Por Iván Barrera / Foto de portada por Hernan Vitenberg

La provincia de Tucumán fue epicentro de la última dictadura militar. Epicentro de los fusilamientos, las desapariciones, la violencia, el terror, la complicidad de la sociedad civil y de los poderes económicos. También fue epicentro de las resistencias a los distintos golpes, desde las y los trabajadores azucareros agrupados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), el nacimiento del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y desde las distintas resistencias obreras a la violencia evocada por las fuerzas represivas.

A 45 años del Operativo Independencia y a 37 de la vuelta a la democracia, la violencia represiva y racista sigue a flor de piel: los asesinatos por “gatillo fácil”, las torturas en comisarías, la violencia selectiva y racial tienen su continuidad, así como también sigue vigente la complicidad que los ingenios azucareros tuvieron con la última dictadura en la persecución y desaparición de personas, hoy funcionando cual feudos sin protocolos ni elementos de higiene, condenando a trabajadores y trabajadoras a su suerte frente a los contagios de COVID-19

El aislamiento preventivo, social y obligatorio (ASPO) dictado a partir de la pandemia provocada por el covid-19 visibilizó lo más crudo de la violencia policial. Luis Espinoza, trabajador rural de 31 años, fue asesinado por la policía y su cuerpo permaneció desaparecido una semana. Ceferino Nadal fue asfixiado hasta la muerte cuando era detenido, mediante la misma técnica que le quitó la vida a George Floyd en Minneapolis. En la comisaría de Famaillá realizaron un asado y practicaron técnicas de tortura contra los detenidos. En los ingenios azucareros se suceden los contagios y las muertes por coronavirus por la falta de protocolos.

Sin embargo, la tercera ley de Newton nos enseña que “en toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria”. Esa reacción igual y contraria la protagonizan comunidades, organizaciones y movimientos que dedican su trabajo a contraponer esos avances violentos del Estado y las fuerzas represivas, a defender los derechos humanos, a las personas y los territorios.

Fotos por Alejandra Arreguez

Lo que la pandemia nos mostró: ¿quién nos cuida de la policía?

“La pandemia ha venido a profundizar lo que ya existía: la pobreza, la desigualdad, la brecha digital. Pero además de esa profundización, lo ha materializado de una forma muy cruel, muy brutal. Con la violencia policial sucede lo mismo. No solo se ha profundizado, sino que la ha vuelto más material, más brutal, y sin dudas es una continuidad de patrones de prácticas que existieron siempre”. Quien da su testimonio es Fernanda Marchese, directora de Andhes.

Andhes es una organización multidisciplinar que surge al fragor del 2001. Su nombre es el acrónimo de Abogadas y abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, dado que en su origen fue fundada por abogados y abogadas y estudiantes de derecho, “entendiendo que el derecho es del pueblo y debe ser una herramienta de cambio social y no solo de opresión a las clases oprimidas”, según explica Fernanda. Y agrega: “El objetivo de Andhes es incidir en la creación y en la transformación de políticas públicas, con una fuerte perspectiva e identidad del NOA. En nuestro nombre hay una ideología de democratizar las políticas públicas, combatir las desigualdades geográficas y contextualizar y democratizar el derecho.” Si bien Andhes fue formada por abogadas y abogados, hoy se define como una organización integrada e interdisciplinaria. Andhes aborda distintas áreas como Memoria Verdad y Justicia, Géneros, Pueblos Originarios, Niñez y Derechos Humanos, Empresas y DDHH, Derechos Económicos Sociales y Culturales y Seguridad Pública y Cárceles.

Como parte de estos abordajes, hace más de 15 años que la organización trabaja en un proyecto de reforma policial. Desde sus comienzos allí, Fernanda se involucró en la formación y por eso detalla de qué se trata el proyecto: “Trabajamos durante varios años analizando el sistema educativo de la policía, entendiendo que a la policía se la cambia desde adentro, que la educación es ese caballito de Troya que te permite entrar y poder modificar algunas cuestiones. La reforma busca una policía más próxima a la comunidad, más democrática, con un sistema educativo que deje de ser de la policía hacia la policía, sino que dependa del órgano competente. La reforma policial es una patita chiquita de pensar en una seguridad pública, respetuosa de DDHH. La reforma es un paso para dialogar con el Estado sobre qué tipo de seguridad queremos”.

Lo cierto es que estas fuerzas represivas, educadas por sí mismas y obedeciendo sus propias órdenes, tuvieron un recrudecimiento durante el ASPO, como bien nos contaba Fernanda.  Uno de los casos de violencia represiva que más visibilidad cobró al principio de la pandemia fue el de Luis Espinoza. Luis vivía en el monte tucumano y el 15 de mayo se dirigía a la casa de su prima junto a su hermano Juan para llevarle dinero, cuando ocho policías los interceptaron y los golpearon fuertemente. Juan quedó inconsciente y solo llegó a escuchar un disparo. El cuerpo de Luis apareció una semana después en la localidad de La Banderita, en la provincia de Catamarca, con un disparo letal en la espalda a la altura del omóplato.

Un mes después, el 24 de junio, Ceferino Nadal fue detenido por la policía luego de ser acusado de robar un supermercado. La policía lo tiró al piso y le puso una rodilla en la garganta, con la misma técnica que le aplicaron a George Floyd en Minneapolis. ¿El resultado? El mismo. Ceferino murió asfixiado.

Respecto de estas dos historias, Fernanda agrega las incongruencias que existen entre las fuerzas policiales y la investigación judicial: “En el caso Espinoza y en el caso Nadal, en los dos donde la policía estaba involucrada, sospechada, fue la misma policía la que intervino en el proceso de investigación”. Y afirma: “¡No puede estar involucrada la policía en el proceso en el que está siendo investigada ella misma!”. Una afirmación que interpela en cada caso donde las fuerzas de seguridad están involucradas en todo el país: los primeros informes, las fuentes policiales con discursos que señalan a las víctimas y las investigaciones por irregularidades recaen sobre esas mismas fuerzas.

También Alejandro Mamani, referente de Identidad Marrón, quien nos dio su testimonio en el informe sobre Chaco, nos da su parecer al respecto. Identidad Marrón es un colectivo que se planta contra el racismo estructural, ese racismo que ataca todas las identidades marrones, las identidades racializadas, las individualidades y los colectivos con raíces indígenas, percibidos o no como tales. Identidad Marrón trabaja con la pedagogía de la pregunta y nos invita a reflexionar.

Las historias de Espinoza y Nadal nos interpelan. Le preguntamos a Alejandro qué componentes observa, tanto desde el accionar policial como desde la sociedad civil, para que algunas historias se masifiquen y recorran los medios y las calles del país y otros queden en un silencio cómplice.

Mamani afirma: “Estos casos tienen un componente múltiple: son personas racializadas, de clase popular, que su existencia para el aparato policial proyecta impunidad. Proyecta un ‘¿quién puede preguntar por esta persona?’, proyecta el silencio acordado socialmente respecto a estos cuerpos. ‘¿Cuánto puede durar en agenda?, ¿va a aguantar hasta el juicio el tema?, ¿quién es?’, y la gente se olvida. ‘¿Qué cuerpos son más descartables? ¿Qué cuerpos son menos empatizables?, ¿qué cuerpo puede ser el de un peón de los que cosechan o de un obrero de los que construyen mi casa y quiénes son los cuerpos que pueden ser mi tío, mi primo, mi hermano?’. Con estas preguntas me pongo en el lugar de quienes hacen las noticias y de quienes se ocupan de ser transmisores a la sensibilidad social. Ahí es donde la empatía se plantea selectiva. Y cuando la empatía se plantea selectiva a ciertos cuerpos, y cuando los cuerpos marrones no producen este nivel de empatía, en el no reclamo de justicia es donde terminamos garantizando la impunidad”.

Andhes acompaña distintos juicios de Tucumán y Jujuy, ya sea como querellante o trabajando colaborativamente con abogadas y abogados.  En Tucumán, es querella de dos casos de gatillo fácil. Uno es el caso de Facundo Ferreira, quien tenía solo 12 años cuando dos policías iniciaron una persecución contra la moto en la que él iba de acompañante y lo fusilaron por la espalda a pocos metros, sin oponer ningún tipo de resistencia. El otro es el caso de Miguel ‘Reyes’ Pérez de 24 años, a quien, en vísperas de Navidad, dos oficiales de la Comisaría 4ta lo persiguieron, le dispararon una bala de goma que le dio en la cabeza y cuando cayó al piso le pegaron un culetazo. Estuvo casi 20 días en coma y luego murió. Desde Andhes definen estos dos casos como estratégicos para señalarle al Estado y a la sociedad las deudas y fallas desde una perspectiva de derechos humanos. 

En esta conversación resulta inevitable conectar estas historias con la de Facundo Castro, quien permanece hace más de cien días desaparecido, y con los casos de gatillo fácil que se suceden constantemente en nuestro país. Por eso, Mamani se explaya: “No es que nos podría haber pasado a todos, ¿A qué personas les puede pasar esto? ¿Quiénes tienen más probabilidades de ser perseguidos por la policía? ¿Quién tiene más posibilidades de que se les solicite el DNI o que se le pida que abra la cartera? ¿Quién tiene más probabilidades de recibir una bala por la espalda? No se trata de sensibilizar, se trata de destapar la cuestión referida a violencia institucional y racismo: es violencia racista. Claramente es institucional, pero hay un componente que no estamos observando. No es lo mismo un chico que va al Nacional Buenos Aires que un chico que va a una escuela de contexto popular. Eso determina qué cuerpos van a ser más descartables para el aparato policial, quiénes son los cuerpos que tienen mayor incapacidad de respuesta y mayor incapacidad de reclamo”.

En ese mismo sentido Fernanda opina: “Lo venimos diciendo, lo venimos sosteniendo: la policía no usa la fuerza de forma proporcional, no respeta derechos humanos, no hay condiciones de detención dignas, no hay una fuerza política que lidere. La policía se organiza a sí misma. Y siempre es importante remarcar que no es un policía, es toda la institución. El problema no es el rol de la policía. El rol de la policía se tiene que jerarquizar, se tiene que profesionalizar, los escalafones terminan dañando la subjetividad de los policías”.

Lo que la pandemia nos mostró: ¿quién nos cuida del COVID?

Las conversaciones con Alejandro y con Fernanda necesariamente se ven atravesadas por este contexto de pandemia. Ambxs coinciden con lo enunciado al principio: la pandemia no vino a generar nuevas necesidades, sino a visibilizar las ya existentes. Le preguntamos a Alejandro qué cuestiones raciales pensaba que se habían puesto en evidencia a partir de la pandemia y la situación de aislamiento. Nuevamente con la pedagogía de la pregunta, Alejandro nos invita a reflexionar: “Se ve el racismo en el presupuesto; es decir: ¿dónde van destinadas las partidas presupuestarias?, ¿dónde se pone el foco de gastos? A todos los problemas referidos al agua, pavimentación, accesos, luz, servicios básicos, a los que muchas veces son sometidas las clases populares respecto de la vulneración de sus derechos, el COVID lo terminó maximizando. ¿Qué tipo de higienización podés tener? Y después se ve en el tipo de atenciones: ¿Cuál es el tipo de atención que se puede tener? Cuánto más alejados, menos acceso tienen a la salud, a que entre una ambulancia, acceso a los test, etc.”.

Uno de los ejes que trabaja y milita Andhes es el de la Memoria. Ese eje abarca la complicidad de los poderes económicos durante la última dictadura cívica militar eclesiástica, y los poderes políticos que aún ostentan estos grupos. Al respecto, nos cuenta: “El trabajo de memoria propiciado por los organismos de DDHH es señalar a los responsables, a los militares, al ejército y al Estado, pero de la dictadura se han beneficiado muchos empresarios que no están siendo siquiera investigados. Nosotros estamos con el caso del Ingenio Fronterita. Es muy difícil encontrar víctimas que quieran denunciar el terrorismo de Estado porque son familias que al día de hoy dependen económicamente de estos ingenios”.

El Ingenio Fronterita fue uno de los tantos cómplices económicos y partícipes activos de la última dictadura. En el acceso al ingenio se encuentra una construcción conocida como Conventillos de Fronterita, que funcionó como centro clandestino de detención y exterminio anexo a la Escuelita de Famaillá. A su vez, dentro del ingenio, funcionaban tres locaciones que los directivos habían cedido a los militares afectados al Operativo Independencia. Entre junio de 1974 y septiembre de 1976, se registraron al menos 25 trabajadores del ingenio víctimas de lesa humanidad: 2 fueron asesinados, 9 desaparecidos, y 14 secuestrados y posteriormente liberados. Pese al impacto económico de la crisis desatada por la dictadura, y que la planta de trabajadores y trabajadoras se redujo considerablemente en ese período, el Ingenio Fronterita logró incrementar sus ganancias más del 30%, y adquirir el Ingenio Bella Vista.

Fronterita es uno de los varios ingenios vinculados a la última dictadura. Y en la actualidad, junto con el Ledesma en Jujuy, son noticia por la desidia de sus empresarios ante la pandemia de coronavirus.  Fernanda nos detalla: “En pandemia los obreros están acudiendo sin protocolo, sin elementos de protección. Los contagios se están agudizando y hemos intervenido denuncias al Ministerio de Trabajo, aún sin ningún tipo de respuestas. Estamos en el trabajo de visibilizar que las empresas tienen un fin de lucro y con eso avasallan derechos. También reclamarle al Estado que tiene responsabilidades sobre las empresas”.

Respecto de esta misma mirada, Alejandro nos invita a reflexionar una vez más: “Nosotros luchamos por que las personas marrones puedan acceder a sus derechos. Si hoy leemos una nota que dice que en Estados Unidos las personas afroamericanas no pueden acceder a elementos de higiene o al análisis de covid nos idnignaríamos y la compartiríamos enojados, pero eso sucede en muchas regiones de Argentina donde las personas marrones no están pudiendo acceder a elementos de higiene, a la salud, que les piden un dinero que no pueden pagar y no pueden hacerse el test”.

Por el derecho a la tierra ancestral

La reforma constitucional de 1994 modificó el artículo 75, donde reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y sus derechos. En el texto puede leerse: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. Sin embargo, la inclusión de un derecho no significa necesariamente su regulación ni mucho menos que se garantice y se universalice su acceso.

En el territorio de Tucumán coexisten más de 20 comunidades originarias que engloban a más de 3000 familias. Andhes trabaja activamente con algunas de estas comunidades buscando, vía instancias judiciales, garantizar el cumplimiento de sus derechos. Fernanda detalla al respecto: “Andhes apoya y acompaña comunidades indígenas a medida que la comunidad va necesitando, construyendo o demandando. Buscamos acompañar en juicios y generar litigios estratégicos; es decir, que se busca develar y exponer patrones de conducta ilegales y estructuras desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos y promover derechos no garantizados por deficiencias o porque la protección efectiva solo se activa a partir de los reclamos de los grupos”.

Desde Andhes acompañan el juicio Chocobar, que lleva 10 años. Javier Chocobar tenía 68 años y era uno de los dirigentes de la comunidad Chuschagasta, en El Chorro, y parte del Consejo de Ancianos. El 12 de octubre de 2009, día en el que se conmemoraron 517 años de la masacre y conquista de América por parte de la corona española, Javier murió asesinado en la tierra que ancestralmente le pertenecía. Quienes dispararon contra él y otros miembros de la comunidad fueron Darío Amín, empresario que explotaba parte del territorio bajo concesión del Estado, junto a dos ex policías. Una historia repetida en el NOA, en la Patagonia y en todo territorio ancestral. El juicio lleva 10 años y, en el medio, la abogada de Andhes fue a denunciada por criticar la demora de la justicia. Respecto a la sentencia, Fernanda nos explica: “La idea es que la justicia en su sentencia incorpore la perspectiva de derechos humanos, que no juzgue los hechos simplemente como homicidio agravado. Hay un homicidio, sí, esa es la carátula, pero la historia es que los pueblos vienen peleando por sus tierras desde la célula real. Eso es muy difícil que la justicia lo tome. El desafío de Derechos Humanos es que la justicia diga que se asesinó a un cacique que peleaba por sus tierras, por sus tierras comunitarias, un derecho en la Constitución, que viene negado desde la época de la conquista y hay una violación sistemática histórica de los derechos a los pueblos y discriminación por el solo hecho de ser pueblos”.

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Por Ignacio Marchini | Foto Mariana Romero

Según informa Mariana Romero, periodista de Canal 10 de Tucumán, a la mañana temprano la familia de Luis Espinoza, junto con otras personas, partieron rumbo a la zona de Alpachiri, en la provincia de Catamarca, cerca del límite con Tucumán. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, que interviene en la investigación por la desaparición forzada de Luis Espinoza, anunció hoy que habían encontrado un cuerpo en un precipicio de 150 metros de profundidad.

El lugar está subiendo una montaña, con una vegetación muy cerrada, mucha niebla y precipicios empinados. A la tarde, la fiscal de la causa, Mónica García de Targa, confirmó que en uno de esos precipicios se encontró un cuerpo envuelto en bolsas negras y blancas y encintado, y que todas las evidencias hacen presumir que se trata de Luis Espinoza.

Según la periodista, que se encontraba en el lugar, el hermano de Luis Espinoza, Juan, reconoció a la víctima. La familia hace días que había perdido la esperanza de encontrarlo con vida y hoy solo se confirmaron las peores predicciones. No se sabe aún si va a intervenir un juzgado de Catamarca o si van a trasladar el cuerpo a Tucumán.

Luis estaba desaparecido desde hace una semana, cuando él y su hermano quedaron en el medio de un operativo policial que, según las fuentes oficiales, perseguía a corredores ilegales de caballos. Juan perdió el conocimiento por los golpes de la policía, no sin antes escuchar un grito y un disparo. Cuando despertó, su hermano Luis no estaba y desde ese día su familia y amigxs están exigiendo respuestas a la policía.

Al hallazgo del cuerpo se suman las manchas de sangre en una de la camioneta de los policías imputados, las vainas encontradas en el lugar, los testimonios de los y las testigos y la declaración de dos policías que habrían confesado cierto grado de complicidad en el hecho.

El Secretario de Seguridad de la provincia de Tucumán, Luis Ibañez, había negado categóricamente que la desaparición de Luis se tratase de una desaparición forzada, cuando apenas se había enterado del hecho y antes de esperar cualquier resultado de las pericias. “Los vecinos inventan cosas” dijo con total soltura ante la cámara del Canal 10 de Tucumán. La policía se tomó más de 72 horas para tomarle la denuncia a la familia de Luis, que acudió a la comisaría al instante porque sabían que su hijo, su hermano, no se había “perdido en el monte”, como sugirió la policía. Imposible para alguien que se crió y vivió ahí toda su vida, hasta el viernes pasado. A las respuestas de los demás policías le deberán seguir las de las autoridades de la provincia, hasta llegar al Gobernador Juan Manzur, responsable, como todos los poderes ejecutivos, de la violencia policial ininterrumpida.

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Por Gonzalo Romero y Hugo Heredia | Fotos de Gonzalo Romero

La localidad de Rodeo es una de las muchas poblaciones dispersas que se encuentran en el departamento de Burruyacu, a 40 km hacia el este de la capital tucumana, por ruta provincial 304. Insertas en el pedemonte de las Sierras de Medina, estas comunidades habitan una de las regiones de mayor explotación agrícola a gran escala de la provincia, con extensas fincas de limón y caña de azúcar. Las comunidades como el Rodeo, La Cañada y La Cruz de Arriba subsisten del trabajo en épocas de cosecha y de changas fuera de temporada.

Hay una menor concentración de población que en las grandes ciudades y las formas de vida semirurales configuran las distancias y espacios para que niños y niñas jueguen libremente, alejados de la populosa área metropolitana del gran San Miguel de Tucumán. Aunque con menos probabilidades de contagio concreto, estas comunidades resisten las graves consecuencias económicas del modelo agroexportador, ahora profundizadas por la pandemia.

¿Cómo afecta a estas localidades la emergencia sanitaria, económica y social?

La cosecha del limón está comenzando; trabajadores (en su mayoría hombres) se suben a colectivos maltrechos para ser trasladados a las fincas; sin barbijos, guantes ni la distancia preventiva. Bañarse al volver del trabajo es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud; tarea que se dificulta cuando el agua de la zona es desviada para el riego de grandes extensiones, privando a comunidades enteras de este recurso.

En el eje de ruta provincial 304, desde Alderetes, hasta la cabecera departamental de Burruyacu, solo existen dos cajeros automáticos para abastecer a miles de personas distribuidas en pequeños poblados. En La Ramada se encuentra uno de ellos y el mejor horario para ir a sacar plata sin que haya cuadras de cola es a la madrugada, cuando no queda nadie; si es que no hay control policial en estas épocas de cuarentena.

Los lugares de aglomeración, como posibles focos de contagio, son la cosecha y los cajeros automáticos. Y no hay posibilidades de prescindir de alguno de ellos.

Mujeres reunidas en círculo, en el patio de una casa, manteniendo la distancia y con barbijos rojos de confección propia, debaten sobre la agenda del día y sobre los cuidados a tener en cuenta. Hoy tienen tarea doble: preparar la merienda para unos 100 chicos y chicas que acuden al merendero y realizar una distribución de alimentos para las familias que viven en ese territorio.

A partir de las 17 o 17:30 horas comienzan a llegar en busca de la ración diaria; los merenderos ya no funcionan como tal, ahora entregan viandas o las distribuyen, en ocasiones. De los 110 merenderos que funcionaban antes, ahora quedan 70 funcionando bajo este sistema, asumiendo la tarea de los que no pudieron abrir. Cada vez vienen más personas a buscar comida, las referentes arman planillas de “asistencia” para tratar de calcular diariamente cuánto producir en las panaderías propias, pero todos los días llegan más y el registro se actualiza permanentemente.

Las políticas nacionales tardan en llegar y se diluyen en procesos burocráticos que en muchos casos implican tener Internet (que también es un recurso faltante). El gobierno provincial no acusa recibo de la crisis; tampoco lo hizo antes. La organización popular sostiene y reivindica, más aún en este contexto; la reconstrucción de una red social desbastada por políticas neoliberales históricas perpetuadas desde el poder dominante.

Desde el Frente Popular Darío Santillán se trabajó en el desarrollo de protocolos de trabajo y seguridad, a fin de sostener la tarea comunitaria bajo la consigna de una Cuarentena Digna; donde el autocuidado y el cuidado colectivo son las premisas para sostener los espacios de alimentación y contención de las y los de abajo.  En los merenderos pueden verse afiches sobre los cuidados a tener en cuenta al momento de la tarea cotidiana y sobre los alimentos a preparar; también sobre los síntomas del coronavirus y el dengue. Aunque este último haya quedado en los márgenes de los medios masivos, en estos territorios es una epidemia común y no menos grave.

La vida cotidiana en el Tucumán profundo se sostiene con redes sociales sutiles, invisibles e invisibilizadas. La construcción del poder popular implica el fortalecimiento de estas redes a través de procesos de organización colectiva que alimenten un horizonte común de transformación social.

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La pandemia desde el pie

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Por Redacción La Tinta / Foto: Colectivo Manifiesto

Jorge Maciel, integrante de “Médicos a favor de la Vida”, publicó, en su cuenta de Twitter, supuestos documentos del Hospital del Este en el que se constaría el protocolo quirúrgico, el protocolo anestésico y las indicaciones a la niña. Por ello, tiene una denuncia penal realizada por la familia de ella. La posición ideológica de Maciel es oponerse a los derechos consagrados en la Constitución Argentina. No sólo lo demostró en manifestaciones callejeras, sino que también mediante el apoyo público al médico neuquino Leandro Rodríguez Lastra durante el juicio que, finalmente, lo encontró culpable por negar un aborto no punible a una joven víctima de una violación.

Un país lleno de niñas forzadas a gestar, parir y maternar

Luego de sentir tan cerca la posibilidad de conseguir la Ley para la Interrupción del Embarazo, arrancamos el año 2019 enterándonos de la historia de una niña de 11 años que quedó embarazada, producto de la violación ejercida por el novio de su abuela, este desagradable señor que tenía, en ese momento, 65 años. Lucía pidió, en reiteradas ocasiones, que se termine esa gestación, incluso, llegó a decirlo con mucha claridad: “Sáquenme esto que me puso adentro el viejo”. Pero fue obligada a continuar hasta que terminó en una cesárea y con la muerte del bebé a los 10 días del procedimiento.

Dos meses después de la solicitud de interrupción legal del embarazo, su madre Sol contó en primera persona las torturas a las que fue sometida Lucía durante casi más de 15 días por parte del sistema provincial de salud con el apoyo de la Iglesia. Le negaron el acceso al aborto legal, le metieron miedo e, incluso, la amenazaron de que la niña podría morir en el intento de aborto y que Sol sería la culpable.

Parece un cuento de terror, pero no es ficción, es la realidad misma del Hospital del Este de Tucumán. Un sacerdote le dijo que dios no quería muerte y fuera del hospital los grupos religiosos fanáticos y antiderechos se convocaban para amedrentar y violentar a la familia. El Arzobispo de Tucumán, a través de un audio, difundió el verdadero nombre de Lucía y los abogados antiderechos también brindaron declaraciones a la prensa con su identidad real.

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Denuncias que vienen y que van

Jorge Maciel es el profesional de la salud que difundió la historia médica de Lucía por las redes sociales y, luego, con un grupo de abogadxs antiderechos de Tucumán, realizaron una denuncia penal contra José Gigena y Cecilia Ousset, los profesionales que llevaron adelante la cesárea que terminó con la gestación forzada de Lucía. La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla; el secretario de SIPROSA, Gustavo Vigliocco; la directora del hospital donde estuvo internada la niña, Beatriz Ávila, y la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid, también fueron denunciadxs por incumplimiento de los deberes de funcionarixs públicos.

Maciel es la figura que representa a todas las instituciones estatales que obstaculizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo. El rechazo a él vuelve con fuerza en tanto se anunció que tiene previsto dar charlas en hospitales públicos, el Colegio de abogados y Facultad de Medicina de Tucumán, como si su accionar tuviese que ser reconocido y fuese merecedor del elogio público.

Tucumán es la única provincia del país que no está adherida a la ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673). Tampoco está adherida al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (parte de la misma ley) y tiene una de las tasas más altas del país de embarazo adolescente: el 17,8% de los embarazos son de menores de 19 años.

Durante 2017, hubo, en la provincia, 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Además, hubo 137 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría son embarazos infantiles forzados como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violencia. Debido a estos índices, Tucumán fue declarada provincia prioritaria por la intervención del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).

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Un Estado provincial que viola Derechos Humanos

CLADEM (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y ANDHES (Abodados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), manifestaron su profunda preocupación por el desempeño del sistema público en toda esta situación. Esta violación a la intimidad de Lucía muestra la clara intención de los sectores antiderechos de castigar socialmente a la niña y perseguir a quienes garantizan derechos.

El caso de Lucía pone al descubierto la cantidad de violencias y violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres que buscan acceder al Aborto no punible en Argentina, no sólo por parte del Estado, sino también por sectores que proclaman defender las dos vidas, pero que, en realidad, buscan violentar y disciplinar a las mujeres.

No es la primera situación de vulneración del derecho a la privacidad de la niña. No les interesa su vida, solo castigarla por su decisión de interrumpir su embarazo. Lucía fue violada, sufrió la tortura del Estado que la quiso obligar a ser madre y, ahora, la continúan persiguiendo quienes dicen preocuparse por ella.

La Organización de las Naciones Unidas y otros organismos Internacionales también manifestaron su preocupación y condenaron al Estado argentino por el caso Lucía. Desde Naciones Unidas, consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en Tucumán.

A partir de información brindada por el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) se instó al Estado argentino a garantizar, de manera oportuna, el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de acuerdo con la normativa vigente.

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Por Sebastián Lorenzo Pisarello / Ilustración: Ximena Foguet

Después de 25 días encerrada en un hospital, “Lucía” sólo tenía un sueño: volver a la escuela. Fue una de las razones que la sostuvo durante las largas noches que pasó entre médicos que la querían obligar a continuar con un embarazo que no deseaba, sacerdotes que la instaban a salvar “las dos vidas” y su mamá que no se despegaba de ella -salvo para ir al baño-.

La  mañana del primer día de clases, dos semanas después del alta hospitalaria,  arrancó temprano. Desayunó café con leche, comió unas tortillas, se puso el jogging, la remera y el guardapolvo blanco. Se fue a la escuela caminando con su mamá, Sol,  y sus tíos. Entró al aula y se sentó junto a su nueva compañera de banco. Por primera vez en mucho tiempo, Sol vio que Lucía volvía a sonreír. La larga noche que concluyó con una microcesárea el 26 de febrero finalmente quedaba atrás.

Lucía tiene 11 años. Lucía vivía en un pueblo en el límite de Tucumán con Santiago del Estero y Salta. Lucía fue abusada por el novio de su abuela y quedó embarazada por una violación. Lucía pidió “que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Lucía fue obligada a parir. Lucía es una de las 137 niñas que -por año- dan a luz en Tucumán. Lucía no se llama Lucía. Ese fue el nombre elegido para resguardar su intimidad. Pero Lucía sí es Lucía, el símbolo de todas las niñas que son forzadas a maternar y a dejar de ser niñas por un Estado que decide actuar según preceptos religiosos y morales. No acorde a lo que marca la ley ni lo que piden las víctimas. El nombre de Lucía es el símbolo de la sordera ideológica que no respeta cuerpos ni voluntades.

Sol tampoco se llama así pero es su seudónimo para proteger a su hija. Sentada en la punta de una mesa donde hay apenas tres vasos con agua del caño, un celular para grabar su testimonio y un par de servilletas de papel. Se la nota cansada pero firme, triste pero ya serena, abrumada pero con la claridad de quien intuye que lo peor ya pasó. Durante las próximas horas, repasará casi en orden cronológico lo que sucedió entre el 29 de enero, día que se enteró de que Lucía estaba embarazada, y el 27 de febrero, cuando finalmente le hicieron la microcesárea en medio de una turbulencia mundial.

El inicio

En 15 días a partir de que Lucía quedó internada en el Hospital del Este, a Sol un médico le dijo que si su hija abortaba podía morirse y que ella sería la culpable. Un sacerdote le dijo que Dios no quería muerte. Vio como afuera del Hospital donde estaba internada Lucía esperando que le practiquen la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) un grupo de gente se juntaba para gritarle asesina. Y sostuvo la mano de su hija que le rogaba que no la deje: en lo único que podía pensar en ese momento era en aquellas palabras del doctor cuando le dijo que en su conciencia pesaría la muerte de su hija. Pero cuando terminó la intervención médica, lloró. De la alegría. Del alivio. De saber que su hija estaba bien y con vida. Lucía estaba con vida.

Sol mueve las manos, se las agarra, se las cubre. Se toca un tatuaje de un círculo formado con los nombres de sus hijos. Sonríe, frunce el ceño y se prepara para hablar sin parar durante tres horas.

“Cuando me enteré que mi hija estaba embarazada, tiritaba de los nervios, de miedo. Al principio pensé que me podía hacer cargo de esa bebé. Pero después mi hija me dijo que no, que no quería saber nada y yo me terminé de convencer. Ella en ningún momento lo ha querido. Y yo no quería criar una niña en medio de un odio, de un desprecio, no me iba a sentir bien a cargo de una criatura que no haya sido querida, que no haya sido deseada y que sea odiada por su madre que es mi hija de 11 años. Apenas llegué al hospital del Este se lo dije a la doctora Tatiana (Obeib, jefa del Servicio de Tocoginecología). Ella me explicó que había una ley que a la chiquita la amparaba, que podía hacer un aborto y que iba a hacer todo lo posible para que se haga. Nos mandó a la casa cuatro días. Cuando me reuní con la fiscal Reuter le pregunto si había esa ley y me dice que sí, que existía y que la amparaba. Cuando la vuelvo a internar, hablo con el doctor Gustavo (Vigliocco) que porque  quería que le hagan un aborto, que la chiquita corría riesgo de muerte. Todo el tiempo me insistía con que corría riesgo de morir. Había cosas que me decían que yo no entendía. Me explica de la matriz de ella, me dice que tenía que firmar la operación y que si mi hija moría la única responsable iba a ser yo. Me daba miedo firmar por eso”.

El 7 de febrero, en un nuevo control en el Hospital, una de las dos instituciones que realiza Interrupciones Legales del Embarazo (ILEs) en la provincia, Sol pidió por primera vez que le realicen un aborto. “’Llevala a la chiquita y pensalo’”, le respondieron.

Cuatro días después, el 11 de febrero, fue ante María del Carmen Reuter, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual . En el hospital le habían dicho que tenía que denunciar el abuso sexual antes de solicitar el aborto, cosa que no exige la ley. A las mujeres pobres, a las que tienen menos recursos simbólicos y materiales, les ponen obstáculos innecesarios para acceder a sus derechos.

Cuando Sol ingresó al despacho de Reuter,  le pidió quedarse con Lucía. Creía que había perdido la responsabilidad parental porque la niña estaba siendo criada por su abuela. Así fue desde que supo que su ex pareja había abusado de las hermanas de la Lucía. Esta es la historia de una familia atravesada por la violencia contra las mujeres.

Ese 11 de febrero, en Cámara Gesell, Lucía despejó cualquier duda sobre su verdadera intención: “quiero que me saquen de adentro lo que me puso el viejo”, rogó.

Esa noche Lucía quedó internada. Sol, otra vez, pidió que le practiquen la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).  “Necesito que le saquen este bebé”, le rogó a Tatiana Obeid, jefa del Servicio de Tocoginecología del Hospital del Este.

Siprosa

El pedido de Sol, una madre desesperada, que recibía informaciones contradictorias y poco claras, no tuvo respuesta. Obeid le respondió que tenía que pensarlo, le repitió supuestos riesgos de muerte y le informó que necesitaba dos donantes de sangre como requisito para practicarle la ILE. Le sumaron obstáculos innecesarios y le acrecentaron la frustración: Sol no puede donar sangre porque tiene tatuajes. Eso le dijeron en el Hospital aunque no la frenó. Consiguió uno: un policía que custodiaba el Hospital se ofreció. Pero le faltaba uno más.

A pesar de los obstáculos, en ese mismo momento firmó el consentimiento para la práctica de la ILE. Este papel existe, lo tuvo guardado durante toda su estadía en el hospital esperando que lo retiren. Otra forma de pisotearle y negarle sus derechos. Pasaron los días, nadie retiró el documento y tomó protagonismo un personaje clave de la larga noche de Lucía: Gustavo Vigliocco.

Vigliocco es el Secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de Tucumán, el segundo en orden jerárquico dentro del Ministerio de Salud.  Tiene canas, anteojos solo con marco superior y una voz firme que transmite confianza. Sol ya lo había conocido los primeros días que llegó al hospital.  Pero esa fue la primera vez que le habló sobre el estado de Lucía. “Me dijo que estaba llena de coágulos, con la matriz a la altura del abdomen y que podía morir desangrada si le hacían una cirugía. Según él, la única opción para que Lucía no se muera era esperar cuatro semanas más en el hospital para que el embarazo sea de 7 meses y una semana”, contó Sol. Con el miedo del diagnóstico y las perspectivas planteadas, decidió que lo mejor era esperar. No dejó de llorar en toda la noche.

Sol

“En esos días le han hecho cita al padre de ella para que venga a firmar la autorización para que la operen. Con la firma de los dos decían que la podían operar. Según ellos, estaba en riesgo, estaba anémica, tenía que esperar hasta el 7 (de marzo) para que la operen (le practiquen la interrupción legal del embarazo). Me decían que le iban a dar una pastilla por la boca y que se iba a morir la criatura y que se la iban a sacar por la vagina. Y yo les he dicho que no por lo que ella estaba sufriendo, no iba a dejar que sufra más. Ellas me decían que era la única opción, con menos peligro, que le iba a doler la cintura y que iba a sentir todo lo que se siente al parir, que iba a romper bolsa.

Esas eran las únicas opciones que me daban. Pero han tardado un montón, un montón. El que tiene toda la culpa de que las cosas no han seguido los tiempos que tienen es el Doctor Gustavo (Vigliocco).  Me decía que espere hasta que mi hija cumpla los 7 meses (de embarazo) para ver si se la podía operar. Que ahí ya no había tanto riesgo y que yo iba a salvar las dos vidas: la de mi hija y la de esa criatura. Yo le respondía que no quería esperar y él me repetía que yo iba a llevar una carga de conciencia con la muerte de mi hija y de mi nieta.

El iba todos los días los días a vernos. Si yo le decía a las 12 de la noche ‘doctor, tengo que hablar con usted, necesito que me explique una cosa’, él se venía al hospital. Por mensaje me preguntaba cómo estaba Lucía, qué necesitaba. Le mandó una tablet de regalo y se la hizo cambiar porque andaba mal.

Me llegó a decir que si estaba preocupada porque la bebé vaya a una casa hogar o adopción, que no me preocupe porque él la iba a hacer reconocer, la iba a criar como a su hija y que me iba a ayudar para que ella estudie. Que le iba a construir una casa a Lucía para que esté bien. De hecho hizo destechar cuatro habitaciones de mi casa. Supuestamente iba a tirarla abajo para construirla de nuevo. Nunca volvió y mi casa quedó sin esos techos. Nunca pensé que estaba como comprando a la criatura. Yo pensé que lo hacía por amor.

Cuando se ha enterado que yo he pedido que le hagan el aborto a la chiquita, se desapareció”.

Tucumán

Tucumán es la única provincia del país que no está adherida a la a la ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673) que tiene como objetivo “alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable, entre otros objetivos”. Según la Agencia de Prensa Alternativa (APA!), “las tucumanas pagan con sus cuerpos y proyectos de vida la falta de políticas públicas que garanticen la vigencia efectiva de los derechos sexuales y reproductivos. Tucumán tiene una de las tasas más alta del país de embarazo adolescente; el 17,8% de los embarazos son de menores de 19 años. El promedio nacional es del 15% aproximadamente”.

Tampoco está adherida al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (parte de la misma ley 25.673). Cuando la Legislatura provincial intentó abordar el tema, la Iglesia Católica, principalmente, obstaculizó e impidió el debate. De hecho, existe una agrupación denominada “Padres con Derecho a Decidir” que se proclama autoconvocada, pero es apoyada por más de 20 instituciones. Entre ellas: Abogados por la Vida, Movimiento Familiar Cristiano, Fundación Eco Vida, Fundación Padre Richard, Fundación Creando Familias Sanas, Epasi, Médicos por la Vida y muchas otras que se enmarcan en el movimiento denominado “Con mis hijos no te metas”.

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Un rayo de Sol para Lucía y para todxs

Durante 2017 hubo en la provincia 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Además, hubo 137 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría son embarazos infantiles forzados como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violencia. Debido a estos alarmantes índices, Tucumán ha sido declarada provincia prioritaria por la intervención del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), lanzado por el Estado Nacional.

Sol II

“Iba el cura ese, entraba a la habitación con el teléfono en la mano, le hacía el cruz en la frente a mi hija y le decía que Dios no quería que haya muertes, que porque yo le quería hacer el aborto si podía seguir con la criatura. Lucía no dejaba que el cura le haga la cruz, no permitía que se le acerque ningún hombre. Pero iba todos los días. Es el capellán del Hospital, Roque Olea. Iba con ropa normal, nunca fue vestido de cura. Por ahí iba con un cosito blanco en el cuello. Me preguntaba qué iba a pasar con la bebé, si la iba a dar en adopción o si la iba a criar. No iba a rezar. Solo a preguntar cosas. A mi me parecía raro porque solo preguntaba sobre el bebé. A veces venía mañana y tarde. Me molestaba que él vaya. Si es un cura, ¿por qué nunca nos llevó ni una estampita de la Virgen? Yo soy católica”.

Casos similares

Una niña de 12 años llegó a mediados de enero de este año a un hospital de Jujuy  con un fuerte dolor abdominal. Los médicos detectaron que cursaba un embarazo de 24 semanas y la menor denunció que había sido violada por un vecino de 60 años que la amenazó con matarla si hablaba. Ella y su madre solicitaron que se le realice un aborto, contemplado por la ley, pero los médicos la derivaron a otro hospital, la mantuvieron varios días internada y finalmente por la fuerte presión política le realizaron una cesárea. La bebé murió unos días después.

A principios de abril sucedió un caso similar en San Juan. Una nena de 11 años denunció que había sido abusada por su padrastro y quedó embarazada. Aunque en principio hubo resistencias, y un grupo de antiderechos intentó obstaculizar la práctica, le realizaron la ILE.

Sol III

El 25 de febrero, Sol llamó a su prima para que la ayude. No aguantaba más en el hospital y Lucía tampoco. Todo el tiempo le pedía irse. “Buscá los pañuelos verdes, no aguanto más”, le dijo a una prima que la acompañó durante todo el proceso. La familia se puso en contacto con el Colectivo Ni Una Menos. Las organizaciones Andhes y Cladem, que pertenecen a ese colectivo, asumieron el compromiso con el caso. Casi 24 horas después, y luego de 27 días de dilación, se hizo la microcesárea en medio de una provincia convulsionada.

“A mi hija la tuvieron desde el mediodía hasta la noche sin comer ni tomar nada.  Ya lloraba de hambre. Me pedía algo para comer y no me autorizaban. El día anterior viene la doctora Tatiana (Obeid) y me dice que le tenían que poner un inyectable para la anemia. Cuando vienen con la segunda inyección el día que le hicieron la operación, mi prima les vuelve a preguntar para qué era y la enfermera le dice que era para la maduración de los pulmones del bebé y que era la segunda dosis. Después la doctora Obeid  me dijo que tenía que firmar el acta para que la lleven a un sanatorio para que le hagan el aborto porque en el hospital no había ningún médico que lo pueda hacer. Nadie la quería operar supuestamente porque corría riesgo de muerte. Decía que había un remise esperando para que la lleve pero yo no quería firmar el alta. Ahí me dijeron que iban a buscar unos médicos para que la operen. Lucía seguía con hambre. Yo la hacía jugar y le pasaba un algodón con agua por la boca porque no podía tomar ni comer nada. En eso llegan una doctora y un doctor a quién les tengo que agradecer porque por ellos tengo a mi hija con vida (Cecilia Ousset y José Gijena). Me dicen que la iban a operar a mi hija. Le pido que la salven, tenía miedo que se me muera. Me autorizan para que pase al quirófano. Yo viví todo lo que ella vivió.

Le pusieron seis inyectables en la columna. Estaba semidormida y gritaba cuando le ponían las agujas. Yo quería que no la hagan sufrir más, que la hagan dormir. Me pilló la mano y me dijo “mamá, no me dejes”. Yo le hice escuchar una alabanza porque ella va a la iglesia. Cuando la veo, estaba morada. Pensé lo peor, que la perdía. Era que le había subido la presión cuando la estaban operando. La vi con 170 de presión. Por suerte estaban esos doctores que le salvaron la vida. Cuando mi hija se despertó, los miró y les dijo ‘gracias’. Lucía nunca quiso que esta criatura nazca.

Ella pedía que se la saquen”.

El amanecer

Lucía no sabe que le sacaron un bebé. O al menos eso dice su madre.  Cree que la herida que tiene es de una operación de apéndice. Se saca fotos de la cicatriz. Ya terminó el primer día de clases y los anteojos nuevos le permiten ver bien. Se siente libre. Ya no está en el hospital, ya no hay médicos ni médicas que le toquen la panza ni le hablen de un bebé de verdad. Ella solo quiere jugar. Construye casas de tierra, con piedras y arena. Le gusta que le dé el sol en la cara, fuerte y radiante.   En unos meses podrá cumplir un sueño: tiene un viaje de estudio con sus compañeros y compañeras. Y podrá ir. Porque la larga noche terminó y en el amanecer vuelve a ser niña.

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A pesar de que en nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, realizaron una cesárea a una niña de 11 años en Tucumán. El Estado incumplió el protocolo y sometió a tortura física y psicológica a Lucía. Las voces de médicas y abogadas.

Otra nena violada, embaraza y forzada a parir en el NOA. Esta vez fue en Tucumán. Lucía, de 11 años, es la segunda niña, en lo que va de 2019, sometida a una dilación aún más extensa que la nena de Jujuy, ambas torturadas obligadas a cursar un parto por cesárea. “En ambas provincias, hubo una violación sistemática del Estado a los derechos de las niñas de ser oídas, de que se respete su voluntad. Se rechazó, obstaculizó, manipuló la información para el asesoramiento, y presionó a las familias y a las niñas en su decisión”, señaló la abogada Fernanda Marchese, titular de Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales), en declaraciones a este medio.

Tanto en Tucumán como en Jujuy, la interrupción del embarazo llegó en forma de cesárea forzada, más tarde que temprano, y luego de que se obstaculizara el aborto legal que las niñas pidieron y que es derecho de todas embarazadas menores de 13 años. La maniobra ya había sido denunciada en Jujuy por miembras de la regional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: buscan que la gestación avance lo máximo posible y hacer un laboratorio de adoración con el feto también sentenciado a una agonía post cesárea. Durante la madrugada del miércoles, Lucía fue sometida a una cesárea en el Hospital Eva Perón de Tucumán. La intervención fue llevada adelante por tres profesionales externos al centro, en tanto todos los profesionales del sistema público de Salud se negaron a practicar la intervención.

“Dudo que el feto viva más de un par de días, si llega a eso. Si dicen que sobrevive, habrá que exigir ADN, porque seguro que lo cambiaron por otro. Mientras, torturaron por un largo mes a una niñita, y le hicieron un tajo de más de 10 centímetros en su abdomen. Odian las dos vidas. Odian a la niña que torturaron, y odian al feto que sacan antes de la viabilidad”, denunció Stella Manzano, médica y ginecóloga que practica ILE (Interrupción Legal del Embarazo), desde las redes sociales. Anoche, en declaraciones a radio La Retaguardia, Manzano criticó que se realizaran cesáreas como modo de interrumpir embarazos, señaló las similitudes entre el caso de Lucía y el de la niña en Jujuy en el mes de enero, y cuestionó las versiones médicas que indicaron cesárea porque Lucía padecía hipertensión. “Esto no fue una interrupción legal del embarazo. Esto no fue aborto. Esto fue un parto forzado, prematuro y por cesárea también forzada. Buscan confundir a la población. ¿Se va volver una rutina operar a las niñitas?”, concluyó Manzano, conocida por haber realizado el aborto que habilitó el fallo FAL.

En Tucumán, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) era el encargado de garantizar la interrupción del embarazo que fue detectado el 31 de enero en el centro de atención primaria de la salud de la localidad de 7 de Abril. Allí Lucía había acudido por un dolor de panza, y tras constatar el estado de gravidez, la paciente admitió que había sido abusada por la pareja de su abuela, quien por lo mismo enfrenta una causa penal en la Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter. En ese momento, comenzó otra violación de derechos para Lucía, esta vez, desde las instituciones de la provincia.

“Esto no termina acá. El Estado debe arbitrar los mecanismos para contener y acompañar a esa niña en su salud física, emocional y psicológica. Por otra parte, el Ministerio y las instituciones públicas van a ser investigadas respecto de por qué no se aplicó el protocolo ILE como lo dispone la ley”, señaló Marchese, en comunicación con Marcha. Fue recién el viernes, cuando Andhes y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) presentaron un pedido ante la Justicia para poder intervenir en el caso como amicus curiae, que la familia de la nena recibió la contención interdisciplinaria prevista para estas vulneraciones.

“Se vulneró su derecho a ser oída y opinar debidamente en aquellas decisiones que la involucran ya que, desde que Lucía ingresó al sistema de salud de Tucumán, manifestó su voluntad de interrumpir el embarazo, en distintas instancias del Estado provincial. Sin embargo, hemos tenido que llegar a este momento para que el Estado acceda a practicar la interrupción del embarazo. Otro derecho vulnerado es el derecho a la salud integral de la niña, que debe tener presente la salud física, psicológica y emocional”, describió a este medio Florencia Vallino, abogada, Coordinadora del Área Derechos Niñez y Adolescencia de Andhes. Vallino, que acompaña a Lucía y su familia, señaló también que el Estado provincial vulneró el derecho a una infancia libre de violencias.

Según fuentes del Hospital del Este Eva Perón, Lucía evoluciona bien. Lo afirman aun cuando la niña no ha recibido contención suficiente para el cuadro que atraviesa. La criatura resultado de la gestación pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología con bajas posibilidades de sobrevida.

En nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, el cual prevé tres causales: cuando pone en riesgo la salud de la persona gestante, su vida, o si éste proviene de una situación de violencia sexual. En el caso de Lucía, se cumplían las tres causales. El Estado no cumplió con su obligación de garantizar ese derecho. Ahora deberá responder por haber vulnerado la salud integral de la niña.

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Se acerca el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres y disidencias, y nos obligamos a hacer balances con el cuerpo aun conmovido porque estamos haciendo historia. Cómo es la organización y el resistir feministas en Tucumán y Salta.

El jardín de las mariposas

La noche del 20 de marzo de 2014 estaba cálida, calma, apacible, en Tafì del Valle, el lugar donde Belén nació y vivió en Tucumán antes de que le quitaran su libertad tras un aborto espontáneo. Soy tucumana desde la panza, dice Belén hoy alejada de su provincia y quien todavía debe proteger su identidad a más de dos años de conseguir su liberación y absolución por un crimen que le plantaron sin pruebas*.

Aquella noche, Belén había cenado pizza con su familia. ¡Cómo voy a olvidarme si es mi comida preferida y esa noche me cambió la vida para siempre!, dice y que de repente la noche se tornó fría, que ruidos y gente hablando, y que luego no entendió más nada.

Tras su liberación, Belén huyó del Tucumán de sus amores a un exilio de cabotaje que continúa hoy y que quizá, alguna vez no muy lejana, los libros de historia argentina entiendan y expliquen en su dimensión política. Porque de la provincia declarada a favor de la vida, la de legisladorxs apañuelados celestes y devotos cristianos, la que se manifestó en contra del aborto legal hasta en casos de violación, la joven de entonces 27 años tuvo que escapar en el anonimato y buscar refugio.

“Los sectores conservadores de Tucumán han sido muy fuertes siempre, antes y después del debate por el aborto en el Congreso”, precisa Noelia Aisama, Integrante de Mujeres X Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir. Pero las mariposas habitan también el jardín de la República, y salen con sus pañuelos verde. “Distintas organizaciones provinciales, nacionales e internacionales se manifestaron rápidamente en contra del reciente proyecto que se presentó para obstaculizar el acceso a prácticas de interrupción del embarazo que son legales desde 1921”, señala Noelia como expresión de fortalecimiento del feminismo en su provincia.

Nada será igual en Tucumán tras la experiencia que dejó la Mesa de Libertad para Belén. La provincia que se pronunció a favor de la vida, la misma que no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, cuenta con la tasa de femicidios más alta del país: 1.10 cada 100.000 habitantes. De enero a noviembre de 2018, en la provincia hoy gobernada por Juan Luis Manzur, 16 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres. Son datos del informe de la Casa del Encuentro que, con ese número, ubica a Tucumán en el cuarto puesto en valores absolutos, antecedida por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Mal de muchas no consuela a ninguna. La violencia hacia las mujeres y la falta de acceso a salud sexual no se circunscribe a la provincia de Tucumán y es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas. La ONU señala que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental, solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. A nivel mundial en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor fue su compañero sentimental o un miembro de su familia. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.

“Tucumán posiblemente sea el único lugar donde las movilizaciones convocadas por la iglesia contra la aprobación del aborto legal fueron más grandes que las protagonizadas por la marea verde. En estas movilizaciones el gobierno provincial, con todos estos partidos, jugo un rol central encabezando las marchas y poniendo todas las instituciones del Estado al servicio de la reacción”, señala Alejandra Castillo, integrante del Plenario de Trabajadoras, Tucumán.

Salta, la hereje

Pegadita a la provincia de Belén está la provincia de Juana, la niña wichi de 12 años que, en 2016, para los mismos meses en que la joven tucumana peleaba por su liberación, luchaba por acceder a la interrupción legal del embarazo. Las autoridades de Salta le negaron a Juana su derecho, y la niña fue forzada a continuar con el embarazo producto de una violación perpetrada por 9 criollos. A Juana también la forzaron a pasar por una cesárea y a adelantar el parto porque el feto era anencefálico.

En ese derrotero de violaciones de los derechos de mujeres y niñas, estrecharon los lazos las agrupaciones por #JusticiaPorJuana, #AbsoluciónDeBelén y la eliminación del Protocolo 1.170, que hasta mayo de 2018 restringió el acceso al aborto no punible y que el gobernador Juan Manuel Urtubey se vio forzado a derogar cuando la marea verde avanzaba en el Congreso y su provincia quedaba expuesta por el caso de otra niña embarazada tras violaciones sistemáticas de su padrastro, y a quien se le negó a la práctica legal. No es poco lo que las salteñas por el derecho de las mujeres lograron entonces en la provincia en que todxs lxs diputadxs senadorxs votarían en contra del aborto legal en la Argentina. Para el mes de agosto, los sectores reaccionarios de ambas provincias también se unieron y lograron que dos mujeres, la senadora María Cristina del Valle Fiore Viñuales del Partido Renovador de Salta y la tucumana Silvia Beatriz Elías de Pérez, protagonizaran la campaña antiderechos con acusaciones por venta de órganos de fetos, equiparación con la legalización del homicidio y celebración de los partos forzados en niñas violadas.

“Hubo un amplio sector de la sociedad salteña que estuvo militando a favor del aborto y que no encontró ninguna representación en el Congreso de la Nación. Nunca se había visto que se movilizara esa cantidad de personas en Salta, que tiene una historia de conservadurismo religioso. Se puso en vilo lo que es visto como la salteñidad”, señaló Mónica Menini, abogada feminista salteña, especialista en atención de violencia de género e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Tras la media sanción de la ley en Diputados, se vio con fuerza la embestida del lobby de la iglesia Católica, por un lado, con Fiore a la cabeza en el Senado; y de la iglesia Evangélica, por otro, movilizando feligreses en las calles. Pero la necesidad tiene cara de hereje, y donde existe una necesidad nace un derecho. Los últimos datos oficiales dicen que la herejía en Salta está a la altura de la falta de acceso a la salud y educación sexual: es la provincia con la tasa más alta de incidencia de egresos hospitalarios por abortos en mujeres menores de 25 años y que con 1764 casos ocupa el segundo lugar detrás de Buenos Aires con 5959.

En la linda, la campaña por el aborto legal que comenzó con los martes verdes y pañuelazos en el mes de marzo continúa al día de hoy. “Desde que comenzó ese activismo, ya no paró. Hay una participación de estudiantes muy fuerte y con mucho protagonismo que continúa en la defensa de la educación sexual integral”, señala Menini.

Para Marta César, Presidenta Multisectorial de Mujeres de Salta, el rechazo del proyecto de legalización del embarazo por el Senado resultó en una avanzada de la ola restauradora de lo peor del patriarcado en su provincia, que busca imponer el modelo tradicional de familia, desconocer que hay otros tipos de familia no-binarias y hetero-normativas, excluir la diversidad sexual y eliminar la educación sexual integral. “Los sectores reaccionarios ahora pretenden imponer un discurso de que ganaron una batalla cultural, de que la sociedad le dijo que no a la legalización del aborto cuando eso es una gran falacia porque fueron 38 los senadores que votaron por el no y 31 votaron por el sí y que representan a millones del país”, enfatiza César y destaca el despliegue de la senadora Fiore para organizar congresos de mujeres provida con hombres como protagonistas: “No entendemos nada. ¿Qué tiene que ver que los hombres vengan a hablar y a designar el mundo por nosotras?”

Las últimas estadísticas del Ministerio de la Nación dicen que la provincia con todes sus legisladores provida y mayoría detractora de la educación sexual integral tiene también la mayor cantidad de víctimas de abusos sexuales del NOA alcanzando los 290 y es la tercera a nivel nacional después de Buenos Aires y Mendoza. Además, según el “Registro de Femicidios de la Justicia Argentina”, llevado a cabo por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, reveló que la situación más terrible ocurre en Salta, con 2,74 femicidios cada 100 mil mujeres.

Linda y hereje, Salta se prepara para marchar el próximo lunes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en repudio a quienes votaron las leyes del ajuste y en contra de las mujeres, contra el fundamentalismo religioso, y por la implementación de la ESI y la Ley de Cupo Laboral Trans.

*Algunos datos han sido modificados para preservar la intimidad de la víctima y familiares.

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A puerta cerrada y con Legislatura vallada, lxs legisladorxs de Tucumán aprobaron este viernes por la mañana el nombramiento de Washington Navarro Dávila, actual titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, como primer ministro público de la Defensa. Con 38 legisladores a favor y siete en contra, Navarro Dávila, cuestionado por mantener a la joven Belén en la cárcel por 881 días, será quien lidere la defensa de las y los ciudadanos que no pueden pagar letrado particular.

La comisión parlamentaria de Peticiones y Acuerdos ya había dado dictamen favorable para que se respaldara el nombramiento del funcionario judicial, como lo solicitara el gobernador, Juan Manzur, desoyendo a organizaciones sociales y políticas defensoras de derechos humanos y especialmente de las mujeres que se manifestaron en alerta ante la posible designación e informaron al gobernador provincial su preocupación.

Desde la Fundación Mujeres X Mujeres, repudiaron la designación de Navarro Dávila por su actuación como fiscal en la causa Belén. En tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh, Tucumán) presentó impugnación agregando como fundamento la actuación del fiscal en una causa contra el personal de la Comisaría V de San Miguel de Tucumán, que fue denunciado por torturas, trato cruel y degradante, hurto y abuso sexual por una mujer en el año 2012. En el escrito, APDH señaló que pese a la gravedad de la denuncia “el fiscal no ordenó medidas de pruebas dirimentes solicitadas por la querella hasta el año siguiente”, y como broche de oro, “le dio intervención para realizar medidas de prueba a la policía local a pesar de que pertenecían a la misma fuerza acusada de torturas”. Echan la ley y encubren la trampa.

El repudio al nombramiento de Navarro Dávila se fundamentó también en la detención de un joven imputado por robo agravado, que fue arrestado en el lugar del hecho en marzo de este año, que entonces portaba un arma de juguete, que posee discapacidad mental y certificado que lo acredita, es huérfano y vive en condiciones de vulnerabilidad extrema. Cuando Navarro Dávila asuma como ministro de la Defensa, la representación de personas como Belén y ese joven estarán en manos de su gestión. “Creemos que no cuenta ni con perspectiva de género ni respeto de las garantías básicas ni formación en derechos humanos para representar a personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. Si actuó como fiscal como lo hizo, cómo será si tiene a su cargo la supervisión del resto de los defensores, cuando lo que hizo fue demostrar un claro desprecio de las personas que están en esas condiciones”, señaló Mariana Álvarez, abogada y referente de Apdh Tucumán.

En la legislatura provincial y los medios locales, cargaron las tintas en que el nuevo ministro de la Defensa tardó 11 años en obtener el diploma de abogado, logró un promedio de 4 y tuvo 31 aplazos mientras cursaba la carrera en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Poco se se dijo sobre su formación en derechos humanos, su desempeño como fiscal, su vinculación con el poder político, su formación en violencias. Se sabe, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge o parientes.

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Luego de trece audiencias y nueve años de búsqueda de justicia, el Tribunal de Tucumán dictó sentencia por el homicidio de Javier Chocobar, líder de la Comunidad indígena Los Chuschagasta, asesinado por el terrateniente Darío Amín y los policías retirados Luis “el Niño” Gómez y José Valdivieso.

El tribunal de la Cámara Penal Sala IV de la Provincia de Tucumán, integrado por los jueces Wendy Kassar (presidente), Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli, condenó a 22 años de prisión al empresario Darío Amín y a los policías retirados Luis “el Niño” Gómez y José Valdivieso a 18 y 10 años, respectivamente. Los tres cumplirán prisión común mientras el fallo quede firme. También ordenó la inhibición de bienes de los tres imputados y no hicieron lugar a los pedidos de los defensores por falso testimonio. Además, por las heridas ocasionadas a los comuneros Emilio y Andrés Mamaní, los imputados deberán realizar un pago. Los fundamentos de la sentencia serán leídos dentro de 10 días hábiles.

Antes de conocerse la sentencia, Darío Amín pidió hacer uso de la palabra. Fue el único de los tres imputados que decidió hacerlo: “Soy inocente. Tengo la conciencia bastante tranquila”, dijo. Inocencia que fue refutada con numerosas pruebas durante el juicio. Durante los alegatos previos a la sentencia, la querella remarcó el contexto histórico, el daño a la familia y comunidad de Chuschagasta y dejó probado la autoría del asesinato y las heridas. Además se hizo un extenso desarrollo sobre la premeditación del asesinato de Javier Chocobar.

Darío Amín fue acompañado por un “comando” integrado por Luis Gómez, conocido como “El Niño”, un efectivo retirado acusado de haber pertenecido a un grupo clandestino de policías (el Comando Atila) y su amigo José Valdivieso, que figura en las listas desclasificadas de agentes de inteligencia del Batallón 601, unidad del Ejército Argentino que participó en la última dictadura cívico-militar.

Aquel 12 de octubre de 2009, este comando liderado por Amín ingresó armado al territorio comunitario de Los Chuschagasta para reclamar la posesión sobre una cantera de piedras lajas. Ante la resistencia de los comuneros diaguitas, comenzaron a disparar. Javier Chocobar fue alcanzado por una bala en la pierna y minutos más tarde murió. El cacique Andrés Mamaní y su primo Eduardo Mamaní resultaron gravemente heridos. Todo quedó registrado en una cámara que había llevado el empresario Amín y que quedó tirada en el lugar. Esas imágenes fueron aportadas como prueba durante el juicio que hoy logró un fallo histórico.

El asesinato de Javier Chocobar pone de relieve el conflicto territorial que la comunidad de Chuschagasta, al igual que muchos pueblos originarios, viven todos los días. La porción de tierra donde se encuentra la cantera de piedras lajas, y que Darío Amín reclama como propia, está relevada como territorio de la comunidad de ocupación tradicional, actual, pública y pacífica, de acuerdo al relevamiento jurídico técnico catastral llevado a cabo en el marco de la Ley de Relevamiento Territorial 26.160. A lo largo del juicio la querella aportó numerosa documentación que prueba la presencia de esta comunidad en la zona desde tiempos inmemoriales.

La familia de Amín lleva más de 60 años tratando de apropiarse de la zona donde se ubica la cantera de piedra laja. En 1959 aparece en el territorio de la comunidad, específicamente en la zona de El Chorro y La Higuera, con un título de dudosa procedencia para reclamar como suyo un sector de tierras en el que se asienta la mayor parte de las familias que integran la comunidad indígena. Desde ese momento el hostigamiento a la comunidad de Chuschagasta no cesó.

Pero el conflicto por el territorio que vive el pueblo diaguita no es el único ni es un caso aislado. Así lo demuestra un mapa realizado por la organización ANDHES (Abogadas y abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), que señala que en Tucumán existen 40 conflictos territoriales en relación a 10 pueblos indígenas, lo que representa un promedio de 4 conflictos por comunidad. Solo el 60% de los conflictos territoriales que involucran a indígenas se judicializa y las resoluciones de esos juicios muestran que, cuando el denunciante es una comunidad, solo el 3% obtiene una resolución favorable, mientras que el resto no son respondidos o el resultado es a favor de los terratenientes.

Luego de nueve años de lucha incansable, finalmente la justicia escuchó el reclamo de la comunidad diaguita y de organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañaron este pedido. Los tres imputados salieron esposados del tribunal. Ya no caminarán libremente por las calles. En la sala del Fuero Penal la comunidad “Los Chuschagasta” gritó emocionada: Javier Chocobar, ¡presente! Desde las ventanas se escucharon los cánticos y aplausos de festejo de las organizaciones sociales que acompañaron desde la calle. Es un fallo histórico para los pueblos originarios de Nuestramérica, en su lucha por los territorios ancestrales.

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