Con una condena a tres años de prisión en suspenso por un escrache al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se sienta un precedente peligroso para la protesta social. La cronista, creadora de la campaña fotográfica “Todxs somos Milagro”, cuenta sobre su experiencia en la cárcel y reflexiona sobre el fallo.

La dirigente social de la Túpac Amaru, Milagro Sala, fue condenada ayer a tres años de prisión en suspenso por el delito de “daños agravados”. El Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy se expidió en el juicio donde estaba imputada por instigar a un escrache contra Gerardo Morales en 2009, cuando era senador de la Provincia.

El escrache en cuestión se trató de “huevazos” cuando Morales realizaba una presentación en el Consejo Superior de Ciencias Económicas y si bien Milagro Sala no estuvo allí, un testigo no presencial –René Arellano– presentado por la querella fue la prueba que se presentó. Arellano afirmaba que Sala los había mandado a apretar a Morales.

Además de la dirigente, se condenó a la cooperativista cooperativista Graciela López a la pena de 3 años y al cooperativista Ramón Salvatierra 2 años, como “coautores de daños agravados materiales”. La pena incluye también la orden de que realicen tres horas de trabajo comunitario semanal, en la institución Cáritas, lo cual parece hasta ridículo cuando se trata de referentes de una organización social reconocida nacionalmente.

Luego del fallo, que sienta un precedente para la protesta social y para el derecho a cuestionar a funcionarios y funcionarias por parte de las organizaciones sociales, Majo Malvares nos acercó unas reflexiones. A partir de la campaña fotográfica por la liberación de Milagro, a la que se sumaron artistas, periodistas, políticos y políticas, pudo conocerla en la cárcel y charlar con ella sobre su situación judicial. Palabras con el zoom de una cámara fotográfica.

“Molesta que los negros se hayan podido organizar”

Estamos ante un claro fallo del poder político de la Alianza de Cambiemos. Un gobernador en ejercicio dirige a la Justicia en un fallo que lo favorece. Por otro lado, los jueces mandaron a Milagro Sala a realizar trabajo comunitario. Justo a una persona que dedicó su vida a  la gente, a la comunidad, a ayudar al otro… eso demuestra el alto nivel de impunidad y de incoherencia con que se manejaron en este caso.

Es un escándalo por donde se mire: la condenaron a 3 años de prisión por un escrache del cual nunca formó parte; por unos huevazos que nunca tiró y basándose en un único testigo que nunca estuvo en el aquel supuesto escrache (y que, además, encima es empleado del gobierno de Jujuy; es decir, empleado de Morales desde hace unos pocos meses).

Hace poco tiempo atrás, junto a Gimena (coautora de la campaña fotográfica Todxs Somos Milagro) tuvimos la oportunidad de visitar San Salvador Jujuy y estar junto a ella en el penal. Allí charlamos de todo: sobre los tiempos que se avecinan y de cómo habíamos retrocedido en este año de gestión macrista. La vi muy fuerte y con muchas ganas de salir a defender los derechos que tanto nos costó conquistar. También pudimos recorrer el Barrio Alto Comedero,  del cual hicimos registro fotográfico y audiovisual.

Y fue muy doloroso ver cómo han vaciado y destruido las obras de la Túpac Amaru en perjuicio de la población que allí habita. Destruir, por ejemplo, la pileta donde las niñas y los niños se divertían y pasaban el verano. Morales no sólo se metió con Milagro, sino que se metió con los niños y las niñas que disfrutaban esa pileta en estas fechas con las altas temperaturas de Jujuy. Es muy claro que lo que le molesta a este Gobierno es que los negros se hayan podido organizar y hagan respetar sus derechos.

Ayer me llegó una carta de Milagro en la cual entre, otras cosas, agradece el gran esfuerzo que todos estamos haciendo por lograr su libertad. Dicha carta termina con un “Hasta la Victoria Siempre”, en un gesto que la sigue reflejando: nunca la queja, siempre con la frente en alto y dándole para adelante.

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En el año 1774, antes del levantamiento de Tupac Amaru y de la Declaración de Independencia ocurrió una inédita sublevación contra el colonialismo español. La rebeldía se sembró en la actual región serrana de la provincia de Córdoba.

A lo largo de más de 500 años, los relatos oficiales se encargaron de ocultar las resistencias de los pueblos en América como así también las denuncias contra las atrocidades perpetuadas primero por las y los invasores europeos y luego por los estados liberales modernos.

Desde su fundación en el año 1573, Córdoba fue el escenario de disputas por parte de las y los conquistadores para someter a los pueblos, empadronarlos para el repartimiento y apropiarse de sus tierras. Sin embargo, las luchas por la emancipación no se hicieron esperar.

En el año 1574 hubo levantamientos de las y los comechingones “calamineguas” de la región de Ongamira. También se suceden en Luyaba y Camin Cosquin. Posteriormente se sumarían las luchas en Ischilín, San Marcos Sierra, Pueblo La Toma, entre otras. De estas últimas participaron indígenas, afros, campesinos y criollos contra los estados modernos y sus gobiernos.

La lista continúa, pero hubo uno que se destaca por su potencia colectiva y por la conquista obtenida.

En el año 1774, en los rincones de Traslasierra y en tiempos del Virreinato del Perú, un grupo de 300 comuneros y comuneras lograron que las autoridades coloniales firmaran el 28 de abril de ese año un documento jurídico libertario. Ese petitorio, denominado “Pacto de los Chañares”, reconocía a las y los habitantes de las localidades de Villa de Pocho, Salsacate, Taninga y Las Palmas, la libertad de elegir a sus propias autoridades sin la gobernación de ningún europeo. A su vez, el movimiento solicitaba la expulsión de los maestre de campo y del juez pedáneo y en caso de posibles represalias exigían que no se culpe a ningún comunero o comunera individualmente. La revolución se autodenominó como “El Común”.

De esta manera, la rebelión en Traslasierra es un antecedente a otros grandes levantamientos de nuestra América profunda como la conocida “Gran Rebelión” de 1781 del líder indígena Túpac Amaru.

“La particularidad del levantamiento es que en las reivindicaciones se pedía, lisa y claramente, la expulsión de las autoridades regionales y no ser gobernados por ningún otro europeo”, explicó Isabel Lagger.

Lagger es escritora y autora de la obra Territorio de Conquista, una novela que aborda los hechos que tuvieron lugar en Villa de Pocho. La autora dedicó gran parte de su vida a investigar sobre el movimiento retomando la obra Historia del Valle de Traslasierra de Víctor Barrionuevo Imposti. “En realidad, la rebelión comienza el 3 de abril de 1774. Allí se produce un alzamiento comunero en torno a la capilla de Villa de Pocho a instancias del Maestre de Campo José de Isasa, la autoridad máxima junto al Juez Pedáneo José de Tordesillas”, explica.

-¿Por qué se produce el levantamiento?

–En primer lugar, las y los comuneros vivían bajo condiciones de esclavitud, los tratos que recibían eran atroces. No se les permitía hacer ningún tipo de reclamo porque eran duramente castigados, principalmente por el Juez Tordesillas. Soportaban condiciones terribles de trabajo, sólo eran dueños y dueñas de muy pequeñas parcelas de tierra, les quitaban gran parte de lo que producían y lo peor es que las mujeres y niñas eran violadas sistemáticamente.

Sin embargo, a pesar del sometimiento y las reivindicaciones del petitorio, Isabel nos cuenta que el movimiento de las y los insurgentes de Traslasierra se inició por el enojo que mantuvo, en un primer momento, Isasa con el Obispado de Córdoba. “El Maestre de Campo se enoja con el obispado porque le cambian el cura párroco sin su consentimiento. Entonces, Isasa le cuenta a las y los comuneros que como pueblo tienen derecho a reclamar. Les habla de la idea de ‘El Común’. Pero cuando El Maestre notifica al obispado que no aceptan la nueva designación, desde Córdoba responden con un Provisor del Obispado que amenaza con llevar el caso ante el Santo Oficio, el tribunal de la Inquisición y todos sabemos lo brutal que era ese tribunal.

-¿Cuál es la decisión que toma entonces Isasa y lxs comunerxs?
– Isasa entiende que su enojo había sido exagerado y decide dar marcha atrás. Sin embargo, las y los comuneros se encontraban fortalecidos por el empoderamiento recibido y preguntan a Isasa si es parte de El Común, y él les responde que no. Ofuscados entonces lo toman prisionero y lo llevan a San Luis de la Punta. La misma suerte corre el juez Torrecillas, que se encontraba en la localidad de Las Palmas.

Para entonces, las noticias no tardan en llegar a la Córdoba del Tucumán. Las autoridades de la corona consideran inaceptable el levantamiento. El gobernador, José Martínez, decide designar de mediador al comisionado Juan Tiburcio Ordoñez para que “apacigüe” los ánimos y evitar así que la rebelión se propague por los territorios.

Ordoñez acampa en la Ciénaga y allí convoca a lxs rebeldes para parlamentar. Los comuneros Basilio Quevedo y Eugenio Heredia asisten y le explican sobre los sometimientos, las vejaciones y las violaciones. Además, los referentes le informan sobre un amplio petitorio y Ordoñez acepta ir a la capilla de Pocho para escuchar la voz colectiva.

El petitorio de El Común comprendía ocho reivindicaciones: 1) que Isasa y Tordesillas sean quitados de sus cargos y expulsados del valle; 2) que no gobierne la región ningún maestre de campo ni juez pedáneo; 3) que no quieren ser más gobernados por europeos; 4) que Basilio Quevedo será transitoriamente líder del grupo hasta que éste decida su recambio; 5) que los capitanes podrán nombrar a sus colaboradores; 6) que se les entreguen las armas que fueran pagadas en su momento al maestre de campo Isasa; 7) el mayor Moreno (traidor del movimiento) no tenga cargo alguno; 8) que no se culpe a ninguna persona individualmente sino al común por las molestias que puedan haber causado.

A partir de esta reunión, el 28 de abril de 1774, se firma el “Pacto de los Chañares”. El comisionado Ordoñez en representación de los tres poderes (la Iglesia, la Milicia y el Cabildo) decide aceptar las exigencias de lxs comunerxs.

Sin embargo, las autoridades del Cabildo de Córdoba estallan de furia al enterarse del acuerdo firmado por Ordoñez. La corona no podía permitir que se les reconozcan derechos a personas que según el poder colonial eran “inferiores”. Por estas razones, el Cabildo decide enviar al coronel Acosta junto a sus tropas para “reacomodar” la situación a través de las armas y detener a las y los insurgentes.

Al llegar a la localidad de Panaholma, el coronel ordena a los comuneros organizados a presentarse uno por uno. El Común se niega por ser un colectivo y responde “o va el grupo o no va ninguno”. Acosta insiste con su orden, amenazándolos a que si no lo hacen a su manera serán castigados con la muerte.

“Finalmente el Común se da cuenta que los intermediarios no servían para nada porque nadie entendía lo que estaban viviendo. Basilio Quevedo propone bajar a Córdoba y hablar directamente con las autoridades. 16 comuneros y comuneras deciden viajar, se dividen en grupos y comienza la travesía hacia el Cabildo. Un grupo es interceptado por Acosta y enviado a la frontera pero logran escaparse y se unen al otro grupo. Buscaban justicia, no perdón”, dice Isabel.

Mientras continuaban su marcha, un chasque del coronel Acosta se adelanta con el propósito de difundir miedo entre los habitantes y las autoridades de Córdoba. De esta manera se genera un pánico generalizado y el gobernador Martínez decide apresarlos en la zona conocida como La Tablada.

Al llegar a la localidad de Copina, las y los comuneros son interceptados por el vicario del Obispado, Pedro José Gutiérrez, y ante su promesa de protección el grupo entrega las armas. Sin embargo, terminan prisioneros y en la entrada de la ciudad el gobernador decide trasladarlos a un salón de los jesuitas para luego terminar en las celdas del cabildo.

-¿Cuál es la suerte de las y los insurgentes?

-En Córdoba se les realiza un proceso absurdo, se burlan de ellos y son completamente denigrados. En el juicio, Quevedo pretende exponer sobre las injusticias atroces que vivían. Denuncia los trabajos inhumanos, pero nadie quiere escucharlo. Las y los 16 comuneros quedan detenidos y olvidados. En las celdas se los reduce anímicamente y a un terrible estado de piel y hueso. Mientras, en Villa de Pocho, Isasa y Tordesillas son repuestos en sus cargos y las represalias fueron feroces. Sin embargo, en 1775 al ver el estado crítico en el que se encontraban, el doctor Dalmacio Vélez decide iniciar su defensa y logra que sean liberados. Les permiten volver a sus tierras.

La insurrección de las y los rebeldes es, por un lado, un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, y por otra, un aprendizaje de la fuerza de lo colectivo. La organización tuvo su autonomía y estuvo protagonizada por los oprimidos y oprimidas que la historia ha querido que olvidemos.

Lograron, aunque por poco tiempo, que los europeos firmaran un documento prerrevolucionario donde reconocían derechos. Sin embargo, el discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses.

Seis años más tarde, en Perú, Túpac Amaru prepararía el levantamiento indígena, negro y popular más importante de la historia de nuestro continente.

* Colectivo de Comunicación Indígena de Córdoba

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Hace tres días, más de veinte movimientos sociales, encabezados por la Túpac Amaru y nucleados en la Red de Organizaciones Sociales, sostienen un acampe frente a la gobernación jujeña. Exigen iniciar un diálogo para mantener las reivindicaciones conquistadas por las cooperativas de trabajo.

A días de asumir su mandato, el gobernador Gerardo Morales planteó, en relación con las organizaciones territoriales jujeñas, que “no va a dialogar con los violentos”, que solo recibiría a los integrantes de las distintas cooperativas “sin intermediarios”; y propuso un “plan de transparencia” a través de la bancarización de los planes sociales. En este marco, solicitó el arribo de efectivos de la Gendarmería Nacional para controlar la protesta social.

El traslado de más de 150 gendarmes desde Santiago del Estero para reforzar el operativo de seguridad llegó a los titulares de los diarios nacionales debido al fallecimiento de 43 de ellos en la ruta 34 –a la altura de Rosario de la Frontera– en Salta. Marcha dialogó con Milagro Salas sobre la situación de las organizaciones sociales que sostienen el acampe.

¿Cuáles son los motivos del acampe?

Desde el momento en que Gerardo Morales ganó las elecciones hemos pedido dos veces audiencia en diferentes ocasiones, y lamentablemente lo único que hemos recibido de su parte son actos de violencia verbal hacia las organizaciones sociales que conforman la red. Hemos recibido amenazas de que nos sacan las cooperativas, de que no se van a entregar los bolsones navideños, que nos sacan la ayuda extraordinaria. Y además, que se quieren bancarizar las cooperativas. Y la verdad es que, a nosotros, eso no nos asusta porque venimos trabajando con la factura electrónica, y para poder tener la factura electrónica hay que tener al día todos los impuestos, así que estamos acostumbrados.

Pero nosotros decimos: si nos bancarizan a las 26 organizaciones sociales que están acá, tienen que bancarizar a todas las organizaciones, no sólo controlarnos a nosotros. Lo que pensamos es que el control tiene que ser igual para todos. Porque en el transcurso de este último mes, ellos han armado más de 600 cooperativas y entonces la intención es clara: sacarnos las obras a nosotros para dárselas a ellos. Nosotros decimos que si ellos tienen compromisos con lo que dijeron en la campaña, que les den a quien sea; ahora, que nosotros no seamos los que tenemos que pagar ese costo. Que vean cómo y de dónde sacan fondos.

Nosotros no vamos a permitir que nos saquen las guarderías. Entre todas las organizaciones sociales hay cerca de 300; no vamos a permitir que nos hagan cerrar los centros de salud; no vamos a permitir que nos hagan cerrar los centros deportivos. Tanto la Túpac Amaru como otras organizaciones sociales también tenemos escuelas secundarias y terciarias, y también nos dijo que nos iba a sacar el pago de los maestros.

Nosotros no vamos a dar un paso atrás, y no vamos  a permitir que nos saquen nada, por esto hemos pedido la audiencia.

¿Desde que comenzó el acampe y hasta ahora recibieron alguna respuesta?

No tenemos respuesta de nada, siguen violentándonos, diciendo que nosotros habíamos salido a cortar rutas y a saquear supermercados. Nada que ver. Por eso pedimos que no inventen y además quisiéramos recordarles que hace dos años, las organizaciones sociales que están acá fuimos a defender a los locales y comercios de la ciudad para que no fueran saqueados. Fuimos a defenderlos para que no les roben, en San Pedro, en Libertador, en Calilehua, en Monte Rico, entre otras localidades, y por supuesto acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Entonces cómo vamos ahora a querer organizar un saqueo… ¡eso es una locura!

Tiene obligaciones con nosotros y tiene que cumplirlas; así como nosotros tenemos obligaciones con el Estado y vamos a cumplirlas. Lo que sí, vuelvo a repetir: no vamos a permitir que nos vengan a sacar de la noche a la mañana todo lo que hemos logrado con la lucha en estos 16 años, con trabajo, con sacrificio, con acampes, con lucha en donde la policía muchas veces nos ha reprimido.

¿Qué significa el envío de 150 gendarmes que se trasladaban a la ciudad de Jujuy y qué se visibilizó a partir de la muerte de 43 hombres de estas fuerzas?

Primero, me solidarizo con la familia de cada uno de esos gendarmes. Lamentablemente, esto ha sido la imaginación de Gerardo Morales de inventar que la provincia estaba insegura y que por esto necesitaba urgente que vengan hombres para cuidar la provincia, no se sabe de qué. Acá en el acampe no hay piedra, no hay garrote, no hay capucha, no hay nada de lo que ellos quieren inculcarnos. En ningún lado se están cortando ruta, asi que la verdad es que se han pasado, han mentido de más.

Es más, en la localidad de San Pedro han despedido ya a personas, ha asumido un intendente radical y en el transcurso de la semana pasada y hoy han despedido 300 personas. Eso no es vivir en democracia. En la localidad de Monte Rico, donde también han ganado ellos, han despedido ya 200 personas, y están haciendo así en todas las localidades, cuando en la campaña habían prometido que no iban a despedir a nadie.

Lo que significan las 26 organizaciones sociales que están acá son 20 mil puestos de trabajo, no les podemos decir que van a ser despedidos.

¿Las 26 organizaciones que mencionás están articuladas de manera orgánica o es sólo por este acampe?

En Jujuy se ha creado la Red de Organizaciones Sociales, donde todos los compañeros están trabajando mancomunadamente. Se ha creadoporque por ahí a las organizaciones que somos las más grandes nos daban solo a nosotros. Y la Túpac Amaru considera que los compañeros que están con nosotros no son los únicos desocupados, sino que por ahí hay muchas otras organizaciones sociales que también tenían necesidad de tener trabajo, de comer, de tener un futuro mejor. Por eso comenzamos a hablar con los compañeros para hablar con las organizaciones sociales.

¿Y piensan sostener esta medida de lucha hasta obtener una respuesta?

Si, vamos a sostener la lucha, vamos a esperar que nos reciban hasta terminar esta semana. Si vemos que no pasa nada, la semana que viene vamos a empezar con la huelga de hambre, y estaremos hasta que nos reciban.

¿Qué perspectivas tienen desde la organización con la nueva gestión de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial?

Yo creo que Macri tiene que cuidar lo que le heredó el kirchnerismo. Y lo que le heredó es trabajo, salud, educación, la Asignación Universal por Hijo, el plan Progresar, el Procrear, las pensiones… Todo lo que se adquirió durante los 12 años del kirchnerismo ellos tienen que garantizar que se sigan cumpliendo, y a su vez, cuidarse mucho con los famosos créditos que ya están pidiendo. Cristina les ha dejado un país sin deuda, y creo que si ellos duran 4 años o lo que sea que vayan a durar, tienen que dejar un país también sin deuda.

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Para entender lo que pasó en Jujuy luego del crimen del militante radical Jorge Ariel Velázquez, ocurrido después de las PASO. desde La Revancha (FM La Tribu) conversamos con Sebastián, militante del FOL .

“Las violencias política e institucional en Jujuy son características que desgraciadamente están muy extendidas en la provincia”, afirmó Sebastián Fernández, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en Jujuy, en una entrevista con La Revancha (FM La Tribu), en relación al crimen del militante radical Jorge Ariel Velázquez ocurrido luego de las PASO.

Fernández también se refirió a la organización Túpac Amaru, como “una especie de gran puntero político” y que al mismo tiempo es señalada por diversos sectores como responsable de agresiones a quienes militan en la oposición jujeña.

“Hay que tener mucho cuidado, Generalmente se generan lazos de seguridad o protección en situaciones particulares, entre organizaciones de posicionamientos políticos que en distintas circunstancias estarían opuestas”, describió el miembro del FOL sobre el día a día de la militancia política en Jujuy. “Si vas a organizar una marcha tenés que tener un doble cuidado. Por un lado de que no te reprima la policía, pero por otro también por las mismas organizaciones paraestatales que pululan por la provincia y que te pueden levantar a veces”, explicó.

“Si bien la Tupac Amaru es la representante más clara de esta tendencia hacia la violencia política, es algo que atraviesa al grueso de los partidos políticos de Jujuy. En el caso de San Pedro (la localidad en donde ocurrió el crimen de Velázquez), a esto se le añade un ingrediente explosivo más también, ya que es un poco el epicentro del mercadeo de la droga en Jujuy, donde está implicada la misma policía”, sostuvo el militante del FOL.

Fernández remarcó que los hechos de violencia como del que fue víctima el joven radical, o el asesinato de Luis Darío Condorí, en 2012, a manos de integrantes de la agrupación Tití Guerra, vinculada a Tupac Amaru, suceden en el marco de una provincia con un índice de pobreza del 52 por ciento y un 15 por ciento de indigencia. “Ahí hay más que de sobra material humano para el trabajo de estas distintas vertientes asistencialistas que se manifiestan a partir, en particular de la Tupac, de un uso excesivo de la violencia en el día a día”, declaró Fernández.

Consultado sobre qué papel juega el Estado en los casos de violencia política, el militante del FOL aseguró que muchas veces actúa como “un encubridor”, y destacó que siempre “termina siendo el gran beneficiado, puesto que esto aporta la fragmentación de las luchas populares”.

Para mostrar la otra cara de la moneda, Fernández resaltó la presencia de “distintas organizaciones que al margen de los posicionamientos políticos, participan de una u otra forma, basadas en la asamblea, en la formación, el debate conjunto y la búsqueda de puestos legítimos de trabajo”.

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