Por Nicolás Esperante para Biodiversidad

En octubre de 2020, los medios confirmaban una noticia que ya se temía desde hacía tiempo: la aprobación del trigo HB4, de la empresa Bioceres. Apenas unos meses después de que el presidente anunciara que la expropiación de Vicentin (de la que se retractaba días después) era un paso hacia la soberanía alimentaria, este término regresaba con fuerza a la agenda pública al conocerse que Argentina sería el primer país del mundo en aprobar un evento transgénico de este cultivo, fundamental para la alimentación de nuestros pueblos.

La aprobación del HB4 sumaría al trigo a los otros tres cultivos transgénicos que ya se producen masivamente en el país: soja, maíz y algodón. La principal diferencia radica en que estos otros cultivos se utilizan para fabricar productos de consumo indirecto: alimento para animales, jarabe de alta fructosa (endulzante presente en la mayoría de los alimentos ultraprocesados), productos textiles sanitarios, etc. Es decir, llegan al consumo humano de forma indirecta. El trigo, en cambio (en tanto base del pan, alimento primordial) sería el primero en producirse para el consumo directo por parte del ser humano. En el caso de la región, esto se agrava por la cantidad de trigo incluida en la dieta de nuestros pueblos. En el informe se indica que “el trigo es consumido, en promedio, en cantidades que superan los 85 kg por persona por año. Este número muestra cómo, por nuestra cultura, historia y economía, nuestra población consume mucho más trigo, en promedio, que casi todas las culturas del mundo”.

El informe destaca también que el HB4 se promociona simplemente como “un nuevo trigo resistente a la sequía”, evitando cualquier referencia a su resistencia a agrotóxicos. En este caso, el cultivo es resistente al herbicida glufosinato de amonio, más nocivo incluso que el conocido glifosato. El Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur explica que los cultivos transgénicos, insertados en la región en la década de 1990, tienen como principal característica la resistencia a productos químicos fabricados por las mismas empresas que desarrollan las semillas modificadas genéticamente, y que producen efectos nocivos tanto en los propios cultivos como en el medio ambiente: suelos, agua, cultivos aledaños y poblaciones cercanas sufren envenenamiento por pesticidas y herbicidas fabricados por las mismas empresas (y en muchos casos, con los mismos principios activos) que desarrollaron las armas químicas aplicadas en las guerras del siglo XX, como el agente naranja. Los resultados son tan trágicos como elocuentes, y muestran notables aumentos en casos de cáncer, malformaciones, mortalidad infantil, abortos espontáneos y otras graves enfermedades. En este sentido, el informe es claro: “La liberación comercial del trigo transgénico traerá graves consecuencias. La masificación del cultivo implicará una mayor exposición a agrotóxicos, principalmente al glufosinato de amonio, que crecerá en presencia en aire, aguas, suelos y alimentos”.

La aprobación de este trigo se da también en un marco de irregularidad. La Conabia (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria), un ente mixto formado tanto por funcionarios públicos como por empresarios, tiene la función de asesorar al Estado en cuestiones de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Hasta 2020, el Estado había aceptado todos los eventos aprobados por Conabia, menos los de trigo. Ese parecía ser el límite. Hasta ahora. Tras años de intenso lobby por parte de empresarios, periodistas e investigadorxs funcionales al agronegocio, el Ministerio de Agricultura aceptó, finalmente, la aprobación del trigo HB4 que la Conabia había sugerido en 2015.

Sin embargo, la aprobación definitiva queda sujeta a un hecho particular: “El día 9 de octubre de 2020 se publica la Resolución 41/2020 de la Secretaría de alimentos, bioeconomía y desarrollo regional (dependiente del Ministerio de Agricultura) en el Boletín Oficial. Lo llamativo fue una característica inédita, insólita e inesperada: la aprobación definitiva quedaba sujeta a la evaluación por parte de Brasil. De esta forma, una tecnología que no había logrado el consenso durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se aprobaba, con una discusión muy cerrada y sesgada, durante el gobierno de Alberto Fernández. Y en pandemia”. Es decir que la decisión de producir oficialmente el trigo transgénico dependerá del principal comprador de trigo argentino, Brasil; un hecho diametralmente opuesto a representar un avance en dirección a la Soberanía Alimentaria.

Por otra parte, el cultivo del trigo transgénico no solo es rechazado por ser considerado perjudicial para la salud y la biodiversidad: también un importante sector de productores industriales (entre los que se incluyen la Sociedad Rural, la Federación Agraria y Coninagro) rechaza su aprobación. Incluso “la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo) se opone a la aprobación de productos de trigo transgénico, aduciendo que esto encarecerá las importaciones del cereal y tendrá un impacto en los precios en el mercado doméstico”. Ante el argumento empresario que dice que es una tecnología opcional, y no exclusiva ni obligatoria, existen evidencias que demuestran el altísimo riesgo de contaminación genética, tanto por polinización como por la mezcla de granos en centros de acopio e industrias, además de la contaminación de productos químicos rociados por los aviones fumigadores que se da de un campo a otro.

En definitiva, los intereses que mueven la aprobación del trigo transgénico son, indudablemente, económicos, y sus argumentos son fácilmente refutables. La solución a la sequía no es cambiar la composición genética de las semillas, sino -entre otras cuestiones- detener la emisión de gases de efecto invernadero; los mismos que se multiplican con el paquete tecnológico que los transgénicos traen de la mano. Para esto, es esencial garantizar la posibilidad de producir trigo en forma agroecológica, tal como nuestro clima y nuestro suelo nos permiten, donde campesinxs y agricultorxs familiares sean protagonistas de un modelo que respete la salud y la biodiversidad. Un modelo que incluya políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra y las semillas en manos campesinas, con circuitos locales de comercialización y vinculación directa del productor con el consumidor, y con la posibilidad de decidir qué alimentos llevamos a nuestra mesa. “Avanzar en esa dirección es el gran desafío. En caso de confirmarse, el cultivo comercial del trigo transgénico será un obstáculo más en el camino hacia la Soberanía Alimentaria y en el cuidado del ambiente”.