La pobreza alcanza al 48% de niños y niñas, según publicó UNICEF hace pocos días. Esto significa que a 6,3 millones de niñas y niños ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos.

Cifras que son personas

Los números muestran una realidad que en la vida cotidiana se vive en los barrios más vulnerables. Así lo cuenta Estela Rojas, de la organización Chicos del Sur:

“Las cifras de pobreza aumentaron. Un dato que se advierte en las compañeras y compañeros antes de ser publicadas. En tiempos de crecimiento económico, en los barrios se vive un poco mejor. No se vive bien, pero al menos alcanza para comer, comprar los útiles para la escuela, alguna ropa, poner crédito al celular. Cuando el desempleo no es tan importante como en estos tiempos, se consiguen trabajos de limpieza y changas de albañilería. Cuando no hay tantas y tantos que buscan en los residuos urbanos el cartoneo rinde de otra manera. En estos tiempos se vive con decepción, desesperanza, descreimiento”.

El grado de violencia va en aumento. Basta pensar de que humor nos ponemos cuando nos toca pagar tarifas, cuando llegamos a la caja del súper, para entender cómo será no tener para comer, ni para mandar lxs hijxs a la escuela. Cuando la garrafa se termina y no hay fiado que la reponga.

Cuando elegimos un pobre de este tiempo para empatizar, para conmovernos, elegimos el pobre que está resignado, el que agacha la cabeza, sabedor que es lo que le tocó en suerte.

“Si hoy la pena tiene suerte en comida se convertirá” cantaba León Gieco. “En los barrios no nos conformamos con la pena, en los barrios se amasa la rabia y la rebeldía. Hay jóvenes que perdieron su trabajo y la posibilidad de conseguir otro y toman un arma y salen a buscar por la fuerza lo que les está imposibilitado de otra manera”, narró Rojas.

Hay organizaciones que apuestan al colectivo y salen a pelear juntos. No son los y las pobres mansas que quiere este sistema. Son las y los piqueteros, son las y los chorros, son las y los que no se rinden.

Vivir en pobreza durante la infancia significa no asistir a la escuela ni aprender; saltarse una de las comidas o ir a dormir con hambre, no tener zapatos o vestimenta digna, estar privado de atención médica y estar expuesto a enfermedades, vivir en un hogar sin agua potable, electricidad, en espacios inseguros y en condiciones de hacinamiento o enfrentarse a muchas otras carencias. Estas realidades tienen consecuencias negativas, al igual que la posibilidad de que se reproduzca en la siguiente generación, y comprometan el presente y futuro de las niñas y los niños que la viven, así como al desarrollo económico y el bienestar social del país.

Apuntes de UNICEF

“6,3 millones de niñas y niños ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos”.

El informe publicado hace pocos días revela que quienes más sufren los efectos de la pobreza son nuestros niños, niñas y adolescentes.

Educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro no están garantizados para casi la mitad de la población infantil en nuestro país.

Una cifra que por muy difundida no deja de estremecer: la pobreza entre las personas menores de 18 años alcanza al 48% y   supera en un 10% los valores de la pobreza para la población en general.

Esos fríos números tienen rostros y cuerpos que son de casi la mitad de la población total infantil de nuestro país.

El organismo internacional sostiene que el relevamiento está dirigido a impulsar la implementación de políticas públicas que protejan la niñez. Lo que no se dice, pero se sabe, es que además permite que los países se apoyen en sus relevamientos para gestionar préstamos de organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial. La pobreza también produce réditos.

El informe también relaciona la pobreza con las tareas de cuidado y revela que “la pobreza infantil es mucho más elevada en los hogares monoparentales que cuentan con una única proveedora de ingresos que además debe asumir las tareas domésticas y de cuidado”. Una realidad que no deja lugar a dudas: la carga de responsabilidad y exigencia pesa sobre quienes llevan adelante esas tareas, que en su mayoría son mujeres.

Los valores han ido mejorando en los últimos diez años, sin embargo “la pobreza tiene cara de niño y de niña” afirmó el especialista en Inclusión Social de UNICEF Argentina. Estos números aún pueden ser peores, porque solo corresponden a la primera mitad del 2018 y “en las cifras aún no se reflejan los efectos de la situación macroeconómica y fiscal actual que se verán reflejados en la próxima medición”.

Un especialista podrá tomarse el trabajo de desmenuzar con mayor precisión las estadísticas. La realidad se vive y se palpa en cada territorio. Así lo contó muy bien Estela Rojas.

Más de la mitad de los cuerpos más frágiles y vulnerables sufren la falta de recursos y el impacto de las políticas públicas que son menos que insuficientes, ausentes o solo tratan de criminalizar y castigar, mientras el Presupuesto Nacional sostiene a ultranza las condiciones de desigualdad.

Una situación que llama a urgentes acciones por el riesgo en que están esas pequeñas vidas. Así lo entienden las organizaciones que le ponen el cuerpo y el esfuerzo porque sin infancia no hay futuro.

Informe completo de la UNICEF aquí.

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Distintos operativos de las fuerzas de seguridad intentan reprimir las protestas frente a las políticas de ajuste del gobierno.

Efectivos de la Gendarmería ingresaron ayer al predio donde estudiantes y profesores mantenían una toma pacífica, desde hace tres meses, en la sede del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). La protesta, se realiza en el marco del plan de lucha definido por las universidades nacionales contra el ajuste,  del gobierno de Mauricio Macri, que las afecta. La Gendarmería desalojó violentamente con balas de gomas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes el lugar.  La orden de desalojo del  juez federal Hugo Greca fue la respuesta a la denuncia penal del rector Juan Carlos Bellos. En el Día Internacional de los Derechos Humanos y a 35 años de la recuperación de la democracia en la Argentina,  11 personas quedaron detenidas y luego fueron liberadas.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) también se refirío a la políticas represivas del gobierno nacional,  “un ajuste de estas características, convertido ya en un saqueo nacional, solamente se podía tolerar con mayor represión”.  “Si hay alguien que no quiere que haya desbordes o estallido social, somos nosotros porque la historia demuestra que en la mayoría de esos hechos los muertos son nuestros”, sostuvo Esteban “Gringo” Castro. “El Gobierno tiene que resolver los problemas y dejar de plantear problemas relacionados a la seguridad, cuando el tema es el saqueo que se está generando en nuestro país”, añadió. Castro cuestionó el nuevo protocolo del accionar de las fuerzas de Seguridad y consideró que “el Gobierno se quedó sin discurso”.

El mismo día en que UNICEF publicó su informe sobre “Pobreza Monetaria y Privaciones no Monetarias en la Argentina”, que reveló que el 48% de los niños y niñas viven en situación de pobreza,  se realizó un abrumador operativo protagonizado por la Infantería de la Policía de la Ciudad. Un intento por impedir el acampe que pretendían realizar unas 15.000 personas organizadas en una veintena de organizaciones sociales, en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. La medida se replicó en 19 provincias del país.

Eduardo Belliboni, vocero del Polo Obrero, denunció que “nos impiden manifestarnos. El Cuerpo de motos ingresó a nuestras columnas y golpeó a nuestras compañeras y tiró gas pimienta. Con este brutal operativo nos quieren impedir que nos manifestemos y que nos reunamos con nuestros compañeros que están en el Ministerio, donde vamos a reclamar por la situación de los planes sociales”.

Un gran operativo de seguridad en la estación de subtes de Constitución,  para impedir que las y los manifestantes llegaran hasta el Ministerio,  provocó la interrupción del servicio y con ello la bronca de miles de usuarios en el final de la jornada laboral.

Sin embargo el acampe se instaló y las organizaciones se retiraron 20 horas después, una vez que funcionarios aceptaron tratar alguno de las demandas en una reunión para esta semana. La situación culminó con el pago de un bono de fin de año, equivalente a la mitad de lo que perciben mensualmente, 3.000 pesos.  Esta asistencia adicional alcanza a unas 450.000 personas  que reciben el Salario Social Complementario y el programa Hacemos Futuro y otros planes menores. Sin embargo, desde las organizaciones sociales sostienen que ya estaba acordado un extra de 1.000 pesos.

La disputa,  frente a la cartera liderada por Carolina Stanley,  empalmó con la resolución del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, tendiente a flexibilizar las atribuciones de los agentes policiales para el uso de armas de fuego. Una resolución que refuerza  al aparato represivo y que el gobierno apuesta a capitalizar en el plano electoral pero que no alcanza para ocultar la profundidad de la crisis social.

El jueves, efectivos de la Policía bonaerense reprimieron a los trabajadores de la Planta II , de la avícola Cresta Roja. Desde hace dos semanas, las y los trabajadores despedidos,  a los que la nueva gestión de Tres Arroyos prometió reincorporación, protestan en las puertas frente a la planta  ubicada en avenida Fair al 2800, partido de Esteban Echeverría.

La CTA-A expresó su más profundo repudio a la resolución 61156527 del Ministerio de Seguridad firmada por su titular, Patricia Bullrich, que autoriza a las fuerzas federales que se encuentran bajo su órbita al uso de armas de fuego en “caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”.

Esta decisión, firmada el lunes 26 de noviembre, no fue publicada en el Boletín Oficial lo que constituye un deliberado intento de ocultar a la población esta medida que representa una franca amenaza para las organizaciones populares y la ciudadanía en general. El empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas ha tenido en la historia argentina un desenlace trágico y ha significado para nuestro pueblo pérdida de vidas que el gobierno de Macri parece querer volver a reeditar.

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