Lo que se presenta como beneficios en realidad es una pérdida de derechos. Un análisis feminista del impacto de un acuerdo que aplaca la mejora salarial concreta y pone a prueba la capacidad de reducir brechas en una planta laboral por debajo de la línea de pobreza.

Recientemente la actual conducción del sindicato Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) ha resuelto el acuerdo paritario del año 2017 para todo el personal de la Administración Pública Central. En el acuerdo se propone una serie de pautas en forma de incentivos por productividad y presentismo que aplaca la mejora salarial concreta y universal y pone a prueba la capacidad de gozar derechos, al tiempo que conllevan un fuerte sesgo de género.

El acuerdo

El acuerdo paritario asciende a un 20% de aumento en tres tramos (5% en el salario que corresponde a junio, 5% en el de julio y 10% en el de agosto, no acumulativo) e involucra una innovación respecto de otros años, la concreción de dos montos: uno por presentismo y otro por productividad, estipulado por ambas partes del acuerdo como un beneficio.

Lo pactado, por debajo de las expectativas de inflación que siguen de cerca una cantidad importante de consultoras, incorpora una cláusula gatillo que sumará en diciembre 2017 la diferencia entre el 20% acordado y el Índice del Costo de Vida de ese mismo mes publicado por el INDEC.

Según un estudio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-INDEC, que analizó el impacto de la canasta alimentaria y el costo de los servicios básicos de vivienda y vestimenta, estimó que la “canasta de consumos mínimos” tuvo un costo de $ 22.768 en el Gran Buenos Aires y el poder adquisitivo del salario estatal de abril de 2017 resulta un 15,1% menor al de noviembre de 2015. Por su parte, el área de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad estimó que una familia para no ser pobre necesita $14.620 pesos.

Es de notar que muchísimos trabajadores y trabajadoras quedarán con salarios por debajo de la línea de pobreza, al mismo tiempo que no se contempla la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. El deterioro del salario se produjo por la inflación del 40 % del 2016, y del 58% desde noviembre de 2015 a la actualidad, por los efectos de la devaluación, el aumento de tarifas y la escasa “compensación salarial” de diciembre del año pasado y enero de este año.

Porque lo que se presenta como beneficio es una pérdida de derechos

Hay un punto central en este nuevo acuerdo. Lo que se muestra como un beneficio es una nueva imposición de control y precarización para las y los trabajadores. El presentismo significará una nueva regulación que al mismo tiempo de crear sistemas de control y autocontrol, evalúa y pone en juego el uso de derecho de licencias justificadas por parte del personal del Estado. Estiman que significa un 5% de aumento en los salarios más bajos pero su peso relativo en los más altos es ínfimo. Esto quiere decir que a quienes se intentará apuntar con la regulación es a aquellxs trabajadorxs que les hace una diferencia sustancial, toda vez que gran parte de la planta estatal está todavía por debajo o apenas arriba de los niveles de pobreza.

Lejos de conseguir nuevos derechos o una recomposición salarial a la altura de las pérdidas estudiadas, esta imposición implica que para poder gozar de los incentivos se pongan en evaluación ejercer otros derechos necesarios para conciliar nuestra vida con el trabajo en un país donde las políticas de cuidado no son políticas de Estado.

La falta del tiempo es un factor de desigualdad en nuestra sociedad

En Argentina, según datos de la Encuesta de Uso del Tiempo para el año 2013, la mayor parte del trabajo no remunerado asociado al trabajo doméstico y de cuidados lo realizan las mujeres. Este tiempo no sólo implica las llamadas “tareas del hogar”, sino también la gestión y ejecución material y emocional de los trabajos. En datos concretos, las mujeres realizan un 76% del trabajo doméstico no remunerado. En tiempo diario, significa el doble de cantidad de horas que dedican los varones, ascendiendo a 6,4 horas promedio por día.

Sabiendo que son las mujeres quienes se dedican a hacer malabares para cumplir con las necesidades de cuidado que necesita toda sociedad, el formato de incentivos laborales que se impone implica poner en juego los derechos laborales, con un fuerte sesgo de género.

Para poder cobrar el presentismo, lxs trabajadorxs deberán tener asistencia perfecta, lo cual para su cálculo se tienen en cuenta inasistencias justificadas como licencia por enfermedad, cuidado de familiares enfermxs, embarazo y maternidad, y otras licencias por razones particulares. Las únicas licencias justificadas que son exceptuadas del cálculo son la licencia anual ordinaria (vacaciones) y las licencias por estudios.

El género, ¿fuera de la ley?

Este tipo de medidas vuelve a poner en evidencia los sesgos de género en las políticas laborales y arremete con una discusión poco desarrollada en nuestra sociedad: cómo democratizar el uso del tiempo, qué está generizado y sexualizado, y cómo se gestiona como sociedad los trabajos de cuidados que necesitamos todxs.

Por un lado, este tipo de normativa, en tanto mercado laboral, es discriminatoria ya que afecta directamente el derecho a igual salario de las mujeres: la licencia por embarazo y maternidad se computará para el pago del presentismo. Asimismo, se espera y recae en las mujeres ser las principales cuidadoras de hijxs. Mientras se mantenga el actual e inequitativo régimen de licencias por maternidad y paternidad, implica penalizar a las mujeres y reforzar los obstáculos para una mayor y mejor participación laboral. Inclusive no teniendo hijxs, recae en las personas socializadas mujeres ser las principales cuidadoras del entorno, por lo cual el goce de licencias por enfermedad o cuidados de familiares impacta de la misma manera.

Por otro lado, el pensar en el uso del tiempo pone en discusión la organización social del cuidado, esto es de qué manera interrelacionada, en nuestra sociedad actual, las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen cuidado. Para avanzar en una sociedad menos desigual y un poco más justa es central poner en cuestión los cuidados que implican un elemento central en el uso del tiempo, en el tiempo disponible para el ocio y el autocuidado. En este sentido, el rol del Estado es central para garantizar derechos y políticas públicas en favor de trastocar esta actual injusta distribución. Pero al mismo tiempo, es de esperar que los sindicatos velen por los derechos de las y los trabajadores, que estas discusiones estén presentes y que desde la organización sindical se promuevan otras políticas en vez de imponer incentivos monetarios que puedan restringirlos.

Más allá de la paritaria específica de la Administración Central del Estado, este tipo de políticas que restringen derechos e igualdad de condiciones se están multiplicando desde el Estado. Hace pocos días el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Gastón Fosatti, con el aval de la gobernadora, María Eugenia Vidal, resolvió descontar el incentivo salarial que cobra el personal de ese organismo cuando se tomen licencia, incluso justificadas como embarazo, adopción, maternidad, y aquel personal que solicite licencias por examen o que se ausente por el fallecimiento de un familiar.

A días de un nuevo #NiUnaMenos, es central que pongamos en cuestión la desigualdad en el uso del tiempo y en las condiciones materiales de vida a las que nos atenemos las personas que fuimos socializadas mujeres, y que sigamos poniendo en agenda la sostenibilidad de la vida que está injustamente cargada en las espaldas de las mujeres.

*Economista feminista. Participe del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica. Docente de la Cátedra de Economía y Género de la FCE-UBA. Militante de Desde el Fuego CABA

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Con cesantías en el INADI, ANSES, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Seguridad y en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el lunes 29 de febrero comenzó la segunda etapa del plan de despidos masivos de estatales con más de 1.400.

Tras la primera oleada en diciembre/enero, que alcanzó a más de 8.000 empleados de la Administración Pública Nacional y llegó a más de 24.000 en todo el país, se lanzó una segunda instancia que ya afecta fuerte a las distintas dependencias del Estado central.

El viernes 26 por la noche, empleados del INADI habían sido notificados por correo electrónico que estaban despedidos del organismo. El total de cesanteados en ese Instituto llegó a 60.

Todavía en estado de asamblea permanente, por los despidos injustificados, los y las trabajadoras del INADI convocaron el jueves 3 a realizar un abrazo al organismo para defender las políticas de Derechos Humanos ante las embestidas del gobierno por desmantelarlas.

En estos momentos los y las trabajadoras del INADI siguen sin recibir ninguna respuesta oficial del Interventor Javier Buján y, por lo tanto, sostienen el paro que iniciaron el 29 de febrero, hasta tanto los reciban y les garanticen la reincorporación.

Por la mañana del lunes 29, con policía en la puerta y una lista que les prohibía el ingreso, 205 trabajadores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) fueron informados de su despido. Sin motivo aparente, en los tres edificios de la SRT (Moreno, Reconquista y Mitre) hubo despedidos y áreas enteras fueron desmanteladas.

También en el Ministerio de Agroindustria llegó una nueva tanda de telegramas. Manteniendo el ritmo de dos docenas de despedidos semanales, a 23 trabajadores les comunicaron su despido y se les prohibió el ingreso a realizar sus labores.

En ANSES, por su parte, comenzaron a llegar los telegramas de preaviso. Según informaron desde ATE, unos 120 empleados recibieron la información de que desde el 1° de marzo les darían de baja a sus contratos o sus puestos de planta interina en el organismo de seguridad social.

También en el Ministerio de Salud hubo conflicto. Es que las autoridades de dicha cartera informaron que darían de baja los contratos que tenían con las universidades por lo que unos 400 empleados se quedarían sin empleo este mes y llegarían a 1.000 en abril. Los delegados de ATE y los empleados mantuvieron ocupado pacíficamente el edificio pidiendo que se revea la decisión.

Frente a esta medida el Ministro de Salud, Jorge Lemus, escribió al Jefe de Gabinete para solicitar la continuidad de los contratos por convenios con la Universidad. Si bien la medida de la permanencia fue levantada, siguen en “estado de alerta y movilización” por los despidos en la Dirección Nacional de Salud Mental que suman alrededor de 30 trabajadores y trabajadoras.

Por su parte en el Ministerio de Seguridad se contaron unas 20 cesantías nuevas. Aunque se espera que puedan ser más, la cartera que maneja Patricia Bullrich había despedido 420 empleados en enero.

A menos de tres semanas de haber asumido funciones, las nuevas autoridades del organismo antilavado (Unidad de Información Financiera) dejaron en la calle a 45 técnicos con sólida trayectoria en materia de investigación y fiscalización.

Mariano Federici y María Eugenia Talerico fueron designados en sus cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente el 26 de enero de 2016. Tan solo una semana más tarde comenzó a cundir el pánico en el staff de la Unidad de Información Financiera mientras Federici viajaba a Mónaco para participar del plenario del Grupo Egmont.

Primero llegó el turno de algunos coordinadores y jefes de áreas operativas. A ellos previamente se los había entrevistado, se les había requerido informes y se los había elogiado por su predisposición e idoneidad para ocupar sus puestos. Sin embargo, apenas dos o tres días más tarde fueron despedidos sin previo aviso y sin causa por funcionarios que se habían incorporado recientemente al área de recursos humanos y que ni siquiera, a la fecha, han sido nombrados oficialmente.

La Secretaría de Comercio despidió a 300 trabajadores que se suman a otros 130 desafectados en enero por Miguel Braun, jefe de la oficina dependiente del Ministerio de Producción.

Los trabajadores pertenecían a las áreas de Consumo Protegido, Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia, Comercio Exterior y el call center que recibía denuncias sobre incumplimientos en el programa Precios Cuidados. Los despidos en esta última oficina la dejaron prácticamente vacía.

El jueves por la mañana, los estatales marcharon hacia la sede de la Secretaría en Julio Argentina Roca, donde realizaron una asamblea y una ruidosa protesta.

Cambiemos sigue avanzando sobre los puestos de trabajo del Senado de la Nación. Gabriela Michetti adelantó que en los próximos días finalizará la evaluación de la comisión revisora de los contratos de 2.035 empleados dados de baja antes del 1º de enero. Estimó que habrá entre 1.500 y 1.600 despidos. Además ordenó la baja de 376 empleados el miércoles pasado aclarando que eran designados de la “planta política” a los cuales se les venció el contrato y no se les renovó.

Desde los afectados, se siente el malestar con los gremios. Es que la resolución que formaliza las cesantías dice que se cuenta con el aval de los tres gremios: ATE, APL y UPCN.

Más de trescientos trabajadores se concentraron el viernes en el primer piso del Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, para repudiar y exigir explicaciones sobre la desarticulación de los programas Conectar Igualdad y Primaria Digital, que según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) implica dejar en la calle a 1.060 empleados en todo el país. El ministro Esteban Bullrich se negó a recibirlos y difundió un comunicado en el que desmintió los despidos y afirmó que ambos programas seguirán funcionando “con absoluta normalidad”. A 70 trabajadores del Conectar Igualdad que se desempeñaban en el ministerio nacional se les confirmó que fueron cesanteados.

Una asamblea resolvió convocar a todos los y las trabajadoras para el lunes, con el objetivo de definir medidas de acción directa para el miércoles, informó ATE.

La noticia de los despidos sin causa de trabajadores de Educación se conoció el jueves de boca del Jefe de Gabinete del ministerio, Diego Marías, y del Subsecretario de Coordinación Administrativa, Félix Lacroze. “Se trata de empleados precarizados contratados, distribuidos en todo el país, a quienes además se les adeudan dos meses de salario”, informó ayer el sindicato. La otra novedad del día fue que desde el Ministerio comenzaron a llamar a sus interlocutores en las provincias para asegurarles que al menos durante dos meses piensan garantizar los contratos de todos los trabajadores. “La decisión del Gobierno es descentralizar este programa educativo, como en los ‘90 se descentralizó la educación y la salud”, advirtió Rodrigo Recalde, delegado general de ATE en Educación y Deportes.

Los trabajadores de la Subsecretaría de Infancia y Adolescencia del Municipio de Quilmes se encontraban bajo medida de fuerza debido a que no tienen asegurada la continuidad laboral.

El viernes 26 la subsecretaría de Niñez y Adolescencia les informó que todos los y las trabajadoras del Área de Niñez tenían la continuación asegurada, siendo que al 29 de febrero caducaban los contratos de trabajo.

Al día de la fecha se encuentran sin comunicación institucional pertinente de la continuidad laboral, sin contrato y sin cobertura de ART.

En una masiva asamblea de más de 300 trabajadores, la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de la Nación decidió convocar para ayer a las 13 horas a un abrazo al Ministerio de Trabajo para reclamar por la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos del organismo y para que no se produzca una baja más de contratos.

Los trabajadores del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, Ex Esma, nucleados en ATE, informan que  luego de una larga pelea, unidad y organización han logrado la reincorporación total de los 11 compañeros y compañeras despedidos.

Tras la jornada del 24 de febrero en la que ATE, FESPROSA, CONADU Histórica, la Federación Nacional Docente y la Federación Judicial Argentina demostraron una gran capacidad de movilización, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en las provincias, la Mesa Nacional de la CTA Autónoma evaluó la continuidad de un Plan de Lucha. En este sentido, resolvió convocar a una Jornada Nacional de Lucha para la semana que comienza el 14 de marzo en base a cuatro puntos: Frenar los despidos, aumento salarial, no al tarifazo y no a la criminalización de la protesta. La CTA convocará a la Multisectorial para definir la fecha definitiva. La Jornada será la antesala para construir un Paro Nacional en unidad de acción con todas las organizaciones populares que luchan contra el ajuste.

Reprimen a trabajadores estatales en Mendoza

Alrededor de las 15 horas del domingo 6 de marzo, una patota dirigida por personas presuntamente de la barra brava del Club Godoy Cruz y ligadas a la Municipalidad de esa   ciudad golpeó salvajemente a Roberto Macho, secretario general de ATE, y a otros dirigentes gremiales. Fue en el marco de una volanteada en la que se reclamaba la reincorporación de despedidos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

Al respecto, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE nacional, se solidarizó con los agredidos y le reclamó al gobierno nacional y provincial que “arbitren las acciones inmediatas para que los hechos sean esclarecidos y los responsables castigados”.

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