Por Matías Calvo Crende^[1] y Fernando Gasalla^[2] Foto Nuria Bodda

El pasado 21 de Febrero de 2024, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)^[3], publicó a través de sus redes sociales un comunicado que pone de manifiesto la “situación crítica en las universidades públicas”.

Allí se advierte la difícil situación que atraviesa el sistema universitario público nacional debido, entre otros puntos, al sostenimiento del presupuesto del 2023 en contraste con la necesidad de incrementar los gastos de funcionamiento acordes a la inflación, la necesidad de actualizar salarios de docentes y no docentes; dar continuidad a programas de infraestructura, al sostenimiento de los programas de becas y al desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología.

Para ponerlo en un ejemplo, y funcionando con un presupuesto de prórroga, la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) publicó en sus redes un comunicado donde expresa que en enero y febrero de 2024 recibió la misma partida presupuestaria que en enero de 2023 con precios casi un 300% superiores^[4].

En este sentido queda de manifiesto que, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las universidades públicas.

Ahora bien, vale la pena hacerse algunas preguntas para “leer entre líneas” cuando se aborda este tema en la agenda pública. ¿A qué universo de estudiantes afectan directamente estas decisiones políticas y qué características tienen? ¿Cuántos estudiantes extranjeros tienen las universidades públicas? ¿Qué impactos sociales implican estas medidas? ¿Con qué herramientas económicas cuenta la población afectada?

En primer lugar, implica afectar a la mayoría de la población estudiantil universitaria en la Argentina:  8 de cada 10 estudiantes universitarixs realizan sus estudios en instituciones estatales. Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, al año 2021 de un total de 2.730.754 estudiantes universitarios eran 2.200.362 quienes se formaban en instituciones públicas.^[5]

Tabla 1. Estudiantes, nuevas/os inscriptas/os y egresadas/os por nivel y sector de gestión. Año 2021.

Por otro lado, en la voz de Patricia Bullrich, los sectores más conservadores de nuestro país han sabido señalar (sin evidencia empírica que la respalde) que la Argentina tenía casi la mitad de la matrícula de sus universidades ocupada por alumnos extranjeros^[6]. Sin embargo, sólo el 4,1% de lxs estudiantes de las instituciones estatales lo son. De esta manera, es posible interpretar que lo que sobra no son estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas, sino desprecio hacia los migrantes en la manera de pensar de algunxs decisores de políticas públicas de nuestro país.

Tabla 2. Participación de estudiantes extranjeras/os según nivel de la oferta y sector de gestión. Año 2021.

En el marco de estas consideraciones, la avanzada ultraderechista sobre las universidades públicas también implica poner en jaque el derecho a la educación superior en las clases más bajas. En la Argentina, gran parte de la población estudiantil universitaria representa una primera generación de quienes pudieron acceder a una carrera de grado. Este fenómeno se percibe con mayor claridad en las universidades nacionales del conurbano bonaerense y del interior del país. Por ejemplo, en la UNGS 8 de cada 10 estudiantes son primera generación de universitarios (2023)^[7] mientras que en la Universidad Nacional de José C. Paz 9 de cada 10 estudiantes lo son.^[8]

En un contexto donde el aumento de la pobreza es una realidad efectiva cada vez más alarmante, resulta improbable la posibilidad de qué estos actores puedan encontrar en el mercado recursos “extra” para financiar sus estudios.  Por otro lado, es esperable un empeoramiento del desarrollo de los indicadores de trayectorias educativas de estos sectores (sea en su abandono, avance o graduación o en su logro académico) visto que el contexto socio económico del estudiantado es una variable determinante: no solo se trata de condiciones personales como el esfuerzo o la “inteligencia” para poder llevar adelante una carrera universitaria, sino en gran medida poder sobrellevar condicionantes (como situaciones de pobreza, desempleo, entre otros factores) que pueden permitir o no esas trayectorias.

Para recapitular: la asfixia presupuestaria a las universidades implica afectar la calidad educativa de la mayoría de la población estudiantil universitaria y poner en peligro el derecho a la educación superior de los sectores populares de la nación.

Pero el recorte educativo llevado adelante por el gobierno nacional a las universidades públicas presenta varios impactos sociales negativos adicionales.

Para mencionar algunos de ellos podemos listar: la caída del salario real de los trabajadores y las trabajadoras, no docentes y docentes y la respectiva pérdida de calidad de vida; el recorte de los platos de comida y refuerzos alimentarios que las escuelas infantiles y secundarias de las universidades nacionales garantizan para distintas infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad social; la caída del desarrollo de las economías locales que se propulsaron por la creación de universidades (como en gran parte de las del conurbano bonaerense);  el fin del acceso a servicios de salud (en los casos de universidades que tienen a cargo hospitales, consultorios odontológicos o psicológicos); el ajuste en las políticas de becas que,  muchas de ellas otorgadas con criterios de necesidad económica y mérito académico, permiten no sólo garantizar el acceso y la continuidad de estudiantes en la vida académica, sino además la potenciación del talento humano y profesional que de otra manera no podría verse desarrollado en nuestra economía.

Es cierto que no todos los problemas de las instituciones universitarias nacionales nacieron con el actual gobierno pero la situación empeora, por un giro ideológico de la administración nacional, su “plan motosierra”, que atenta contra el derecho a la educación superior y omite intencionalmente la responsabilidad del estado nacional en su financiamiento.

En un contexto de ajuste estructural, donde el “financiamiento” que hoy se plantea desfinancia paradojalmente, al punto de que, de sostenerse en el tiempo, dejará de ser un ajuste presupuestario para dar paso al fin de la actividad, debe recordarse que las sociedades más desarrolladas y menos desiguales son aquellas que también más invierten en educación.

Para construir y alcanzar ese puerto deseado, la educación debe ser prioridad.

Y para ello hay que entender que el desarrollo de un país se construye con las universidades nacionales, nunca sin las mismas y mucho menos contra ellas.

^[1] Investigador docente del área Estado, Gobierno y Administración Pública- Instituto del Conurbano- UNGS.

^[2] Director General de Gestión Académica UNGS. Consejero Superior Nodocente UNGS.

^[3] Organismo público que nuclea a los rectores y las rectoras de las universidades públicas nacionales.

^[4] Fuente: https://www.ungs.edu.ar/new/emergencia-presupuestaria-en-la-ungs

^[5] Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/04/sintesis_2021-2022_sistema_universitario_argentino_0.pdf y https://drive.google.com/file/d/1xAJme5qRX0BRwmOLWZmojIHxZBZHRDQt/view

^[6] A propósito ver sus dichos en el XVI Foro Atlántico “Iberoamérica: Democracia y Libertad”.

^[7] Rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky, en “Desde el conocimiento” (2021). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=C-SqWBhHVQ0

^[8] Fuente: https://www.ungs.edu.ar/new/se-publicaron-los-datos-preliminares-del-censo-de-estudiantes-2023

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Por Colombia Informa | Fotos: @GhostX__

En varias universidades del país el movimiento estudiantil ha logrado matrícula cero para el estudiantado a través de los recursos de las administraciones locales y regionales. Sin embargo, la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica dependen del Gobierno nacional; esto quiere decir que es decisión de Iván Duque si implementa o no la matrícula cero.

Por esta razón más de 30 congresistas solicitaron, a través de una carta enviada a Iván Duque, la implementación de la matrícula cero en todas las universidades públicas del país cuyo presupuesto depende de la administración nacional.

Las movilizaciones estudiantiles

Desde el 27 de julio, estudiantes de la Universidad Nacional de las sedes Bogotá y Medellín, establecieron campamentos en las instalaciones (algunos de ellos se encadenaron a las mismas), para exigir al Gobierno nacional que garantice el derecho a la educación de miles de estudiantes que hacen parte de esta universidad.

A estas protestas se unió el estudiantado de la Universidad Pedagógica, quien se tomó pacíficamente las instalaciones, con el objetivo de exigir la matrícula cero y evitar la deserción estudiantil.  

De igual forma, los docentes hicieron un llamado al Gobierno nacional y a la Ministra de educación, María Victoria Angulo, para que inyecten los recursos necesarios a la educación para garantizar la gratuidad total de las matrículas.

“Nuestras exigencias están esbozadas en tres puntos primordiales que son: la condonación de matrículas, la matrícula cero no momentánea sino vitalicia para semestres posteriores, y la política integral para estudiantes, docentes y trabajadores”, explicó Cristian Enrique Domínguez Cruz, estudiante de licenciatura en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica.

Además, afirman que al menos 700 estudiantes no han podido pagar el primer semestre del 2020, por lo que exigen la condonación o refinanciación. Asimismo, hicieron un llamado a la rectoría para que se establezca una mesa de diálogo en la que participen docentes y personal administrativo para pactar acuerdos que eviten despidos, pues afirmaron que no permitirán suspensión de contratos o despidos de docentes o trabajadores permanentes.

“Nos dimos cuenta, a través de otras universidades, que el tema no es de presupuesto sino de querer en realidad hacerlo por parte de las administraciones y entes gubernamentales, por eso es importante que nos unamos como estudiantes, docentes y trabajadores, para exigir una mesa de diálogo en la que nos podamos pensar una metodología política de movilización que nos permita alcanzar una matrícula cero, y exigir mayores garantías y recursos para nuestra universidad”, expresó Domínguez.

Otra de las exigencias es garantizar los materiales para que los y las estudiantes puedan tener condiciones óptimas para recibir sus clases virtuales. “Entre esos están los aparatos tecnológicos, la conectividad y también algunos bonos alimenticios, porque la mayoría de la gente de la universidad pertenece a los estratos 1, 2 y 3, los cuales se han visto más golpeados con la pandemia. La adquisición de alimentos es precaria y la mayoría tenían trabajos informales por lo que han perdido su trabajo”, comentó Domínguez.

El estudiantado continuará convocando a actividades de apoyo para que se sigan vinculando a ellas estudiantes, docentes, trabajadores y la sociedad civil en general.

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Por Ignacio Celis / Foto: Archivo Marcha 

El sistema universitario argentino se compone de 136 instituciones universitarias, de las cuales 71 son de gestión pública (nacional y provincial) y 63 de gestión privada. A estas se suman una de gestión internacional y otra de gestión extranjera. La mayoría de estas instituciones se localizan en las grandes capitales. La Ciudad de Buenos Aires reúne al 45% de todos los rectorados del país.

Con la excepción de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, Argentina ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo de la matrícula universitaria. En las últimas décadas pasó de 700 mil en 1990 a más de 2 millones de matriculadxs en el año 2015. Este proceso de crecimiento universitario se viene dando en diferentes países de América Latina, en un marco de acelerados cambios en las especializaciones necesarias para la división del trabajo.

La mayoría de los y las estudiantes universitarias en Argentina se concentran en las carreras de grado de las universidades públicas. En el año 2015, alcanzaron a ser 1.491.452 estudiantes, es decir, más del 70% de la matrícula del país. El otro 30% estudia en universidades privadas o en carreras de posgrado.

En este contexto, es necesario establecer una real dimensión de la presencia de estudiantes extranjerxs en las universidades argentinas. No porque exista un “grado aceptable” de estudiantes con nacionalidad extranjera, sino más bien para establecer contrapuntos frente a los discursos xenófobos y reaccionarios.

¿Cuántos estudiantes de nacionalidad extranjera hay en las universidades públicas?

En el año 2015, hubo un total de 57.953 estudiantes de pregrado, grado y posgrado de nacionalidad extranjera cursando en universidades públicas y privadas. Esto representó el 1,87% de toda la matrícula universitaria. De este total, fueron 37.833 los estudiantes de grado en universidades públicas y gratuitas. Es decir, el 65%, mientras que el 35% restante estudió carreras aranceladas tanto en universidades privadas como en carreras de posgrado de universidades públicas.

Estos 37.833 estudiantes de nacionalidad extranjera representan el 2,53% de las y los estudiantes de grado de las universidades públicas. O, dicho de otro modo, por cada mil estudiantes en carreras de grado en universidades públicas, solo 25 son extranjerxs. Si consideramos la historia de la migración en Argentina y el actual contexto de una acelerada internacionalización y globalización de la sociedad, estas cifras son más bien moderadas.

Residentes extranjeros y extranjeros residentes

Argentina es un país cuya historia posee una fuerte impronta en torno a la migración. ¿Quiénes componen este 2,53%? ¿Qué tipos de estudiantes con nacionalidad extranjera están presentes en las carreras de grado de la universidad pública?

Usualmente, se reconocen dos tipos. Por un lado, el estudiantado con nacionalidad extranjera que reside en forma permanente en el país, es decir, ya establecidos en el país junto a sus núcleos sociales o familiares. Estudiar en la universidad es un aspecto más de sus vidas en el país. Por otro lado se encuentra el estudiantado de nacionalidad extranjera que reside en otro país y viene a Argentina con el objetivo específico de cursar estudios universitarios. Son los llamados “estudiantes internacionales”.

Estas distinciones ayudan a repensar la cifra de estudiantes que vendrían a específicamente al país por la educación universitaria argentina. Las primeras tres nacionalidades que registra la Secretaría de Políticas Universitarias provienen de Perú, Paraguay y Bolivia, que también son de los más grandes grupos migrantes que habitan y trabajan en el país.

Si de cada 1.000 estudiantes de grado en universidades públicas, 25 son estudiantes de nacionalidad extranjera, ¿cuántos de esta cifra corresponden a jóvenes y adultos que habitan en el país hace años, con proyectos de vida completos en la Argentina?

Este volumen no tiene cómo ser el culpable de la crisis educativa argentina. Entonces, ¿cuál sería la razón para que cada cierto tiempo salga en la prensa hegemónica o en otros grupos de poder un cuestionamiento a las colectividades migrantes?

La concentración del sistema universitario nacional permite falsear la realidad

La Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió al 35,9% de los estudiantes de grado con nacionalidad extranjera de todo el país, que a su vez correspondió al 4,3% del total de la UBA en el año 2015. La Universidad Nacional de La Plata contuvo al 12% del total de extranjeros, siendo el 4% del total de estudiantes de dicha universidad. Estas son las dos universidades con más estudiantes de nacionalidad extranjera. Juntas, reúnen casi al 50% del país.

Además, hay una concentración geográfica. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es por lejos el lugar donde se reúne la mayoría de la matrícula extranjera, con el 49% de los estudiantes extranjeros de grado. La cifra aumenta a un 61% si incluimos la ciudad de La Plata.

En todo el país, son cinco ciudades que reúnen al 77% de la matrícula de nacionalidad extranjera. Es decir que, en la mayoría de las universidades del país y, por lo tanto, en el resto de las ciudades, “no es un tema”.

Las áreas fronterizas pueden servir de ejemplo: en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el 2,8% son estudiantes extranjeros; en la Universidad Nacional de Cuyo, el 1,4%; en la Universidad Nacional de Jujuy, el 0,48%; y en la Universidad Nacional de Misiones, el 0,7%.

La presencia de migrantes en las universidades públicas argentinas parece ser más la excepción que la regla. Un ejemplo recurrente es la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires, que tiene el mayor número de extranjeros y extranjeras. La universidad más importante del país, una de las carreras más deseadas y la centralidad de la Capital Federal son los ingredientes necesarios para el sensacionalismo que gusta de compartidas y retweets.

El derecho a la educación universitaria

Lxs estudiantes extranjerxs que optan por estudiar en la Argentina en gran medida lo hacen porque provienen de países donde el acceso a la educación universitaria es restringido. Brasil, Colombia y Chile corresponden al cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente de nacionalidades extranjeras en universidades públicas argentinas. En Brasil, la alta selectividad universitaria permite sólo a pequeños grupos el ingreso a carreras universitarias de alta demanda como medicina, que fue la carrera más cursada por extranjeros en el año 2016. En Colombia y Chile, los aranceles son tan elevados que implican el endeudamiento forzado de cientos de miles de estudiantes con el sector financiero a 10, 15 o 20 años con tasas de interés usureras.

Por otro lado, poco se menciona que lxs universitarixs extranjerxs son también una fuente de ingresos para el país porque reciben dinero enviado desde sus países de origen. Pagan impuestos, invierten en residencia y demás consumos necesarios para el día a día. Sería algo difícil de contabilizar, como lo intentó un estudio, pero no es poco dinero. De hecho, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alienta la internacionalización de las universidades con distintos programas.

Tampoco mencionan que los estudiantes de posgrado muchas veces pagan aranceles diferenciados sólo por ser de nacionalidad extranjera. Este año, la carrera de especialista de la Facultad de Medicina de la UBA cobró 18.750 pesos a médicxs argentinxs y 97.500 pesos a médicxs extranjerxs. Estudiar una maestría en ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba cuesta el doble para un extranjero que para un argentino.

La crisis no es culpa de lxs migrantes

El tema de lxs estudiantes universitarixs de nacionalidad extranjera resuena en los medios de comunicación cuando la derecha entra en crisis. Cuando no, abundan las notas sobre la importancia de la multiculturalidad o el poco peso relativo de la población universitaria extranjera. Los grupos políticos conservadores abusan de este recurso para ganar popularidad, construyendo un enemigo a partir de las diferencias nacionales. Son muchos y muchas quienes gustan de buscar chivos expiatorios.

Sin embargo, los datos matan el relato, como ellos mismos gustan decir. Revisando el Anuario de Estadísticas Universitarias se puede demostrar que el discurso contra el extranjero es más bien una fantasía ideológica para ocultar la propia realidad. Porque sí, exagerar es fácil.

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Las clases en las universidades públicas no se han iniciado como respuesta al vaciamiento de las políticas educativas que afectan al salario de las y los docentes y a la educación pública en general. La emergencia educativa mañana tendrá como escenario una importante movilización.

Más de cien clases públicas universitarias se llevaron adelante en Plaza de Mayo, para visibilizar el reclamo contra el ajuste en educación universitaria, ciencia y tecnología, recortes que inciden, en rigor de verdad, en todos sus niveles de la comunidad educativa de nuestro país.

Hacia fines del 2017 la CTERA realizó un estudio del proyecto presupuestario enviado a tratar en el Congreso. Allí resaltaba que el ajuste no sólo se traducía en una reducción nominal del presupuesto propiamente dicho, sino también en un proceso de desfinanciamiento concreto, que preveía el desmantelamiento de programas diversos en el nivel educativo que el gobierno actual viene sosteniendo y profundizando desde su asunción en el 2015. Si bien el conflicto presupuestario de las universidades nacionales es de larga data, en el marco de la galopante inflación, un dólar que ya saluda los $32 y sigue su camino, ha tornado la situación en crítica.

Hace poco más de dos meses la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se preguntaba: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas,  cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”. Una pregunta que se formulaba en el ámbito del selecto Rotary Club.

Hoy estamos transcurriendo la cuarta semana de paro universitario, que comenzó con 57 Universidades y mantiene, en este momento,  a 33 de ellas sin retomar sus actividades normales. El viernes 24 hubo clases públicas en Plaza de Mayo- pese a las desfavorables condiciones climáticas- y para mañana se espera una multitudinaria movilización para rechazar las políticas educativas.

Un guadañazo a las universidades

Un informe realizado por la Facultad de Ciencias Exáctas (FCE) de la UBA titulado “Ciencia y Universidad en Emergencia”^[1], da cuenta en términos concretos de la situación salarial de trabajadores docentes y no docentes de dicha universidad.

Desde el inicio de la gestión cambiemita, se denota una gran brecha entre los aumentos en el salario universitario y el nivel de precios medidos por el INDEC. Tomando diciembre 2015 como base, sólo en noviembre de 2017 se logró equiparar el salario real con la inflación. Desde ese entonces la diferencia se acentuó, tocando el máximo actual de 20 puntos porcentuales de diferencia entre inflación y salario. Es decir, entre diciembre 2015 y hoy, el salario docente perdió el 20’% de su poder de compra.

Fuente: FCE UBA

Desde noviembre de 2017 , el salario de universitarios aumentó sólo un 5% (adelanto a cuenta del convenio paritario actual), mientras que el de no-docentes sufrió un incremento del 11% desde septiembre del año pasado. En ese tiempo, el nivel de precios aumentó más del 25%.

Ante este panorama, la propuesta salarial de 15% sólo se puede entender en clave de un gobierno que, redoblando las apuestas del FMI, ajusta las tuercas más de lo que la rosca puede. El salario docente, en todos sus niveles, es la piedra angular de un gobierno que viene sosteniendo una sistemática campaña de desprestigio, a la educación pública, al rol docente y todos aquellos y todas aquellas que tienen el orgullo de estudiar en el sistema público.

Otra situación alarmante es señalada por el Instituto de Estudio y Capacitación (IEC) de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Según se detalla en “El ajuste sobre las universidades nacionales”^[2], solo durante el primer semestre se recortaron 1.056 millones de pesos del presupuesto para universidades nacionales. Estos recortes se focalizan en las áreas de Proyectos Especiales, Infraestructura, Conducción, Gestión y apoyo a las políticas de educación superior y Fomento a la actividad de investigación de los docentes universitarios. A su vez, señalan que el nivel de subejecución del presupuesto es el más bajo en los tres años de gestión cambiemita. Sumado a esto, solo durante este periodo de tiempo, la deuda exigible por las universidades por los gastos contabilizados llega a 13.552 millones de pesos.

Juan Winograd, Consejero Superior de la UBA e integrante de Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA,  expresó “en un nivel general, el contexto de ajuste es consecuente con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y en ese sentido se camina hacia la privatización de las universidades públicas- algo que ya fue pactado, hace dos años, con el sistema de reconocimiento académico que el gobierno firmó con más de 60 Rectores de universidades y que presenta un sistema parecido al europeo, de carreras de tres años de duración y luego másters/posgrados que se vuelven necesarios en la medida en que el título de grado está vaciado y no tiene los contenidos ni la habilitación del título de grado que tenía previamente”.

La guadaña prueba su intensidad con la educación pública y universal en cada nivel. Las universidades, la ciencia y la tecnología parecen cosas del pasado para una gestión que apuesta a lo privado, al coaching y a los cursos de emprendedurismo.

Últimas novedades en el conflicto

Este lunes 27 de agosto el presidente de la cartera educativa, Alejandro Finocchiaro, se hizo presente en la quinta reunión de la Mesa de Negociación Salarial de la docencia de las universidades nacionales. Una vez más se ofreció el 15% de aumento en tres instancias: 5% de aumento en mayo (ya cobrado), 5,8% en agosto (a cobrarse en septiembre) y 4,2% en septiembre (a cobrarse en octubre). La reunión se dilató con un cuarto intermedio hasta el día miércoles 29 media mañana-  mientras que desde las gremiales docentes se mantiene la postura de no inicio de actividades y la marcha masiva en el Congreso de la Nación el jueves 30 de agosto.

“El no inicio de clases ha conseguido quebrar el cerco mediático y ha colocado el tema en los medios de comunicación. La huelga en las universidades ha demostrado que en particular las y los trabajadores (docentes) tenemos reservas para enfrentar este ajuste. Hoy el gobierno está operando activamente para limitar el alcance de la marcha del jueves y contener el conflicto”, expresó Winograd, y agregó: “reivindicamos que la Universidad sea no sólo un ámbito de enseñanza sino también un lugar de producción de conocimiento científico y con estas cifras que difunde el gobierno queda totalmente eliminado este problema”.

Para enfrentar esta resistencia de las y los trabajadores, que cuenta con la solidaridad de una gran parte de la sociedad, el presidente Mauricio Macri recibió a 25 Rectores mientras los trolls del gobierno y los medios afines hacen el trabajo sucio tratando de instalar la idea de que sobran docentes.

Por su parte, el Secretario General de CONADU Histórica, Luis Tiscornia, expresó que “Mantenemos el paro durante toda la semana. Se mantiene la marcha con más fuerza que nunca. Criticamos que no haya habido una respuesta concreta ayer. Es la primera vez que participa el ministro de educación, es evidente que tomaron nota de la amplitud de la protesta y las movilizaciones y que estarán pensando y discutiendo la respuesta que nos van a dar. Dicen que están dispuestos a discutir todo, y que esa negociación sería sin techo salarial. Hasta ahora ellos venían diciendo que el 15% de aumento es lo que había”.

Los gobiernos nacional y provincial están asfixiando la educación pública. Desde lo discursivo, en todas las plataformas de comunicación posibles, creando y recreando el sentido común de que lo público es obsoleto y los docentes no quieren trabajar. Solamente recordemos la movida twittera a principios del 2017, cuando, bajo el hashtag #VountarioDocenteNoAlParo, miles de usuarios se ofrecían a dar clases tras el fracaso de la paritaria docente. La táctica del desprestigio de docentes de todos los niveles y el cinismo con que utilizan los gerundios-“vamos a seguir trabajando e invirtiendo”- conforman el preludio. Y en esta gran orquestación destructiva, del dicho al hecho se toman segundos. Lo nefasto en lo dicho por Vidal, es el sentido de la concepción del otro, la lectura de la sociedad acerca del papel del Estado y su responsabilidad para garantizar derechos y para incidir en reducir las brechas y las desigualdades. En su discurso, Vidal- y por propiedad transitiva, el gobierno nacional también- naturaliza la discriminación. Y cuando vuelan trabajadores docentes por los aires, se lamenta cínicamente por redes sociales. Este gobierno, tanto con la palabra como con los hechos, clausura destinos. Nos quieren bien necios, sin educación, sin información, sin poder.

^{[1] El ajuste sobre las universidades nacionales} 

^[2] Ciencia y universidad en emergencia

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La Asociación Madres de Plaza de Mayo visitó la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Dejaron su pañuelo, hablaron en defensa de la educación pública y pidieron justicia por las víctimas de la explosión de la Escuela 49.

El pasado 15 de agosto, las Madres de Plaza de Mayo visitaron la Universidad Nacional de Moreno (UNM) para entregar baldosas pintadas con pañuelos que habían sido removidas de Plaza de Mayo. La iniciativa surgió en respuesta a la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de alterar la histórica plaza, de donde las Madres rescataron las baldosas sobre las que marcharon durante 42 años, alrededor de la Pirámide, para donarlas a instituciones educativas y culturales.

La UNM es una de las Universidades del Bicentenario, creada en 2010 donde antiguamente funcionó el Instituto de Menores “Mercedes de Lasala y Riglos” (Bte Mitre 1891, Paso del Rey, Moreno). Hoy estudian allí 15 mil jóvenes de las clases populares de la zona oeste y más del 90% son la primera generación en su familia que puede acceder a estudios superiores.

El lugar fue señalado como “Sitio de la Memoria” porque durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica tras el secuestro, desaparición y/o asesinato de sus padres el instituto de menores había alojado a las hijas e hijos.

Una vez más, y con estos símbolos, se resignifica el lugar donde las y los estudiantes concurren a diario, porque albergará la memoria colectiva, de las rondas de las Madres, miles de jueves en la Plaza, donde aún siguen reclamo por la Memoria, la Verdad y la Justicia para sus hijos e hijas desaparecidas.

En una emotiva ceremonia con la presencia de estudiantes, profesores, autoridades y organismos locales de derechos humanos, se descubrió el panel de baldosas, a un lado del mástil. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, expresó “cada vez que entregamos un pañuelo a alguien que se lo merece lo hacemos en nombre de nuestros hijos (e hijas). No lo hacemos en nuestro nombre sino en nombre de ellos, porque este pañuelo nació por ellos, para ellos y ahora es de todos ustedes”.

Asimismo Bonafini recordó el origen de los pañuelos blancos como símbolo de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, pintados por el pueblo; “el primer pañuelo fue un pañal, ese que todas las madres tenemos guardado. En un momento muy difícil, de mucha bronca y persecución, cuando estaba por llegar el gobierno constitucional de Alfonsín queríamos dejar algo la plaza. Vinieron un montón de pibes con pinceles, cal, moldes y pintaron unos pañuelos por ocurrencia de ellos, no de nosotras. Hoy siguen estando ahí porque los volvimos a pintar y ahora también están en todas las plazas del país”.

En defensa de la educación pública

La jornada continuó con una charla entre las Madres y la comunidad universitaria, sobre la coyuntura que atraviesa la educación pública, la política y los derechos humanos. El rector Hugo Andrade agradeció a las Madres por su presencia y el regalo, al que consideró importante para fortalecer el compromiso de la casa de estudios con la reconstrucción de la memoria histórica, la verdad y la justicia. Ellas rescataron la importancia de una Universidad que en el borde del conurbano contribuye a la emancipación del pueblo y la transformación de un territorio con muchas necesidades y carencias.

Una de las Madres, Carmen Arias, comentó; “yo estudié de grande y sé que la enseñanza y el estudio nos hace fuertes y nos abre la cabeza. “Chicos no aflojen, sigan luchando para que las universidades sigan siendo del pueblo y para que todo el mundo tenga el derecho a estudiar”. En esa línea, otra de las Madres, Rosa Camarotti expresó: “estoy orgullosa de la universidad nueva y deseo que sigan luchando con mucha fuerza. Estoy orgullosa que haya más universidades en el conurbano”.

El rector explicó el contexto de recorte presupuestario que atraviesan las universidades y se refirió a la paritaria docente; “la Argentina vive un momento muy especial donde el derecho a la educación superior está en discusión, donde se disputa el presupuesto universitario y se congela el salario de las y los trabajadores de las universidades públicas. Eso pone en riesgo este proyecto de universidad que tiene que seguir creciendo para las futuras generaciones y para contribuir al desarrollo de la región. Esta es una universidad nueva que necesita de la voluntad y la decisión del Estado para que siga creciendo”.

El rector Andrade también recordó a las víctimas, por la explosión reciente de gas, en una escuela de Moreno, y expresó: “vivimos momentos que no solo afectan a la universidad sino a todos los niveles educativos, porque para los gobernantes parece que está en duda el derecho a la educación pública. Moreno es el testimonio de un tristísimo hecho con dos trabajadores en la Escuela 49”.

Hebe de Bonafini comenzó fue enfática en su intervención cuando refirió que: “para las Madres este gobierno fue nuestro enemigo desde el principio, porque no quiere a nuestra clase, porque odia a los pobres, a los mapuches y está regalando al país. Estos atorrantes están robando el país”. Continuó alentando a las y los jóvenes a defender la educación “es responsabilidad de los jóvenes defender espacios, como esta universidad pública, en un lugar del conurbano donde hay tanto para hacer.”

Luego les aconsejó “nunca se callen, discutan todo lo que tenemos que discutir. Protesten con propuestas, pero si tenemos ganas que putear, ¡puteemos!. Es mucho peor hablar del hambre y de dos compañeros que murieron porque las escuelas no están como corresponde. Eso es mala palabra, la explosión en una escuela donde dos personas que laburaban perdieron su vida. La justicia es no quedarnos callados, no tengamos miedo. Digamos lo que hay que decir. Tendría que haber 40 mil personas en la carpa docente para defender las escuelas”, concluyó la titular de las Madres.

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A 100 años de aquellos históricos sucesos, y sin desmerecer las notables distancias que nos obligan a repensar sobre nuevas bases nuestra praxis pedagógico-política, consideramos que hoy estamos en presencia de lo que quien fuera el autor del Manifiesto Liminar de la Reforma caracterizó como “un mundo preñado de acontecimientos”, por lo cual muchos de sus planteos cobran plena vigencia en la actualidad. 

Es conocido que el 15 de junio de 1918 el estudiantado de Córdoba decide la ocupación de la Universidad y declara la huelga general, para impedir la votación de un nuevo rector que, de triunfar, consolidaría a la casta profesoral y a los sectores más retrógrados en el gobierno, que no eran sino “academias vitalicias en perpetua gestación de ancianidad” según el Manifiesto que ese mismo día difunden. No obstante, si bien esta jornada funge de momento bisagra, sería erróneo concebirla como el grado cero o el punto de inicio del movimiento en favor de una reforma integral de las Universidades. La lucha estudiantil comienza por supuesto muchísimo antes, y su devenir contempla no sólo a los sucesivos meses de aquel convulsionado 1918, sino incluso a los años venideros tanto en Argentina como en el resto de América Latina.

Pero más allá del carácter complejo y procesual de este emblemático aniversario, qué mejor que revitalizar algunas reflexiones lanzadas durante esta rebelión estudiantil que, a poco de andar, cobró proyección continental al calor de las luchas revolucionarias y anti-imperialistas que proliferaron como hongos en ese entonces. Lo que siguen serán, por tanto, un conjunto de simples balbuceos teóricos ordenados bajo la forma de hipótesis, que rescatan del olvido ciertas frases lanzadas de manera provocativa por el joven iconoclasta Deodoro Roca (1890-1942) en varios de sus escritos. A 100 años de aquellos históricos sucesos, y sin desmerecer las notables distancias que nos obligan a repensar sobre nuevas bases nuestra praxis pedagógico-política, consideramos que hoy estamos en presencia de lo que quien fuera el autor del Manifiesto Liminar de la Reforma caracterizó como “un mundo preñado de acontecimientos”, por lo cual muchos de sus planteos cobran plena vigencia en la actualidad. Tamaña oportunidad ésta, entonces, para ofrendar sus ideas a modo de apuntes sueltos, en pos de sacudir la modorra intelectual y militante en estos tiempos también revueltos. He aquí el convite: 

1. Ir a nuestras Universidades a vivir, no a pasar por ellas (“La nueva generación americana”, julio de 1918)

Para Deodoro, habitar la Universidad implica desentenderse de este espacio simbólico-material como mera instancia de tránsito. Ambas dinámicas son inversamente proporcionales: dejar de concebirla como lugar de paso es la condición de posibilidad para vivenciarla en tanto territorio conflictivo pero propio, constituido menos por un conjunto de descascarados muros y vetustos pizarrones, que por vínculos humanos específicos (muchos de ellos, por cierto, jerárquicos y autoritarios, aunque en tensión y disputa permanente con iniciativas democráticas y disruptivas que pugnan por desbordarlos). Quizás pueda leerse como síntoma de este obtuso capricho despolitizador, que para un sector importante de la militancia universitaria los pasillos (lugar cada vez más de pura peregrinación) sean la instancia prioritaria y casi exclusiva de activación estudiantil. Habitar la Universidad resulta sin duda un ejercicio esquizofrénico, en la medida en que nuestra lucha es al mismo tiempo dentro, contra y más allá de ella misma. Pero se sabe: solo se trans-forma aquello que se conoce, y solo se conoce aquello de lo que se es protagonista (con)vivencial y no meras víctimas ni espectadores circunstanciales.

2. El mal de las Universidades es un mero episodio del mal colectivo. La institución guarda una correspondencia lógica con las demás instituciones sociales (“La Universidad y el espíritu libre”, enero de 1920)

No es posible, nos dice Deodoro, imaginar a las Universidades como islas ensimismadas. Frente a la tentación de “encapsular” la problemática educativa dentro del estrecho horizonte que delinean cuatro paredes o un sin fin de monótonos contenidos curriculares, es preciso entender que su núcleo traumático se encuentra a la vez dentro y fuera de ella. Es la totalidad social (el “sistema capitalista, patriarcal y colonial”, para denominar a las cosas por su nombre y dejar de apelar a eufemismos genuflexos) quien le da sentido y fundamento último a esta parte maldita que habitamos. De ahí que sea una tarea acuciante visibilizar las interconexiones que ligan y condicionan no solamente a las Facultades e instituciones educativas entre sí, sino también y sobre todo a éstas con el resto de la sociedad. A ello apunta la conocida consigna del mayo francés “de la crítica de la Universidad a la de la sociedad de clases”, aunque no como derrotero lineal e inevitable, sino en tanto devenir contradictorio y desnaturalizante, en donde el proceso mismo de lucha funda nuevos vínculos e imaginarios de significación rupturistas.

3. Es necesario ponerse en contacto con el dolor y la esperanza del pueblo, ya sea abriéndole las puertas de la Universidad o desbordándola sobre él. Que de la acción recíproca entre la Universidad y el pueblo surja nuestra real grandeza (“La nueva generación americana”, julio de 1918).

En consonancia con la tesis anterior, y varias décadas antes de que el Che pregone que la Universidad debe “pintarse de pueblo”, Deodoro postula la necesidad de una dinámica bilateral entre la praxis universitaria y el pensar-sentir-hacer de las y los de abajo. No hay, como pretenden muchos militantes ortodoxos, una acción unidireccional, sea ésta desde la Universidad, arremangándose los pantalones para sumergirse en el subsuelo de la patria, o bien partiendo unívocamente de los sectores y clases subalternas, que asomarían su nariz en el armazón institucional facultativo, gracias a la utilización de una “escalera” construida a base de huesos de políticos traidores, como reza el clásico cántico estudiantil (que dicho sea de paso, omite cuestionar el hiato de la Universidad burguesa como “alta” casa de estudios, la cual por supuesto se encuentra por encima de nuestras cabezas y subalterniza o incluso ningunea a aquellos saberes y prácticas que existen por fuera de ella). Más bien lo que acontece es una relación dialéctica, de mutua contaminación, metamorfosis y enriquecimiento, en pos de una transformación radical (léase: de raíz) de las relaciones que configuran esa misma totalidad social, ya que tal como afirma Antonio Gramsci, se debe ir del sentir al saber y de éste a aquel; o mejor aún: realizar un convite sentí-pensante que aúne conocimientos teórico-prácticos con experiencias diversas y complementarias, en un ida y vuelta donde la relación pedagógica se extiende a toda la sociedad, tendiendo a disolver progresivamente toda arbitraria distinción entre ambas esferas.

4. Hacer estallar una revolución en las conciencias (“La revolución de las conciencias”, octubre de 1918)

Este ejercicio cotidiano requiere gestar, en palabras deodorianas, una “nueva sensibilidad”, que debe tener como punto de partida “la conquista de la cultura”. Nuevamente, es asombroso el paralelo con las tesis de Gramsci -en ese entonces, también un joven militante socialista y anti-positivista- quien apela a la transformación del sentido común y a la construcción de una nueva cultura política, que presuponga una crítica civilizatoria de lo existente y, en paralelo, la gestación de lo que Paulo Freire caracteriza como inédito viable. Esto es algo olvidado por muchas organizaciones de izquierda, que hoy parecen restringir la lucha universitaria a la disputa por una cantidad X de ladrillos o a la puja mezquina de puestos de poder institucional, recluyendo y cosificando las relaciones sociales en un conjunto de paredes a revocar o de lugares físicos a ocupar, sin cuestionar un mínimo las reglas de juego, el orden jerárquico y las lógicas de extractivismo académico que nos impone el sistema educativo y la sociedad capitalista. Aun cuando no desmerecemos este tipo de demandas (como puede ser la del edificio único en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que todavía resulta una exigencia por la que luchar, así como el salario para las y los docentes “ad honorem”, otro eufemismo que avala la precariedad laboral), cabe reflexionar en torno a esta operación que transfigura lo que debería constituir el piso desde donde pararnos para (re)pensar la actual Universidad en crisis, en techo infranqueable de nuestros deseos y utopías en tanto comunidad educativa. Asimismo, esta hipótesis es complementaria de las dos anteriores, que pueden leerse como llamados de atención tanto para ciertas agrupaciones “independientes” (que restringen su disputa a juntas de carrera y consejos directivos, abstrayéndose en forma total de lo que acontece por “fuera”, y haciendo caso omiso del precepto de Deodoro Roca que expresa que “el universitario ‘puro’ es una cosa monstruosa”), como para no pocos de los movimientos y agrupaciones de izquierda (que reducen a la Universidad a un aséptico espacio de donde extraer militantes, e instrumentalizan cualquier actividad o proyecto que vaya a encararse en el seno de las Facultades, como un mero medio para un fin externo y corporativo: el suyo en tanto “orga”).

5. Estar siempre dispuesto -cualquiera sea la edad y la circunstancia de la vida- a volver a ser estudiante (“La nueva generación americana”, julio de 1918)

La humildad y apertura, la escucha y el diálogo, conforman de acuerdo a Deodoro el acicate constante del aprendizaje como precepto general de toda práctica pedagógico-política, cualquiera sea el territorio en disputa. Y esto incluye, en primer lugar, a la propia Universidad, que se pretende ajena a lo que el trovador cubano Santiago Feliú llama la sabiduría de desaprender. El “no lo sé” debe ser una brújula a la cual acudir sin miedo como estudiante de la vida misma, toda vez que se reconozca que no hay itinerario preconcebido, en la medida en que -mal que les pese a los “alquimistas de la revolución”- carecemos de modelos. La verdadera educación, según Deodoro, “debe ser siempre abierta. Y no debe fomentar la fe, sino la duda; no la credulidad, sino la oportuna y desnuda pregunta”. Y es que debemos convencernos de que, por definición la revolución es anti-definicional. Por ello hay que desconfiar de aquellos que se pretenden iluminados-poseedores de la verdad (obrera o universitaria, poco importa), más que de quienes recurriendo al método (auto)crítico asumen que la aplicación de axiomas es siempre dogmatización. De ahí que el tener como motor militante la pregunta inquieta, sin “calco ni copia”, lejos de equivaler a pasividad, tiende a operar como un filoso aguijón para perezosos y perezosas.

6. Naturalmente, la Universidad con que soñamos no podrá estar en las ciudades. Sin embargo, acaso todas las ciudades del futuro sean universitarias (“La nueva generación americana”, julio de 1918)

Podemos arriesgar que lo que está planteando Deodoro aquí es una crítica civilizatoria, que nos obliga a (re)pensar no solo a la Universidad, sino incluso a ésta vis a vis la relación campo-ciudad, sobre bases totalmente nuevas y opuestas a las vigentes. Si resulta “natural” considerar que la Universidad con que soñamos no podrá radicarse en las ciudades, será entonces necesario cepillar a contrapelo a esa urbanidad moderna e inhumana, en donde hoy se enquistan nuestras atareadas “casas de estudio”. Una nueva realidad espacio-temporal, oficiará de arcilla sobre la cual se amalgamen esas ciudades en ciernes, no ya compuestas por cemento, vorágine, racionalidad instrumental y alienación extrema, sino por un cúmulo de prácticas popular-comunitarias, geo-pedagogías, formas de sentir y saberes insumisos múltiples, que irradien una subjetividad “muy otra”, cuya noción del tiempo quizás haya que rastrear más en ámbitos rurales que en urbanos. ¿Se generalizará acaso ese tipo de dinámica dialógica de enseñanza-aprendizaje mutuo y producción colectiva del conocimiento, que tiende a impugnar y prefigurar la superación de la escisión entre dirigentes y dirigidos/as, deviniendo las ciudades del futuro universidades a cielo abierto, al punto de disolverse toda distinción entre unas y otras en la topografía de la sociedad “autorregulada” de la que nos habla Gramsci? No lo sabemos. Para conocer la respuesta no queda otra que comprometer a diario nuestra praxis crítico-transformadora con la realidad, y continuar exigiendo lo imposible. Porque como dice un poeta cubano, de lo posible ya sabemos demasiado.

Nota relacionada: De la Reforma Universitaria a los dichos de Vidal: un recorrido por la Universidad Pública

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La llegada a la universidad por parte de una fracción social antes excluida de sus aulas puede, eventualmente, transformarse en una lucha por la educación superior. Aquí la ignorancia que expresa la gobernadora Vidal se transforma en expresión de deseo y proyecto de gobierno.

Los “pobres” no llegan a la “universidad” afirmó hace pocos días María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el distrito más rico, más grande, más habitado y más importante políticamente de Argentina. ¿Cuál es la razón de ser de las “universidades públicas” que pueblan la provincia de Buenos Aires?, preguntó retóricamente la gobernadora a su auditorio. Miles de voces desde todos los rincones del país le respondieron: egresados/as, docentes, estudiantes universitarios/as, además de investigadores/as y científicos/as relataron en primera persona el esfuerzo que realizaron sus padres, madres, hermanos/as, abuelos/as y ellos/as mismos/as para poder, durante al menos cinco años, cursar una carrera universitaria, muchas veces en condiciones de punzante pobreza material.

Las ideas que dan origen a las expresiones de la gobernadora muestran el desprecio que Cambiemos manifiesta por la cuestión social y la educación pública entre otras. Pero más sorprendente que este desdén, es la ignorancia que revelan estos dichos respecto de dos cuestiones. Primero, la gobernadora manifiesta desconocer el lugar histórico que la universidad pública ha ocupado en el país, precisamente, en los últimos cien años, con su centenaria tradición reformista iniciada con la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba. Segundo, también, revelan una rudimentaria percepción del lugar estratégico que la educación universitaria ha ocupado en la constitución de la dinámica de la estructura social argentina durante buena parte del siglo XX y en las primeras dos décadas del siglo XXI, posibilitando no sólo la movilidad social de amplios sectores sociales sino la propia constitución de unidades sociales eventualmente politizables como son las “clases medias”, la “juventud” y el “progresismo” urbano.

Teniendo en cuenta la rudimentaria visión que de la cuestión universitaria revela la gobernadora, nos proponemos aquí hacer una contribución en pos de su “educación” y por su intermedio, revelar y hacer comprensible para nosotros/as mismos/as las condiciones sociales que hacen posibles los agravios que ha recibido la universidad pública y las personas que “nacen en la pobreza”. Quizá por medio de este ejercicio develemos también por qué es importante “el regreso por la universidad” que practican hace algunos años algunos grupos sociales.

Suele atribuirse a la “Generación de 1837” la constitución de la nación argentina en un movimiento ideológico y político que culminó hacia fines del siglo XIX, con el sangriento establecimiento de fronteras territoriales fijas, logrado a expensas de la vida de los pueblos indígenas que aún hoy claman por reconocimiento del genocidio perpetrado y la devolución de sus tierras. No obstante, la generación de 1880 apenas estableció las condiciones mínimas indispensables para la existencia de una estructura administrativa a la que podía llamarse “Estado nacional”. Una parte de la elite local pretendía, por medio del control estatal, organizar a las masas informes (conformadas por negros, indígenas, criollos, mestizos e inmigrantes europeos) que habitaban estos territorios, que no terminaban por reconocerse como “argentinos”.

Precisamente, la Reforma Universitaria de 1918, que demandaba libertad de cátedra, co-gobierno universitario con participación estudiantil y autonomía para una educación pública, operó como un mecanismo central de construcción de una base cultural mínima para la emergencia y práctica de la “ciudadanía” y para la aparición de la imprescindible “sociedad civil” en un país que se pretendía moderno, es decir republicano y democrático. En otras palabras, la universidad reformista de la década de 1920 sentó las bases para la formación de la ciudadanía argentina que se desarrolló y cobró densidad política en las siguientes décadas, incluyendo el fenómeno peronista y los sucesivos golpes de estado que se sucedieron entre 1955 y 1976.

El hecho de que el “mundo universitario” de la reforma del ‘18 fuera gestado en el contexto del funcionamiento masivo de las políticas inmigratorias que promovían la radicación en el país de población blanca proveniente de Europa no es un dato menor. Buena parte de los hijos de inmigrantes llegados a la Argentina entre fines del siglo XIX y 1930 -año en que se interrumpe el afluente de contingentes europeos hasta su reactivación en 1947- fueron educados y argentinizados no sólo en la escuela sino en la universidad pública reformista, que los proveía de títulos profesionales que posibilitaba su movilidad social y, tanto o más importante que esto: les proveía de orientaciones culturales y políticas más generales.

Las luchas que el movimiento estudiantil y los diferentes claustros y autoridades universitarios libraron entre 1955 y 1958 en contra de la disposición estatal que autorizaba la creación de universidades privadas, cobra significación vital cuando pensamos la trayectoria universitaria que define la identidad política de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires: egresada 1998 de la licenciatura en Ciencias Políticas que cursó en la Universidad Católica Argentina (UCA), creada precisamente en 1958 cuando el entonces presidente de la nación Arturo Frondizi autorizó su existencia.

La agitación política que vivió la universidad en las década de 1960 y 1970, su rol en el establecimiento de puentes entre las clases medias, los sectores populares y los pueblos indígenas en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se dieron al calor de las intervenciones políticas, las expulsiones masivas de profesores/as y retaceo presupuestario. Lejos de minar las bases de su existencia, fueron precisamente estas vicisitudes las que forjaron la vida intensa de que se nutre el mundo universitario en el país.

La masificación universitaria de las últimas décadas del siglo XX es paralela a dos fenómenos: primero, la instalación en la imaginación ciudadana de un principio igualitario que hace deseable el acceso universal a la educación universitaria y el conocimiento (científico); segundo, la presión ejercida por el principio mercantil para subsumir la educación y la ciencia como bienes pasibles de operaciones individuales de compra y venta en el mercado de acuerdo a la capacidad económica de la persona y su familia. Se trata de formas de privatización de la educación universitaria y de los mecanismos de movilidad social y transformación política que le están asociados.

Nos parece que hemos diseñado el contexto histórico que se hace comprensible los agravios que dirigió la gobernadora Vidal a la universidad pública: su origen social, su formación profesional y sus orientaciones culturales y políticas han sido históricamente gestadas al interior de un campo de fuerza que atraviesa las relaciones de poder en Argentina desde fines de la década de 1950. En estas décadas las instituciones estatales, especialmente la educación pública que posibilitan amplios procesos de transformación, sufrieron la acción directa de fuerzas sociales que se ciernen sobre ellas como si constituyeran un “botín de guerra”. En función de estos antecedentes constatamos que la gobernadora “sabe” que los pobres han llegado hace varios años a las universidades; lo que desconoce, sin embargo, es otra cosa. El hecho de que las personas nacidas en la pobreza lleguen “a” la universidad diseña un delicado escenario. Aunque puedan hacerse estimaciones aproximativas en función de otros antecedentes históricos, las consecuencias sociales, culturales y políticas de este fenómeno son, de hecho, impredecibles, especialmente en los distritos del inquietante Conurbano Bonaerense (Hurlingham, Moreno, Avellaneda, Florencio Varela, por nombrar solo algunos distritos comprometidos).

Nadie sabe a ciencia cierta qué prácticas culturales e ideológicas se verán transformadas y qué procesos identitarios y políticos serán gestados a la luz del proceso de formación universitaria en ciernes. La fuerza y solidaridad interclase e interétnica que, en algunas ocasiones, promueve la categoría “primera generación de estudiantes universitarios”, genera ansiedad política en las autoridades de este sector de la provincia de Buenos Aires, no sólo de parte de la abrumada gobernadora Vidal, que recurre al insulto para acallar sus temores.

La llegada a la universidad por parte de una fracción social antes excluida de sus aulas puede, eventualmente, transformarse en una lucha por la educación superior. Aquí la ignorancia que expresa la gobernadora Vidal se transforma en expresión de deseo y proyecto de gobierno: obturar las formas de acceso a los mecanismos de movilidad social e interrumpir la conformación de unidades de acción políticas generalizables.

¿Será que la Universidad pública puede ayudar a diseñar el camino por el cual los/as expoliados/as de la vida, del pan y de la dignidad, regresarán por lo que les fue una y otra vez arrebatado? En ello, nosotros/as, ciframos nuestros sueños y nuestros días.

Nota relacionada: PROyecto educativo: Que estudien lo que puedan estudiar

* * *

*UNPAZ – CAS/IDES

**UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN-IDAES;

*** UNIVERSIDAD GENERAL SARMIENTO-IDES-.

El presente texto surgió del trabajo mancomunicado que desarrollamos en el Grupo de estudio y trabajo sobre indigenismo, indianidad y memoria indígena (GEIIMI) del Centro de Antropología Social (CAS), Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Agradecemos a Fernando Cabrera, Carolina Rodríguez y Carolina Espinosa, miembros del GEIIMI, por su colaboración para mejorar las ideas aquí compartidas.

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¿Cómo aportar a la construcción colectiva de los feminismos desde un ámbito institucional como la Universidad pública? Dos feministas: Paula Talamonti (socióloga) y Valeria Segura (abogada), reconstruyen la trayectoria, los desafíos y la potencia de una experiencia con perspectiva de género en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en una entrevista realizada al calor del Paro Internacional de Mujeres.

Desde tiempos inmemorables, las mujeres socorremos a otras mujeres, nos acompañamos entre nosotras, reconocemos marcas que nos unen en la lucha cotidiana por nuestros derechos. Desde el 2012, el acompañamiento de mujeres, niñxs , jóvenes y personas de la comunidad LGTBIQ tiene un espacio en la universidad pública y, quienes lo integran, luchan a diario por sostenerlo: el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAV) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

Una propuesta de intervención en violencia de género

-¿Por qué nace el CAV, en qué contexto, con qué necesidades, expectativas y demandas?

Paula Talamonti (PT): ​El CAV surge ante la necesidad de un espacio específico que trabaje con personas que transiten situaciones de violencia. Mujeres, niñxs y personas de la disidencia sexual desde una perspectiva sorora, feminista y emancipatoria que apunte al empoderamiento. Siempre entendiendo que la extensión universitaria es un espacio de formación.

Valeria Segura (VS): Cuando organizamos el trabajo vimos también la gran necesidad de lxs profesionales y organizaciones de hablar y de tener espacios de debate sobre esta problemática.

PT: Hace cinco años en la Universidad Nacional de La Plata no había muchos espacios de formación con una perspectiva crítica en intervención en situaciones de violencia de género. Con el avance y el crecimiento de la lucha feminista, la tematización de la violencia, y con el aumento de las denuncias de las compañeras de los territorios, las organizaciones también tuvieron que diversificar sus intervenciones. De este modo se fue construyendo una demanda de talleres, de acompañamiento, de herramientas. Pero éramos muy conscientes de que empezamos siendo muy poquitas y con muy pocos recursos. Se trataba de un espacio que había que defender y cuidar mucho, porque nada de lo que estábamos haciendo era en nombre propio, sino que era un eslabón más de una cadena histórica de las mujeres que venían luchando por esto y esa era nuestra responsabilidad histórica.

–¿Cómo se trabaja desde la interdisciplina?

VS: El CAV se divide en tres áreas. El área de atención, que recibe dos días a la semana a personas que están atravesando una situación de violencia de género o que consulten por algún familiar, amigo, amiga. Desde una perspectiva interdisciplinaria, en esta área intervienen una abogada, una trabajadora social y una psicóloga. Se hace una primera entrevista en la que se intenta contener a la persona para después tratar de despejar todas las alternativas que ofrecen las leyes y políticas públicas vigentes, con el fin de orientarla y organizar las posibles estrategias de intervención, promoviendo que ella tome las decisiones sobre lo que desea hacer libremente.

PT: Las personas también suelen llegar derivadas a través consultorios jurídicos gratuitos, Poder Judicial, Ministerios, centros de salud, organizaciones, ONGs, otros programas de la facultad, escuelas. Cuando una mujer viene al CAV, la primera cosa que es importante que ella sepa es que tiene derechos, es decir, que sepa que la situación que ella está viviendo es disruptiva en relación a los derechos que tienen todas las personas, una ilegalidad. Nosotras colaboramos en el proceso de identificar y poner en palabras la situación de violencia que está viviendo. Que las mujeres conozcan sus derechos las sitúa en un lugar con capacidad de exigirle al Estado que brinde respuestas para cesar la situación de violencia.

VS: Es importante señalar que las respuestas del Estado no son únicas. En general no se dice que existen varias opciones. Consideramos importante brindar todas las alternativas que se tienen para después elegir, porque cada una tiene consecuencias especiales y las decisiones se tienen que tomar en base a esto, a querer asumir determinados procesos o no. Si se ve que la mujer está en una situación de traba emocional, se puede ofrecer la opción de atención en el área de terapias breves o de contención psicológica, un espacio que está compuesto por psicólogas, coordinado por la psicóloga Carolina Stange, en el cual se sigue un proceso de problematización en relación a la violencia, a cómo transitar esta situación de la mejor manera posible para poder salir.

PT: El espacio de terapias breves se piensa como una instancia para algunas mujeres que necesitan un apuntalamiento específico para un determinado proceso, pero también hay psicólogas y trabajadoras sociales que, en el momento de la primera entrevista y de las subsiguientes, contienen, escuchan atentamente y acompañan en ese proceso de ir al juzgado o ir tomando determinadas decisiones. Además, la interdisciplina permite también explorar las múltiples alternativas a cada situación concreta. Una tercera pata es el área de comunicación y talleres, integrada por cientistas sociales. La tarea de elaborar estrategias para construir y compartir herramientas con profesionales, estudiantes, activistas, organizaciones e instituciones, trabajadores y trabajadoras. Desde esta área formativa se realizan seminarios de extensión en la facultad abiertos a las personas interesadas; es un espacio masivo de debate e intercambio. Después están los espacios de taller, que son un poco más acotados en el tiempo. Generalmente son producto de demandas concretas de organizaciones, grupos de trabajadorxs, escuelas o instituciones, donde tratamos de trabajar junto con ese grupo concreto de personas, en una situación concreta, cómo construir herramientas específicas para tratar una problemática real o posible. Todo espacio de formación es un espacio de construcción colectiva de conocimiento, y es muy necesario que este conocimiento circule. En este sentido consideramos muy importante sistematizar y elaborar materiales para compartir estos consensos que vamos generando en los espacios de formación. Hay una nueva área para pensar estrategias de comunicación popular para dialogar con las organizaciones e ir construyendo discursos que interpelen, para articular con otros sujetos u organizaciones, y con las posibles usuarias de este espacio.

El rol de la extensión universitaria en la transformación de nuestras sociedades

La extensión universitaria es una herramienta de construcción de conocimiento colectivo en múltiples territorios, con particularidades y problemáticas específicas, y con los que la universidad tiene una responsabilidad social: visibilizar y denunciar las desigualdades y las injusticias. Es una apuesta a extender y diversificar el espacio universitario, no de trasladar su conocimiento. Esto implica la apuesta de construir con otrxs sin desconocer que aunque la Universidad sea pública y gratuita, todavía no está garantizado el acceso igualitario para todxs.

-¿Qué importancia tiene la existencia de programas como este en la Universidad pública?

VS: Este espacio busca generar nuevas o distintas alternativas en esa intervención profesional. La interdisciplina es importante para la formación de profesionales del derecho, de la psicología, del trabajo social, y de todas las ciencias sociales en general. En el caso de las abogadas, por ejemplo, es usar el derecho de forma creativa y un poco anti…

-…encriptación? por el uso del lenguaje que suele hacerse desde algunas disciplinas como por ejemplo el derecho, y que refuerzan distancias entre sujetos…

PT: Eso tiene que ver con la construcción de un saber-poder. Como el derecho es el lenguaje por antonomasia del Estado, está la idea de que para acceder a él se necesita la mediación de profesionales. La figura de lxs abogadxs populares es justamente la que problematiza esto y dice que todos los seres humanos podemos hacer uso de nuestros derechos.

VS: Eso es algo bastante curioso que nos encontramos cotidianamente: que, a pesar del lenguaje y de querer generar estas prácticas con una perspectiva política de democratización del conocimiento legal, ante la situación concreta de violencia, tanto las personas que están pasando esta situación como las organizaciones que acompañan, entran totalmente en crisis y necesitan de un abogado o abogada que diga “sí, estás haciendo bien”. Se pone mucho poder en la figura del abogado como parte de la palabra legitimada, en el activismo en contra de la violencia hacia las mujeres.

PT: Sí, también se apela al abogado cuando hay necesidad de reforzar las decisiones que va tomando una organización. En ese sentido, hace un par de años venimos trabajando en construir junto con las organizaciones estrategias territoriales de acompañamiento y prevención de situaciones de violencia, porque pensamos que lo que a vos te fortalece y te da seguridad en la toma de decisiones no es necesariamente el profesional, sino los consensos grupales que den un encuadre para posibilitar la tomar decisiones de una manera mucho más segura. Seguramente la consulta ante determinadas cosas siempre va a ser necesaria porque el derecho sigue siendo muy complejo, los juzgados siguen siendo espacios complejos y a los abogados los seguimos necesitando. Pero democratizar el derecho es ir construyendo estas herramientas colectivas.

VS: La idea de que la palabra legitimada se construya dentro del colectivo y que en todo caso, se puedan pensar estrategias con abogadxs populares es, justamente, el ejercicio de la profesión desde una perspectiva crítica y no desde la típica doctrina positivista hegemónica.

–Dado el contexto de fuerte criminalización de las mujeres y de las organizaciones sociales, vinculado al recrudecimiento de la violencia de género, ¿cómo es la articulación del CAV con la comunidad?

PT: ​La criminalización va cinco pasos más adelante que la organización popular. Lamentablemente, eso es una realidad. La criminalización no es otra cosa que violencia estatal organizada. Y, como ya sabemos muy bien las feministas que trabajamos este tipo de problemáticas que afectan mayoritariamente a las mujeres, la violencia funciona: nos asusta, nos produce miedo, nos deja quietas, desorientadas, nos hace sentir mal, nos hace cuestionarnos un montón de cosas. La criminalización y la represión estatal tienen exactamente el mismo sentido y contribuyen a generar una idea de que el enemigo es mucho más grande y monstruoso. En estas condiciones, lo que nosotras hacemos como espacio es pensar junto a las organizaciones estrategias concretas ante problemáticas concretas. Y siempre, el saber y la respuesta están en las organizaciones.

VS: Ante este problema es clave generar un dispositivo para pensar estas situaciones y generar mecanismos de debates colectivos previos que, en general, se instrumentan en protocolos, por ejemplo. Los protocolos son una excusa para plantear un plan de acción y estrategias de seguridad ante estas situaciones de criminalización y violencia. El 7 de marzo fue el día de la visibilidad lésbica, e Higui está detenida por defenderse de diez violadores. Hay que estar preparadas, el contexto nos dice esto cada vez más y por eso es tan importante apuntalar los procesos de las organizaciones.

PT: Si el sistema penal avanza, la criminalización avanza. Entonces es necesario construir herramientas interpretativas. Hay muchos mitos dando vueltas alrededor del sistema penal, mucho desconocimiento, y realmente podemos pararnos frente a la justicia de manera diferente, ser Reyna Maraz, mirar a los jueces a los ojos y exigirles que nos expliquen qué está pasando.

VS: Somos bastantes críticas del sistema penal. Es un sistema selectivo, que en su selectividad perpetúa la criminalización de los sectores populares. Eso es algo estadísticamente comprobadísimo y que no responde al empoderamiento de las personas que atraviesan las situaciones de violencia, por ejemplo. En busca de otro tipo de lógica totalmente diferente, nosotras promovemos también el armado de una red en los barrios, con grupos de mujeres, porque eso nos parece mucho más reparador y constructivo.

PT: Por un lado, la selectividad del sistema penal hace que cuando una mujer pobre denuncia a un varón pobre, ese varón pobre generalmente no vaya detenido. Si roba un celular sí, pero si maltrata a una mujer pobre, no. Por otro lado, el sistema penal no resuelve conflictos, lo único que hace es, justamente, generar un castigo. Un castigo en cuyo proceso la víctima –la mujer que denuncia la violencia– es tan violentada como el victimario.

Un aporte a las luchas feministas

Acuerparnos, organizarnos, enredarnos. Tejer encuentros para tramar otras maneras de habitar el mundo: si unas cuantas mujeres con pañuelos blancos dieron vueltas alrededor de una plaza y nos enseñaron que recordar es resistir, entonces es posible que la historia no siempre la escriban los que ganan. La historia se construye todos los días, y las personas no somos, sino que estamos siendo, y la enorme potencia de este paradigma es que todo se puede transformar.

-¿Por qué tiene que existir el CAV? Y, en este sentido, ¿qué aportes concretos se realizan a las luchas feministas desde experiencias como ésta, insertas en la universidad pública?

PT: Nosotras no consideramos que el feminismo pueda y/o deba ser institucionalizado. No creemos que las instituciones vayan a resolver los problemas de las mujeres, ni de las disidencias, ni de los niños, ni de las niñas. El feminismo es algo mucho más amplio y diverso. Nos parece que la universidad pública es una institución democrática, todos quienes pasamos por la universidad tenemos derecho y debemos problematizar y ampliar sus límites y los modos en que ésta trabaja. En relación al feminismo y a lo que puede aportar el CAV, a mí me parece que podemos aportar una experiencia de una práctica feminista, sorora, de acompañamiento de mujeres y personas de las disidencias sexuales ante situaciones de violencia de género, ir construyendo junto con estas personas y organizaciones populares las estrategias para hacer frente a una multiplicidad de violencias. Ese es el aporte del CAV, un granito de arena, el feminismo somos todas, y todas nuestras prácticas aportan al feminismo y a veces no nos damos cuenta, o nos damos cuenta mucho después, o lo ven otras generaciones. Tiene que ver con la honestidad intelectual y con el esfuerzo de hacer lo mejor que podemos con nuestras mejores herramientas, sabiendo que nos podemos equivocar, y que necesitamos vincularnos con otras organizaciones e instituciones, que es la única manera de apuntalarnos mutuamente, generar mejores intervenciones y estrategias. Para que toda esta experiencia no se diluya y quede en lo individual de las personas es nuestra obligación sistematizar la práctica y compartir con otros territorios. Aunque sería genial que se multipliquen los CAV y que sea mucho más diverso, no pensamos que esta sea la mejor experiencia, ni que sea replicable en tanto que tal, pero sí nos encantaría generar redes de espacios similares en otros barrios, en otras ciudades, en otras universidades. Generar redes de laburo, porque lo que generalmente sentimos las trabajadoras de este tipo de espacios es que las problemáticas son tremendas, que no tenemos herramientas y políticas públicas suficientes para responder a las necesidades de las personas que se acercan, y termina siendo muy cansador. Fortalecer espacios de encuentro entre trabajadoras vinculadas a la violencia de género, trabajadoras de la salud, de la comunicación, aportaría un montón a nuestro autocuidado como trabajadoras, y como profesionales, y también a mejorar nuestras herramientas de intervención.

VS: ​También se trata de generar una exigencia sobre las instituciones, para la aplicación concreta de políticas públicas que no tengan una perspectiva punitiva, sino lo contrario: que refuercen los vínculos comunitarios, que actúen más en territorio, que se descentralicen y que generen autonomía en las personas que están atravesando situaciones de violencia.

PT: Sí, todo el tiempo dialogando, problematizando y criticando, porque así como el Ni Una Menos vuelve masiva la expresión de una problemática, también hace que la violencia de género se quede dentro del discurso de la inseguridad, un discurso nefasto que victimiza más de lo que resuelve. Y la disputa pasa por generar discursos sobre la violencia de género que la vean como estructural, histórica, política, vinculada al capitalismo y al colonialismo, y que la solución a la violencia son prácticas y proyectos emancipatorios para las sociedades

-Por último, ¿cuál es la importancia del Paro Internacional de Mujeres? ¿Por qué paramos?

VS​: Es importante que la violencia salga del ámbito privado hacia el público. Un paro internacional es un hito histórico. Frente a la violencia machista hay que estar organizadas, hay que encontrarse en la calle. Hay que generar diálogos con otras mujeres que todavía no se sienten partícipes de las luchas feministas. Frente a la organización de las mujeres, la reacción machista es importante y hay que estar todavía más organizadas y preparadas. También es importante encontrarnos para compartir esta alegría y esta sororidad frente tanto odio.

PT: Y porque cuando nos encontramos se nos va el miedo. El miedo es una herramienta poderosa del machismo que se nos inculca desde que somos muy pequeñas. La única manera de ver ese miedo, problematizarlo y deshacernos de él, es encontrarnos de a un montón en la calle, pero no exclusivamente en la calle. La propuesta del paro es que las mujeres nos encontremos, que hagamos asambleas, que hagamos ruido. Acuerparnos es fundamental para fortalecernos, se me viene esta imagen de encender antorchas para espantar a los lobos que andan dando vueltas por ahí. El contexto argentino y latinoamericano no nos ataca sólo por mujeres, nos ataca por trabajadoras, por latinoamericanas, porque vivimos en territorios que quieren saquear, por nuestra identidad de género, por nuestra sexualidad. En todas esas luchas, las mujeres sabemos muy bien cómo hacerlo y juntas somos mucho más poderosas.

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En el panorama sindical de la semana, abrimos con las negociaciones salariares que surgieron luego de la masiva movilización en defensa de la educación pública. El quórum que no sale para la Emergencia laboral y la tregua que el Presidente pide a las empresas privadas.

Luego de la masiva manifestación que se realizó el jueves 12 de mayo en defensa de la Educación y la Universidad Pública, el gobierno convocó este viernes 13 de mayo a una nueva mesa de negociación salarial.

En esta oportunidad el ofrecimiento fue por escrito y consiste en un 18% a cobrar en junio (incluye 2% de jerarquía docente) y un 15% a cobrar en diciembre (más nomenclador y adicional por título). Asimismo, plantea que la vigencia del acuerdo paritario propuesto sea hasta fines de febrero de 2017.

El Congreso de Delegados de la CONADU Histórica, reunido este viernes, analizó la propuesta salarial y resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 18 de mayo, para permitir el tratamiento de la propuesta en las asambleas de las Asociaciones de Base.

También el Secretario General de FEDUBA, gremio de base de CONADU en la UBA, Federico Montero, adelantó que, si bien hay avances en la nueva propuesta, aún faltan elementos y desde FEDUBA la consideran insuficiente.

Una emergencia sin quórum

Tras no conseguir el quórum, se cayó la sesión parlamentaria convocada para tratar la emergencia laboral.

Al respecto, el diputado Néstor Pitrola, presidente del bloque del Frente de Izquierda-Partido Obrero, declaró: “La instalación en la agenda nacional del problema de los despidos se la debemos a grandes luchas: desde Cresta Roja hasta los trabajadores de Tierra del Fuego. Con el fracaso de esta sesión queda claro que el Parlamento es el lugar donde ganan por goleada los lobbys patronales. Estamos llegando al fin de una experiencia de parlamentarización del reclamo de los trabajadores, porque aun aprobándose la semana que viene vendrá el veto de Macri. Lo que queda de este debate parlamentario es que es necesario dar una lucha de conjunto para enfrentar el plan económico que han dictado el capital financiero y los fondos buitre, y que es un ataque cada día mayor a los trabajadores”.

Sin embargo, las tres Confederaciones Generales del Trabajo (CGT) no están dispuestas a tensar la relación; apuestan al Consejo del Salario, en el que el Gobierno, las principales cámaras empresariales y las centrales obreras acordarán la suba del salario mínimo y del seguro de desempleo. El salario mínimo, que es actualmente de $ 6.060, se aumentaría un 30%, mientras que el subsidio al desempleo, congelado en $ 400 desde 2006, se iría a $ 3.000. La cita será el jueves próximo, en la sede del Ministerio de Trabajo.

En las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), en cambio, avanzan en la organización de un paro, sin sus aliados circunstanciales de la CGT.

Las empresas y el marketing

El lunes pasado, el Presidente escenificó una tregua con los empresarios por la caída del empleo –de la que las centrales sindicales no quisieron ser parte–, de la que participaron Techint, Arcor, FIAT, IRSA, AGD, Banco Francés, entre otras 200 empresas y cámaras empresariales. El acuerdo no supone ningún compromiso legal, sino que apela a la buena voluntad de los popes empresariales para no reducir su nómina laboral por 90 días, la mitad de lo que establece el proyecto de Ley de emergencia ocupacional.

Al respecto, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), José Listo, denunció que “los mismos empresarios que firmaron el acuerdo con el gobierno por el empleo, anunciaron un día después suspensiones y cesantías”.

Listo dijo que la empresa TN Platex avisó de la suspensión de sus 450 trabajadores en sus plantas de La Rioja, Tucumán y Chaco y que la empresa Alpargatas “anunció que suspenderá por los próximos siete viernes consecutivos en su planta de La Pampa”.

El sindicalista añadió: “Alpargatas nos notificó también que quiere desprenderse de sus trabajadores eventuales, que suman alrededor de 450”. Además, señaló que esa empresa dijo que implementará también un retiro voluntario para entre 60 y 70 personas, para reducir el personal en sus plantas de La Pampa, San Luis y Catamarca.

También a Techint le duró poco la buena voluntad, ya que pese a firmar el compromiso para no despedir empleados por 90 días, el grupo que comanda Paolo Rocca espera el final de la conciliación obligatoria en su empresa SIAT para echar a quince trabajadores. Además, mantiene conflictos y suspensiones en otras fábricas. Siderca, en Campana, sigue con suspensiones rotativas bajo el amparo de un acta que vence el 12 de junio y un grupo de 130 trabajadores reubicados de sus funciones hacia un área sin tareas específicas. En Siderar, en San Nicolás, hubo despidos masivos en empresas contratistas y préstamo de personal hacia otras fábricas para cubrir el bache de producción. También hubo suspensiones en la fábrica de varillas que el Grupo tiene en San Luis.
Por su parte, la Federación de Trabajadores del Tabaco denunció el lunes en la cartera laboral que la empresa Massalín Particulares despidió a veinte empleados de forma “injustificada”; y los trabajadores portuarios bloquearon el ingreso a Terminal portuaria de Zárate por 50 despidos.

También se conoció que la empresa austríaca KTM despidió a 25 de sus 40 trabajadores y anunció que se va de la localidad de Campana al finalizar su producción. Trasladaría sus instalaciones a Thames y permanecerá con una planta mínima de personal hasta fin de año.

La Asociación Bancaria (AB), por su parte, denunció que “las autoridades del Banco Hipotecario continúan cesanteando trabajadores”, a pesar de haber firmado con el gobierno “un compromiso para no despedir”.

Un comunicado gremial firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, y el secretario nacional de prensa del gremio, Eduardo Berrozpe, aseguró que “el presidente del Hipotecario, Eduardo Elztain, fue uno de los empresarios que asistió a Gobierno y suscribió un acuerdo para evitar despidos durante 90 días, pero hoy cesanteó a cuatro más”.
La metalúrgica Eitar amaneció el jueves ocupada por sus casi 500 trabajadoras y trabajadores. Los operarios recibieron de parte de la compañía 70 telegramas de despido, los empleados reaccionaron ocupando el edificio, con la consigna de que la empresa revierta la resolución.

Además, los obreros de Acoplados del Oeste fueron notificados de una orden de desalojo que se haría efectiva dentro de 10 días. Hace dos semanas la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, vetó la ley de expropiación definitiva y abrió la puerta para que la justicia actúe.

Mientras tanto, el gobierno de Mauricio Macri firmó el jueves pasado un convenio con McDonald’s para que la firma de comida rápida más famosa del mundo incorpore jóvenes pobres y desocupados: “Este acuerdo establece la capacitación laboral de hasta 5.000 mujeres y hombres de entre 18 y 23 años pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social, a través de un esfuerzo compartido entre la Nación y la empresa”, remarcó un comunicado del Ministerio de Trabajo, donde se agregó que la medida está “en sintonía con el objetivo de alcanzar la pobreza cero en el país en el más corto plazo”.

Los jóvenes tendrán un sueldo mensual de 4.500 pesos, cobertura de salud provista por la Obra Social Elevar y “un certificado de entrenamiento laboral”, entre otras prestaciones. Actualmente, el salario básico es de 6.060 pesos, por tal motivo, este programa laboral dista del objetivo de “generar trabajo de calidad” que el Presidente repite en cada acto que brinda por el país como meta de su gobierno para alcanzar la “pobreza cero”.

A la par, siguen los despidos tanto en el sector público como privado. Se estima que son, hasta el momento, alrededor de 150.000 las argentinas y los argentinos que perdieron su trabajo.

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