El panorama sindical se ensombrece por la muerte de tres trabajadoras y trabajadores que vieron reducidos sus salarios o perdidos sus puestos de trabajo. Mientras, jornada de ATE y numerosos reclamos en todo el país.

In Memorian

De Melisa Bogarin, compañera estatal del Inta Chaco y comunicadora social, que murió mientras intentaba explicar su precaria situación laboral en una asamblea.

De Yolanda Mercedes, docente auxiliar bonaerense, quien sufrió un paro cardíaco luego de enterarse de que el gobierno provincial le había descontado casi el 100% de su salario.

De Esteban Latorre, empleado de la Biblioteca Nacional que falleció tras ser despedido y reincorporado luego que las autoridades se enteraron de que había sido operado del corazón.

Yolanda

El gremio SOEME denunció a la gobernadora María Eugenia Vidal y al titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, por homicidio culposo, tras la muerte por infarto de una auxiliar docente en Mar del Plata, al momento que se informaba sobre los descuentos operados por el gobierno en su mensualidad.

Se trata de una portera escolar, Yolanda Mercedes, de 60 años que desempeñaba tareas en una escuela especial cuando vio que en su cuenta había $ 40, pues le habían descontado alrededor de $ 6.000.

En medio de la conmoción, el gremio se movilizó el lunes pasado en Bahía Blanca para exigir la devolución de los descuentos (hay un fallo judicial favorable que el gobierno no respeta) y se reabra la paritaria, donde con un operativo de seguridad digno de una gestión antipopular, que restringió el acceso al Palacio Municipal y a la plaza pública –donde paradójicamente se convocó a la comunidad–, la gobernadora María Eugenia Vidal realizó su primera visita a Bahía Blanca.

Trabajadores y trabajadoras del Estado nucleados en ATE sur, Lomas de Zamora, Alte. Brown, P. Perón, ocuparon la Dirección de Negociaciones Colectivas en La Plata y reclamaron la devolución de los descuentos en los salarios que el gobierno de Vidal aplicó como respuesta a un paro. “Fue terrible, hay compañeras que recibieron entre 6 mil y 8 mil pesos de descuento; casi todo el salario”.

Ya en el edificio, Miguel Garófalo, director de Negociaciones Colectivas de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), se retiró y dejó a su segundo en línea jerárquica para atender los reclamos de las trabajadoras. Sin embargo, frente a la presión de las manifestantes, Garófalo se vio obligado a dar la orden para que cargaran los sueldos adeudados y firmó un acta donde se compromete a devolver el sueldo a las y los trabajadores.

En las inmediaciones de la protesta también fueron agredidos dos trabajadores auxiliares por miembros del sindicato de SOEME, quienes según los manifestantes actuaron “como patota del gobierno de Vidal contra los legítimos reclamos”.

 Melisa

“Melisa Bogarin trabajaba en el programa ProHuerta en Chaco, una política pública de autoproducción de alimentos que gestiona el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde hace más de 25 años, con familias en situación de vulnerabilidad social.

Desde hacía más de ocho años desempeñaba tareas de comunicación y, con otros compañeros y compañeras, impulsó una red de radios escolares rurales en las escuelas a las que asistían hijos e hijas de las y los huerteros de ProHuerta, agricultores familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era su preocupación: cómo la comunicación podía servir a esos sectores para decir, para denunciar la explotación y postergación, para ayudar a organizarlos. Impulsó talleres, formó a niños y niñas y adultos, gestionó la instalación de radios escolares, elaboró proyectos con las escuelas y con organizaciones de la agricultura familiar, escribió los procesos para que sirvieran de ejemplo en otros rincones del país, los compartió, se juntó con otras personas en todo el país. Soñó e hizo lo posible, desde su lugar, por la construcción de la utopía de un país más justo e inclusivo.

Mientras intentaba explicar su situación en una asamblea de trabajadores en Chaco: por decisión del Ministerio de Desarrollo Social su contrato precarizado había sido extendido por tres meses, sin seguridad de renovación (como cerca de 232 trabajadores de ProHuerta en todo el país) y su marido Germán había sido despedido de la Secretaría de Agricultura Familiar. Mientras explicaba sus miedos por la continuidad de sus sueños de trabajo y familia, ya que les había sido otorgado el año pasado un crédito Procrear para la primera vivienda, se descompensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada al hospital más cercano para ser atendida.
Melisa Bogarin tenía 30 años y una nena que hace unas semanas cumplió un año”.

(Fragmentos de la Carta Abierta de los trabajadores de INTA)

Tercer paro nacional de estatales

Ayer se realizó la Jornada Nacional de Lucha en todo el país. En Capital Federal: se confluyó con la movilización de los movimientos sociales que marcharon desde el barrio porteño de Liniers.

Entre los ejes más importantes de la jornada de lucha se destacaron el cese de los despidos en las dependencias del Estado nacional, provincial y municipal, así como en el sector privado y frenar el ajuste y los tarifazos.

También se reclamó por el 82 % móvil para las y los jubilados, que se derogue el Impuesto al Salario, que las paritarias sean libres y sin techo; también se pidió el aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales, así como que se termine con la criminalización de la protesta social y se derogue la Ley Antiterrorista y el Protocolo Antipiquetes.

También los docentes universitarios realizaron un paro ayer en el marco del Plan de Lucha de la Conadu Histórica. Se concentraron en la Casa de Tierra del Fuego (Sarmiento 745) en solidaridad con la lucha de los docentes y trabajadores fueguinos contra el ajuste de la gobernadora Bertone.
También se desplazaron al Congreso y de allí a Plaza de Mayo, junto a estatales y trabajadores de cooperativas. Fueron acompañados por docentes porteños de Ademys, que además convocaron a parar.

La Jornada Nacional de ATE coincidió también con Jornadas Nacionales de Lucha Campesina Indígena por Tierra Trabajo y Soberanía Alimentaria que reclaman la reglamentación y asignación del presupuesto nacional de la Ley de Agricultura Familiar, un programa de regularización de tierras y territorios campesinos, rechazo a un proyecto de Ley de Semillas que favorezca a las multinacionales del agronegocio y la propiedad intelectual de las semillas y contra el vaciamiento y desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar, entre otras.

“Las provincias tienen su economías prácticamente paradas”

Se escuchó en la reunión plenaria del Consejo Federal de Trabajo que se realizó en la ciudad de San Juan la semana pasada.

Ezequiel Sabor, les transmitió a los Ministros de Trabajo provinciales que se mantendrá el Programa de Recuperación Productiva (REPRO). Se trata de un pago de una suma no remunerativa de hasta $ 2.000 mensuales por hasta 12 meses con el compromiso de las empresas de no echar a ningún empleado.

Para las centrales sindicales el reclamo a los diputados es por la doble indemnización y la prohibición de despidos. El Impuesto a las Ganancias que grava el salario pasó a segundo plano. El Ministro de Trabajo descartó que el gobierno vaya a aplicar la doble indemnización para evitar despidos, por entender que esa figura “no ayuda a generar empleo”.

El problema de Ganancias luce trivial frente a las 127.000 cesantías que contabilizó la consultora Tendencias Económicas en el primer trimestre del año y al 8,5% de desocupación que proyecta para fin de año Contexto, otro think tank en ascenso. Casi dos puntos de aumento en solo 12 meses y al cabo del semestre más inflacionario desde antes de la convertibilidad.

En la reunión que mantuvieron el miércoles pasado las 3 CGTs con Mauricio Macri, el gobierno se comprometió a aumentar los montos del seguro de desempleo, razón por la cual convocó al Consejo del salario para la segunda quincena de mayo, en el que participarían las 5 centrales sindicales.

El fin de semana, Mauricio Macri anunció la ampliación a los monotributistas de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medida incluye a 514.000 niños y sus familias. Se enviará al Congreso un proyecto para devolverles el IVA a los beneficiarios de planes sociales y jubilados que cobren la mínima, beneficiando a 8,3 millones de personas. Además, recibirán un pago de $ 500 por única vez.

Estos anuncios se suman a la inversión en infraestructura que el Presidente lanzó el martes pasado para la provincia de Buenos Aires por $ 150.000 millones y el anuncio que Vidal hizo dos días más tarde sobre mejoras en comedores, hospitales y jubilaciones.

Lo que asusta a Macri es que “la conflictividad social se desmadre”, en una Argentina que acumula una larga historia de estallidos populares y huelgas combativas.

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El 5 de marzo de 2014 el Gobierno provincial, a través de las fuerzas de seguridad de Misiones, y el Gobierno nacional, a través de Gendarmería, reprimieron a trabajadores y trabajadoras estatales, docentes, desocupados, y jubiladas.

El sábado pasado se cumplió el segundo aniversario de la brutal represión contra trabajadoras y trabajadores ocurrida en el Puente Garupá (Misiones) en la tarde del 5 de marzo de 2014. En aquella ocasión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a otras organizaciones, realizaba una protesta con modalidad de corte de ruta, luego de haber agotado las instancias administrativas para exigir diálogo con el entonces gobernador de la provincia, Maurice Closs.

El pedido era para plantear las paupérrimas condiciones salariales que las y los trabajadores estatales –tanto del ámbito de la educación como de otros sectores– atravesaban (y atraviesan aún hoy), exigir el cese de la precarización laboral y pedir empleo genuino para las y los miles de desocupados que existían (y existen) en Misiones.

La respuesta del gobierno provincial fue salvaje y anti democrática. La Policía Provincial, la Gendarmería Nacional, la Infantería, el Grupo de Operaciones Especiales e incluso los Bomberos de San Isidro, ejecutaron una represión que en su brutalidad no hizo distingos entre hombres y mujeres, y dejó como saldo varias personas hospitalizadas, entre ellas la entonces secretaria general de ATE, Nora Dedieu, y al actual secretario general, César Fariña. A la represión, le siguió la detención de 19 compañerosy compañeras, en su mayoría dirigentes de ATE y CTA. En ese entonces, no necesitaron ningún protocolo para hacerlo y en la actualidad todavía son 19 las personas con causas abiertas en la Justicia Federal.

Palos de ayer y de hoy

Las reflexiones de estos dos años para acá nos llevan a ver las continuidades más que las rupturas. Por eso, claro está, volvemos a repudiar la represión a la protesta social, que durante el kirchnerismo ya atravesó a la Argentina de punta a punta. Y que ahora, con el nuevo gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri, continúa, amparado en la reciente puesta en marcha de un Protocolo para “regular” las manifestaciones públicas, que lo que hace no es es más que pretender legitimar la represión que venimos padeciendo las organizaciones sociales combativas.

Pero como todo se transforma y se camufla, estamos siendo actualmente víctimas de espionaje organizado por las fuerzas de seguridad locales. Esta hipótesis pudimos confirmarla con la reciente infiltración de dos integrantes de la Policía de Misiones camuflados de periodistas en el acampe realizado por ATE en la plaza 9 de Julio durante el lunes.

Y en esto de continuidades, debemos reafirmar los reclamos que nos llevaron aquella calurosa tarde a cortar la ruta nacional 12: un salario acorde a la canasta familiar, el trabajo genuino para todos y todas los misioneros, cese de la precarización laboral en todos los ámbitos del Estado y el repudio a los despidos masivos que se vienen dando en la Argentina, y que buscan desprestigiar al trabajador estatal, vaciar el Estado y condenar al hambre a miles de familias.

*Es periodista, parte de la Revista Superficie y Prensa de ATE Misiones

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¿Y si fueran todas y todos ñoquis? El cronista desafía y analiza la relación entre los despidos estatales y los millones entregados a los fondos buitres. Los bonistas en default y la deuda que nunca dejó de pagarse, un panorama económico al alcance de la mano.

I

Argentina acordó pagar 1.350 millones de dólares en efectivo a una fracción de los bonistas en default. 18.900 millones de pesos a 14 pesos por dólar.

Hagamos algunas suposiciones. Supongamos que todos los despedidos en el Estado Nacional fueran ñoquis y podemos prescindir de ellos. Asumamos que hasta ahora son 8.000, que es lo que calcula ATE; y supongamos que cada uno ganaba 20.000 pesos mensuales. Por 13 sueldos el Estado ahorrará 2.080 millones de pesos al año.

Habrá que multiplicar por 9,4 los despidos, para llegar a 75.200 nuevos desempleados y lograr un ahorro de 18.900 millones de pesos, la cifra que se le entregó graciosamente, en un solo día al capital financiero y que anuncian como triunfo de la patria.

Hay más. Estos bonistas, representan apenas el 15 % más benigno de la totalidad de los bonistas que están en default. Los hay peores, verdadero tumor maligno –¡señor ministro, clínicamente peor que la grasa militante!– y son los que sostienen la demanda ante el juez Thomas Griesa.

Anticipándose a su avaricia, el gobierno realizó para ellos una oferta mejor, que aún no aceptaron en su totalidad. Por lo cual es plausible que se incremente. Según esa oferta, para pagarle a este 85 % restante, serán necesarios 6.500 millones de dólares, 91.000 millones de pesos.

Para ahorrar esa cantidad de dinero despidiendo empleados públicos, sería necesario echar a 350.000.

Según datos de 2013, la totalidad del Estado Nacional tenía 370.567 empleados y empleadas. Es decir, que para pagar solo la deuda en default, la que ya se acordó y la que falta acordar, sería necesario echarlos a todos, y aún nos faltarían 55.000 empleados públicos más.

Ahora bien, la deuda en default no es más que una bicoca. La verdadera deuda, la parte gruesa, no está en default, se paga rigurosamente. Si seguimos suponiendo, y creemos en las versiones más benignas, esa deuda es por 150.000 millones de dólares, o 2,1 billones de pesos. Lenguas bífidas elevan esta deuda por encima de los 200.000 millones de dólares. No vamos a creer en ellos.

Imaginemos que queremos pagar apenas 150.000 millones de dólares, la totalidad de la deuda externa según la gente buena, y volver a empezar de cero.

Adivina-adivinador: ¿cuantos empleados públicos deberíamos echar?

8.076.923. ¡Más de veintiún Estados nacionales completos!

Esa es la magnitud de la deuda externa y la verdad del desendeudamiento.

II

Para hacer posible el pago a los bonistas en default, es necesario algo más.

La ley 26.017, conocida como cerrojo, fue dictada en 2005 con el objetivo expreso de no reabrir ese canje. Esa ley ya fue suspendida por el Congreso en dos ocasiones, en 2009 y 2013, para permitir que entren al canje bonistas que no entraron la primera vez. Ahora será necesario que el Congreso la suspenda por tercera vez.

Ocurre que la idea de una ley es justamente que no sea suspendida. Según ese criterio,  ¿podría suspenderse por algunas horas las leyes que castigan robos y homicidios?

Un cachivache. Lo llaman seguridad jurídica.

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Durante la mañana del lunes, trabajadoras y trabajadores despedidos de la Municipalidad de La Plata se movilizaron a la puerta del municipio de la capital bonaerense para reclamar por la reincorporación a sus puestos de trabajo y en contra de la brutal represión del pasado viernes.

La convocatoria, que reunió a 5.000 manifestantes, fue acompañada por juntas internas de otras dependencias estatales, organizaciones de derechos humanos, gremiales, estudiantiles y políticas.

Pasado el mediodía, una comisión de trabajadores acompañada entre otros por Raúl Calamante (CTA), César Baliña (ATE), Nicolás del Caño (PTS-FIT) y el diputado nacional Omar Plaini (FPV) solicitó una audiencia con el Intendente Julio Garro.

Fueron atendidos por el Secretario de Gobierno del municipio Nelson Marino, el presidente del Concejo Deliberante Fernando Ponce y el Secretario General de la comuna Javier Mor Roig.

Si bien en la reunión se pactó la discusión caso por caso con participación gremial, no se revirtieron, ni se dieron garantías de cómo avanzar con los 4.500 despidos que siguen vigentes, aunque según manifestaron desde la comuna, la cantidad de trabajadores en esa situación asciende a 2.400 temporarios mensualizados.

“Es fundamental que las direcciones sindicales convoquen a un plan de lucha unificado de todos los estatales para terminar con la persecución y los despidos masivos, comenzando por un verdadero paro nacional en defensa de los más de 17.000 mil despedidos que ya hay en todo el país”, enfatizó a la salida de la reunión el ex candidato presidencial del FIT, Nicolás del Caño.

Por su parte, el secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi, adelantó que “mañana (por el martes) habrá una jornada provincial de lucha con paro y movilización en toda la provincia por la reincorporación no solo de los despedidos de acá, sino también de todos los despedidos en la provincia que son más de 8.000 y exigiendo que se ponga en vigencia la paritaria municipal y que se convoque urgentemente a la paritaria provincial y nacional”.

A los miles de despidos y la represión, María Eugenia Vidal, sumó la anulación por 180 días, vía DNU, de la paritaria de los empleados municipales de la provincia. Estableció como marco legal una vieja norma del duhaldismo que le permite a los intendentes fijar los sueldos de manera unilateral y sin paritarias.

“Este jueves los trabajadores de la provincia tenemos una oportunidad de expresar nuestro rechazo al acuerdo de despidos, ajuste salarial, endeudamiento y decretazos. Desde el Partido Obrero estamos llamando a movilizarnos a la Legislatura, donde está convocada la sesión para aprobar el presupuesto, para reclamar se dé marcha atrás con los despidos y el decreto, tal cual lo plantea la resolución que hemos presentado desde la banca del Frente de Izquierda. Iremos también junto a docentes y estatales provinciales que reclaman paritarias libres y la triplicación del presupuesto de salud y educación”, concluye un comunicado del legislador provincial Guillermo Kane.

Más de 15.000 cesantías de estatales a nivel nacional

Hasta el viernes sumaban unos 15.200 despidos, tanto del Estado nacional, provinciales y municipios, de acuerdo con la información provista por Ana Laura Lastra, integrante de la Junta Interna de ATE-Indec.

En ese organismo Carlos Todesca echó a 70 trabajadores. “Su gestión fue excelente, pero no se pueden quedar por cómo piensan”, fue la explicación que recibió Luciano Ciotti, Director de Informática de la Dirección Técnica del Indec. A fines del año pasado ya habían despedido a otros 60 trabajadores.

Mientras, el discurso de Andrés Ibarra (Ministro de Modernización) habla de profesionalización, mérito y eficacia, sus acciones van en otro sentido. En la misma semana que ponen en vilo a todos los trabajadores del Estado con un Decreto que cuestiona su continuidad laboral y los derechos adquiridos (Decreto Nº 254), con otro Decreto ingresan directamente a militantes del PRO a la planta permanente, sin mediar concurso alguno que acredite sus méritos (Decreto Nº 250), denunció mediante un comunicado el Consejo Directivo de ATE Capital.

Caza de brujas

El 7 de enero compañeros y compañeras del Ministerio de Trabajo, contratados bajo la modalidad de Asistencia Técnica, en el marco de un convenio suscripto con la Universidad de La Matanza, fueron informados de la rescisión de sus contratos (unas 100 contrataciones aproximadamente).

El lunes 4, a las y los trabajadores del Centro Cultural Kirchner, sin ninguna razón ni previo aviso, se les prohibió el ingreso al edificio para cumplir con la jornada de trabajo. Desde la oficina de Recursos Humanos explicaron que los contratos de más de 600 trabajadores “habían caído”.

El jueves pasado llevaron adelante un acto en el que participaron artistas como Kartún, Fontova, Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora; dirigentes kirchneristas como el “Cuervo” Larroque, Gabriela Cerruti, Martín Sabbatella, los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Marcelo Ramal. Referentes sindicales de la Comisión Directiva de ATE Capital, Hugo Yasky, de la CTA de los Argentinos, las Juntas internas de ATE-INDEC, entre otras.

El acto se inició con una lectura de la carta de las y los trabajadores despedidos del CCK, que señala: “Nosotros hemos sido contratados por nuestros conocimientos específicos, nuestra experiencia, nuestras profesiones y nuestras aptitudes. Desde las 17 áreas de trabajo diseñamos, produjimos y llevamos a cabo más de 3.000 actividades, 400 mensuales, gratuitas, simultáneas y de primer nivel”.

Además, más de 2.000 empleados del Senado quedaron sin trabajo por un decreto que anunció Gabriela Michetti. La vicepresidenta aseguró que había tomado “una resolución con criterio lógico”. Sin embargo, pronto se supo que entre las 2.035 personas que dejó sin trabajo había más de 50 discapacitados, que ingresaron como parte del Programa de Formación e Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Alertada de su torpeza, la titular del Senado firmó un decreto complementario para dar marcha atrás con ese grupo de cesantías, así como con las de los padres con hijos discapacitados. También resolvió rever los despidos de mujeres embarazadas.

En la medida, la titular del Senado, fue secundada por el Jefe de la bancada del FPV, Miguel Angel Pichetto, a pesar del repudio hecho público por 15 senadores justicialistas.

Tiempo Argentino revela que un instructivo denominado “Hoja de Ruta Empleo Público”, enviado a los ministerios por la flamante cartera de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, detalla un plan para relevar la totalidad de cargos estatales.

El instructivo contempla el control de todos los empleados estatales, con el fin de identificarlos, conocer sus funciones y su desempeño pero, sobre todo, aportar tres datos centrales: cuántos son, cómo fueron contratados y a qué gremios y partidos pertenecen.

Continuidad en Santa Cruz

El gobierno kirchnerista de Santa Cruz no tiene nada que envidiarle al gobierno nacional de Macri. A menos de tres semanas de haber asumido como gobernadora, Alicia Kirchner, planea ajustar despidiendo a más de 1.000 empleados provinciales.

A esto se suma la situación que enfrentan las y los trabajadores de Austral Construcciones que se encuentran bloqueando la Ruta 3, al norte del acceso a Caleta Olivia.

Les adeudan dos quincenas, aguinaldo y vacaciones a 1.800 empleados. Lázaro Báez se reunió con un grupo de delegados de la UOCRA para informarles que continuará el envío de telegramas de despido por la negativa de Vialidad Nacional a pagar $ 400 millones que reclama la constructora.

Además, en Caleta Olivia, los estibadores que bloquean el acceso sur hace dos semanas, amenazaron con subirse a los tanques de la planta de Petrobras en el puerto Caleta Paula, en reclamo del pago del fondo compensador de $ 10.000 por baja temporada.

A los dos cortes de ruta que afectan a Caleta Olivia, se suman los de Puerto Deseado, El Calafate, Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos que continúan vigentes desde el martes de la semana pasada. Además, 43 jubilados de la empresa Bolland bloquearon el acceso a los almacenes de YPF en Las Heras.

La situación en Quilmes y en la provincia de Córdoba

A menos de un mes de su asunción, el ex chef Martiniano Molina, decidió despedir a profesionales de la Psicología, la Abogacía y el Trabajo Social de la Subsecretaría de Infancia del municipio, hecho que se dio en el marco de la cesantía de más de 1.000 contratos laborales.

En la gran mayoría de los pueblos y ciudades de Córdoba, el año nuevo arrancó con subas en distintas tasas municipales. El promedio es de un 30%, pero supera el 300% en Cosquín. También hubo despidos de empleados municipales en varias localidades. El caso más grave se da en Unquillo, donde el intendente Jorge Fabrissin (Unión por Córdoba) despidió a 180 empleados. El edificio municipal permanece con custodia policial y los trabajadores han realizado varias manifestaciones acompañados por vecinos de la localidad, siendo reprimidos por la Guardia de Infantería el pasado 6 de enero.

Los “Ciriglianos” de los medios

Después de la impresionante marcha del martes 5 a las oficinas de Szpolski en Puerto Madero, y luego de una semana que incluyó paros, quite de firmas, asambleas diarias, movilizaciones y diversas acciones de difusión del conflicto, las y los trabajadores de Tiempo Argentino informaron que la patronal se comprometió a dar el viernes una fecha exacta para el pago de los haberes adeudados.

Los trabajadores de El Argentino Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Zona Sur y las revistas Siete Días y Cielos Argentinos siguen sin cobrar los sueldos de noviembre. El vaciamiento que denuncian incluye la no impresión de esas publicaciones. Hoy harán un acto en la redacción de 7 Días y Cielos Argentinos, desde las 15:00 en Malabia y Paraguay.

En el marco del conflicto que recorre a los medios del Grupo 23, los trabajadores de Radio América AM 1190, cumplieron el lunes 72 horas de retención de tareas realizada ante el incumplimiento de pago de la segunda cuota del aguinaldo y los sueldos del mes de diciembre.

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Repasamos el panorama sindical de diversos conflictos, donde se destacan las masivas movilizaciones de estatales y petroleros, trabajadores y trabajadoras de prensa y la situación de Cresta Roja.

El martes varios miles de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marcharon por el centro de la Ciudad de Buenos Aires para terminar concentrándose frente al Ministerio de Trabajo donde entregaron una carta dirigida al presidente Mauricio Macri donde se exponen las principales y urgentes reivindicaciones del gremio. Todo esto se dio en el marco de un paro nacional y de las administraciones provinciales y municipales exigiendo un bono de 5.000 pesos y la reapertura de paritarias.

Una vez frente al Ministerio, el secretario general de ATE, Hugo Godoy y el referente de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, exigieron la continuidad laboral y el pase a planta permanente de los más de 600.000 trabajadores contratados en el Estado.

En Comodoro Rivadavia más de 15.000 petroleros marcharon contra una posible ola de despidos. Ante la baja internacional del precio del barril de crudo y la posible quita de la subvención del Estado para la venta en el mercado interno, las operadoras anuncian un fuerte ajuste.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que se buscaría un nuevo acuerdo entre las provincias, los sindicatos y las petroleras, anticipando el posible cese a la subvención con la que actualmente cuenta el sector. Las petroleras no están dispuestas a pagar los costos de la crisis, después de años de ganancias exorbitantes. Por su parte, las y los trabajadores inmediatamente mostraron su descontento y comenzaron a organizarse en sus lugares de trabajo mediante asambleas para exigirles a sus representantes sindicales acciones concretas.

En la edición del lunes de El Patagónico, los trabajadores denunciaron que “Tecpetrol anticipó la suspensión del 40 por ciento de sus operaciones, Sipetrol demora activar un equipo perforador, Pan American suspendió actividades de 15 equipos perforadores y 26 workover licenciando a 1.400 trabajadores, finalmente YPF suspendió actividades de dos equipos perforadores y dos workover, licenciando a 400 trabajadores”.

A la marcha de ayer se sumaron distintos sectores, desde cámaras empresarias locales, hasta los gobiernos municipales de la zona y el propio gobierno provincial.

El próximo 15 de enero vence la actual subvención al barril del petróleo, por lo cual deberán tomarse decisiones urgentes.

Movilización contra el vaciamiento del Grupo 23 y por el pago de salarios

Los trabajadores del Grupo 23 realizaron el martes una movilización al Ministerio de Trabajo. Denunciaron que la empresa debe el salario de noviembre, varios meses de colaboraciones y comisiones a más de un centenar de trabajadores y trabajadoras de prensa, además del pago del aguinaldo de diciembre.

A través de un comunicado, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) llamaron a acompañar esta convocatoria: “los incumplimientos en los que incurre la empresa buscan que las y los trabajadores de prensa sean los que paguen las supuestas crisis patronales y, además, ponen en riesgo los puestos de trabajo en todo el Grupo 23, en el que se desempeñan más de 800 trabajadores según sus responsables, los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. El Grupo 23 edita los diarios Tiempo Argentino y El Argentino (más sus zonales: Norte GBA, Sur GBA, Mar del Plata, Rosario y Córdoba), y las revistas Cielos Argentinos y 7 Días. También controla el canal de noticias CN23, el portal Infonews y las radios América, Splendid, Rock & Pop y Vorterix, entre otros medios”, expresaron.

Ante el incumplimiento en el pago del medio aguinaldo y en rechazo a la propuesta de abonarlo en 3 cuotas hubo paro en Radio América hasta las 20 horas del 24 de diciembre.

La falta de pago del aguinaldo también se registró en otros medios como Radio Splendid, Radio Del Plata, Radio El Mundo, Radio Rivadavia, Radio UBA y Radio Madres, quienes se sumaron a la movilización del martes.

Propuestas para Cresta Roja

A la fecha han aparecido 5 posibles compradores de la empresa Cresta Roja, todos competidores directos de la marca: Granja Tres Arroyos, que lidera el mercado avícola; la entrerriana Soychú, que figuraba tercera en el ránking detrás de Rasic; Noelma, otra avícola de Villa Elisa, y OvoProt, una importante procesadora de huevos. La quinta oferta quedó descartada: era la de una empresa rosarina, Vecchio, que solamente propuso hacerse cargo de una de las dos plantas.

Ninguna promete absorber a los más de 3.000 puestos de trabajo. Solo hablan de 700 a 1.000 puestos posibles, apenas 30% de los trabajadores de la planta. A los demás se les ha ofrecido un retiro voluntario con una paga del 50% de lo que en realidad deberían cobrar de indemnización, aunque no está claro quién se haría cargo de este monto o cómo y cuándo se abonará. Frente a todo este escenario la jueza a cargo de la administración judicial de la quiebra de Cresta Roja, Valeria Pérez Casado, les pidió “un esfuerzo adicional” y postergó la definición.

La incertidumbre continúa en el cierre de año 2015 para las familias de Cresta Roja, mientras miles de pollos deben ser sacrificados por no poder brindarles alimento ya que la empresa está cerrada.  El trabajador herido en la última represión, que luego sufrió un ACV, sigue internado luchando por su vida.

Las organizaciones sociales de trabajadores precarizados y desocupados se encuentran en estado de alerta y movilización

Luego de la multitudinaria movilización a la Plaza de Mayo del 22 de diciembre, junto a miles de trabajadores, sindicatos, organizaciones estudiantiles y políticas, que reclamaban un doble aguinaldo o bono de fin de año para paliar en alguna medida la brutal carestía que afecta a la inmensa mayoría de los trabajadores, el conjunto de organizaciones sociales, de desocupados, cooperativistas precarizados y piqueteros fueron recibidas por el Subsecretario de Abordaje Territorial, Fernando Regio.

En primer lugar las organizaciones denunciaron y repudiaron la represión a los trabajadores de Cresta Roja y dejaron en claro su total solidaridad con los mismos.

A continuación se presentó un petitorio con los reclamos más urgentes, en primer lugar el Bono para los trabajadores de cooperativas y todos los planes sociales y se reclamó la duplicación de la AUH.

El funcionario se comprometió a trasladar a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca y de Desarrollo social, Carolina Stanley la necesidad de una reunión en forma perentoria.

Un triunfo de la movilización docente

La Jueza María Soledad Larrea dictó una medida cautelar ordenando la restitución a sus cargos de las docentes Elsa Vincová y Alejandra Bellini, del JIC 2 DE 12 de Flores a partir del primer día del ciclo lectivo 2016.

La Justicia dio lugar al amparo judicial presentado conjuntamente por los gremios Ademys, UTE, Camyp, Sedeba, las docentes afectadas y las familias del Jardín, considerando la no responsabilidad de las docentes en el caso del asesinato del niño Agustín Marrero, el grave perjuicio que la separación de las docentes implicó para los niños del Jardín, y el dictamen de la Junta de Disciplina que planteaba que no se observan hechos que pudieran ser analizados desde el punto de vista disciplinario.

Este fallo constituye un triunfo de la lucha docente, que se expresó en el masivo paro y movilización del 15 de julio pasado, y en las demás acciones y movilizaciones que llevaron adelante, no sólo exigiendo su restitución sino también el cese del sumario administrativo.

La interna cegetista complica el pacto social

El plan del Gobierno para activar a mediados de enero un pacto social con empresarios y sindicalistas, encontró un foco de resistencia en la CGT que hasta hace poco respaldó al kirchnerismo. Impulsan una serie de condiciones para participar de la convocatoria: garantizar por decreto que no haya despidos durante un año, retrotraer los precios de la canasta básica de alimentos al 1º de octubre y asegurar paritarias sin límites.

El pliego de condiciones surgió del puñado de gremios que integran el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), cuyo referente es el taxista Omar Viviani y tuvo el aval de Caló (UOM), de los mecánicos del Smata y del gremio docente de la UDA.

Estos condicionamientos se suman a la fallida reunión del miércoles 23 entre ministros y la comisión de los 15 dirigentes que negocian la reunificación de la CGT. El encuentro se postergó porque los sindicalistas no consensuaron una lista de asistentes que dejara conforme a todos los sectores.

El gobierno había apostado fuerte a lograr el favor sindical luego de la entrega de la Superintendencia de Servicios de Salud a Luis Scervino, un médico que estuvo a cargo de la dirección profesional de la obra social de Obras Sanitarias, el gremio de José Luis Lingeri, y cuya designación en el organismo fue respaldada por diversos sectores del gremialismo tras haber sido durante varios años miembro de la comisión de expertos que asesoró a la CGT Balcarce en cuestiones de seguridad social.

El poder de la Superintendencia es clave. No solo tiene que ver con el control y reparto de los fondos de las obras sociales, en una estructura que funciona con un presupuesto de 7.000 millones de pesos anuales, sino que también interviene en la regulación de las prepagas.

Tal vez esto explique que la CGT no haya movido un solo dedo desde el inicio del ajuste. En las vísperas de la reunión fracasada con los ministros vivimos una jornada de lucha que se inició con los piquetes y la represión en Cresta Roja, y terminó con la primera acción unitaria contra el ajuste en Plaza de Mayo convocada por el sindicalismo combativo y la izquierda, levantando reclamos que la CGT deja para el papel.

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A unas horas de terminadas las PASO porteñas, en las que el PRO quedó como el más firme candidato para la próxima jefatura de Gobierno, un trabajador y delegado gremial analiza las políticas que se desarrollan desde hace dos mandatos; y que parecen serán la triste continuidad de los años venideros.

Es política de vivienda reprimir hasta la muerte en el Parque Indoamericano, prometer vivienda y algún tiempo después poner una plaza, una “playita” y olvidar las casas para siempre. Allí hubo tres muertes con el sello represivo del Estado. Allí debería haber un sitio de memoria, no una “playita”. Es una política des-habitacional pasar topadoras sobre un asentamiento a la madrugada, como en el barrio Papa Francisco.

Es política de educación nombrar un ministro como Abel Posse, defensor de la dictadura. No garantizar ni de cerca las 5000 vacantes de nivel inicial y mostrarse preocupados por “la calidad educativa”. Eso es política del cinismo.

Es política de seguridad volcar un ejército policial adentro de un hospital de salud mental para garantizar el desarrollo inmobiliario, nombrar a un jefe policial implicado en el encubrimiento del atentado a la AMIA y bancarlo como el mejor hombre; también es una política abrirle causas judiciales a militantes barriales, delegados y estudiantes, mientras en varios lugares de la Ciudad se comercia a cielo abierto droga de la buena para los ricos y de la mala para destrozar a los pibes pobres.

Es política de salud embellecer las fachadas de los hospitales y que adentro las enfermeras se desvivan haciendo módulos extra para llegar a fin de mes, las y los profesionales no puedan siquiera trabajar tranquilos porque no se les brinda un ámbito cuidado, o bien intentar cederle generosamente una porción del hospital de niños a una empresa como Mc Donald’s.

Es política de espacio público asfaltar tres veces una misma calle en una año o pagar millones por lo que cuesta miles –como las estaciones de Metrobús o los palitos de plástico de las bici sendas–. También es política urbana que la “puesta en valor” de un barrio sea el eufemismo para decir: “apertura al negocio inmobiliario y desplazamiento de los pobres por el efecto de la mano invisible del mercado”.

Es política de modernización del Estado haberle quitado con patotas la participación en órganos de decisión a las y los docentes, como las juntas educativas.

Una ciudad moderna, según este gobierno, es que sus máximas autoridades se hayan construido un palacio de cristal ostentoso al que llaman “Nueva Jefatura de Gobierno”; una obra faraónica que contrasta con la realidad de miles trabajadores y trabajadoras en negro y miles más con sueldos bajísimos. El edificio diseñado por un arquitecto de vanguardia quiere simbolizar la transparencia y la sustentabilidad. El sarcasmo de la transparencia en boca de los personeros de lo opaco, de lo oscuro, del pacto con los poderes de hecho, del clientelismo de siempre hoy pintado de amarillo y decorado con globos.

Es política de niñez y adolescencia el colapso de las Defensorías Zonales del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por el abandono, que es una forma de planificar la política. Es, entonces, política la implementación de programas vistosos pero distantes de la orientación de los Derechos del Niño, basados en enfoques que entienden la problemática social como una emergencia, como una catástrofe… todo ello en desmedro de un sistema de protección y promoción capaz trabajar los temas sociales como lo que son: emergentes de una forma de organización desigual de la sociedad.

Sigue siendo un desafío para los y las trabajadoras de lo público plantear nuestra verdad cuando en la Ciudad la mercantilización de la política es un hecho y el Pro genera e interpreta, a la vez, ese fenómeno, echando mano a eslóganes tan incesantes como insípidos, a estrategias de venta que se han vuelto –según parece– bastante efectivas. Es la Ciudad más rica y nosotros somos trabajadores salarialmente pobres. Dicen que es la “Ciudad verde” y nosotros trabajando en negro. La nueva Jefatura costó 250 millones, pero con un 15% de aumento pretenden que vivamos hasta octubre. Crearon ministerios de gobierno y de modernización, direcciones, secretarías y subsecretarías, donde proliferan nombramientos con funciones indeterminadas, pero a nosotros no nos reconocen las funciones que llevamos adelante hace cinco, diez, quince años, cada día durante todo este tiempo.

Un ejemplo concreto es el de la actual ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que se toma fotos de campaña contra la discriminación y por la igualdad de género, pero a las trabajadoras de los programas sociales que buscan la igualdad de derechos, esa misma ministra las discrimina por su opción gremial o política dejándolas sin derechos laborales.

Miguel Del Sel va a contratar “putas” porque ganó en Santa Fe y nuestras compañeras estarán en los territorios de esta Ciudad gobernada por los que apadrinan a Del Sel, intentando con profesionalismo buscar estrategias que hagan un poco más digna la vida de las pibas y pibes tratadas y explotadas sexualmente; ellas, mientras tanto, le pelearan a los proxenetas que venden a las pibas como cosas. Y estaremos todos nosotros peleándoles a los que cubren y pactan con esos proxenetas.

Por su parte la policía metropolitana y casi la totalidad del poder judicial (hay honrosas excepciones en algunos fueros) estarán persiguiendo delegados y militantes por cortar una calle, por pelear por vivienda, por defender la salud y la educación pública, por organizarse; o estarán estos poderes de pistola Táser y expediente a medida arreglando gobernabilidad territorial con barras bravas, mafias de la droga, burocracias sindicales podridas. Todo ello tendrá un costo en los barrios: serán muertes a los tiros, será cada vez menos libertad para vivir socialmente el espacio público, será consumo sin razón, autodestructivo. Todo esto ocurrirá en las bambalinas de un escenario de globos coloridos, pantallas led y mucho color amarillo.

Pero nuestros compañeros y compañeras estarán en los barrios, en las escuelas, caminando las ranchadas, en los hogares y los refugios, garantizando juegos y aprendizajes, deportes, oficios y talleres, palabras para buscarle el sentido a las cosas, afecto y grupos de pertenencia donde cada uno de esos pibes y pibas puedan subjetivarse, ser en relación con otros, poner en práctica sus derechos. Sabemos que lo haremos en desigualdad de condiciones, pero no dejaremos de hacerlo ni un solo minuto.

Quienes murieron asesinados por la policía en el Indoamericano no son del equipo de 3 millones de vecinos del PRO. Tampoco los pacientes del Borda baleados en su propio patio por una policía moderna y despiadada.

Los niños y niñas y familias sin vacantes en la educación inicial no juegan en el equipo de Macri.

Las pibas y pibes presas de la trata y la explotación sexual no quieren jugar en el equipo de Del Sel.

Quienes sufren en situación de calle, quienes no tienen vivienda, los que murieron porque la ambulancia no entró a la villa, los pibes matados por el narco no tienen ganas de rodearse de globos y estar en el equipo amarillo.

Los trabajadores y trabajadoras precarizados, discriminados, pauperizados, ninguneados, no formamos parte de tu equipo Mauricio, Horacio, Gabriela.

No hay un equipo de 3 millones de vecinos. Algunos tenemos osadía de exigir sueldos dignos, planta permanente, reconocimiento de funciones. Pero ojo, porque también queremos cambiar las cosas, queremos dar vuelta la tortilla… y no nos van a frenar.

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