Por Luz Ailín Báez | Foto de La Ciudad Revista

La Ley de Educación Superior (L.E.S.) y una matriz privatizadora

A partir de la sanción de la Ley de Educación Superior (Ley 24.521) en 1995, último año de la primera presidencia del riojano de patillas, la operatividad de todas las instituciones de educación superior públicas y privadas quedaron bajo una serie de regulaciones que despertaron en su momento -y hasta el día de hoy- polémica, debates y rechazos. La utilización de la palabra “servicio” para referirse a la educación superior, el “agujero negro” en torno a la no explicitación de la gratuidad, la creación de una comisión encargada de evaluar y acreditar a las instituciones y carreras (la Coneau) y la habilitación a las casas de estudios con más de cincuenta mil estudiantes para definir “su propio régimen de admisión”, fueron algunas de las cuestiones que generaron mayores discusiones en ese entonces. Discusiones que siguen vigentes, al igual que la ley.

Esta ley -que no fue otra cosa que la aceptación del programa político y científico del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la educación superior en todo el mundo- habilitó además a las instituciones educativas superiores a generar recursos adicionales a los Aportes del Tesoro nacional. Para Antonio Roselló, economista y Secretario Adjunto de la Conadu Histórica, Cambiemos está profundizando una matriz pre-existente.

“El 90% del presupuesto universitario está dedicado a salarios desde hace 25 años. Esto hace que no haya financiamiento para la infraestructura y desarrollo de proyectos en las universidades en todo el mundo”, explicó Roselló. De ese modo, se normalizó mediante ley la habilitación y regulación para que cada universidad genere “fondos propios”, quitando esa carga de los presupuestos, becas y subsidios estatales, abriendo la puerta, además, al arancelamiento de dichas instituciones. “En la Argentina el ícono fue la minería de La Alumbrera en Catamarca”, detalló Roselló. “Mientras anduvo la mina todas las universidades cobraban regalías de la explotación minera contaminante en la Alumbrera. Excepto la Universidad de Luján, todas las otras universidades aceptaron los fondos que venían de la minería contaminante”.

En relación a esto, resaltó que “Manpower es una empresa multinacional de oferta de trabajo temporaria, que vende trabajo precario. La segunda empresa que vende trabajo precario en el país es la Universidad de Buenos Aires (UBA). A través de los pasantes, los tutores de los pasantes o las pseudopasantías ofrecen mano de obra barata en el mercado laboral. Hasta De la Rúa tuvo que modificar el porcentaje que cobraban las universidades y reducirlo a un 5% porque vendían la mano de obra de docentes, graduados y estudiantes a bajo precio en el mercado porque no pagan ningún tipo de cargas sociales, no tienen aguinaldo, vacaciones, servicios de salud, porque son pasantías. Venden la mano de obra calificada a precio vil de mercado”.

Por otra parte, existen los convenios -con el Estado o con sectores privados- que tienen las distintas universidades. “La facultad de medicina de la UBA llegó a tener un convenio con las farmacéuticas por el cual, a cambio del vademécum que se utilizaba en las obras sociales, le construyeron un piso. Sin mencionar al Conicet con Lino Barañao, primero como investigador en la agencia y luego como ministro de Cristina y de Macri, diciendo que el glifosato no es contaminante. Un compañero investigador, (Andrés) Carrasco, fue perseguido por decir que era contaminante, como está probado en todo el mundo. Mientras tanto, Monsanto financiaba proyectos del Conicet para decir que no lo era”, explicó el economista.

Tres niveles de profundización de la matriz privatizadora

Cambiemos está profundizando, entonces, dicha matriz en tres niveles:

Títulos low cost, baja de competencias

En primer lugar, en lo que hace a la equiparación con el sector privado de la educación superior, se crea el Régimen de Trayectorias Académicas, cuyo creador y autor material es el expresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ex rector de la Universidad de Córdoba y Ministro de De la Rúa, el médico Hugo Juri.

“Vos haces en estas Universidades low cost tres cuartas partes de la carrera en modalidad no presencial, online, y después te pasas a la Universidad Nacional de Córdoba y te vas con un titulo de clase A, de clase mundial. Te podes cambiar de una carrera a otra, de un sector a otro y te llevás tu trayectoria académica a través de puntitos o cupones que fuiste coleccionando”, explicó Roselló.

¿Para qué tener, entonces, 57 universidades estatales? ¿Por qué no tener simplemente una universidad que haga todo por Internet, sin culturas regionales, sin rescate de las necesidades del desarrollo local, sin tradición cultural propia ni esquema educativo universitario propi? Esta es la estandarización del sistema educativo que busca el Banco Mundial para rebajar el nivel académico, objetivo fundamental en los planes estratégicos de destrucción de la educación superior.

Por otra parte, junto con el Régimen de Trayectorias Académicas se publicó, en el Boletín Oficial de 2018, la Resolución nº 1254 del Ministerio de Educación de la Nación que ha pasado totalmente desapercibida en la agenda comunicacional hegemónica. La misma cuenta con el apoyo de todos los rectores por unanimidad y comprende la rebaja de competencias de los títulos ya otorgados, es decir: baja los requisitos para ejercer una determinada profesión. En Farmacia y Bioquímica, por ejemplo, ya no hace falta tener el título de Licenciado en Bioquímica o Farmacia para poder ser quien controla los medicamentos de los laboratorios internacionales. Basta con tener una tecnicatura para tener la competencia habilitante para hacer el control de los fármacos.

“Pretenden bajar las barreras para bajar el precio de la fuerza de trabajo. El resultado es la destrucción del modelo universitario, montado con la Reforma Universitaria de 1918 y profundizado en 1949 con el no arancelamiento de las casas de estudios que llevó finalmente al ingreso irrestricto”, analizó Roselló.

Recortes en las becas

Según el Informe Presupuestario 2016-2018, elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación de la Conadu (IEC-Conadu), desde 2016 se viene implementando una política de recortes en la cantidad de becas universitarias otorgadas por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Durante 2017 se otorgaron menos becas para carreras prioritarias y para bajos recursos que en 2016, año en que también habían sido recortadas con respecto al año anterior. Para 2018 se profundizó el recorte sobre las becas para bajos recursos y se dejó de informar de manera independiente la cantidad de becas para carreras prioritarias, integrándolas al Plan Progresar.

La población estudiantil es profundamente migrante. Eliminando las becas y tutorías, así como dejando morir los comedores universitarios y los alojamientos para estudiantes, se expulsa a los hijos e hijas de la clase trabajadora del sistema universitario.

Según el economista, “lo que se necesita es no menos de 400 mil becas para retener la matricula y lograr que estudiantes egresen de la universidad, con el esfuerzo que la gente hace para mantener a la universidad pública. Sin embargo, todo sucede al revés: el 80% de los que entran, no egresan. El universitario es el nivel educativo con mayor índice de fracaso. Este porcentaje ha ido creciendo porque es el objetivo estratégico del Banco Mundial de destruir el valor de la fuerza de trabajo. No quieren egresados, quieren mano de obra barata para las pocas actividades productivas, intermediarias o incluso financieras que tiene la economía nacional”.

Y agregó: “la localidad de San Pedro, en la frontera con Brasil, es el único lugar donde se forman los guardaparques nacionales, en la Universidad Nacional de Misiones (UNM). De todo el país se tienen que ir al extremo Noreste a estudiar esa carrera. Si allí no hay albergues no puede estudiarse esa carrera: destruís la matricula de la UNM y logras destruir los parques nacionales y forzás su privatización. Todo tiene una lógica, como la de Monsanto, como la de La Alumbrera”.

Destrucción del salario y el sistema científico tecnológico

Un relevamiento del sistema universitario nacional, realizado por la totalidad de las universidades nacionales en el año 2018, arrojó la cifra de 14 mil docentes trabajando sin renta asignada, mal llamados y llamadas “ad honorem”, de los cuales 9600 (el 68 por ciento) pertenecen a la Universidad de Buenos Aires (UBA). La gente que esta ad honorem pone plata para el transporte, no tiene obra social ni A.R.T., paga su propia capacitación y no es reconocido ninguno de sus derechos como trabajador y trabajadora. No sería inapropiado decir que las universidades nacionales se paran sobre los hombros de trabajadorxs que pagan por ir a trabajar. Para aquellos que sí tienen renta, la situación no es mucho más favorable.

El salario para aquel docente que tenga dos cursos y que cuente con 10 años de antigüedad cobrará $15.300. En otras palabras: el que no lo hace gratis ya lo hace casi por vocación. Buscan desalentar el incremento de docentes e investigadores dentro de la universidad.

En diálogo con Marcha, Mariel Casentini Maffeo, politóloga agremiada al Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, analizó las ideas-fuerza detrás de este proceso y expresó que “detrás de esto está una idea de universidad. La política salarial, como la presupuestaria, no son algo casual sino que se relacionan con una idea que tienen sobre la universidad. Nosotros planteamos desde nuestra práctica profesional y sindical la idea de construir conocimiento desde la idea de la universidad como derecho. Esto implica que es un derecho humano reconocido, sustanciado por el Estado. La gratuidad y el ingreso irrestricto te limita la posibilidad de pensarlo como un derecho humano netamente individual. Pensarlo como un derecho humano implica pensar que la universidad produce y reproduce el conocimiento socialmente necesario, tanto en la formación de esos profesionales individualmente como en la formación de un sentido colectivo”.

La politóloga considera que “las políticas que van contra el salario docente y el presupuesto universitario condicen con la idea de la universidad elitista, como un privilegio; es la universidad que quiere este gobierno, una universidad limitada para un sector, entendiéndola como un derecho individual para acceder a los estudios superiores. No sería extraño que hablaran de arancelarlas. Esto se ha visto desde los dichos de Vidal de que `ningún pobre llega a la universidad´ y las notas en los medios sobre `las universidades que no producen graduados´. Como si el rol de la universidad fuera uno: producir chorizos. Hay una disputa no sólo salarial sino en la cuestión simbólica de la universidad”.

Sin embargo, la estrella del desguace cambiemita es el sistema de becas y promoción de las ciencias e investigación. Con la política económica y la devaluación de la moneda que pasó de 9 a 48 pesos en cuatro años, el presupuesto en Ciencia y Tecnología tendría que haber sido aumentado en igual medida, dado que la mayoría de los insumos -como los reactivos para laboratorios- son importados. Por otro lado, se congeló y se redujo la cantidad de ingresantes a la carrera de investigador científico. Este año se presentaron 2500 postulantes; con sólo 400 vacantes, quedaron despedidos y despedidas 2100 universitarixs formadxs en su mayoría en la universidad publica, que habían completado su formación de doctorado y postdoctorado con becas del estado nacional. “Lo que el Estado está diciéndoles es `andate al sector privado o al exterior´, financiando a la investigación multinacional o a potencias extranjeras, provocando el exilio de los investigadores. Esta es la masacre particular que inauguró Cambiemos. Ante todo esto, la única respuesta es: vamos a la huelga”.

Source

Entrevista a Ariel Slipak, docente y delegado de Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires y de la CONADU Histórica.

Para conocer en profundidad el reclamo de las y los docentes universitarios que mantiene en pie de lucha a trabajadores, trabajadoras y estudiantes. Las clases públicas, charlas y una masiva movilización el pasado jueves 12 de mayo demostraron que el reclamo por la educación “No es un reclamo corporativo sino un reclamo por la educación pública”.

-¿Cuál es la situación actual de la UBA?

La situación de las universidades hoy está atravesada por varios conflictos que desde el sindicato de docentes vemos como partes de una misma cosa. En primer lugar, nuestros salarios: el gobierno nacional nos está ofreciendo una paritaria desde mayo con aumento de 15%, agregándole un aumento salarial de 5% en octubre y otro 11% en diciembre y cerrando cualquier negociación salarial hasta junio de 2017. Esto lo consideramos un insulto. Hoy en día, un docente con 5 dedicaciones simples, lo cual implica trabajo de 50 horas semanales, es pobre.

Además está la tendencia de las políticas educativas. Nuestro reclamo no es corporativo. Desde la CONADU Histórica se reclama un 45% de incremento salarial y retrotraer a paritaria a los meses de febrero y marzo, pero también, nuestro reclamo es por el boleto educativo para estudiantes, y personal docente y no docente; nuestro reclamo es por un mayor presupuesto para la universidad pública, por la aplicación del convenio colectivo de trabajo, por la derogación de la Ley de Educación Superior y por el rechazo de la criminalización de la protesta social.

-En las últimas semanas se ha hablado mucho de cómo impacta el tarifazo en la Universidad. ¿Cómo repercute estos aumentos en la Universidad?

La luz en la UBA pasó de 7 millones de pesos mensuales a 80 millones. Para darse una idea, el presupuesto nacional educativo, para las más de 50 universidades nacionales en el 2016 es de 51.400 millones. El aumento de 500 millones que fue anunciado por Macri representa menos del 1% del presupuesto nacional educativo, sin contar que el Jefe de Gabinete ya estaba facultado previamente a otorgarle 400 millones al presupuesto. Hoy se está debatiendo si la universidad pública puede o no puede pagar la luz ya que de los 500 millones de aumento, 80 millones serían para la luz de la UBA solamente. Ni se habla de las becas para estudiantes.

Hay muchas universidades nuevas y se les recortaron el presupuesto para la construcción de sus edificios o ampliaciones, y ese dinero va aparte de la ley de presupuesto. Algunas tuvieron aprobación de algunas construcciones y otras no, esto genera que peligre la apertura de nuevas carreras en dichas universidades.

-El presupuesto está orientado a un plan de privatización de la facultad…

Si, claramente que va a poder estudiar quien pueda bancarse los gastos. Esto genera deserción de los estudiantes. La tarifa educativa de los estudiantes, que son trabajadores como nosotros, afronta un incremento de 100% de aumento sumado a los aumentos de la canasta básica.

El otro reclamo es sobre la aplicación de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo el año pasado. Este se homologó, pero según disposiciones del Consejo Interuniversitario Nacional, una vez que se aplica el Convenio que se homologó, que debería tener carácter de Ley, le da una libertad de acción a cada rector de cada universidad para que pueda disponer qué articulo cumplir y que no, esto hace que un rector puede decidir por sobre la licencia post parto, por ejemplo. Esta es una situación que se repite en las políticas públicas de salud, para que los trabajadores banquen en sus hombros los aumentos y los recortes del presupuesto. Pero sobre todo, implica descentralizar y desarmar la herramienta de negociación colectiva, además del incumplimiento de una ley que es un Convenció Colectivo.

En la UBA, desde el sindicato que ostenta la mayor legitimidad –la AGD UBA– venimos haciendo juntas internas en casi todas las universidades y colegios preuniversitarios. Venimos siguiendo el plan de lucha discutido en el congreso de la CONADU Histórica que es nuestra federación y venimos cumpliendo al día sábado 7, 23 jornadas de paro. Hace unas semanas hubo una semana de paro completa. Se ha perdido la cuenta de la cantidad de clases públicas pero han sido más de 500. Todo esto demuestra la adhesión del paro de la CONADU histórica no solo entre docentes, sino también no docentes, estudiantes. La gente que pasa en los cortes de calle está más informada sobre los reclamos y nos dan saludos de apoyo, sean cortes parciales de calles o clases públicas en parques, estaciones de subte o incluso trenes en movimiento. Pero el gobierno nacional hace oídos sordos.

-Toda la situación de las últimas semanas, hace acordar muchísimo a la situación de los 90s, mismo clima y misma reacción gubernamental.

Hay brutalidad en las declaraciones de los funcionarios del PRO. Es la oportunidad que están tomando para desmantelarla y privatizarla. La oferta inicial de Bullrich y de su gobierno por medio del Consejo inter-universitario fue de un 15% en mayo, y un 15% adicional en agosto. La oferta siguiente, luego de los paros y clases públicas, fue del 15% en mayo y luego verían si se reabre negociación en octubre, la siguiente oferta fue: 15% en mayo y 15% en diciembre con la posibilidad de cerrarla hasta junio. La siguiente a esta fue de 15% en mayo y 16% en diciembre, o sea 1% más en diciembre lo que convierte la negociación en cinismo o desinterés que vienen sumados a los casos de compañeros trabajadores muertos ante paros cardiacos por este tipo de situaciones.

El gobierno de Macri tiene un total desinterés por la situación de los trabajadores docentes. La estrategia de Macri es salir a decir mediáticamente que da a las universidades 500 millones adicionales y para nosotros no es nada.

*en FM Che Barracas

Notas relacionadas:

Repercusiones de la marcha por la Universidad Pública: el gobierno se sienta a negociar

La educación del pueblo no se vende, se defiende

Source