Texto e ilustración por Iván Martín Barrera

Desde que Messi dejó de ser el nuevo Maradona para ser Messi, el mundo futbolero se desvive por encontrar al nuevo Messi. Si bien muchos pasaron sin pena ni gloria –o con más pena que gloria– por ese galardón, Anssumane Fati Vieira es el nuevo poseedor del título a la espera de romper con la maldición y de que en un futuro próximo, los zurdos habilidosos sean catalogados como el nuevo Ansu Fati

El muchacho en cuestión nació hace 17 años en Guinea-Bisáu, un pequeño país apenas más grande que la provincia de Misiones, donde dos de cada tres personas viven en extrema pobreza. Un país que antes de ser república fue una colonia portuguesa, y como toda colonia sufrió la esclavitud y la masacre de su población originaria por parte del Reino de Portugal. Anssumane tiene sangre futbolera. Su padre, Bori Fati, fue un destacado lateral izquierdo del Sporting de Bafatá de su ciudad, del Benfica de Bissau y un defensor de la camiseta de su selección.

Si bien Bori es ídolo en Bafatá, a tal punto que afirman que Ansu siempre será “el hijo de Bori” para el pueblo futbolero, migró a Portugal en 1998 tras el nacimiento de su primer hijo para buscar un sustento económico para su familia. Allí emprendió diversos oficios aparte de seguir pateando las canchas de ligas amateurs. Entre idas y venidas escuchó hablar de Marinaleda, un pequeño municipio andaluz. Escuchó de un alcalde singular con un programa de tintes comunistas que ofrecía vivienda y trabajo a cualquiera que quisiera pisar su suelo. Y hacia Marinaleda encaró Bori, con la ilusión como bandera, con el sueño de ubicar a su familia en un lugar que les permitiera tener una vida plena. Allí también empiezan a cruzarse nuestras historias.

Guernica- Buenos Aires – Argentina – año 2020

 Guernica es la ciudad cabecera del partido de Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires, distante a una hora en colectivo desde la Capital. Sus tierras fueron originalmente ocupadas por pueblos querandíes hasta que la colonización española y la propia argentina hicieron estragos con su población.

En la Argentina de 2020, 4 de cada 10 personas viven en la pobreza, número que se vuelve aún más abrumador si se observan las infancias. Entre estudios públicos y privados, se estima que se necesitan entre 3,5 y 4 millones de viviendas más para terminar con la crisis habitacional en el país. En total, una de cada tres personas tiene problemas de vivienda. Solo en la Capital del país duermen cada noche 7 mil personas en la calle, mientras que aproximadamente 150 mil viviendas permanecen desocupadas esperando que la renta inmobiliaria llene las arcas de unos pocos una vez más.

En julio de 2020, miles de familias ocuparon terrenos baldíos en Guernica y comenzaron la urbanización de un barrio improvisado. La inmobiliaria El Bellaco S.A es quien comenzó el proceso judicial como supuesta “dueña” de las tierras ocupadas, pero sin presentar títulos de propiedad, escritura de dominio o papel registral, según detalla el abogado de parte de las familias. En esos terrenos estaba planificada la construcción de un barrio cerrado (o country) y un club privado. El proceso judicial terminó con una orden de desalojo con uso de la fuerza represiva, cuya fecha hoy está fijada el 15 de octubre, a pesar de que en el terreno se encuentran viviendo más de 3000 infancias.

Marinaleda – Sevilla – España – año 2009

Dicen que aquí el alcalde es muy singular

Descalzo, con el pelo calvo y sin afeitar

Integridad, humildad, lealtad, honestidad

Un grano en el culo al capital

Agua, tierra y semilla van a alcanzar

Una preciosa armonía en colectividad

(“Marinaleda” – Ska-p)

Marinaleda es un municipio de la provincia de Sevilla, al sur de España. Desde 1979 su alcaldía la ocupa Juan Manuel Sánchez Gordillo, perteneciente a la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT). Sánchez Gordillo lleva adelante un programa de trabajo y vivienda que sostiene el pleno empleo en todo el municipio producto de la rotación centralizada del trabajo, así como también un proyecto mediante el cual cada familia cuenta con una casa con todas sus comodidades, construida por los mismos obreros de la comunidad. En una entrevista con CQC, Sánchez Gordillo explicaba que, para conseguir el pleno empleo, “hemos conseguido que la tierra sea de quien la trabaja. Con el medio de producción tierra y con el medio de producción industria, la riqueza que genera el obrero con su trabajo vuelve al obrero en forma de nuevos puestos de trabajo. No se reparten beneficios y todo el mundo cobra lo mismo”.

El alcalde contaba con orgullo que en el municipio no hay policías ni curas: “No hay Policía porque no es necesaria. Si todos los vecinos ayudamos a plantar árboles, no va a venir luego ninguno a arrancarlo”. Marinaleda es netamente agrícola, con solamente algunas industrias alimenticias. Cuando fue consultado por Gonzalito, de CQC, sobre cómo habían conseguido las tierras para trabajarlas de forma cooperativa la respuesta fue: “Ocupándolas. La riqueza de los terratenientes en Andalucía es un robo, la tierra no es de nadie. Todavía podemos ocupar algunas fincas más, por ejemplo las de la Duqueza de Alba, que tiene 35 mil hectáreas, que también se le puede sacar algunas tierras que tiene para que trabajen de forma cooperativa. Ahora estamos ocupando una tierra en la provincia de Córdoba, donde el 2% de los propietarios tiene el 50% de la tierra cultivada”.

Fue este singular alcalde el que le dio a Bori la bienvenida al pueblo, con la promesa de tener techo y trabajo para él y su familia. “Al joven que quiere una tierra, nosotros le damos el suelo gratuito, los albañiles gratuitos, le ponemos el arquitecto que es municipal y ellos ponen su trabajo desde que empieza la casa hasta que termina”, prometía Sánchez Gordillo. Bori Fati llegó solo a Marinaleda y pronto se pudo asentar. Desde la alcaldía lo ayudaron con sus papeles migratorios, los cuales eran completamente irregulares, y en pocos años lo ayudaron económicamente para que comprara los pasajes de avión para traer a toda su familia. En ese avión viajaba el pequeño Ansu, con solo seis años y una pelota hecha de medias en la mochila. El sueño de Bori estaba completo: tenía tierra, techo, trabajo y a su familia unida. El de Ansu, que pasó de patear las calles de Bissau a las de Marinaleda, recién empezaba.

Ansu empezó a patear en la vereda hasta que empezó a jugar para el CDF Herrera, de la localidad vecina a Marinaleda. En 2010, con solo 8 años, ya fue tentado por el Sevilla y fue ahí donde empezó a tentar a todo el mundo. Si algo tienen bien afinado los clubes españoles es a los “observadores”, que van de ciudad en ciudad buscando al próximo talento, al próximo Messi sin descubrir. Y el boca en boca de que en Sevilla había dos hermanos bissau guineanos que a la redonda la dejaban chiquita empezó a correr. A la puerta de la familia Fati la tocaron muchos, pero fueron los ojeadores del Barcelona los que terminaron de persuadir a la familia de Ansu para que se mudaran a Catalunya, ofreciéndoles un nuevo techo y un contrato oneroso. Y allí fue Ansu, con solo 10 años, a formar parte de las inferiores del culé.

Barcelona – Catalunya – España – año 2020

Ansu es récord. Ansu llegó a las inferiores del Barcelona para demostrar que estaba para la primera, para La Liga, la Champions y para decirle a Messi que se quedara tranqui, que alguien iba a cuidar a su Barsa querido si él decide irse. Con solo 16 años se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol con el Barcelona. Fue en el empate 2 a 2 frente al Osasuna a solo 5 minutos de entrar. También se convirtió en el jugador del Barsa más joven en debutar en UEFA.

La nacionalidad española le permitió disputar partidos para esa Selección, país en el que vivió la mayor parte de su vida. Jugó algunos partidos para la sub 21, pero le quedó chica pronto, así que en agosto de este año fue convocado para jugar con la Selección mayor. El 6 de septiembre marcó su primer gol con la roja, y logró así un nuevo récord, el de ser el más joven goleador de la selección española. Todo esto llevó a que el Barcelona hiciera un mega blindaje: al contrato inicial, con cláusula de rescisión de 100 millones de euros por tres años firmado en julio de 2019, se lo cuadriplicó el mes pasado.

Hoy Ansu es récord. Es tapa en todos los medios, se reproducen en loop los goles, el abrazo con Messi, su humildad, su cariño, su agradecimiento. Hoy Ansu es el nuevo Messi a la espera de que mañana algún otro gurí que juega con pelota de trapo en las tierras de Guinea-Bisáu, o en cualquier otra parte del mundo, sea catalogado como el nuevo Ansu.

“Había una necesidad básica que era la de tener techo. Acá veníamos de 3 o 4 generaciones viviendo en la misma casa. Nosotros no queremos la propiedad, queremos el uso de por vida de las tierras. La tierra no se compra ni se vende, y la vivienda no puede ser una mercancía; es un derecho”. Estas son palabras de Sánchez Gordillo, el primero que ofreció techo y trabajo a la familia Fati. Tierra y techo en terrenos ocupados, ocupados para producir y para vivir.

En Guernica la orden de desalojo sigue vigente mientras el gobierno ofrece respuestas muy poco satisfactorias. El sol seca el barro que afloró a montones tras las lluvias y permite que los pibes y las pibas vuelvan a pelotear bajo el sol, con canchas improvisadas. 3000 infancias con 3000 sueños aguardan una solución que no sea que la policía desaloje el predio a la fuerza, mientras se calientan las ollas y las bochas vuelan con sueños de campeón.

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En el día de ayer la Policía Bonaerense desalojó a las más de 70 familias que se encontraban tomando un predio en el Barrio Esther de Claypole. La única respuesta del gobierno y su entramado judicial a la emergencia habitacional sigue siendo de violencia y represión.

Hace ya una semana que familias provenientes del mismo barrio decidieron ocupar un predio que, hasta ese momento se encontraba en situación de abandono. Si bien este accionar fue llevado a cabo para resolver las situaciones particulares de vivienda que cada uno/a atravesaba también da cuenta  de una resolución colectiva ante la crisis habitacional, la especulación inmobiliaria y la falta de acceso a un terreno propio. Desde el primer momento tanto las familias integrantes de distintos movimientos sociales como aquellas independientes se organizaron en asamblea y trazaron los terrenos para dividirlos de forma equitativa dejando lotes para espacios comunitarios. A su vez, a lo largo de las asambleas se designaron las y los distintos referentes.

Sin embargo, desestimando que ese terreno no tenía utilidad y que las y los vecinos del Barrio Esther de Claypole habían logrado recuperarlo y así logar el sueño del terreno propio, en el día de ayer llegó la orden judicial correspondiente al Juzgado de Garantía nro 1 de Tribunales de Lomas de Zamora realizada por un privado para exigir su inmediato desalojo. Durante la mañana de ayer, las familias que se encontraban en el predio amanecieron con la Policía Bonaerense acatando dicha orden de desalojo. Marcha dialogó con César integrante del Frente Popular Darío Santillán, una de las organizaciones que hacia parte de la toma, para ampliar la información.

¿Nos podrías contar en qué situación se encuentran las familias que decidieron realizar la toma en el Barrio Esther?

Lo que sucede en la toma al día de hoy (por ayer jueves) es un proceso de desalojo de alrededor entre 70 y 90 familias, no pudimos realizar un ceso así que no tenemos el número exacto pero pensamos que alrededor de 90 familias son las que estuvieron sosteniendo la toma a lo largo de estos 8 días. La verdad es que se ha organizado bastante bien ante la situación que los vecinos y las vecinas están pasando, en el cual muchas y muchos están desocupados o una sola persona de la familia tiene trabajo, tienen varios hijos.

Y entendemos que suceden dos situaciones que llevan a las familias a realizar la acción directa de la ocupación, por un lado la elevación de los precios de los alquileres que ya en el año 2016 subieron un 10 por ciento, el año pasado un 15 por ciento y este año se estima que va a llegar a un 30 por ciento anual, sumado al precio de las tarifas de los servicios esenciales, más una devaluación de la moneda del peso argentino y una inflación sobre los alimentos que también va en alza. Todo esto hace que el costo de vida en servicios y alquiler se vaya el 70 por ciento del sueldo de las personas, lo cual hace que sea casi imposible pagar mas el alquiler.

Por un lado está esa situación, y por otro lado no poder acceder a la vivienda por el alto costo que tiene comprar un terreno hoy, los terrenos que ocuparon las familias están valuados entre 250.000 y 400.000 pesos, lo cual hace imposible pensar en adquirirlo para cualquier familia tipo. Entonces se vive en un contexto de hacinamiento, en un solo lote viven alrededor de 3 o 4 familias, lo cual implica 20 personas viviendo en un lote de 10x30mts, eso hace que las familias vivan en esa situación tan difícil de precarización de la vida y no puedan acceder a una vivienda digna.

¿Quiénes componen este proceso y cuáles fueron sus argumentos para realizarlo?

La componen familias enteras que viven en estado de hacinamiento o alquilaban, familias también que están dentro de las organizaciones sociales y sobre todo mujeres en situaciones de violencia de género y vulnerabilidad. La compone gente del barrio y sus alrededores, por eso había una empatía muy fuerte de gran parte de los vecinos y las vecinas. Sobre todo porque ahí existía un desarmadero de autos, habían surgido casos de abuso hacia algunas vecinas del barrio y estuvieron asentados bunkers de drogas, que han sido expulsados por los mismos vecinos y vecinas y las organizaciones sociales que habitamos estos territorios, entre ellas el Frente Popular Darío Santillán.

¿En este marco, qué lectura hacen sobre el actual contexto político social?

Creemos que hay una combinación de diferentes factores económicos, desde donde se están transfiriendo recursos de los sectores más empobrecidos a los sectores más ricos de la clase dominante, lo que hace que se vuelva todo más cuesta arriba para la gente. La mirada que tenemos como Frente Popular Darío Santillán en cuanto al acceso de la vivienda es una mirada absolutamente negativa, por lo menos en el conurbano bonaerense vemos que es imposible llegar a poder adquirir un terreno, salvo que tengas un sueldo de $50.000, que lo tiene un porcentaje muy pequeño de la población, dejando al resto condenados a vivir en situaciones de hacinamiento. Con un grado de especulación inmobiliaria grandísimo, por lo menos en la zona nuestra de Alte. Brown, en el cual están emparentados sectores de la clase política con empresarios y además amparados por el poder judicial, que todo el tiempo se expide y termina tomando decisiones políticas y jurídicas a favor de los más ricos, y en desmedro de los que menos tienen.

Lo que vemos es que hay una situación de emergencia habitacional en el conurbano bonaerense, que debería ser declarada para que se destinen recursos desde el estado y atender esta problemática, porque entendemos que esto va ir en escalada y que esta va a ser la primera de unas cuantas ocupaciones que habrá cuando se vuelva insostenible la cosa. También vemos que el estado no garantiza uno de los derechos humanos básicos que es el acceso a la tierra y la vivienda digna, no da ninguna respuesta, no plantea una relocalización de las personas con este problema, miran para un costado y se patean la pelota entre nación, municipio y provincia acerca de quien debería atender esta problemática, que es parte de una cuestión de clase y que se vive en diferentes puntos de la provincia.

¿Cuál es la respuesta de las organizaciones a la emergencia habitacional?

Básicamente es acompañar a los vecinos y las vecinas en todo este tipo de medidas, orientar desde lo legal y lo jurídico, hacer el enroque entre los vecinos y las vecinas y todo lo que tiene que ver con las herramientas legales para acceder a la vivienda digna. Organizar e intentar que todo ese sentimiento individual que existe en la sociedad se pueda colectivizar, se pueda generar un barrio digno, construido con otros valores, donde exista un comedor comunitario, se le de importancia a la niñez, a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, para poder dar una respuesta a toda esa cuestión. La organización en eso acompaña y aporta todo el camino recorrido durante estos 18 años, entendiendo que la familia se está enfrentando a esa situación de especulación inmobiliaria y de avance sobre sus derechos, pero también ante poderes grandísimos como son el estado y los empresarios. Estamos convencidos y convencidas de que estas cosas se ganan luchando, se ganan con organización y colectivizando las luchas. Ponemos el esfuerzo máximo para poder contener a las familias, que no se desmadre la toma, entendiendo las tensiones que hay en los barrios, y conteniendo no en el sentido de que la gente no luche, si no todo lo contrario. Además de todo eso juntar a todos los responsables políticos para poder tener un debate con las familias y poder dar una solución concreta.

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Luego de 4 meses, volvió a ser noticia el Barrio Nueva Esperanza, en Merlo Gómez, al oeste del conurbano bonaerense por el violento desalojo de sus habitantes llevado adelante durante el pasado jueves. Se trata de alrededor de 1.500 familias desalojadas que ocuparon el predio el pasado 22 de octubre en Libertad, partido de Merlo.

El fiscal Fernando Capello, quien interviene en la causa por la toma, había ordenado –promediando las 10 am– que se detenga el desalojo iniciado en la madrugada del jueves por efectivos de la Policía Bonaerense y pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas para ser censados. Al retirarse el fiscal, comenzó un operativo desproporcionado que incluyó miles de policías, la Guardia de Infantería y helicópteros. A su paso quemaron y tumbaron las viviendas que con mucho esfuerzo las familias fueron construyendo.
Miles de familias se fueron del barrio sin resolver el problema de la vivienda, y la mayoría sin saber dónde pasar la noche.

El procedimiento se inició a las 4 am cuando unos 1.200 agentes cercaron el lugar, ubicado al costado de la ruta 1003, y luego comenzaron a ir casilla por casilla para pedirles a los ocupantes que voluntariamente dejen sus precarios hogares. La medida se había tomado pese a que el Juzgado de Garantías Nº 4 firmó una resolución en la que exhortaba a las autoridades a suspender cualquier intento de desalojo por el plazo de 180 días y “convocar mesas de gestión” para solucionar el problema.
Por su parte, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (FPV), manifestó que había personal de la Municipalidad para garantizar que el desalojo sea pacífico. “La información que tenemos es que va a ser absolutamente pacífico, hemos hablado con ocupantes y organizaciones. A todos se les explicó que la posición nuestra es no avalar ninguna toma”, reafirmó en declaraciones al canal de noticias TN.
Sin embargo, por la tarde, tras la retirada del fiscal y sin mediar explicaciones, comenzó el violento operativo. Los vecinos denunciaron que el operativo fue “ilegal” y que hubo “represión”. El 75 % de las viviendas fueron derrumbadas por topadoras y quienes se resistieron a abandonar el predio fueron ferozmente reprimidos, dejando el saldo de 7 detenidos, que luego fueron liberados, aunque se desconoce aún si les han abierto causas judiciales, así como el estado físico en el que se encontraban.

“Con topadoras arrasan las casas y ni siquiera podemos retirar nuestras pertenencias, como camas, heladeras y colchones”, se quejó en diálogo con la agencia de noticias DyN, Rodrigo Alonso, uno de los delegados de la toma, al tiempo que aseguró que fue “ilegal”, pues existía una “prórroga” judicial de “180 días para el desalojo firmada ayer” y protestó al sostener que “no” había “ningún tipo de contención social” para las personas retiradas.

Posteriormente, los vecinos dieron a conocer un comunicado donde afirman que: “La policía avanzó sobre nuestras precarias casas sin orden de desalojo, con topadoras y helicópteros. Miles de familias se fueron del barrio sin resolver el tema de la vivienda, y la mayoría sin saber dónde pasar la noche. Denunciamos que el fiscal Fernando Cappello nos mintió en la cara cuando prometió a los delegados que no habría desalojo y que se realizaría un censo. Nosotros ya hicimos ese censo: somos 1.500 familias que reclamamos una vivienda digna. En lugar de cumplir con su palabra, al retirarse el fiscal comenzó un operativo absolutamente desproporcionado que incluyó miles de policías, la Guardia de Infantería y helicópteros. A lo largo del día de hoy fueron avanzando: a su paso quemaron y tumbaron las viviendas que con mucho esfuerzo las familias fuimos construyendo”.

El viernes a partir de las 9.00 se realizó una concentración en la Municipalidad de Merlo, Avenida Libertador San Martín 391, entre Chacabuco y Bolívar para pedir explicaciones al Intendente Gustavo Menéndez y exigir una solución al problema de vivienda tras el violento desalojo. Al no tener respuestas algunas familias volvieron a instalarse en el predio ocupado y para el próximo martes está prevista una nueva concentración en la Municipalidad.

Historia reciente

El pasado sábado 13 de febrero por la noche, una banda de narcotraficantes instalada en un sector de casas sobre la ruta 1003 arremetió a balazos contra un grupo de jóvenes. Una de esas balas hirió a tres niños y le quitó la vida a Oscarcito, un pibe de 8 años, que jugaba en la calle. Los vecinos del barrio Nueva Esperanza hace tiempo habían denunciado a las autoridades municipales la preocupación por las zonas liberadas y la connivencia policial.

A pesar que el Intendente Gustavo Menéndez reconoció la responsabilidad y la autoría por parte de un grupo ligado al narcotráfico, dejó abierta la “necesidad” de desalojar la toma, aunque todos los testimonios de funcionarios, familiares y vecinos coinciden en que el asesinato de Oscarcito nada tenía que ver con la disputa de tierras o con los vecinos que ocuparon terrenos.
El propio padre del pequeño de 8 años baleado en un supuesto enfrentamiento entre bandas en Merlo, negó la versión oficial y, en el sepelio de su hijo, aseveró que un grupo armado disparó a quemarropa contra un grupo de niños. Quien manifestara lo de la “guerra de bandas” fue el intendente Gustavo Menéndez, del FPV, quien en todo momento salió a criminalizar a los vecinos y condenar la toma de terrenos. Saúl, el padre de Oscar habló con el canal C5N poco antes de darle el último adiós a su hijo, negó la información suministrada en un primer momento por la policía y contó cómo se dieron los hechos ocurridos el sábado por la noche.

“Terminaron de festejar un cumpleaños en la casa de un amigo, algunos chicos se habían retirado y algunos chicos que habían quedado comenzaron a jugar con cohetes y a estos malvivientes, que no sé qué se les pasó por la cabeza, vinieron a la represalia de estos cohetes con armas de alto calibre. (Hubo) Dos nenas heridas, dos muchachos también heridos, y a Oscar, que estoy a punto de enterrarlo, (de) ocho años”, dijo a punto de quebrarse el hombre.

Nota relacionada: Merlo: Cuatro meses de lucha por el derecho a la vivienda

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Para los medios hegemónicos la toma de tierra en Merlo Gómez solo es noticia cuando pasa una tragedia y operan como incitadores y justificadores de un posible desalojo. Marcha se acercó al Barrio Nueva Esperanza para conocer el lado que no nos quieren mostrar.

El barrio Nueva Unión tiene que lamentar la ausencia de Oscarcito, un pibe de 8 años. El sábado por la noche, una banda de narcotraficantes instalada en un sector de casas sobre la ruta 1003 arremetió a balazos contra un grupo de jóvenes. Una de esas balas hirió a tres niños y le quito la vida a Oscarcito, que jugaba en la calle. Los vecinos del barrio Nueva Esperanza hace tiempo habían denunciado a las autoridades municipales la preocupación por las zonas liberadas y la connivencia policial.

Las distintas reacciones por el niño asesinado no tardaron en llegar. Los vecinos del barrio lindante, inconformes con la ocupación de los terrenos, prendieron fuego las casas donde se encontraban instaladas las bandas de narcos. También, en el arrebato, algunas familias sufrieron las consecuencias de la indignación de los vecinos. Marcha dialogó con Anahí Benítez, delegada y vocera del Barrio Nueva Esperanza, quien explicó que estas acciones pasaron durante el domingo y que las bandas ya se habían ido. “No estamos de acuerdo con la justicia por mano propia, pero entendemos que, en una situación como esta, fue la única respuesta que generó una solución, dado que los narcos se fueron”, expresó.

El trágico episodio dio lugar a versiones y volvió a instalar la posibilidad de un desalojo, expresado de distintas maneras en los medios que marcan la agenda y el sentido común de las grandes mayorías. En cuanto a la muerte de Oscar, el intendente Menéndez reconoció la responsabilidad y la autoría por parte de un grupo ligado al narcotráfico, pero dejó abierta la “necesidad” de desalojar la toma. Todos los testimonios de funcionarios, familiares y vecinos coinciden en que el asesinato de Oscarcito nada tiene que ver con la disputa de tierras o con los vecinos que ocuparon terrenos. “Los vecinos somos las principales víctimas de los narcos”, explicó Benítez, y agregó que “la falta de política en una zona como esta, tan grande además, permite que surjan zonas liberadas y dan lugar a estos hechos delictivos que nada tienen que ver con las familias que nos estamos organizando y viviendo acá. En los medios masivos están dejando en el mismo plano a los vecinos y a los narcos tratando de deslegitimar este reclamo por vivienda y esta lucha por el cumplimiento de nuestros derechos”.

Bancando la Toma

Con la intención de poder desligarse de los grupos de narcos que se instalan y usurpan sectores en las tomas de tierras, pero también para poder visibilizar nuevamente el reclamo legítimo por la tierra para vivir y el derecho a la vivienda digna, distintas organizaciones sociales y políticas organizaron el “Festival Bancando la Toma, por el Derecho a la Vivienda Digna para Todxs” (Ver Fotogalería). La jornada tuvo lugar el pasado sábado y contó con diversas actividades como una radio abierta, un momento de carnaval con distintas murgas participando, bandas musicales y un panel sobre la problemática de la vivienda y la Ley 14.499 de acceso justo al hábitat –donde expusieron Gabriel Nocetto de la Asociación Civil Madre Tierra, Manuel Tufro del CELS, el Padre Gabriel del Obispado de Morón y Anahí Benítez–. Cientos de vecinos y vecinas de barrio pudieron disfrutar de la tarde en Nueva Esperanza, pero también encontrarse y conocerse. Solo algunas horas más tarde, el barrio se encuentra lamentando la muerte de Oscar, pero el balance de la actividad es positivo: “Fue una jornada más de lucha para los vecinos, para seguir organizándonos con alegría”, resumió Benítez.

Cuatro meses de lucha por la tierra y la vivienda

Marcha se acercó a Nueva Esperanza y al calor agobiante se le suman distintas incertidumbres. El escenario es complejo: medios de comunicación agitando y promoviendo un desalojo, el Intendente con declaraciones ambiguas, una familia destrozada por la pérdida de un hijo sin explicación alguna, vecinos indignados con los narcos y metiendo a las familias trabajadoras en la misma bolsa. La poca gente que hay antes de las 19 horas, recién cuando miles de personas vuelven de trabajar, dificulta las reuniones. Pero ya a las 16 horas la primera docena de delegados y “vecinos activos” de un sector se empieza a juntar y sale a recorrer la toma. Antes las llamadas de los medios y de otros vecinos son constantes. A los medios les interesa, exclusivamente, el niño asesinado: “El problema del narcotráfico en Merlo no es un problema de hoy ni se inició con la toma; sabemos que los barrios en donde vivimos los sectores populares suelen ser los más desprotegidos y la policía se instala ejerciendo mucha violencia. Ahí, donde hoy están instalados los narcos en nuestro barrio, antes estaba la policía”, explica Benítez.

Van más de tres meses de toma y la relación con el municipio es casi inexistente: “Nosotros venimos insistiendo al gobierno la apertura de una mesa de diálogo para poder resolver de manera pacífica la situación. Entendemos que las posibilidades de que estas zonas se urbanicen es posible, sabemos que los dueños de estos terrenos han salido públicamente a decir que quieren vender la tierra, que han querido venderla en años anteriores”, explica la delegada. Desde el gobierno dicen que “quien tiene la capacidad de resolver esta situación es la Justicia”, pero las más de 2000 familias saben bien que la política de vivienda no le corresponde a ninguna fiscalía, ni juez.

El déficit habitacional es una de las graves problemáticas estructurales para los sectores populares, para quienes no existen programas ni posibilidades para el acceso a la tierra y la vivienda. “Estamos peleando por un derecho básico y creemos que sin la intervención del Estado con una política clara es difícil que podamos acceder a la compra de un terreno”, cuenta Benítez. Contrarrestar el sentido común, o el sentido impuesto desde las clases dominantes en todas sus expresiones y variantes se hace cuesta arriba; las familias de Merlo Gómez hace cuatro meses que sostienen la misma convicción: “Nosotros somos familias trabajadoras, tenemos ingresos y queremos comprar la tierra para poder construir nuestra vivienda”.

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A siete años de que iniciara la gran toma donde fue construido por vecinos y vecinas el barrio 17 de Noviembre, en los márgenes de Lomas de Zamora, realizamos un recorrido por el lugar con sus protagonistas y analizamos cómo y por qué suceden las ocupaciones de terrenos ociosos en el Conurbano Bonaerense.

Barrio 17 de Noviembre, alias “Tongui”

Caía la madrugada del 17 de noviembre de 2008 mientras cientos de familias se alistaban para realizar la toma del terreno baldío al que semanas más tarde bautizarían igual que aquel memorable día. Hoy, luego de siete años, el imaginario popular lo conoce simplemente como “el Campo Tongui”. Se trata de 116 hectáreas de campo ubicadas en el sur de la Provincia de Buenos Aires, a pocas cuadras del Puente La Noria, corazón de Lomas de Zamora.

Lejos de los relatos que intentan imponer los medios hegemónicos donde no escasean las bandas mafiosas y los punteros con pistola a la cintura sacados de alguna ficción de Pol-Ka, la ocupación en el Campo Tongui fue organizada por familias provenientes de barrios aledaños y se planteó desde el principio en espacios designados en parcelas o lotes. Allí, vecinos y vecinas abordaron inmediatamente la construcción con lo que tenían a mano, y montaron primero carpas, a las que reemplazaron luego por casillas de madera y chapa hasta alcanzar algunas edificaciones de ladrillos tiempo más tarde.

En diálogo con este portal, Roxana y Tito, dos vecinos que estuvieron en aquel inicio de la toma, cuentan que “ese día llovía. Vinimos con los chicos y empezamos a clavar palos en el barro y a unir los hilos que marcaban el lote. Fue complicado: había que estar, pasar frío, aguantar el calor, los mosquitos, la lluvia”. Roxana hace una pausa y sonríe… como si entre aquellos recuerdos hubiera encontrado el momento exacto en el cual empezó, para ella y su familia, una nueva etapa. “Primero teníamos una carpita donde dormíamos cuatro. No entraba nada. Después fuimos levantando una casa de chapa, y de apoco pudimos hacerla de material”, agrega Tito.

“Al principio se organizó todo con delegados por manzana, que medían los terrenos que se iban repartiendo por familias en reuniones y asambleas –rememora Roxana–. A los pocos días hubo un intento de desalojo, vinieron con todo. Tiraron lo poco que teníamos armado, desparramaron el fuego que teníamos para cocinar. Una vez que se fue la gendarmería, volvimos a nuestro lugar. De ahí en más resistimos y luchamos todos los días. Por el agua, por la luz, por mejorar la casa, la calle, la cuadra”, cuentan también.

La construcción del barrio 17 de Noviembre forma parte de una extensa lista de experiencias similares en espacios antes ociosos que, debido a la especulación, el negocio y las ganancias de funcionarios y empresarios del sector inmobiliario –quienes siempre ponderan sus intereses por sobre los derechos más elementales del pueblo trabajador– quedan sistemáticamente ignoradas por las leyes que son reducidas a letras muertas, siendo la movilización popular lo único capaz de revivirlas y accionarlas a favor de las y los más necesitados.

Barro, tal vez

En nuestros días, gran parte del territorio urbano difiere de manera significativa de aquella ilusión del pasado que presagiaba las ciudades del futuro como centros de confort y bienestar sobre la base de tecnología de punta y materiales sofisticados. Las ciudades de nuestro presente son construidas, en los mejores casos, con materiales que contienen agentes cancerígenos como el as­besto, cuando no es con madera, chapas, plásticos y otros materiales “reciclados”. La ciudad de la miseria no es más que la otra cara de la miseria de la ciudad como proyecto de control y organización de la sociedad.

La crisis habitacional mundial, que pocos se animan a llamar direc­tamente “capitalismo”, envía a una parte cada vez mayor de la población no sólo hacia soluciones extremas, sino tam­bién a acciones que se sitúan siempre lejos de toda legalidad; hecho que rápidamente es reprimido por todos los Estados en nombre de la paz social. Y es que la propiedad, de la mano del nefasto negocio inmobiliario, continúa existiendo a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea, precisamente, privada de toda propiedad.

Se vuelve necesario entender entonces que la existencia de miles de familias sin un techo propio bajo el cual vivir, así como la de las y los desempleados, o la pobreza económica en general no son errores del capitalismo, sino que estos factores son propiedades elementales de su funcionamiento: lo que explica la infinidad de propiedades y terrenos ociosos por un lado, al mismo tiempo que se les niega la vivienda a quienes no pueden pagarla, por el otro.

En definitiva, independientemente de dimes y diretes en torno a los manejos punteriles que producen y reproducen los medios para señalar y estigmatizar a las clases populares, la toma como la del Campo Tongui o como la reciente en Merlo Gómez emergen como respuesta directa a la negación del derecho social a una vivienda digna. A la urgencia de un espacio para habitar y llenar, ya no de simples cosas o de cuerpos cansados de entregar plusvalor, sino de gestos colectivos, recorridos, fuerzas y sentidos que logren no sólo satisfacer una necesidad básica, sino también resistir al avance del urbanismo, entendido como aquel vasto territorio que ha subsumido el Capital.

Organizar el barrio para la vida digna

Los asentamientos como el Tongui –una vez avanzados los cimientos que reducen la posibilidad del desalojo– se convierten rápidamente en refugio para las personas que arriban de los países del cono sur ante su dificultad para acceder a territorios regularizados. Así, guardan en su composición social la expresión de un puñado de vecinos y vecinas que cargan con el desarraigo y la migración, pero que también traen consigo un interesante cúmulo de experiencias organizativas y de resistencia que se vuelven imprescindibles a la hora de forjar y nutrir las relaciones sociales que se van entretejiendo en el barrio donde las familias comienzan a proyectar sus vidas.

En esta línea, Marcelino, vecino proveniente de Perú, que por las mañanas trabaja en la construcción y por las tardes atiende el almacén familiar, comenta que “muchos de los problemas que hay en barrios como este, en las tomas, como dicen, son problemas morales o psicológicos porque la gente llega desesperada, con necesidades, con hambre, sin trabajo. Tenemos que ayudarnos a superar eso para vivir bien”. Marcelino pide un momento y atiende la cola de vecinos que se va formando frente a la ventana del almacén. Cuando termina, explica: “Otro problema es que no hay predisposición de las autoridades para regular la situación. Nosotros queremos que las cosas se regularicen, queremos pagar el gas, la luz, todos los servicios… si no, ¿a quién le reclamás cuando se corta? Todo lo tenemos que resolver nosotros, si no terminamos pagando a alguien de afuera por la desesperación”.

Cuando se les consulta a los vecinos y vecinas del Campo Tongui cuáles creen que son las obras que más necesita el barrio, ninguno cae en la contradicción habitual entre deseo y necesidad. Saben que lo urgente son las obras hídricas y de infraestructura, pero también creen fundamental para el desarrollo de la vida digna construir allí espacios comunitarios y de encuentro entre hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños y ancianos; espacios que den respuesta mediante la acción directa al derecho negado a la cultura, a la educación y a la salud. Desde el primer día, fueron sintiendo que estas conquistas sólo se tornan posibles mediante la organización, la solidaridad y la perseverancia de la comunidad.

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La jornada de ayer fue de profunda incertidumbre para las 2000 familias que están tomando tierras en Merlo. Durante la tarde se hizo presente la infantería, pero las negociaciones lograron, por ahora, frenar el desalojo por una solución pacífica. Marcha dialogó con una delegada de la toma.

Desde la madrugada del 22 de octubre, cientos de familias se fueron acercando a la localidad de Libertad, en el partido de Merlo. Allí, se fueron armando “viviendas” donde asentarse, con los elementos que iban encontrando o que ya traían a cuestas (nylon, carpas, maderas, chapas). Son familias humildes (algunas que estaban cerca del barrio y otras que vinieron desde más lejos), a las que se les niega el derecho básico a una vivienda digna: una problemática que ni los gobiernos nacional, provincial, ni municipal tuvieron la voluntad política de resolver.

Cuando en un comienzo se realizó la toma de 340 viviendas, la situación fue denunciada por Gustavo Menéndez, el reciente intendente electo por el Frente para la Victoria (FPV). En la denuncia judicial, responsabiliza a Raúl Othacehé, actual intendente del partido. Pero luego la toma se fue extendiendo hacia el predio lindero, hasta llegar a más de 2000 familias al día de hoy. El terreno, propiedad de particulares, consta de alrededor de 70 hectáreas y está ubicado en Merlo Gómez, entre las rutas 1001 y 1003.

Durante los primeros días los grandes medios de comunicación no se hicieron eco de los reclamos de las familias por tierra y vivienda dignas para vivir. Al superar las dos semanas de comenzada la toma,  estos mismos medios se encargaron de caldear el ambiente, enfatizar las acusaciones y, en especial, de enfrentar a pobres contra pobres. Con la estigmatización como metodología y común denominador en la prensa escrita y audiovisual, los medios instaban, justificaban y preparaban el terreno para un posible desalojo violento.

Una papa caliente de cara al balotaje

Las versiones y las acusaciones son cruzadas. Ante la denuncia de Menéndez sobre la instigación de punteros y funcionarios de Othacehé, este expresó que “Él promovió las tomas de terreno. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Él prometió en actos la toma de terrenos. Activé denuncias penales”.

Gustavo Menéndez, contrarrestó explicando que la toma busca ocultar que el gobierno saliente nunca termino un complejo de viviendas que realizó con plata del gobiernos nacional. Y expresó que “hubo bandera verde de algún lugar, porque es imposible que suceda así”

La futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el actual gobernador, Daniel Scioli, también se pronunciaron al respecto. Vidal se refirió a un “fin de ciclo” y expresó “que va a empezar una etapa distinta en diciembre”. En este sentido, intentó victimizarse: “Siento que hay algunos que creen que pueden obstaculizar lo que viene”. Por último, enfatizó a quién corresponde hacerse cargo: “Es responsabilidad de la provincia y del intendente actual”.

Por su parte, Scioli, se expresó “absolutamente en contra de las tomas ilegales”. Frente a la resolución del conflicto, el candidato a presidente por el FPV se refirió a un desalojo que se hará con “responsabilidad social y comprensión”, para lo cual comentó que está coordinando acciones con Menéndez. También, dejó entrever un dudoso trasfondo en el origen de la toma: “Habrá que analizar en profundidad la situación para que la Justicia pueda dar respuesta respecto de si hay una cuestión política o una necesidad habitacional”.

Primeras resoluciones

En declaraciones radiales, el ministro de seguridad bonaerense, Alejandro Granados, había advertido: “En pocas horas, el lugar estará rodeado por la infantería a la espera de la instrucción de la justicia, que seguramente nos dará la orden de que desalojemos”. A las 15.30, y sin orden de desalojo, 300 efectivos se acercaron a la zona con la finalidad de no dejar entrar y salir a los vecinos de la tierra tomada. Además, cumplieron la tarea de intimidar a los vecinos, y generaron así que muchas familias se retiraran de los terrenos que habían ocupado durante casi 20 días. Y mientras tanto, durante todo el día, la orden judicial de desalojo nunca llegó.

Pero quienes estaban allí no se quedaron a la espera: por la tarde realizaron una reunión entre delegados y delegadas de la toma, Eduardo Aparicio -ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires-, miembros del equipo del intendente Raúl Othacehé y el subsecretario de Urbanismo Social, Ricardo Spalletti.

Marcha dialogó con Anahí Benítez, delegada de la toma y militante del Frente Popular Darío Santillán, quien participó de la reunión. “Se gestó la posibilidad de empezar un censo para esclarecer exactamente cuántas familias somos y en función de eso pensar que el gobierno nos acompañe en un pedido de expropiación o de compra de los terrenos”, explicó.

Respecto de la propiedad del predio, aclaró que “hay un solo dueño de los terrenos y es el que está reclamando la propiedad de las tierras. En función de eso, hay un juicio, que tendría una orden de desalojo ya efectiva. Esa es la versión que circula como una especie de apriete, porque la Secretaría de Hábitat aclaró que no hay pedido de desalojo”. En este sentido la delegada enfatizó en “destacar que esa orden de desalojo no está firmada, ni se les mostró a las familias, más allá de la coerción de la policía que estaba ahí”. Por otro lado, denunció que “la negociación de hoy se da en un marco donde las familias están negociando con la policía que hace aprietes en el terreno y que no se fue hasta que el cuerpo de delegados volvió a la toma”.

Frente a la posible resolución del conflicto explicó que “la posibilidad del censo y de la negociación por una ley de expropiación o de la compra del terreno viene acompañada de un pedido a las familias de que nos retiremos y que sólo quede una guardia que garantice que esos terrenos no sean usurpados por otros. El censo empezaría a partir del miércoles (hoy), y también se comprometieron a que el canal de diálogo siga abierto”. Además, agregó que, como contraparte, “las familias hicimos un pedido de que se frenara el desalojo y se comprometieron a hacer una presentación ante el juez en la que dijeran que como se había iniciado un diálogo y había posibilidades de una salida pacífica al conflicto, entonces el juez no procediera al desalojo”.

Las respuestas de las organizaciones populares

Distintas organizaciones políticas se convocan para hoy a las 10 en el Congreso de Nación, para movilizarse y realizar una conferencia de prensa frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto con delegados de la toma. En el comunicado de convocatoria se denuncia cómo esta situación expresa una crisis en la política habitacional y por eso se exige “una solución pacífica al reclamo de más de dos mil familias” frente al intento de desalojo.

El comunicado, firmado por un amplio abanico de organizaciones políticas y organismos de Derechos Humanos, explica que “en Merlo, como en Brown, en La Plata y en otras localidades, el avance represivo hacia quienes pelean por sus derechos nos preocupa y alarma”. “Las fuerzas de seguridad han sido garantía para los desalojos más violentos en los últimos años”, denuncian.

Por último, expresa que “más allá de los cruces entre el intendente saliente, el intendente electo, el gobierno provincial actual y el que asumirá próximamente, exigimos que los gobiernos y las fuerzas políticas garanticen la resolución de la crisis habitacional de forma pacífica y en diálogo con los vecinos”.

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En la localidad de Merlo, 2.000 familias están acampando exigiendo la expropiación de tierras y la regulación del dominio en terrenos abandonados. La toma se produce ante la falta de respuesta del Estado al derecho al techo de miles de habitantes que aún no tienen un lugar propio y digno para vivir. Charlamos con Cristóbal, militante del Frente Popular Darío Santillán, agrupación que participa activamente.

-¿De qué se trata la ocupación de terrenos en Merlo?

–Se está llevando adelante la toma de un terreno de alrededor de 70 hectáreas ubicado en Merlo Gómez, entre esas dos rutas, la 1001 y la 1003. Un predio que se puede llegar a comparar con la magnitud del Indoamericano que en su momento, en la Ciudad de Buenos Aires, fue un foco de conflicto que también evidenciaba el problema de la vivienda que afecta a los sectores populares.

En este caso, en el partido hay alrededor de 2.000 familias que están llevando adelante un pedido de vivienda, un tema que no está resuelto ni por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni por el nacional.

Hoy en día el derecho a la vivienda sigue siendo parte de los reclamos que aparecen en los sectores populares y se materializan con tomas en la mayoría de los casos, o cuando se dan situaciones de desalojo. Nosotros lo vemos mucho en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Focos de conflicto que se dan en torno a la situación de la vivienda, a partir de los que el pueblo se organiza, se convoca y lleva adelante este tipo de medidas que son necesarias para al menos lograr un diálogo con el Estado, porque de lo contrario, no serían reconocidos.

-¿De dónde provienen estas familias?

–Son fundamentalmente familias de la zona, del barrio cercano a este predio. Seguramente se vayan acercando de otros barrios también, porque toda esa zona oeste tiene una cantidad muy grande de habitantes. Nosotros, como organización, estamos acompañando el desarrollo de la toma, inclusive con familias que se están organizando y llevando adelante propuestas para poder interpelar al Estado, al gobierno, para que se haga cargo de una solución pacífica respondiendo a las demandas que básicamente es la de tener una vivienda digna.

-¿Ahí el intendente era Othacehé, no?

–Exacto, Othacehé que ha sido derrotado por un candidato de La Cámpora, Menéndez.

–Que no se ha acercado a la toma…

–Hay una situación de indefinición política, porque el contexto electoral hace que nadie quiera agarrar un mango caliente en cuanto al conflicto social. Las familias que se están organizando de manera pacífica necesitan la respuesta del Estado y en ese sentido aún hoy se sigue tratando de interpelar a sus poderes para conseguir alguna respuesta.

Hoy no hay orden de desalojo, no pasa nada, es como una meseta. Es claro que la situación en este tipo de escenarios ha sido siempre desfavorable para la gente que se ha organizado y ha llevado adelante este tipo de medidas. Nosotros procuramos que sea reconocido el derecho a la vivienda y que el Estado dé una respuesta favorable a la demanda y no que venga a desalojar o reprimir.

-Parece que esa posibilidad es altamente improbable, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes del asesinato de Ángel Verón en el Chaco, y en el marco de la definición política que involucra a uno de los protagonistas del próximo balotaje presidencial, porque esta situación lo toca de cerca al candidato del oficialismo, el gobernador Scioli.

–Hay un juego de ajedrez que hace que hoy esté en stand by la definición política. Aun así no significa que haya una respuesta favorable, es necesario que el Estado se sienta interpelado por esta demanda gigante. Los antecedentes no son los mejores para el pueblo que ha llevado adelante este tipo de medidas, venimos de precedentes bastante negativos como el caso del Indoamericano y la toma del barrio Papa Francisco, más allá de que dependan de otro distrito, generalmente el Estado ha tenido este tipo de comportamiento represivo.

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La toma del barrio Comechingones en Córdoba, lleva más de dos años en pie, pese a los diversos ataques del Estado y de emprendimientos privados. Cómo sostener un nuevo modelo de vida.

Alejo (14) crece rodeado de árboles, con un paisaje agreste como telón de fondo y custodia policial las 24 horas. ‘¿Qué más pedir?’, diría la publicidad de un mega-barrio privado de las afueras de cualquier urbe argentina. Las dos primeras ventajas que presenta el asentamiento Los Comechingones están aceptadas. Fueron buscadas. La tercera, fue impuesta. Sobra. La familia de Alejo no quería vivir en un country. La seguridad, entienden, pasa por otro lado. En este caso, la mirada policial controla el adentro y no el afuera. Los peligrosos son los que viven allí: ese ejemplo de vida digna que no debe propagarse como virus hacia el exterior. La toma de tierras que desde hace más de dos años encabeza un colectivo de familias en Cuesta Blanca, departamento Punilla, se ha hecho bandera de otra forma de pensar el hábitat. Y por distintas vías, el Estado ha buscado pulverizarla.

A fines de 2012 comenzaron los primeros movimientos. Para marzo de 2013 se concretó el plan. Unas sesenta familias ocuparon tierras en una de las zonas inmobiliarias y turísticas más apetecibles de Córdoba. Falta de acceso a precios justos de alquiler; imposibilidad de acceso a crédito para pensar en la casa propia; y una mirada común sobre la forma de organizar un barrio convergieron para que estas familias avanzaran sobre estos lotes. “Siempre buscamos que sea dentro de la legalidad para que sea una toma estable, y eso nos mantiene hasta el día de hoy en nuestros lugares”, cuenta David Descole (52), acerca de la información que manejaban sobre la falta de propietarios de esos terrenos.

Algunos empresarios inmobiliarios de la zona no tardaron mucho en querer desgastar la toma. “Empezaron a reclamar y decir que eran dueños, pero vinieron de muy mala manera, con un actuar casi mafioso, armados, amenazando, y hasta prendieron fuego materiales de un compañero”, relata Yanina Arias (35), la madre de Alejo, y de otros tres niños. Los ocupantes del barrio Comechingones sabían que quienes se arrogaban derechos de propiedad (Cucanja, Crosetto y Ortuzar) sobre esa área de Cuesta Blanca sólo especulaban. “Hasta hoy no pudieron demostrar nada, porque nunca fueron dueños de eso”, remarca David, morocho, pelo largo y sonrisa generosa.

De la prepotencia empresaria a la violencia policial no hubo escala. Una orden de desalojo del fiscal Gustavo Marchetti en abril de 2013, con catorce familias despojadas de su lugar, fue el inicio de una seguidilla de acciones violentas. La escalada continuó  con cinco detenciones de miembros de la toma, hostigamiento mediante un cerco policial y represión a una marcha de organizaciones sociales y estudiantiles que se solidarizaba con los vecinos, en la ciudad de Carlos Paz. El saldo: quince detenidos más, entre otros, un abogado de los ocupantes del barrio.

La resistencia también se agigantó. Los ocupantes articularon en materia legal, organizativa y de comunicación junto al Encuentro de Organizaciones, que nuclea espacios y colectivos políticos de base territorial, en un proceso que se fortalece con el correr de los meses, y que ya es un símbolo de la lucha por la tierra en la provincia.

La infeliz cara del Estado

El plan represivo surtió efecto. No obstante, no pudo acabar con un proyecto colectivo que tiene raíces sólidas. Si bien buena parte de los ocupantes abandonaron el lugar a fuerza de desgaste policial y condiciones precarias de vida (hubo momentos que el acceso de agua y comida se volvía dificultoso), una veintena de familias mantuvo firme su elección de vida. La presencia del Estado aquí es clara: limar cualquier intento de habitar la tierra en clave no comercial. Desde la sencillez, David detalla el vínculo con los diversos actores estatales: “El único contacto ha sido a través de la Policía. No ha venido una asistente social a ver cómo estamos”. De todas formas, lejos están de pretender algún tipo de asistencialismo. “No queremos colgarnos del Estado. Lo único que queremos es que no nos repriman. Somos gente de bien, no estamos acostumbrados al roce con la policía. Tenemos una actitud pacífica, pero tampoco vamos a permitir que no se respeten nuestros derechos”, advierte.

Pensar el barrio, el mundo

A diferencia de otras tomas que surgen de forma más urgente y con poco margen para pensar el espacio, en Cuesta Blanca hay una idea clara de qué comunidad se quiere construir. Luego de pasar cerca de un año en carpas y conteiners, la mayoría de las familias ya ha podido levantar el techo propio. Y a medida que se avanza en el plano familiar, aparece con más fuerza la concepción del espacio colectivo.

David lo explica así: “Tenemos un convenio de conservación del ambiente, con una zona para nuestra vida, una de interacción con el monte, donde están las huertas, y después de monte virgen”. Asegura que buscan “construcciones con piedra y adobe, materiales de la zona” y que el tema “electricidad lo estamos resolviendo con energías alternativas como la eólica y la solar. Se puede vivir sin esa enorme carga de consumo a la que estamos sometidos”. Se puede vivir con otras opciones y en un entorno sustentable, por eso sostiene que no quieren “alumbrado público porque nos roba la noche; nos roba las estrellas”.

Yanina agrega que “es el lugar soñado”, donde “se están criando niños sin televisión, con mucha lectura” y “eso genera seres con otra forma de pensar, con otras emociones”. A entender de David, de fondo se trata de abrir terreno a “otro paradigma social”, a “una comunidad con unas bases ideológicas más naturales”, donde primen “condiciones ambientales dignas”. Para la joven madre, cada paso que da este colectivo es ver cristalizado “el sueño del espacio en el quería criar a los niños” y  esa “ya es una lucha ganada”.

Recuperar la tierra

Córdoba presenta un déficit habitacional de casi el cincuenta por ciento de los hogares, según datos recuperados por el grupo de investigación El Llano en Llamas (Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica). Si a eso se suma la grave situación ambiental –quedan menos del tres por ciento del bosque original–, que empujó a que organizaciones sociales exijan a la Legislatura la declaración de la emergencia a nivel provincial, el cuadro socio-ambiental cordobés es cuanto menos delicado.  Frente a esta realidad, debiera ser bien recibido por cualquier funcionario que actuara de buena fe lo que ocurre en Cuesta Blanca: una organización autónoma que resuelve la cuestión habitacional por sí misma, y que lo hace a su vez con una mirada ecológica.

¿Qué ocurre entonces con este caso? ¿Es sólo el buen precio de esas tierras lo que empuja al aparato estatal a minar este proyecto colectivo? ¿Qué otras lecturas posibles hay detrás del ataque constante a estas mujeres y hombres que decidieron habitar la tierra de forma digna? “Hay una cuestión ejemplificadora, para que se sepa qué le pasa a la gente cuando va con un proyecto serio, legal, consistente a dar una alternativa al modelo de vida. Somos poco politizados pero muy ideologizados. Sabemos bien qué vida queremos para nuestros hijos y eso es muy urticante para quienes sólo piensan la tierra como un bien que brinda servicios”, reflexiona David, a la sombra de un añoso árbol. Yanina lo mira atenta, y espera su turno. A su entender, Cuesta Blanca, forma parte de una dinámica de los sectores populares en Córdoba que abrieron un nuevo proceso donde se avanza sobre la tierra ociosa, en zonas grises desde el punto de vista legal, en clara disputa con sectores desarrollistas y especuladores inmobiliarios. “Quieren frenarnos, porque no quieren que esto siga y la gente abra cabeza y corazón, en este recuperar de la tierra”.

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Desde el lunes más de 200 familias agricultoras y campesinas que producen verduras y flores están realizando una toma de tierras pacífica en la zona de Campana y Luján. Nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra, elevan propuestas y reclaman por tierras para trabajar y seguir produciendo los alimentos que todos y todas consumimos diariamente.

Las y los productores hortícolas y florícolas están inmersos en una realidad acuciante: no son dueños de la tierra en la que trabajan y viven, no poseen maquinaria para la producción, viven en casillas precarias y por su producción se les paga monedas, cuando al consumidor le llega con un aumento de hasta el 1000% en ocasiones. Hecho que podemos observar cada vez que compramos nuestros alimentos de todos los días. Mauro es quintero de la zona de Abasto y alquila un pedazo de tierra donde produce junto con su familia. Y nos cuenta: “Hoy estamos acá ocupando las tierras que nos prometieron para que se sepa que las necesitamos para trabajar y pedimos para seguir produciendo una solución por parte del Estado de una problemática que nos afecta a todos”.

No son dueños ni dueñas de la tierra que trabajan con sus manos todos los días. Algunos trabajan como peones (tanteros), otros trabajan a porcentaje cobrando según lo que producen (alrededor de un 30% de la ganancia de la quinta) y poniendo sólo la mano de obra. Otros son medianeros o medieros, es decir, que aportan alrededor del 50% de los insumos (plaguicidas, semillas transgénicas, fertilizantes etc.) junto al dueño de la tierra. Y también están los arrendatarios, que son quienes tienen la capacidad de alquilar las quintas, que van desde las 2 hectáreas hasta las 9 o 10 ha por núcleo familiar. Por cada una se cobra entre $2 mil a $4 mil pesos por mes.

Virginia Crispín de Banderitas trabaja con flores en porcentaje y afirma que hoy está acampando por la tierra, ya que se lo habían prometido hace dos años los funcionarios que nunca se concretan. “Tenemos ganas de seguir produciendo nuestros productos: verduras y flores. No tenemos tierra, alquilamos o trabajamos a porcentaje para un patrón. Necesitamos trabajar y tener nuestra tierra propia, en vez de andar pagando un alquiler a un tercero, podemos pagar una cuota de nuestra tierra”, afirma Virginia. Como tantas y tantos productores, trabaja a “30% de $1000 que se lleva el patrón” y $200 o $300 es para su familia. También cuenta que los que alquilan están pagando entre $2500 o $3000 la hectárea, sumándole las semillas y los insumos necesarios para la producción que son en dólar. “Todos los argentinos consumen nuestras verduras y flores, tienen que saber que nos pagan muy poco a los que producimos y que esos productos se cobran muy caros. Tiene que haber una igualdad de precios”, dice Virginia convencida.

Pero quinteros y quinteras no se quedaron de brazos cruzados: se organizaron y maduraron muchas reivindicaciones. Hace ya dos años elaboraron una propuesta de política pública que apunta a resolver la problemática del sector, al mismo tiempo que abarataría los alimentos para el pueblo, mediante la creación de colonias agrícolas con acceso colectivo a la tierra mediante créditos blandos. El proyecto se llama “Colonia Agrícola Integral de Abastecimiento Urbano” (CAIAU) y consiste en el acceso a créditos y facilidades para comprar la tierra.

Este proyecto fue presentado públicamente en ferias, actividades en plazas tanto en La Plata como en Plaza de Mayo, y hasta donaron 6000 kg de verduras frente al Ministerio de Agricultura a distintos comedores en octubre del pasado año.

Hace un año, luego de reclamar por la implementación de la CAIAU acampando al costado de la autopista Bs.As.-La Plata, han llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Agricultura en el que proponían ceder en comodato tierras del Estado para producir. En este acuerdo participaron por parte del Ministerio de Agricultura el jefe de gabinete del ministro Héctor Espina, el abogado del ministerio, José Guede; el Secretario de Coordinación Político Institucional, Javier Rodríguez; el Secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, la asesora del Ministerio de Desarrollo, Marcela Vessvessian, y posteriormente el Secretario de Organización y Comunicación Comunitaria, Rodrigo Martín Rodríguez.

Rosalía Pellegrini, integrante de la UTT, dentro del Frente Popular Darío Santillán, afirma que esta lucha por la tierra no concierne sólo a las familias organizadas en la Unión, sino que se busca un cambio en las políticas públicas con respecto a este sector olvidado. “El problema de la falta de tierras para trabajar es de más de 5000 familias del Cinturón hortícola platense que producen nuestros alimentos, los que consumimos todos los días y que no son dueños de la tierra que trabajan.  Si bien con el proyecto de Colonia Agrícola hemos tenido una respuesta positiva por parte del Estado, no hay soluciones concretas hoy por hoy. Es por eso que decidimos realizar dos tomas de tierras simultáneas en Campana y Jáuregui en Luján”.

En Campana debieron levantar la toma debido a que más de 300 vecinos se acercaron al lugar amenazando con armas y contratando sus propias topadoras para desalojarlos, la policía arengaba estos hechos poniendo en riesgo a las familias y a los niños y niñas que estaban presentes. Aunque la toma se haya levantado, se firmó un acuerdo para la entrega de otras tierras en esa misma localidad.

En ese contexto, hace un año les había prometido que serían cedidas en comodato las tierras, pero todavía no se concretó nada, jugando así con las esperanzas e ilusiones de más de 200 familias que esperan una pronta resolución por parte del Estado, quebrado de este modo sus compromisos y engañado una vez más al pueblo trabajador.

Es por eso que la organización ha decidido avanzar sobre las tierras que les fueran prometidas, con el objetivo de poder implementar la primer Colonia Agrícola Integral de Abastecimiento Urbano en la Argentina. De este modo, se avanza sobre tierra ociosa, que en muchos casos termina siendo un negocio para alquilar tierra del Estado y sembrar soja, como se está realizando en diferentes tierras del Ministerio de Desarrollo Social.

“En Luján ya hemos instalado la colonia agrícola, ya estamos trabajando la tierra realizando una parcela de producción agroecológica. Estamos en negociación con el Ministerio de Agricultura, con el jefe de gabinete y con el Ministerio de Desarrollo Social, esperando que nos brinden una respuesta. Lo que tenemos en claro es que de acá no nos vamos, vamos a instalar la Primer Colonia Agrícola en 50 años”, afirma Rosalía.

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