Por Mauricio Polchi

Como si aún estuviera en campaña, con slogans vacíos y sin certezas ni detalles sobre la implementación de su programa de recortes económicos, el domingo 10 de diciembre el flamante presidente Javier Milei se dirigió a los argentinos con un discurso que duró poco más de 30 minutos. Lo hizo después de recibir los atributos de mando por parte de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, de espaldas al Congreso, sobre las escalinatas del Parlamento y de frente a los seguidores del libertario que se acercaron al centro porteño para escuchar al nuevo mandatario.

Si bien no hubo definiciones sobre las medidas que ejecutará el gobierno, ya que los anuncios se volvieron a posponer. Milei mostró las cartas y dejó varias definiciones sobre lo que se vendrá a partir de ahora en el país al ratificar que el “ajuste será de shock” y anticipar que la situación del pueblo trabajador “empeorará” en el corto plazo.

El foco de su mensaje estuvo puesto en la denominada “herencia”, y aunque no deslizó ninguna acción contra los sindicatos, solo se animó a amenazar a quienes reciben alguna asistencia del Estado. “El que corta no cobra”, lanzó en relación a las manifestaciones callejeras.

La previa

A pocos días de la asunción de Javier Milei, y mientras el libertario le sacaba filo a la motosierra que utilizará para avanzar sobre los derechos laborales, las centrales sindicales y un conjunto de organizaciones sociales de Argentina se reunieron en el Salón Felipe Vallese de la Confederación General del Trabajo.

El encuentro realizado el lunes 4 de diciembre en la sede de Azopardo, que desató la furia de la derecha, se convirtió en la primera postal unidad frente al plan de ajuste y privatización que impulsa el presidente electo. “Piqueteros y sindicalistas sellan una alianza contra el futuro gobierno de Javier Milei”, alertó al día siguiente el diario La Nación en su título principal. A tono con esa línea, el expresidente y aliado de Milei, Mauricio Macri, se sumó a la ofensiva conservadora y lanzó un duro ataque desde las redes sociales al tildarlos de “hipócritas”.

La reunión, que puso nervioso y encendió las alarmas del mileimacrismo, sirvió para presentar a las nuevas autoridades de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La foto de las cúpulas de la CGT y la CTA junto a la flamante dirección de la UTEP, se propone como un dique de contención para frenar las intenciones de la Casa Rosada sobre desregular la economía, achicar el estado y liberar el mercado. Además, se trató de un hecho inédito que sirvió para reunir a referentes de todo el ámbito sindical como prólogo a una historia que se viene y todo indica que será en una etapa de resistencia a Javier Milei y sus políticas antiobreras. Estos sectores, que por este motivo acompañaron a Unión por la Patria y apoyaron a Sergio Massa durante la campaña electoral, ahora deberán explorar un protagonismo opositor de cara al 2024.

La UTEP

El proceso de construcción de la UTEP, que lleva más de 20 años, tiene su punto de partida en la crisis y posterior rebelión de diciembre de 2001/2002. Con el despliegue del movimiento de desocupados en los barrios populares de la Argentina, la organización gremial de este sector se apuntaló en el año 2011 con la creación la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En el año 2016, junto a la CGT, la CTA y otras agrupaciones, impulsaron la Ley de Emergencia Social. Desde ese momento, se empezó a fortalecer el vínculo con las entidades gremiales y ya en diciembre del 2019 nació la UTEP bajo la conducción de Esteban “Gringo” Castro como Secretario General.

En la primera semana de enero 2023, con la participaron de unos 420.000 afiliados en más de 500 lugares de votación en todo el país, Alejandro “Peluca” Gramajo fue elegido para reemplazar a Esteban Castro como secretario general. Gramajo encabezó la lista de unidad denominada “Celeste y Blanca por Tierra, Techo y Trabajo”, compuesta, entre otros, por Dina Sánchez, la militante feminista y referente del Frente Popular Darío Santillán; Norma Morales, de Somos Barrios de Pie; Ramiro Ezequiel Berdesegar, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa y Johanna Vanesa Duarte, también dirigente del Evita.

En el acto realizado en la CGT, durante su intervención, el cotitular de la central obrera Héctor Daer indicó: “Estamos acá juntos ratificando que no hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda” por estar o no sindicalizados. En la misma sintonía, el cosecretario general de la CGT, el camionero Pablo Moyano, recordó que “hace unos años estábamos en la calle contra la reforma laboral de (el expresidente) Mauricio Macri y hoy no solo nos vuelve a gobernar el macrismo sino también el menemismo”.

Por su parte, el dirigente de UTEP Alejandro Gramajo aseguró que “en la Argentina que viene la unidad va a ser fundamental” y llamó a “no enojarnos con el pueblo cuando nos da enseñanzas” en referencia al resultado del balotaje. “No vamos a poder recuperar más el Gobierno si no hacemos una autocrítica”, agregó, y remarcó que “más allá de que a la política y a la Justicia no le guste, ahí vamos a seguir reclamando techo, tierra y trabajo”.

Si bien el objetivo a largo plazo es que la UTEP forme parte de la CGT, en lo inmediato van a diagramar un esquema de defensa frente a las tormentas antipopulares que se avecinan con el paquete de iniciativas que La Libertad Avanza enviará al Congreso a través del conjunto de leyes llamadas “ómnibus”.

Source

Source

En un contexto de ajuste, y bajo la injerencia del FMI, 50 personas fueron despedidas de la fábrica de zapatillas Gaelle. El gobierno de Macri elevó la tasa del desempleo al 9,6 por ciento, el índice más alto de los últimos 12 años.

Voces trabajadoras

Claudia está embarazada. Sentada sobre una banqueta en la entrada de la fábrica, golpea una lata de membrillo vacía con un palo de bombista. “Yo hace 23 años que laburo acá pero ahora me encuentro en la calle, con mi hijo de seis meses en la panza y sin indemnización”, cuenta la mujer que cada mañana junto a sus compañeros y compañeras se  concentra en la puerta de la planta para reclamar por sus puestos laborales.

“Sin actividad” decía el cartel que los dueños colocaron en la puerta de la planta, ubicada en el partido de Avellaneda,  el 22 de agosto. Así fueron despedidas esa mañana las últimas 50 personas que aún estaban trabajando. Durante ese mes hubo 6233 nuevos despidos y suspensiones en todo el país, casi el doble de los que se registraron en el mismo período del año anterior.

“Llegamos y estaba cerrado”, recuerda Jorge Villalba, que tiene 11 años de antigüedad en la empresa. “Nosotros ya dimos todos los pasos legales. Fuimos al Sindicato del Calzado (UTICRA), fuimos al Ministerio de Trabajo, y hablamos con todos,  porque nosotros pretendemos laburar. El problema es que este tipo viola la ley porque se aprovecha de la situación del país”, explica Villalba.

“Yo entré a los 17, este fue mi único trabajo”, se lamenta Melisa García. “Pase por todo, por todos los gobiernos, las gestiones, y esto es humillante, nos echaron de un día para otro”, agrega.

Carlos Boulaine vive en Monte Grande y tiene 25 años como trabajador de Gaelle. “Hace un cuarto de siglo que estoy acá y de repente me encontré sin laburo y en la calle”, dice angustiado. “Y yo ahora la veo complicada. Nunca me imagine terminar así, protestando en la puerta de mi fábrica. Uno siempre piensa que va a jubilarse. Encima no hay laburo, con este tema del gobierno y el ajuste no le veo una buena salida”.

La empresa Gaelle, propiedad de José Lopes, está ubicada en la calle Brasil 373 de la localidad de Piñeiro, partido de Avellaneda. Inició sus actividades en 1982. “Hace más de 30 años que nació la fábrica Gaelle, una ilusión que busca el perfecto equilibrio entre calidad y precio” puede leerse en el portal de la marca de zapatillas que hasta hace pocos días estaban produciendo para el mercado local.

Desocupación creciente

Según justificaron las autoridades de la empresa el impacto negativo en las ventas y la apertura de las importaciones derivó en esta drástica situación. También el sindicato, Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, denuncia que se han perdido unos 6000 puestos de trabajo en el sector como consecuencia de la apertura de las importaciones. Pero las cesantías habían comenzado ya en mayo de 2016, cuando desvincularon a cientos de operarios.

En un contexto de ajuste y devaluación, junto a las recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, FMI,  bajo la gestión del presidente Mauricio Macri el desempleo alcanzó un nuevo récord y llegó a 9,6% en el segundo trimestre de 2018. Mientras que en el conurbano bonaerense la cifra actual supera los 12 puntos. En igual período del año 2017 la tasa alcanzaba el 8,7%. El indicador de la desocupación actual es el más alto de los últimos 12 años,  que sólo fue superado por el registro correspondiente al primer trimestre del 2007 que era de 9,8%.

Entre las más afectadas por estas políticas de gobierno se encuentran las mujeres con el 10,8 % de desocupación. Si a esto se agrega la creciente precarización laboral, que genera la disminución del trabajo y el empleo mal llamado informal, la cantidad de personas que se hallan en una situación de vulnerabilidad crece a cada instante. Mientras tanto el gobierno ha  desaparecido al Ministerio de Trabajo, una paradoja o un signo de estos tiempos de disminución del trabajo y de los derechos laborales, favorecido explícitamente por el gobierno nacional. Como respuesta esta semana, el 24 y 25 de septiembre,  frente a estas políticas de ajuste y disminución del empleo se produjeron multitudinarias movilizaciones de protesta en todo el país, y el paro nacional de 36 horas de CTA y de 24 hs. que dictó la CGT, que movimientos sociales y agrupaciones de izquierda acompañaron de medidas activas de visibilización.

Una situación que se repite de manera cotidiana, mientras se incrementan las protestas de las y los trabajadores.

Source

Trabajadores metalúrgicos de la planta Tenaris SIAT pararon la fábrica por el despido de Alejandro Corso, mientras la empresa los persigue y sanciona de manera arbitraria. Las políticas de ajuste del gobierno han llevado a la caída de la actividad fabril, tal como se puso en evidencia en Sancor. Al mismo tiempo, avalada con la presencia del presidente, Mauricio Macri, se promovió la Expo Empleo Joven, uno más de los globos de colores, sin respuestas concretas a la masiva asistencia y con promesas de un futuro ilusorio.

Tenaris

En la actualidad, el disciplinamiento se constituye en el emblema de las políticas actuales de gobierno, con despidos, suspensiones y sin paritarias libres. Tal como vienen denunciando desde Tenaris Siat, desde hace varios meses se están aplicando políticas de hostigamiento. Los trabajadores, al igual que en abril pasado, respondieron en conjunto con una medida de fuerza que duró tres horas en la planta, para movilizarse al Ministerio de Trabajo delegación Lanús.

Mientras en Valentín Alsina los trabajadores daban respuesta al reiterado ataque que sufren por parte de Tenaris, en el Ministerio de Trabajo de la Nación el sindicato Unión Obrera Metalúrgica anunciaba el inicio de medidas de fuerza a partir del 1º de junio, por falta de acuerdo en la negociación paritaria. El secretario general de la UOM, Antonio Caló, acusaba a “la mano invisible del Gobierno” por el fracaso de las negociaciones.

En ese sentido, José Villa, uno de los trabajadores metalúrgicos de Tenaris, con 30 años de antigüedad en la empresa, contó: “La empresa incurre en sanciones arbitrarias…hoy me encontré con que no nos dejaban entrar”. Una medida sorpresiva, como también la de Alejandro Corso, que fue directamente despedido con una causa inventada, después de 24 años de trabajo, y con 53 años de edad. También explicaron que “desde que Mauricio Macri asumió el gobierno, sucede esta situación, que en algunos casos se logró revertir”. Afirman que hay una “persecusión gremial” y que se trata de una medida que se dio en momentos en que los delegados no estaban en la fábrica porque el gremio marchaba al Ministerio de Trabajo en reclamo de paritarias. Frente a esta situación, los trabajadores tuvieron una asamblea de fábrica y decidieron parar.

Denuncian que la presión empresaria no solo es contra los 150 trabajadores de allí, sino también contra los trabajadores de Campana, Villa Constitución y todas las plantas que tiene la empresa en el país. “Tenaris es Techint y es Paolo Rocca” aclararon. “Lo que piensan Paolo Rocca y Macri es tenernos de esclavos a los trabajadores”. La empresa Tenaris SIAT es parte de la corporación: Grupo Techint, un conglomerado a nivel global, localizada en distintas partes del mundo. En la planta de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, tal como puede leerse en el portal, se producen tubos de acero con costura que se usan en la industria local y se exportan. Un gigante a nivel mundial que busca producir con la mayor tasa de ganancia, tal como lo exige la ley del mercado.

Sancor

Otro de los casos emblemáticos de que el ajuste recae sobre los trabajadores es el de la empresa láctea Sancor, donde al gobierno no le quedó más remedio que salir con un plan de salvataje. Un auxilio estatal cuyas condiciones es la negociación que se está realizando con los lecheros (Atilra) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) para avanzar en posibles modificaciones del convenio colectivo de trabajo del sector. El argumento: se evalúa reducir los costos, dentro de lo cual se incluye como rubro principal “el costo laboral”.

La cita del diario La Nación es muy elocuente en detalles: “Con Atilra, ya se avanzó un paso: se convino reducir de 3800 a 1500 pesos el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social sindical. El ajuste sería aún mayor (de $ 3800 a 750) para las empresas más pequeñas”.

Oferta para Jóvenes

Este 30 y 31 de mayo se realizó la Expo Empleo Joven, “destinada a jóvenes, estudiantes, graduados de carreras terciarias y universitarias que están buscando trabajo o desean mejorar el que tienen”. Así rezaba la invitación. El resultado fue estremecedor: con largas filas de jóvenes que aspiraban a encontrar alguna salida para la búsqueda de empleo y donde estuvieron ausentes respuestas concretas, salvo pasantías y los datos de portales o correos para mandar currículums (que pueden encontrarse de la misma manera vía web). Es decir, lo que encontraron fue una pantalla detrás de la cual solo había un vacío y una nueva decepción para los más jóvenes, que son el blanco del castigo oficial con persecución, criminalización y ausencia de cualquier contención por parte del Estado.

En la Argentina las políticas públicas castigan a la clase trabajadora, mientras promueven falsas promesas con los jóvenes que buscan su primer empleo y la flexibilización laboral aparece como respuesta. Coacción patronal con la complicidad del Estado: una fórmula que emerge de la noche negra de nuestra historia.

En este año y meses en el poder, el gobierno nacional ha definido que sus políticas públicas están orientadas a desconocer los derechos de los trabajadores mientras se favorece a las corporaciones. Una situación que se viene incrementando y repitiendo con despidos, suspensiones, amenazas y sin paritarias libres. Hay un sinnúmero de políticas aleccionadoras para la clase trabajadora. El elevado costo laboral argentino fue fogoneado por los medios hegemónicos desde un principio y esa fue, también, la señal del primer acto de gobierno con lo sucedido en Cresta Roja y que luego vimos (y vemos) repetirse sin cesar: despidos, flexibilización y represión. No parece haber un fantasma peor que saber que no hay forma de garantizar la vida cotidiana, mientras el precio de los alimentos se encarece. La creciente criminalización de la protesta parece estar en consonancia con el peligro que enfrentan el mundo del trabajo, que disminuye sin cesar, mientras el gobierno nacional insiste en responsabilizar a los trabajadores por una lluvia de inversiones que se parece a la sequía: uno más de los globos de colores.

Los trabajadores, sin embargo también han comprendido que su fuerza está en la lucha del conjunto, y por ello se movilizan, a pesar de sus clases dirigentes. Así se viene sucediendo con movilizaciones, acciones de protesta y paros que visibilizan la creciente situación de crisis para los trabajadores en su conjunto.

Source

En las últimas semanas, asistimos al recrudecimiento de medidas económicas contrarias al pueblo trabajador y a un marco legal que beneficia a patrones y a genocidas. En estas líneas, una mirada en los números y en las acciones que unen a los gobiernos dictatoriales con el actual Cambiemos.

“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Estas palabras forman parte de la Carta Abierta a las Juntas Militares, que escribiera el periodista y militante Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977, un día antes de su secuestro por los ejecutores del terrorismo de Estado. Atinada proclama que contextualiza, como muy pocas piezas literarias, una dictadura militar que tuvo como principal objetivo beneficiar a monopolios nacionales y extranjeros con una concentración de la riqueza. En solo un año y medio este gobierno de Cambiemos camina por el mismo sendero que aquél  de las Tres Armas.

El resultado del plan dictatorial culminó con el éxito de una reducción de la participación de las y los asalariados en la distribución del ingreso, que continúa en baja desde entonces con una excepcionalidad destacable hacia 2015, cuando alcanzó su mayor valor con un 37,4%. Entre 2003 y 2015, la participación del salario sobre el PBI pasó del 24,4% al 37,4%; mientras que Macri en sólo 15 meses provocó un retroceso de participación salarial de 3,1 pp. Un retroceso similar al de la participación salarial sobre el PBI durante la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, que pasó del 47% en 1974 al 28% en 1983. Así, cifras equiparables a las de la Dictadura se dan también en el crecimiento de hogares pobres que entre el 76 y 1983 pasó de 2 a 25%, mientras que en el periodo Cambiemos pasaron a la pobreza 1,8 millones de personas.

También las chimeneas de las fábricas se reemplazan por tractores, exportaciones de granos y productos primarios; y se destruye el desarrollo de las economías regionales como la frutihortícola en el sur. Como en la época dictatorial, el regreso a la Argentina oligárquica de la generación del 80 quiere consagrar a nuestro país como “el granero del mundo”.

Viviendo fuera de la ley

Pero esta restauración requiere también doblegar a las trabajadoras y los trabajadores y al pueblo, haciendo blanco especialmente en sus organizaciones y dirigentes más consecuentes. Comentamos ya en estas páginas que esta dirección requiere la imposición de políticas represivas. Sin dudas, Cambiemos ha decidido fogonear medidas que lo alejan cada vez más de la defensa de la Constitución y de las leyes.

Sin embargo, no está solo en el intento de implementar el modelo. Muchas leyes emanadas del Congreso contaron con el apoyo de algunas y algunos  parlamentarios del Frente Renovador de Sergio Massa, del  PJ y también del Frente Para la Victoria.  Sea esta votación en materia de leyes laborales como de medidas económicas, sociales y de derechos civiles y políticos. La única excepción de negativa a sumar los brazos en cualquiera de estas leyes fue en la Cámara de Diputados desde las bancadas del Frente de Izquierda (FIT) y en escasos legisladores del FPV.

En las calles y en los Consejos

El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el día de las trabajadoras y los trabajadores en recuerdo de aquellos que hacia mediados del siglo XIX salían a las calles para reclamar las 8 horas de trabajo y mejores condiciones laborales en la ciudad de Chicago. Las manifestaciones fueron recibidas con un plan represivo, se llevó a juico a más de 30 dirigentes obreros y se condenó a la pena de muerte a 8 de ellos. Todos considerados “subversivos”. Una palabra que, en diferentes momentos de la historia, utilizan los patrones para denominar a quienes luchan por los derechos con la certeza de que sólo con el fin de la explotación la humanidad será verdaderamente emancipada.

Este 2017 se realizaron diferentes actividades en todo el  país. La fragmentación, lamentablemente, fue otra vez la marca del día. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se registraron cerca de cinco actividades más o menos convocantes que sumadas rondarían en un total de más de 100 mil personas.  El triunvirato de la Economía Popular y el Frente Popular Darío Santillán fueron de la partida frente el Monumento al Trabajo con cerca de 45 mil asistentes. La CGT decidió encerrarse, convocar a muy pocos delegados y realizar un acto que no duró más de 20 minutos, seguramente con las heridas que le dejó al triunviro el copamiento del palco por parte de delegados de base de diferentes sindicatos el 7 de marzo. Sectores de las CTA activaron el recuerdo frente a la carpa itinerante del congreso, el FIT en Plaza de Mayo y la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas en Av. de mayo y 9 de julio.

Mientras tanto, el Momo Vengas, secretario general de la UATRE, invitaba a Macri y funcionarios del Gobierno a festejar juntos el día de los trabajadores en el micro estadio de Ferrocarril Oeste. Este acto consolidó el acuerdo de gobierno para llevar adelante medidas de restricción de derechos laborales con bajas de salarios y deterioro de la calidad de vida del pueblo trabajador. Venegas, se sabe, legaliza desde hace rato la superexplotación de familias enteras que apenas si sobreviven con el trabajo rural. Paradójico que en ese acto se mencionara a Juan Domingo Perón, quien sancionó el Estatuto del Peón de Campo que sacaba de la esclavitud a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que vivían en situación de esclavitud. Muy paradójico (o más bien cínico), si se tiene en cuenta que el Momo Venegas garantiza desde hace muchos años que el trabajo esclavo persista aún en el siglo XXI.

Fue una semana con muchos anuncios, nuevos y viejos reclamos que tienen el telón de fondo del recambio legislativo de este año. En ese contexto, la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reapareció nuevamente intentando seducir a integrantes de sindicatos y entablando comunicación con sus seguidores a apenas unas horas de partir de gira por Europa. La duda de si se presenta  o no como candidata quedó intacta.

Por su parte, las mujeres organizadas y grupos de feministas se hicieron presentes, convocadas por la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, frente al Consejo Nacional de las Mujeres para reclamar por políticas efectivas frente al avance de femicidios y recortes de planes de protección de los derechos humanos de las humanas. “El Estado es responsable”, fue el lema de las dos jornadas que culminaron con la obtención de algunos beneficios, pero que siguen sin garantizar efectivas políticas nacionales que hagan cumplir la ley por la eliminación de toda forma de violencia hacia las mujeres que claramente deben incluir las prevenciones de femicidios. A sólo un mes del 3J #NIUNAMENOS #VIVAS NOS QUEREMOS, las feministas siguen marcando agendas concretas y concientizando a más mujeres.

Cuando la tabla del 2 es IMPUNIDAD

Volviendo a los paralelismos con la Dictadura, fue a partir del decreto de “aniquilación de la subversión” –firmado por María Estela Martínez de Perón y acompañado con la rúbrica de nefastos ministros de su gabinete como Ivansevich, Otero o López Rega– cuando se dio una vía libre a la ejecución del terrorismo de Estado en nuestro país, que se profundizó a partir del Golpe militar, civil y eclesial que este 24 de marzo cumplió 41 años.

Hoy como entonces, un proceso de degradación de derechos políticos, sociales, civiles, culturales y económicos fue sembrando el camino para que fuera posible la posterior represión y el disciplinamiento  dirigido como se sabe hacia trabajadoras y trabajadores, a sabiendas de que 6 de cada 10 detenidos-desaparecidos pertenecían a esa clase social.

30 mil detenidas/os-desaparecidas/os, más de 500 bebés apropiadas/os, 10 mil presas y presos políticos y un numero de exiliados internos y externos no muy definido.

Estos fueron los números más cercanos de las consecuencias sobre personas de las políticas represivas llevadas adelante para poder instalar un programa económico que dejó sólo algunas  de las consecuencias que venimos resaltando en estas líneas.

Los diferentes gobiernos que prosiguieron intentaron construir la impunidad para los militares genocidas y civiles que planificaron y ejecutaron el plan represivo. En estos 34 años de gobiernos constitucionales, a medida que la economía se alejó de los intereses populares, más se incrementaron las leyes de impunidad sobre los responsables civiles y militares del genocidio a la vez que se intentaron o se efectivizaron las limitaciones de derechos humanos económicos, sociales y culturales instalando nuevas formas de represión directa y normativas reglamentarias que restringen derechos.

Alfonsín instaló la “Teoría de los dos demonios” que legalizaba a la represión como una “guerra sucia” en la que hubo “excesos”. El plan era condenar sólo a algunos de los jefes máximos de las Tres Armas (las juntas de Comandantes) pero también detener a quienes estimaban como jefes de organizaciones como Montoneros y PRT-ERP. Le siguieron el Punto final y la Obediencia debida, que garantizaban impunidad para que los ejecutores materiales del genocidio no pasaran por tribunales: integrantes de grupos de tareas, oficiales de las Tres Armas, de las policías federal y provinciales, gendarmes, servicios penitenciarios y de inteligencia, todos quedaban afuera del juzgamiento. El entonces presidente, Carlos Menem, proclamó el indulto a los comandantes. Las leyes de impunidad fueron resistidas en las calles, en los tribunales nacionales e internacionales y se efectivizó en nuestro país la derogación en 2003, junto con la reactivación de los juicios que condenaron o procesaron hasta ahora apenas a 750 en todo el país.  La mayoría de ellos estarían hoy en condiciones de pedir el beneficio del 2×1. Se trata de un fallo de la Corte Suprema, que declaró aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad en el caso de  Luis Muiña, lo que sienta un precedente.

A este armado se le suma la Iglesia que, callada o a viva voz, fue cómplice de la represión y que hipócritamente en todos estos años inclinó la balanza hacia el lado del poder y sus verdugos genocidas. Una jerarquía eclesial que nuevamente acompaña la construcción de impunidad llamando a una reconciliación que no es posible. Porque los genocidas siguen en silencio sobre la suerte de las niñas y los niños apropiados que aún nos faltan y concediendo la inexistencia del genocidio.

Source

Trabajadoras y trabajadores cooperativistas fueron reprimidos por la policía bonaerense mientras intentaban ingresar al Municipio de Esteban Echeverría para pedir mejoras en los barrios.

Los millones de excluidos y excluidas del mercado formal de trabajo, los millones de expulsados y expulsadas del campo y los que aún resisten en los territorios donde el neoliberalismo parece haber rociado con sal la mancillada tierra, se ven día a día obligados a buscar un lugar en la periferia social, inventándose el trabajo, aferrándose a los programas sociales y sudando en pequeñas empresas informales que la mayoría de las veces no llegan a garantizar ni las más mínimas condiciones laborales.

Los barrios pobres, que afloraron sobre los asentamientos ocupados a finales de los ´90 por las y los desheredados del capitalismo, aún esperan la llegada de las obras de infraestructura prometidas mientras, de vez en cuando, una murga repleta de niñas y niños del lugar intentan restarle protagonismo a las carencias cotidianas. La copa de leche de las seis de la tarde también aporta lo suyo, como lo suele hacer la biblioteca recuperada durante las clases, como el mercado popular de los sábados en la canchita, como el roperito y como todo aquello que se supo sostener, muy a pesar de los discursos del gobierno oficial, para que la vida diaria de las y los laburantes sea un poco más digna.

Cientos de estas trabajadoras y trabajadores precarizados ven en la Asociación Gremial de Trabajadores/as Cooperativistas Autogestionados/as y Precarizados/as (AGTCAP), que nuclea organizaciones sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y el Movimiento Teresa Rodriguez (MTR), la posibilidad de organizarse para hacer llegar la voz de los nadies justo ahí donde molesta. Justo ahí, donde los dueños de todo, lo administran todo.

Cerca de las diez de la mañana del lunes, con un pliego de reclamos que iniciaba con la simple petición de una mesa de diálogo entre el municipio y las organizaciónes sociales y se extendía a la regularización de todas las cooperativas, mejoras en los barrios más carenciados y en los centros de salud públicos del distrito, una multitud colmó la avenida donde se ubica actualmente el palacio municipal de Esteban Echeverría.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, y viendo que la presencia de los y las cooperativistas no inmutaban en lo más mínimo al intendente sciolista y ex funcionario duhaldista Fernando Gray, una delegación intentó ingresar al edificio. Antes de lograr siquiera subir las primeras escaleras, el grupo de doce personas fue interceptado y reprimido, con palos y gases pimienta, por los efectivos de la policía bonaerense y el personal de seguridad que custodiaban desde temprano el lugar. De los manifestantes afectados, seis resultaron heridos y tres tuvieron que ser trasladados en ambulancia en carácter urgente al Hospital Municipal Santamarina debido a la gravedad de las lesiones. Los que lograron entrar aguardaron en el hall central sin ser antendidos.

Junto con la violenta represión a los trabajadores de la Línea 60 en la Panamericana que fuese consumada la semana anterior por Gendarmería Nacional y defendida publicamente por Sergio Berni y Aníbal Fernandez, la represión durante la toma de tierras en el barrio Chalcay de Plottier en Neuquén y la represión a las y los docentes en la localidad de Jardín América en Misiones, esta es una clara demostración de las políticas de mano dura que comenzaron a gestarse desde el Estado y su actual gobierno para intentar acallar las protestas y movilizaciones populares que no paran de incrementarse en la recta final hacia las elecciones de Octubre. Comicios que, para muchos y muchas, no dejarán otro saldo más que el reluciente nombre de aquel que nos recibirá con más palos y gases para todos y todas.

Source

Los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja alcanzaron un acuerdo que revirtió los despidos y el lock out luego de una semana de conflicto. En entrevista radial con el programa La Revancha, Darío Sánchez reconstruyó el acuerdo alcanzado, la evolución del conflicto y las persecuciones que sufrieron.

Es uno de los sectores que estuvo a la sombra de la producción vacuna. Sin embargo, emparejó su producción incrementando el consumo del mercado interno y las exportaciones, la industria avícola se convirtió así en un sector pujante. Pero la crisis de los últimos años dejó al descubierto los contextos adversos que atravesaron las economías regionales. El caso de Cresta Roja, fue testimonio de una época donde primó la tendencia de la caída de los precios de los alimentos a nivel global. 

Para Darío Sánchez, uno de los voceros de los trabajadores, fue posible destrabar el conflicto que finalizó tras la firma de un acta acuerdo con la empresa Raic S.A., elaboradora de los productos Cresta Roja, ya que “se logró que se escuchen realmente los reclamos”.

Luego del despido de 600 trabajadores y la amenaza por parte de la empresa de cerrar sus instalaciones e irse del país, la homologación del acuerdo en el Ministerio de Trabajo bonaerense el lunes 27, permitió la reincorporación de los puestos de trabajo. La resolución incluyó además el pago de las quincenas adeudadas así como del aguinaldo.

Según Sánchez, el acuerdo llegó luego de varias medidas de fuerza y de numerosos casos de hostigamiento contra los trabajadores. “La patronal fue tomando represalias, iniciando una persecución importante contra todos los compañeros más activistas”.

La empresa que ocupa el segundo lugar como productora de alimentos avícolas en el país, detrás de Granja Tres Arroyos, intentó amedrentarlos con denuncias policiales y el envío de cartas documento a los trabajadores que publicaban en sus perfiles de Facebook diversos comentarios sobre el conflicto. La disputa había comenzado en el mes de junio, luego de que los trabajadores de la firma avícola protestaron por el pago en cuotas de sus sueldos.

Cuando llegó la fecha del nuevo cobro, la empresa hizo un descuento arbitrario en sus haberes. “Protestamos de nuevo y la empresa nos presentó un lock out patronal. Nos cerró las puertas y nos dejó a todos los compañeros afuera”, explicó el trabajador.

Tras esa primera manifestación, Cresta Roja envió 370 telegramas de despido que fueron frenados por la implementación de una conciliación obligatoria. Sin embargo y a dos días de vencerse el plazo de las negociaciones, la empresa redobló la apuesta y mandó aproximadamente otras 300 notificaciones de despido más, explicó Sánchez.

A partir de ese momento, se sucedieron las medidas de fuerza de los trabajadores, que incluyeron el bloqueo de las dos plantas de la avícola y el corte de la autopista Ezeiza – Cañuelas y de las vías del ferrocarril Roca.

Finalmente y luego de que la empresa recibió un subsidio de 100 millones de pesos otorgado por el Gobierno bonaerense, llegó la firma del acta entre los empresarios y los trabajadores.

Sánchez destacó que tras varias movilizaciones lograron ser atendidos por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y pudieron firmar el acta, que fue ratificada este lunes en la cartera de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Source

En esta nueva entrega de los Fragmentos de historia popular argentina que publicamos mensualmente, nos dedicamos a los primeros pasos políticos de Juan Domingo Perón en la Secretaría de trabajo y Previsión luego del golpe de 1943 hasta el histórico 17 de octubre de 1945.

Para el movimiento obrero, el golpe de Estado que en 1943 puso fin al régimen fraudulento de los conservadores no pareció traer en un principio demasiadas novedades. El nuevo gobierno fue encabezado por un grupo de militares de ideas nacionalistas que veían con preocupación la posibilidad de que, luego de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, el comunismo hiciera grandes avances en todo el mundo, incluyendo la Argentina.

En su opinión, el carácter marcadamente antipopular de los conservadores no hacía sino llevar agua al molino comunista. Había que preparar al país para resistir ese avance –pensaban- y para ello era necesario un Estado que se ocupara mucho más de las demandas populares.

Por otro lado, también les preocupaba la debilidad militar de la Argentina frente a su mayor rival en la región, Brasil. Para estar en condiciones de defenderse si había una guerra con el vecino país, además de la unidad nacional, era preciso un desarrollo económico mucho mayor que el que había hasta entonces, particularmente en la industria pesada. Las políticas que los conservadores venían implementando no eran suficientes: era necesario un papel más activo del Estado en la economía.

Con esas preocupaciones en mente fue que se produjo el golpe de 1943. Su programa de gobierno era industrializar el país y restaurar la unidad nacional mediante políticas sociales más inclusivas dirigidas hacia los trabajadores. Con el mismo fin también otorgaron a la Iglesia un lugar central en la educación y en la vida pública, con la esperanza de que contrarrestara la influencia izquierdista. Entre las primeras medidas de gobierno estuvo el incremento en la persecución de los referentes comunistas en los sindicatos, pero incluso los sindicalistas moderados sufrieron acosos.

Mientras todo esto sucedía, el Departamento Nacional del Trabajo, ahora redenominado Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), recibió mayores atribuciones y comenzó a tomar numerosas iniciativas a favor de los peones rurales, obreros, empleados, técnicos y profesionales asalariados. Al frente de la repartición se designó al coronel Juan Domingo Perón, por entonces un desconocido. En su paso por la STP, Perón promovió varias medidas que superaban las conquistas que el movimiento obrero había obtenido hasta entonces.

Los hostigamientos iniciales para con los sindicatos pronto terminaron (excepto para los comunistas, a quienes se siguió persiguiendo sin tregua). Se invitó a cada uno a enviar asesores que trabajaran de manera permanente en la STP, colaborando en la confección de las nuevas medidas y presentando denuncias de abusos patronales. La secretaría también benefició a algunos sindicatos con subsidios para la ampliación de sus programas de salud y sociales.

La acción decidida de Perón se tradujo asimismo en la expansión de beneficios jubilatorios, mejores indemnizaciones por accidentes de trabajo, aguinaldos, más cantidad de días de vacaciones pagas y nuevas cláusulas de defensa de la estabilidad para varios gremios. Por otra parte, se dispuso la creación de un nuevo fuero judicial, con tribunales del trabajo a cargo de jueces especialmente dedicados a proteger los derechos de los trabajadores.

Pero acaso la medida más importante fue el decreto que reglamentaba y extendía las negociaciones de convenios colectivos por rama de actividad. Este tipo de convenios había beneficiado hasta entonces a pocos gremios y tenía alcances limitados. La nueva disposición hizo obligatoria la mediación del Estado en caso de conflictos; los convenios firmados serían en adelante de cumplimiento forzoso y se dotó a la STP poderes de policía para garantizarlo. La Ley de Asociaciones Profesionales de octubre de 1945, que convirtió ese decreto en norma firme, otorgó también a los trabajadores amplios derechos de sindicalización, incluyendo la protección de los delegados y afiliados contra cualquier represalia de la patronal. Para los trabajadores rurales las novedades fueron incluso más importantes. El Estatuto del Peón promulgado por la STP extendía derechos básicos para un sector que había estado tradicionalmente desprotegido. El congelamiento de los arrendamientos dispuesto por Perón benefició también a los chacareros sin tierra.

Hoy recordamos un Perón fuertemente identificado con los trabajadores y enfrentado con las clases altas. Sin embargo, nada de eso caracterizó sus primeros meses en la función pública. La “justicia social” y la simpatía por los obreros eran motivaciones poco visibles entre quienes dieron el golpe de 1943. Las ideas iniciales del propio Perón comenzaron siendo poco más que las de una cooperación pacífica de los diferentes sectores sociales, sin que se percibiera una clara preferencia por las clases más bajas, ni un antagonismo respecto de las más altas. Todavía en agosto de 1944 se identificó como el mejor amigo de los empresarios en su famoso discurso en la Bolsa de Comercio. No tenía en ese entonces una formación política muy definida: su pensamiento tomaba elementos de su propia educación como militar, del catolicismo social y del nacionalismo.

La febril actividad que Perón desarrolló desde la STP fue inicialmente recibida por el movimiento obrero con desconfianza y frialdad. Los hombres de experiencia sindical ya conocían las prácticas divisorias que otros nacionalistas, como Manuel Fresco, venían explorando desde hacía algunos años. Sabían que muchos de ellos habían aprendido del fascismo italiano la estrategia de conceder algunas mejoras y presentarse como si fueran adalides de las clases bajas, con el único fin de aislar y desactivar las demandas más radicalizadas del movimiento trabajador. Aunque con el correr de los meses Perón conseguiría hacer pie en varios sindicatos, todavía en 1945 estaba lejos de haberse ganado el apoyo de la mayoría del movimiento obrero, muchos de cuyos dirigentes seguían observándolo con desconfianza.

De hecho, para fines de septiembre de ese año la carrera política de Perón y su paso por la STP parecían haber llegado a su fin. En su afán por congraciarse con los trabajadores, el coronel había cosechado un furioso desprecio entre las clases altas y buena parte de los sectores medios. Había fracasado en su intento de conseguir una alianza con los radicales y, aunque apreciara las mejoras obtenidas, la CGT no se decidía a apoyarlo activamente.

A instancias de las entidades patronales y con la ayuda de la embajada norteamericana y de los principales diarios y partidos políticos, durante ese mes la oposición a Perón ganó las calles en manifestaciones multitudinarias. La situación finalmente llevó al presidente de facto, el general Edelmiro Farrell, a prescindir de sus servicios. El 9 de octubre de 1945 Perón fue forzado a renunciar a todos sus cargos y a recluirse en la isla Martín García. Nadie previó entonces (ni siquiera él mismo) que un nuevo actor político irrumpiría en la escena nacional pocos días después para traerlo de vuelta a Buenos Aires, abriendo un curso histórico inesperado que transformaría hondamente la sociedad argentina.

El 17 de octubre de 1945, detenido en la isla Martín García, Perón estaba convencido de que su carrera política había terminado y se preparaba para volver a dedicarse a sus asuntos privados. En Buenos Aires avanzaba la formación de un nuevo gabinete con la tarea de organizar una rápida retirada para los militares que dos años antes habían ocupado el gobierno. Todo parecía indicar que muy pronto se celebrarían elecciones democráticas, que seguramente darían la victoria a la UCR o a alguna coalición de partidos que la incluyera. Sin embargo, ese día la multitud actuó por cuenta propia y cambió el curso “normal” y esperable de la historia.

Fragmento del libro Historia de las clases populares en la Argentina: desde 1880 hasta 2003, Buenos Aires, Sudamericana, 2012.

Nota Relacionada:

La gravitación del comunismo en el movimiento obrero

Source