El excéntrico multimillonario Donald Trump ganó las elecciones y será el próximo presidente de la primera potencia económica y militar mundial hasta el 2021. Su victoria tiene un significado histórico: logró romper con la política tradicional de los Estados Unidos y será el primer mandatario sin haber ocupado un cargo público.

El discurso de campaña de Trump, basado en la denuncia de los Tratados de Libre Comercio que provocaron desempleo y en la lucha contra los inmigrantes ilegales y los musulmanes que llegan a Estados Unidos, caló profundo en una sociedad cansada de los políticos tradicionales. Trump, un hombre que se presentó como anti-establishment, consiguió el voto de esta porción de la población que, evidentemente, es mayoría. El castigo fue para Hillary Clinton, una pieza del riñón del establishment político, aliada de Wall Street y fiel representante de la política tradicional.

Los comentarios racistas, sexistas y misóginos de Trump no provocaron el rechazo imaginado en una sociedad de fuerte arraigo machista, donde el 87% de las mujeres de 18 a 64 años ha sufrido algún tipo de acoso callejero. Y donde se registran más muertes por armas de fuego en el mundo. Trump fue un defensor a ultranza de la defensa de estos habitantes a seguir portando armas ante una Clinton que proponía una serie de controles. Otro dato en relación a la violencia de la sociedad: según el FBI, en 2009, último año del que el organismo dispone cifras, hubo 692 víctimas fatales hispanas por crímenes de odio. Hay una parte de la sociedad que no quiere a los latinos y que está de acuerdo en ponerles restricciones. En EEUU, los afrodescendientes votan desde el año 1965.

En relación al futuro, las preguntas son muchas y las respuestas son pura incertidumbre. Trump realizó promesas que parecen difíciles de llevarse a cabo. Uno de sus caballitos de batalla fue la denuncia de la participación de EEUU en los Tratados de Libre Comercio (TLC) que provocan desempleo en la sociedad estadounidense ya que las empresas se retiran a países más baratos a la hora de producir, como China y México. Ante esto, Trump prometió sacar a Estados Unidos del TPP o del NAFTA, una medida que puede darle un fuerte golpe a la economía mundial. ¿Lo hará? ¿Podrá? Otra pregunta que surge es con quiénes formará gobierno, quiénes serán sus secretarios teniendo en cuenta que no tiene un equipo político y que criticó con mucha dureza una gran parte de su partido. ¿Acudirá a los grandes poderes políticos del partido que tanto criticó?

Otra promesa del magnate Trump fue la expulsión de los migrantes, la prohibición de la llegada de musulmanes a Estados Unidos y la construcción de un muro en la frontera con México, que pagaría el país latino, para evitar la llegada de más inmigrantes. ¿Lo construirá? ¿Conseguirá que México lo pague? Son preguntas que surgen a pocas horas de una de las victorias menos esperadas de la historia de Estados Unidos que por ahora no tienen respuestas.

En el plano internacional, criticó el actual papel que tiene Estados Unidos, especialmente en Siria e Irak, y anunció que podría sacar a EEUU de la OTAN. En ese sentido, dijo que varios aliados del país no pagan las cuentas como deberían, como Arabia Saudita, Corea del Sur o Turquía. Parece tener una visión más aislacionista que sus antecesores pero ¿se animará a sacar a EEUU de la OTAN para dedicarse a los problemas que hay dentro de casa? Su victoria se da en un plano internacional donde crecen las tensiones entre la OTAN y Rusia, principalmente en Europa, y donde el terrorismo mundial sigue estando activo y los conflictos en Siria e Irak parecen no tener una pronta recuperación.

Trump ganó y será presidente hasta 2021. Ganó en los estados claves como Florida, Iowa y Ohio y en estados donde no se esperaba su victoria. Un dato no menor es que contará con mayoría republicana en la Cámara de Representantes y el Senado, por lo cual parece que tendrá más poder y más margen de maniobra que Barack Obama. Parece demasiado poder para un multimillonario que nunca ocupó un cargo público.

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El pasado lunes 11, en el anexo del Congreso nacional, se realizó una Audiencia Pública con el objetivo de discutir la reciente adhesión de la Argentina al bloque de la Alianza del Pacífico, acción enmarcada en la intención del gobierno de sumar a la Argentina a diferentes negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC).

Desde la asunción de Mauricio Macri al Poder Ejecutivo, la política exterior atraviesa una serie de transformaciones de largo alcance. El nuevo perfil externo se evidenció desde inicio de la gestión con las visitas de los primeros ministros de Francia e Italia y del presidente de los Estados Unidos, y posteriormente con la nutrida agenda que el mandatario argentino tuvo en Francia, Bélgica y Alemania (que incluyó un paso por Estados Unidos), donde fueron manifiestos los planes de aumentar la cooperación económica a partir de la firma de acuerdos comerciales y tratados de “libre comercio” con diversos países y bloques regionales.

Diferentes voceros del macrismo, incluida su canciller Susana Malcorra, han hecho hincapié en que la apertura económica y el diálogo político de Argentina iba a contemplar un amplio marco de relaciones. Desde el inicio, se impulsaron tratativas con Estados Unidos –que abarcan los temas de inversiones, energías renovables, cambio climático y seguridad– y China, a la par que se abrieron negociaciones hacia la firma de un “acuerdo de asociación” entre el Mercosur y la Unión Europea. Por el eje del pacífico las negociaciones no se quedan atrás: la Argentina se integró como país observador a la Alianza del Pacífico, a pedido del presidente Macri, con el fin de sumarse también al Tratado Transpacífico de Libre Comercio (TPP por sus sigla en inglés).

Pioneras en las resistencias del “NO al ALCA” y el libre comercio en el continente durante los últimos veinte años, las organizaciones en Argentina no demoraron en impulsar una nueva coordinadora que, de a poco, va tomando fuerza y representación multisectorial: la Asamblea “Argentina Mejor sin TLC”. Marcha conversó con Luciana Ghiotto, participante de la asamblea y coordinadora de la Audiencia Pública, que explicó “La Asamblea está conformada por organizaciones sindicales, políticas, socioambientales, empresariales de la pequeña y mediana empresa, que estamos interesados en dar a conocer la nueva agenda de negociación comercial del gobierno de Macri y plantear cuales son los escenarios de TLC a los cuales el gobierno está proponiendo sumarse. El objetivo de la asamblea es, en primer lugar, visibilizar la temática ya que no hay una comprensión muy acabada sobre que implican los tratados, y sostener una articulación de organizaciones para generar acciones y formación sobre el tema del libre comercio y el poder corporativo”.

La principal demanda es la información, la falta de un debate abierto que dimensione los impactos de las negociaciones de los TLC constituye uno de los elementos que aglutinan en una declaración común a diversos sectores y espacios políticos, sociales y académicos en un mismo reclamo: “No al TPP y a todos los Tratados de Libre Comercio”.

Audiencia Pública Tratados de Libre Comercio

Convocada por la diputada Alcira Argumedo, en la Audiencia se hicieron presentes diversas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos y diputados de diferentes espacios políticos (FIT, FPV, Libres del Sur). El debate se organizó para que los distintos oradores puedan dar cuenta de los temas centrales de los tratados, que lejos están de restringirse solo a las relaciones comerciales sino que abordan temas como propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas, software, etc.), los servicios, las telecomunicaciones, la agricultura, las inversiones y refuerzan –por sobre la legislación nacional– la posibilidad de los inversores extranjeros de demandar al país en centros arbitrales internacionales.

Así, Julio Gambina explicó la estrategia de liberalización de los capitales a escala mundial, y en ese marco señaló que los TLC no son un tema novedoso: desde inicios de los noventa se buscó imponer primero la iniciativa para las Américas, luego el ALCA, y en escala mundial la Organización Mundial del Comercio. Argentina fue, con el gobierno de Menem, punta de lanza de este proceso, al firmar 58 TLC avalados por el parlamento entre 1990 y 2001, convirtiéndose en país de la región que más tratados suscribió en ese período.

Actualmente, “los que intentan recuperar la posición en que estaba Argentina en la negociación del ALCA son las clases dominantes de la Argentina claramente expresadas en el gobierno de Macri”, sostuvo Gambina. También explicó que la forma que asumen en esta coyuntura los tratados bilaterales de inversión y los TLC es a partir de las alianzas público-privados.

Por otra parte, se señaló el problema con el Sistema Internacional de Arbitraje de Inversiones que incluyen los TLC, como espacio de resolución de conflictos –el más conocido es el CIADI que depende del Banco Mundial, donde Argentina es el país con más demandas. Estos tribunales vulneran la soberanía y generan una asimetría política y jurídica de los estados nacionales respecto de las transnacionales; hasta ahora el 62% de los casos resueltos son a favor de las transnacionales, sin contar los costosos procesos jurídicos en los que los estados se ven envueltos.

Por su parte, Carlos Vicente remarcó el impacto de los TLC en la agricultura y la alimentación, y sentenció “los TLC son una apertura de puertas para las corporaciones, para que éstas tengan más poder que los poderes del estado y los intereses del pueblo” y explicó que hoy en el mundo son 6 corporaciones las que controlan las semillas, la biotecnología y el comercio de los agrotóxicos, y muchas de ellas son las mismas que controlan la industria farmacéutica. En este marco, los acuerdos sobre patentes que sostienen los TLC desatan a nivel global un crecimiento aún mayor del poder corporativo, que llega a cuestionar la factibilidad de la democracia en los estados nacionales. En términos de la propiedad intelectual, los TLC implican el traslado de las patentes vulnerando la soberanía nacional.

Las resistencias también se hicieron escuchar en la Audiencia, Pablo Michelli señaló que el rechazo a los TLC “es una de las batallas más importantes a librar” en el contexto actual, y que el desafío más importante es construir unidad en la acción para avanzar en la lucha conjunta. Se sumaron a esta expresión solidaridades desde Colombia y México, ambos países que vienen atravesando experiencias de TLC que resultaron en la pérdida de soberanía y el empeoramiento de las condiciones de vida, pero desde donde también se están gestando ejemplares resistencias.

Con más de 15 intervenciones y una lista de oradores extensa –que tuvo que suspenderse luego de tres horas de debate–, desde la Asamblea convocaron a sumarse a las actividades que incluyen la organización local de la jornada de acción continental contra el “libre comercio” el 4 de noviembre, fecha clave en la consolidación del rechazo a los TLC a nivel regional y global.

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La entrada de las Argentina como miembro observador de la Alianza del Pacifico abre las puertas al Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP) y a una nueva etapa de relaciones carnales con los Estados Unidos.

A finales del año 1972 el por entonces presidente chileno, Salvador Allende, denunciaba en las Naciones Unidas la falta de control de los estados sobre las empresas multinacionales. Decía que “Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden y no están fiscalizadas por ningún parlamento, y por ninguna organización representativa del interés colectivo”.

Aun faltaban un par de años para que el gurú ultraliberal Milton Friedman, asesorara a la dictadura de Augusto Pinochet. Todavía debían pasar más de quince años para que el paquete de reformas neoliberales del  “Consenso de Washington”,  impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, cayeran como una guillotina sobre el pueblo latinoamericano. Carlos Menem en Argentina y Alberto Fujimori en Perú, hijos predilectos de la Escuela de Chicago, tuvieron la triste tarea de empujar la pobreza a índices escalofriantes.

Después llegó el 2001, el “que se vayan todos” y el rechazo a la clase política en general, salvo honrosas excepciones. Pero casi con exclusividad podemos afirmar que la resistencia popular que se llevó puesto cinco presidentes en menos de una semana, estuvo dirigida hacia forasteros personajes como Anoop Singh y Anne Kruger, principales exponentes de las políticas económicas aplicadas en este lado del mundo. Con posterioridad a las puebladas del 19 y 20 de diciembre, se inició una etapa de gobiernos progresistas en Latinoamérica. El rechazo al Acuerdo de Libre Comercio con los EE.UU. (ALCA) en la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos en la Ciudad de Mar del Plata, dieron el puntapié inicial hacia una política exterior redireccionada a acuerdos comerciales y políticos que fortalecieron  el MERCOSUR y dieron nacimiento al UNASUR.

La restauración conservadora que encabeza Mauricio Macri y su canciller Susana Malcorra, pretende exportar su concepción del mundo o, en su defecto, la de los países centrales, al resto de América Latina. Una muestra clara de ello es el rápido apoyo al golpe blando producido contra la ex presidenta del Brasil, Dilma Rouseff, o el intento de presionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro exigiendo que se realice antes de fin de año el referéndum revocatorio del mandato presidencial.

La decisión tomada por el gobierno argentino de ingresar como miembro observador de la Alianza del Pacifico (acuerdo comercial integrado por los países de Colombia, Perú, Chile y México), vuelve a poner en debate los acuerdos de libre comercio con las potencias centrales. Recordemos que  la Alianza del Pacífico fue creada en 2011 como un mecanismo de integración económica abierto al libre comercio.

La puerta abierta al Acuerdo Trans-Pacífico (TPP)

El ingreso a la Alianza del Pacifico es visto como un viaje sin escalas hacia el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico. La apertura económica, como nunca antes, se avisora en el futuro próximo. Depende del surgimiento de una resistencia similar a la que se dio hace diez años que este pacto no pase. El Acuerdo Transpacífico no es otra cosa que un acuerdo de Libre Comercio que asegura a los Estados Unidos la influencia imperial que mantuvo hasta que aparecieron con fuerza los países emergentes. No es casual que estén excluidos de este pacto económico China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica.

En un comunicado de prensa difundido recientemente por la Asociación por una Tasa a las Transacciones y de Acción de los Ciudadanos (ATTAC) se rechaza la adhesión de la Argentina al bloque de la Alianza del Pacífico porque entienden que queda allanado el camino para suscribir el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Este Tratado Transpacífico, además de las regulaciones comerciales a favor de los EE.UU., abre la posibilidad de que inversores extranjeros demanden al país en centros arbitrales internacionales como el CIADI. En el comunicado difundido por la ATTAC expresan que el TTP incluye “obligaciones en materia de coherencia regulatoria que obliga a los Estados firmantes a coordinar cotidianamente sus legislaciones, por lo cual hay una imposición de las regulaciones de otros países, que suelen ser a la baja.”

El TPP es solo una parte de una estrategia mucho más global y ambiciosa que incluye la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) con los países de la Unión Europea, y el Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA por sus siglas en inglés). Este Acuerdo comercial busca regular un gran número de áreas que abarcan desde el comercio de lácteos hasta la regulación laboral, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente. El TPP es integrado por Japón, Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Estas economías agrupan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, y reúnen un mercado de 800 millones de personas.

El 5 de octubre del año pasado se firmó el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Al finalizar la firma, el presidente de los EE.UU., Barack Obama, expresó que se acaba de cerrar la eliminación de más de 18.000 impuestos nivelando el campo de juego a favor de los granjeros norteamericanos. A su vez, el mandatario norteamericano afirmó que “Cuando un 95% de nuestros consumidores viven fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía global”.

Las semillas y las patentes

En el caso de las semillas, se volvería a la carga con la vieja Ley Monsanto que intentó aprobar el kirchnerismo el año pasado. En el capítulo sobre Propiedad Intelectual, el acuerdo obliga a los países a ratificar el Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla. El Colectivo de comunicación Huerquen realizó un cortometraje en el que reflexionaban acerca de las consecuencias que el avance de las corporaciones del agronegocio tiene para nuestras vidas.

En este cortometraje, Carlos Vicente relataba que la norma UPOV91 “Limita la posibilidad de guardar semillas, se criminaliza aún más a las semillas criollas y se permite que toda la biodiversidad de la Argentina sea privatizada”. Esta norma va mucho más allá de los derechos de las patentes de las semillas compradas y sembradas por los agricultores. “Existe la posibilidad de que todas las plantas que crecen en la Argentina sean objeto de derecho de obtentor, y con este elemento da la posibilidad de apropiación y de biopiratería de nuestra biodiversidad”, afirmaba Carlos Vicente en referencia al proyecto de Ley de Semillas. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental que se creó a partir del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales adoptado en París en 1961.

A modo de Conclusión, Vandana Shiva, referente mundial en la lucha contra Monsanto, afirmó que en Estados Unidos muchas iniciativas independientes de conservación de semillas están siendo llamadas “actos de terrorismo agrario”, en declaraciones al diario La Jornada de México. La doctora Shiva, una de las precursoras en la lucha contra los agrotóxicos, afirmó que también hay leyes como la de California o Pensilvania donde está prohibida la conservación de semillas propias.

A partir de la decisión de Mauricio Macri de empujarnos a la Alianza del Pacifico como miembro informante, la resistencia al acuerdo de TPP se torna más visible pero sobre todo más urgente.

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El Acuerdo Transpacífico anunciado por los 12 países firmantes representa, junto al TTIP y el TISA, la respuesta estadounidense al nuevo poderío chino. En medio de un secretismo absoluto, se negocian sistemas judiciales paralelos y extensión de beneficios para grandes farmacéuticas.

150 mil personas se manifestaron el pasado viernes en Berlín en contra el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP según sus cifras en inglés). Hace más de un mes, la movilización popular en Uruguay y la presión interna del Frente Amplio logró que el Ejecutivo abandonara las negociaciones por Tratado de Libre Comercio e Inversiones sobre Servicios (TISA). Y diversas movilizaciones están programadas alrededor del mundo en contra del Acuerdo Transpacífico (TPP), que el pasado lunes 5 fue anunciado por el presidente de Estados Unidos Barack Obama.

Los tres acuerdos son articulados y promovidos por Estados Unidos, con el fin de contrarrestar la creciente influencia china en el mercado mundial. Si hay algo que caracteriza a los tratados es el secretismo absoluto con el que se han llevado a cabo las negociaciones. Solo los grupos negociadores de los países y representantes de las grandes empresas transnacionales han tenido acceso a las negociaciones, según reveló la última filtración de Wikieaks. El documento sobre Propiedad Intelectual tiene fecha del 5 de octubre, mismo día en que los 12 estados miembros anunciaron el fin de 5 años de negociaciones.

El TPP es por sí solo el acuerdo comercial más grande de la historia. Involucra a Japón, Vietnam, Malasia, Brunei, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Los doce países representan el 40% del PIB mundial, el 25% del comercio internacional y abarcan a más de 800 millones de personas.

Las primeras conversaciones se dieron en 2005 entre Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei. Estados Unidos se sumó en 2008 por iniciativa de Barack Obama, dispuesto a hacer de los distintos tratados comerciales un arma geopolítica para contrarrestar el empoderamiento de China y los BRICS.

Tras el acuerdo llegado el pasado lunes, los países tienen dos años para que sus respectivos Congresos aprueben el TPP. Aunque se espera que la firma final esté antes de eso. Una de las cláusulas determina que el acuerdo entrará en vigencia cuando se apruebe en los países que representen el 85% del PBI de los 12 involucrados. Así, el visto bueno del Congreso estadounidense sería el paso más importante para la concreción. Aunque también crece la oposición interna. Hilary Clinton, de campaña como pre candidata demócrata a la Casa Blanca, criticó el TPP y dijo que sería perjudicial para Estados Unidos.

Sistema judicial alternativo, protección de grandes farmacéuticas y libertad de expresión

En principio, el TPP se presenta como un acuerdo de rebaja arancelaria entre los países que lo componen. Pero solo 6 de los 30 capítulos tratan sobre aranceles. El ejemplo de Chile es gráfico: El país ya tiene Tratados de Libre Comercio con el resto de las 11 naciones que firman el TPP, por lo que ya cuenta con beneficios arancelarios. Pero el acuerdo abarca una diversidad de temas más amplios que solo aranceles: Negocia acceso a mercados, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias, defensa comercial, competencia, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, entrada temporal servicios financieros, asuntos legales, propiedad intelectual, medio ambiente, cooperación, coherencia regulatoria, competitividad, desarrollo y pequeñas y medianas empresas.

El TPP propone (al igual que el TTIP para la Unión Europea) un mecanismo ad-hoc para resolver conflictos. El IDS (Investor-State Dispute Settlement system), un órgano judicial paralelo que le entrega a las empresas el derecho a demandar a los Estados cuando se incumplen las condiciones del acuerdo. Por ejemplo, cuando un cambio es la legislación de un país sea un obstáculo para el comercio. Los “jueces” serán nombrados uno por cada parte y entre ambos nominarán a un tercero. Entre ellos deciden a favor de la corporación o del Estado, y el tribunal se disuelve. Este sistema ya funciona en varios tratados internacionales. En 2014, se iniciaron 49 casos de demandas de IDS.

La regulación sobre los medicamentos es otro de los temas más sensibles. Estados Unidos intentó desde el comienzo cifrar en 12 años los derechos de protección para productos biológicos. Esto beneficia a las grandes farmacéuticas, que retrasan la liberación de los medicamentos genéricos que tienen un precio menor en el mercado. La presión de otros países logró que se mantuvieran en 5 años, pero considera mecanismos de control de otros 3 antes de la comercialización masiva. En la práctica, serán 8 años de protección de medicamentos antes que otras cadenas más pequeñas los distribuyan a precios más bajos. Además, el TPP considera la certificación, un mecanismo de la legislación estadounidense que permite que el país certifique si otro Estado, en el marco de un acuerdo comercial, ha aplicado el tratado. Este puede suspenderse –y un país quedar afuera del TPP– si se considera que la legislación local no está de acuerdo al estándar norteamericano.

En Perú, por ejemplo, la última filtración de Wikileaks contradijo a la ministra de Comercio Exterior Magali Silva, quien dijo que los precios de los medicamentos no iban a aumentar con el TPP. El país aceptó la ampliación de patentes por demoras “no razonables”, lo que en la práctica significa que si una farmacéutica determina que el Estado se ha demorado en entregarle la patente, tendrá un tiempo extra de monopolio comercial. Además, Perú también suscribió a un plazo “no menor” de 3 años de ampliación de exclusividad comercial si se descubren nuevos usos clínicos.

Pese a estar en contradicción con la normativa de la Comunidad Andina sobre Propiedad Intelectual, el capítulo filtrado dice en su página 60: “Perú se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para obtener una excepción de la Comunidad Andina que le permita ajustar la duración de la patente de una manera compatible con el artículo QQ.E.12.3 . y QQ.E.14.2”.

Otro punto tiene que ver con los derechos en Internet. Se incluye un sistema de responsabilidad de internet. Así, los proveedores del servicio pueden determinar unilateralmente cuando se infringe la propiedad intelectual, con penas para los usuarios. Además de una extensión retroactiva del copyright por 20 años.

En el mundo multipolar que se comienza a dibujar, las transnacionales hacen sentir su posición: quieren –y probablemente conseguirán– una inyección de neoliberalismo a nivel mundial.

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