.

Estructura de los capítulos

El libro tiene un abordaje exhaustivo de la problemática que estudia. En la primera parte, que se divide en 5 capítulos se aborda la financiarización global de la vivienda. Escenarios, impactos desiguales en diversos territorios del mundo, las propuestas e iniciativas que los gobiernos y el real state ha impulsado.

La segunda parte, repartida en 4 capítulos, se centra en la inseguridad en la tenencia. Se trata de los padecimientos que atraviesan las familias que son desafiadas o directamente expulsadas de sus hogares y barrios, con destinos diversos, complejos y muchas veces desoladores. Desplazamientos producto de guerras y desastres naturales, desalojos por incapacidades económicas y nuevos arraigos en lugares que son ajenos y precarios.

La tercera parte consta de tres capítulos y analiza los lineamientos generales del libro en la experiencia particular de Brasil, confrontando los métodos institucionales y gubernamentales, el rol del mercado inmobiliario, la situación de la población y las alternativas que se plantean frente al escenario esbozado.

A continuación, la autora hace un balance sobre los efectos de los acontecimientos en desarrollo y las respuestas organizadas de la comunidad y un análisis de los nuevos procesos de financiarización con su más actual expresión: los alquileres.

Una breve conclusión

Raquel Rolnik es una profesional con una acabada y comprobada experiencia, tanto en sus roles académicos como de práctica política. La Guerra de los lugares es un amplio y riguroso estudio sobre la organización urbana en términos sociales y de infraestructura. Como señala Ana María Vázquez Duplat en el prólogo, el estudio de conceptos y experiencias en decenas de ciudades que la autora evidencia a lo largo de todo el trabajo nos permite comprender el entramado de las ciudades de hoy.

Hablar de ciudades expulsivas en el Siglo XXI es, sin duda, referirse a los efectos del neoliberalismo a escala mundial. La caída del bloque comunista fue la punta de lanza para consolidar este modelo excluyente, de ciudades desiguales que se fue consolidando y expandiendo, garantizando que la pobreza económica tenga su correlato habitacional.

Por tanto, es urgente que podamos analizar en detalle el análisis de Rolnik porque la estructura social hegemónica es voraz y amplia sus márgenes sin contemplaciones. Pero también, como señala incluso la autora, esta misma voracidad siembra la fuerza de su destrucción.

El neoliberalismo hegemoniza, sí, pero ya no de manera estable. Innumerables procesos y movilizaciones populares en todo el mundo lo ponen en jaque, resisten sus consecuencias y ofrecen alternativas. La inestabilidad que presenta América Latina donde nuevos gobiernos populares son el resultado electoral de las luchas llevadas adelante por las y los campesinos de Colombia y Ecuador, los pueblos originarios de allí pero también de Perú, Bolivia o Chile, la clase obrera organizada junto a los sin tierra que resisten el fascismo de Brasil.

La guerra de los lugares es, a veces, angustiante frente a la claridad con la que expone este mundo en el que vivimos. Pero también es provocador y, por momentos, nos ilusiona al ver que el pueblo en su resistencia y organización también presenta alternativas que nos incluyen a todos y todas.

[1] D. Harvey, “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”. Akal, Buenos Aires, 2014.

[2] “El índice de pobreza releva profundas desigualdades entre grupos étnicos”. Informe PNUD, octubre de 2021. Consultar aquí: https://www.undp.org/es/comunicados-de-prensa/el-%C3%ADndice-de-pobreza-revela-profundas-desigualdades-entre-grupos-%C3%A9tnicos#:~:text=A%20nivel%20mundial%2C%20en%20109,y%20Asia%20meridional%20(532%20millones

[3] Beneficiarse con el sufrimiento, mayo de 2022. Puede consultar el informe aquí: https://www.oxfam.org/es/informes/beneficiarse-del-sufrimiento

[4] En Argentina, la vivienda es un derecho que debería estar garantizado por el Estado según lo establece el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

[5] R. Rolnik. “La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”. Editorial El Colectivo y Ediciones LOM. Buenos Aires, 2021.

[6] El término Sociedad de la Información fue acuñado por Manuel Castells, quien afirmó que en la década de 1970 comenzó a imponerse un modelo de estructuración de la sociedad y del trabajo que remplazaría la hegemonía industrial.

[7] M. Ciccilella. “Metrópolis Latinoamericanas. Más allá de la globalización”. Editorial Café de las Ciudades, Buenos Aires, 2014.

[8] Se puede consultar aquí: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap

[9] Consultar aquí: https://www.academia.edu/7359027

Source

El pasado jueves 13 de diciembre, la Legislatura porteña aprobó la ley 2.736 que regula la reurbanización de la Villa 31 y 31 bis, Barrio Padre Carlos Mugica. El proyecto, elaborado por el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contó con 36 votos afirmativos, 13 negativos y 11 abstenciones.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo Porteño y no contó con el consenso del barrio, como si sucedió con la presentación del proyecto anterior del dictamen de la Villa 31 y 31 bis, elaborado participativamente por sus habitantes y cajoneado hasta el hartazgo por Cambiemos, junto con los proyectos de reurbanización de la Villa 20 y la Villa Rodrigo Bueno.

El proyecto representó un fracaso político de la Secretaría de Integración Social y Urbana a cargo del proceso de la elaboración de la ley. Ya sea por su incompetencia o intencionalidad, lograron ejecutar el peor escenario posible: fogonear la pelea entre vecinos y vecinas, fomentando la falsa premisa de que aquellos que se oponen a su proyecto están en contra de la urbanización. El hecho de cuestionar un proyecto tejido entre cuatro paredes, a espaldas al barrio, no atenta contra el derecho al acceso a la vivienda por el cual tanto han luchado los y las vecinas. Una infinita distancia diferencia impulsar reuniones informativas sobre algunos puntos del dictamen (las actividades realizadas por la Secretaría) de la participación real.

Sobre los aspectos técnicos de la ley aprobada, en los puntos más relevantes genera mucha incertidumbre. No aporta claridad sobre el monto del pago de las tierras, sobre la resolución de la problemática entre inquilinxs y propietarios, el pago de los servicios, los valores de la hipotecas que van a tener que asumir los y las vecinas y la posibilidad de que terceros puedan cancelarlas, habilitando el negociado inmobiliario.

El Gobierno de la Ciudad solicita acompañar una ley plagada de grises, sabiendo que aquello que no está explícita y claramente garantizado en favor de los sectores más postergados, más vulnerados, es terreno fértil para la ambición voraz e incontenible del mercado inmobiliario.

Un poco de historia

La histórica lucha de la 31 se remonta a las victorias organizadas sobre las topadoras de la dictadura cívico-militar y el contrataque del neoliberalismo noventoso, de la mano del ex intendente Domínguez. Pero ese pasado siempre vivo, y que talló a fuego los genes de lucha de las siguientes generaciones, lleva a repasar los acontecimientos más recientes.

A principios de este año, luego de la aprobación del nuevo trazado de la Autopista Illia, se produjo un desalojo violento a cargo de las fuerzas represivas con el objetivo de echar a vecinos y vecinas del sector Cristo Obrero. Mediante la fuerza de los palos, de los gases y de las extorsiones, impusieron un “se van o se van” a las familias afectadas. Temible primer antecedente para los procesos de relocalización.

Este gobierno que se autoproclama orgullosamente dialoguista y se vanagloria de escuchar a los vecinos y las vecinas, podría decir en qué momento algunx de ellos o ellas dijo “lo que necesitamos después de años de abandono del Estado es una autopista pasando por nuestra cabeza, por mi casa”. Por ahora, nadie salió a proclamarlo.

Estas prácticas violentas, por fuera de la ley, son el resultado de los procesos urbanos regidos por las corporaciones y las grandes constructoras que buscan imponer su agenda de ganancias a costa de los sectores populares. Son aquellos que generan las leyes del mercado (siempre a su favor y en lucrosa sociedad con los funcionarios) que angurrientos y voraces desean ocupar los terrenos que legítimamente poseen los y las vecinas. Ya no sólo a través de las fuerza de las topadoras, sino permitiendo el negociado inmobiliario en los sectores donde se debe garantizar la vivienda social.

Algunas preguntas más: ¿a qué institución educativa le consultaron sobre la multimillonaria construcción del Ministerio de Educación en la villa (en el sector destinado para las nuevas viviendas)? Resulta contradictorio cuando los bachilleratos populares están batallando por su permanencia en el barrio, cuando a los apoyos escolares los desoyeron ante el simple pedido de mesas para los y las pibas que todos los días van a hacer la tarea.

El diálogo real se construye con simples preguntas a quienes su vida va afectar las políticas públicas: ¿qué necesitan? ¿Qué es lo primordial? ¿Cómo se hace en conjunto? No es imponer necesidades externas, exógenas, de intereses nefastos con olor a negociado y agendas electoralista; y, por sobre todo, negando los saberes populares y la organización vecinal.

Los pasos a seguir

La aprobación de una ley no consensuada es el fracaso de la gestión política de la Secretaría, no de la pelea en unidad de la que es insignia la Villa 31. Por eso, todos y todas las vecinas confían en la lucha para lograr la conformación de una Mesa de Gestión Participativa (M.G.P.) en la que se incluya no sólo al sistema político (consejerxs y delegadxs), sino a todos y todas las vecinas del barrio, a la Mesa de Urbanización Participativa, a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales, logrando resoluciones que sean de carácter vinculante. Sólo de una mesa de trabajo abierta a todxs lxs habitantes del barrio y a quienes realizan actividades en él, se puede garantizar que se concrete una urbanización real, popular y vecinal.

Es el momento preciso de llamar enfáticamente por la unidad de todas las villas, los asentamientos, personas en situación de “hotelados”, en situación de calle, a las víctimas de los desalojos sistemáticos, y de todos los sectores populares, para exigir, de una vez por todas, la ciudad que se merecen y que tienen derecho de vivir.

*Militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) e integrante de la Mesa de urbanización participativa – Villa 31 y 31 bis

Source

En la ciudad de Buenos Aires se adelantan procesos de reurbanización en cuatro barrios: Villa 31, Villa 20, Barrio Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita. Una oportunidad para incorporar la perspectiva de género hacia un urbanismo de la igualdad.

El movimiento feminista es un crisol de resistencias que, aún con diferencias en su interior, se organiza detrás de una lucha fundamental que es la de la conquista de la igualdad y la libertad. Si tuviésemos que elegir el rasgo que unifica los diferentes feminismos, tal vez sería el que todos ellos intentan derrotar el orden y los sentidos impuestos por la hegemonía. El feminismo, en este sentido, es un universo de ideas contra-hegemónicas. Este carácter, le otorga al movimiento feminista una potencia transformadora única que ha permitido que, hoy por hoy, se convierta en un sujeto político revolucionario internacionalista capaz de penetrar e imprimir sus rasgos específicos en el contexto de otras resistencias, incluidas aquellas donde la disputa por la tierra, el hábitat y la vivienda tienen un lugar central.

Tal como lo plantea el Col·lectiu Punt 6, cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas que trabajan el urbanismo con perspectiva de género, “las ciudades han sido pensadas y construidas siguiendo los patrones y valores imperantes en la sociedad patriarcal y capitalista. Se han aplicado criterios considerados abstractos, neutrales y normales que, sin embargo, obedecen a experiencias bien concretas: la de una minoría masculina, de mediana edad, heterosexual, con trabajo estable, y con las tareas de la reproducción resueltas de manera invisible”. El feminismo tiene, en este marco y en contraposición a este modelo, propuestas concretas para aportar a la construcción de ciudades igualitarias.

En la Ciudad de Buenos Aires, la reurbanización de villas y asentamientos se concibe como la lucha más histórica e importante en términos de disputa por el territorio, y allí el rol del feminismo también puede –y debe- ser crucial. En relación a ello hay dos líneas a abordar: la feminización de las luchas y el aporte diferencial de las mujeres en la pelea por el hábitat y la vivienda; y las herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de los proyectos de reurbanización.

El recorrido por las resistencias barriales no deja lugar a dudas de que las mujeres villeras son protagonistas del sostenimiento de las luchas y la auto-organización colectiva. En el marco del análisis sobre el ecofeminismo, Leff se pregunta, ¿hay una afinidad natural de las mujeres con la naturaleza que legitima sus reivindicaciones sociales y las vuelve voceras privilegiadas de los derechos de la naturaleza?, en este sentido podríamos abrir este mismo interrogante respecto de si existe una afinidad, natural o no, de las mujeres con el hábitat que las lleva a ser portavoces del derecho a la vivienda. Una respuesta anticipada, nos lleva a pensar que los roles de cuidado impuestos a las mujeres, el asimilamiento histórico de lo privado con lo femenino y la tarea de reproducción de la vida familiar establecen especificidades que atribuyen a las mujeres una relación particular con la vivienda y el barrio; que si bien no puede ser concebida como natural, si puede privilegiar o fortalecer su participación protagónica en las resistencias por el hábitat y la vivienda digna.

Las mujeres han dejado su huella en el desarrollo de las luchas urbanas por la vivienda y la tierra. El cuerpo de las mujeres (especialmente aquellas en estado de embarazo o con hijos menores) ha tenido un papel protagónico indiscutible, especialmente en las luchas contra los desalojos. Tanto en acciones de resistencia como en procesos de judicialización de los conflictos, son las mujeres las que ponen su cuerpo como instancia de defensa ante el poder policial o judicial del Estado. Se reconoce así una clara relación entre territorio-tierra y territorio-cuerpo.

Así como las mujeres, reivindicándose feministas o no, son protagonistas de las luchas urbanas. La perspectiva de género también debe serlo. En las últimas décadas las mujeres hemos conquistado, por valentía más que por libertad, la posibilidad de andar por la ciudad. Sin embargo, cada una de nosotras aprende desde temprana edad cual es el tipo de lugar y hora en el que podemos usar y disfrutar plenamente la ciudad. Hasta hace un tiempo, nada remoto, las llamadas “mujeres de la calle” eran aquellas en situación de prostitución o las cuestionadas por su liberación sexual, el resto estaban confinadas al hogar como su espacio “natural”, mientras tanto los varones podían moverse y controlar libres y sin cuestionamiento tanto el espacio público como el privado. Las ciudades por tanto son una proyección de necesidades, deseos y valores preponderantemente masculinos.

Es por ello que, hasta ahora, las ciudades han estado planificadas bajo la lógica de la producción y el desarrollo económico, y es este paradigma el que un urbanismo con perspectiva de género viene a romper, proponiendo ciudades diseñadas pensando en las personas y por tanto en la reproducción y mejora de las condiciones de vida de todos y todas. No se trata solamente, entonces, de realizar adecuaciones urbanas para subsanar problemáticas que afectan exclusivamente a mujeres y niñas, sino de integrar la lógica de la reproducción y el cuidado como ejes del diseño urbano para el tránsito hacia ciudades más humanas, mejor vivibles, sin desigualdades de ningún tipo, y lógicamente sin reproducir roles de género socialmente impuestos. Es allí donde se encuentra la potencialidad y necesidad de incorporar al urbanismo feminista en la planificación de la ciudad en general, y en la de los proyectos de reurbanización de villas y asentamientos, en particular.

Las mujeres quieren una ciudad segura, donde sea fácil la convivencia, igualitaria, en la que los barrios se vayan equilibrando, con dotaciones, equipamiento educativo y de salud y comercios próximos a la vivienda, buen transporte y espacios públicos acondicionados para el encuentro familiar y para ser transitados a cualquier hora de manera segura. Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires se adelantan procesos de re-urbanización en cuatro barrios (Villa 31, Villa 20, Barrio Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita), esta debe concebirse como una oportunidad para empezar a incorporar la perspectiva de género, aportando desde estas experiencias propuestas encaminadas hacia un urbanismo de la igualdad.

Hasta ahora, en el marco de estos procesos, se ha logrado dar un paso importante aunque aún insuficiente para lograr dicho objetivo. Gracias a la lucha de las vecinas del Playón de Chacarita la violencia de género ha sido incorporada como criterio de prioridad para la adjudicación de vivienda nueva en la ley de re-urbanización del barrio, sancionada en el mes de marzo de este año. De esta manera se ha sentado un precedente legislativo en materia de urbanización, que permite empezar a dar relevancia a una problemática concreta que afecta de manera particular a las mujeres y niñas de los barrios más pobres de la Ciudad.

Diferentes investigaciones demuestran la relación existente entre la emergencia habitacional y la violencia de género. Especialmente la imposibilidad que tienen las mujeres de salir del círculo de violencia al no contar con la posibilidad socio-económica de abandonar la casa que comparten con la persona que propicia dicha violencia. Esta incorporación legislativa no solamente genera la obligación al gobierno local de otorgar una vivienda de calidad para atender la problemática, sino que deja abierta una ventana de oportunidad para incorporar la perspectiva de género en el diseño del proyecto de urbanización respecto tanto de la construcción de la vivienda nueva como de la reurbanización del barrio existente.

El desafío, para las vecinas y vecinos y para las organizaciones sociales y políticas que acompañan el proceso, será lograr incidir con propuestas metodológicas y urbanísticas concretas para un relevamiento integral de la violencia de género y para el diseño de un barrio que respete todas las dimensiones del Derecho a la Ciudad, perspectiva que también fue incluida como principio rector de la ley de reurbanización del Playón de Chacarita. Una buena inclusión del enfoque del urbanismo feminista y del Derecho a la Ciudad implicará un diseño que ponga el eje en las necesidades y deseos de las personas, y esto llevará a la construcción de un barrio verdaderamente igualitario.

*Integrante del Colectivo por la Igualdad y La Ría, corriente crítico feminista.

Source

Ayer se llevó a cabo la audiencia pública por el proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia. Repasamos las posiciones sobre una propuesta que afecta a la Villa 31 de Retiro.

Las y los vecinos del Barrio Padre Mugica (conocido como Villa 31), enfrentan un nuevo conflicto que afecta directamente a su derecho a la vivienda. Se trata del proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia, en un tramo de más de 1 km que sería desviado, para ya no pasar por el medio del barrio.

La primera lectura del proyecto de ley fue aprobada el 28 de septiembre. Previo al tratamiento de su segunda lectura, ayer se desarrolló la audiencia pública (no vinculante) para ser tratada la propuesta final.

Desde la mañana, cientos de vecinos y vecinas estuvieron cortando la Autopista Illia y luego se movilizaron para participar masivamente de la mencionada audiencia.

¿De qué estamos hablando?

El proyecto para desviar parte de la Autopista Illia nace como propuesta del ejecutivo porteño que encabeza Horacio Rodriguez Larreta, y que tiene entre sus dos principales impulsores a Diego Fernández, Secretario de Integración Social y Urbana y a Gastón Macias, Subsecretario de Planeamiento y Gestión Comunitaria.

Según el gobierno, esta es una de las propuestas más ambiciosas en el marco de, lo que ellos dicen, la integración de la Villa 31 al resto de la ciudad. El plan (que aun no cuenta con la aprobación legislativa), ya cuenta con un proceso de licitación avanzado y la toma de crédito para financiar una obra que costará, según dicen, alrededor de 2.000 millones de pesos, cifra que el gobierno no quiere oficializar.

Para promover esta medida, el gobierno no tuvo en cuenta ningún tipo de participación ciudadana, incluidos las y los vecinos de las manzanas 12 y 104, quienes serían afectados ya que la autopista pasaría por donde hoy tienen sus viviendas. Además de anular la mencionada participación, el gobierno se va imponiendo sin explicar cuáles serían los beneficios para un barrio que necesita contar con viviendas dignas, servicios, accesos asfálticos y peatonales, es decir, ser urbanizado.

La situación es más grave aún. Esta medida que viene avanzando de manera express (se había presentado en comisión en la misma semana que llegó al recinto para su aprobación), es ilegal.

En el año 2009 se sancionó la Ley de Urbanización de Villa 31 Nº 3343 que, entre sus mandatos, dispone la obligación de hacer participar a una mesa interdisciplinaria, en especial de las y los vecinos del barrio, cuando se avance con cualquier obra de infraestructura, siempre en el marco de la ley.

Sin embargo, hay dos problemas: uno es que si bien el gobierno menciona que se basa en la mencionada norma, no cumple con el requisito mencionado. Por otro lado, prioriza un negocio multimillonario por encima de la obligación por cumplir con el derecho de la vivienda digna. Hay otro punto importante. Mientras el proyecto de la Autopista se sancionó a velocidades siderales, las y los vecinos de la Villa 31 y por medio de distintos legisladores porteños, presentó tres veces el dictamen para reglamentar la mencionada Ley del año 2009. Sin embargo, este paso fundamental ha dormido en la comisión de vivienda desde entonces.

Uno de los delitos más graves que comete el ejecutivo porteño y los legisladores que avanzan con esta nueva ley es faltar a la Constitución porteña que prioriza la garantía de la vivienda digna en su Artículo 31, así como también el incumplimiento de la Ley 148/98 que promueve la atención de la problemática de la crisis habitacional.

Voces en contra de la urbanización

El resultado de la audiencia pública es categórico: de los 97 oradores y oradoras inscriptos, solo 6 apoyaron el nuevo recorrido de la Illia. Aunque esta instancia no es vinculante, sería realmente vergonzoso que, luego de tan certero resultado, la segunda lectura sea aprobada.

Lo más llamativo de estas pocas posiciones es que dos de ellas fueron de referentes del barrio, históricamente vinculados con la lucha por la vivienda. Uno de ellos fue Carlos Cuenca que, luego de hablar sobre su recorrido en el barrio y arremeter contra las organizaciones sociales y políticas “que hacen daño, no viven en el barrio y le mienten a los vecinos”, aseguró que la presente propuesta “mejoraría el tráfico permitiendo una mayor integración a la ciudad”.

Además, cuestionó que se le “pongan trabas a un gobierno que recién empieza” y que en todo caso “hay que ver que hacen y luego criticar”. Al parecer, no contempló que esa espera cuesta 2.000 millones de pesos, que son deudas que pagarán todos y todas las porteñas con sus ajustes tarifarios, así como también la relocalización y posible desalojo de 100 familias.

Por su parte, Teófilo Tapia, quien es reconocido por estar en una de las 33 familias que resistieron los desalojos de la dictadura y que hace poco tiempo fue reconocido como Ciudadano Ilustre por esta Legislatura, lamentó que las organizaciones “en vez de acompañarnos con el conocimiento, nos dan mucha tristeza”, ante la atenta mirada de Gastón Macias. Además, aseguró que “Nosotros nos retiramos porque nos sentimos avasallados por los partidos que no conocen la necesidad del barrio”, en relación a su alejamiento de la Mesa por la Urbanización. Es llamativo, ya que hasta inicios de este año, el histórico referente estuvo fuertemente vinculado a diferentes sectores del kirchnerismo porteño que, tal vez a su pesar, nunca impulsaron el cumplimiento de la Ley N.º 3343 en la Legislatura. Esto no incluye a varias organizaciones con la misma orientación política, pero que mantienen en alto el reclamo por la vivienda digna.

Si bien no hizo ninguna mención de por qué este proyecto ayudaría a la urbanización del barrio, se enojó afirmando que “Si Mugica Viviera los cagaría a patadas”. Y cerró con una frase categórica que dio por el piso la gala de sus años de militancia con la participación vecinal: “Si no es el dictamen, que salga por decreto”. Es decir, cómo y cuándo quiera el gobierno de Rodriguez Larreta.

Voces a favor de la urbanización

Luego de la intervención de Gastón Macias, entre otros funcionarios que justificaban la multimillonaria obra, así como también el apoyo a la urbanización de la Defensoría del Pueblo, se escucha una voz al micrófono que afirma “Este gobierno está hace 8 años. Venimos hace 6 y no nos dan pelota”.

La inmensa mayoría de las intervenciones fue clara. Primero, insistir por la urbanización y el dictamen reglamentario. Segundo, rechazar el nuevo recorrido de la Illia, junto con las falacias promovidas por el gobierno. Tercero, barrer con las críticas a las organizaciones, que están compuestas en su mayoría por vecinos y vecinas del barrio y “Que llevan a cabo ayudas para el barrio, como comedores, escuelitas, deportes. Ellos nos acompañan, nos ayudan”, dice un vecino. “Yo antes me quedaba en mi casa y gracias a las organizaciones entendía que tengo que luchar por mis derechos. Y eso les enseño a mis hijos, para que mañana no dependan de nadie para luchar por los suyos”, aseguró una vecina.

Uno de los oradores fue Lorenzo Martelli, de la Agrupación Lxs Invisibles que hace ya 10 años que está en el barrio. “Nosotros estamos totalmente en contra de la Illia. La Secretaría dice que tienen trabajo participativo, pero no les preguntó a las y los vecinos de las (manzanas) 12 y 104 si quieren una autopista en la cabeza”. Y agregó que “Hoy le dijimos a la Secretaria que volvamos a discutir el dictamen. ¿Saben que hicieron? No nos dijeron nada y presentaron un proyecto”.

Además, Martelli afirmó que “Ellos vienen e imponen. Nosotros no queremos su dictamen. Queremos el nuestro”. Y concluyó su intervención con una definición categórica: “Si la Secretaría no quiere dialogar y hacer participativa a la urbanización, nos va a encontrar luchando en la calle”.

Por su parte, Amalia Aima, referente del barrio, fue contundente: “Si a la urbanización, no a la autopista”, mientras mostraba un cartel con la mencionada frase. Y arremetió diciendo que “La ley por la autopista no fue consensuada. Nos enteramos por los medios”. Además ironizó afirmando que “Este gobierno tiene una manera rara de participar, donde solo ganan ellos”.

En relación a la nueva propuesta, hizo un poco de historia: “Cuando hicieron la maldita Illia, maltrataron y mataron a vecinos y vecinas”. En el mismo sentido dijo que “Nosotros no nos sentamos con ningún gobierno. Defendemos nuestro derecho, nuestra ley”.

Finalmente fue demoledora al afirmar que “Si hoy estuviese Mugica, estaría acá con nosotros. Él nos enseño a defender nuestros derechos y no dejar avasallarnos. Luchaba por la vivienda digna”, en clara respuesta a los dichos de Tapia, quien había omitido lo certero que fue Mugica en su lucha por las necesidades del barrio.

Otro militante de Lxs Invisibles, Sebastián Zubizarreta, destacó que “Estamos discutiendo en una legislatura que prioriza los negocios inmobiliarios y no las necesidades de los vecinos. Es una coherencia del gobierno desde Mauricio Macri”.

Además, afirmó que “Nos demostraron que lejos de hacer algo participativo y respetando los años de lucha, nos quieren imponer un proyecto”.

En relación a las criticas sobre el lugar de las organizaciones, afirmó que “El rol que jugamos las organizaciones es acompañar los reclamos de las y los vecinos. Y hoy a ellos no les dieron ninguna garantía”.

Entre las decenas de apoyos, se destaca Facundo Di Filippo, quien fuera el responsable de impulsar la ley de urbanización en la legislatura, y afirmó que “Si la autopista dividía al barrio, ahora lo va a dividir del resto de la ciudad”. Además, llamó la atención de los legisladores: “Viene la segunda lectura de la ley y la legislatura debe dar garantías de que los vecinos tendrán su vivienda”.

Una salida: la urbanización

“Los vecinos estamos integrados a la ciudad. El barrio no, porque no tiene calles ni salidas”, afirma uno de los vecinos que participa de la Mesa por la Urbanización.

El actual proyecto, sin duda, pone al descubierto las prioridades del gobierno. Como dijo María José Lubertino: “Quiero decir ‘piedra libre’ al plan canje de negocios con las villas”, recordando los conflictos en la Rodrigo Bueno y en la Villa 20 de Lugano. No hay intención real de participación, mucho menos de urbanización. Lo que se ve con claridad es el esfuerzo de un gobierno por impulsar una medida que favorece a sectores empresariales. Tanto quienes construirán como quienes endeudarán a la ciudad con el crédito otorgado.

Sin embargo algo quedó claro luego de la audiencia. La inmensa mayoría de las y los vecinos no quiere ningún cambio en el recorrido de la Illia, solo quiere la urbanización del barrio. Si las y los legisladores cumplen con su obligación de respetar y representar la voluntad popular, esta claro: este proyecto no debería avanzar. Será momento de evaluar su honestidad y su integridad moral.

Source