El jueves 12 de octubre se realizó la reunión de asesores de la Comisión de Agricultura y Ganadería para abordar la Ley de Semillas. La Multisectorial Contra la Ley Monsanto de Semillas objeta que beneficia a las grandes corporaciones y privatiza el uso de las semillas. Además, pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias de los pueblos.

Compuesta por más de 50 organizaciones sociales, la Multisectorial Contra la Ley Monsanto de Semillas viene denunciando y organizando la resistencia contra un nuevo intento de modificar la ley de semillas, para convertir los bienes comunes -como la naturaleza y los saberes- en mercancía para el lucro y crecimiento del poder de unos pocos. Así lo expresaban en un comunicado que se difundía en septiembre de 2016.

En un nuevo comunicado emitido el 11 de octubre, agregan: El proyecto que se impulsa (en acuerdo con Monsanto) “promueve la limitación de la posibilidad de guardar semillas por parte de los agricultores” y al mismo tiempo “criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios”.

A continuación manifiestan que la modificación de la Ley entraña “una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo” y “responsabilizan a los legisladores que avalen el cambio, por la que tendrán que rendir cuentas en el futuro”.

“Con la Ley de Semillas podrían impedir la resiembra de todas las semillas”

Desde Marcha consultamos a Julián Galeano, del colectivo Todos Los 25 Hasta Que se Vaya Monsanto, parte de la Multisectorial, quien afirmó: “La ley de semillas es una profundización del modelo para que las corporaciones obtengan mayores ganancias. No estamos de acuerdo con que se puedan patentar semillas ya que el acervo genético es propiedad de los pueblos que las mejoraron al menos por 10.000 años”.

-¿Cuál es la posición de los intereses locales respecto de la Ley?

-La ley, que se impulsa desde 2012, no ha avanzado porque los intereses locales de los terratenientes, que son millonarios, y que tienen mucha fuerza como lo demostraron con la 125, por ejemplo, se oponen porque básicamente implica que tendrían que pagar más dinero por estas semillas. No quieren hacerlo aunque están de acuerdo con el modelo tóxico industrial; es decir, no les importa el envenenamiento masivo de la sociedad: rechazan la ley porque les aumentaría los costos.

Hay un anteproyecto de la Ley de Semillas de la Federación Agraria Argentina, que es la misma que proponen las corporaciones pero que introduce la modificación que permitiría la resiembra de semillas.

-¿Qué implicaciones tendría en concreto esta Ley llamada “Monsanto”?

-Hay un tratado internacional UPOV 91 (Unión Internacional Para la Protección de las Obtenciones Vegetales) que prohíbe la reutilización de las semillas y que se incorporaría a la nueva Ley. Es decir que está en contra de lo que se hizo históricamente en el campo, donde los agricultores se reservaban una parte de la producción para reutilizar la semilla el año próximo. Esto sería ilegal, como sería ilegal el intercambio de semillas y hasta inclusive regalarlas, porque la ley dice que únicamente se pueden comercializar, regalar o intercambiar semillas que sean certificadas. Y para que una semilla sea certificada tiene que demostrar que es propia, que vos la hiciste, que sos obtentor.

Con la Ley de Semillas podrían impedir la resiembra de todas las semillas. Esto en lo cotidiano impactaría, por ejemplo, en la resiembra de la lechuga, porque Monsanto tiene una empresa que hace semillas de hortalizas. Galeano remarcó que hoy en día ese tipo de semillas no tiene ningún impedimento para ser resembradas.

Además, es necesario tener en cuenta lo que está sucediendo, desde aproximadamente dos años, donde Monsanto tiene la capacidad de fiscalizar las semillas de soja en puerto, lo que les permite cobrar 15 dólares por tonelada de soja en caso de que se pruebe que tenga los genes de Monsanto que están patentados. Esto no se da con todas las semillas, sino en el caso de las semillas transgénicas.

Modelo de negocios patentados

Tal como lo explica con claridad la Ong. GRAIN, UPOV son las siglas en francés de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Oficialmente un organismo internacional, UPOV, trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, mediante la imposición de los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Los estados miembros deben adherir a la Convención UPOV y convertirla en ley nacional. La Convención fue redactada por primera vez en 1961 y se ha modificado tres veces (en 1972, 1978 y 1991), fortaleciendo, vez tras vez, los derechos de las corporaciones y restringiendo lo que los demás pueden hacer con las semillas.

La modificación de 1991 fue particularmente polémica, porque eliminó el derecho de los agricultores a guardar semillas privatizadas y limitó lo que otros mejoradores genéticos podían hacer con esa semilla.

Creada en 1961, durante la mayor parte de su historia la UPOV ha sido un pequeño y más bien oscuro club, sobre todo de países ricos que quisieron promover los intereses de sus empresas semilleras. A la fecha de la última revisión, 1991, sólo 20 países eran miembros. Pero después de  que la OMC aceptara, en 1994, que todos sus países miembro debían tener derechos de propiedad intelectual para las variedades vegetales, la membresía de la UPOV aumentó muy rápido, a más de 70 países. Mucho de esto se debió a la presión de los países ricos para que los países no industrializados se adhirieran a UPOV, presión ejercida fuertemente con los tratados de libre comercio.

Las llamadas leyes de derechos de obtentor incluyen las leyes de certificación, los registros de variedades y las leyes de comercialización que legalizan el abuso y el despojo. El objetivo de este ataque es acabar con la agricultura campesina e indígena y especialmente con la producción independiente de alimentos, intentando cerrarle el futuro a la soberanía alimentaria, para convertirnos en una población sin territorio, que sólo puede ser mano de obra barata y dependiente. Es un ataque que se despliega de diversas formas y mediante mecanismos múltiples. Así lo expresaban con gran claridad, en la Declaración de Yvapuruvu un conjunto de organizaciones que se reunieron en Paraguay en 2013 para debatir sobre las iniciativas que se vienen tejiendo en el continente y en otras latitudes donde se busca recolonizar a los pueblos más vulnerables y empobrecidos bajo el argumento del progreso y el beneficio, que siempre se inclina hacia los más poderosos.

Desde la Multisectorial son categóricos al expresar que “cualquier modificación de la Ley de Semillas deberá ser sometida a un amplio debate público donde campesinas y campesinos, pueblos originarios, productores familiares, organizaciones sociales y políticas, consumidores y todos los sectores involucrados puedan ser consultados de manera transparente y participativa”.

En esta coyuntura, desde 2016 vienen revelando negociaciones cerradas entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores. Al mismo tiempo que pusieron en evidencia que estos intentos de reforma no son nuevos, y que se registran desde 2012, cuando también “dejaban afuera las necesidades e intereses de agricultores familiares, comunidades campesino-indígenas, consumidores, y afectados directos por el agronegocio”.

Parece entonces que el impacto se produce en distintos frentes. Por un lado, impone un envenenamiento a gran escala y sin ninguna protección para los consumidores. Al mismo tiempo favorece, el modelo de concentración corporativa en tanto los pequeños productores no podrían soportar los costos que impone este modelo, pergeñado por los distintos gobiernos que impulsan los negocios por sobre la vida.

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Empezaron a sentirse los coletazos del triunfo del NO en el plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC: Santos anunció el fin del cese al fuego para el 31 de octubre. Algunas pistas para comprender el inesperado resultado en las urnas y la compleja etapa que se abre Colombia con el regreso de Uribe al centro de la escena política.

Frente a la pregunta “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”, 6.419.759 de colombianos (50.22%) impidieron ratificar el acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP con su voto negativo. Ambas partes aclararon que mantendrán el cese al fuego bilateral y la voluntad de solución tras los resultados de un plebiscito que tuvo una abstención del 62.6%, la mayor de los últimos 22 años.

Colombia es el primer país donde es la sociedad –y no la posición de los adversarios- la que rechaza unos acuerdos de paz para superar violencias históricas en el marco de la democracia representativa. El partido Centro Democrático, liderado por el senador y expresidente Álvaro Uribe, logró su objetivo principal: conseguir a toda costa que se no se aprobaran los acuerdos de La Habana. El SÍ estuvo cerca con 6.373.382, el 49.77% de los votos.

El trasfondo del NO a la paz

El conflicto armado tiene realidades de tipo geográficas que se vieron reflejadas en la votación: en las regiones afectadas por el abandono estatal y los combates militares como Chocó, Nariño, Guajira y Cauca, ganó el SÍ con una diferencia considerable. Incluso Bojayá, uno de los territorios donde las FARC reconocieron responsabilidades de acciones militares, el SÍ obtuvo un apoyo del 96%. Igualmente, de los 27 municipios donde las FARC se concentrarán para la dejación de armas, 23 obtuvieron un SÍ mayoritario.

Esto quiere decir que padecemos de una esquizofrenia colectiva que es motivo para dar la espalda a campesinos, soldados, guerrilleros y pobres en general, quienes ponen el cuerpo para la guerra pero son capaces de perdonar. Además, celebrarlo y sentirse orgulloso mientras se revictimiza a los más golpeados por el conflicto es una afrenta vergonzante. A excepción de Bogotá, fue el país urbano el que definió la suerte del país rural. “No es justo que tengamos que mendigar a Colombia por la paz”, lamentó una víctima de la masacre de Bojayá.

La extrema derecha y la iglesia fueron los vencedores. Ganaron los argumentos embaucadores, el país perdió. En todo caso hay que reconocer que tras cuatro años de negociación, parte del país no se sintió interpelado por lo que sucedía en Cuba. Como opinan algunos analistas, “no fue un diálogo nacional sino entre sectores”.

Asimismo, ganó el NO porque a la paz le faltan militantes. No todos los movimientos políticos o partidos de izquierda respaldaron el proceso en la dimensión necesaria, fuerza que deberán aportar para sumarse a defender el proceso ahora y no permitir que Uribe trastoque los puntos de participación política y justicia transicional, su seguro próximo paso. Temer a las FARC en política y pronosticar un apocalipsis comunista no sólo es osado sino un acto de mera cobardía.

Lo que importa es mirar hacia adelante, no permitir que la mesa de La Habana se termine sin que haya un acuerdo que recoja más voces, la tarea que demanda el resultado. En este punto es clave la participación de los detractores del gobierno que tienen propuestas de paz como la guerrilla del ELN y el Centro Democrático. Se ha mencionado un gran diálogo nacional, una mesa multilateral o una Asamblea Nacional Constituyente donde la sociedad tenga mayor protagonismo. Ahora bien, la activista por los DD.HH. Piedad Córdoba manifestó que hay puntos del acuerdo en los que se puede avanzar, como en el del Estatuto de la Oposición: “Es fundamental en un país donde se relaciona a la izquierda con el terrorismo”, afirmó.

El voto simbólico de los niños con 13.571 tarjetones fue con victoria para el SÍ con 67.46%. Un niño de 11 años expresó: “La guerra sabe a tristeza porque te separas de lo que amas”. Uribe dice “mejor 20 años más de diálogos que entregarle el país a las FARC”.

Ausencia de Plan B

Que el Centro Democrático no quiera la paz, o que se esté viendo obligado a improvisar en un consenso donde estén incluidas algunas de sus propuestas propensas a la venganza y a no ahondar en las verdades del conflicto, no quiere decir que sea imposible revertir las posiciones del país que son reacias a la reconciliación. Perder por una diferencia tan bizantina también era una posibilidad, se tendrá que trabajar sobre el acumulado, no sobre la avalancha de decepciones y desesperanzas que produjo el resultado del domingo.

Las FARC manifestaron: “El amor que llevamos en el corazón es gigante y con nuestras palabras y acciones seremos capaces de alcanzar las paz”. Tampoco tienen Plan B, aunque se ratifican en mantener el acuerdo. “La paz triunfará”, concluyeron en un comunicado. No obstante, la reacción del gobierno fue abrir la puerta grande de la negociación al uribismo, desde donde no paran de hablar vaga e impúdicamente de impunidad, lo que resta seriedad a su participación en el proceso.

Quienes hablan de impunidad dentro del acuerdo, funestamente quieren hacer ver la cárcel como justicia per se, siendo el Estado el principal victimario de la violencia y trasgresor del orden constitucional del que tanto pregonan para mantener la guerra. Si quieren constatar lo que es una guerra con sangre ajena con altos índices de impunidad pueden preguntarle a Santos y a Uribe lo que son los “falsos positivos”.

Por su parte, Uribe hizo propuestas que ya estaban incluidas en el acuerdo firmado, como la amnistía para guerrilleros rasos sin delitos gravosos, lo que ha sido polémico pues aunque nombraron voceros como oposición para discutir este nuevo limbo político y jurídico que ellos mismos ocasionaron, denotan amplias incongruencias y contradicciones a las que ahora se tendrán que enfrentar en el debate público para desengranar el proceso.

Lo que se ganó y lo que se puede perder

El pueblo colombiano siempre ha sido fuerte, ha tenido momentos de obligado silenciamiento, pero siempre ha buscado las maneras para resistir ante la violencia. Hay que aceptar que el país ya no es el mismo desde que ha trascurrido la firma del acuerdo, no porque haya mejorado en algún punto vital sino porque el fin del conflicto armado se convirtió en una posibilidad latente.

Gana el país porque sí quiere terminar la guerra a pesar del resultado, lo que lleva a solucionar de manera precisa y oportuna la incertidumbre que conlleva el lamentable resultado del plebiscito, que le faltaba ese respaldo para ser una realidad y terminar con 52 años de terror. El gobierno está en un tono de solución y eso es positivo, aunque es desventurado llamar “unidad para la paz” la participación de los voceros de la guerra.

Durante los últimos años se intensificaron los foros masivos sobre paz y las investigaciones académicas, se multiplicaron las ONG´s de derechos humanos y organizaciones defensoras de víctimas, algo del periodismo político mutó su lenguaje, la guerrilla volvió a ser escuchada en la pantalla chica luego de años de censura. Las víctimas hablaron, la guerrilla pidió perdón, el Estado reconoció el carácter político de la insurgencia y los movimientos sociales crearon instancias para deliberar sobre el conflicto y generar propuestas autónomas de paz. Sin embargo, esto no alcanzó. Los impulsores del NO sólo tuvieron que hacer lo de siempre: repetir invenciones, odiar bajo argumentos mentecatos y agitar el voto. La paz deberá voltear la balanza.

Es un momento de tensión y desconcierto. Los conservadores camanduleros y los uribistas salen fortalecidos con este plebiscito, los liberales que se arriesgaron al camino de la solución política salen perjudicados. La alianza de clases dominantes alterada desde 2010 podría regresar, lo que no es otra cosa que la derrota de la paz. La izquierda es la gran vencida de la jornada: no logró hablarle al país. En el ambiente lo que predomina es una rivalidad Santos-Uribe y no una visión de paz con justicia social, como lo que han venido construyendo parte de los movimientos sociales y políticos. Favorablemente, Colombia es medalla de oro en levantamiento de derrotas, está acostumbrada a resistir y ya se prepara para el siguiente paso.

No se trata de apoyar una paz como la quieren los negociadores, sino de respaldar un acuerdo que busca lo mejor que se puede hacer en favor de la causa de la solución política al conflicto que pueda producirse en la realidad presente. Vencer a Uribe y a su proyecto inentendible de país es imperativo político. Si no, el mundo tendrá la mala noticia de tener que asimilar la arribada un “nuevo” consenso de derechas que repita la historia de los fracasos de la búsqueda de la paz en Colombia.

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