Por Vivian Palmbaum

Los tratados de libre comercio entre los Estados y las empresas, además de la limitación de la soberanía, tienen como consecuencia un impacto ambiental. Así sucede con con la megaminería. Nuestra región es un importante reservorio de recursos naturales, también lo han comprendido empresarios y corporaciones que buscan apropiarse de los territorios para extraer la máxima ganancia por su explotación.  Frente a ello, los pueblos resisten y enfrentan estas iniciativas, incluso con algunas de las acciones han logrado detenerlas.

La megaminería, tratados de libre comercio, convenios y distintas formas de acuerdos con los Estados muestran una lógica perversa que no se detiene y que aprovecha hasta la pandemia para seguir haciendo negocios.   Desde la Plataforma America Latina Mejor sin TLC se realizó un conversatorio donde participaron del encuentro  el investigador Manuel Pérez Rocha del Instituto de Estudios Políticos (IPS) en Washington y miembro del consejo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). José Bayardo Chato, abogado en derecho de los pueblos indígenas y miembro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, en Dhuma Puno, Perú. Saul Zeballos miembro de la Asamblea Jachal No Se Toca, San Juan Argentina, y Vidalina Morales Presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador. 

Apuntes para reflexionar

Los Tratados de Libre Comercio, TLC, son invisibilizados para las mayorías. Hay unos 3000 TLC y tratados bilaterales de inversión que en este momento están en vigencia en nuestra región. Los proyectos de la megaminería funcionan con cláusulas de protección a los inversionistas  ¿Qué pasa cuando no se cumplen? abordado por el investigador Manuel Pérez Rocha. 

Los TLC incluyen cláusulas de solución de controversias que “permiten a las empresas internacionales evadir a los tribunales locales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional”. Hay una lógica invisibilizada que protege a inversionistas, “un sistema que opera por encima de los Estados y los gobiernos…Los Estados ceden su soberanía a estos tribunales. Los inversionistas extranjeros pueden demandar por miles de millones de dólares, en tribunales como el CIADI, el Centro Internacional de Disputas Internacionales, aunque hay otros. 

Perez Rocha explicó de qué se trata: “estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, que aunque no son tribunales formalmente constituidos, son tres abogados corporativos, altamente remunerados. Imaginen que ganan medio millón de dólares por caso”, que operan en secreto, sin testigos y mucho menos sin la presencia de las comunidades afectadas”. Y agregó “estos tribunales son una caricatura del sistema legal, con muy poco precedente y sin compromiso por la verdad y la justicia. Estos abogados solo se guían por las afectaciones de los Tratados de Libre Comercio y no hay consideración por las afectaciones ambientales o de derechos humanos”.

El investigador explicó su finalidad: “protegen a los inversionistas sobre medidas regulatorias que reduzcan el valor de su inversión, como resultado pueden demandar a los Estados por medidas de interés público que surjan de procesos democráticos y que afecten sus ganancias, no por lo que disminuyeron sino por lo que esperaban ganar. La mayoría de las empresas mineras demandan por lo que esperaban ganar, no es que ya estén instaladas y se  hayan reducido sus ganancias sino a consecuencia de procesos de resistencia popular y el descredito, por ejemplo se reduce el valor de sus inversiones, entre la más desconocidas y otras cláusulas relevantes. Precisó que “las cláusulas de protección, le dan seguridad a las empresas inversoras, tanto que si los pueblos se levantan para resistir su instalación y el Estado no implementa la defensa de esos capitales también pueden demandar a los Estados”.

La pandemia parece ser también una oportunidad de negocios. La minería fue declarada una actividad esencial donde se “está arriesgando la vida de los trabajadores, y que también las empresas están considerando demandar a partir de esta crisis que no les permite operar y como están enfrentando cualquier medida de salud pública que les afecte sus ganancias esperadas”.

La lucha de los pueblos

Saúl Zeballos de la Asamblea Jachal No Se Toca,  provincia de San Juan, Argentina, relató la experiencia de organización frente a la primera explotación megaminera, Veladero,  con uso de tóxicos, ubicada sobre la margen del rio Jachal. 

Zeballos recordó la lógica que usaron las empresas para favorecer su instalación, con estudios de impacto ambiental que solamente se presentaron ante los funcionarios, sin audiencias públicas infringiendo así la Ley General de Ambiente de la provincia. “Tampoco Veladero cumplió, ni cumple,  con el seguro de ambiente, incumple con la Ley de Glaciares en la Argentina, incumple con el Código de Minería, que establece que ante tres infracciones graves de un mismo establecimiento, la mina debe ser cerrada en forma definitiva. “Ya llevamos tres derrames constatados por las autoridades que no se hicieron presentes para hacer cumplir el Código de Minería”.  Recordó las recomendaciones del Banco Mundial que ya en 1991 exhortaban la instalación de industrias sucias en países menos desarrollados con salarios más bajos, porque el lucro cesante sería menor y donde la expectativa de vida es menor. “Así de cruel es el razonamiento de quienes dirigen el Banco Mundial …Entonces después de prestarle a la Argentina para hacer el relevamiento en todo el territorio nacional, un préstamo que luego Argentina tiene que devolver, el Banco Mundial sigue prestando, ahora que hay pasivos ambientales, para que otras empresas vengan a remediar  lo que dejaron las compañías mineras”. Precisó “cuando hay ganancias se privatizan las ganancias, pero cuando hay perdidas las socializamos entre todes, entonces los países subdesarrollados terminamos siendo aun mas subdesarrollados porque nos endeudan y nos contaminan. Nosotros desde la Asamblea Jachal No Se Toca luchamos por defender la vida y sabemos que es una lucha muy desigual porque del otro lado está la irresponsable empresa canadiense Barrick Gold y su socia china Shandong Gold”. 

Desde El Salvador, participó Vidalina Morales, luchadora social contra la megaminería. “La lucha contra la minería metálica se instala poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica  y EE.UU, CAFTA, se inicia en el año 2004, con técnicos y científicos se hizo mucha concienciación en la población, participaron iglesias, organizaciones ambientalistas, hubo un entramado de organizaciones para defender nuestro territorio, El Salvador, de una amenaza”. 

Vidalina relató que en El Salvador la minería no había sido una opción porque la fuente de subsistencia siempre fue “la agricultura en pequeño y nos preocupaba mucho que nos plantearan que la minería era un desarrollo para nuestro país”. Lucharon por una ley desde el 2004 hasta el 2016 en que se aprobó una ley. “El Salvador se ubica como primer país en el mundo libre de minería metálica. Era una lucha de David contra Goliat por la magnitud de estas empresas, que son capaces hasta de comprar voluntades. Asumimos una lucha para que El Salvador no pagara a Pacific Green y luego Ocean Gold”.

Una lógica perversa explicó: “las empresas como  la Pacific Green, cuando demandó, ni siquiera El Salvador tenía un tratado de libre comercio con Canadá … tuvieron que abrir una subsidiaria en las islas Nevada en EEUU para ampararse desde allí al tratado de libre comercio entre EEUU y Centroamérica y pueda iniciar la demanda contra El Salvador. 

Desde Puno, Perú, el abogado José Bayardo Chato, también habló sobre la lucha de los pueblos originarios cuyos derechos no son tomados en cuenta cuando se firman acuerdos entre las corporaciones y el Estado, “todas las políticas de Estado y las normas estaban dirigidas a consolidar este tipo de relaciones que van a beneficiar a las empresas”. Hay todo un aparato que deja de lado a un protagonista que son los pueblos originarios. Todas las actividades extractivas se realizan en territorios de las comunidades campesinas. En esta parte de Perú, el sur andino, existe presencia de comunidades aymaras y quechuas…cuando los pueblos reaccionan contra estas actividades extractivas ahí es donde el estado transfiere la policía al servicio de los privados para controlar la zona”. 

Bayardo precisó que las normas que dictan los estados están a favor del extractivismo, “se olvidan de la Resolución 169 de la OIT que es una norma de rango constitucional , que rige desde 1995 en nuestro país, y que señala que se debe consultar a los pueblos antes de implementar cualquier acción administrativa o legislativa que pueda perjudicarles. Bastaría con la implementación de este convenio para que se abra un diálogo antes de la concesión para el extractivismo. Los Tratados de Libre comercio no contemplan a las poblaciones campesinas que no son escuchadas”. 

Enlaces relacionados: 

Casino del Extractivismo 

Haciendo negocios con la pandemia

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Por Ivan Martin Barrera / Foto Fernando Gens

La crisis del Covid-19 pone en jaque las recetas liberales y neoliberales y la economía mundo vuelve a ver con buenos ojos la intervención estatal en la economía para que el sistema productivo y financiero no colapse a la par de la salud de la población. El conservadurismo se vuelve regla: los países se cierran al mundo, se renegocian contratos y comienza un sálvese quien pueda. 

En este contexto, Paraguay, Uruguay y Brasil, los últimos sobrevivientes del Mercosur junto con Argentina, avanzan en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur. Este TLC es uno de los tantos que comenzó a negociarse en los últimos años, sumados a los de  Canadá, India, El Líbano, Singapur y la Unión Europea. La noticia la dieron los representantes argentinos informando que el país no va a continuar con las negociaciones con Corea del Sur.

¿Qué es un TLC?

Un Tratado de Libre Comercio, o TLC, es un acuerdo bilateral entre dos o más países o bloques en los que se acuerdan políticas de comercialización. Principalmente se acuerdan tratamientos especiales y anulación de aranceles e impuestos. Yendo a lo práctico: en el caso de Corea del Sur y el Mercosur, los países integrantes del bloque exportarían materias primas agrícolas sin impuestos ni retenciones y dejarían entrar productos manufacturados de origen surcoreano sin imponerles impuestos ni cargos a estos tampoco. 

Estos TLC son un constante motor del subdesarrollo en nuestra región, así como también en cualquier región extractivista. Se comercializan productos agropecuarios, mineros, petroleros y demás, con menores ingresos al Estado, como en Argentina son las retenciones a la soja y demás granos y productos, y se dejan entrar productos manufacturados sin ninguna protección, que compiten con la industria local en desarrollo, poniendola en jaque. 

Los resultados de los TLC en América Latina no son más que la profundización de un sistema productivo extractivista, donde cualquier indicio de industrialización y de producir bienes con valor agregado quedan aplastados ante la competencia desregulada. Mientras tanto, los países desarrollados se hacen de granos y alimentos para su población a costo bajo mientras que venden productos terminados de alto valor agregado y tecnológico, generando una balanza comercial favorable. De este modo, la región queda condenada a la producción de materias primas y a la importación sistemática de productos terminados, generando un ciclo de reproducción de la pobreza al vender constantemente más barato de lo que se compra.  

El caso del acuerdo Mercosur – Corea del Sur no sería la excepción. Argentina competiría con los demás países restantes en el Mercosur para vender más barato a Corea mientras que ingresarián de forma desregulada productos tecnólogicos y electrodomésticos. 

La noticia de la no participación de Argentina en las negociación golpeó fuerte. Se llegó a hablar de que el gobierno de Alberto Fernández buscaba romper con el bloque regional, pero hoy lejos se está de eso, por ahora. La determinacion del gobierno viene de la mano con la decisión política de centrar las fuerzas en la subsistencia del sistema productivo local y de concentrar los recursos económicos en superar la crisis que dejará la pandemia. Ya había dado signos claros de esto en la renegociación con los bonistas y con el FMI y este fin de semana dejó en claro que mantendrá esta postura al menos con este acuerdo. 

La postura argentina coincide con las denuncias públicas que la Unión Industrial Argentina (UIA) y Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil vienen haciendo frente a este acuerdo. Ambas cámaras señalan el peligro de la entrada de estos productos surcoreanos al país y muestran evidencia de que acuerdos similares firmados por Colombia y Chile con este pais habían puesto en jaque la industria local. 

¿Qué onda con los TLC en épocas de pandemia?

Mientras las negociaciones se frenan con Corea del Sur, el acuerdo con la Unión Europea (UE) avanza. A los tumbos pero avanza. El acuerdo firmado durante el gobierno cambiemita aún sigue girando por los parlamentos Europeos con promotores y detractores. La postura del flamante gobierno argentino por ahora no se devela y al parecer el gobierno busca ganar tiempo hasta el momento en que se tengan que tomar decisiones y acciones en el asunto. Todavía restan acordar muchas partes y observar las reformas que proponen los países detractores del acuerdo hasta llegar a una versión final a aprobarse en los parlamentos. 

En estos contextos de Coronavirus es importante atender a algunas particularidades de estos acuerdos, como el firmado con la UE. Los TLC cuentan con cláusulas leoninas en el desarrollo de patentes y de propiedad intelectual que, entre otras imposiciones, prohíbe la generación de medicamentos genéricos que compitan con las patentes del país de origen y pone a competir a laboratorios locales con mega corporaciones farmacéuticas. Luciana Ghiotto, especialista del tema, define a los TLC como “camisas de fuerza” para los Estados y para su posibilidad de generar políticas que beneficien a la economía local y a la población y su salud.

En América Latina 2020 un TLC con cláusulas de desarrollo de patentes y de propiedad intelectual sobre medicamentos significaría un encarecimiento abruptos de los insumos sanitarios, generando un flujo de dinero que llenaría las arcas de mega corporaciones farmacéuticas a costa de cubrir los gastos de salud producidos por las pandemias de Covid-19, dengue y demás enfermedades que afectan a la región.

Los TLC en América Latina tienen una historia larga y trágica, con muchas evidencias a lo ancho y largo del continente, con Chile como mayor exponente. El vecino del oeste ostenta el récord mundial de cantidad de TLC firmados, fue nombrado como el caso éxito de libre comercio en la región hasta que el estallido del año pasado resonó en cada rincón del mundo diciendole basta a un modelo vetusto y esclavizante. Es necesario aprender de la historia, aprender de los errores, de los desaciertos, de los negociados y pensar en tratados comerciales que pongan el foco en el desarrollo de la región, desde la región o desde acuerdos que partan de la igualdad y de la simbiosis.

Notas relacionadas: Acuerdo Mercosur – Unión Europea: el futuro llegó hace rato

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Por Iván Barrera y Camila Parodi / Opinión Gráfica: Oscar de la Vega

El acuerdo de asociación estratégica recientemente comunicado por las autoridades del Mercosur y la Unión Europea en la sede de Bruselas fue presentado como una oportunidad histórica para las “transformaciones” en el mercado regional del sur del continente. Sin embargo, lejos de ser una realidad, los nuevos espejitos de colores ofrecidos por el viejo continente poco beneficiaran a la población sudamericana.

A su vez, este acuerdo de libre comercio con Europa abrió también la posibilidad de nuevos tratados, tal es así que en el día de hoy se conoció que se está “analizando una negociación de libre comercio con Estados Unidos”. Así lo comunicó el canciller argentino Jorge Faurie para “Terapia de Noticias” de La Nación + y sostuvo que se trata de una propuesta que “complementaría” el acuerdo con la UE en la misma línea que el mismo presidente Mauricio Macri había anticipado, la de “sentarse” con los Estados “más desarrollados” porque un país que “no está globalizado no tiene futuro”.

¿Para quién es el futuro pregonado por el Gobierno de Cambiemos con los TLC?¿Qué implicancias tiene? ¿cómo nos afectará en el cotidiano? ¿de qué manera se lo puede combatir? todas esas preguntas y muchas más le realizamos a Luciana Ghiotto, integrante de ATTAC – Argentina y de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC en este intento de “TLC para principiantes”.

¿Qué es un acuerdo de asociación?

Un acuerdo de asociación es lo mismo que un Tratado de Libre Comercio (TLC). Estamos ante un tratado internacional donde varios estados realizan acuerdos comerciales y de temas detrás de la frontera. 

¿Qué implicancias tiene?

La parte comercial comprende la reducción de aranceles, garantiza acceso a mercados y acuerda temas relacionados a reglas de origen, es decir, donde se produce cada producto. Los temas detrás de la frontera son los temas regulatorios, que tienen que ver con la capacidad del estado de regular ciertas temáticas en particular, como por ejemplo: los servicios, los derechos de propiedad intelectual, las compras gubernamentales, el comercio electrónico y las inversiones. 

Este es un TLC aunque lleve el nombre de acuerdo de asociación porque lleva todos estos capítulos. Estamos ante un acuerdo que no solamente va a tener que ver con cuánta carne vacuna, cuánto pollo, cuánta miel y cuanto arroz puede venderle el Mercosur a la Unión Europea y viceversa, sino que estamos ante un tratado que lo hace es liberalizar, abrir y flexibilizar el acceso de corporaciones europeas a distintos sectores de los 4 países del Mercosur, como los anteriormente mencionados: servicios financieros, compras gubernamentales, comercio electrónico.

¿Cómo llega a la Argentina?

En Argentina gran parte de lo tratado en este acuerdo ya se encuentra en vigencia, estos sectores ya están liberalizados. Argentina ya abrió todo el sector de servicios y compras gubernamentales en los años 90. De hecho, las que se benefician de esto son las empresas europeas. Sin embargo, va a tener un efecto más fuerte en Brasil, donde existía una protección mucho más grande de algunos sectores de servicios, como el sector aeronáutico o el petrolero. 

¿Qué impactos puede tener en el cotidiano?

En cuanto a la población en general, en Argentina va a tener un impacto con respecto a la industria que ha sido protegida durante muchos años por el estado y por los aranceles del Mercosur, como por ejemplo la industria automotriz y autopartista. Este acuerdo plantea que de acá a 10 y 15 años esos aranceles tienen que caer, por lo cual de acá a 15 años van a tener que reestructurarse estas industrias porque deberán competir de igual a igual con las industrias europeas. Eso llevará a que estas empresas, muchas de ellas PyMEs autopartistas quiebren, porque la competencia con Europa es muy desigual. 

En concreto, se verá un aumento en la desocupación si no hay una política de estado de reestructuración de estos sectores y de recalificación de sus trabajadores hacia otros sectores económicos. A la par de la aplicación de este TLC, se necesita una posición activa del estado para reconfigurar a esos trabajadores, o se verá un aumento notorio en los índices de desocupación. Otro efecto inmediato a ese efecto de desindustrialización, es una especialización de Argentina para exportar bienes primarios como soja, oleaginosas y sus derivados. 

¿Qué rol jugará la reforma laboral?

Macri venía a reformar el modelo productivo argentino. Él y Cambiemos, con la idea de “volver al mundo”, plantean que Argentina debe aumentar los niveles de productividad y ser competitiva. Para ser competitivos en el capitalismo global es reducir los costos de producción. Eso solo se logra a partir de una reforma laboral, la cual fue muy resistida a nivel social, evitando que Macri logre llevarla a cabo. 

Si miramos este TLC es que se van a imponer ciertas condiciones que, en definitiva, vienen a hacer desde arriba lo que Macri no pudo hacer desde adentro. Se impone el lenguaje y las reglas de la globalización, con esta idea de la liberalización comercial y los TLC, por encima de lo que no pudo resolver la burguesía nacional. Esto ha sucedido en muchos países, los TLC terminan siendo instrumentos de disciplinamiento de los trabajadores.

¿Porqué se realizó sin consultas?

Es normal, nosotros hablamos de los “Tratados Vampiros”, se negocian en la oscuridad y cuando salen a la luz generan un enorme rechazo social. En este caso, sigue la misma lógica, los borradores que teníamos de este acuerdo son del año 2017 y esto había sido a través de un Wikileak que hizo Greenpeace en Europa y que mediante ellos tuvimos acceso a esos borradores sino no había forma. Ni con el kirchnerismo ni con el gobierno de Macri tuvimos acceso a ningún borrador. Menos, como sociedad civil y/u organizaciones sociales se nos recibió de manera cotidiana en la Cancillería para debatir este acuerdo. Lo que vemos es que ahora que está saliendo a la luz lo que finalmente acordaron nos da herramientas para ver lo que acordaron y aunque sea tarde podemos coincidir que es enormemente perjudicial.

¿Cuál es la lectura que hacen desde la Plataforma América Latina Mejor sin TLC?

En Argentina este acuerdo está cayendo como un balde de agua fría, la gente no tiene idea de qué es un tratado y qué implicancias tiene. Nosotros vemos que este acuerdo que firmó la Unión Europea ya está teniendo sus efectos en otros países de la región, por eso la mirada continental es imprescindible en este momento. Nosotros tenemos los hechos que muestran los efectos que este tipo de tratados tuvo en países como México, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, que son los países que firmaron tratados con la Unión Europa de estas características. 

Lo que vemos es que hay efectos perjudiciales muy notorios para las economías nacionales: el aumento del déficit de las balanzas comerciales con la Unión Europea, no hubo una diversificación de las exportaciones como se prometió, al contrario, se concentra en productos del extractivismo. En el caso de Colombia se destruyó la industria láctea, cuestión que también está en el acuerdo del Mercosur, porque se abre a la importación de productos como leche en polvo que en la Unión Europea están altamente subsidiados. 

¿Cómo piensan la agenda de las organizaciones sociales a partir de este acuerdo?

Nos encontramos con que estos tratados en estos países han tenido efectos muy negativos. La idea es primero entender que esas experiencias existen, hay que dar a conocer esos efectos que ya existen y que nos pueden dar una enseñanza muy importante para el caso del Mercosur y de Argentina en particular. También hay que entender que la resistencia debe ser a nivel regional, no puede ser solamente nacional. En nuestro caso en particular, ahora se abre una instancia en la que, una vez que se firma el tratado, este debe ser ratificado en los congresos nacionales antes de entrar en vigencia. Para que este tratado entre en vigencia debe aprobarse en los cuatro Congresos Nacionales del Mercosur, por el Parlamento Europeo y por los veintiocho estados europeos. 

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Por Gerardo Leclercq Foto: LaRed21

Conforme al cambio de orientación político – ideológico que están atravesando los Estados de la Región, los armados continentales transitan la misma suerte.

La creación del Foro para el Progreso de América del Sur  – PROSUR –  se inserta en el escenario Latinoamericano, como el intento de dar paso a una nueva época, que pretende dejar atrás todo rastro de lo que se conoció como el “giro a la izquierda” en los gobiernos post-neoliberales de la Región.

Integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Guyana – Bolivia y Uruguay no participaron – la nueva herramienta de la derecha continental busca generar un espacio de encuentro y coordinación, “flexible y sin ideologías”, tal como lo expresa el Presidente de Chile,  Sebastián Piñera.

“Los requisitos esenciales para participar en este espacio serán la plena vigencia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto del principio de separación de los poderes del Estado, y la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la soberanía e integridad territorial de los Estados, con respeto al derecho internacional”, sostiene la Declaración de Santiago firmada por los mandatarios presentes. Punto que sin dudas, implica un bloqueo implícito a Venezuela por su situación institucional.

Las palabras del ex presidente Colombiano, Juan Manuel Santos, deja a las claras, lo que este nuevo espacio representa. “Me parece que PROSUR, o esto que están creando, es lo mismo que UNASUR pero al otro lado”

Como ruptura con el mecanismo anterior, el PROSUR se presenta como una institución sin burocracia, lo que dificulta imaginar el funcionamiento practico de dicha entidad regional, que viene a representar un mecanismo que hace las veces de  “foro” o “marco de encuentro” para la coordinación de políticas regionales.

Sin dudas lo más destacado es lo que el PROSUR dejara de hacer, a diferencia de la UNASUR: ya no actuará como un instrumento de solución de conflictos y diferencias regionales, propio y autónomo.

Flexibilización del Armado Regional y Apertura Comercial del Bloque

En las distintas reuniones que Macri ha mantenido con su par brasileño – primero Temer y ahora Bolsonaro –  los mandatarios siempre usaron la misma palabra para referirse al Mercosur: flexibilidad. Esto significa ir hacia una zona de libre comercio que mantenga la consistencia del bloque, pero que permita a cada uno de sus socios cerrar acuerdos bilaterales por afuera del organismo multilateral, algo que por definición no está permitido.

El Mercosur atraviesa ahora una doble etapa, que debe ser entendida como un todo.

Por un lado se busca una flexibilización del armado regional, que se logro al impedir que Venezuela se haga cargo de la presidencia pro tempore del bloque en agosto del 2016. A esto se vincula estrechamente un intento de apertura comercial del bloque, que no es más que el deseo que tienen algunos miembros del Mercosur de firmar Tratados de Libre Comercio (TLC) con otros estados y/o regiones. Las posibilidades concretas que se manejan son la firma de un TLC con la Unión Europea, que se encuentra en suspenso por la resistencia que genera en Europa la política medioambiental de Bolsonaro, y el más firme, hasta el momento,  la firma de un TLC con Canadá.

Los enormes avances sociales que vivió la región durante la primera década del siglo XXI, las transformaciones culturales, la ampliación de derechos y la re significación del concepto de soberanía, se encuentran hoy jaqueados por el avance y consolidación (en algunos casos) del nuevo – viejo – proyecto de los Estados Unidos en la región.

El surgimiento de esta “nueva derecha regional” debe entenderse en un doble plano. Por un lado está la indiscutible presencia de los Estados Unidos que actuó en toda la región promoviendo factores desestabilizadores y valiéndose de cualquier reclamo para generar un clima de hostilidad social e ingobernabilidad. Los golpes de estado en Honduras, Paraguay y Brasil son una muestra.

Por el otro,  encontramos las dificultades y errores propios de los gobiernos progresistas de la región, como pueden ser: la no transformación del modelo económico, el sector empresarial y las oligarquías continuaron enriqueciéndose.

Dados los altos costos de las materias primas y la expansión del mercado Chino había ingresos suficientes para la acumulación privada y para que el Estado implemente políticas distributivas. Pero al caer los costos internacionales de los productos primarios y al mismo tiempo, desacelerarse la marcha de la economía China, los sectores concentrados de la economía nacional no están dispuestos a ceder en sus niveles de ingreso.

Estrechamente vinculado al punto anterior, encontramos que el alza de los productos primarios acentuó el modelo extractivista, y si bien hubo intentos de diversificación de la matriz productiva los esfuerzos resultaron insuficientes. El avance de la soja y la dependencia casi total de la explotación de recursos no renovables como el petróleo y el gas continuaron, y continúan, marcando el rumbo de las economías de la región.

Características de la nueva derecha continental

Es importante distinguir entre la derecha en el poder y la derecha como oposición al poder.

La nueva derecha en el poder tiene más continuidades con la derecha neoliberal de los 90, mientras que esta misma nueva derecha ocupando el papel de oposición adopta una retorica más moderada, adquiriendo posturas de centro.

Queda claro que el plan económico es el mismo en ambos casos y que esta salvedad es solo aparente y retorica. El objetivo final es el mismo de siempre, la entrega de nuestros recursos naturales y la inserción internacional como productor de insumos primarios (para el caso argentino, vinculados con la agricultura y la ganadería).

Resulta interesante de analizar que en la mayoría de los gobiernos progresistas de la región ha habido dificultades a la hora de encontrar cuadros políticos de peso que le den continuidad en el tiempo a dichos proyectos. La alternancia en los cargos públicos resulta necesaria a la hora de encauzar proyectos transformadores, y no sólo para satisfacer la moral republicana de la opinión pública, sino porque sólo se consolidarán los proyectos que creen instituciones fuertes,  que garanticen el modelo de desarrollo.

El actual escenario en la región no es muy alentador. Los sectores concentrados vinculados a las burguesías nacionales y los Estados Unidos están disfrutando de una primavera que parecía impensada hace unos años atrás.

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¿Qué hay detrás del actual enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China? ¿Se trata de una “guerra comercial” como es presentada en los medios hegemónico de comunicación? ¿Puede el G-20 ser el escenario donde se dirima este conflicto? A poco más de dos semanas de realizarse la cumbre del G-20, un aporte para empezar a entender qué está en juego en la tensión comercial entre los dos imperios .

La actual “guerra comercial” entre Estados Unidos y China va camino a cumplir su quinto mes de existencia, lo que es un dato menor si centramos el análisis en sus efectos económicos conocidos y aun desconocidos.

Para encontrar la génesis de esta rivalidad debemos remontarnos al mes de Julio cuando Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 25% en un gran número de importaciones chinas a Estados Unidos, medida respondida equivalentemente por Xi Jinping, presidente chino desde el año 2013. Estos aranceles proteccionistas, como los defiende Trump, se fueron multiplicando y diversificando tanto en porcentaje como en variedad, llegando a un punto actual de no retorno, al menos en el corto plazo.

Visto de este modo, pareciera que sus efectos se reducen únicamente a variables micro y macroeconómicas, exclusivamente chinas y norteamericanas, pero veremos que no es tan sencillo. Si bien es un conflicto económico de gran envergadura, no podemos agotar nuestro análisis sin comprenderlo como un enfrentamiento geopolítico que data de muchos años, de dimensiones mundiales que afectan a toda la comunidad de naciones e involucra otros actores.

A nivel geopolítico, este enfrentamiento se inscribe en el cuestionamiento que distintas potencias hacen a la unipolaridad estadounidense cimentada en los años ‘90s y defendida aun en el corriente año, como pudo observarse con el correr del siglo XXI en los denominados BRICS. Actualmente, con algunos de sus países atravesando situaciones económicas y políticas menos prometedoras, Rusia y China se presentan como los principales contendientes de EE.UU., aunque el primero de ellos en menor medida debido a auspiciantes alianzas y contactos entre Putin y Trump.

¿Quién arbitra esta contienda?

En medio del enfrentamiento dual entre China y Estados Unidos, aparecen como árbitros los Organismos Financieros Internacionales, que persiguen fehacientemente la resolución de esta “guerra comercial”, con resultados favorables a sus designios, ya que creen que se ha puesto en peligro el sistema de comercio global.

Con la entrada de este tercer actor, es que esta contienda presenta su verdadero rostro. Aunque pareciera un retroceso temporal a los siglos XIX y XX donde modelos económicos disputaban su hegemonía entre los principales Estados capitalistas, detrás de este enfrentamiento entre China y Estados Unidos se esconde el interés de organismos tales como el Fondo Monetario Internacional de imponer la proliferación y coexistencia de tratados de libre comercio (TLC) de distinta escala (bilaterales, regionales, interregionales y globales) por sobre medidas proteccionistas, protagonistas del enfrentamiento.

Debe reconocerse que el avance de los TLC no es novedad, ya que los Organismos Financieros Internacionales y las principales potencias mundiales los utilizan como herramienta de ofensiva neoliberal hace décadas, con aciertos y fracasos, persiguiendo siempre el objetivo de liberar y desregularizar el comercio sin la intromisión de controles estatales.

Latinoamérica no está exenta de estas ofensivas neoliberales, pero cuenta entre sus laureles más recientes el haber dado por tierra con el tratado de libre comercio configurado en el llamado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el año 2005. Cuyo fracaso puede explicarse en la defensa de la soberanía regional, coincidente en los principales jefes de Estado de las naciones latinoamericanas. Con un escenario distinto a aquel, actualmente los intentos de instaurar TLC en el continente se han recrudecido llevando a la aplicación de varios de ellos, dentro de los cuales el Tratado de Asociación Transpacífico (TTP) se destaca por su envergadura y promoción.

Localmente, el TTP fue sponsoreado por el gobierno de Mauricio Macri desde iniciado su mandato, cabildeado por Hillary Clinton y la administración demócrata de Barack Obama desde el año 2009, vigente actualmente, pero perdiendo vigencia desde el año 2017 cuando Donald Trump anuncia la salida de Estados Unidos del mismo. Esta salida llevó a que el campo de acción del TTP en la economía mundial se reduzca de un 40% a un 13%.

China y Estados Unidos: los contendientes.

Si bien ya fueron presentados los Organismos Financieros como protagonistas de este complejo escenario, para comprender mejor el camino recorrido hasta la actualidad del conflicto, es preferible atender las declaraciones y señales que dan los protagonistas, Donald Trump y Xi Jinping.

La ofensiva tejida por Trump hacia China, basada principal pero no exclusivamente en arancelar las importaciones chinas debe entenderse como un reconocimiento a la reorientación económica que China viene realizando desde hace ya varios años, la cual será abordada en breve. Pero también la estrategia de Trump está mirando hacia Estados Unidos: coincidente con su slogan de campaña en 2016 “makes America great again”, con la aplicación de estos aranceles y sendas medidas proteccionistas anunciadas desde que asumió el poder del salón oval de la Casa Blanca, persigue el objetivo de incrementar y mejorar la inversión de empresas (pequeñas, medianas, grandes) de capital norteamericano en su país, sin depender del abastecimiento Chino (una especie de Industrialización por Sustitución de Importaciones, como conocemos en nuestra región). Otro signo de esta “mirada hacia adentro” es la decisión de Trump a mediados de octubre de no continuar con las declaraciones públicas sobre este conflicto hasta la cumbre del G-20, evitando así que este impacte negativamente en el desempeño de su fuerza en las elecciones de medio término celebradas el 6 de noviembre pasado.

Del otro lado, nos encontramos con la China de Xi Jinping, quien desde su asunción como Presidente en 2013 ha perseguido un proceso de transformación económica que comenzó a mostrar claros resultados.

China ya no destaca exclusivamente por su capacidad de exportación de su variada producción industrial, sino que ha desarrollado un incremento sustancial de sus importaciones, tanto por la ampliación de su mercado interno como por el pasaje de su matriz industrial de un crecimiento extensivo a uno intensivo. Esta búsqueda del desarrollo intensivo de su industria podemos verla reflejada en la aceleración de la robotización industrial, ya que en 2017 China adquirió el 36% del total de robots industriales del mundo, superando a cualquier otro país.

Como dato resonante de esta metamorfosis cabe destacar que en 2017 las importaciones chinas crecieron un 15,9% respecto al año anterior, lo cual es visto con buenos ojos por sus socios comerciales y por la misma Christine Lagarde, con quien Li Keqiang, Primer Ministro chino, se comprometió a defender y promover el libre comercio superando las históricas barreras arancelarias de protección a la industria China.

De camino hacia el G-20

A pocos días de la cumbre del G-20 en Buenos Aires, lejos se está de una resolución de esta “guerra comercial”.

Los Organismos Financieros Internacionales continúan presionando a ambos actores buscando que se resuelvan las diferencias entre ambos Estados, pero no a cualquier precio, sino garantizando el libre comercio internacional y condenando en Foros Internacionales y medios de comunicación las medidas proteccionistas vigentes, principalmente las asumidas por Donald Trump, tomando las respuestas de Xi Jinping como reacciones esperables.

Por parte del gobierno chino, se ratificó públicamente su compromiso asumido a puertas cerradas con Lagarde, de avanzar hacia la resolución del conflicto. Estos anuncios públicos se emitieron en la Exposición Internacional de Importaciones en China concluida el 10 de noviembre pasado, a donde Trump no envió emisario alguno, todo un signo de su posición.

Las acusaciones cruzadas, las medidas arancelarias teledirigidas, las presiones de los Organismos Financieros y las planificaciones a futuro de reuniones entre las partes, dan cuenta que lejos está la pacificación del conflicto y que se avecinan nuevos episodios del mismo.

Hace pocos días, Trump volvió a la carga amenazando arancelar el total de las importaciones chinas en diciembre si la solución al enfrentamiento no era favorable a Estados Unidos. De ambas partes se anuncian estrategias a abordar que van desde la manipulación monetaria, corridas bancarias exorbitantes y hostigamientos impositivos a empresas foráneas, lo cual confirma que el recrudecimiento de esta disputa comercial y geopolítica no es descabellado.

Tanto Trump como Xi Jinping acordaron reunirse en el marco de la cumbre del G-20 para comenzar a limar asperezas, lo cual busca ser capitalizado políticamente por el gobierno de Mauricio Macri quien será el anfitrión de la misma, buscando ocultar la escalonada y sin retorno crisis social y económica que Argentina atraviesa, como resultado del fracaso de las recetas neoliberales aplicadas de 2016 en adelante.

Los intereses en juego, la multiplicación de amenazas y la verdadera disputa geopolítica que trasciende este conflicto, son muestra suficiente para asegurar que en una reunión como la prevista no se saldarán las cuentas que el librecomercio quiere cobrarse.

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Tras los recientes acuerdos con el FMI y el actual contexto de ajuste dialogamos con Maria Elena Saludas de Attac para comprender la deuda en clave Ni Una Menos.

-¿Que implicancias tendrá  el acuerdo, que en pocos días, se firmará con el FMI en términos políticos y económicos?

Para responder a este interrogante, conviene que hagamos un poco de historia. El Fondo Monetario Internacional (FMI)  fue creado, el mismo día que el Banco Mundial (BM), en 1944, en el marco de los Acuerdos de Bretton Woods (interviniendo, sólo 29 países en su fundación). En la actualidad cuenta con 189 miembros.

Surge como un instrumento de organización del sistema mundial bajo la hegemonía estadounidense, por lo tanto, no es neutral. Es, profundamente, antidemocrático, ya que los países más ricos disponen de más de la mitad de los votos en el seno del Consejo de Administración. De hecho, podemos señalar, también, que es un instrumento de las grandes potencias utilizado para vigilar el mantenimiento del sistema capitalista y de los intereses de las grandes empresas transnacionales. Desde el inicio tuvo una lógica injerencista, prueba de ello es la imposición de programas de “ajuste estructural”, la definición de la especialización productiva y las visitas técnicas de revisión (de acuerdo al art. IV) en todos los países en crisis que han recurrido a su “ayuda”.

El acuerdo que el Gobierno macrista negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permanece en total hermetismo, poco se sabe de la letra chica pero, si se conoce que será un acuerdo stand-by de “acceso excepcional” que le permitirá acceder a un financiamiento entre 20 mil o 30 mil millones de dólares (en algunos medios se habla hasta de 50 mil millones de dólares)

Uno de los requerimientos que presentará la formalización del acuerdo con el FMI contempla un ajuste fiscal mucha más severo que el actual.

Las implicancias económicas vinculadas a las medidas que pueda exigir el FMI están en sintonía con el plan económico del actual gobierno, en parte ya lo estamos sufriendo, aunque,  es probable que haya una revisión aún más profunda y con un escenario que empeorará para los/as trabajadores/as.

En relación a las implicancias políticas no hay duda que profundizará las políticas neoliberales en Argentina, sometiéndonos como sociedad a una, aún, mayor pérdida de soberanía.

La mayoría del pueblo repudia este acuerdo, está en la memoria colectiva la nefasta relación que hemos tenido con el FMI que ha sido el desencadenante de agudas crisis económicas, sociales y políticas.

-¿Cómo atraviesa esta medida en el cotidiano de la sociedad civil? ¿Y en lo concreto en la vida de las mujeres?

Las medidas que el Gobierno de Macri está tomando están afectando, profundamente, a la mayoría de la población (salvo a los ricos). Como mencionamos, las mismas se profundizarán ante la firma del Acuerdo con el FMI. Es probable, que se revea, por lo tanto, la reforma laboral: mayor flexibilización, precarización de los derechos laborales…, modificaciones a la Ley previsional o jubilatoria, ajuste fiscal más profundo y recortes en áreas sociales: educación, salud, vivienda. Un ejemplo a mencionar vinculado a los posibles recortes en el área educativa son las Declaraciones de la Gob. María Eugenia Vidal (en un almuerzo en el Sheraton) expresó: “¿es justo llenar la provincia de Universidades Públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la Universidad?” (30/05/2018). Es decir, ya está acordado de antemano un ajuste en educación.

Continuando con el listado de medidas que se adelantan al “ajuste” del FMI: el reciente veto a la Ley que limitaba las subas (desmesuradas) en los servicios de luz, gas y agua, que en nuestro país son considerados mercancías, decisión que está a años luz de las medidas tomadas en el Estado Plurinacional de Bolivia en donde estos servicios fueron declarados Derechos Humanos, por lo tanto sus precios fueron bajados para que todxs puedan acceder a ellos.

Por otro lado, ya está propuesto el ajuste fiscal centrado en recortar 30 mil millones de pesos de obras públicas y el ajuste en el sector público que permitirá “ahorrar” 20 mil millones de pesos al año, según lo anunciado por el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. No olvidemos  la propuesta para nuevos campos de negocios del gran capital, a partir de los acuerdo de Participación Pública-Privada (PPP). Sólo falta confirmar que el Fondo monitoree el “ajuste y reformas estructurales”

Los efectos perversos de estas medidas se sienten con mayor intensidad sobre la vida de las mujeres. Vemos que de manera acelerada están siendo afectados los recursos financieros que un Estado debe destinar a salud, educación, alimentación, acceso a vivienda, al crédito, a la formación, profundizando de esta forma,  las desigualdades y las violencias sobre el cotidiano de las mujeres.

Desde los primeros meses del Gobierno de Mauricio Macri se dieron muchos cambios en términos de política exterior como la incorporación y firma de TLC ¿Qué lectura haces al respecto?

Mauricio Macri, desde los primeros meses de su Gobierno, adhirió, en cuanto a política exterior,  a la ideología del Libre Comercio o Libre Cambio como una alternativa provechosa para el país y sus habitantes. Como una forma de no quedar “aislado del mundo”. Por ese motivo, se propuso re-lanzar el detenido Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea. Se acercó a la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México), promovió la suspensión de Venezuela del bloque regional. Por ese motivo, también, invitó a que se realizase la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a fines del año pasado e, invitó al Grupo de los 20 (G20) a reunirse este año en nuestro país. Los lineamientos económicos seguidos desde su inicio tuvieron por objetivo la apertura de la economía, atraer inversiones (IED) dándole absoluta Seguridad Jurídica a partir de la firma de los mencionados tratados (en sus diferentes formatos). ¿Quiénes son las beneficiarias?: las empresas transnacionales (ETN) que necesitan e impulsan esta liberalización. Y, ¿cómo nos afecta el LC? En primer lugar orienta el Modelo Productivo y de desarrollo de nuestro país. Afecta cuestiones próximas a nuestras vidas: oportunidades de trabajo, el tipo de bienes que consumimos, el sistema educativo, el sistema de salud, el acceso a medicamentos, al agua, la matriz energética, a los alimentos, a los servicios públicos esenciales, a los bienes culturales y al conocimiento. Es necesario tener en cuenta que la mayoría de los TLCs buscan erosionar las soberanías nacionales a favor del derecho corporativo internacional: esto es, darle a las empresas trasnacionales más capacidad de bloquear cualquier decisión de política nacional, llevándolas muchas veces a juicio en tribunales extranjeros. Hoy, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón quieren que los demás sean librecambistas mientras ellos se protegen al máximo. La Argentina y Nuestramérica no necesitan de la ideología librecambista, que los países ricos no están dispuestos a practicar.
Lo que hace falta es impulsar procesos de integración regional, con cooperación, solidaridad y complementación. Integración de y para los Pueblos.

Sobre la toma de Deuda y la Fuga de Capitales de los últimos dos años ¿Qué costo cobrará a la soberanía de nuestro pueblo?

Es interesante analizar, porque se recurre al FMI.  La directora gerente, Christine Lagarde, manifiesta “que es para que la Argentina pueda acceder a un préstamo que le permita al Gobierno blindar a la economía de la escasez de dólares y recuperar la alicaída confianza de los mercados”

El interrogante es ¿por qué hay escasez de dólares y qué pasó con la confianza de los mercados?

Vale la pena recordar que el Gobierno Macri, como lo expresó en su discurso: “depende del financiamiento externo”.  Es el país que alcanzó el mayor ritmo de endeudamiento.

En los tres años de gestión, la Deuda Pública del Gobierno Nacional creció por encima de los 120 mil millones de dólares o aún más (incluido el bono de deuda a 100 años). Es decir, a un promedio de 40 mil millones de dólares por año. A esto hay que sumar la deuda del Banco Central (BCRA) por Lebac (títulos de deuda a corto plazo) que se ha más que triplicado en pesos. Los “fondos de inversión” llegaron pero, para especular. Hoy, la tasa de interés real es la más elevada del mundo. Y, el Banco Central debe inyectar dólares para controlar el tipo de cambio.

Analizar esta situación nos lleva a tener en cuenta el modelo productivo y de desarrollo que tiene la Argentina como así también, el modo de inserción global, como productora, fundamentalmente, de materia primas. Esto lleva a múltiples desequilibrios, entre ellos, el mencionado endeudamiento. Si a esto se suma la política de apertura comercial financiera y la desregulación que hace, incluso, que los exportadores no tengan fecha de liquidación de sus dólares, más la primacía de consumo suntuario y de turismo en el exterior y, finalmente un proceso de fuga de capitales anual de gran magnitud. Todo esto hace que se necesiten muchos dólares (por eso la escasez de dólares mencionada). Tanto la Deuda Pública y Privada como la Fuga de Capitales (offshore) hacen que haya una persistente caída de las reservas del Banco Central.

Este circuito, brevemente, analizado debilita aún más la soberanía de nuestro pueblo y, nos obliga a reflexionar sobre quiénes son los grandes ganadores y quiénes los perdedores en este proceso. Conscientes de que para salir del mismo es necesario transitar hacia cambios estructurales de carácter anticapitalista.

En distintos análisis se ha señalado que el macrismo se anticipó en su estrategia y recurrió antes de tiempo al FMI mostrando de alguna manera una debilidad ¿Qué nos podrías decir al respecto?

Es muy poco lo que puedo decir al respecto. Simplemente, que la políticas aplicadas por el actual gobierno son funcionales a la clase dominante, esa es su estrategia: responder a su “clase”. Son políticas funcionales al poder económico hegemónico. Y, están dentro de la disputa Capital/Trabajo.

– En el marco de un nuevo Ni Una Menos donde el Movimiento de Mujeres organizadas sale a la calle contra las políticas y las pedagogías de la crueldad impuestas sobre sus vidas… ¿Qué relación podes establecer entre ese reclamo y la lucha contra el FMI y la deuda?

El día 3 de junio es un día de lucha en Argentina, miles de mujeres salen a la calle con el fuerte grito de ¡ni una menos, vivas nos queremos! Durante este día, no solo denunciaremos la violencia física, machista y patriarcal, sino también la opresión que ejerce sobre nosotras el Sistema de la Deuda y los lazos existentes con el FMI.

Nosotras estaremos en la calle para decirle NO a estas políticas y a las pedagogías de la crueldad impuestas sobre nuestras vidas, proponiendo, también, la suspensión de pagos y auditoría de la Deuda Pública (Externa e Interna). Ya que la mayor parte puede categorizarse como ilegítima, ilegal y odiosa. Esto se deduce de la valiosa investigación que realizó Alejandro Olmos de la Deuda contraída en el período 1976/1983 en donde se determinaron 477 ilícitos. Y, que tiene uno Fallo favorable de Juez Ballesteros, del año 2000, que no se ha tomado, lamentablemente, como mecanismo de denuncia. Este es una iniciativa que nos permitirá, también, organizarnos para luchar  no sólo contra la Deuda sino, fundamentalmente, contra el sistema capitalista y el patriarcado.

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La Vía Campesina convoca a las actividades planificadas a nivel global en conmemoración del Día Internacional de las Luchas Campesinas, el 17 de abril en cierne. El movimiento internacional de organizaciones campesinas, trabajadores/as rurales migrantes y jornaleros/as sin tierra, hace un llamado a articular acciones para visibilizar las graves consecuencias sufridas por los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Como cada 17 de Abril, la coalición mundial Vía Campesina rememora los nefastos hechos ocurridos hace veintidós años en El dorado dos Carajás (Brasil), cuando diecinueve campesinos del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fueron asesinados impunemente por reclamar acceso a tierras.

Desde entonces, la Vía Campesina integrada por más de 200 millones de productores/as de pequeña y mediana escala, comunidades campesino-indígenas, trabajadores/as rurales migrantes y sin tierra, conmemora en esa fecha las luchas del campesinado que se libran en el mundo.

En esta ocasión, el movimiento que coordina a 182 organizaciones en 81 países hace una convocatoria: “En un solo puño de coraje y rebeldía, llamamos a nuestras organizaciones miembros, aliados/as, amigos/as y al pueblo organizado a unificar todas las acciones de resistencia, a escala global en contra de los Tratados de Libre Comercio y la criminalización de las luchas sociales”.

De esta manera, llama a la unión para enfrentar al extractivismo, el acaparamiento de tierras y los monocultivos de exportación, que son impulsados por las corporaciones transnacionales y los Estados. Militan por una transformación social, con el objetivo de  “conquistar y defender la reforma agraria, entendida como el derecho de los pueblos a la tierra, al agua y a las semillas nativas (no transgénicas), base fundamental para la soberanía alimentaria”.

Mientras la tierra y el agua concentran cada vez más interés económico para el agro-negocio, desde el movimiento denuncian que enfrentan un contexto de impunidad del gran capital transnacional, con violaciones masivas a los derechos humanos. La escalada de criminalización a los movimientos populares, las persecuciones, los desalojos de territorios, e incluso desapariciones y asesinatos de líderes y lideresas sociales resultan alarmantes.

En esa línea, consideran que al avanzar sobre los pueblos “El capitalismo, el racismo y el patriarcado van formando un modelo entrelazado de múltiples dominaciones a través del acaparamiento de territorios, el saqueo de bienes comunes como la tierra y el agua, la explotación del trabajo, el control de los cuerpos y la misoginia.”

La Vía Campesina reclama a los Estados terminar con los Tratados de Libre Comercio, a los cuales consideran que “establecen reglas para vender nuestros bienes naturales, es decir, mercantilizan bienes comunes de la humanidad en función del lucro, siendo hoy la expresión de una oleada anti-democrática a nivel mundial, que intenta imponer los intereses económicos de unos pocos, por encima del bienestar-buen vivir de los pueblos.”

De cara al próximo Día de las Luchas Campesinas, el movimiento manifiesta: “Celebramos esta importante fecha de movilizaciones internacionales por la defensa de reivindicaciones sociales, contra las fuerzas de gobiernos y empresas transnacionales del gran capital, que usurpan los bienes naturales y reprimen a millones de familias campesinas e indígenas en su lucha legítima, por defender su tierra, agua y territorios”.

Por último, invitan el 17 de abril a las marchas, foros, seminarios, ferias y otras múltiples acciones en todo el mundo, para visibilizar los terribles efectos de los Tratados de Libre Comercio sobre el campesinado y la soberanía alimentaria. Solicitan compartir todas las acciones de la jornada, así como artículos y material audio-visual al e-mail oficial lvcweb@viacampesina.org, para difundirlos en su sitio web, en la VíaCampesinaTV y en sus redes sociales y @via_campesinaSP.

Levantando la bandera de la lucha por la tierra, la soberanía alimentaria y de los pueblos, la Vía Campesina pide basta de Tratados de Libre Comercio y de impunidad.

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A pocas semanas de las elecciones generales, el gobierno apunta a consolidarse en el marco de políticas regresivas.

El gobierno de Cambiemos salió fortalecido de las PASO, pues -de repetir la performance en octubre- se ubicaría como primera minoría en el Congreso y habría logrado expandir su alcance en las provincias, de la mano de variopintas alianzas. Todo esto en un contexto de persistente confrontación social: ya fue un éxito como no-derrota. Esta evaluación se sostiene incluso con el resultado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que el kirchnerismo blando busca estructurar bajo su liderazgo al resto del peronismo y a algunas fuerzas de centro-izquierda. El gobierno leyó esta situación con júbilo, pues le permite pensar en la continuidad de su proyecto político regresivo. Esto no era un dato antes de agosto, y constituye una novedad: según parece, el “gradualismo” del ajuste, criticado por la derecha más rancia, ha servido para ganar cierta gobernabilidad.

El mejor paralelo histórico disponible para comprender la actual deriva es el menemismo (1989-1999). Al igual que entonces, el candidato ganó con una fuerte dosis de demagogia y en el gobierno lleva adelante un proyecto social regresivo, de carácter neoliberal, todo esto logrado dentro del régimen democrático-procedimental, es decir, sin recurrir a una dictadura. Ahora bien, sobre este paralelo general, es necesario buscar precisiones que lo distingan. Lo que sigue son apenas notas preliminares en este sentido.

Proyecto pensado

En primer lugar, es importante remarcar que Cambiemos no asume en el contexto de una crisis previa. Cualquier indicador de recesión de 2015 no se compara con la larga década de estancamiento y los brotes de hiperinflación que cerraron los ’80. El miedo y la angustia del pasado inmediato no sirven de extorsión para validar cualquier medida. La denuncia de la corrupción ligada al gobierno previo tiene patas cortas, porque el actual gabinete está muy complicado. Por solo referir algunas manchas ilustres, están los Panamá Papers, Braun negociando precios minoristas con su propio tío, Aranguren y equipo aplicando un tarifazo que favorece los negocios de las empresas donde trabajaban o eran accionistas, Caputo y el equipo del ministerio de Finanzas colocando deuda a través de sus bancos, Macri condonándose a sí mismo la deuda del correo o subiendo los peajes a su propia concesionaria. La corrupción como potestad kirchnerista solo se sostiene por el blindaje mediático.

El segundo punto es que este proyecto -a diferencia de los ’90- no se da en el marco de una euforia global de reformas. El contexto actual es de una larga crisis irresuelta, que estalló en 2008 y mantiene al mundo creciendo poco, y la falta de un orden global consolidado bajo un claro liderazgo (como ejerció EEUU en aquella década). Las potencias apoyaron inicialmente a Macri, pues lo veían como la cabeza de playa de un “giro a la derecha” por la vía democrática (el voto, al menos) en la región. Pero esto no trasuntó en mayores concreciones materiales, debido por un lado a las dificultades para avanzar en el “giro” regional (derrota de Lasso en Ecuador, estancamiento de la situación venezolana), y por otro a las propias crisis de los países centrales (UE aún lidiando el Brexit y EUA con permanente cuestionamiento al gobierno).

Un tercer punto es que, aunque la agenda de reformas neoliberales es semejante, tiene el problema de que la mayoría de ellas ya fueron hechas, y solo escasamente revertidas. Esto hace que no haya un “golpe de efecto” de las reformas: no hay regalos tentadores, como el conjunto de las empresas públicas, que sirva para atraer la inversión y validar el modelo. Esto no significa que no existan negocios posibles (tenencias accionarias en manos de ANSES, rutas aéreas, etc.), sino que no alcanzan para mostrar contundencia. La liberalización de la cuenta capital y la apertura comercial fueron un hecho en el primer mes de gobierno, desmontando de un plumazo los escasos controles establecidos.

Los cuatro ejes de reformas económicas por los que el gobierno busca avanzar son la flexibilización laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria y la agenda internacional del libre comercio (en rigor, la consolidación del derecho corporativo). De allí el apremio por firmar TLCs (hasta ahora esquivos) y lograr ser sede de negociaciones multilaterales (OMC en diciembre y G20 en 2018). Los 4 ejes están ya en marcha, debatiéndose tras bambalinas o incluso públicamente.

De conjunto, el gobierno no ha logrado inflingir todas las derrotas que esperaba sobre las clases populares, aunque ha tenido algunos éxitos. Entre otros, se puede mencionar que -gracias a la inflación- redujo en términos reales los salarios, las prestaciones sociales (AUH) y las jubilaciones, precarizó algunos convenios laborales (automotrices, petroleros, construcción), logró un recorte en el sistema de ciencia y técnica, hizo realidad el absurdo blanqueo de capitales (que benefició al propio staff de gobierno), el pago a los fondos buitres, el tarifazo (aunque en cuotas, en lugar de ser súbito como buscaban), y ha desmontado o amenazado con hacerlo algunos programas sociales (quita de remedios en PAMI, los subsidios a discapacitados o las becas a universitarios/as, por ejemplo). En este sentido, se despega de la contundente derrota inflingida por Menem en sus primeros años de gobierno.

Habiendo realizado una parte sustancial del ajuste en 2016, el gobierno ha puesto en marcha un esfuerzo de obra pública para impulsar el pequeño rebote económico en año eleccionario. Los sectores más beneficiados por la política económica, como el agro o la minería, se muestran incapaces de traccionar al conjunto del PBI y menos aún la contratación de fuerza de trabajo. Pero todo esto alcanza para dilatar el debate, promoviendo la idea de una recuperación en ciernes (los “brotes verdes”), mientras pasan las elecciones. Sin embargo, hasta el momento, todo este tenue rebote y las finanzas públicas está dependiendo directamente de la toma de deuda.

Vale señalar que hay una parte de la sociedad que está avalando este rumbo, que incluso se ha movilizado expresándolo en abril de este año. Algunos son presa de engaños de la posverdad, y otros solo confundidos por el bombardeo de desinformaciones, pero también hay una parte que avala con conciencia lo que se hace. Por la vía que fuera, el gobierno ha sistemáticamente instalado algunos elementos ideológico-políticos de la derecha, incluyendo la relativización del Terrorismo de Estado (en boca de ministros, secretarios e incluso el propio presidente), o el culto a la individualidad como garantía de éxito (bajo el discurso del emprendedorismo). Asimismo, se ha aprovechado muy bien del legado consumista de los ’90, para que una parte de la población se sienta a gusto con poder comprar más bienes importados o viajar más asiduamente al exterior (ninguna de ambas cosas era imposible antes). El apoyo del conservadurismo tradicional y el poder económico, claro, lo damos por descontado. Señalar estos rasgos de una minoría social favorable al gobierno no equivale a pronunciarse por una supuesta hegemonía.

El punto de resistencia

El cuarto punto es, justamente, que la experiencia histórica está disponible, y por eso mismo una parte importante del pueblo sabe de qué se trata esto, y no se deja engañar por consignas vacías. En este sentido, el acuerdo con la burocracia sindical ha resultado insuficiente, viéndose desbordado más a menudo de lo que gustaría.

Desde su inicio, Cambiemos apareció como una opción menos conciliadora, menos hegemónica, de las fracciones del capital concentrado menos dispuestas a hacer concesiones. Es una expresión político-partidaria de la confrontación del 2008. Por ese motivo, la deriva represiva era un rasgo previsible. El protocolo anti-piquetes, el encarcelamiento ilegítimo de dirigentes sociales (con la figura central de Milagro Sala) y la represión en Cresta Roja fueron hitos inaugurales, consolidada este año con la cruzada contra los docentes, el desalojo de PepsiCo y los sistemáticos hostigamientos a comunidades ubicadas en torno a territorios con recursos valiosos (en especial, por hidrocarburos, litio y soja). En este último caso se enmarca la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Pero el sentido mismo de esta deriva es garantizar un cierto orden, que incluya (sin limitarse a) algunos buenos negocios y un horizonte de previsibilidad (el “clima de negocios”). La movilización sostenida, el uso de diversas redes sociales y medios alternativos para difundir información veraz, la militancia en los lugares de trabajo y en las calles, han mostrado que gran parte del pueblo no está dispuesta a tolerar este rumbo. Y que no acepta además la falsa polarización que reduce todo acto de resistencia a un “complot” kirchnerista: en la acción de resistencia convergen las más variadas fuerzas populares y de izquierda. El poder económico detectó esto, y de hecho ha publicado un comunicado sobre el caso Maldonado pidiendo pronta resolución: comprende que continuar este rumbo está generando más riesgos que garantías.

El gobierno enfrenta en octubre el desafío de consolidarse en la política institucional, para poder avanzar con su agenda de reformas regresivas. Por suerte, la política no se reduce a los votos, y es posible que las formas de resistencia hasta ahora desplegadas pongan coto a la ofensiva oficial. Por supuesto, mejor aún sería avanzar más allá de la resistencia al ajuste.

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El pasado lunes 11, en el anexo del Congreso nacional, se realizó una Audiencia Pública con el objetivo de discutir la reciente adhesión de la Argentina al bloque de la Alianza del Pacífico, acción enmarcada en la intención del gobierno de sumar a la Argentina a diferentes negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC).

Desde la asunción de Mauricio Macri al Poder Ejecutivo, la política exterior atraviesa una serie de transformaciones de largo alcance. El nuevo perfil externo se evidenció desde inicio de la gestión con las visitas de los primeros ministros de Francia e Italia y del presidente de los Estados Unidos, y posteriormente con la nutrida agenda que el mandatario argentino tuvo en Francia, Bélgica y Alemania (que incluyó un paso por Estados Unidos), donde fueron manifiestos los planes de aumentar la cooperación económica a partir de la firma de acuerdos comerciales y tratados de “libre comercio” con diversos países y bloques regionales.

Diferentes voceros del macrismo, incluida su canciller Susana Malcorra, han hecho hincapié en que la apertura económica y el diálogo político de Argentina iba a contemplar un amplio marco de relaciones. Desde el inicio, se impulsaron tratativas con Estados Unidos –que abarcan los temas de inversiones, energías renovables, cambio climático y seguridad– y China, a la par que se abrieron negociaciones hacia la firma de un “acuerdo de asociación” entre el Mercosur y la Unión Europea. Por el eje del pacífico las negociaciones no se quedan atrás: la Argentina se integró como país observador a la Alianza del Pacífico, a pedido del presidente Macri, con el fin de sumarse también al Tratado Transpacífico de Libre Comercio (TPP por sus sigla en inglés).

Pioneras en las resistencias del “NO al ALCA” y el libre comercio en el continente durante los últimos veinte años, las organizaciones en Argentina no demoraron en impulsar una nueva coordinadora que, de a poco, va tomando fuerza y representación multisectorial: la Asamblea “Argentina Mejor sin TLC”. Marcha conversó con Luciana Ghiotto, participante de la asamblea y coordinadora de la Audiencia Pública, que explicó “La Asamblea está conformada por organizaciones sindicales, políticas, socioambientales, empresariales de la pequeña y mediana empresa, que estamos interesados en dar a conocer la nueva agenda de negociación comercial del gobierno de Macri y plantear cuales son los escenarios de TLC a los cuales el gobierno está proponiendo sumarse. El objetivo de la asamblea es, en primer lugar, visibilizar la temática ya que no hay una comprensión muy acabada sobre que implican los tratados, y sostener una articulación de organizaciones para generar acciones y formación sobre el tema del libre comercio y el poder corporativo”.

La principal demanda es la información, la falta de un debate abierto que dimensione los impactos de las negociaciones de los TLC constituye uno de los elementos que aglutinan en una declaración común a diversos sectores y espacios políticos, sociales y académicos en un mismo reclamo: “No al TPP y a todos los Tratados de Libre Comercio”.

Audiencia Pública Tratados de Libre Comercio

Convocada por la diputada Alcira Argumedo, en la Audiencia se hicieron presentes diversas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos y diputados de diferentes espacios políticos (FIT, FPV, Libres del Sur). El debate se organizó para que los distintos oradores puedan dar cuenta de los temas centrales de los tratados, que lejos están de restringirse solo a las relaciones comerciales sino que abordan temas como propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas, software, etc.), los servicios, las telecomunicaciones, la agricultura, las inversiones y refuerzan –por sobre la legislación nacional– la posibilidad de los inversores extranjeros de demandar al país en centros arbitrales internacionales.

Así, Julio Gambina explicó la estrategia de liberalización de los capitales a escala mundial, y en ese marco señaló que los TLC no son un tema novedoso: desde inicios de los noventa se buscó imponer primero la iniciativa para las Américas, luego el ALCA, y en escala mundial la Organización Mundial del Comercio. Argentina fue, con el gobierno de Menem, punta de lanza de este proceso, al firmar 58 TLC avalados por el parlamento entre 1990 y 2001, convirtiéndose en país de la región que más tratados suscribió en ese período.

Actualmente, “los que intentan recuperar la posición en que estaba Argentina en la negociación del ALCA son las clases dominantes de la Argentina claramente expresadas en el gobierno de Macri”, sostuvo Gambina. También explicó que la forma que asumen en esta coyuntura los tratados bilaterales de inversión y los TLC es a partir de las alianzas público-privados.

Por otra parte, se señaló el problema con el Sistema Internacional de Arbitraje de Inversiones que incluyen los TLC, como espacio de resolución de conflictos –el más conocido es el CIADI que depende del Banco Mundial, donde Argentina es el país con más demandas. Estos tribunales vulneran la soberanía y generan una asimetría política y jurídica de los estados nacionales respecto de las transnacionales; hasta ahora el 62% de los casos resueltos son a favor de las transnacionales, sin contar los costosos procesos jurídicos en los que los estados se ven envueltos.

Por su parte, Carlos Vicente remarcó el impacto de los TLC en la agricultura y la alimentación, y sentenció “los TLC son una apertura de puertas para las corporaciones, para que éstas tengan más poder que los poderes del estado y los intereses del pueblo” y explicó que hoy en el mundo son 6 corporaciones las que controlan las semillas, la biotecnología y el comercio de los agrotóxicos, y muchas de ellas son las mismas que controlan la industria farmacéutica. En este marco, los acuerdos sobre patentes que sostienen los TLC desatan a nivel global un crecimiento aún mayor del poder corporativo, que llega a cuestionar la factibilidad de la democracia en los estados nacionales. En términos de la propiedad intelectual, los TLC implican el traslado de las patentes vulnerando la soberanía nacional.

Las resistencias también se hicieron escuchar en la Audiencia, Pablo Michelli señaló que el rechazo a los TLC “es una de las batallas más importantes a librar” en el contexto actual, y que el desafío más importante es construir unidad en la acción para avanzar en la lucha conjunta. Se sumaron a esta expresión solidaridades desde Colombia y México, ambos países que vienen atravesando experiencias de TLC que resultaron en la pérdida de soberanía y el empeoramiento de las condiciones de vida, pero desde donde también se están gestando ejemplares resistencias.

Con más de 15 intervenciones y una lista de oradores extensa –que tuvo que suspenderse luego de tres horas de debate–, desde la Asamblea convocaron a sumarse a las actividades que incluyen la organización local de la jornada de acción continental contra el “libre comercio” el 4 de noviembre, fecha clave en la consolidación del rechazo a los TLC a nivel regional y global.

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A pocos días de cumplirse 10 años del NO al ALCA, los gobiernos del Mercosur (a excepción de Venezuela) avanzan en las negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea. Julio Gambina, profesor de economía política e integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), analiza las consecuencias que tendrá para los países suramericanos.

En esta entrevista con el programa “Al sur del Río Bravo” que se trasmite por Radionauta FM, Gambina asegura que la firma del acuerdo va a exacerbar la dependencia económica. También sostiene que “los que se benefician son claramente las corporaciones transnacionales” y que los “trabajadores y trabajadoras serán los principales afectados”.

-¿Cuáles son los puntos centrales del Tratado de Libre Comercio que vienen negociando los países del Mercosur con la Unión Europea? ¿Quiénes serán los principales favorecidos?

-Este TLC es una vieja aspiración, en primer lugar de la Unión Europea, como parte del capitalismo desarrollado que intenta fortalecer relaciones con distintos países del mundo para favorecer la liberalización del comercio, de la circulación de capital, de mercancías, de servicios. Un tema que venía fuertemente desarrollado desde las negociaciones por el ALCA entre Latinoamérica y Estados Unidos y que también se vincula con el recientemente firmado Acuerdo Transpacífico conocido como TPP.

Hay una intencionalidad de los países capitalistas desarrollados por lograr acuerdos llamados comerciales que van sobre el tema de inversiones, de patentes, sobre el conjunto de los aspectos económicos, para generar negocios que favorezcan la apertura de las economías. Y en ese marco, obviamente tienen ventajas de competitividad los capitales más concentrados, que precisamente no están en los países del Mercosur sino en los países europeos, especialmente los más desarrollados. Se busca entonces esas ventajas para favorecer la colocación de sus productos y disputar, vía inversiones externas, procesos de privatizaciones, proceso de enajenación del capital público e incluso del capital privado. La lógica es que los capitales de los países desarrollados puedan desplazar de cierta posición de dominación o hegemónica que puedan tener algunas empresas medianas o grandes en los países de la región. Los que se benefician son claramente las corporaciones transnacionales de allá y de acá.

Digamos que también es de interés en estas negociaciones los propios capitales más concentrados de los países de la región, del Mercosur en este caso. Hay que considerar que en los últimos años, las llamadas translatinas, grandes empresas -brasileñas principalmente- han generado una expansión de su presencia en América Latina y necesitan consolidarse con expansión a otros lugares del mundo. Por lo tanto, también les interesa recibir un trato preferencial por parte de la Unión Europea.

Entonces, no sólo grandes empresas de Europa están interesadas en la liberalización de nuestros pises. También grandes empresas que tienen origen y actúan en nuestros países están interesadas en ganar mercados e incluso competir en licitaciones públicas en los piases capitalistas desarrollados. Digamos que la gran atracción es para los grandes capitales transnacionales, tengan el origen que tengan. Y es por los Estados, tanto los europeos como latinoamericanos, protagonizan este debate en representación de esos grandes capitales.

Pero en la medida en que se generalizan los proceso de apertura y liberalización de las economías, se deterioran las potencialidades del capital público en nuestros países, se deteriora la capacidad de disputa de ingresos de los trabajadores y hay un serio peligro de que avance el proceso de saqueo sobre los bienes comunes, que es una de las características del modelo económico, productivo y de desarrollo de estos tiempos en nuestros países.

¿Cuáles serán las consecuencias especialmente para el pueblo trabajador en nuestros países?

-La firma de estos acuerdos potencian y profundizan la inserción subordinada del capitalismo local en el capitalismo mundial. Exacerba la dependencia económica. Y, como consecuencia, el efecto principal está sobre los trabajadores o los que viven de ingresos fijos en primer lugar, porque todo proceso de liberalización de la economía requiere disminución de salarios y, por ende, los trabajadores y trabajadoras serán los principales afectados. Y todos aquellos sectores del empresariado que ligan su perspectiva económica a la capacidad de compra de los salarios y los sectores de ingresos fijos.

También se van ver perjudicados aquellos pequeños y medianos, tanto industriales, comerciantes, productores, que están asociados a la evolución del mercado interno de nuestros países. Y no hay ninguna duda de que la liberalización de la economía supone potenciar el modelo extractivista, de saqueo de los bienes comunes y, como tal, afecta a las poblaciones que están asentadas en los territorios que son objeto del saqueo. Con lo cual no sólo hay consecuencias económicas para la mayoría de la población, sino que afecta a la propia dimensión cultural por el tipo de patrón de consumo que genera este fenómeno de la libre competencia dominada por las transnacionales. Con lo cual, la mayoría de la población aparece afectada por este tipo de negociaciones.

-Se están por cumplir 10 años del NO al ALCA. ¿Qué líneas de similitud encontrás entre aquella iniciativa de dominación impulsada por Estados Unidos y este TLC con la Unión Europea?

-Hay grandes similitudes porque esencialmente ambos apuntan a la liberalización de la economía. La diferencia está en que la dinámica de resistencia popular al ALCA fue lo que hizo derrumbar hace 10 años aquel tratado de libre comercio. Pero EE.UU. le ha encontrado la vuelta y ha ido por tratados bilaterales. Digamos que el ALCA no murió en su esencia y EE.UU. ha sacado mucha ventaja en ese aspecto. Creo que la diferencia entonces es el nivel de resistencia popular que se generó hacia el 2005 con el proceso de cambio político en la región nuestroamericana. Y ahora el desafío está en poner en evidencia el tema y generar una batalla ideológica, política y cultural para que el tema aparezca y el movimiento popular no baje la guardia de la peligrosidad que tienen estos proyectos de libre comercio, aunque tengan menos visibilidad que el que empujó EE.UU. hace 10 años.

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