Por Camila Parodi | Foto portada: Agencia Télam

Desde Catamarca

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestro agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este ‘mate’ del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

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Por Karina Ocampo* 

“El camino es horrible”, dice Román Guitián, 49 años, coya, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. La mirada al frente, el ceño fruncido por la concentración y el sol; cuenta que suele llevar en su camioneta a los turistas que vienen a ver con sus propios ojos las rocas del Campo de Piedra Pómez, el salar de Antofalla o el volcán Galán. También hace circuitos para gente que llega desde Australia o Canadá, atraídos por la provincia y el tema de la minería. Pero justo el viaje hacia el Salar del Hombre Muerto es uno de los peores. “Muy poco lo hacen porque se rompen las cubiertas, los amortiguadores”, insiste. Los trabajadores y las visitas oficiales llegan en avión, directo a la pista de aterrizaje privada.

Estamos en la Puna catamarqueña. La vegetación se adapta a las temperaturas extremas y ralea en alturas que superan los 4 mil metros. Sobre nuestras cabezas, el cielo, de tan puro, deslumbra. El resto es inmensidad desértica. 

Quedan algunos ranchos aislados, vestigios de existencias pasadas. También ovejas, llamas y vicuñas que buscan el alimento de la tierra. Y proyectos de extracción de litio que modifican las condiciones de la vida en esta región del planeta. “¿Quién te mandó?”, pregunta, hasta que los nombres conocidos penetran la piel de la cautela y ya algunos dientes asoman a su sonrisa. 

Hoy lo que conserva ese salar parece indispensable para la vida moderna: Litio. 

El resumen ejecutivo de la Secretaría de Economía de México define al litio como un elemento metálico, blanco plateado, químicamente reactivo, el más ligero en peso de todos los metales, y de bajo punto de fusión. Su símbolo en la tabla periódica es Li. “Es un elemento fuertemente electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos”.

Su nombre proviene del griego “lithos”. Piedra. Y si bien los proyectos activos crecieron en los últimos años, el precio del carbonato de litio cayó de US$75.000 por tonelada en 2023, a US$10.500 en 2024. Se mantuvo la tendencia y en Sudamérica llegó a US$9.600 en 2025, números significativos para futuras inversiones. 

El uso más extendido a nivel global no constituye una novedad: es el de acumular energía. Móviles, y computadoras portátiles. La tienda Apple destaca que los iones de litio permiten rapidez en la carga, ligereza y mayor duración. En la industria energética el metal es valioso para los paneles solares y los molinos eólicos, que suponen una evolución tecnocientífica en energías renovables. En el caso de las baterías recargables de los autos eléctricos de BMW y Tesla, se asegura que el litio es indispensable para la “transición energética”, con el fin de dejar atrás los combustibles fósiles. Electromovilidad, afirman los expertos. 

¿Quién lo tiene, quién lo extrae y quién controla la cadena de valor?

De lo que no se habla en las cumbres a las que asisten gobernantes de los países que forman parte del mal llamado Triángulo del Litio, como nombran a la zona comprendida entre Argentina, Bolivia y Chile ——que concentra cerca del 65% del mineral a nivel mundial—, es del costo ambiental para los territorios y los seres vivos. Con la sanción definitiva de la Ley Bases, en julio de 2024, Argentina abrió la puerta al RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que promete beneficios imperdibles, como 30 años de estabilidad fiscal y flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria a quienes invirtieran más de US$ 200 millones en el país.

Al cumplirse un año de su implementación, el Observatorio del RIGI, conformado por organizaciones ambientales entre las que se encuentra la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), monitoreó los proyectos y arribó a datos no tan favorables: 

“Se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares. Sin embargo, estas inversiones prevén apenas poco más de mil empleos directos. Una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen. El sector minero concentra la mayor cantidad de proyectos con un total de 10 propuestas por una inversión estimada de 19.312 millones de dólares. Cinco de los proyectos están vinculados al sector del litio, localizados en Salta y Catamarca. Y otros cuatro en San Juan”. Entre los aprobados se destaca Rincón, en Salta, una de las grandes apuestas de la empresa Río Tinto, que también estrenó Director Ejecutivo, el danés Simon Trott.  

Desde FARN, Leandro Gómez, que es Coordinador del Programa Inversiones y Derechos, explica que, en términos energéticos, se trata del “aseguramiento de la cadena de suministros de minerales críticos”. Se refiere a que la mentada transición no es para todos, sino para quien haga las mejores alianzas. Dentro del marco de disputas geopolíticas en el llamado Norte Global, Estados Unidos busca una mayor participación en esta cadena, algo que China logró antes y mejor. Por eso, programas como Minerals Security Partnership (MSP), buscan acelerar los procesos, “en cooperación con la industria y otros gobiernos para apoyar proyectos estratégicos en países ricos en minerales y fomentar la inversión en toda la cadena de valor por parte de empresas mineras de buena reputación”. 

El papel de China, agrega Gómez, es crucial. Que haya dejado de otorgar beneficios fiscales, tanto a sectores empresariales como al consumo de vehículos eléctricos, fue visto por el mercado como una sobreoferta, principalmente de litio. Así se produjo una situación difícil para el mercado global, y en ese contexto, Arcadium decidió suspender en 2024 la planta de procesamiento de Sal de Vida que estaba construyendo, y utilizar la de Fénix en forma alternada. El 6 de marzo de 2025, Río Tinto concretó la compra de Arcadium Lithium, y ambos proyectos continuaron vigentes. La presencia de la empresa es importante, con la adquisición del Salar de Olaroz, en Jujuy.

La empresa no tiene buenos antecedentes. Basta con hacer una breve búsqueda para saber que “comenzó sus operaciones en 1873 como una mina de cobre en España, pero ahora opera en seis continentes, 35 países, con mayor presencia en Australia y Norteamérica. Sus productos incluyen aluminio, cobre, diamantes, carbón, uranio, oro, mineral de hierro y minerales industriales (boratos, dióxido de titanio, sal y talco)”. Y litio, claro. El Proyecto de Investigación Corporativa que recurre a bases de datos sobre mala conducta corporativa en el mundo, reporta que Rio Tinto, con sedes en Londres y Melbourne, “es una de las corporaciones más controvertidas de una industria controvertida”.

Entre las acusaciones se destacan: negativo impacto ambiental de las minas a cielo abierto en la flora y fauna, violación a los derechos humanos, incumplimiento de los derechos laborales, que en algunos casos culminó en huelga. Contaminación del agua y destrucción del hábitat, que anuló otras actividades económicas y que presionó el desplazamiento de poblaciones. 

En Madagascar, las movilizaciones por niveles nocivos de uranio y plomo en las vías fluviales derivaron en protestas de la organización activista LuSud. En un artículo del medio The Ecologist, del 20/10/2024 se reportan al menos tres asesinatos producidos el año anterior en manos de las fuerzas represivas locales durante una manifestación pacífica contra la minera QMM, filial de Río Tinto. 

Bienvenidos al antropoceno

A esta altura, respirar cuesta. En una camioneta todo terreno la única manera de viajar sin sufrir el “mal de montaña”, que es la hipoxia o falta de oxígeno, es adaptarse poco a poco. Román baja la velocidad y repasamos los recursos: una pastilla que nos dio un médico antes de partir, mascar coca, tomarla en té, ponerle pupusa al mismo té. Pupusa es una hierba de la zona. Mezclar todo y si falla, cuando asome el mareo, aspirar agua florida, un destilado vegetal que proviene de la jungla peruana y que además de purificar el aire, purifica a la persona.   

Los antofagasteños que todavía habitan en la zona del salar son pocos y están en retirada. Hasta no hace tanto, vivir de la ganadería era una opción porque los animales encontraban el alimento en las alturas. Criaban animales, hasta podían cosechar papas, el clima era más predecible. Ahora no alcanza y hay que disponer de dinero para comprarles el forraje durante los meses de escasez.

Es sábado y la actividad minera es limitada. Por lo general los camiones andan juntos, llevan escolta, el trayecto es pacífico, salvo el traqueteo. “Por ahí te cruzás nueve, diez camiones. Pero cuando cae nieve acá no pasa nadie, ni los mineros. Sufren una barbaridad porque no pueden hacer todo el transporte y llevar el personal y la logística”. 

La materia prima, el carbonato de litio, se traslada a Salta. La ruta habitual es la provincial 17 hasta la estación Salar de Pocitos, por tren se la llevan a Chile. Saldrá del puerto de la línea ferroviaria que une San Antonio de los Cobres con el paso fronterizo de Socompa, en Salta. Esta vía férrea es la extensión hacia el oeste del famoso Tren de las Nubes. Continúa por Chile hasta el puerto de Antofagasta, una vez que llegan a esta ciudad ubicada en las costas del océano Pacífico Sur, los minerales se cargan para su envío a Estados Unidos, Europa y Asia oriental. De ahí ya está en condiciones de salir del país. “Nadie controla nada, hacen lo que quieren”, asegura Guitián. 

A largo plazo, la industria espera que la producción del hidróxido de litio se desarrolle más. La mayor parte de la producción y exportación de litio en el país es de carbonato de litio, con dos plantas en la provincia de Jujuy, y otras dos en Catamarca. El carbonato tiene un menor costo de producción, aunque también menor duración que las baterías de hidróxido. El gobierno de Salta anunció en octubre de 2024 la inauguración de la primera planta de hidróxido de litio en Argentina, que pertenece al proyecto Sal de Oro, de la minera coreana Posco, con una capacidad de producción de 25.000 toneladas al año. 

El viento es una presencia imponente, tanto que, si se abriera la puerta de la camioneta a destiempo, tal vez esa puerta volaría como un juguete. Pasamos por las ruinas de Inca Huasi, un sitio turístico que muestra una pequeña porción de la historia de la minería en la provincia, acá se explotó oro, cobre y bórax, pero ya no queda o lo que queda no resulta rentable. La ocuparon diaguitas, incas del Tawantinsuyu y jesuitas. La última vez fue en 1950: ahora es un pueblo deshabitado. Pura piedra y barro, silencio puneño y viento.  

La promesa es llegar durante el mediodía al rancho que todavía mantiene con su hermano, aunque hace años ya viva en el pueblo. Con hijas adultas, solo espera que la más chica termine la escuela para emprender nuevos horizontes. “Yo nací y me crié en Salar del Hombre Muerto. Después fuimos a vivir al otro lado de Salar, y había una escuelita. Crié a mis hijos aquí, terminaron la primaria. Con tanta minería tuvimos que irnos de ahí, yo fui el primero que hice la punta en Antofagasta”.

Otra de las familias que se oponen a que la minería de cobre y litio se apropie del agua son los Morales-Mamani. Ya en el siglo XIX, los Morales habitaban la región cercana al Volcán Galán, donde pastoreaban y cuidaban a sus animales en corrales. Justo ahí, la empresa Volcán Lithium tiene dos proyectos de carbonato de litio en un territorio que abarca 36.000 hectáreas de salar. En el pueblo, Alfredo y su compañera, Elisabeth Mamani, hacen un trabajo de hormiga, y aprovechan cada oportunidad para contarles a los viajeros la razón de su activismo; el valor de las tierras desde una perspectiva no capitalista. Los Morales son guardianes de un sitio sagrado con petroglifos de alrededor de 4500 años en Peñas Coloradas —al que visitaremos días después—. El arraigo tiene que ver con una historia que define su identidad.  

El hombre de apariencia juvenil a sus 56 años cuenta, como la mayoría, que el problema es el agua. No en invierno, que todo se congela, sino en verano, que no alcanza “ni para los animales”. En su currículum tiene un rechazo de la minera cuando era joven; lo agradece. No tenía profesión ni experiencia y eso lo obligó a irse y aprender otras cosas. Sonríe y nos desafía: “sé hacer de todo, gracias a Dios. Soldadura, construcción, chofer, maquinista, de lo que me digan. Y si no lo sé, aprendo”. Asegura que ahora son más los que no quieren que la minera destruya todo y entienden que es “pan para hoy, hambre para mañana”. Tener un hijo dentro, del lado “enemigo”, no invalida su lucha. “¿Cuál es el problema? Si está en su tierra. Hasta los mismos del pueblo te juzgan. Ahora porque nosotros reclamamos, ¿ya no tenemos derecho a nada de nada? Eso planteamos nosotros. Tendríamos que tener más derechos que los otros que vienen de afuera”. 

Las familias puneñas encabezaron manifestaciones en la ruta, antes de que el amparo se hiciera realidad. Al igual que el hijo de Alfredo y Elisabeth, algunos ingresaron en la minera y ya no se opusieron; la resistencia se debilitó. En la fusión de las empresas, fueron despedidas cerca de 300 personas. Román Guitián reflexiona: “Mineral, ¿quién come? Nadie. Todo viene del campo, si no fuese el campo no tendríamos vida. Si tenés una planta tenés el oxígeno. Todo nace ahí, la tierra y bueno, la materia prima. Pero ahora nada queda para nosotros”. 

En 2023, la generala (R) del Ejército de Estados Unidos jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson dijo en una visita al país: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, está el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”.  

Guitián pide respuestas concretas. “Ellos consumen el agua dulce para su proyecto a 4 mil metros, nosotros estamos a 3000 msnm. Lo que tiran al salar desde la planta supuestamente vuelve en la misma cantidad y tiene el mismo PH. “Entonces por qué no levanta el caudal de la laguna? Si dicen que es agua no contaminada, ¿por qué tienen que ingresar con barbijos? ¿por qué ese olor tan fuerte?”.   

El término Antropoceno fue utilizado por primera vez a principios de siglo para designar las repercusiones que tienen las actividades humanas en el clima y la biodiversidad. Una época geológica —la actual—, en donde se incrementan los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI) en el cambio climático, se dañan los ecosistemas y los plásticos duplican la cantidad de masa de los animales terrestres y acuáticos.

Antropoceno es un término aún no reconocido por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) para describir el impacto de la humanidad en la Tierra. Capitaloceno. El hombre que mira a la tierra como un recurso infinito. 

Frenamos cerca del proyecto Fénix: ahí está la vega afectada y el acueducto.  

Historia de una vega seca

Román Guitián dice que la vega del Río Trapiche está seca. En realidad, que la secaron. La vega es un humedal —en este caso, de altura—, un terreno fértil con pastizales nativos, la memoria de la biodiversidad del río.

El hombre de piel puneña cuenta que la minera cortó el cauce y después hizo un dique en el río Trapiche. “Le dijeron a la gente que vivía al costado del río: bueno ustedes se van a tener que correr de aquí, les vamos a hacer una casa allá y vamos a poner agua. No hicieron nada, hicieron la casa, pero nada más”. Prometieron que cuando se llenara el dique, el agua volvería a correr, pero eso nunca ocurrió. Siete kilómetros de río desaparecieron. Conservar un ganado se hizo más difícil, sin alimento en la zona, los animales quedaron expuestos a la caza del puma y el zorro. Y ahí empezó a morir todo. 

En 2018 una docente difundió un video de la vega desde un drone, un charco negro, sin vida. Aunque llevaba años seca, para el pueblo de Antofagasta fue un revuelo. Por esa época el cacique denunció el uso excesivo del agua por parte de la empresa Livent y sus consecuencias para el ecosistema. Aunque inició la batalla “en soledad” para presentar una acción de amparo contó con el apoyo de Pucará, un espacio que concentra asambleas territoriales en Catamarca.

Al año siguiente la empresa informó que empezaría a construir un acueducto de más de 30 kilómetros para extraer agua del río Los Patos. Si la situación ya era grave, el avance de las obras obligaba a la comunidad a buscar formas de resistencia.

Así Román se presentó en el tribunal de la provincia, con representación legal. En el documento menciona, entre otras cosas que, desde 1997, se iniciaron los proyectos de exploración, extracción y procesamiento, sin haber tenido el consentimiento asambleario de la comunidad de Antofagasta, ni de la comunidad. El hecho es tan recurrente que se volvió una regla no escrita. No se respetaron ni los tratados de Derechos Humanos de la Constitución, como el derecho que garantiza un ambiente sano, ni el Convenio 169° de la OIT, también ratificado por ley nacional, que protege el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que los afectan. Aún menos el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, que proporciona acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, y además protege a los defensores de la naturaleza. 

Por eso el fallo se consideró ejemplar. Y una sorpresa que se reprodujo en los medios. Mientras Román avanza por el sendero irregular, aclara que no todos los integrantes de la comunidad están en contra de los proyectos. Sí, de la manera en que se impusieron. Algunos solo quieren trabajo en condiciones dignas, no son antimineros. Pero hay un consenso: el agua es un bien común básico que se debe respetar. Tampoco quieren que las empresas se lleven las ganancias sin dejarles beneficios a las comunidades. La oposición tiene su gradualismo, es difícil resistirse a semejante desigualdad en las fuerzas. En marzo de 2024 salió en las noticias: “La Corte de Catamarca ordenó paralizar la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto por el reclamo de un cacique”. 

Cerca del rancho de la familia Guitián, a metros del salar, dos tumbas son testimonio de la historia de la comunidad. Una de ellas remite al “hombre muerto”, la que está a su lado es la del bisabuelo de Román, Bernardo Guitián, que encontró ese cuerpo y le dio la sepultura. 

Ahí nacieron y se criaron sus antepasados entre animales y paisajes de sal. Nunca les faltó comida, los animales no escaseaban, el río rebosaba de truchas y patos.   

No hay regeneración posible

Si bien el proyecto Fénix tenía autorización para utilizar el agua del río Trapiche, la evaporación de la vega fue un proceso que se comenzó a percibir a principios del 2000. En período de pandemia, Livent destinó un presupuesto para la mano de obra y los materiales de una supuesta restauración. El encargado fue Rodolfo Tarraubella, presidente de la Fundación EcoConciencia. 

Rodolfo se presenta como especialista en finanzas sustentables, cuenta que los trabajos comenzaron en condiciones climáticas extremas y aclara que la ONG no recibió dinero de la empresa. Bajo la nieve y con excavadoras encontraron un piso geológico que aún contenía cierta humedad. Trasplantaron cerca de 25 mil plantas y la compañía minera puso su propia gente para hacer monitoreo y seguimiento. 

“Creo que tardará en crecer al menos 8 años para que uno pueda verla verde en todas las zonas que restauramos”, dice Tarraubella y explica que hubo una segunda mesa de diálogo entre la empresa, el gobierno y la comunidad, en la que no hubo ninguna oposición al avance de las obras. La versión de la comunidad es diferente.  

Lo que parece un atisbo de esperanza para algunos, para otros solo es humo que tapa lo importante, un “show” de la regeneración del río Trapiche. “Hay un daño que es irreversible”, asegura Verónica Gostissa, abogada integrante de la Red de Asambleas Pucará, que trabaja en una asesoría federal y es coordinadora de OPSAL en Argentina. Entre bocado y bocado de su almuerzo tardío, asegura: “No es como el ciclo del agua, el agua no vuelve más. Pero si quisiéramos parar, tienen que liberar el dique. Mientras haya un dique que no permite que la vega Trapiche vuelva al cauce de la subcuenca a la que pertenece, no se recupera nada. Lo están regando, es una vergüenza”.

La abogada de pelo rizado y mirada encendida describe al proyecto como un “Frankenstein biológico”, con un cerco de madera y una vega trasplantada, “Greenwashing”, como se define a una lavada de cara que se presenta como sustentable, pero solo en apariencia. Tanto el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente como el de Minería permitieron el uso del río Trapiche, primero, y la construcción del acueducto que llega del río Los Patos, como segunda fuente de agua disponible.  

El cacique Román cuenta que le discutió a Tarraubella. “Me dijo que  soy negativo. Pero yo tengo toda mi vida acá. Entonces yo sé por qué se muere y no vuelve de la misma manera; requiere mucha agua. Si no tiene agua no florece, no reverdece”. 

Derecho de Naturaleza

Previo a la sentencia emitida el 20 de marzo de 2024, el abogado Santiago Kozicki entró en escena. Heredero de una estirpe de abogados y jueces, después de diez años de trabajo en el Poder Judicial necesitaba un giro en su vida y eligió participar en causas ambientales. Así se enteró de lo que estaba pasando en Catamarca y habló con Verónica Gostissa, integrante de la asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) que, desde su rol en la Defensoría General, asesora a la comunidad. Santiago se convirtió en una pieza clave en ese engranaje. 

En un café de Buenos Aires, Kozicki explica los aspectos legales: “Formalmente, el amparo lo presenta Román con el patrocinio de la Defensoría General. En el territorio, hay articulaciones entre Román, la comunidad, Pucará y la Defensoría. Cuando se hace el amparo se plantea en la Justicia Federal, que interviene el Estado Nacional, a través de sus órganos federales”. A su vez, el amparo también se hace contra el gobierno provincial por la forma en que se autorizaron los permisos a las empresas en relación al Río de los Patos, en particular, y en general al Salar del Hombre Muerto. 

En 2020 había ocho empresas instaladas en la zona. Cinco estaban autorizadas para extraer agua dulce del Río de los Patos. Sus informes de impacto ambiental habían sido aprobados de forma individual. Pero nunca se había estudiado el impacto acumulado de estas empresas. 

A fines de los 90 poco se sabía lo que el litio iba a significar para los territorios. Tecnología de avanzada al estilo ciencia ficción. Un metal liviano capaz de mantener en vilo a países como Chile y Bolivia que, junto con Argentina, forman el llamado “triángulo del litio”, con sus extensiones de sal en retroceso. Tan estratégico como para que el llamado “Norte Global” negocie en el sur los beneficios para su consumo. 

Los salares son los más aptos y económicamente más convenientes para la extracción por evaporación pero el litio también se encuentra en el fondo del mar y entre las piedras, como en Puno, Perú, en donde se requiere un procedimiento diferente, con una mina a cielo abierto para separar el litio del uranio, tal como lo retrata la periodista Gabriela Wiener en una crónica publicada en revista Orsai. La crisis sociopolítica que se transformó en estallido social en 2023 contra la represión del gobierno de la entonces presidenta, Dina Boluarte, dejó 18 muertos y más de cien heridos. La profunda desigualdad que sufren las poblaciones aymaras incluye, entre otras cosas, que las comunidades no cuentan con la soberanía de los minerales pero sufren las consecuencias del extractivismo en sus propios territorios. El proyecto Falchani, de Macusani Yellowcake —subsidiaria de American Lithium—anunció el retraso del inicio de las operaciones para 2029. Cuestiones legales y técnicas son algunas de las causas pero los conflictos sociales también pesan en esta decisión. 

La historia la escriben los que ganan 

La Ley de Inversiones Mineras de 1993 que le puso un tope de 3% a las regalías de las provincias fue la puerta de entrada para las explotaciones a gran escala. La primera minera de litio que se instaló en esos 600 km2 de salar que comparten Salta y Catamarca fue en 1997 y durante varios años fue la única que reinó en la tierra salada. Fue gracias a Fabricaciones Militares que la provincia obtuvo la concesión del salar, de la exploración y explotación se hizo cargo la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium Corp. La empresa norteamericana renombrada como Livent, en 2023 se fusionó con la australiana Allkem y formaron Arcadium. 

En marzo de 2025 se completó la venta de los activos globales por 6.700 millones de dólares en efectivo a la empresa anglo-australiana Río Tinto. Las regalías para el litio aún se mantienen, aunque podrían quitarse en un futuro. En agosto, por decreto del Gobierno nacional, se eliminaron las retenciones a más de 230 productos mineros, como el hierro y el cobre, para impulsar la competitividad del sector. No al litio, todavía. 

Un sector privado en el aeropuerto de la Dirección de Aviación Civil de Salta, una pista de aterrizaje a pocos metros del pueblo de Antofagasta, otra en la zona del salar, aviones que trasladan a profesionales y operarios, movimiento semanal constante. 

El proceso comienza con la extracción de la salmuera a más de mil metros de la superficie y su traslado a piletones en los que a través de un método evaporítico, separan el preciado litio de otros minerales, como potasio, calcio, cloruro de sodio o sulfato. En esos piletones, que pueden superar el tamaño de una cancha de fútbol, se deposita la salmuera durante nueve a doce meses. El carbonato de litio toma el aspecto de un polvo blanco que, con el agregado de cobalto y níquel, servirá para la fabricación de una batería. En el Documento de Posición sobre la Minería de Litio en los Andes de Sudamérica, de la organización mundial Wetlands, dice que se utilizan dos millones de litros de agua para obtener una tonelada. Equipar a un auto eléctrico, implica cinco kilos de litio, por lo tanto, esta cantidad abrumadora de agua podría destinarse a unos 200 vehículos.

El concepto más extendido en la red de asambleas, comunicadores, abogados, biólogos y antropólogos, es que la minería de litio, en realidad, es minería de agua. En el documental “Antes del lito”, el licenciado Néstor Ruiz, perito ambiental y miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) afirma que el método de producción es obsoleto y que 30% de la mezcla que se vuelca a los piletones consiste en agua dulce. Agua de los ríos y subterránea. Agua que corre y se evapora. Hoy se apuesta por un método de extracción directa que, según afirman, utiliza menor cantidad de agua, pero es aún más costosa. 

Frente a la polémica del freno legal, que repercutió en otros países, la estrategia fue abrir sus puertas a la prensa. En septiembre de 2024, desde un hotel en Buenos Aires viajaron medios argentinos hasta Salta y de ahí realizaron un trasbordo en aviones particulares hacia la planta procesadora de Fenix. Según sus imágenes ofrece la tecnología de avanzada para “optimizar el proceso productivo”. 

En ese espacio inaccesible para el periodismo ambiental, asistieron a charlas en las que les explicaron el proceso de producción. Las crónicas hicieron referencia a los beneficios que la actividad minera llevaba a la población y al confort que tienen los trabajadores —por ejemplo, espacios de recreación con una sala de música—. También aludieron a la intención de modernizar el uso del agua dulce. 

En representación de la empresa, el entonces Gerente de Operaciones de Arcadium (ahora Río Tinto), explicaba que había una confusión al respecto. El medio argentino Infobae publicó un textual de Luciano Mancuso: “El agua que fluye hacia el salar, la usamos nosotros o nadie; a 4 kilómetros no hay nadie más”. La negación de otras formas de vida se vuelve patente en este modelo de producción. Mientras que el agua de la salmuera no sirve para consumo, afirma, el agua subterránea apenas se vio afectada en 25 años. Con respecto a la superficial, se utiliza solo un 10% del acuífero. La mención al río Trapiche es inevitable, pero también alude a la remediación de la vega seca. 

La verdadera historia

La doctora en Biología, Patricia Marconi, forma parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Su trabajo con la investigación de los flamencos altoandinos (la parina grande y la parina chica) la llevó a conocer la problemática minera de cerca. “Para nosotros directamente este tema es una amenaza sobre la biodiversidad, por la metodología que utilizan y por las características de estos humedales que son oasis en medio de una matriz desértica. Cualquier intervención —ni hablar de estas que son a muy gran escala—, tiene un efecto muy negativo sobre el funcionamiento de estos humedales y todos los servicios ecosistémicos que brindan”.

Hace 30 años que la Fundación Yuchán trabaja en el altiplano. Patricia, a través de una llamada virtual, cuenta que la minería de litio siempre estuvo presente en Catamarca, pero a muy pequeña escala o con un proyecto puntual, como el caso de Fénix. Esto cambió drásticamente a partir de 2016 cuando se eliminaron las retenciones y hacia 2018 apareció la alta demanda de litio para un modelo de transición energética corporativa. Con el apremio de la supuesta transición verde en el llamado “Norte Global”, las empresas llamaron a duplicar la producción. 

Los proyectos se multiplicaron de manera indiscriminada en los humedales, “dependiendo exclusivamente de la concentración del mineral, no de si estaban dentro de un área protegida o había una comunidad dependiendo de esos humedales”. Según la bióloga, todo el ordenamiento territorial previo y los usos preexistentes fueron ignorados, como si la ola de extracción de litio hubiera borrado las leyes y los derechos. 

La búsqueda de cobre también es una amenaza para la biodiversidad. Durante 2023 se aprobaron dos pedimentos de cobre por lo que una vez dados los derechos para la prospección, sería el turno de la exploración y finalmente la explotación. “Dada la alta demanda de cobre y el alto precio del cobre en el mercado, sumado al RIGI, y esta desesperación mortal por obtener divisas de cualquier manera, la zona está en alto riesgo”. Los humedales son importantes, allí existe la mayor concentración de la parina chica.” Cada verano se congregan un promedio de 15.000 flamencos, es decir, el 10% de la población global. En algunos años llegamos a contar 19.000 y además es un sitio de nidificación regular, que son muy pocos en toda el área de distribución”. 

En los últimos años, las noticias sobre flamencos muertos han aumentado. En 2023 se determinó que el hallazgo de 220 ejemplares se debió a la gripe aviar. “Es difícil atribuirlo a la actividad minera”, contesta la bióloga frente a la pregunta, pero los estudios continúan. La minería a cielo abierto implica alta probabilidad de derrames ácidos, con cianuro y explosiones, una contaminación letal e inmediata. “En el caso de la minería de litio, el proceso es mucho más lento porque no lo vemos. Porque el 98% del agua de la Puna es subterránea”.

Parecida a la extracción de hidrocarburos, así es la exploración del litio en salmuera. “Se hacen pozos, se perforan a distintas profundidades, se van tomando muestras y aquellas profundidades que presentan mayor concentración, bueno, ahí ya se establecen pozos permanentes de extracción, de bombeo. Y se bombea la salmuera”.

La puna catamarqueña es una zona árida por naturaleza, “se evapora siete veces más agua de la que ingresa a través de precipitaciones o de nieve”, dice Patricia Marconi y explica que en la actualidad no existen inventarios de los recursos hídricos subterráneos en el Altiplano, como existen en el Acuífero Guaraní o Puelche. “Por la característica del plegamiento andino, hay acuíferos a distintas profundidades, y hay acuíferos confinados que no tienen conexión con la superficie y en muchos casos es de donde se extrae la salmuera. No hay reposición ni recarga. Es agua que quedó ahí entrampada, muy antigua. Se la denomina agua fósil y ese es un recurso no renovable, absolutamente no renovable”. 

En el seminario web realizado en octubre de 2024, Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio, Javier Oviedo, asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), habló del consumo del recurso hídrico y explicó que cuando se extrae la salmuera de un salar, esos acuíferos que quedan vacíos se equilibran con el agua dulce subterránea, que se termina salinizando. Al mismo tiempo, se utilizan los acuíferos de agua dulce para su procesamiento. “La industria minera del litio no considera que la salmuera sea agua. Hace un uso consuntivo del recurso, significa que el agua que se extrae no se devuelve al medio. Porque se consume totalmente, o cambia sus características y no se puede volver, o simplemente se pierde”. Que la tasa de evaporación es alta y no se devuelve al ecosistema, lo reafirma la bióloga marina Cynthia Escares en el mismo seminario y agrega que un ligero cambio en el balance hídrico afecta las condiciones ambientales y las relaciones simbióticas. 

La justificación de que no tiene perjuicio para el ambiente queda invalidada frente a los ejemplos, como el del Salar de Atacama, que menciona Patricia Marconi. “Se está hundiendo porque es tanta el agua, es tanta la salmuera que han extraído que ya pierde volumen, pierde sustento y está descendiendo todo el salar. Ese es un efecto dramático a nivel geológico, es realmente muy muy grave y además imparable, o sea es irreversible”. Según la bióloga, esa región de Chile es nuestro futuro distópico en términos ambientales y en lo que nos tenemos que enfocar: los oasis y vegas secas, las comunidades que se tuvieron que trasladar en busca de sustento porque no tenían lugar donde pastorear sus animales, ni agua dulce para su consumo. “No es algo inmediato, cuando se detecta, ya es tarde”. 

En base a su razonamiento, la minería sustentable no existe, ya que es una actividad extractiva que reduce la probabilidad de uso para las siguientes generaciones. “Podría ser responsable, pero para que sea responsable tenemos que saber en qué clase de sistema estamos interviniendo”.

Las lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca fueron declaradas “sitios Ramsar” en 2009, lo que significa que se consideran “humedales incluidos de importancia internacional”, dentro de la Convención sobre los Humedales. Previo a que Fénix se propusiera duplicar la producción, ya extraía 220 mil litros por hora, lo que representaba que en 15 días de funcionamiento la empresa consumía el agua potable de un año entero para las 2 mil personas que habitan la sierra. Si a eso se le suman Sal de Vida, también de Río Tinto; los proyectos Hombre Muerto West y Candelas, de Galán Lithium Limited; Salar de Oro, de la empresa surcoreana Posco; Virgen del Valle, de Minera Santa Rita; y La Veguita, (trece en total) el impacto ambiental podría resultar alarmante. 

En febrero de 2023 un empleado de la minera envió a la Asamblea Pucará una denuncia anónima, con fotos y videos del mal manejo de residuos químicos en el aire libre, polvo blanco que según el empleado era carbonato de litio cayendo sobre la tierra, una caldera de humo tóxico que funciona las 24 horas del día y vicuñas que comían de la basura química que generaba la empresa.

A comienzos de octubre de 2024 el proyecto La Veguita fue denunciado públicamente por la comunidad debido a la intención de realizar la prospección en un territorio ocupado por la casa del cacique Román Guitián. Recién ocho meses después el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso, ya que se comprobó que el consentimiento firmado por el cacique era falso. 

El objetivo de la mayor parte de la comunidad es que Antofagasta de la Sierra deje de ser una zona de sacrificio. “Agua para los pueblos, no para las mineras”, se puede leer en las paredes del pueblo, en donde el arte deja constancia de la rebeldía. 

Red de Resistencia 

El 18 de febrero de 2017, nació en Andalgalá Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación —Pucará—, “con el propósito de fortalecernos en experiencias, información y alternativas y generar un espacio de confluencias, acciones y compromisos”.

Desde diferentes ciudades confluyeron para fortalecerse y tejer redes frente al extractivismo que es la estrategia política y económica de la provincia, que considera a la minería su principal fuente de ingresos. Mientras tanto, la red denuncia la desaparición de otras actividades regionales y el deterioro de la calidad de vida. Así, El Algarrobo, de Andalgalá, comparte experiencias sobre sus casi 16 años de caminatas ininterrumpidas, —como forma de resistencia pacífica—, con asambleas más jóvenes, como la de Belén, Santa María o Fiambalá. 

A esta red de asambleas pertenece Manuel Fontenla, profesor de Filosofía de la Universidad de Catamarca (UNCA), Doctor en Estudios Sociales de América Latina, y apasionado por el mundo de la escalada. En una clase abierta y pública en el Día de la Biodiversidad, Fontenla se refirió a la problemática del litio para el ambiente. Explica que al contrario de lo que se promociona, el litio no es la panacea ni está destinado a salvar el mundo. Las baterías de litio tienen la función de almacenar energía, no de generarla, y ese es un punto importante. “Vienen a resolver un problema específico que es la producción de gases de efecto invernadero que se da cuando quemamos combustibles fósiles”. 

Hablar del litio en la transición energética significa enfocarse en un solo eje de toda la problemática del cambio climático. Se trata de un reduccionismo —dice el profesor—, lo mismo que referirse solo a los autos eléctricos para hablar de electromovilidad.

Según la Agencia Internacional de Energía la demanda global de energía aumentó un 2.2% en 2024. Las energías renovables y la nuclear cubrieron alrededor del 40% de la generación total de electricidad. El pronóstico es que el declive del petróleo sucederá en 2030 y será necesario cubrir esa demanda que no frena. Por otra parte, estadísticas de la Red de la Huella Global, muestran que se necesitarían 5,8 planetas para cubrir el ritmo de uso de recursos de los Emiratos Árabes, o 4,9 en el caso de Estados Unidos. 

Encontrar una solución en verdad sustentable para ambos hemisferios implica no explotar ríos ni tierras como se realiza hoy. Manuel Fontenla opina que pocos se refieren al decrecimiento económico como opción. “Tiene pésima prensa, nadie quiere discutir sobre cómo achicar el mundo y cómo reducir el consumo en cuanto a energía”. Entre las voces referentes, habla de la politóloga Flavia Broffoni, que se refiere a la  descomplejización de las sociedades como una manera de enfrentar un colapso que ya está aconteciendo. Producción, consumo y distribución local, opuestos a la globalización de hoy. 

Argumentos sobran para defender el salar, coinciden los integrantes de la red Pucará. Desde la ciencia, se explica que los ecosistemas de humedales salinos son sumideros de carbono, por lo tanto, ideales para combatir la emisión de gases de efecto invernadero. En 2010, María Eugenia Farías fue una de las microbiólogas que participó en el descubrimiento de estromatolitos fósiles y vivos en la Puna salteña. El Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA) encontró “microorganismos extremófilos que se adaptan a condiciones inhóspitas, similares a las del planeta hace 3.400 millones de años”, cuenta un artículo de CONICET. Estos sistemas microbianos, “asociación de algas y bacterias que precipitan minerales y son capaces de captar dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno”, son la forma más antigua de vida descubierta en el planeta y, por lo tanto, valiosos para su estudio y conservación. 

“Llegamos a este punto donde solo la solución es posible a través de la tecnología y de los minerales porque se destruyeron todas las alternativas que hubo durante muchos años. Yo sí cargo de responsabilidad a ciertos sectores de poder”, dice Fontenla que anima a que la transición energética sea una discusión transversal, en todos los ámbitos. 

Mirada hacia un futuro incierto

El Ministro de Minería de la provincia de Catamarca, el ingeniero Marcelo Murúa Palacios no accede al pedido de entrevista. La comunicación se hace por una nota formal, la respuesta por Whatsapp es que el ministro está de viaje, o está ocupado, que no puede atender. Tampoco es posible hablar con la ingeniera Teresa Regalado, y menos con Luciano Mancuso, ex director de operaciones para Argentina de Río Tinto Lithium. Su secretaria deja de contestar. A través de las redes laborales, el mensaje queda en visto. Meses después, su nombre, como ex presidente de la subsidiaria de Livent, Minera del Altiplano, queda vinculado a un caso de subfacturación, a un posible contrabando de exportación de litio en el marco de la causa “Sales de Jujuy S.A. y otros s/ Infracción a la Ley 22.415”. Se los imputa porque habrían realizado 146 exportaciones de carbonato de litio a precios “significativamente inferiores” a los valores internacionales de mercado entre junio de 2022 y octubre de 2023, entre un 30 y 45% por debajo del valor del mercado, lo que representa una pérdida fiscal de más de 200 millones de dólares. 

La que responde pronto es Verónica Gostissa. Su historia en Catamarca se remonta a 2013, cuando todavía cursaba la carrera de abogacía. Había salido con sus amigas desde Buenos Aires haciendo autostop en la ruta y en Jáchal, San Juan, se encontró con una problemática que desconocía: un camionero le mostró cómo una minera había secado el río; la impactó tanto que a su regreso se propuso investigar temas de derecho ambiental. Tiempo después conoció Andalgalá, en el centro de la provincia catamarqueña. “Ahí empezamos a acompañar a la gente”. Se refiere a las caminatas de los sábados en contra de la megaminería y para cuidar el agua que baja por la sierra Capillitas y alimenta a la ciudad; caminatas que en quince años ya superaron las 800. Hay suficiente cobertura en la prensa y en las redes sobre las historias de los vecinos que no se resignan a quedarse inmóviles ante el desastre ambiental que dejó la mina de oro y cobre La Alumbrera, y el avance de los proyectos MARA-Agua Rica. 

Verónica eligió concursar por un cargo en la Defensoría Pública para quedarse en Catamarca. En una actividad universitaria le presentaron al cacique Román Guitián, así se involucró en el caso del Salar del Hombre Muerto. “Cuando fuimos al salar, me decían: acá hay un río seco. Eso fue lo más triste que vi en mi vida”. Presentaron el amparo en la justicia federal, y aunque esta se declaró incompetente y la causa quedó en la provincia, no dejó de participar en la protección del territorio y sus habitantes, con ellos formó un vínculo que todavía persiste. Ahora trabaja en una asesoría federal y es parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) y de la Alianza por los Humedales. 

Según la cronología de la abogada, cuando se difundió que el río Trapiche estaba seco y hubo un revuelo en la comunidad, el intendente actual, Mario Cusipuma, aprovechó para ponerse una camiseta alusiva al río y sumar el tema a su campaña, semanas antes de ganar las elecciones. No le resultó extraño a la comunidad que el integrante del partido Unión por la Patria, luego se olvidara de sus promesas. “Entonces empezaron a tener episodios de violencia institucional. A la familia Morales la quisieron desalojar para crear un bypass minero en Antofagasta. En su momento, hicimos la denuncia de violencia institucional, la policía golpeó a las mujeres y a las familias, a Lulú, una señora de 90”.

La persecución que sufrían las familias opositoras se vio agravada por la pandemia, eso contribuyó a desactivar los movimientos de resistencia. Gostissa afirma que durante la pandemia la gente estuvo muy encerrada, muy controlada con la policía. “Las mineras, por decreto, tenían autorización para trabajar, por lo que hubo un avance fuerte en ese tiempo. La gente no podía protestar, no accedíamos a tanta información”. 

Parte de la comunidad denuncia que se ha naturalizado que la minera intervenga en la sociedad. La abogada es categórica: “despliega una ingeniería social fuertísima, empiezan a dar becas, trabajo de tres meses y todo precarizado. Los pibes de 18 años se pueden comprar una moto, no importa que en un año no tengan más trabajo o se enfermen o no”. 

En un comunicado del 29 de diciembre de 2024, Minería autorizó la creación de otro camino alternativo, para que Arcadium transportara las salmueras de Sal de Vida al proyecto Fénix, hacia la planta de procesamiento. Pero en realidad ese camino ya existe y es comunal, de pastoreo. Se encuentra muy cerca de las tumbas sagradas, por lo que La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano difundió otro comunicado sobre el avasallamiento de sus derechos. El descubrimiento de vicuñas atropelladas “demuestra el impacto directo y devastador que tendrá este camino sobre nuestra vida y el equilibrio natural del Salar del Hombre Muerto”. 

Los frentes se multiplicaron, lograron frenar el avance del proyecto minero La Veguita, ya que el consentimiento de Guitián había sido falsificado, por lo que el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso. El conflicto principal todavía se encuentra en el informe de impacto ambiental acumulativo. 

En octubre de 2024 Teresa Regalado, la secretaria de Desarrollo Minero de Catamarca, contaba en una entrevista para una radio local que habían llegado a la metodología apropiada con la colaboración del Conicet y de otras fundaciones, y que se había firmado contrato por financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una consultora local especialista en temas ambientales, sociales y económicos. Siete meses después el Estudio y Gestión de Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA) en el río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto se presentaba según lo solicitado por la Corte de Justicia: “Los modelos hidrogeológicos validados anticipan que el acuífero conservará su capacidad de recuperación aún bajo escenarios de explotación. Estos resultados refuerzan la importancia de mantener y fortalecer los programas de monitoreo, clave para una gestión hídrica precautoria y adaptativa”. Total normalidad. En las redes sociales el gobernador Raúl Jalil, anunciaba un plan de gestión integral “con enfoque preventivo, adaptativo y participativo, orientado a cuidar nuestros recursos y asegurar decisiones sostenibles para todas las comunidades”. 

La participación ciudadana fue destacada, en concordancia con el acuerdo de Escazú. Verónica aclara que se presentó en el marco del amparo un equipo interdisciplinario de la comunidad para poder también ser parte activa del proceso de evaluación: una bióloga, una hidrogeóloga y una antropóloga. Mientras que el gobierno presentó un cronograma de evaluación, el equipo de la defensa de Guitián realizó observaciones sobre las irregularidades en el modo en que el gobierno entendía la evaluación. 

Cómo se mira lo que se mira. Cómo se evalúa el daño. Ahí está la cuestión. “De hecho, la característica un poco de todos estos proyectos locales es que no tienen línea de base. Ni siquiera podemos todavía pensar en evaluar los proyectos si no conocen el río”. La abogada cuenta que la línea de base en un salar no empieza de cero, sino en 1997. “Entonces, hay mucha información previa que debe pensarse para que puedan analizar cómo es la situación de todos los proyectos a la vez. Y, además, la cuestión territorial”.

Observar solo una vega y dos ríos resulta insuficiente, consideran desde el punto de vista científico y legal. Verónica Gostissa analiza: “Cómo pensamos la dimensión territorial de una evaluación ambiental de este estilo, más allá de lo interjurisdiccional en términos de lo político y lo hidrogeológico”. Hay una unidad de cuenca en el lugar, si solo miro este tramo, no estoy viendo que todo es una gran unidad”. 

En ese expediente se presentaron tres organizaciones como “Amicus Curiae”, que es Amigos del Tribunal, que es FARN, DEPS y AIDA, que son tres organizaciones de la cultura ambiental, también apoyando el pedido de Román de la comunidad y dando más motivos técnicos, científicos. 

La asamblea Pucará acompaña los reclamos con una perspectiva ambiental que los integra, dentro de un contexto global nada favorable. Entre las discusiones y estrategias, la minería metalífera y litífera son grandes ejes para analizar, cuenta Verónica. Lo que sucede en el territorio, los convoca. Organizan talleres en escuelas, encuentros y cumbres por el agua, a la que concurren de otras regiones para integrar problemáticas y resistencias. 

El espacio de Alianza por los Humedales, junto con Chile y Bolivia realizó, una asesoría con talleres, comunicación, acompañamiento jurídico y una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con una audiencia sobre el  impacto en los derechos humanos del extractivismo de litio. Ahí viajó Verónica, a Washington, el 15 de noviembre de 2024. “Presentamos un informe escrito, nos recibieron integrantes de la comisión. Estaba el relator de Derechos Económicos Sociales, Culturales (Javier Palummo Lantes). Había cinco comisionados, y hubo media hora para exponer los casos de Chile, Bolivia, Argentina y Colombia. Ellos hicieron preguntas, y se armó un espacio de debate y discusión. La idea es que también se abran otras líneas estratégicas posibles”.

Mientras que en Catamarca el tema queda invisibilizado, hacia el exterior, Antofagasta de la Sierra es un destino que está en la mira de la cartera de negocios. “En la semana de minerales críticos viajan los gobernadores a decir que está todo bien. Bueno, no puede ser la única voz que esté ahí. Hay que estar, para decir que está todo mal”. Uno de los objetivos de La Alianza por los Humedales es tener incidencia estratégica en espacios de discusión internacional. “Porque guste o no, la discusión está instaladisima. El litio está instaladisimo. No es que va a desaparecer la discusión. Entonces, o se participa o te pasa de largo”. 

Si el agua se va, la gente también.

El mayor temor de Román Guitián es que el espacio en el que su familia creció sea un pueblo fantasma, que en el futuro queden solo viejos. “Yo quería que venga el gobernador, que la gente pida una terciaria, que los chicos se capaciten aquí, y puedan ejercer su estudio acá. No puede ser esto que los chicos tengan que ir a otro lado a estudiar. Se enamoran de otra provincia y no vuelven”.

El Doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Estudios Sociales y Culturales, Horacio Machado Aráoz, dice que el extractivismo es la base material de los regímenes autoritarios. “Es la negación radical de la democracia. La apropiación oligárquica de la tierra es la negación básica y absoluta de la soberanía popular, es la base material de un régimen político de pocos y para pocos”. Integrante de la organización territorial, Be.Pe, Machado sintetiza el pensamiento de las asambleas y habla de democratizar la tierra para democratizar la sociedad. Mientras el gobierno de Catamarca continúa con la promoción de eventos costosos y exclusivos, como la edición XIV del Seminario Internacional de Litio en Sudamérica, la respuesta de las asambleas es generar conocimiento abierto. El 29 de septiembre se realizó el festival Ambiente y Primavera que reunió a la red de alianzas y comunidades de la región en defensa de los humedales. Su objetivo fue poner en común acciones de resistencia, alertar sobre las consecuencias del litio (y de políticas extractivistas), y alentar las economías regionales. Con música y feria, en una plaza pública, las personas que participaron dejaron en claro lo primordial que resulta la conservación del agua para la vida.

* Karina Ocampo: Periodista. Licenciada en Comunicación. 

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En la fría noche del domingo 9 de junio, cinco familias originarias de La Quiaca Vieja, en Jujuy, recibieron un aviso informal que les estremeció: en 48 horas serían desalojadas de las tierras que habitan desde hace generaciones. En medio de la celebración del Inti Raymi, el Año Nuevo de los pueblos andinos, Trinidad Trejo y su familia se preparan para enfrentar una batalla que lleva años gestándose.

Por Susi Maresca y Camila Parodi | Fotos: Susi Maresca

La situación de las familias de La Quiaca Vieja no es aislada. En los últimos años, las comunidades originarias de la región han enfrentado una creciente presión por parte de intereses económicos que buscan explotar sus tierras ancestrales para proyectos extractivistas y comerciales. Estos intentos de despojo han sido llevados a cabo muchas veces sin el debido proceso legal y sin respetar los derechos de las comunidades. El caso de la familia Trejo es un ejemplo claro de esta problemática, donde el derecho a la tierra y la identidad cultural se ven amenazados.

Estamos en el corte de ruta, junto a las comunidades que resisten el desalojo. A pesar del frío y la incertidumbre, el espíritu del Inti Raymi, la celebración ancestral que marca el recibimiento del nuevo sol, impregna el ambiente. Para estas comunidades, el Inti Raymi no solo simboliza el renacimiento de un nuevo ciclo, sino también la renovación de su lucha y esperanza. En medio de la hostilidad, las familias se encuentran y en el abrazo reafirman su conexión con la tierra y su determinación de defenderla.

Trinidad Trejo, es una de las habitantes del territorio en disputa, con mucho dolor relata cómo fue notificada su familia: “Nos informaron que el desalojo estaba ordenado por la familia Burgos. Nosotros vivimos aquí desde hace cuatro generaciones, no es fácil para nosotros. Mi madre, de 83 años, ya ganó juicios posesorios, pero no tuvimos los recursos para seguir adelante con el proceso legal”. 

La familia Trejo no solo perdió su hogar, sino que también enfrenta la dura realidad de un sistema que parece ignorar sus derechos ancestrales y humanos. El aviso de desalojo llegó a la familia a través de un enfermero, y no por los canales oficiales: “Vivimos hace 50 años del campo, teníamos animales, gallinas, patos, corderos, que ahora están en casa de mi suegra. Vivimos de eso y ahora no sabemos qué hacer. Nadie nos ayuda”, denunció Alfonsina, hermana de Trinidad.

Despojo y resistencia en la ruta

El 11 de junio, como habían sido advertidos, las fuerzas policiales y de infantería llegaron al territorio. Trinidad, junto a su madre Francisca Farfán, su hermana Alfonsina, su hermano Marcial y otros familiares, intentaron resistir. Sin embargo, la brutalidad del operativo fue implacable. “Nos hicieron como perros, nos sacaron del alambre que cerramos para que no pasen. Pese a que había niños y ancianos, no les importó”, narró Trinidad mientras describía el momento en que las máquinas arrasaron sus hogares.

Desde entonces, las familias desalojadas han ocupado la ruta en protesta a tan solo 5 kilómetros de la ciudad fronteriza de La Quiaca. “Llevamos días en la ruta, hemos pasado frío, hambre, y estamos enfermos. Mi madre llora al ver nuestras cosas tiradas. Nadie nos ha venido a ver”, señala Trinidad, mientras alimenta el fuego.

La sombra de la Zona Franca y el extractivismo

El trasfondo de este desalojo se relaciona con la implementación de la “Zona Franca”, un proyecto que implica la instalación de una zona de negocios en La Quiaca, promovido por el gobierno provincial desde 2019. Este proyecto, es denunciado como un negocio inmobiliario y extractivista por las comunidades originarias ya que pretende, a su vez, instalar un emprendimiento de paneles solares.

Desde el juzgado de primera instancia N°6 del Poder Judicial, se ha justificado el desalojo en un supuesto conflicto entre familias terratenientes. Sin embargo, las verdaderas intenciones parecen ser otras: “Quieren hacer negocios con nuestras tierras para proyectos solares y turismo, sin consultarnos ni respetar nuestras tierras”, denunció Gustavo Ontiveros, antropólogo y profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, quien participó de la celebración del Inti Raymi junto a las familias del corte.

Hace justamente un año, las más de 400 comunidades de Jujuy reunidas en el Tercer Malón de la Paz cortaron las rutas y accesos de la provincia en protesta contra la reforma constitucional impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales que prioriza el avance de las empresas transnacionales sobre territorios comunales. Lo que aconteció en Jujuy, tanto en términos legislativos como represivos, fue un escenario anticipatorio de la actual situación que atraviesa el país tras la llegada de Javier Milei a la presidencia.

Las medidas de represión denunciadas durante la reforma de la constitución provincial -como el uso abusivo de gases lacrimógenos, disparos en los ojos, persecuciones, allanamientos y detenciones ilegales- se replican en los operativos desplegados por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich para la reciente aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores.

Su relación es indisociable: entre los artículos más preocupantes de la ley, se incluye el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que prioriza el avance de intereses privados sobre los bienes comunes y la soberanía nacional. La situación en La Quiaca Vieja refleja este panorama nacional, donde los derechos de las comunidades originarias así como de la naturaleza se ven sistemáticamente vulnerados en favor de proyectos extractivistas.

“Yo voy a seguir luchando por nuestra tierra”

Luego del violento desalojo, la familia Trejo se asentó al costado de la ruta 9 con las pertenencias que les quedaron de su hogar, ahora destruido. Alfonsina Mariela Trejo comparte su testimonio: “Nos desalojaron hace cuatro días y mis hijos no están asistiendo a la escuela”. Ante la falta de respuestas institucionales para acompañar la situación, la única acción estatal que llega al corte reproduce la violencia: durante la tarde del jueves, la Secretaría de Niñez de la provincia se hizo presente para presionar por el levante del corte ante una posible intervención sobre las niñeces.

Las familias afectadas están recibiendo apoyo de otras comunidades que les han llevado alimentos y otras provisiones, pero la incertidumbre persiste. “No somos una familia rica, somos humildes, pero esta señora que dice ser la dueña nos sacó a la calle como si fuéramos perros. Llevamos viviendo aquí más de cincuenta años. No tienen piedad de los niños ni de los ancianos”, añadió Alfonsina.

La comunidad de La Quiaca Vieja sigue resistiendo, esperando que se haga justicia y que se respete su derecho a la tierra que han habitado por generaciones. Su lucha no es solo por su hogar, sino por el reconocimiento y respeto de sus derechos como pueblos originarios. En este contexto, la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para enfrentar las adversidades. “Nosotros no debemos abandonar a nuestros hermanos y luchar para que vuelvan a sus casas, siempre con la ley en la mano”, concluyó Gustavo Ontivero, llamando a la unidad de las comunidades indígenas en defensa de sus territorios.

Francisca Trejo, madre de Trinidad, aseguró su resistencia: “No voy a ser la primera ni la última, esto va a pasar siempre, pero yo voy a seguir luchando por nuestra tierra”. Hoy, las palabras de Francisca resuenan en el corazón de quienes, a pesar de la adversidad, se niegan a rendirse. Como nos enseñan nuestros pueblos originarios en cada solsticio de invierno, la luz y la esperanza pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros.

Para colaborar con las familias del corte se pueden realizar transferencias a la siguiente cuenta:

CBU: 28502054440094961236268

Alias: GiisPortal

Titular: Gisela Raquel Portal

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Por Redacción Marcha | Fotos: Susi Maresca

Cerca de los años 1400, los imperios europeos se lanzaron a la mar en búsqueda de riquezas, de expandir sus dominios y su religión. En aquellos años la palabra “capitulaciones” designaba varios tipos de documentos jurídicos o diplomáticos, tanto entre estados como entre particulares y estados. ​ Para la conquista de nuevos territorios, en la Edad Media la Corona de Castilla no recurría a ejércitos propios permanentes sino que contrataba la misión a particulares poderosos, a cambio de títulos y beneficios económicos que se recogían en una capitulación.

En pleno siglo XXI, los imperios siguen expandiéndose. En éste caso, la excusa de expandir la fé cristiana dejó de ser válida, pero fue reemplazada por otro credo no menos incomprobable: la transición energética.  

Una ley para dominar

El mítico anillo que fuera imaginado por Tolkien toma cuerpo en las disputas geopolíticas y el manejo de los estados-mercado frente a la escasez. De tal manera, en el contexto de guerra en Ucrania, en un escenario ¿post?-pandemia, con un claro avance de los países asiáticos en la competencia de mercados tecnológicos, los recursos energéticos son una prioridad para los países del primer mundo, aquellos que no saben vivir sin aviones, shoppings o bolsas de valor.

En el año 2023 se implementó un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para garantizar el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales.

En la presentación de dicha propuesta, se expone: “La UE depende casi exclusivamente de las importaciones de numerosas materias primas fundamentales. Los proveedores de dichas importaciones se encuentran con frecuencia muy concentrados en un reducido número de terceros países, tanto en la fase de extracción como en la de procesamiento.”

De tal manera, la UE legisla sobre los “proyectos estratégicos” que sean capaces de cubrir los suministros de materias primas para la transición. De ésta manera, alienta expediciones de empresarios y capitales del primer mundo a dirigirse a los “terceros países” (nuestros pueblos), asegurando para ello condiciones favorables hacia ellos. 

El capítulo VI establece un “marco para la cooperación a través de asociaciones estratégicas con terceros países en relación con las materias primas y para lograr mayores sinergias entre dichas asociaciones estratégicas y la cooperación de los Estados miembros con los terceros países en cuestión. La Unión ha celebrado asociaciones estratégicas relativas a materias primas con terceros países con el fin de aplicar el Plan de Acción sobre las Materias Primas Fundamentales de 2020″. En nuestro país, el convenio como “tercer país aliado” en ésta coalición se firmó en el año 2023 bajo la presidencia de Alberto Fernández. 

Seguimos analizando, y si bien en el apartado 10 del primer capítulo la ley enuncia que los proyectos deberán ser respetuosos de los Derechos Humanos y el medio ambiente, en el artículo 61 el reglamento se desliga de la responsabilidad de cumplimiento, y dice que queda sujeto a los países miembro sancionar el incumplimiento de dichas normas:

16) “Habida cuenta de su importancia para garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas, los proyectos estratégicos deben considerarse de interés público. Garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas es de vital importancia para el éxito de las transiciones ecológica y digital, así como para la resiliencia de los sectores de la defensa y el espacio.”

Aquí aparece revelada la verdadera noción estratégica: el suministro de metales raros y materiales para la transición no está pensado para darle a cada habitante del mundo un auto a baterías: la razón por la cual dicha demanda no puede cubrirse solamente con el reciclado, es que se encuentra directamente orientada a la “defensa”, lo que será un eufemismo para nombrar las guerras. 

Dado su papel a la hora de “garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas de la Unión y su contribución a la autonomía estratégica abierta de la Unión y a la transición ecológica y digital, la autoridad responsable de la concesión de autorizaciones debe considerar que los proyectos estratégicos son de interés público”. Así es como se declara la ganancia de empresas privadas como una cuestión de interés público.

Seguimos leyendo:

“Los proyectos estratégicos cuyo efecto perjudicial sobre el medio ambiente es tal que les hace entrar en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la Directiva 2009/147/CE39 pueden autorizarse si los responsables que conceden las autorizaciones llegan a la conclusión, sobre la base de una valoración caso por caso, de que el interés público que se persigue con el proyecto supera dichos efectos, siempre que se cumplan todas las condiciones pertinentes establecidas en estas Directivas. Cuando proceda, la valoración caso por caso debe tener en cuenta la especificidad geológica de las zonas de extracción, que limita las decisiones sobre la ubicación”.

Queda claro de ésta manera que el supuesto y declarado  “interés público” del proyecto rige por sobre los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. 

34) “A fin de garantizar que los Estados miembros y las industrias europeas puedan anticipar la alteración del suministro y se preparen para resistir sus consecuencias, deben desarrollarse medidas para aumentar la capacidad de control, coordinar las reservas estratégicas y reforzar la preparación de las empresas”.

Por otro lado, crea instituciones a medida de las empresas, que sean capaces de generar las condiciones para que la explotación sea rentable: “El Consejo Europeo de Materias Primas Fundamentales. Dicho Consejo debe estar compuesto por los Estados miembros y la Comisión, al tiempo que debe permitir la participación de otras partes en calidad de observadores. A fin de desarrollar los conocimientos especializados necesarios para la ejecución de determinadas tareas, el mencionado Consejo debe crear subgrupos permanentes sobre financiación, exploración, seguimiento y reservas estratégicas, que deben actuar como una red reuniendo a las diferentes autoridades nacionales pertinentes y, cuando sea necesario, consultar a la industria, el mundo académico, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes. El asesoramiento y los dictámenes del Consejo mencionado deben ser no vinculantes y la ausencia de dicho asesoramiento o dictamen no debe impedir que la Comisión desempeñe sus funciones en virtud del presente Reglamento”.

A la par de esta centralización institucional y de gobernanza, brinda directivas precisas a los proyectos estratégicos para proceder en los territorios: 

En el artículo 6 sobre la “solicitud y reconocimiento de proyectos estratégicos”, se solicita que “presenten d) un plan que contenga medidas para facilitar la aceptación pública, incluido, cuando proceda, el establecimiento de canales de comunicación recurrentes con las comunidades y organizaciones locales, incluidos los interlocutores sociales, la puesta en marcha de campañas de sensibilización e información y el establecimiento de mecanismos de mitigación y compensación.”

Las medidas aquí expuestas no son nuevas. Las organizaciones socioambientales y comunidades indígenas venimos denunciando en numerosas oportunidades la violación de derechos humanos fundamentales, la persecusión  y la criminalización de la protesta que deviene a los defensores de la tierra luego del desembarco de agentes académicos, de ONG y empresas en los territorios para extorsionar a los pueblos oprimidos a que acepten los espejitos de colores a cambio del oro.

Como una concesión de negocios, el reglamento estipula que en el caso de los proyectos estratégicos en terceros países, “la Comisión compartirá la solicitud recibida con el tercer país cuyo territorio esté afectado por el proyecto propuesto. La Comisión no aprobará la solicitud antes de recibir la aprobación explícita del tercer país de que se trate”. Nada dice respecto de las poblaciones directamente afectadas, considerando que en muchos casos se trata de naciones indígenas preexistentes con daños acumulativos e integrales en sus territorios.

Respecto a los datos, sienta un peligroso precedente de exploración intensiva, cesión y centralización de datos geoestratégicos, que podrá utilizar herramientas militares (“de defensa”) y satelitales para ello. Los programas nacionales de exploración a que se refiere el apartado 1 incluirán “medidas para aumentar la información disponible sobre las ocurrencias de materias primas fundamentales en la Unión, incluidos los yacimientos minerales profundos. Incluirán, en su caso, las siguientes medidas: a) una cartografía de minerales a la escala adecuada; b) campañas geoquímicas, incluidas las destinadas a establecer las composiciones químicas de los suelos, los sedimentos y las rocas; ES 37 ES c) estudios geocientíficos, por ejemplo, geofísicos; d) el tratamiento de los datos reunidos a través de la exploración general, incluido el desarrollo de mapas predictivos; e) el reprocesamiento de los datos de estudios geocientíficos existentes para comprobar las ocurrencias de minerales no identificados que contengan materias primas fundamentales”.

Meritocracia climática

Entonces, si los derechos de los proyectos estratégicos son prioritarios, ¿Qué derechos no lo son?
Queda claro en el artículo 11 de la ley donde dice que “el plazo para consultar a la población afectada sobre el informe de evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2011/92/UE no será superior a noventa días en el caso de los proyectos estratégicos”.

De igual manera, si bien el articulo 12 plantea que “todas las decisiones adoptadas en virtud de la presente sección serán de acceso público“, cabe mencionar que la elaboración de informes en Argentina fue delegada en una comisión de consultores externos, que se dirigió a las autoridades de las provincias y a un par de referentes elegidos por azar en un tiempo muy escueto para permitir la respuesta organizada de los colectivos implicados.

Cualquier análisis jurídico debe dirigirse no solamente a un registro de la literalidad del discurso y el uso de las palabras, sino que debe entenderlas en el marco social, político y económico en el cual se utilizan.

Por ello, no sería correcto nombrar a este Reglamento como una Capitulación en los términos utilizados por los imperios europeos en el siglo XV. Pero sí, quizás, podríamos hacer el ejercicio de relectura de la ley cambiando algunos términos: “reserva estratégica” por “territorio”, “huella ambiental” por “genocidio”, “libre circulación del mercado” por vigilancia de la población.

Esta ley nos deja una certeza: luego de 500 años de explotación, aún quedan en nuestros territorios en equilibrio, biodiversidad que funciona como pulmones del mundo por su captura de CO2 y la posibilidad de brindar agua pura.

Cual vasallos del rey Dinero, los nuevos empresarios cuentan con más ventajas que los conquistadores que les precedieron: no sólo se les brinda facilidades financieras, legales y administrativas, sino que también se les garantiza el acceso a datos estratégicos de los territorios a explotar, así también la protección de su privacidad y sus derechos. Éste reglamente demuestra que el rezo a la Transición Energética Sostenible Digital y Ecológica no será capaz de traer el Reino de los Cielos a la Tierra. 

Sus palabras difíciles y sus actos diplomáticos no nos engañan. Sabemos que la mentada “Transición Verde” no está pensada para  permitir la supervivencia como especie, ni para utilizar los recursos escasos de manera sustentable. El escenario al que estamos asistiendo, más que a una transición energética, es a una nueva y masiva transferencia de recursos desde el Sur global hacia el norte dominante. Quienes, dicho sea de paso, aún no asumen que la escasez y la crisis que hoy vivimos como planeta, son el resultado de éstas primeras y vigentes capitulaciones coloniales.

Subyacen a las capitulaciones antiguas y a los reglamentos actuales unas cuantas potencias mundiales dispuestas a negar la propia finitud humana como seres, a continuar la acumulación de lo ajeno para multiplicar lo propio, y a sostener una moral fantasma, escondida detrás de complicados procedimientos. Ya hemos dicho: en nuestros territorios del Buen Vivir Comunitario, no hay permiso para la explotación desmedida y el acaparamiento.

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Por Camila Parodi para Huerquen / Fotos: Susi Maresca

A través de un amparo ambiental presentado por el cacique de la comunidad, Román Guitián, la Corte dió lugar a su reclamo histórico. Desde el año 2019 la población de la localidad de Antofagasta de la Sierra fue notificada de la realización de un acueducto sobre el río Los Patos, uno de los ríos con mayor caudal de la puna catamarqueña que conserva, además, la biodiversidad de este frágil ecosistema. Esta noticia confirmaba lo que muchas personas sospechaban: la vega del río Trapiche había sido secada por el proyecto de explotación de litio Fénix.

“En paralelo a la seca del Río Trapiche la empresa desplazó a la familia Condorí quienes vivían en la zona hacía muchísimos años. Ellos tenían más de 300 animales y hoy en día no llegan a los cinco o seis animales”, explica la comunera Mamaní. En su relato, sostiene que la familia Condorí perdió el acceso al río y su vida cotidiana se vió afectada: “Al secarse y no darle permiso de acceso al agua, se tuvieron que ir a más de tres kilómetros contra los cerros para conseguir el pastaje de sus animales”.

Desde ese entonces, recuerda Mamaní, “empezó la preocupación de la comunidad y ahí el Cacique Guitián, que también estaba siendo afectado por este tipo de proyectos, comienza a exigir información sobre el río Los Patos por donde querían continuar”. Tras secar la vega del Trapiche, como asegura la comunera, continuaron por Los Patos. Allí, además de intervenir en el devenir natural del río y de interrumpir en la vida cotidiana de las personas que habitan la zona con la construcción del acueducto, llegaron nuevos proyectos y con ellos políticas de control y represión para todo el pueblo antofagasteño.

Cuando la comunidad comenzó a tomar dimensión del impacto negativo que tendrían este tipo de proyectos en su territorio empezaron a solicitar información al municipio, luego de semanas sin tener respuestas decidieron realizar un corte que inhabilite el ingreso de los camiones. Sin embargo, el corte también fue silenciado y violentado: “Luego de ignorarnos por días, mandaron unos matones al corte que nos corrieron violentamente”, recuerda Mamaní. A su vez, durante las protestas, la comunera denuncia que “se llevaron detenidas a las familias que comenzaron a protestar, entre ellas, personas grandes o con discapacidades. Las llevaron a Belén, a más de 300 km de distancia sin informarnos nada y sin garantizar sus derechos básicos”.

El acueducto tiene un recorrido de más de 30 kilómetros y para realizarlo la empresa minera, en complicidad con el gobierno provincial y municipal, irrumpió en los terrenos y caminos comunales sin realizar las instancias consultivas y participativas que exige el convenio 169 de la OIT. Ante este panorama, en febrero de 2020, la asamblea socioambiental “Pucará”* acompañó a la comunidad en su primer pedido de suspensión que se realizó en el Juzgado de Minas así como también en el Ministerio de Minería . Sin tener respuestas sobre los informes de impacto ambiental solicitados por la comunidad, en agosto de 2021, se presentó un amparo ante la Justicia Federal de Catamarca.

Durante esos tres años de “idas y vueltas” con el Poder Judicial, las empresas mineras avanzaron sobre el territorio que comprende el Salar del Hombre Muerto así como también en las zonas aledañas, como el Salar de Antofalla y la Laguna Carachi Pampa. Al día de hoy al menos 7 empresas realizan exploraciones mineras en la zona del Salar. Cada uno de los proyectos presentó los informes correspondientes sobre el impacto que tendría en el territorio pero, ni el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente o el Municipio de Antofagasta de la Sierra analizaron de manera integral y acumulativa este impacto.

En ese marco, el pasado 13 de marzo la Corte resolvió admitir la competencia, hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas y exigió, por primera vez el relevamiento integral del impacto realizado por los proyectos de minería de litio en el Salar del Hombre Muerto. Un antecedente para la defensa de la vida y el agua en todo el territorio argentino: “Es un fallo histórico, un antecedente ambiental absolutamente importante y novedoso para Catamarca pero también para toda Argentina y la región porque, desde que empieza a expandirse el “boom del litio” no había antecedentes judiciales”, remarcó la abogada ambientalista Verónica Gostissa.

Para Gostissa, esta sentencia reabre el amparo y saca una medida cautelar muy importante porque “se basa en un antecedente negativo que hay en Catamarca que es el desecamiento de la Vega Trapiche y lo reconoce”, señaló. “Esta mala experiencia de Catamarca -reconoce la abogada- en el presente caso sirvió de antecedente y de fundamento para tomar esta decisión que tiene que ver con ordenarle al Ministerio de Minería que realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral porque no pueden evaluarse los proyectos por separado”.

“Durante los últimos dos años a la zona llegaron siete empresas y actualmente hay más de 50 proyectos mineros en todo el departamento de Antofagasta de la Sierra”, enumera Mamaní, para quien la situación del Salar del Hombre Muerto es la más extrema: “Allí tenemos al menos 12 proyectos mineros y todos quieren tomar del mismo río por eso siempre lo planteamos como una preocupación muy grande ya que es muy difícil en este contexto garantizar la vida en unos tres o cuatro años más con tantas empresas mineras alrededor, por eso avanzamos con la estrategia judicial que por suerte ahora tuvo respuestas”.

Entre sus principales puntos, el fallo de la Corte reconoce el impacto de la minería de litio de manera articulada e interrelacionada. En ese sentido, desde la Asamblea Pucará, aseguran que se trata de una buena resolución porque “se debe considerar de manera integral el impacto en el paisaje, la fauna, la flora, el clima. Es decir, que puede incluir a la crisis climática como un eje en la evaluación de impacto y el ambiente general”, explicó Gostissa. En ese mismo marco, el fallo también advierte una “fragmentación” en términos de permisos entre la extracción de salmuera y el uso de agua siendo que su relación es indisociable, agrega la abogada.

Por todo esto, con el fallo, tanto Ministerio de Minería de la provincia como el Ministerio de Agua, Ambiente, y Energía, deben abstenerse de otorgar nuevos permisos o autorizaciones. En ese contexto, si bien este fallo histórico es tan solo un avance frente a las políticas extractivistas de muerte, para la abogada Gostissa es importante ya que nos invita a pensar “lo ambiental como algo que no está disgregado, es algo fundamental para la vida, para el cotidiano, para el sostenimiento de la vida futura y nos ayuda a comprender los desequilibrios actuales así como darle un rol fundamental al agua y a los ecosistemas”, aseguró.

Ante el conocimiento del fallo, la comunera Elizabeth Mamaní, expresó que se trata de una noticia “muy esperanzadora” ya que es tener, por primera vez, el reconocimiento de la Justicia: “Esta lucha es un avance y no es solamente por hoy o por nosotros, estamos peleando también por nuestros abuelos que nos dejaron un territorio sano. Esto no es decir estar en contra del trabajo de nadie que es bastante entendible ya que todos necesitamos trabajar, pero a veces se trabaja a costa de los mal llamados “desarrollos” para que las grandes multinacionales, los gobiernos y las autoridades departamentales se beneficien”, manifestó.

En ese marco, para Mamaní, este fallo es una posibilidad para la continuidad de la lucha: “Creo que nos podemos unir un poco más como comunidad pero también con cada uno en cada territorio para un bien común de todos. Este amparo también puede fortalecer la lucha ambientalista a nivel nacional, que ya que son muchas las luchas que estamos teniendo en diferentes territorios ya sea por el tema del agua, por la contaminación de usos químicos y por todas esas buenas causas para defender la vida porque estamos luchando por el futuro de nuestros hijos”, afirmó Mamaní.

Pero el amparo no sólo se puede celebrar, también necesita el acompañamiento y la atención de toda la sociedad civil, ya que la persecución y las violencias que reproducen este tipo de proyectos de muerte no cesan: “Lo que nos preocupa ahora es que aumente la persecución, están jugando con eso en estos días ya que tras el conocimiento del fallo las mineras están despidiendo a más de 100 personas y nos asusta porque también tuvimos mucha persecución”. Son muy pocas las personas que aún viven en los alrededores Mamaní esto se debe a la falta de servicios básicos e instituciones como escuelas y salas de salud, su preocupación se centra en la exposición de quienes se encuentran allí: “Están a casi 100 kilómetros de la villa de Antofagasta, no tienen señal ni mucho menos lugares para denunciar o pedir resguardo”, denunció.

La situación anticipada por la comunera no se hizo esperar, al cerrar la edición de esta nota, la Comunidad de Atacameños del Altiplano denunció amenazas de muerte contra su cacique, Román Gaitán. “Una vez más, la historia se repite. Nos quieren en silencio, nos quieran fuera de nuestra tierra, nos quieren sin derechos, nos quieren con miedo, nos quieren muertos. Hacen lo que hicieron siempre los conquistadores, los colonizadores, los empresarios llenos de avaricia y codicia, los gobernadores corruptos, recurren a la a la única manera que conocen: la violencia. Nosotros en cambio, siempre hemos elegido el camino de la paz, el camino de la justicia”, manifiestan en su comunicado.

Desde el anuncio del fallo, denuncia la comunidad que recibieron múltiples amenazas graves por parte de integrantes de las empresas y de trabajadores despedidos. Esto se debe, a los anuncios realizados días atrás por las empresas mineras de reajuste del personal tras la baja de la cotización a nivel mundial. Como siempre, la estrategia de las empresas junto a las del gobierno provincial, fue realizar despidos y desinformar para oponer al pueblo entre quienes trabajan en la minera y las personas que acompañan el reciente fallo emitido por la corte. Por su parte, el llamado de la comunidad es a la unidad de todo el pueblo: “Esta no es una lucha entre vecinos, ni entre hermanos. Eso quieren los de afuera, nos quieren peleados y con miedo. Nos quieren divididos y empobrecidos, para saquear nuestro territorio de manera más fácil”.

* Conocé más sobre PUCARA en www.aguapucara.org

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Hay una historia que sucede aquí y ahora. Hay otra que viene de tiempos antiguos. Los pueblos de la sal saben de batallas, de luchas y resistencias, pero también de pérdidas, de despojos y de derechos vulnerados. No es una noticia nueva. Es una historia que tiene más de 500 años.

El Tercer Malón de la Paz lleva casi un mes en las calles contra la reforma constitucional de Jujuy. Bajaron de la quebrada y los salares, llegaron a San Salvador y no fueron escuchados. Tomaron las rutas, sintieron en sus cuerpos la represión y allí están. Los días pasan, en esos cuerpos y en los vínculos que surgen alrededor de las rondas y los campamentos.

En el corte de Purmamarca están divididos por comunas, pero confluyen en el centro del cruce, en el transitar de las horas, en las músicas y vientos, en las comidas compartidas que llegan de todos lados. Esa es la solidaridad que enseñan y practican los pueblos que saben resistir: “Acá dejaremos la vida si es necesario, ¡Jalllala!”, gritan entre muchas voces. Esto va en serio.

Una constitución a espaldas del pueblo

Con la aprobación de la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales en Jujuy, se expuso el interés extractivista y empresarial que existe sobre los territorios y el agua en el norte argentino. Pero se evidenció, también, la fuerza y la organización de los pueblos indígenas que defienden la vida y el agua de la puna, las yungas y los salares. Durante el último mes, las más de 400 comunidades que habitan la provincia están realizando cortes y manifestaciones contra la nueva carta magna que fue firmada a sus espaldas.

Los pueblos indígenas son de los grupos más afectados por esta nueva constitución y no es casual, todo lo contrario: “Vienen por el litio, vienen por todo”, reza un cartel en el corte de Purmamarca. Las comunidades nucleadas en el Tercer Malón por la Paz aseguran que se quedarán en los cortes hasta que el gobernador dé marcha atrás con la reforma. Denuncian el intento de provincialización de los recursos naturales, así como el desconocimiento de sus tierras ancestrales. Una ecuación sencilla para tomar posesión sobre los bienes comunes y desplazar a quienes los defienden.

Esta decisión tampoco es azarosa: se da en un proceso de valorización global del litio, el hidrógeno verde y otros metales críticos. La no tan nueva crisis climática, así como la imperiosa necesidad de un proceso de descarbonización, colocó al discurso de la “transición energética” como central. Sin embargo, esa transición únicamente fue de un modelo de explotación a otro: uno que sólo ve territorios como zonas de sacrificios para el desarrollo de los países del norte que siempre se beneficiaron de la explotación de recursos en el sur global.

Los territorios que habían sido históricamente postergados, como son los salares altoandinos donde se encuentra el litio en grandes proporciones, comenzaron a tener un interés financiero. Allí, la historia de los pueblos de la sal tanto en Jujuy, como en Salta y Catamarca, comenzó a cambiar y aquellas otras formas que sostenían la vida se vieron alteradas.

Equilibrio ancestral: sal y agua

“Estamos parados ante escombros milenarios”, señala Agustín, guía turístico indígena de la Comunidad Tres Pozos. Las salinas se conformaron hace al menos 6.000 años y sus ojos naturales, donde se conserva el agua dulce de manera subterránea, “deben tener 5 millones de años”, agrega mientras disuelve las partículas de sal entre sus dedos. 

Tres Pozos es una de las 33 comunidades que habitan los salares grandes y lagunas aledañas, y todas tienen una relación vital con la sal y el agua. Mientras la primera abunda y rebrota todas las mañanas, la segunda escasea y se esconde en los intersticios del salar. La sal sin el agua no emerge, por eso la conserva y administra en un equilibrio que es mutuo.

“El agua para el salar es como el aire para nosotros, sin ella no se puede respirar”, explica Agustín quien, además de ser guía turístico, está pronto a recibirse de instrumentador quirúrgico. Desde su visión, el salar puede ser entendido en términos fisiológicos: “El salar sería como el pulmón y las líneas grandes podrían ser sus branquias; durante la noche se dilatan y en el día se comprimen para conservar su agua y que no se evapore en su totalidad”.

El agua y la sal se complementan para sostener la vida. Por eso son elementos sagrados que deben respetarse: “Nosotros la cuidamos como parte de nuestra vida. Estamos muy agradecidos porque es como un regalo de la Pachamama hacia nosotros”, explica Agustín. Y es que, agrega: “La continuidad del agua dulce es muy frágil acá, estamos en un desierto de sal, no se la puede alterar”.

La sal tiene múltiples usos en la vida de las comunidades y garantiza su autonomía. Además de haber funcionado como bien preciado para intercambio de alimentos con pueblos agricultores durante siglos, hoy distintas familias conformaron cooperativas locales para fraccionarla y comercializarla respetando sus tiempos de rebrote. La sal aporta hierro a los animales silvestres y de pastoreo, conserva la carne sin necesidad de energía, así como también la belleza majestuosa de sus salares convoca al turismo y lo convierte en una economía local. 

Durante las últimas décadas, la sal también comenzó a ser codiciada y disputada por gobiernos y empresas en la corrida mineral del litio. Las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc prohibieron el ingreso de las empresas que se acercaron a explorar el territorio sin instancias consultivas previas.

Desde entonces, aseguran, la violencia contra los pueblos de la sal se acentuó y denuncian que con la nueva constitución pretenden poder desplazarlos del salar: “Quieren hacer lo mismo que hicieron en el Salar de Olaroz, pero no van a pasar”, relata Agustín.

Salar de Olaroz: donde hubo sal, sequía queda

Llegar al Salar de Olaroz luego de pasar por las Salinas Grandes no es recomendable: su paisaje dista demasiado de la inmensidad blanca recorrida hace unas horas atrás. Tan sólo en trece años de explotación minera, el impacto es radical: la sal se encuentra concentrada en pequeños espacios mientras que grandes piletones se esconden detrás de la tierra removida a escasos metros de la ruta. 

Tras años de exploraciones y diálogos unilaterales con la comunidad, en 2010 se instaló el proyecto “Sales de Jujuy”, que reúne a los accionistas Allkem, Toyota y Jemse. El segundo proyecto, “Cauchari-Olaroz”, prevé comenzar a producir unas 40.000 toneladas por año de carbonato de litio hacia finales de 2023.

“No cumplieron con su palabra”, se lamenta un trabajador de Sales de Jujuy, a metros de la planta. El operario, a quien no nombraremos para resguardar su identidad, vive en Susques, como algunos de los trabajadores. Explica que, cuando llegó la propuesta de “Sales de Jujuy”, no les transmitieron toda la información: “Nos dijeron que el impacto iba a ser mínimo, que era limpio y que nosotros siempre podríamos opinar”.

Sin embargo, para aprobarla, no se cumplieron las instancias consultivas e informativas necesarias como requiere el Convenio 107 de la OIT, que reconoce los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas. En un estudio realizado por FARN, se explica que “los miembros de las comunidades describieron el proceso de participación y las relaciones establecidas con las empresas que desean extraer litio como una comunicación mayormente unilateral ya que no podían expresar libremente sus opiniones a fin de alcanzar un entendimiento mutuo”. El 85% de las personas entrevistadas manifestó que no se les consultó y que no fueron debidamente informadas sobre las actividades de las empresas. 

A partir de las voces entrevistadas, el informe sostiene que “las empresas no divulgaron toda la información pertinente sobre los factores de riesgo previsibles y sus potenciales impactos en el ambiente”. A su vez, los miembros de las comunidades destacaron el impacto significativo que los proyectos de minería de litio tienen sobre el agua.

“Ya no hay más sal, la sacaron toda”, señala el operario mientras recorremos los largos kilómetros de lo que fue el salar. “En su momento se aceptó por la propuesta laboral y porque dijeron que no habría impactos, pero después no fue así; el impacto está a la vista: en esta zona ya no hay salar ni agua”, agrega.

Si bien su trabajo no le demanda suficiente energía, el largo viaje que conlleva cambiaron las dinámicas de su vida cotidiana. “Ahora ya casi no tengo tiempo para mis animales y mi casa”, destaca el operario y explica que todas esas tareas que antes eran divididas de manera equilibrada ahora sobrecargan a su esposa e hijas porque, de todas formas, “el sueldo no alcanza y a la casa hay que mantenerla”.

Su historia se repite en cada una de las familias de sus colegas. Mientras que los varones cuadruplican la participación femenina en las tareas del sector de energía, las mujeres son las que deben asumir las tareas domésticas. Las mujeres de Susques y comunidades aledañas, quienes además históricamente han sido las encargadas de gestionar la energía del hogar, hoy deben reforzar su aporte en las tareas de cuidados y/o relegar la posibilidad de trabajar de manera remunerada para sostener la unidad doméstica.

Una comunidad tan ancestral como la sal que pisamos

En la zona Salinas Grandes, las comunidades no están dispuestas a cambiar su modo de vida ni de producción. Desde 2011 se opusieron a los intentos de licitación y exploraciones mineras. Desde ese año, también, padecen la violencia estatal por haberse negado. “Acá no van a pasar porque estamos organizados”, anticipa Érica Cañari, presidenta de la Comunidad Pozo Colorado.

“Las personas mayores nos han ido inculcando a los jóvenes por qué tenemos que defender lo ancestral de las comunidades y seguimos en esa lucha”, explica la joven presidenta. Para Érica, “organización” es defender al territorio, pero también, y sobre todo: “es organizar los trabajos y mejorar la economía de la propia comunidad para que no migre nadie, para quedarnos y que vivamos bien, para que la minería no aparezca como una opción superadora”.

Érica sabe que su comunidad es tan ancestral como la sal que pisamos, por eso su lucha trasciende las generaciones: “Mis ancestros trabajaban la sal acá, hasta mi papá todavía sigue trabajando, tenemos toda una relación con ella. Nosotros, también, estamos fomentando actividades turísticas para que se conozca lo que hacemos y cómo lo hacemos”. El parador “La curva”, ubicado en Salinas Grandes, es un sitio turístico atendido por la comunidades de la zona. Allí trabajan 50 familias y reciben más de 500 autos por día: “Esta es una manera sustentable de subsistir”, explica la joven.

En los últimos tiempos, las violencias se convirtieron en una constante para desplazarlas. “Es una guerra enorme y está disfrazada”, explica la comunera, para quien decir transición energética “es un verso” ya que, en realidad, “el litio se va para otros lados, es para los países ricos. Se van a llevar nuestros minerales, los van a procesar y van a volver a vendernos a nosotros; a cambio nos dejan destruidos nuestros lugares como estos humedales donde están los salares”.

Durante todos estos años de lucha, diferentes colectivos acompañan a los pueblos de la sal para visibilizar sus denuncias. Entre ellos, Melisa Argento, del Grupo de Estudios en Geopolítica de Bienes Comunes de la UBA, trabaja con las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc hace mucho tiempo. Para la investigadora, la respuesta de las comunidades frente a la reforma constitucional no es ninguna novedad: “Hoy resisten como hace más de diez años contra el avance de la frontera extractiva de litio en sus territorios”. Explica, también, que en la zona de las salinas “nunca fue implementada la consulta previa libre e informada que regula el artículo 179 del convenio de la OIT”.

Desde su experiencia, Melisa sostiene que la minería de litio es “minería de agua” y que “destruye no solo ecosistemas, cuencas hídricas, vegas y humedales altoandinos, sino también las formas de reproducción de la vida, las actividades productivas de las poblaciones que trabajan en la ganadería, de la agricultura en pequeña escala y los alimentos que producen desde la tierra”. 

“Las comunidades están organizadas y han resistido a los primeros intentos de 2011, a las licitaciones de 2019 y a las nuevas licitaciones, como la que pasó hace muy poco, de 11 mil hectáreas del territorio que el Estado provincial entregó al capital privado”, recuerda la investigadora. Por ese motivo, la reciente aprobación de la reforma constitucional no es casual: “Lo que vemos es que atenta directamente contra las herramientas de defensa y de protección de la tierra de estas comunidades porque se avanza sobre sus personerías jurídicas, porque se avanza legitimando el desalojo y la no entrega de títulos territoriales y porque, básicamente, el gobierno provincial tendría todos los territorios y la regulación de los pueblos indígenas”, denuncia.

La vida y la muerte, un círculo sagrado que une la tierra con el cielo

Es sábado y la represión en el corte de ruta de Purmamarca, Jujuy, cumple una semana. El sol pega fuerte en los rostros curtidos por el frío y por el fuego de la noche anterior, de las noches anteriores. Contra todo pronóstico, el espíritu colectivo está intacto porque saben, en lo profundo, que la vida siempre vuelve a resurgir.

Una caravana de autos se aproxima. Llegan los restos de Felipe Mamani, uno de los primeros maloneros que, en 1946, viajó a pie con hermanos y hermanas kollas hasta Buenos Aires en el primer Malón por la Paz para reclamar al presidente Juan Domingo Perón la titularidad de las tierras preexistentes al Estado.

Su presencia de 97 años necesita traspasar a otro plano y comienza la ceremonia. “La coca, para nosotros, es una medicina, es una abuela, una sabia. Nos conecta con nuestra cultura, con nuestra memoria histórica, con el corazón de la madre tierra, con el espíritu del aire y de los elementos”, expresa el Chaski Nelson durante la ceremonia. Proveniente de Abra Pampa, al norte de la provincia, cuenta que a la coca “la han sembrado nuestros abuelos de distintos pueblos amazónicos, quienes han logrado la conexión con este espíritu de la mamá coca y luego lo han ido trasladando”. Nelson mira atentamente el fuego: “Esas hojas de coca solo se queman cuando un alma viaja. Es una conexión, un puente, entre esta dimensión y la otra. Al quemarla se da aviso que un alma está de viaje para que sea bien recibida”, asegura.

Los pueblos de la sal saben de despedidas y de encuentros, saben de agradecimientos y ofrendas, de dejar ir y de resistir, saben de conservar sus territorios con la guía de sus ancestros. Conservar, eso que hace la sal desde el principio de los tiempos.

* Esta crónica fue publicada originalmente en LatFem, la misma fue realizada en el marco del taller “Energía, economía y ambiente. Miradas feministas desde Latinoamérica”, organizado por el Observatorio Petrolero Sur y LatFem.

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• Por Camila Parodi | Fotos: Julio Carrizo / BePe

Francisca Beatriz Perea, conocida como “Keti”, es integrante de la Asamblea Fiambalá Despierta. En su relato, cuenta que durante el año 2016 comenzó a circular el rumor sobre la posible instalación de un proyecto de extracción de litio hasta el momento desconocido en la ciudad de Fiambalá. Recuerda, también, que rápidamente algunas vecinas comenzaron a reunirse y a exigirle a las autoridades locales explicaciones al respecto. Al año siguiente, los rumores se confirmaron y la llegada de la empresa Liex S.A (subsidiaria de Neo Lithium de origen canadiense) fue inminente: camionetas y camiones inspeccionando el territorio sin pedir permiso. Desde entonces, la Asamblea levanta la voz de quienes eligen cuidar el agua y la vida: “Fiambalá Despierta es la esperanza. Queremos que un día toda la población de Fiambalá despierte realmente ante lo que están haciendo.  La falta de agua va a modificar nuestras vidas, porque sin agua no hay vida en ningún lugar del planeta”, se lamenta Beatriz.

Por sus paisajes únicos, Fiambalá es uno de los lugares privilegiados para el turismo en la provincia de Catamarca, ubicada al norte de la Argentina. Este excepcional territorio semidesértico cuenta con aguas termales y la duna más alta del mundo. A su vez, está rodeada por 19 volcanes ubicados a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, en lo que se conoce como “la ruta de los seismiles”. Allí se pueden apreciar los volcanes Pissis y Ojos del Salado, que están a 6.882 y 6.864 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Pero no sólo eso, también en sus lagunas, salares y glaciares de altura se encuentra gran parte de la concentración de agua dulce de la zona que, además, funciona como reserva de la biósfera para investigación a nivel global.

El megaproyecto de extracción de litio se estableció en una zona de salares conocida como “Tres Quebradas” (3Q) y de allí lleva su nombre. Se trata de un área de protección que se encuentra determinada por la Ley 5.070 de la Provincia de Catamarca. A su vez, integra el subsitio Sur Ramsar, una red que refugia humedales reconocidos a nivel internacional. En el área, precisamente, se encuentran seis lagunas altoandinas con valiosas especies con problemas de conservación, tal es el caso del flamenco andino.  A pesar de estas legislaciones, el Gobierno de Catamarca dio el aval para que la empresa pueda diseñar y operar pozos de evaporación piloto, así como también montar los laboratorios y campamentos que crean necesarios durante la etapa de exploración.

En 2021, este proyecto que comenzó en manos de la empresa canadience Liex S.A fue absorbido por la empresa china Zijin Mining. Hoy, la compañía asiática avanza velozmente sobre el territorio que abarca unas 35.000 hectáreas con el fin de producir más de 20.000 toneladas anuales de litio (LCE) para baterías.

Natalia Sentinelli es arqueóloga, doctora en Cs. Antropológicas e integrante del equipo de investigación de la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres (BePe). Sobre la actual etapa explicó: “Si bien el proyecto se encuentra pasando de una etapa de exploración a una de explotación, hay que tener en cuenta que, durante la exploración, en el caso de la extracción de litio en salmueras, implica la extracción de grandes volúmenes de agua porque justamente tienen que hacer las pruebas sobre las capas subterráneas, hacerlas decantar y evaporar luego”. 

Al momento, da cuenta la arqueóloga de que “los impactos ecosistémicos ambientales son de gran magnitud a nivel local, pero también regional y global. Una de las lagunas en donde habitan varias especies migratorias podría desaparecer”. Para la investigadora, necesariamente, los impactos registrados hasta ahora van a profundizarse en la etapa de explotación.

“En los meses de abril y marzo veíamos circular los últimos camiones cargados con las uvas hacia las bodegas”, recuerda Beatriz con una nostalgia que es reciente, “y ahora lo que vemos son flotas de camiones circulando permanentemente por las rutas, cargando maquinarias y todos los insumos para las mineras”. Tan sólo pasaron seis meses desde que Zijin Mining llegó a Fiambalá, sin embargo, denuncia Beatriz que el paisaje ha cambiado mucho: “Nunca imaginé que el deterioro sería tan rápido y visible”. Explica que los trabajadores chinos de la empresa se encuentran instalados en Fiambalá y afectando, también, al turismo que se acerca curioso. “Han copado gran parte de los complejos de cabañas que antes se los alquilaba para los turistas que nos visitaban”, expresa Beatriz.

Según el Censo 2010, en Fiambalá habitan más de 4.500 personas (INDEC) quienes, principalmente, trabajan en la producción de alimentos y tareas asociadas al turismo. Allí las familias campesinas producen vino a gran escala y trabajan el algarrobo con sus múltiples propiedades. “En Fiambalá tenemos turismo, producción de vinos orgánicos de altura, es un lugar único. Si se llevan el agua lo vamos a perder todo, nuestra vida y la de toda la flora y fauna de la zona”, asegura Beatriz. Recuerda que, en una reunión de productores y productoras que se realizó hace unos meses, allí “todos coincidían en que falta agua para mejorar la producción”. Y explica: “son estas mismas empresas las que nos están consumiendo el agua, evaporan millones y millones de litros de agua para extraer el litio y nuestros ecosistemas van a ir cambiando”.

Por su parte, Natalia explica que ambientes como el de Fiambalá -considerados como “desiertos”, en el mal sentido de la palabra – son “altamente productivos y lo que se está perdiendo, en realidad, es la sostenibilidad de las funciones de los ecosistemas” que, incluso, resultan “muy interesantes para pensar especialmente en un contexto de cambio climático”.

La ciudad de Fiambalá se encuentra en un valle y es conocida también como “El Bolsón de Fiambalá” por su vegetación verde que contrasta con el desierto que la rodea. Esta distinción es por el paso del río Abaucán proveniente de la cordillera de los Andes, que distribuye su amplio caudal entre las provincias de Catamarca y La Rioja. Su nombre se debe al pueblo originario que habitó el territorio de manera ancestral, los abaucanes, quienes han sido quitados de la historia oficial de la localidad.

“En Fiambalá tenemos turismo, producción de vinos orgánicos de altura, es un lugar único. Si se llevan el agua lo vamos a perder todo, nuestra vida y la de toda la flora y fauna de la zona”Beatriz, Asamblea Fiambalá DespiertaTuit

Para la arqueóloga, este accionar no es casual: “Muchas veces escuché decir a las autoridades locales que ahí no vivió ni vive nadie, que si no fuera por los campamentos mineros no habría nadie”. Sin embargo, explica que existen algunos sitios arqueológicos que evidencian la existencia de corrales de animales en la zona. “Posiblemente estos territorios podrían haber funcionado como rutas de tránsito de caravaneo transcordillerano. Incluso pudo haber sido un lugar de pastoreo estacional, porque las caravanas suelen asentarse en donde hay pasturas para que los animales coman”, sostiene la arqueóloga, y aclara a continuación: “Todavía no lo sabemos y hay que investigarlo ya que se trata de una evidencia irrecuperable”.

En este marco, resalta una de las dimensiones más ignoradas en el proceso: la cosmovisión de los pueblos andinos. “No nos olvidemos lo que significó y significa la cordillera para para los pueblos indígenas andinos, los ancestros habitan los cerros” manifiesta la arqueóloga. Y destaca que se trata de “ambientes muy particulares, que tienen mucho para aportar a nuestro conocimiento y a nuestras formas de vida”.

Litio: una cuestión de derechos

Como anticipamos en la historia de Antofagasta de la Sierra, ciertamente la disminución del uso de combustibles fósiles y la transición hacia energías renovables – que requieren elementos como el litio – debería ser el camino frente a la actual  crisis climática. Pero, si bien este proceso aparece de manera recurrente en los discursos de funcionarios, empresarios y organismos internacionales, hasta el momento no existen reflexiones en torno a las formas de extracción o la desigualdad social, económica y ambiental que genera.

Mucho menos existen políticas reales de reutilización de este mineral ni informes genuinos que presenten los impactos ambientales. Por eso, a los ojos de quienes habitan los territorios del llamado “oro blanco”, las fuentes de energías que ocupan el litio no tienen nada de “limpias”. Por eso, para que la transición energética sea un proceso justo es necesario incorporar un enfoque de derechos, así como el cumplimiento efectivo de los numerosos convenios que se escribieron para preservarlos.

En ese marco, el equipo de investigación de BePe analizó el impacto del megaproyecto 3Q en la región de Fiambalá durante la etapa de exploración y realizó el informe “Minería trasnacional de litio en lagunas altoandinas de Catamarca: Caso Liex S.A”. Un resumen ejecutivo con perspectiva de derechos que analiza el accionar de las empresas transnacionales y evalúa la aplicación de los principios rectores, es decir, de aquellos deberes y responsabilidades en materia de derechos humanos establecidos por la ONU en 2011 para las empresas.

Sin embargo, explican en el informe, estos principios no son consolidados como obligatorios y es responsabilidad de los Estados su promulgación e implementación a través de leyes nacionales.  Allí sostienen que “tanto la extracción como la comercialización de los bienes comunes, en especial de los minerales, por parte de empresas ajenas a las realidades territoriales y culturales de los contextos donde establecen sus enclaves, implican la ocurrencia de numerosas vulneraciones de derechos”.

En este caso, el equipo realiza una tabla donde enumera los derechos vulnerados en el marco de la extracción de litio en Fiambalá. Éstos van desde la reducción de los reservorios y la salinización del agua dulce, la contaminación de los sistemas lagunas, la depredación del ambiente y el paisaje, hasta la falta de información y transparencia respecto a la consulta previa, la desigualdad en la toma de decisiones y la persecución y represión política, entre otros. 

“Lo que denunciamos -explica Beatriz- es la falta de información”. Sostiene la vocera de la Asamblea Fiambalá Despierta que “desde el principio se instalaron sin brindar la información al pueblo”. También relata que no hubo instancias consultivas: “Lo que hubo fue una charla técnica que después la presentaron como audiencia pública”.

De hecho, en diciembre del año pasado, se realizó la primera audiencia desde 2017 hasta la fecha, sin embargo, denuncia la activista que “fue todo muy armado, muy orquestado y no pudimos expresar nuestra disconformidad. Quienes pudieron hablar habían sido supuestamente sorteados y casualmente eran aquellos que salieron beneficiados económicamente por este proyecto”.

“Hay mucho miedo en nuestra comunidad” contesta Beatriz a la hora de hablar por la organización del pueblo contra el megaproyecto 3Q, pero rápidamente se responde que “tiene sentido, muchas personas trabajan en relación de dependencia para el municipio o tienen a algún familiar becado por la minera, es muy difícil. Por eso decimos que Fiambalá tiene que despertar porque si no, cuando lo haga, va a ser tarde”.

Defensoras del agua y de la vida

Si bien Fiambalá “no despertó” como las vecinas lo imaginan, existe una organización muy segura de los pasos a seguir ante el avance de la minera en su territorio. “La mayoría somos mujeres”, cuenta Beatriz, y no es un dato menor: en un contexto de cambio climático y de evidente desigualdad, las mujeres y las infancias serían las más afectadas. Esto se debe tanto por la limitación de acceso en las instancias de decisión, como por la desigualdad histórica en el acceso de recursos pero, también, en los roles y responsabilidades asumidas por las mujeres rurales que se asocian directamente con el agua, la tierra y la producción de alimentos como lo explica Claudia Korol en su libro “Somos tierra, semilla, rebeldía: luchas de mujeres por la tierra y el territorio”.

Azul Cordo es periodista feminista y junto a Paz Tibiletti y Damaris Ruiza realizaron el informe “Ellas alimentan al mundo” para LATFEM, un trabajo periodístico que profundiza sobre las causas estructurales del desigual acceso a la tierra. Son las mujeres rurales las que conservan las semillas nativas, las que protegen la riqueza biológica y las que cuidan la vida de su comunidad.  Al respecto explica que “claramente las mujeres se ven más afectadas por el modelo extractivista y el cambio climático porque son también las que primero ponen el cuerpo ante el avance de los proyectos extractivistas”.

A partir de su investigación, sostiene que las mujeres rurales “son quienes garantizan a nivel de la economía doméstica la producción y la reproducción de la vida, entonces si hay una crisis climática en esa tierra por supuesto serán más afectadas, porque son ellas las que no van a poder producir ese alimento básico para sus familias y comunidades”.

Para la periodista feminista, existe otra variable necesaria de considerar ante el avance de los proyectos extractivistas en los territorios: “Las mujeres son las más afectadas con ese mismo tipo de acciones opresivas en términos machistas y patriarcales”. Y eso se relaciona directamente con la instalación de proyectos: “Está probado, durante la instalación de mineras, de pasteras o represas en los territorios vemos que no solo se profundizan las desigualdades a nivel de relaciones de género, porque los trabajos que se prometen y los pocos que se generan son para varones. Sino también porque colaboran a la profundización de redes de explotación sexual y trata de personas”.

Como parte del diálogo entre periodistas feministas y, a modo de cierre, Azul insiste en la necesidad de incorporar a los estudios ambientalistas y, particularmente al periodismo, un enfoque ecofeminista. “En el análisis de los distintos fenómenos ambientales y, por ende, de crisis y cambio climático, es clave pensar estas problemáticas con perspectiva de género y feminista” sostiene.

Las mujeres rurales “cuidan la vida”, como expresa Beatriz en la entrevista, y no solo eso: “Nos cuidamos entre nosotras, nos mandamos mensajes, estamos atentas todo el tiempo y nos tenemos en la oración”.

La resistencia y organización de las mujeres en Fiambalá para defender la vida se replica en cada territorio amenazado por las políticas extractivistas. Las Defensoras -como sostenemos en el proyecto periodístico que lleva su nombre- “cuidan la memoria, abrazan el ser colectivo y construyen las respuestas al saqueo de nuestros cuerpos-territorios. En sus relatos de esperanza tejen las resistencias territoriales en una genealogía urgente: defender los derechos de los pueblos y de la madre tierra”.

Las defensoras “ponen el cuerpo” para la defensa del territorio y no es metáfora. El cuerpo hace parte del territorio y, por ende, de la vida. “En Fiambalá, y en el mundo, sin agua no hay vida así que no queda otra que seguir luchando”, concluye Beatriz.

*Esta nota fue producida con apoyo de Climate Tracker como parte del Programa de Mentorías en Periodismo Climático.

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• Por Daniel Guerra

El paisaje semiárido a un lado; al otro, el oleaje impulsado por un fuerte viento en toda la costa septentrional de Colombia. Bajo el calor de estas tierras aparecen algunas cabras buscando hojas verdes y, de vez en cuando, algunas personas que se dirigen a los jagüeyes, reservorios de agua dulce.  

Estar al norte de Colombia ha sido una condena para los pueblos wayúu. A pesar de tener la propiedad de la mayoría de las tierras de la alta y media Guajira, han visto por décadas cómo se desarrollan proyectos energéticos a gran escala sin que su opinión sea suficiente para cambiar el destino de su hogar. El Estado colombiano ha impuesto proyectos petroleros y mineros de gran envergadura, vulnerando territorios sagrados para la cosmogonía wayúu. Actualmente hay una deuda histórica con esta cultura, que sigue siendo amenazada por iniciativas extractivistas.

En este lugar hay 1.080.336 hectáreas destinadas al resguardo indígena wayúu. Esta figura de resguardo fue propuesta por el Estado, cuando en realidad es el Eiruku, una organización ancestral, maternal y divina, la que rige la propiedad de la tierra wayúu.

A Jepirachi, una deidad wayúu del viento, de naturaleza mutable, se le están obstruyendo sus caminos que vienen del nordeste. Una aplanadora impulsada por el viento ha llegado para quedarse. Según el gobierno de Colombia, las energías renovables aumentarán su capacidad cien veces en cinco años, pasando de 28,2 megavatios a 2.500 megavatios, y gran parte de esta nueva capacidad provendrá de los parques eólicos a desarrollarse en La Guajira.

Este hecho emociona a los más entusiastas que buscan realizar una transición energética eficaz y a mediano plazo, en especial por el actual escenario de crisis climática. Sin embargo, para muchas otras personas estos desarrollos generan graves inconvenientes en materia de justicia ambiental. Para David Rodríguez Epieyú, líder ancestral de las comunidades de Irraipa y Kulesiamana, esta es una “pelea de tigre con burro amarrado”, en la que las empresas llevan todas las de ganar mientras las comunidades se mueren de sed. 

Hasta junio de 2022 hay 26 proyectos eólicos vigentes ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), de los cuales 20 están ubicados en la región de La Guajira. Varios de estos proyectos están planteados en tierras cercanas al Cabo de la Vela, sitio turístico de la alta Guajira y lugar sagrado de los wayúu, llamado Jepirra, donde los difuntos realizan su tránsito hacia lo desconocido.

Cerca de allí está el aeropuerto del Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, con 69.000 hectáreas de extensión. Los indígenas wayúu, con un silencio acusador, observan cómo pasan por encima de su voluntad y sus creencias. Mientras tanto, la aridez, espaciada por pastizales y árboles como el trupillo domina el paisaje en este espacio. Joutai, uno de los vientos primordiales para los wayúu, sigue advirtiendo sobre los proyectos que afectan esta tierra.

Para la académica especialista en ecología política de la Universidad de Santa Marta, Andrea Cardoso Díaz, “la transición energética justa debe responder a las necesidades del territorio, no debe ser algo hegemónico, debe contemplar un diálogo público con todos los actores, así como una agenda de construcción colectiva”.

Según ella, el problema radica en que a los habitantes de esta región les ha tocado siempre defender sus derechos, sin tener la oportunidad de proponer alternativas al sistema centralizado de energía que se maneja en Colombia. Históricamente las altas esferas del poder han creído que el sistema hegemónico e interconectado es el único posible.

El caso Jouktai

En enero de 2022 el presidente de Colombia, Iván Duque, inauguró desde lo alto de un aerogenerador el complejo Guajira 1. Esta planta estuvo a cargo de Isagen, compañía generadora de energía que era propiedad del Estado colombiano hasta 2016. Este es el primer parque eólico desde el proyecto Jepírachi de EPM, empresa de servicios públicos de Medellín.

Antes de que esto ocurriera venía cocinándose una situación que habla mucho acerca de cómo se están adelantando este tipo de proyectos. Desde 1999, Juan Fernando Gutiérrez Becquet, empresario interesado en las energías renovables, fue uno de los principales impulsores de Jouktai, nombre original del proyecto Guajira 1.

Inicialmente, las empresas Acquaire —representada por Gutiérrez— y Wayúu S.A E.S.P (WESP) —que contaba con apoyo indígena—, tenían en mente el proyecto Jouktai como una forma de generar recursos para apoyar el objeto social de WESP: prestar servicios públicos básicos para las comunidades wayúu aisladas.

“Siempre puse de antemano que la comunidad fuera socia. Esa fue la consigna que se cumplió hasta que nos vimos en la necesidad de vender el proyecto”, cuenta Gutiérrez. En teoría, las comunidades iban a ser dueñas del 10% de las acciones del complejo impulsado por WESP, que inicialmente contemplaba 12 megavatios de capacidad instalada. Pero esos 12 megavatios no eran suficientes para conseguir recursos que permitieran darle cierre financiero al proyecto, a pesar de tener un apoyo inicial de capital neerlandés.

Lo que en últimas sucedió fue que el proyecto se vendió a Isagen, empresa con la que habían tenido un acuerdo interinstitucional desde 2005 para el tema de las licencias ambientales y otros procesos previos. “Lo que pasa es que estas empresas, incluida Isagen, llegan con el esquema convencional de monopolio extractivista y hacen lo que quieren con las comunidades”, menciona Gutiérrez. Según él, la relación con las comunidades por parte de Acquaire y WESP fue muy buena en todo momento.

Las retribuciones actuales que se contemplan por parte de Corpoguajira, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la UPME son realmente ínfimas. Por ejemplo, para el proyecto Jouktai, incluían un solo pago por el uso del terreno de los wayúu, así como una inversión voluntaria del 0.5% de las utilidades generadas cada año por el proyecto eólico. De igual manera, se incluye una compensación del 20% del total anual por los certificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Pero nada de esto es suficiente. Además, estás retribuciones casi nunca son en efectivo, sino en forma de proyectos productivos, subestimando la capacidad de los wayúu para manejar dineros.

Paradójicamente, según Joana Barney, investigadora y autora del libro “El viento del este llega con revoluciones”, personas como Gutiérrez “son una especie de coyotes” que se encargan de generar confianza con las comunidades y tramitar las licencias ambientales para luego vender los proyectos a grandes empresas con la capacidad financiera para desarrollarlos. Esto genera desconexión en los procesos con las comunidades y habla de la mala fe con la que muchas veces se hacen estas negociaciones. 

“La transición energética justa debe responder a las necesidades del territorio, no debe ser algo hegemónico.”Andrea Cardoso Díaz, académica de la Universidad de Santa MartaTuit

Aparte de esta situación, Barney menciona que “no hay seguridad jurídica de los proyectos porque el Ministerio del Interior hizo un trabajo mediocre por visibilizar quiénes eran realmente los líderes de las comunidades; sin contar que las consultas previas están muy mal hechas”. Este hecho ha provocado rencillas entre las mismas comunidades, además de múltiples paros y protestas que detienen el curso de los parques eólicos, dejando insatisfechas tanto a las comunidades como a las empresas.  

En el campo científico también existen muchos vacíos. Según Juliana Arbeláez, experta en modelamiento climático y procesos ambientales en Colombia, “no conocemos nuestro territorio en datos, como se necesita, para poder hacer una línea base. En términos climáticos hablamos de tener 30 años de registro para entender el patrón climático de una región. Eso es algo que Colombia apenas empezó a hacer”.

Según Arbeláez, al no contar con estos datos de línea base sobre ecosistemas y biodiversidad no hay transparencia a la hora de emitir las licencias ambientales. “Son las empresas consultoras las que hacen los estudios y estas hacen lo mínimo para cumplir con los procedimientos legales que necesita el proceso”, comenta. Esto produce que se lleguen a aprobar permisos ambientales con estudios de aves que duran, por ejemplo, una semana, cuando estos deberían tener en cuenta patrones estacionales de largo aliento.

El cementerio Warepep

De las cuatro comunidades que fueron consultadas para el proyecto Guajira 1, Mushalerrain, Taruásaru, Lanshalia y Jotomana, en el Cabo de la Vela, esta última decidió retirarse del proyecto sobre la marcha. Isagen decidió no incluir el territorio de esta comunidad y seguir adelante con el proyecto.

Al realizar un nuevo trazado del parque eólico no hubo una nueva consulta con las comunidades, sino que se empezó a darle forma al complejo. Por esta razón un cementerio wayúu del territorio Warepep fue cercado —aprisionado— por parte del proyecto de Isagen. El sitio sagrado está a menos de dos calles de distancia de uno de los aerogeneradores.

Denys Velásquez, quien es una de las representantes de la comunidad, decidió poner una tutela por la vulneración de sus derechos. Esta demanda fue admitida por un juzgado de familia de Maicao y está en curso en este momento. Lo que busca esta petición es que se hagan consultas previas con los vecinos de los proyectos antes de realizar cualquier intervención. 

Juan de Dios Alarcón Uriana es el líder wayúu del territorio Warepep, aunque reside en Manaure. Sentado en su silla mecedora de madera reconoce que los proyectos eólicos sin duda llegaron para quedarse, “lo importante es que haya acuerdos con la comunidad, con los viejos y que sean acuerdos con compromiso”, comenta. Muchas veces las empresas llegan a darle “contentillos” a unos y a otros no y “el wayúu es muy celoso, no se le puede dar a una sola comunidad porque todos somos un solo territorio”, remata Alarcón Uriana. 

“Lo importante es que haya acuerdos con la comunidad, con los viejos y que sean acuerdos con compromiso.”Juan de Dios, líder wayúu del territorio WarepepTuit

Este pensamiento coincide con el de David Rodríguez Epieyú, quien enfatiza en la necesidad de que el gobierno y las empresas hablen con la verdad. Para los wayúu la palabra no tiene escritura, lo que se dice se cumple. Las empresas, con artimañas, dicen unas cosas y hacen otras. Para David estos proyectos deben “entender el sistema normativo wayúu y respetar a las autoridades tradicionales”. Este líder ancestral clama, por encima de todo, por agua para las comunidades a su cargo.

El viento, que es solo uno para los arijuna, personas foráneas en wayúu, para esta cultura ancestral del norte de Colombia y Venezuela tiene múltiples caras, personalidades y caminos. Jepirachi, Jouktai, Palaapajat, Aruleeshi, entre otros, son deidades mutables, a las cuales no se les puede poner una barrera, en este caso en forma de aerogenerador.

La transición energética implica un cambio real, es decir, necesariamente hay que empezar a mirar las cosas desde un punto de vista polisémico, mutable. La hegemonía del carbón y los combustibles fósiles no puede ser la referencia para el nuevo mundo que se está intentando crear.

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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• Por Alma Zamora

Edgar Ricardo es un joven de 19 años de edad que vive a 10 minutos de un pozo petrolero en la comunidad del Paso del Correo. Ha visto cómo los habitantes que residen a tan solo 5 minutos de estas perforaciones están siendo afectados por los malos olores, la escasez de agua y los problemas a la salud. Él agradece a Dios que en su pueblo todavía tengan acceso a agua potable, sin embargo, reconoce que existe un riesgo y que podrían quedarse sin ese líquido porque los pozos están contaminando las zonas cercanas al río Tecolutla, del cual también depende su comunidad.

El municipio de Papantla está ubicado al norte del estado de Veracruz. Los ríos Cazones y Tecolutla son parte de la identidad de sus habitantes, al igual que el cultivo de vainilla, la cual es nativa de la región. De hecho, Veracruz es el principal productor con un 70% de producción a nivel nacional. Además, posee abundante fauna y flora y también es rico en hidrocarburos, por eso es una de las principales zonas donde se extrae y explora gas y petróleo.

Los hidrocarburos forman parte de combustibles fósiles como el petróleo y gas natural, los cuales a nivel mundial son responsables de desencadenar la crisis climática. El 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero de México corresponden al dióxido de carbono (CO2) y, del total de ellas, el 64 % viene del consumo de combustibles fósiles.

Frente a todos los antecedentes, varios países – incluido México – adoptaron el Acuerdo de París en la COP 21, realizada en 2015, comprometiéndose a mantener la temperatura por debajo de los 2°C y a hacer el mayor esfuerzo para que no sobrepase los 1,5 °C. De esa forma, estas naciones deben generar estrategias para transitar desde las energías convencionales (carbón, gas, petróleo, entre otros) a las no convencionales (eólico, solar, geotermia, energía marina) en su matriz energética.

La maestra en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Graciela Rivera Camacho, comenta que para que eso sea una realidad en México se necesita de apoyos internacionales, del gobierno local o privados para impulsar la investigación y poder integrar las energías no convencionales a la red eléctrica nacional.

De esa forma se puede avanzar con paso firme en la transición energética, aunque muchos reiteran la importancia de considerar la justicia socioambiental. Así lo asegura la abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), Yoatzin Popoca Hernández: “Creo en la posibilidad de que se pueda hacer una transición energética justa, pero para poder alcanzar justicia social tenemos que escuchar a las personas. Tenemos que tomar en cuenta absolutamente a todos los sectores de la población qué necesitan ser tomadas y tomados en cuenta en estos procesos”, señala. 

Sin embargo, en algunos lugares se sigue fomentando más el uso de técnicas y fuentes de energía que generan elevados impactos en las comunidades locales, tal como ocurre en el municipio de Papantla. Allí se extrae gas de lutitas a través de una técnica llamada fracturación hidráulica o fracking, que permite obtener el gas y el petróleo que están atrapados en poros de rocas poco permeables que se encuentran en yacimientos de lutitas bituminosas, mejor conocidos como yacimientos no convencionales.

Estas formaciones de lutitas se encuentran en profundidades de entre uno y cinco kilómetros, por eso es necesario un tratamiento más complejo, a diferencia de los yacimientos convencionales, ya que en estos el hidrocarburo fluye de manera natural a los pozos.

Además, para el fracking se necesitan entre nueve y 29 millones de litros de agua, de acuerdo al libro “Agrietando el futuro. La amenaza de la fractura hidráulica”. La encargada de la cadena productiva de hidrocarburos es la empresa estatal Petróleos Mexicanos, la cual es la novena empresa a nivel mundial en producción de emisiones desde 1965, según un estudio realizado por el Climate Accountability Institute por Richard Heede.

Mientras tanto, en las zonas rurales viven cerca de 2.500 personas, de las cuales solo el 44, 37% cuenta con abastecimiento de agua potable, es decir, más de la mitad de los pobladores del estado de Veracruz no tiene acceso a este elemento en sus hogares, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua (CCA). No obstante, se siguen destinando grandes cantidades de agua a estos proyectos.

Papantla, entre las zonas más afectadas

El fracking podría estar afectando a 118 municipios en siete estados de México: Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Coahuila. No obstante, sería muy difícil saber con certeza cuántos pozos activos hay en México ya que, según ha denunciado la Alianza Mexicana contra el Fracking, se ha hecho fractura hidráulica en yacimientos convencionales y la información que presenta el gobierno sería contradictoria e incompleta.

Basándonos en la solicitud de información con número de folio 1857500000714, gestionada por CartoCrítica, hay 924 pozos perforados desde 2003 en México, pero hay que considerar que está técnica se comenzó a realizar desde el 26 de enero de 1996 en el país. Aun así, de las 924 perforaciones, 349  están en Veracruz y 172 en el municipio de Papantla que cuenta con 73 comunidades.

En esta región se desarrolló la cultura totonaca, la misma que en tiempos prehispánicos construyó el Tajín, que significa “ciudad del trueno”, un lugar inscrito como Bien Cultural en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en 1992. Por ello la región de Papantla es reconocida como Totonacapan – zona en la que se desarrolló la civilización totonaca – , siendo incorporada también al programa Pueblos Mágicos en el año 2012 por su gran diversidad cultural y natural. 

Edgar Ricardo, quien es campesino, mecánico y promotor de la Tosepantomín (Cooperativa de ahorro y crédito), señala que “nosotros los jóvenes nos enfrentaremos a las consecuencias del cambio climático. Además, se vienen tiempos en los que se va a poner más dura la situación. Si es que no se para ahorita se va a poner más grave en un futuro”.

Los impactos ambientales que han denunciado los mismos habitantes corresponden a la contaminación del aire, los constantes incendios provocados por los derrames petroleros, la contaminación de los mantos acuíferos, así como la pérdida de biodiversidad y paisajes naturales. También se han registrado impactos en la salud, donde serían las mujeres las más afectadas por las altas cantidades de sustancias químicas tóxicas que se utilizan en las perforaciones.

Algunos de los químicos que usan, como el bisfenol A, son disruptores endocrinos (contaminantes ambientales que modifican el comportamiento de las hormonas). En efecto, la exposición a estas sustancias se relaciona con el cáncer de mama. También los efectos del fracking se asocian a problemas en la salud mental, inmunidad y en el sistema cardiovascular.

Por otro lado, las mujeres están propensas a tener partos prematuros; los bebés nacen con bajo peso (al estar expuestos al arsénico) y podría generar anomalías congénitas.

Otro ejemplo claro de los impactos ambientales de la fractura hidráulica fue los sucedido el 4 de junio de 2022 en Papantla, donde un ducto de Pemex explotó y provocó un incendio que duró cuatro días.

Sin embargo, ese no ha sido el único caso porque La Vanguardia Veracruz registró en 2017 el caso de un ejidatario (una persona que tiene una tierra comunal, es decir, que la comparte con más personas) de la localidad El Remolino, en la que su parcela fue afectada por un derrame de miles de litros de petróleo. El campesino denunció lo sucedido, por lo que Pemex se llevó la tierra inservible y le prometió llevarle suelo fértil, cosa que hasta la fecha sigue sin cumplir.

De acuerdo con el Centro de Coordinación y Apoyo de Emergencias (CCAE) de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró 176 reportes de  derrames y fugas entre 2018 y 2021. De ellos, 156 fueron derrames y 20 fugas. El estado de Tabasco y Veracruz han sido los más afectados, pues se llevan el 63% de las devastaciones. Los suelos, los ríos y los mares son los principales dañados porque se esparcen sustancias como crudo, aceite y gasolina. Además, encontraron que la mayoría de los incidentes estuvieron a cargo de Pemex Exploración y Producción con 112; seguida de Pemex Logística (PLOG) con 27; y Pemex Transformación Industrial (TRI) con 37.

Para conocer a fondo los impactos ambientales, mediante una solicitud de información con el folio 330023022000399, se le pidió a Pemex Exploración y Producción (PEP) las evaluaciones de los últimos diez años, sin embargo, no hemos recibido respuesta al cierre de esta edición.

Y aunque estos impactos ambientales sean evidentes, los pueblos ejidales, campesinos o indígenas (según el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 57.921 pobladores indígenas en Papantla) no pueden oponerse a la instalación de estos proyectos y solo podrían negociar los términos en los que se llevaría a cabo.

Yoatzin explica que las empresas se respalda en el capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos, qué se llama Uso y Ocupación superficial, en el Artículo 100 que dice: “Si estás en tierras o territorios indígenas o comunidades equiparables o en territorios ejidales, tú como empresa tienes que ir a negociar con las personas”, indica la abogada.

A todo esto se suma un escenario mundial complejo: la crisis climática. Este fenómeno no solo viene con afectaciones al ambiente y a la salud, sino con una serie de impactos socioeconómicos como la pérdida de las prácticas culturales y de sus medios de subsistencia porque, como se cuestiona el joven Edgard, “nosotros como campesinos vivimos de esos terrenos, si no tenemos agua y un terreno fértil, ¿qué vamos a producir? ¿Dónde vamos a  agarrar para vivir?”.

El Gobierno mexicano apuesta a estos proyectos

Aunque la técnica ha sido prohibida en algunos países como Francia, Bulgaria y España, siendo mundialmente rechazada, en México se sigue realizando. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en 2019 que en territorio mexicano no habrá fracking y que su compromiso número 75 que hizo al inicio de su administración, de “no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”, está “cumplido”. Esto de acuerdo a la página oficial de Presidencia.

El compromiso está muy lejos de ser verdad, pues en 2021 el presupuesto que se asignaría para fracking en México en 2022 estaría en aumento, según información recabada por la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Se estima la asignación de 15 mil 212.6 millones de pesos al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, el cual contempla la extracción de hidrocarburos con el uso de la fractura hidráulica.

En esa línea, también solicitamos la entrevista a Pemex para conocer la situación actual de la explotación de pozos con la técnica de fracking, sin obtener respuesta, como se precisó previamente.

Asimismo, en el Congreso Méxicano del Petróleo (CMP) 2022, Ángel Cid, director de la división Exploración y Producción de Pemex anunció que se explorarán pozos para extraer gas en el norte de Veracruz en la plataforma de Tuxpan y en las cercanías de Ixachi.

Las fracturas de la actual Reforma Energética

Edgar lamenta que esos megaproyectos hayan llegado sin el permiso o la autorización de las comunidades porque es “como quitarle el patrimonio a la gente, prácticamente, porque si le quitan la tierra a un señor, a una señora ¿qué le van a dejar a sus hijos? Esos hijos somos mi generación”.

La abogada Yoatzin explica que, debido a la Reforma Energética de 2013, si una empresa quiere realizar un proyecto para perforar pozos de yacimientos no convencionales, tiene que hacer un contrato a través de las rondas de licitaciones, una evaluación de impacto ambiental, la presenta ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y se sube a una gaceta en Internet con acceso al público. Sin embargo, pocas personas saben de la existencia de dicha documentación.

A partir de la publicación de la mencionada gaceta, un ciudadano tiene 10 días hábiles para solicitar una consulta pública ante el ASEA, la cual se encuentra en la capital de México, lo que implicaría cuatro horas de viaje desde Papantla. La solicitud se debe hacer presencialmente, lo cual constituye un reto para las comunidades más alejadas.

Una vez que se logra abrir una consulta pública, los solicitantes tienen que hacer comentarios sobre la manifestación de impacto ambiental, pero ese documento solo se puede consultar en físico y se cuenta con un plazo de 20 días para realizar comentarios al respecto. Ante todo este procedimiento, la abogada Yoatzin señala que “yo pensaría que es muy poco común que llegue a las comunidades” la información previa, libre y adecuada del proyecto, además de la complejidad al leer el documento.

Como explica la ingeniera Graciela, de partida, el contenido es enrevesado y hay muchas consideraciones a la hora de evaluar la totalidad del proyecto, partiendo por el área en la que se instalará “porque no es solo hacer un pozo y ya”, se tiene que medir el impacto de las construcciones, del transporte, cómo afectará la ruta, observar si el área ya estaba afectada o no, si se quitara la cobertura vegetal, entre otros detalles.

Esto hace visible la urgencia de cambiar la actual Reforma Energética, la cual modificó varios artículos de la Constitución Mexicana en la que indican que el petróleo sigue siendo de la nación, pero empresas privadas y públicas, internacionales o nacionales podrán hacer exploraciones.

En este sentido, Yoatzin señala que “la reforma energética del 2013, para mí y para otros autores, fue la legitimación del despojo. Se habla de soberanía nacional, de que los hidrocarburos siguen siendo de la nación”, un discurso que “han mantenido desde la expropiación, hace 80 años, de que el petróleo es igual a nacionalismo, a unidad. Además, el petróleo es símbolo de modernidad, abundancia, desarrollo y evolución”.

Defender el territorio para vivir

Así como Edgar, hay muchos jóvenes que están interesados en defender su territorio e impedir que la contaminación tenga un impacto mayor en sus comunidades. En mayo de 2016 se reunieron 80 juventudes de diferentes zonas con la finalidad de adquirir conocimientos y herramientas teóricas y prácticas de lo que es el fracking. Al finalizar el campamento, las juventudes se pronunciaron a favor de la vida y a la protección de la memoria y el legado de sus abuelos.

Desde 2009, abuelos, abuelas, madres y padres han tomado acciones contra los proyectos, como el bloqueo de los accesos a las instalaciones de distintos pozos petroleros para exigir el pago de los daños a sus cultivos y la introducción de sistemas de agua potable a los hogares, promesas que la empresa Pemex les había hecho en 2008. Siguiendo la ruta de su lucha, en 2015 miembros de 50 organizaciones sociales, reunidos en el ejido Emiliano Zapata, construyeron la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON) como pronunciación en contra de la fractura hidráulica.

Después de dos años de pandemia, el pasado mes de mayo en la comunidad de El Remolino, se realizó el taller “Cuidado y defensa del territorio: Fracking en Papantla”, con el objetivo de reconocer la situación actual de esta técnica en el territorio, además de identificar los lugares y acciones para la resistencia comunitaria. En este encuentro asistieron aproximadamente 50 personas de distintos puntos del municipio de Papantla.

En ese taller acordaron comenzar un proceso de juicio de amparo, el cual es el último recurso que se utiliza cuando no se pudo apelar a una consulta previa, libre e informada, porque de acuerdo con Yoatzin “no hay manera jurídicamente válida para combatir estos proyectos (…) No hay más desde el punto de vista nacional y se tiene que ir a juicio de amparo”.

Pero antes de eso, aseguran, hay otros instrumentos que podrían ayudar, como el Acuerdo Escazú, tratado que busca fomentar el acceso a la información, la participación pública y la justicia socioambiental en América Latina y el Caribe. La misma región que ha sido calificada como la más peligrosa para defender el medioambiente.

“Por eso el Acuerdo Escazú es tan importante, porque tendría que elevar los estándares de derecho a la información, tendría que hacer una transparencia activa, no de solo publicarlo en la gaceta”, indica la abogada, quien al mismo tiempo lamenta que el tratado no se está implementando realmente, pese a que tiene un año de ratificación en México.

Aunque a los habitantes les queda un camino largo que recorrer, al enfrentarse a las múltiples violaciones de derechos humanos en su territorio, hay un sentimiento de lucha al organizarse para ejercer sus derechos, pese a todas las dificultades que han experimentado.

Así lo refleja el señor José Antonio Santiago Osorio, de la comunidad del Paso del Correo, quien participó en el taller para manifestarse en contra del fracking y velar por los preciados mantos acuíferos. “No estamos de acuerdo en eso y estamos defendiendo el territorio”, sentenció.

*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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Por Alma Zamora

Entre los árboles, cascadas, ríos y espesa neblina, se encuentra Cuetzalan del Progreso, una localidad denominada “Pueblo Mágico” en 2002 y reconocida como una de las “Mejores Villas Turísticas” en 2021 por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Su mística y recursos naturales atraen a cientos de turistas cada año y a empresas que buscan instalar minas, pozos de fracking e hidroeléctricas en la zona.

Ofelio Julián Hernandez, integrante de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Tosepantomin de la Unión de las Cooperativas Tosepan y miembro del Consejo Maseual Altepetl Tajpianij, cuenta que desde el 2010 se han organizado para impedir el establecimiento de los “proyectos de muerte”, como los han denominado, porque amenazan sus ecosistemas y la vida de las comunidades. Esto incluye desde acciones legales en contra de la minería a cielo abierto hasta concentraciones de más de 5 mil habitantes en asambleas.

El pueblo de Cuetzalan se ubica en la Sierra Norte de Puebla, y de acuerdo con un artículo publicado en la revista Journal de la Société des Américanistes, en la región hay 600 mil habitantes, de los cuales la gran mayoría son indígenas, incluyendo 400 mil nahuas y 100 mil totonakús.

Por ello, la comunidad está respaldada por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que salvaguarda – entre otras cosas – sus derechos a las tierras y a la autonomía. Con este convenio y haciendo uso de la Constitución mexicana, se logró generar un Ordenamiento Ecológico Territorial, que ha resultado ser una herramienta de defensa comunitaria y ayuda legal para que dicho municipio gestione el área sin afectar sus formas de vida, incluyendo medidas como la restricción y/o prohibición de megaproyectos dentro de su territorio. Sin embargo, empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que provee energía eléctrica a todo México, lo han pasado por alto, despertando la oposición de las comunidades locales.400,000habitantes son nahuas100,000habitantes son totonakus

Las luchas para el buen vivir (yeknemilis)

Los pueblos indígenas de México han sido saqueados desde la colonización europea y hoy se enfrentan al despojo de empresas extractivas que, con el apoyo del gobierno mexicano, pretenden instalarse en sus territorios para generar energía, pero ¿para quién?

Fue en 2016 cuando los pobladores nahuas, totnakús y mestizos se vieron enfrentados a la iniciativa Cuetzalan entronque Teziutlán II- Tajín, de la CFE, que buscaba suministrar energía con una subestación eléctrica y una línea de alta tensión a otros proyectos de minería, fracking e hidroeléctricas que están concesionados en la zona. El proyecto ya se había presentado tiempo atrás, y estaba dentro del presupuesto 2010- 2014 de la empresa estatal.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la línea de alta tensión tendría una longitud de 20 kilómetros, pasando en su trayectoria por terrenos de las comunidades de Xaltsinta, Colonia Cuauhtémoc, Alahuacapan, Xiloxochico, Chikueyajko, Acaxiloco y Nahuiogpan. Además, su camino atravesaba la localidad de Cuamono en la que corre el río Apulco, que ya tenía cuatro concesiones de centrales hidroeléctricas llamadas Ana, Boca, Conde y Diego.

Además, en Cuetzalan había tres concesiones de minería denominadas “Atexcaco I”, “Atexcaco II” y “Macuilquila” que estaban otorgadas por la Secretaría de Economía. Para este caso se presentó una demanda de amparo contra los proyectos y hacia la Ley Minera, ya que – como insiste Ofelio – es inconstitucional.

La población investigó las afectaciones que las líneas de alta tensión traerían a la comunidad, en la que resaltan la radiación y el hecho de que las líneas “estarían pasando y atravesando comunidades enteras, por ejemplo en el caso de Xiloxochico estarían pasando sobre una escuela preescolar”, denuncia Ofelio, quien recuerda que al finalizar una manifestación en 2016, con el fin de exigir a las autoridades municipales mayor seguridad en la región ante la delincuencia que- asegura – llegó junto con todas las concesiones, fueron al terreno en el que se proyectaba  la subestación y realizaron una cancelación simbólica al montar un campamento que duró diez meses.

En esos diez meses se apropiaron del campamento haciendo talleres. De paso, construyeron sueños, plantaron milpas como un símbolo de lucha y analizaron las actuales formas de hacer energía. Así empezaron a poner sobre la mesa la viabilidad de apostar por la autonomía energética y las energías renovables.

Aunque retiraron el campamento y la CFE no continuó con la obra, la institución pública demandó en 2017 a ocho líderes indígenas por oponerse al proyecto. Ofelio narró que, hasta el 2018, hubo hostigamientos y campañas de desprestigio en contra de las y los opositores de la subestación. Fue en 2019, en una asamblea general en la cabecera municipal de Cuetzalan, que anunciaron que la CFE había retirado los cargos hacia las y los defensores y en este año la Semarnat informó la cancelación definitiva del proyecto. Sin embargo, los habitantes no descartan que la empresa lo intente nuevamente en un futuro.

Transición energética y justicia ambiental en México

Una de las vías para mitigar los efectos de la crisis climática actual es la transición energética, cuyo objetivo es pasar de un sistema basado en los combustibles fósiles a energías renovables como la solar, eólica, fotovoltaica, entre otras. Esto cobra especial relevancia en México, que sería el 12º país que más contribuye en emisiones en el mundo.

De hecho, los hidrocarburos representan el 83,93% en la matriz de la producción de energía primaria en el país, destacando el petróleo crudo con 59,83 % y el gas natural con 23,15 %, según el Balance Nacional de Energía 2019 publicado en 2021.

Sin embargo, no basta solo con hacer un mero recambio en las fuentes de energía, ya que es fundamental considerar aspectos sociales. Por ello las iniciativas que están implementando las comunidades de la Sierra Norte de Puebla buscan lograr una transición energética justa, que involucre la justicia social y ambiental, considerando las particularidades territoriales, socioeconómicas, de género, entre otras, como recoge un informe de la ONG FIMA, CEUS Chile y CERES.

Si bien el concepto nace en Norteamérica y Europa, se ha adoptado de diferentes formas en diversos contextos. Por ejemplo, en las comunidades indígenas masehual y totonaku de Cuetzalan se contempla la creación de nuevas condiciones sociopolíticas enfocadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la justicia climática.

La energía de y para los pueblos indígenas

Cuetzalan es un ejemplo para impulsar alternativas energéticas comunitarias para avanzar hacia la justicia climática y la transición justa, de la mano de la soberanía energética. 

De acuerdo con la ingeniera Sofía García Pacheco, una de las fundadoras de la Cooperativa Onergía, existen dos narrativas de la soberanía energética. Hay una que siempre ha sido impulsada por los Estados, que tiene que ver con la nacionalización de los recursos para la nación. Aunque hablemos de soberanía en esos términos, eso no nos va asegurar que la energía se trabaje desde los derechos humanos para el acceso a la vida digna”.

Por ello, en las asambleas comunitarias locales decidieron caminar hacia dicha soberanía a través de varios proyectos, entre ellos la instalación de sistemas fotovoltaicos, es decir, dispositivos conectados entre sí para transformar la energía solar a eléctrica, y que funcionan con paneles o celdas.

En Cuetzalan han trabajado con dos tipos de sistemas: interconectados e híbridos y sistemas autónomos. Los primeros transforman la luz del sol en energía eléctrica y están interconectados a la red pública (en este caso, las redes de la CFE). El beneficio se ve reflejado al momento de pagar porque es más económico. El autónomo, como el mismo nombre indica, funciona sin estar conectado a la red pública de electricidad, generando su propia electricidad. “Las ventajas de la energía solar fotovoltaica es qué es adaptativa y flexible a los lugares donde se va a aprovechar, entonces siempre se tiene que evaluar la necesidad energética”, indica Sofia.

La ingeniera detalla que en México existe un sistema energético nacional a gran escala “que va de sur al norte y que incluso está interconectado en el sur con el sistema electrónico de Centroamérica y en el norte con el sistema eléctrico de Estados Unidos”, y que el gobierno puede elegir mayor  distribución de energía al sector industrial porque es el que “soporta la economía”, mientras que un porcentaje menor lo destinaría a los usuarios domésticos o a las economías locales.

Frente a esto, Sofía asegura que la soberanía energética  “es la apropiación de los flujos energéticos desde lo local y esto significa que nos tenemos que apropiar de las distintas formas en la que transformamos, producimos y consumimos la energía para que pueda ser de manera comunitaria y aterrizada en economías locales”.

Así lo han entendido otras personas, como Leticia Vazquez Esteban, coordinadora del proyecto de revitalización lingüística de la Unión Cooperativas Tosepan. Ella resalta la iniciativa de investigación de energía comunitaria llamada “Democratización de la Energía en la Sierra Nor-Oriental de Puebla”,  que están realizando con el objetivo de pensar sobre las formas de gestionar la energía  para el buen vivir (yenemiliks en náhuatl).

En sus inicios, se percataron que los conceptos de “energías renovables”, “pobreza energética”, “soberanía energética”, entre otros, les eran totalmente ajenos, por lo que decidieron generar un nuevo razonamiento de lo que es energía.

En estas reflexiones, Leticia y sus compañeros se dieron cuenta que “la energía está pensada simplemente en la electricidad o en todas estas energías que produce la hidroeléctrica o como en el gas con los hidrocarburos. Pero en las comunidades la energía principal y esencial es la biomasa (por medio de la leña) y luego están otros tipos de energías, como la del sol por medio la iluminación, el agua y también la energía que necesita nuestro cuerpo para moverse. Además, empezamos a hablar de energía espiritual”, indicó.

“La soberanía energética es la apropiación de los flujos energéticos desde lo local y esto significa que nos tenemos que apropiar de las distintas formas en la que transformamos, producimos y consumimos la energía”.Sofía GarcíaTuit

Después de la fase semilla, nace la Cooperativa Tonaltsin a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. De ahí comenzaron a instalar sistemas fotovoltaicos como un primer acercamiento a las energías renovables.

Pero las iniciativas suman y siguen. De acuerdo con el documental “La energía de los pueblos” (2020), en el municipio de Cuetzalan, se instalaron varios sistemas fotovoltaicos con el asesoramiento de la Cooperativa Onergía. Por ejemplo, en el hotel Tosepan Kali se colocaron 20 paneles solares con un sistema híbrido; en Tosepantomin se instaló un sistema interconectado de 30 paneles; en el centro de formación Tosepan Kaltaixpetaniloyan se estableció un sistema autónomo de nueve paneles solares, y también en la comunidad de Xocoyolo se colocaron dos sistemas autónomos en dos hogares.

Esta energía solar es utilizada principalmente en sus actividades diarias, ya sea para la iluminación a través de los focos, la conexión de sus electrodomésticos y la carga de las baterías de sus celulares. Además, ahorran el dinero que tenían destinado para pagar la luz y, al tener un sistema autónomo, cuando hay apagones por fallas eléctricas de la red, estás familias  aprovechan su banco de batería donde guardan energía. Así, no se quedan sin luz.

El cooperativista Albano Adrián Chávez indica que los ingenieros de la Cooperativa Orgenia les recomendaron que para que los sistemas fotovoltaicos funcionen bien, se deben limpiar los panales solares cada dos meses para evitar que el polvo, la tierra, los insectos o cualquier elemento impida su funcionamiento adecuado.

Pese a que uno de los argumentos más frecuentes de la CFE era que los paneles solares no iban a funcionar en esta zona por ser lluviosa y con mucha nubosidad, la ingeniera Sofia explica que la neblina opera como un filtro, entonces, algunos fotones lograrán pasar y otros no. Aunque el municipio tenga días continuos de neblina, los paneles solares funcionan, claro que van almacenando menor cantidad de energía, pero la poca cantidad de luz que pasa ayuda a llenar los bancos de las baterías de luz. 

Los retos para seguir caminando hacía la soberanía energética

Al iniciar su administración en 2018, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo 100 compromisos, de los cuales el número 73 indica: “Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz”. Este compromiso se  encuentra “en proceso”, según la página oficial de Presidencia, sin embargo, es una propuesta que no incluye las voces de los pueblos originarios del país.

Leticia asegura que los pueblos originarios no han sido tomados en cuenta al momento de presentar la Reforma Energética, la cual no fue aprobada en el Congreso, porque presentaron una iniciativa en la que distintas organizaciones  sugirieron darle más autonomía a la sociedad civil y a los usuarios en torno a la energía. Sin embargo, éstos no figuran en dicha reforma como tomadores de decisiones.

Otro reto es el mismo concepto de transición energética. Aunque es un término que se empieza a escuchar cada vez más en México, no se llega a comprender en las comunidades indígenas porque no hay traducciones de estos criterios, lo que complica la inclusión de las personas hablantes de las lenguas indígenas. En este sentido, Leticia explica que estos términos han sido construidos desde la academia y no desde las comunidades, lo que implica “estar creando conceptos desde la lengua náhuatl y totonaku, los cuales también son otros aportes porque aparte de nombrar el concepto como tal, es el significado que le da la gente a lo que se concibe”, resalta.

El estado de Puebla es uno de los cinco estados que concentran mayor población de habla indígena junto con Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Veracruz con un 61.09 %, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pese a ello, la información que distribuye el gobierno de estos temas es en español. 

La transición energética enfrenta otro reto: los precios en las materias primas porque “sigue siendo una tecnología que no es tan accesible a cualquier tipo de persona, económicamente”, indica Sofia. También mencionó que desde la pandemia por la Covid-19 empezó a existir una escasez de muchos microcomponentes y de materias primas que sustentan la tecnología porque, finalmente, las energías renovables dependen del mercado global, y hoy, “mes con mes están cambiando los precios”.

“Algo que nosotros siempre decimos que no es un tema de dinero, que nuestra lucha no es un tema económico, al final se trata de un tema de organización social”, apunta Sofía, porque, como lo menciona, no es lo mismo que una persona compre un panel solar a que lo hagan entre varias personas  porque así existiría  un apoyo económico desde la colectividad.

Finalmente, aunque aún sea un camino largo por recorrer y los retos están presentes en el proceso, las y los impulsores de estas iniciativas reconocen los aportes que están dejando en esta región para avanzar hacia la autonomía energética e ir desechando – en lo posible – las actuales formas en las que se genera electricidad.

En palabras de Ofelio, “desde la cooperativa y desde las comunidades se ha vuelto una necesidad pensar y soñar otras formas de generar energía”.

• Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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