Por Redacción Marcha |

A días de cumplirse dos meses del asesinato del pastor y ex-concejal Eduardo Trasante, padre de Jere –víctima del triple crimen– y reconocido activista por la búsqueda de justicia, es, al menos llamativo la poca visibilización que tuvo su homicidio a manos de dos sicarios el pasado martes 14 de julio. Más allá de la causa y las responsabilidades individuales del crimen, este hecho, y sobre todo el silencio que lo acompañó, es un triste retrato de la realidad rosarina de los últimos años.

Naturalizar la violencia en las barriadas no se vincula de la misma manera para quienes viven allí respecto de la responsabilidad del Estado. Para quienes habitan los territorios, naturalizarla es, en parte, una herramienta para no vivir atemorizadas y atemorizados; pero por parte de los poderes de turno no es más que una posibilidad de desligarse de la responsabilidad de los altos índices de violencia que atraviesan la ciudad y la provincia. Por eso hoy, es difícil separar a Santa Fe de estos indicadores, del avance del narcotráfico y la estructura política, judicial y policial que lo ampara.

Para hacerse una idea de la situación que atraviesa la provincia litoraleña, basta tener en consideración como en 9 de los últimos 13 años ostenta el triste récord de ser la provincia con mayor tasa de homicidios, que llegaron en 2014 a un pico histórico de 13,2 asesinatos cada 100.000 habitantes. A pesar de que ese índice ha disminuido en los últimos años, la cantidad de vidas arrebatadas por homicidios sigue siendo enorme. Solo durante 2019, esta tasa duplicó la media nacional que se encontraba en 5,0.

Aún más alarmantes son estos números cuando hablamos de las dos principales ciudades de la provincia: su capital, y la ciudad de Rosario. En ambas ciudades se concentran el 80 por ciento de estos homicidios, donde son víctimas, en su gran mayoría, pibes jóvenes de los barrios populares. Quizás una de las historias que más sacudió el tablero de la agenda política y mediática sobre esta problemática fue el Triple Crimen de Villa Moreno, donde fueron asesinados los militantes populares Jere, Mono y Patón.

Triple Crimen: un punto de inflexión

Para profundizar sobre la implicancia que tuvo este suceso en la realidad santafesina Marcha dialogó con Jéssica Venturi, integrante de Territorios Saludables, abogada querellante de la causa por el Triple Crimen y compañera de los jóvenes asesinados. Para contextualizar, nos relató que “cuando mataron a nuestros compañeros, las cifras de asesinatos crecía en Rosario, la violencia de las bandas –ligada a la venta de drogas– ganaba las calles de las barriadas, siempre con participación o complicidad policial, y la circulación ilegal de armas de fuego también alarmaba”. Y recordó cómo las instituciones amparaban ese accionar: “La justicia no investigaba, las causas se archivaban bajo el rótulo ‘ajustes de cuentas’, por falta de pruebas, etc. En los medios masivos de comunicación solo aparecían estos hechos en la sección de policiales y casi siempre el relato se construía en base a la versión policial”.

“Tras ocho años del inicio de aquella lucha por justicia, podemos decir que logramos visibilizar la situación que se vivía en los barrios y poner esta problemática en la agenda política y mediática”, detalló Venturi sobre las conquistas que consiguieron durante ese camino recorrido. En esa misma línea, remarca como parte de estos logros “que los trabajadores y trabajadoras de prensa desnaturalizaran esa dinámica o lógica de trabajo y empezaran a escuchar a las familias, a las organizaciones sociales”. Finalmente, respecto de los autores del triple crimen, explicó que lograron “individualizar a los responsables de los asesinatos de nuestros compañeros, y pudimos llevarlos a juicio, donde fueron condenados”.

Más allá de las victorias que implicaron la lucha por justicia de los familiares, la violencia e impunidad con que se manejan estas bandas sigue presente en las barriadas populares de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Así lo describe Venturi: “Si analizamos la realidad de los últimos años en los barrios rosarinos, debemos señalar que notamos un mayor desarrollo de las estructuras delictivas, con dinámicas distintas a las de 2012 y nuevos actores que van apareciendo”. Y, en ese mismo sentido, concluyó: “Si bien logramos muchas cosas con la lucha por justicia, el fondo no cambió; en términos generales la realidad de la pibada en los barrios rosarinos sigue siendo la misma”.

Respuestas comunitarias a una crueldad cotidiana

Comprender los entramados institucionales que amparan este accionar es necesario hoy como reflexión para poder pensar la posible salida a esta problemática, que ha sido desconocida gobierno tras gobierno y continúa quedando al margen de la agenda pública. Desde la última dictadura al presente, la respuesta frente a la llamada “inseguridad” ha sido siempre la misma: punitivismo y mano dura, una respuesta que, precisamente, ha profundizado el problema.

Es que dotar a las fuerzas de seguridad de más equipamiento, más integrantes y más tecnologías, no cambia el trasfondo ya que las raíces y estructuras que la sostienen están prácticamente corrompidas. En consecuencia, cuando el Estado no da respuestas el único camino posible recae en las acciones solidarias de las mismas comunidades y de las organizaciones en los territorios. Y es desde ahí qué surge la pregunta de cómo defender a quienes defienden los derechos, sobre todo en los territorios donde se sucede la mayor tasa de homicidios.

Para comprender mejor cómo responde la comunidad frente a estos atropellos entrevistamos a Claudia “la Negra” Albornoz, de La Poderosa, quien es parte de la organización en el barrio Chalet de la ciudad de Santa Fe, ubicado en la zona oeste de la ciudad, y uno de los más empobrecidos de la capital. Allí, como en la mayoría de las barriadas populares, resulta cotidiano tanto el accionar de las bandas criminales, como complicidad policial que las apaña. Sobre esto, Claudia explicó: “Vemos cómo se llevan a los pibitos como soldaditos, y la policía ahí mira para otro lado. Nosotros podemos llegar a tener sospechas de que hay una connivencia, no la podemos probar, pero vemos cómo esa policía no actúa en lugares en donde sabemos que hay kioscos”.

Si nos detenemos a analizar un momento las estadísticas que publica el Ministerio Público de Acusación de la provincia de Santa Fe, se ve con claridad que las principales víctimas de la crueldad son los pibes y pibas menores de 30 años de las barriadas más empobrecidas, que abarcan aproximadamente el 50 por ciento de los homicidios en el último tiempo. Y un dato que no pasa inadvertido es que cerca del 90 por ciento de las víctimas son varones, como lo es en un porcentaje similar el correspondiente a los responsables de dichos crímenes.

Sobre este último aspecto señalar que sería ingenuo pensar que las únicas víctimas de esta problemática sean varones, la cuestión es cómo la violencia cotidiana atraviesa a unos y a otras de diferente manera. Si bien los conflictos no son ajenos al género y se encuentran atravesados por relaciones de poder patriarcal, existen distintas maneras de exponerse a los mismos.

Frente a esta lógica criminal que sostiene el Estado en complicidad con las bandas narcotraficantes, surge una iniciativa que la Poderosa multiplicó en diferentes barrios del país donde construye comunidad: el Control Popular de las Fuerzas de Seguridad. Albornoz nos cuenta sobre los inicios de ese sistema: “Nace en función de que esas fuerzas de seguridad, que muchas veces liberan zonas donde el narcotráfico termina matando, sean controladas”. En la misma línea nos explicó que el primer dispositivo surgió en Zavaleta, el barrio de la Ciudad de Buenos Aires en el que en un enfrentamiento de bandas narco asesinaron a Kevin, de sólo 8 años, adentro de su propia casa: “Lo que hicieron los “vecinos sin gorra”, tiene que ver con esto, en que si las fuerzas de seguridad nos obligan a identificarnos, ellos también tienen que identificarse, que el uso de la fuerza de ninguna manera está contemplado”.

La referente de La Poderosa siguió detallando el funcionamiento de estos dispositivos de control: “Lo que hacemos primero es tener una base de datos en donde podamos decir cuántos pibes son detenidos sin ningún tipo de garantías, saber a dónde tenemos que llamar”. A partir de esa lista, “hay diferentes familias que se van organizando, diferentes grupos de vecinas y vecinos que nos organizamos en función de hacer funcionar ese control popular, para que las fuerzas de seguridad no funcionen en nuestras barriadas como una cosa sin freno, sin mirada”, contó La Negra. 

Por otro lado, en 2017, en la ciudad de Rosario, surgió la Multisectorial Contra la Violencia Institucional como una plataforma que se propuso unificar los diferentes reclamos que existían en torno a esta situación. Julieta Riquelme es hermana de Jonathan Herrera, víctima de gatillo fácil el 4 de enero de 2015 en manos del comando radioeléctrico y la policía de acción táctica. Como parte de la organización, nos contó que la Multisectorial “se propone no solamente denunciar un caso específico, si no denunciar toda la problemática en cualquier contexto y en cualquier lugar donde esté conectada la policía directamente”. Al respecto, profundizó: “Acompañamos a les familiares de víctimas en el proceso de búsqueda de justicia, y esos trabajos tenían que ver con distintas actividades que van desde festivales, murales, hacer pintadas por les pibes hasta comunicar a la gente cómo se estaban llevando adelante esos procesos”.

El coronavirus no es lo único que viene con curva ascendente

La pandemia, sin dudas, atacó gravemente a la economía del país, y los planes del gobierno de Santa Fe y la Nación. En ese sentido, la cuarentena vino a poner en evidencia ciertas cuestiones que en otro contexto quizás hubiera sido mucho más sencillo ocultar. Así como el Estado dio cuenta de los más de ocho millones de trabajadores/as informales que tiene el país, también han aflorado los actos de racismo, femicidios y abuso institucional. 

“La violencia institucional de los últimos meses es innegable, y debe analizarse también en contexto. Hablamos de una policía que desde hace años viene participando, y siendo un común denominador en distintas estructuras delictivas; una policía estructuralmente violenta y corrupta, que siempre está atenta a aprovechar las coyunturas que las habilitan a desplegar todo ese poder a su manera”, explicó sobre el tema Jessica Venturi. 

En un contexto actual atravesado por reclamos salariales, y hasta acuartelamientos, de diferentes fuerzas provinciales incluidas las santafesinas, no deben pasar inadvertidos estos relatos que nos hablan de una institución transversalmente corrupta, que aprovecha los escenarios de vulnerabilidad para avanzar en el fortalecimiento de su estructura de poder y control. Es importante también señalar que un sueldo de treinta o cuarenta mil pesos no es suficiente para nadie en este contexto, pero el debate sobre las fuerzas de seguridad debe necesariamente girar en torno a su funcionamiento y formación, y no exclusivamente sobre sus condiciones laborales. Hablemos de sueldos dignos para trabajos dignos. 

Un dato de color que nos parece interesante apuntar en este escenario de acuartelamientos fue lo sucedido en Rosario durante los similares episodios ocurridos en 2013. Es que durante los tres días que duró ese reclamo, y con una ciudad desprovista de cuerpo policial, no sucedió ningún homicidio. Obviamente no es posible hablar hoy de desintegrar a las policías, pero sí urge –aún más bajo la virulencia de las manifestaciones de estos días– dar un profundo debate sobre el rol de las fuerzas, su formación, y entonces sí, de sus condiciones laborales. 

Sin embargo, es necesario pensar en este entramado de violencias prestándole especial atención al rol de los medios hegemónicos de comunicación y un discurso que apunta a la criminalización de la pobreza. Claudia Albornoz reflexionó sobre el mensaje que transmiten los grandes medios: “Cuentan, en definitiva, la noticia que vende, la noticia que se metió como agenda pública en los grandes medios amarillistas, que venden miedo, desconfianza; por eso a veces cuando queremos salir de nuestros barrios la gente nos discrimina”.

Frente a esta construcción mediática que las y los margina, surgió la revista La Garganta Poderosa como una respuesta de las villas para batallar ese sentido común amparado por los grandes medios. “Fue un gran aprendizaje tener nuestro medio de comunicación, y a través de nuestro medio poder gritar lo que nos pasaba, y lo que tiene que ver con la injusticia social, con la desigualdad, y con este estigma que se pone sobre la pobreza que muchas veces no desarma sus causas, sino que ataca sus consecuencias”, cerró Albornoz.

Santa Fe: semillero de resistencias

A pesar de que los números alarman, y que la violencia se ha impregnado en muchos aspectos en el cotidiano de las barriadas santafesinas, nos parece fundamental centrar la atención en quienes día a día defienden los derechos a una vida digna, hacen frente a los habituales atropellos del aparato policial, sostienen las ollas populares y fortalecen las comunidades: los defensores y las defensoras comunitarias. 

Son, precisamente, activistas que el Estado se esfuerza por invisibilizar, pero que en un contexto de pandemia resultaron cruciales para sostener las situaciones de injusticia que desbordaron en los barrios populares. Sobre esto, apuntó Venturi: “Lo que salva es la comunidad”, aunque, al mismo tiempo, nos alertaba del peligro de “caer en romantizar las tareas. Es urgente que estos trabajos de la economía popular sean reconocidos, retribuidos y deben fortalecerse con nuevas políticas públicas; deben incorporarse a la agenda política”. 

Podemos decir entonces que frente a las instituciones que amparan y sostienen esta crueldad, nacen también los defensores y defensoras que acompañan y sostienen a las familias de víctimas de violencia narco y policial, empoderan a nuestros pibes y nuestras pibas, hacen del derecho a decidir una realidad, protegen nuestros territorios y fortalecen las economías populares. Defensores y defensoras de la vida digna y del sueño de un mundo más justo, y mucho menos cruel. 

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Será en el marco del BAFICI, festival internacional de cine. Conversamos con su realizador, Rubén Plataneo, sobre el reflejo de los asesinatos de tres jóvenes en la ciudad de Santa Fe y la lucha que llevó a una banda narco a un juicio histórico.

La cámara sigue el cartel que se erige en la canchita de la Agrupación Infantil Oroño, ingresa a un pasillo tras los pasos de un familiar y camina por la calle acompañando la charla de otros, en Villa Moreno. También es testigo, esa misma cámara, de un juicio que sentó en el banquillo de los acusados a una banda narco, y de las antorchas, y de los pedidos de justicia.

Todo eso se refleja en los avances de la película documental Triple Crimen, que da cuenta de los asesinatos de Jere, Mono y Patom (Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez), del Movimiento 26 de Junio, el 1 de enero de 2012, y del camino recorrido hasta el juicio de diciembre de 2015. Antes de su estreno internacional en el próximo festival BAFICI, en Buenos Aires, en la categoría Derechos Humanos, conversamos con el realizador rosarino Rubén Plataneo.

-¿Por qué decidieron afrontar el proyecto de Triple Crimen?

-Hace varios años que es conocida, a nivel nacional e internacional, la situación en Rosario sobre la instalación y extensión de bandas de narcotraficantes y también que hay un sistema de complicidad institucional, paraestatal, con participación de distintos estamentos de la policía, de la justicia, del gobierno, que sostienen de distinta manera en su rol y sus instituciones el funcionamiento del narcotráfico. Eso ha significado en los últimos años el índice de asesinatos más alto de la Argentina en toda su historia, que llevó a 360 asesinatos por año, la mayoría de las víctimas jóvenes menores de 30 años. Eso me fue impresionando fuertemente. Y mientras investigaba toda esta trama complejísima y violentísima del narcotráfico y las muertes, en su mayoría de jóvenes de barrios pobres de Rosario, me encontré con que había un grupo de familiares de víctimas, en este caso de los tres chicos que habían sido asesinado en la villa Moreno, que todos los meses salían a reclamar, hacer marchas, desde su barrio hasta Tribunales, exigiendo justicia para los asesinos de sus hijos.

-¿Qué creés que significó para Rosario el asesinato de Jere, Mono y Patom?

-Este fue un proceso que duró poco más de tres años, hasta que se llegó al juicio. Pero en ese tránsito se logró la modificación del sistema legal de la provincia: a partir del triple crimen hay juicio oral y público para muchas causas, y este fue el primero en la historia de la justicia de Santa Fe.

De ahí el significado que tuvo el juicio y la lucha previa e los familiares y compañeros para exigir justicia, que se transformó en el caso emblemático en la ciudad de Rosario, luego de tantos años de matanzas constantes en las calles.

A partir de ahí la gran cantidad de la población pudo darse cuenta de que era falasa la información constante que desde los estados oficiales, sea Policía, justicia, gobierno o prensa, se decía respecto de la gran cantidad de muertes por “ajuste de cuentas entre bandas”

–Estando tan cerca en todas las instancias, ¿qué cambios y situaciones fuiste percibiendo en familiares, compañeras y compañeros desde el 1 de enero de 2012?

-Para los familiares, fundamentalmente para los padres, los amigos, compañeros, toda esta pelea de tres años y el juicio, significó una etapa que cambió sus vidas para siempre: debieron salir de su cotidianeidad y salir a la calle, a organizar movilizaciones, a encarar a los medios, que es una tarea dificilísima, a defender el buen nombre de sus hijos y reclamar justicia. Incluso, tuvieron que vincularse con otros familiares de víctimas similares… Yo fui percibiendo esa transformación que los padres estaban viviendo concretamente durante todo ese tiempo: por eso me decidí inmediatamente a filmar, en la canchita pero también en la cotidianeidad del barrio.

Hoy el Club Infantil Deportivo Oroño es un lugar con muchísima vida, que fue atropellado por la policía y las bandas narcos durante varios años y que ahora la población del lugar lo ha ido recuperando.

-¿Cómo fue la filmación de la instancia del juicio, teniendo en cuenta que fue el primero en el que había una banda narco sentada en el banquillo de los acusados?

Al juicio en sí, que ocupa un tercio de la película, fuimos el único equipo audiovisual que lo registró. Fueron meses de filmación y de profundizar en todos los aspectos de la situación que había atravesado el juicio: conocimiento de expedientes, personajes.

Lo filmamos además de un modo bastante particular: están en juego los personajes, sus rostros, hay un paisaje interior que tienen una tonalidad totalmente diferente al resto. Los personajes están actuando un rol en esa puesta en escena que descubrimos ahí, que además nos permitió conocer mucho más física y directamente, mirándonos frente a frente, la intimidad de la banda narco, y la relación con los abogados, con la policía, con los jueces, con los fiscales. Con los familiares de los asesinos y las víctimas juntos, en la misma sala. Y además, con una carpa montada afuera por los familiares, compañeras y compañeros, que hacían una vigilia durante todo ese tiempo; y que realizaron marchas periódicas. Ese caso emblemático fue una explosión social que derivó en un acto de justicia legal.

No sólo se modificaron estructuras, sino que se cambió muchísimo la vida de los personajes que retratamos en la película: los familiares, los abogados, los periodistas, los Ministros, que incluso ya no están.

Las proyecciones de Triple Crimen serán este el viernes 21 de abril a las 20.30 en la sala 5 del Village Recoleta, el sábado 22 a las 15 horas en el mismo lugar, y el martes 25 de abril a las 15.40 en el Village Caballito.

Adelanto de la película: https://vimeo.com/210539040

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El 9 de diciembre pasado el Bloque Ciudad Futura juró y entró en funciones en el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario. Conversamos con Pedro “Pitu” Salinas sobre estos pocos días ya agitados y con proyectos hacia adelante.

El miércoles pasado el Concejo rosarino se llenó de banderas rojas rojitas: Junto con Juan Monteverde, Pedro Salinas y Caren Tepp, ingresaban cantidad de militantes para estar presentes en la jura de quienes fueron elegidos por más de 90.000 rosarinos y rosarinas. Y no fue sólo un acompañamiento, sino que es parte de lo que Ciudad Futura viene proponiendo: una pata en la institución y otra en la calle, en los territorios.

Por eso la jura fue por el “Socialismo del siglo XXI”, por una ciudad “digna, que sea de todos” y por “la memoria de Jere, Mono y Patóm”, los tres pibes asesinados por una banda narco en Villa Moreno y por quienes se consiguió llegar (y ganar) a un juicio histórico. Una marca indeleble para las mafias narcos y, también, para quienes estaban del otro lado: compañeros y compañeras, familiares, militantes, que vieron transformar en justicia años de luchas y pasillos de tribunales.

Por eso conversamos con Pitu Salinas, para conocer de cerca lo que proyecta el Bloque Ciudad Futura en estos años por venir, las correlaciones de fuerza que vislumbraron dentro del Concejo y el “Plan Transparencia”, una propuesta que surgió a partir del pacto de gobernabilidad entre el Socialismo y el PRO-Cambiemos que mostraron abiertamente en la aprobación del presupuesto 2016.

-Venían alertando este pacto entre el Socialismo y el PRO desde hacía unas semanas… ¿Qué ocurrió puntualmente el 9 de diciembre con la aprobación del presupuesto 2016 el mismo día que juraron las nuevas autoridades? 

Las dos votaciones (la elección de autoridades propias del nuevo concejo y la aprobación del presupuesto 2016) terminaron estando anudadas y muy significativamente: puntualmente, el presupuesto debería haberse votado –o por lo menos existía la mayoría para que se hubiera votado la semana anterior– la semana anterior, pero el PRO jugó hasta último momento y pidió un cuarto intermedio para que se votara el mismo día de la elección de autoridades para que pudieran poner su candidata en la interna del Frente Progresista. Hay una regla no escrita en el Concejo que es que desde ya la presidencia la gana la fuerza número uno en el Concejo, la vicepresidencia primera la fuerza que siguiera y la vicepresidencia segunda, la tercera fuerza… en ese marco, era previsible que la presidencia la ganara el Frente Progresista Cívico y Social, donde había dos candidatos: Daniela León, de línea más radical, más alineada con Cambiemos, y la otra línea que es del radicalismo progresista, por llamarlo de alguna manera, que es también del FPCyS, pero el ala más crítica, representado en María Eugenía Schmuck. Así, el Concejo podría tener otros juegos y podría ser mucho más receptivo a las voces disidentes, que son las que copamos el consejo este año.

Avistando esto, lo que hicieron es primero elegir autoridades, se fue a un cuarto intermedio y si garantizaban que ganara el oficialismo, o que no fueran candidatos del socialismo, se votaría con mayoría automática el presupuesto. Terminamos la votación de elección de autoridades a las 10.30 de la noche y el consejo viejo tenía hasta las 12… entonces 20 minutos antes de que terminara su mandato, formaron el quórum y votaron el presupuesto a libro cerrado; es decir, sin ningún tipo de debate, con un devalúo fiscal de las propiedades, con un aumento de la tasa general de inmuebles de acá a tres años, una ridiculez y una vergüenza…Eso alertábamos por lo menos desde hacía una semana antes: que había un pacto de gobernabilidad, que ya estaba establecido que el socialismo y el bloque del PRO estarían unidos.

-¿Y qué de qué se trata el “Plan Transparencia” que presentaron a partir de este pacto?

El Proyecto Transparencia tiene tres ejes fundamentales:

El primero tiene que ver con conformar en el seno del Concejo la Comisión de Gestión… ¿Por qué? Porque hoy básicamente los estándares de funcionamientos de Concejo no existen, por ejemplo qué oficina le corresponde a cada bloque o qué recursos financieros, cómo se distribuye la pauta publicitaria, los subsidios, etc. Eso queda a la exclusiva potestad del presidente del Concejo. Lo que proponemos es que la comisión esté  presidida por él, pero con representación multipartidaria como todas las otras comisiones, para que allí se generen estándares de funcionamiento claros y trasparentes, y que sean accesibles a toda la ciudadanía.

El segundo punto es conformar un nuevo recinto, que tiene que ver más con cuestiones de tecnología. Hoy en el Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario no se sabe qué votó cada concejal si no lo levanta un medio. Entonces pedimos que pase lo mismo que en el Congreso: que haya un tablero que refleje qué concejal votó que cosa, quién pertenece a qué bloque, quién estuvo ausente, quién se abstuvo y que además que las sesiones y las reuniones puedan ser transmitidas en streaming para el conjunto de la ciudadanía. De esa manera, la idea es modernizar un poco más la infraestructura pero que sea accesible también quién es cada concejal y cómo vota.

Y por último, y para mí lo más interesante, es un perfil que se llama “moratoria de ordenanzas”. Pasa en cualquier ámbito legislativo que se van aprobando ordenanzas y muchas quedan no reglamentadas porque hay falta de voluntad política del Ejecutivo, hay otras que son impracticables o muchas veces pasa que no tuvieron un protagonismo de los territorios donde va a afectar esa ordenanza y quedan absolutamente en la nada. Proponemos dos cuestiones: con todas las ordenanzas aprobadas de los últimos años, que cada bloque político del Concejo jerarquice cuatro proyectos que consideren, una vez discutidos y generado un consenso con toda la representación parlamentaria en el Concejo, abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo Municipal. Entonces, se transmite que la multipartidaria jerarquizó uno 15 o 20 proyectos como fundamentales para reglamentarlos y que se empiecen a aplicar en 2016. La idea de la Moratoria de ordenanza es que funcione para levantar proyectos caídos y derogar lo que haya que derogar, que sean absolutamente impracticables.

-¿Cuáles son los otros proyectos principales que tiene previsto proponer el Bloque Ciudad Futura para su gestión?

Los tres que ya veníamos trabajando en campaña son los que vamos a presentar: Inmobiliaria Púbica, Ordenanza General de Víctimas y la Misión Anti inflación (ver: http://www.marcha.org.ar/elegimos-ser-coherentes-con-nuestra-historia-con-nosotros-mismos/), transformar en  política pública este esquema del consumo colaborativo que venimos implementando en 600 hogares acá en Rosario.

-¿Qué posibles aliados o correlaciones de fuerza encontraron en la conformación del nuevo Concejo?

Más allá de la votación puntual de la elección de autoridades, lo que nos pareció es que cuando trabajemos por proyectos, ahí si va a ser mucho más interesante la participación y la composición de mayorías circunstanciales. De cara a lo que viene, si bien muchos no van a ser proyectos estructurales, me parece que vamos a conseguir números auspiciosos; y el que no acompañe determinados proyectos va a tener determinados costos políticos, va a ser muy distinto del que hace la plancha desde hace cinco años atrás.

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