Por Santiago Núñez para Lástima a Nadie, Maestro

“La satisfacción de ganar son momentos pequeños y fugaces”. La frase podría sonar en tinte filosófico, pero la dice un entrenador de futbol. Marcelo Gallardo describiendo la victoria es como si Alfred Hitchcock hablara sobre el suspenso cinematográfico o como si Jorge Luis Borges diera una charla sobre Literatura.

Pero la idea no termina allí, quizás porque en realidad no termina nunca. “El mejor antídoto para la victoria es la derrota”. Casi con fascinación sobre los desafíos, Gallardo define lo imposible: Ganar es lindo pero a la vez efímero porque uno siempre puede perder. Implícitamente, el mejor técnico de la Historia de River describía su carta mágica, la razón por la cual un ganador es un ganador: no tenerle miedo a perder.

Pero aquella visión del mundo no es sencilla. Siempre pensé que Gallardo no solamente es un ser superlativo del paladar y el elenco millonario, sino que, además, es producto de un hecho histórico, o, mejor dicho, de un proceso.

La relación victoria/derrota se tergiversó hace un par de años en River y, por inercia, para mí. Más precisamente, eso ocurrió a las 16: 21 del 26 de junio del 2011. Desde ese instante y hasta este momento y en algún punto para siempre, formamos parte de ese espectro amplio de aquellos que se fueron “a la Be”. La vida, desde ese momento, se ve distinta.

Sin que suena a un consuelo ridículo, la derrota se vive con un nivel menor de potencial escándalo y la victoria, eso que en algún momento apareció tan lejano, aparece no solamente como el dulce sabor de lo ganado sino como el contraste histórico de aquel fracaso rutilante: la final de la Copa Libertadores ganada por River contra Boca es más histórica de lo que habría sido si no hubiesen pasado solamente 6 años y medio después de haber jugado en la B Nacional. Gallardo es ladero de la victoria que es producto del fracaso.

Pero por más que a esta altura no parezca, esta nota no se trata ni de Gallardo ni de River (o quizás sí, pero sin haberme dado cuenta). La derrota, en tanto tal, tiene la diferencia de que, en algún punto dura para siempre. Pero eso no quiere decir que sea malo. Quizás simplemente es un cambio en la manera en la que uno puede ver la vida. Ni nada más ni nada menos que eso. A veces me pregunto, entonces, si en realidad el descenso no fue nada más que eso: una nueva forma de ver el fútbol y la vida.

Hace unas semanas vi descender un equipo: Tigre. Las imágenes sobrevolaban mi mente y, estoy seguro, no estaba solo. Ver a Cachete Morales jugar con la categoría de un crack a ritmo de grande y observar la mezcla exacta entre el temor a “jugar en la B” y el orgullo eterno de poder evitarlo y que eso se grite como una Copa Libertadores me hizo recordar esa magia maligna, aquella que nos ata a una pasión inexplicable.

Al mismo tiempo, Sebastián Bértoli salvaba (literalmente al mismo tiempo porque se jugaba en los mismos minutos y también literalmente “salvaba” porque un potencial gol condenaba al equipo entrerriano a una final para no descender) una vez más a su Patronato querido. A mano cambiada un centro desde el costado. “Como aquella vez”, pensé, porque el fin de semana estaba lleno de recuerdos imborrables que quizás hubiesen merecido ser borrados. Y la referencia era a aquel penal en el que el Chori Domínguez pateó alto y fuerte al medio y que Bértoli despejó para dejar a River en serias posibilidades de no volver a primera, para encima después mirar llorando a una cámara y decir que es hincha de River de toda la vida. El arquero se retiró salvando al equipo del cual fue y será siempre profeta del descenso.

Ver a Belgrano descender y a Quilmes y a Olimpo jugar para no irse a la tercera categoría ya fue demasiado. Como si la B se reencarnara en una memoria infalible, o como si lo imposible de olvidar estuviese, siempre, a la vuelta de la esquina.

¿Qué es el descenso? Nunca pude responder al interrogante. Fracaso, tristeza, derrumbe, tragedia, catástrofe son solo palabras que alguna vez me aproximaron a un concepto difícil de definir y de digerir. Pero todas ellas se encuentran del lado negativo del asunto. ¿Es solamente eso?

Quizás, para responder, conviene cambiar la pregunta. ¿Si pudieras cambiarlo, hubieses preferido no irte al descenso? Sin miedo pero con muchas chances de ser repudiado, la respuesta es no. Es cierto que quizás es más sencillo luego de dos Copas Libertadores (una de ellas con final con Boca incluida), una Copa Sudamericana y dos Recopas, pero no todo pasa por ganar o perder.

El descenso no es el fracaso de nada. Al menos para mí, fue la forma de afrontar mejor los problemas de la vida deportiva. De terminar de entender que siempre hay que aplaudir, de saber que el futbol está muy lejos de ser solamente un resultado. Saber y comprender que se puede perder es fundamental. Ganar es efímero. Perder es fugaz. Todo se mueve y lo único que queda es una pasión eterna. Ojalá los hinchas de Tigre, Belgrano y Olimpo puedan tomar ese camino.

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Hace pocos días se celebró el 40 aniversario de lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en Tigre. El evento estuvo atravesado por un operativo de las fuerzas de seguridad que, más allá de los hechos en sí, impone un hecho de gravedad en democracia. Marcha dialogó con Correpi.

El domingo 5 de agosto se desarrolló en el playón de la terminal de trenes de Tigre un festival en conmemoración de los 40 años de lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Una verdadera bocanada de aire fresco, potenciado por la reciente noticia de la restitución del nieto 128, un festival familiar y pacífico. Sin embargo, al cierre del día, comenzó a circular por las redes sociales un comunicado de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Institucional) donde se alertaba sobre la represión y detención- por parte de la “policía bonaerense, gendarmería y efectivos de civil”- de un cierto número de personas en las inmediaciones del predio en el cual se había desarrollado el evento “utilizando muy simbólicamente un Falcon verde” y un audio de la testigo de esas detenciones. No había ni fotos ni videos de las mismas.

Simultáneamente, el diputado nacional Horacio Pietragalla, nieto restituido por Abuelas, explicó por su cuenta de Twitter que durante el festival de Abuelas “no hubo represión” y que el festejo “terminó con total normalidad”. Agregó, además que “hubo 6 demorados por cuestiones menores”. Así mismo, aclaraba que la foto del Falcón verde que circulaba no correspondía con la situación ni el clima del soleado e inesperadamente primaveral domingo de agosto. Desde la organización del festival y cuenta oficial de Abuelas no se expidieron al respecto.

Quienes asistimos al evento y seguimos las actividades de ambas organizaciones- Abuelas y Correpi- nos vimos en la encrucijada de no saber qué había ocurrido realmente. En las redes, las y los seguidores de ambos comenzaron a cuestionar la veracidad de los hechos, ante la ausencia de fotografías y videos. Algunos y algunas exigian los nombres de lxs demorados. Incluso se llegó a decir que la cuenta de CORREPI había sido hackeada.

¿Cómo reaccionamos cuando nuestros ojos no pueden ver aquello que es relatado? ¿Puede una imagen, o su ausencia, dar por tierra con un testimonio de una organización respaldada por una militancia de décadas? ¿Qué pesa más?

El imaginario social está plagado de fantasmas en lo que refiere a la última dictadura militar, y es el Falcon verde, modelo Ford de moda por aquellos años, el ícono predilecto utilizado en los operativos de detención clandestina y posterior desaparición de personas. No resulta muy alocado pensar que una militante antirrepresiva, plenamente consciente del creciente envalentonamiento de las fuerzas de seguridad, ligue la presencia de dicho auto a una forma de amedrentamiento simbólico.

“En un momento dado irrumpen un grupo de personas, algunos de civil, otros de uniforme y se llevan a una cantidad indeterminada de pibes a la comisaría de Tigre en forma violenta, pegándoles, arrastrándolos, esgrimiendo que estaban borrachos y que era necesario sacarlos del lugar. Lo concreto es que justo había una compañera nuestra que vio toda la secuencia. Siguió la detención. Y una vez que nos comunicó y se pudo de algún modo hacer público, logramos, con esa intervención, parar lo que podría haber llegado a una causa penal para estos chicos, que finalmente salieron. Fue la actuación que le corresponde hacer a una organización antirrepresiva. No naturalizamos. Hay mucha gente que naturaliza estas cosas. No importa que sean tres, siete o diez. Ni tampoco importa que sean borrachos o estén sobrios. Aquí lo que vale es concretamente el accionar de la policía. Nosotros no vamos a dejar pasar esto. Y la mejor manera de desnaturalizar es hacerlo público y visibilizarlo. Y con relación al tema del Falcon verde, relativizarlo. En general en la provincia de Buenos Aires se utilizan coches viejos. En este caso era una rural Falcon verde pero que de ninguna manera significa que estemos ligando esto a aun accionar de los años 70. Estamos contando objetivamente lo que pasó y gracias a la intervención de esta compañera y la difusión que hicimos desde CORREPI se logró que la cosa no pase a mayores”, dijo Ismael Jalil, abogado de la organización antirrepresiva.

El operativo en primera persona

“Todavía tengo confusa mi detención porque solamente bajé de un micro. Me detuvieron pienso que por abuso de autoridad o por discriminación porque me vieron con visera. Me llevaron a la comisaría sin justificativo, me sacaron los cordones y la gorra que todavía la estoy reclamando. Me lastimaron, me pegaron, me dieron rodillazos. En una celda para tres estábamos metidos ocho. Y se escuchaban los gritos de tortura de las celdas de al lado. Veíamos cómo pasaban arrastrando de los pelos a los pibes. Desde la celda nosotros gritábamos que paren un poco. Los oficiales nos amenazaban con que paremos o iban a entrar y nos iban a romper la cabeza a nosotros. Veíamos cómo les hacían apoyar las manos contra el piso y les pisaban los dedos. En un momento me exigen ir a Cuerpo Médico. Ahí no me dieron pelota, no me hicieron ni sacar la remera para ver las lesiones. A mi me rompieron las muñecas, me pegaron patadas en las costillas. A la hora de la liberación me dieron un papel para firmar el cual no me dejaron leer con exactitud. ‘Firmá y andate que sino te dejamos pasar la noche acá´, me dijo el oficial Urquiza. Me faltaban pertenencias. Me faltaba plata, la SUBE, una gorra. Y cuando reclamo me dicen ‘te metemos preso un rato más. Andate pendejo de mierda o te rompemos la cabeza’, denunció Facundo, uno de los demorados, al salir de la Comisaría.

Desde aquel episodio, Facundo comenzó a faltar al trabajo. Desde Abuelas le dijeron que lo apoyarían si decide realizar la denuncia. “Estuve llevando todo adelante para poder realizar la denuncia y que no quede todo en la nada pero en el contexto en el que estoy es más complicado. Mi vieja que es la única que me puede llegar a dar una mano, está en Neuquén y es abogada. Acá en ningún centro médico me dieron bola como para hacerme una constancia de las lesiones, sólo en uno privado pero que tenía que pagar 800 pesos. Me tuvieron dando vueltas de acá para allá y no sé con qué tanto fundamento puedo llegar a hacer la denuncia”.

“Treinta años de militancia nos avalan. Nosotros difundimos la noticia ni bien nos enteramos y luego empezamos a recopilar material”, explicó a Marcha Román, militante de CORREPI. Asimismo, dijo que “por las redes nos pedían los nombres de los demorados como prueba de veracidad. Eso lo hacemos cuando efectivamente las personas quedan detenidas. Pero como en esta oportunidad salieron, queda a voluntad de dichas personas dar su consentimiento para difundir o no su identidad. Y agregó: “En un momento nos encontramos en la extraña situación de hasta parecer enfrentados con Abuelas porque medios de comunicación cercanos a la organización del evento empezaron a bajarnos las notas. Nosotros lo que denunciamos es que esos demorados fueron torturados en la Comisaría 1 de Tigre, a la sazón ex centro clandestino de detención”.

Fotografiar o grabar algo es volverlo visible. Los registros visuales y audiovisuales son información y construcción, desde ya. Pero poner el foco de discusión en la presencia o no de un auto icónico de la última Dictadura, resaltar las razones por las cuales se los habrían llevado o exigir la captura del instante como condición de verdad resulta nimio si ponemos del otro lado de la balanza que en el marco de 40 años de lucha de Abuelas haya tenido lugar la secuencia relatada. Es simbólicamente grave.

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Ayer el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP), una organización de pueblos originarios y vecinos formada para proteger los sitios sagrados indígenas y los humedales continentales del río Luján en Tigre y Escobar, celebró en Punta Querandí su 8º aniversario.

El Movimiento en Defensa de la Pacha se organizó en el 2009 para proteger Punta Querandí y otros lugares amenazados, pero la lucha había empezado muchos años antes.

Algunos vecinos del paraje ya llevaban dos años de reclamos para que la empresa EIDICO no destruya “el camino de la vía muerta” que era su único acceso vehicular.

El MDP surge luego de algunos años de haber circulado boca en boca por distintos espacios de pueblos originarios del Gran Buenos Aires la información sobre la existencia de cementerios indígenas destruidos o amenazados por emprendimientos inmobiliarios. Otro hecho que impulsó a dar este paso fue la entrega del sitio Punta Canal (Punta Querandí) al empresario Jorge O’Reilly por parte de los arqueólogos autorizados por el Estado Provincial para resguardar el patrimonio cultural ancestral en Tigre y Escobar.

A partir del 2009, la lucha se intensifica, con asambleas semanales y quincenales en Punta Querandí. En el 2010 se inicia el campamento permanente para resistir contra las máquinas de EIDICO que habían iniciado la destrucción del predio. Desde el 2011, el ‘acampe’ se consolida con el salón comunitario Cacique Manuá y otras construcciones en el territorio, multiplicándose las actividades culturales, educativas y espirituales.

Resistencia comunitaria

Punta Querandí es un espacio arqueológico, sagrado y educativo que es custodiado por familias de distintos pueblos originarios que allí desarrollan su espiritualidad y realizan talleres de enseñanza abiertos a toda la sociedad. Está localizado en el Paraje Punta Canal, entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), rodeado de barrios privados del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO, cuyo presidente Jorge O’Reilly fue asesor de Sergio Massa. El intendente de Tigre, Julio Zamora, vive en este complejo de casi 1.000 hectáreas que año tras año avanza sobre más terrenos.

Desde hace casi una década, esta resistencia comunitaria es llevada adelante por el Movimiento en Defensa de la Pacha, una organización formada por familias guaraní, quechua, la comunidad qom Cacique Ramón Chara, ambientalistas, comunicadores y vecinos. Las actividades culturales, ceremoniales y educativas realizadas semanalmente transformaron a Punta Querandí en un espacio de fortalecimiento de la identidad ancestral y de transmisión de conocimientos: armado de techo de capi ñaro (paja brava), cestería con totora, construcción con barro, alfarería con arcilla, música sikuri, lenguas indígenas y visitas de escuelas, son algunas de las propuestas habituales.

El espacio, de menos de una hectárea, sigue en peligro a pesar de haber logrado el reconocimiento de distintos organismos oficiales, como el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas en 2011, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en 2015 y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en 2016. El empresario Jorge O’Reilly no cede sus pretensiones sobre el lugar. Y los funcionarios no avanzan sobre sus intereses.

En el caso del Municipio de Tigre, la decisión política de perjudicar a Punta Querandí se hace evidente en la falta de arreglo del puente que se cayó en agosto de 2015 debido a su deficiente instalación y a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades. Los funcionarios abandonaron a las familias del paraje, quienes no tienen otro acceso público para acceder a sus viviendas. Además, los concejales oficialistas se niegan a repudiar los hechos de violencia contra el sitio sagrado de los pueblos originarios, como las dos destrucciones de un Opy (templo guaraní) que tuvieron lugar en septiembre y en diciembre del año pasado, allanando el camino para nuevas agresiones.

Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien se comprometió en febrero de 2016 a recuperar el camino de acceso a Punta Querandí, ha incumplido su palabra: luego de casi de un año, no se ha avanzado ni un paso en ese sentido. El barrio privado San Benito continúa usurpando la calle pública perimetral pese a ser una obligación legal. En el 2014, el presidente de EIDICO, Jorge O’Reilly, había advertido que iba a hacer todo lo que esté a su alcance para no abrir la calle. Un empresario puede más que un Municipio.

Autoridades cómplices

Lugar ribereño de gran concurrencia popular, ex parada del ferrocarril hasta 1967 y sitio arqueológico milenario: estos tres motivos parecen más que suficientes para que el Estado resguarde Punta Querandí. Sin embargo, en el 2007 este lugar fue entregado por las autoridades estatales para los negociados de barrios privados, una decisión política en la que confluyeron el organismo nacional titular de las tierras (ONABE-ADIF), el área arqueológica de la provincia y las intendencias de Tigre y Escobar.

Mientras los funcionarios siguen demorando la resolución, el sitio sagrado de los pueblos originarios se fortalece con cada encuentro en el camino hasta alcanzar su protección definitiva, la consolidación de la costa para evitar su desmoronamiento, la recuperación de las miles de piezas excavadas por una campaña pagada por el empresario inmobiliario y el re entierro del esqueleto extraído del sitio Arroyo Garín, yacimiento destruido por el country Santa Catalina a pocos metros de Punta Querandí.

En la zona norte del Gran Buenos Aires, los barrios privados destruyeron miles de hectáreas de humedales, desaparecieron sitios arqueológicos con enterratorios humanos de los pueblos originarios y generaron más inundaciones a los vecinos preexistentes. Esta avanzada que violó los derechos humanos fue avalada y promovida por los Municipios de Tigre y Escobar.

En la Cuenca del Río Luján durante la última década crecieron distintas luchas contra la invasión de los mega emprendimientos de barrios privados, se ha instalado el tema y se han logrado fallos judiciales -de dudoso cumplimiento- que ordenan frenar todas las obras preventivamente hasta tener los resultados de un estudio de impacto ambiental acumulativo. Para garantizar la clausura definitiva de este modelo nefasto de “progreso” para pocos, organizaciones de Luján, Pilar, Campana, Escobar y Tigre impulsan la campaña “Más humedales, Menos inundados” con una gran cantidad de adhesiones.

Tigre: intento fallido de facilitar autorizaciones para barrios privados

El martes 27 de diciembre fue la última sesión del Concejo Deliberante de Tigre. El oficialismo pretendía aprobar un Proyecto de ordenanza enviado desde el Departamento ejecutivo para modificar el artículo 50 del Código de Zonificación que obliga al Intendente a enviar al cuerpo deliberativo los estudios para autorizar las “urbanizaciones especiales”. De haberse aprobado, el jefe comunal podría autorizar directamente la instalación de countries y torres de departamentos.

Muchísimas organizaciones se pusieron en alerta por la iniciativa y se convocaron en el Concejo Deliberante para presenciar la sesión. El proyecto con la firma del Intendente Julio Zamora, fue interpretado como una evidente maniobra para beneficiar estos negociados inmobiliarios sin que tomen trascendencia pública.

Los reclamos para frenar los barrios privados, proteger los últimos humedales continentales y promover otro tipo de desarrollo urbano, tienen muchos años en Tigre. Los concejales del Frente Renovador han “cajoneado” todos los proyectos de ordenanza que proponen la prohibición de estos emprendimientos. La Intendencia continúa entregando el territorio a las desarrolladoras inmobiliarias. En los alrededores de Punta Querandí y en otros puntos de la localidad de Dique Luján, hay una gran cantidad de proyectos que ponen en riesgo el patrimonio natural y cultural. En la zona isleña, las denuncias por construcciones ilegales son cada vez más frecuentes.

En las horas previas habían comenzado a escucharse distintos cuestionamientos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en el que destacó: “el proyecto contradice de forma flagrante lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que detallan las competencias de los concejos deliberantes municipales.

Su aprobación además supone profundizar la falta de transparencia y arbitrariedad que han caracterizado los procedimientos de aprobación de los proyectos urbanos en la provincia de Buenos Aires. Este manejo opaco explica la segregación, el déficit de infraestructura y los crecientes riesgos ambientales que sufren hoy los habitantes de la Provincia”, agregó el reconocido organismo de Derechos Humanos.

“Con este cambio en el código lo único que ganan es oscuridad”, analizaba a minutos de la sesión el concejal Federico Ugo. “El massismo tiene mayoría para aprobar automáticamente sus iniciativas en el Concejo Deliberante, pero dicha instancia deja estos negociados más expuestos, como sucedió con ‘Remeros Beach’ en el 2015, tiempo después paralizado por un fallo del Juzgado Federal de San Isidro que además prohibió a los municipios autorizar nuevos proyectos”.

Finalmente, para descomprimir la situación, el Frente Renovador decidió retirar la iniciativa del “orden del día”.

Manifestación frente a Nordelta por la desaparición de lugares sagrados en Tigre

El Movimiento en Defensa de la Pacha realizó una concentración frente a Nordelta, en Ruta 27 y Arroyo Sarandí, para difundir a la comunidad tigrense la destrucción de enterratorios ancestrales y los ataques contra lugares ceremoniales de los pueblos originarios por la construcción de barrios privados. También denunciaron que el Municipio incentiva estos negociados, permite la violencia empresarial y deja sin accesos a los vecinos que “molestan” a la mafia inmobiliaria. La convocatoria fue el domingo 11 de diciembre.

El daño generado por el mercado inmobiliario no se agota en la desaparición del patrimonio arqueológico indígena: la destrucción de miles de hectáreas de humedales agravó las inundaciones a los vecinos preexistentes, desplazó a pobladores históricos y privatizó calles, costas y cursos de agua, entre otras problemáticas.

En toda la Cuenca del Río Luján, los vecinos con el apoyo de sectores académicos reclaman la prohibición de este “modelo urbanizador” con altos costos sociales y ambientales. Sin embargo, las autoridades de Tigre mantienen su política: toda la franja continental del distrito está liberada para que sigan avanzando los countries náuticos.

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El viernes 21 de octubre movimientos sociales, organizaciones sindicales, vecinas y vecinos se concentraron en las cercanías de la estación ferroviaria de Tigre para movilizarse hasta la Municipalidad. El objetivo: denunciar los casos de violencia institucional y abuso de autoridad protagonizados por el Centro de Operaciones Tigre (COT), la policía municipal controlada por el gobierno massista de Julio Zamora, así como también aquellos cometidos por la policía bonaerense que responde a la macrista María Eugenia Vidal.

Si esta cárcel sigue así…

La concentración fue impulsada por uno de los tantos hechos denunciados por los vecinos con relación a estos temas: el pasado 14 de octubre se difundió el video de la brutal agresión por parte de un oficial del COT a un repartidor de harina en Benavídez. Las imágenes despertaron una indignación masiva y se viralizaron en las redes sociales. Al poco tiempo, gracias a  la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), se conoció la identidad del violento oficial: Héctor Eusebio Sosa, un ex cabo 1° de la Policía Bonaerense, responsable del asesinato de tres jóvenes entre los años 1999 y 2006 en casos de gatillo fácil.

En el texto que difundió CORREPI, se puede ver qué se esconde tras la figura del ex cabo Sosa. En 1999, en San Fernando, ejecutó a dos pibes que se hallaban desarmados y pidiendo que no disparara. Uno de ellos, Víctor “El Frente” Vital, de 17 años, recibió cuatro balazos y falleció; el otro chico, de 15 años, recibió un tiro en la cabeza, lo dieron por muerto, lo arrastraron, pero no murió. “En 2001, una semana antes del juicio oral, el fiscal y la defensa hicieron un acuerdo de juicio abreviado por homicidio ‘en exceso de la legítima defensa’. El Tribunal 1 de San Isidro admitió el trámite abreviado, pero prefirió absolver a Sosa. CORREPI interpuso recurso de casación, y logramos anular ese fallo, pero el nuevo juicio, ante el Tribunal Criminal nº 3, terminó con una escandalosa nueva absolución”. En 2006, mató a Jonathan Lorenzo, de 19 años, y a Jorge Andrés Martínez, de 24. Al primero, de tres disparos en la espalda y al segundo, de otros tres en la espalda y uno en la nuca. “Sosa nunca fue apartado de la fuerza, y el 2 de diciembre de 2002 lo ascendieron a sargento, antes incluso de que se realizara el juicio oral”.

Los abusos del COT son cosa de todos los días, en complicidad y conjunto con la bonaerense. No son sino parte de algo que se repite en varios municipios de la provincia de Buenos Aires: hombres y mujeres vestidos de azul, más interesados en echar a una madre que está amamantando a su bebé en una plaza (como ocurrió en San Isidro) o en pedir documentos a cuatro o cinco pibes que están tomando una cerveza en la esquina, mientras el poder político avala la especulación y los mega emprendimientos inmobiliarios y no mueve ni un dedo para combatir el narcotráfico. El narcotráfico de verdad, no los soldaditos del barrio que venden marihuana prensada de 25 gramos por 300 pesos. Porque esos pibes, ¿de dónde sacan las astillas? Este caso no hace más que reafirmar que la fuerza creada por Sergio Massa, nutrida por hombres con el prontuario de Sosa, acumula casos de abusos, persecución y represión al por mayor.

El video en cuestión muestra cómo agentes del COT y personal de la policía bonaerense retienen a una persona con sangre en su rostro. El hecho sucedió el día jueves 13 de octubre, cuando el conductor agredido, José Ojeda, le había pedido a los agentes del móvil del COT, que habían detenido su marcha en una estación de servicio ubicada en Ruta 27 y Ruta 9, en Benavídez, que corrieran su vehículo para poder cargar y descargar mercadería. En las imágenes del video también se muestra cómo un agente intenta intimidar a quien se encontraba filmando la escena, tratando de imperdírselo.

Temerosos políticos

Parece que fue hace muchísimo tiempo. Allá por abril de 2015, el Frente Renovador, de la mano del ex intendente de San Miguel y actual funcionario provincial del PRO (ministro de Producción bonaerense), Joaquín de la Torre, criticaba las políticas públicas contra la inseguridad impulsadas por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y señalaba que desde el ejecutivo provincial se ideaban “parches” en vez de “un plan serio”, en relación con la creación de la policía municipal.

En ese mismo abril de 2015, el intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmaba: “Estamos contentos de que se haya dado inicio a la Policía local. Tigre tiene desde el 2007 un compromiso muy fuerte con la policía (…) nosotros hemos ofrecido reparos, diciendo que la policía local tendría que ser dependiente del ejecutivo municipal”. Cabe recordar que el COT se inauguró el 1 de marzo de 2008 para “monitorear el sistema de cámaras en la vía pública, así como el reforzar el patrullaje preventivo tanto de móviles de fuerza de seguridad como las unidades de apoyo municipal”.

Un común va a pestañear

En Patas Arriba, Eduardo Galeano nos dice: “En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad”. Según cifras de CORREPI, entre 1996 y 2009, unas 2.826 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. Si se confunde seguridad con más mano dura o con matar al ladrón desarmado por la espalda, nunca se logrará que el perro deje de morderse la cola. Es así que no será posible que se pueda salir de este círculo vicioso que se autoalimenta constantemente desde los medios masivos de comunicación, que promueven la violencia. Este círculo que no enfoca sus energías en los verdaderos responsables, aquellos que nunca muestran su cara. Por citar a un reciente ganador del premio nobel de la literatura acerca de la violencia institucional: “El rostro del verdugo/ siempre está bien escondido”.

Lo cierto es que el COT de Tigre actúa con la impunidad de quienes se saben protegidos por el poder político. De un tiempo a esta parte, no ha hecho sino acumular denuncias entre las que la suenan y vuelven a sonar el abuso de autoridad y la represión. Y es que cuando la voluntad política lleva como norte proteger los intereses de los poderosos, la luz verde de la violencia institucional sólo puede ser detenida por la acción conjunta del pueblo y las organizaciones sociales y políticas que, desde la lucha y en las calles, deberán dar la batalla priorizando la unidad y la organización.

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Un fallo judicial de la Cámara Federal de San Martín beneficia a los emprendimientos inmobiliarios de barrios privados que habían sido clausurados en julio por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Entre otros aspectos, la resolución de la Cámara Federal declara la incompetencia de la Justicia Federal para seguir entendiendo en esta causa.

“Esto es un gesto simple y exclusivamente de poder: sacarlos de un lugar incómodo y traerlos a un espacio de confort, como podría llegar a ser ahora la Fiscalía y los fiscales de la zona norte, que sabemos que están trabajando en forma directa en función de los intereses del Frente Renovador liderado por Sergio Massa”, evaluó Ricardo Barbieri, quien es responsable del blog El Tigre Verde y además integra el Consejo Ambiental de Tigre, un espacio donde coordinan organizaciones del distrito.

Barbieri también anunció una Contracumbre que realizarán numerosas organizaciones y sectores sociales el lunes 26 de septiembre, que tendrá lugar en la puerta del Museo de Arte Tigre (MAT), en rechazo al “Salón Inmobiliario Tigre 2016”, un mega evento impulsado por el Municipio junto a las grandes empresas del sector privado. “Vamos a explicar nuestra propia visión de lo que es el desarrollo urbano”, relató.

El martes 20 de septiembre, ya se había realizado una conferencia de prensa por el “Real Estado de Tigre” con la presencia de diversos sectores ambientales, sociales, políticos, vecinos autoconvocados y multisectoriales en el Concejo Deliberante de Tigre.

Los espacios convocantes hicieron público un documento en el que ponen en discusión la visión de crecimiento de Tigre. “Mientras el Municipio promueve el crecimiento de barrios cerrados, torres y demás negocios inmobiliarios, nosotros planteamos que no puede haber crecimiento si no crecemos todos los tigrenses”, plantearon los organizadores.
Además, los sectores que se dieron cita manifestaron su repudio al evento “Salón Inmobiliario Tigre Real Estate”, a realizarse el próximo 26 de septiembre en el Museo de Arte de Tigre, Av. Victorica 972, en donde habrá paneles sobre el aprovechamiento de la Ley de blanqueo para realizar inversiones inmobiliarias y el “modelo Miami” para Tigre.

Asimismo, convocaron a participar a la comunidad para expresar cuál es el estado real de Tigre ese mismo día desde las 15:30 en la puerta del Museo de Arte donde estarán presentes el actual intendente de Tigre, Julio Zamora, el Presidente del Banco Nación, Julio Carlos Melconián, y el Presidente de Nordelta, Eduardo Constantini.

Nuevo atentado a la espiritualidad originaria en Punta Querandí

Desde el Movimiento en Defensa de la Pacha, responsabilizan al presidente de EIDICO, Jorge O’Reilly, por la destrucción y desaparición de un “Opy” (Casa de Oración) que iba a ser presentado en el marco de la ceremonia del nuevo ciclo guaraní el próximo domingo 25 de septiembre. También se robaron carteles que señalizan el territorio.

“El Opy es donde nosotros nos encontramos con todas las palabras de nuestros seres superiores. Y lamentablemente esta gente con mucha maldad nos destruyeron todo, ya estaba hecho”, señaló Reinaldo Roa, integrante del pueblo guaraní y vecino del barrio La Paloma de Tigre. “Estoy muy apenado, me siento muy mal, nos siguen invadiendo y destruyendo nuestra cultura, nuestra espiritualidad”, agregó. “Se metieron con un lugar máximo de lo sagrado, esto toca no solamente a los guaraníes sino a todos los hermanos de este continente y del mundo”.

Punta Querandí es un espacio arqueológico, sagrado y educativo que es reivindicado y protegido por familias de distintos pueblos originarios que allí desarrollan su espiritualidad y realizan talleres de enseñanza abiertos a toda la sociedad. Está localizado en el Paraje Punta Canal, entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), rodeado de barrios privados del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO, cuyo presidente Jorge O’Reilly fue asesor de Sergio Massa. El intendente de Tigre, Julio Zamora, vive en este complejo.

En el marco de la campaña “Más humedales, menos inundados”, un grupo de vecinos realizaron una volanteada en la entrada de la empresa EIDICO cuando sus directivos estaban reunidos con inversores del proyecto Santa Ana, del complejo de countries náuticos “Villa Nueva”.

“Estamos seguros que la suspensión es provisoria, antes de fin de año se destraba”, decían confiados desde la firma y razón no les faltaba. Para explicar el porqué de las clausuras, culpan a “estos Indios Querandí” y “a las organizaciones ambientalistas, fanáticos que no quieren hablar”. También se quejan de que “ningún funcionario quiere firmar la aprobación de impacto ambiental”.

Esta actividad, realizada el miércoles 24 de agosto, se efectuó durante una reunión de la empresa con quienes financian mes a mes uno de sus emprendimientos, pequeños inversores muy preocupados por el freno judicial de las obras.

Santiago Chara, referente de la comunidad qom del barrio Arroyo El Claro y del Movimiento en Defensa de la Pacha de Punta Querandí, expresó: “Fuimos para informar a los compradores por una posible estafa, están engañando a la gente, vendiéndole algo que no deberían, lo hacen de manera ilegal”.

Incendian cooperativa de junqueros que resiste al avance inmobiliario en el Delta

Las familias de junqueros que conforman la cooperativa Isla Esperanza y forman parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que funciona desde 2010 en la primera sección del Delta, volvieron a sufrir un incendio con tintes de atentado. Sus viviendas, donde muchos vivían desde hacía 40 años, también fueron quemadas y tiradas abajo hace unos años, cuando el mega emprendimiento inmobiliario Colony Park amenazaba con terminar con sus tierras y con su vida isleña, y aunque muchos no pudieron volver a levantar sus casas, formaron la cooperativa y desde entonces resisten y se mantienen en lucha por sus tierras.

“Nos quemaron todo: la máquina para hacer cortinas de juncos, unos 100 mazos de juncos que había adentro y que cuesta unos 5.000 pesos, las bobinas de hilos, de tanzas, los cajones de las abejas, unos 300 libros de la cooperativa”, relata Héctor Orlando Arroyo, de 68 años, que vivió durante 40 años trabajando con los juncos en el Delta, hasta que su casa fue tirada abajo en 2008.

El incendio ocurrió el domingo 18 de agosto alrededor de las 19:00, en el galpón ubicado en el arroyo Anguila y Paloma, cuando ya estaba anocheciendo. Un vecino vio salir una lancha a toda velocidad, con tres personas dentro. Por detrás, las llamas de unos 7 metros, según relata Héctor Maestre, otro integrante de la cooperativa. En medio de la oscuridad y la rapidez de lo acontecido, el testigo sólo alcanzó a distinguir que se trataba de una lancha blanca y azul, con tres personas a bordo.

“Fuimos a hacer la denuncia a Prefectura, que está ahí cerca y que fue puesta por la jueza Arroyo Salgado precisamente para preservar la zona de conflicto, y resulta que dicen que no vieron ni escucharon nada”, denuncia Maestre, de 31 años y miembro de la cooperativa desde 2009. Y explica que ya en 2008, cuando las casas de los isleños que vivían en el lugar fueron quemadas y tiradas abajo, la Prefectura tampoco actuó.

Desde su lugar de trabajo y organización, en el que también realizan apicultura y cultivan frutales, luchan contra el avance de mega emprendimientos en la zona, y en defensa de los humedales. Hace poco, parte de esa movilización de la que participan ambientalistas y organizaciones sociales y políticas, lograron también que la jueza Arroyo Salgado detuviera la construcción de otro mega emprendimiento inmobiliario en Tigre: el famoso Remeros Beach, que pretende construirse en Rincón de Milberg.

Continúa la campaña “Más humedales, menos inundados”

El pasado 30 de julio en Tigre, la Asamblea en Defensa del Humedal de Escobar junto a un gran arco de organizaciones sociales, políticas y culturales de toda la cuenca del Río Luján, Delta del Paraná y Río de la Plata, lanzaron la Campaña “+ Humedales – Inundados”. Este reclamo conjunto exige a las autoridades la detención urgente de los emprendimientos inmobiliarios e industriales privados sobre humedales, planicies de inundación y costas en la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná.

Con motivo de seguir difundiendo la campaña, diversas organizaciones ambientalistas, sociales y culturales de la zona llevaron adelante el sábado 3 de septiembre una jornada de concientización en la Plaza de las Banderas de Belén de Escobar.

Durante la actividad, similar a la que habían realizado en la estación de Tigre, los integrantes de la denominada Asamblea en Defensa del Humedal compartieron con la comunidad sus principales reclamos a través de una radio abierta, entregando volantes a la gente que pasaba por el lugar y sumando firmas en adhesión a un Proyecto de ordenanza que prohíba la radicación de desarrollos inmobiliarios en zonas de humedales.

“Hay una situación de ilegalidad de base por el lugar en el cual se construyen. Están sobre bienes del dominio público, es decir que pertenecen al conjunto de todos los argentinos, en cuya superficie se encuentran las napas de agua de las que todos nos abastecemos, donde se recargan y purifican su calidad, y por donde debe correr el agua en las crecientes para, entre otras cosas, evitar inundaciones”, explicó la presidenta de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE), Viviana Rebasa, al tiempo que culpabilizó a los distintos gobiernos provinciales por los asentamientos sobre bañados.

Rebasa también cuestionó al intendente Sujarchuk por su relación con el Desarrollador de Puertos, un mega emprendimiento que ocupará 1.400 hectáreas, en su mayoría de humedales: “Ahora, él trata de imponer a Eduardo Constantini como un nuevo actor social de Escobar porque dice que va a hacer obras. Pero las obras hidráulicas tienen que ser sometidas a proyectos de impacto ambiental y, además, la comunidad científica se pronuncia en ese sentido por la relocalización y la recomposición ambiental. Está haciendo un doble discurso, es un engaño”, aseveró.

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El próximo sábado 30 de julio a las 10:00 en la Estación de tren de Tigre la Red De Organizaciones Y Vecinos De La Cuenca Del Rio Lujan Y Delta Del Parana, lanzará la campaña #MasHumedalesMenosInundados. Contarán con el apoyo de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Rodolfo Livingston, Pablo Echarri y Benito Fernández, entre otras personalidades, asambleas de vecinos y organizaciones ambientales.

“Los humedales y planicies de inundación prestan valiosísimos servicios ambientales como la atenuación y regulación de crecidas, la recarga de acuíferos, la purificación de aguas, la liberación de oxígeno y la fijación de carbono; más de 17 millones de personas de CABA y Provincia de Buenos Aires nos abastecemos del agua potable proveniente de los humedales, y nos beneficiamos de los demás servicios que nos proveen.

Es imperioso que se respete la Ley vigente así como los Derechos Humanos fundamentales reconocidos y se brinde una protección definitiva de estos ambientes naturales; y se implemente inmediatamente un plan de remediación para recuperar dichos ecosistemas, bienes del dominio público natural de toda la sociedad y de las generaciones futuras, acorde lo establece el Art. 41 de la Constitución Nacional.

Por lo tanto, exigimos que el Estado Nacional, el Provincial y los Municipios respeten el marco jurídico vigente y se abstengan de autorizar emprendimientos que no lo cumplan y que de una vez por todas se fijen las líneas de ribera que establecen el límite del dominio privado del dominio público, avasallado una y otra vez por estas urbanizaciones privadas ante la ceguera de los funcionarios.

Hemos asistido en estos últimos años a un agravamiento evidente de las inundaciones en numerosas localidades debido principalmente, entre otras causas, a la ocupación y al relleno que estos emprendimientos realizan en zonas naturalmente inundables”.

Así comienza el pronunciamiento de la RED DE ORGANIZACIONES Y VECINOS DE LA CUENCA DEL RIO LUJAN Y DELTA DEL PARANA, que también lo hacen contra el “proceso de desarrollo urbano guiado por los intereses de inversores inmobiliarios y no en función de las necesidades de toda la comunidad” y el arrasamiento de numerosos sitios arqueológicos ancestrales que se localizan en la región.

Por último, exigen “la detención definitiva de los emprendimientos sobre Humedales y las urbanizaciones cerradas sobre toda la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná y en particular en las islas de las tres secciones del delta bonaerense”.

Una Ley detenida en la Cámara de Senadores de la Nación

Asimismo, Graciela Capodoglio, de la ONG Patrimonio Natural, de Pilar, cuestionó duramente la demora en el tratamiento de la Ley de Presupuestos Mínimos para reforzar la protección de Humedales, que está detenida en la Cámara de Senadores de la Nación, y apuntó contra el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, quien anunció que pondrá en marcha el Inventario Nacional de Humedales. “Bergman no puede hacer lo que le dé la gana. No parece serio que la Nación decida hacer un inventario sin una Ley de humedales, que es la que nos va a garantizar que cualquier relevamiento sea serio”, señaló.

La necesidad de una Ley para proteger humedales es uno de los principales reclamos de varias organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, Vida Silvestre, FARN, entre otras. El año pasado, perdió estado parlamentario un Proyecto de ley que tenía media sanción de Diputados desde 2003. Este año, hay un proyecto discutiéndose en Senadores, que presentaron dos legisladores de la oposición, pero que aún no pudo debatirse porque los parlamentarios de la Comisión de Agricultura no dieron quórum. Mientras tanto, los ambientalistas cuestionan la demora del presidente Mauricio Macri, quien el 2 de febrero pasado anunció que iba a enviar un proyecto al Congreso, que nadie conoce aún.

A pesar de empresarios y funcionarios corruptos, la punta Querandí resiste

El domingo 17 de julio fue una jornada muy provechosa en el territorio comunitario de Punta Querandí, sitio arqueológico, considerado sagrado porque en la zona se hallaron restos arqueológicos de hasta mil años de antigüedad, resguardados por un acampe de la organización Movimiento en Defensa de la Pacha, que los protege del avance de los barrios privados.

Punta Querandí ocupa un predio de una hectárea aproximadamente, en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva. En el lugar no sólo viven familias, sino que además fue declarado Espacio de la Memoria porque allí fue encontrado el cuerpo de la militante del PST Ana María Martínez en 1982, durante la dictadura cívico-militar.

De todos modos, el lugar sigue amenazado por el empresario inmobiliario Jorge O’Reilly, quien insiste con su pretensión de adueñarse de estas tierras ubicadas entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), donde se realizan ceremonias, talleres y actividades recreativas.

Todos los domingos desde hace casi una década, el Movimiento en Defensa de la Pacha se convoca en Punta Querandí para el mantenimiento del espacio y realizar diversas enseñanzas abiertas a todos los vecinos.

En esta ocasión, se concentraron en trasplantar y reforestar para remediar los desmontes llevados a cabo por la empresa EIDICO en su intento por destruir el lugar. Mientras un grupo de personas se dedicaron a trasplantar sauces criollos -uno de los árboles nativos de la región-, otro grupo estuvo abocado a preparar plantines de cactáceas y suculentas.

Recordemos que el reclamo no es sólo la protección de Punta Querandí, también piden la recuperación de todo el material arqueológico excavado por una campaña de rescate pagada por el empresario Jorge O’Reilly durante 10 días en diciembre de 2008. La propuesta es generar un “Museo de sitio” o “Centro de interpretación” en el mismo territorio de donde fueron extraídos.

¡PAREN EL DESMONTE! en Quilmes

La “Asamblea No a la entrega de la costa Quilmes – Avellaneda” convocó el pasado lunes 25 a las 10:00 a concentrarse en “La Casa de la Cultura” para movilizar hacia el Palacio Municipal. Denunciaban y responsabilizaban al Municipio de Quilmes -presidido por Martiniano Molina- y la Subsecretaría de Medio Ambiente por permitir el atroz desmonte realizado el domingo 17 de julio con la destrucción de más de 4.000 metros cuadrados de bosque nativo con árboles centenarios, entre ellos talas, ceibos y curupíes, en un área protegida por la Ley Nacional de bosques nativos 26.331 y por seguir permitiendo el relleno del humedal.

Exigieron: La remediación del área desmontada; una gestión integral de residuos sólidos urbanos para que las áreas de humedales dejen de ser el lugar de disposición final para la basura; la renuncia del secretario de servicios públicos, Oscar Garcia, por ser el responsable directo del desmonte del bosque y relleno del humedal. Asimismo, continuando con la jornada de restauración del bosque nativo del pasado 23 de julio, convocaron a dos jornadas dos nuevas jornadas los domingos 31 de julio a las 10:00 y el 7 de agosto a las 14:00. Se encontrarán en Caseros y Espora/Bajada de Bernal Autopista Bs As-La Plata.

Nota relacionada: ¡Basta de construir sobre humedales!

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Hoy realizará una audiencia pública en el municipio de Tigre para evaluar el mega emprendimiento “Remeros Beach”. Conversamos con Fernando Rodríguez, de la Asociación por la Justicia Ambiental para conocer más sobre la resistencia a esos proyectos.

-¿De qué se trata este emprendimiento inmobiliario?

Es un proyecto inmobiliario que está proponiendo la empresa Vizora para construirse en la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre. Ocuparía unas 18 hectáreas, serían edificios de hasta 22 pisos de altura con una laguna artificial, que se denomina “Cristal Lagoon” en la parte central y los edificios de alrededor.

El Municipio está convocando a una audiencia para que todas las organizaciones y personas que deseen expresarse lo hagan. Por esto desde la Asociación por la Justicia Ambiental lo estamos difundiendo, porque nos parece muy importante que participe la mayor cantidad de personas posibles, que planteen si para ellos es o no beneficioso.

Creemos que es un emprendimiento que va a dañar seriamente al medioambiente, va a continuar con la incidencia que han tenido durante los últimos años estos desarrollos en las inundaciones de todo lo que es la cuenca del río Luján, sobre todo porque se plantea construir sobre una zona de humedales.

Justamente una de las funciones fundamentales que tienen los humedales es la de retener el excedente de agua cuando se producen grandes lluvias. La idea es poder participar, manifestarnos cada uno de su lado para que luego la Provincia de Buenos Aires decida si aprobar o no el proyecto inmobiliario. Y es fundamental la participación comunitaria, más allá de que sea una audiencia de carácter consultiva y no vinculante. Es importante que la gente participe, que se haga oír y que vea cuáles son las diferentes posturas respecto a estos emprendimientos.

-Sin embargo, no es el único emprendimiento de estas características que se está desarrollando en la zona, y que genera graves consecuencias para los habitantes de la zona…

 En ese sentido, hay organizaciones y asambleas vecinales que vienen trabajando hace años, denunciando este accionar, porque en la zona de Tigre, San Fernando, Escobar, Luján, Pilar, se vienen desarrollando este tipo de emprendimientos desmesurados sin ninguna consideración de los impactos que producen, hace un tiempo largo. Justamente las asambleas, organizaciones y grupos de vecinos son los que han venido trabajando y en su momento han podido frenar algunos de estos emprendimientos como el llamado “Colony Park”, actualmente hay otro emprendimiento de grandes dimensiones en la localidad de Escobar denominado “Puertos del Lago”, que es como un hermano de Nordelta, es la misma empresa la que lo está desarrollando, que pertenece a  Humberto Constantini.

Las organizaciones están haciendo un trabajo importante desde hace mucho tiempo, concientizando a los vecinos, porque estos proyectos se venden desde el desarrollo y el empleo pero no se tiene en cuenta el grave impacto ambiental y las consecuencias.

Lo podemos ver en las últimas inundaciones, donde no solo se han producido pérdidas materiales, sino que también se han perdido vidas humanas.

En este sentido hay una causa que se está tramitando en el juzgado federal de San Isidro a raíz de estas muertes, a cargo de la Jueza Arroyo Salgado. Hace poco tiempo los querellantes, que son grupos de vecinos junto con el fiscal, habían pedido una medida cautelar para detener las obras de desarrollo inmobiliario hasta tanto se pueda evaluar bien el impacto que están produciendo. Hasta el momento, lamentablemente, la Jueza no ha hecho lugar a esta medida solicitada.

-¿Qué significa que se realice un emprendimiento sobre una franja de humedales?

Nuestro país tiene una gran extensión y dentro de ella hay muchos humedales, que cumplen funciones primordiales para lo que es el medioambiente, entre ellas el almacenamiento de agua dulce, la regulación de los caudales de los ríos, la retención de sedimentos, la flora, la fauna, la biodiversidad que se produce dentro de ellos, almacenan el exceso hídrico que se produce cuando hay grandes lluvias. Justamente por eso, hoy en día en el Congreso Nacional existe un Proyecto de ley que se está tratando, actualmente está en el Senado, el cual consiste en un presupuesto mínimo de protección a los humedales a nivel nacional.

Pero viene demorado porque las mineras, el agro y los grandes terratenientes quieren limitar lo más posible este Proyecto de ley porque no podrían desarrollar sus actividades en estos lugares. Por eso desde la Asociación por la Justicia Ambiental y otras organizaciones venimos tratando que salga.

Actualmente se está tratando en las Comisiones de Ambiente y Agricultura del Senado y veremos si esta vez puede avanzar. Justamente uno de los artículos plantea realizar un inventario a nivel nacional de los humedales existentes, esto lleva su tiempo porque hay lugares que pueden ser identificados más fácilmente y otros que, por sus características, no. La idea es sancionar una ley que sea una base, luego cada provincia y cada municipio puede ir más allá en la protección de sus humedales, pero al menos tener una ley marco a nivel nacional que establezca una protección mínima de los humedales.

–¿Y cuál es la posición que adoptan las autoridades del Municipio de Tigre y los aledaños, como el de Escobar, donde se impulsan este tipo de emprendimientos?

El caso de Tigre es paradigmático, porque más de un 50% de su extensión está ocupada por varios countries y barrios cerrados. Ahí se ve claramente que por parte del Poder Ejecutivo actual y del anterior hay un favorecimiento a estos emprendimientos.

En el caso de Escobar hay emprendimientos que se encuentran paralizados por no haber cumplido con todos los pasos administrativos, pero la idea es que no solo sea por esto que se detengan, sino por evaluar el daño que se produce en el medioambiente. También, haciendo mención a lo que es la cuenca de río Luján, el año pasado se sancionó una ley que crea el Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU) que es un comité que va a llevar adelante, planificar, controlar, todas las obras necesarias en la cuenca del río Luján para mitigar las inundaciones.

Este comité no está funcionando, aunque se están designando algunas autoridades no conforme a la ley y que no están previstas en ella. La ley plantea la necesidad de formar un Consejo consultivo integrado por vecinos, asociaciones y profesionales para brindar la participación comunitaria y este Consejo no fue convocado aún. Por eso estamos denunciando que la Provincia de Buenos Aires está llevando adelante obras cuando no tiene conformado este Comité, no se están realizando los estudios correspondientes y, sin embargo, se sigue adelante.

La Audiencia será hoy, martes 21 de junio, a partir de las 15.00 en el Museo de la Reconquista, ubicado en Av. Liniers 818, partido de Tigre.

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Diversas organizaciones sociales y vecinos de todos los municipios asentados sobre la cuenca del Rio Luján, marcharon en caravana desde el Canal de San Fernando hacia el Juzgado Federal No. 1 de San Isidro para detener la construcción de obras sobre los humedales.

La caravana del pasado 18 de Mayo hacia el Juzgado Federal No. 1 de San Isidro, culminó con la entrega de una petición a la Juez Arroyo Salgado, para que dé lugar a la solicitud de “paralización precautoria de toda obra que se lleve a cabo en barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación” del Río Luján y Delta del Paraná, “como así también de los emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquéllos cuyas obras no han iniciado”, petición que fue presentada por el Fiscal Fernando Domínguez en febrero del corriente año.

“A más de tres meses de presentada dicha petición sin que la misma se ponga en práctica, queremos expresar nuestra preocupación a la Sra. Juez ya que las obras y rellenos continúan, aumentando los riesgos de inundación y perdiendo los múltiples beneficios que brindan estas áreas naturales”, sostienen.

Fiscal insiste en frenar la construcción de countries por inundaciones

El 26 de abril, el fiscal federal Fernando Domínguez aportó nuevas pruebas a la jueza Sandra Arroyo Salgado solicitando la paralización precautoria de proyectos privados en la cuenca del Río Luján y el Delta del Paraná. Sostiene que dichas obras provocan graves inundaciones y acusa a los responsables de las mismas de estrago seguido de muerte, dejando el saldo de cuatro víctimas fatales en los últimos dos años, entre ellas un menor de edad, un delito que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Pasaron más de dos meses de la presentación del 17 de febrero pasado, sustentada en el testimonio y aportes de numerosos expertos, pero aún la Jueza Arroyo Salgado no se ha pronunciado. A las sólidas pruebas presentadas a principio de este año, se suman por un lado estudios de la Administración de Parques Nacionales, que sostienen que el proyecto inmobiliario “Puerto Palmas Pueblo Ecológico” amenaza con fragmentar el humedal de la Reserva Otamendi y una ordenanza del Concejo Deliberante de Campana que el 15 de septiembre del 2015 declaró como zona no urbanizable al área de humedales del Río Luján, debido a que las edificaciones potencian las inundaciones y dificultan el normal escurrimiento de las aguas. Además, un informe realizado por la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, donde queda explícito que la presencia de desarrollos inmobiliarios suntuosos genera estrangulamiento y taponamiento en los cauces principales de las cuencas y un pronunciamiento del Defensor del Pueblo de la Nación. También el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) adhirió el pasado 12 de mayo a la solicitud de paralización precautoria de obras sobre humedales.

En su presentación, el fiscal enumera más de 90 barrios privados, countries, clubes y demás emprendimientos que habrían afectado el normal escurrimiento de las aguas, y solicita que se inicie un proceso de investigación a fin de ampliar y actualizar dicha lista para poder avanzar en una investigación más detallada de las responsabilidades penales. Asimismo, la fiscalía sostiene que este accionar sólo fue posible con complicidad, por acción u omisión, en los tres niveles del Estado, y por ello introduce en su denuncia la figura de incumplimiento de funciones públicas.

Vecinos del Dique, La Ñata, Rialto, Punta Canal y El Faro presentaron un petitorio al intendente de Tigre

El petitorio plantea que los humedales son la identidad de estos pueblos y parajes, y que los vecinos tienen derecho a decidir el rumbo de estos lugares. Se advierte del arrinconamiento de la localidad entre las grandes urbanizaciones privadas y se cuestiona la pérdida de patrimonios arqueológicos indígenas.

Una primera tanda de firmas fue presentada el 31 de marzo por Mesa de Entrada del Municipio de Tigre, mientras el petitorio sigue circulando en distintos rincones de la localidad para reunir más adhesiones.

El 1º de abril, los integrantes de la Asamblea de Dique-La Ñata y el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP) se manifestaron en Calle Italia y Arroyo El Claro, en la entrada al predio conocido como La Bellaca, donde la empresa EIDICO estaba construyendo el emprendimiento inmobiliario Santa Ana. Según constataron los convocantes a la protesta, el ingreso al campo cuenta con una faja de clausura municipal con fecha del 12 de marzo y número de acta 13594.

“El campo de La Bellaca está en la entrada de Villa La Ñata, entre las calles Italia y Loreto, es uno de los últimos pulmones verdes de la localidad de Dique Luján y tiene sitios arqueológicos con enterratorios humanos que son patrimonio sagrado de los pueblos originarios”, manifestaron los organizadores de la movilización. “Solicitamos a las autoridades judiciales frenar este tipo de emprendimientos. Exigimos a las autoridades municipales no autorizar la construcción del barrio privado Santa Ana en La Bellaca y frenar este modelo injusto de desarrollo, que desde la década del 90, y a pesar de los cambios de gobierno, se mantiene”, se expresó en la declaración presentada durante la anterior protesta, que se desarrolló el 18 de marzo frente a las oficinas de EIDICO. “Los humedales son parte de la identidad de Dique Luján y Villa La Ñata. No queremos que nuestra localidad se convierta en un ‘pasillo’ entre los megaemprendimientos inmobiliarios”, se agregó en el escrito, en el que se concluyó: “Es una cuestión de supervivencia, estamos siendo acorralados”.

Sólo en Tigre, Escobar y Pilar (Cuenca Baja del Río Luján), se han destruido unas 10 mil hectáreas de humedales, según la evaluación que hacen especialistas como los del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Los humedales son una esponja natural que absorben las crecidas del agua por lluvia o sudestada, por lo que la desaparición intensiva de este patrimonio natural en las últimas dos décadas está directamente relacionada con el agravamiento de las inundaciones y la destrucción de la principal reserva de agua nacional. Además, este proceso ha sido acompañado por la privatización de tierras, calles, caminos y costas públicas, encerrando a los vecinos preexistentes y destruyendo sitios arqueológicos con enterratorios de los pueblos originarios.

Paralizan las obras de Costantini y Eidico en Escobar por irregularidades

A instancias de una resolución provincial, el Municipio dispuso en marzo la paralización de las obras en los megaemprendimientos urbanísticos que se están construyendo en el partido de Escobar, entre ellos, Puertos del Lago, del magnate Eduardo Costantini y San Matías, de la desarrolladora Eidico. Fuentes de la Secretaría de Obras Públicas explicaron que la medida obedece a una resolución provincial que “rechazó los planos de sector” presentados por los desarrolladores. “En virtud de esta disposición, que data del segundo semestre del año pasado y de la que el Municipio es autoridad de aplicación, lo que hicimos es pedirle a los desarrolladores que cumplimenten todas las observaciones que la Provincia les hizo y se abstengan hasta tanto de avanzar con las obras”.

La situación tiene por protagonistas al magnate Eduardo Costantini, socio mayorista de la compañía Consultatio -desarrolladora de Nordelta, en Tigre- y dueño del Museo de Arte Latinoamericano (Malba); y al megaemprendimiento El Cantón, de la desarrolladora Eidico, de la que es presidente Jorge O’Reilly, la misma que mantiene otro litigio con la gestión de Ariel Sujarchuk por la usurpación de una calle en Punta Querandí, en el límite de Maschwitz y Dique Luján. Pero también alcanza a otros inversores. El Cantón, del broker JP Urruti y Asociados; El Naudir, Aguas Privadas y El Cazal, ambos desarrollados por la empresa E2 y emplazados entre la barranca y el Río Luján, en lo que se conoce en el mercado inmobiliario como el “Nuevo Cazador”, se encuentran en un contexto similar.

“Algunos están con voluntad de corregir los planos de sector y otros quieren seguir modificando el medio ambiente por fuera de las leyes provinciales y ordenanzas municipales. Es más, están haciendo obras que ni siquiera están presentadas en la Municipalidad y movimientos de suelo de grandes dimensiones que fueron clausurados, pero los continúan”, expresó el intendente Sujarchuk.

El litigio entre el Municipio y los grupos inversores mantiene en vilo a quienes se encuentran habitando en estos megaemprendimientos, tanto como a aquéllos que están construyendo y a los que adquirieron lotes en las últimas ventas, ante la imposibilidad de escriturar sus terrenos y realizar obras mientras el conflicto no se resuelva.

El planteo del Municipio sobre los megaemprendimientos no se limita a la regularización de los planos de sector objetados por la Provincia. Para levantarles la barrera, el intendente también pretende que los urbanizadores hagan un aporte para el distrito proporcional a su envergadura. Lo hace apoyándose en la ley provincial 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que establece la obligación de que contribuyan con proyectos concretos que favorezcan a la comunidad en la que se emplazan. Las pretensiones de Sujarchuk son tres obras que considera fundamentales para el distrito: 1) Que completen la pavimentación del acceso de Panamericana hasta la avenida San Martín, a la altura de El Cazador; 2) Que ejecuten un plan hidráulico diseñado por el Municipio en el barrio San Luis para “evitar que se inunde a consecuencia de las obras que hicieron ellos”; 3) La reparación del puente de La Arenera, en Ingeniero Maschwitz, que habría sido roto por los camiones que acceden a esos emprendimientos.

Iniciado hacia fines de los ’90, el boom de las urbanizaciones privadas en el partido de Escobar alcanzó una dimensión descomunal. Un dato que lo sintetiza de manera contundente es que los cinco emprendimientos inmobiliarios que se encuentran en conflicto con el Municipio totalizan una cantidad de 2.331 hectáreas, de las cuales una gran porción se encuentra en zona de humedales.

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El control de hinchas es una obsesión para los clubes casi tan antigua como sus fundaciones. Entre las medidas con tintes paranoicos la última nace de los pagos del “Matador”. Tigre pretende implantarles un chip a las y los hinchas para que sirva de pase de entrada a las canchas.

Eso de que “el futuro llegó hace rato” no es novedad ni para el cine ni para la vida cotidiana, que siempre nos sorprende con avances futuristas que van más lejos que la cotidianeidad de la gente común: esa que sigue esperando el Fútbol para Todos, mientras en la Tevé Publica sólo puede deleitarse con los partidos entre quienes pelean más por el descenso que por los puntos que los lleven a campeonar.

Hace algunas semanas, el club de Victoria tuvo sus minutos de fama al anunciar a “Ticket Pasión” con el slogan “Llevá tu club adentro, de verdad”. En la previa del partido contra Sarmiento, el propio secretario general de club se implantó el chip, lo mostró orgulloso para las cámaras y declaró: “Queríamos ser los primeros en el mundo en implementar este sistema. Es lo mismo que llevar el carnet del club, y está en una etapa experimental”.

El sistema, importado de Estados Unidos, según explicó el secretario, se denomina RFID (Radio frecuency identification -identificación por radiofrecuencia-), es del tamaño de un grano de arroz, se coloca de forma subcutánea y su comunicación es inalámbrica: la identificación del socio o socia del club viaja desde el lector a la computadora.

Si bien la modalidad ya se viene implantando en mascotas y en ganado, la idea del club de Tigre generó rechazo por parte de hinchas del Matador. En las redes sociales las críticas más grandes apuntan al poco dinero invertido en las instalaciones del club o en el mantenimiento de deportes infantiles (vestuarios o alambrados de las canchas de fútbol) y a lo que costaría invertir en este sistema.

Pero también, al control que se podría ejercer a partir de un control “remoto” de la identidad de la persona que porte el chip y de quiénes se beneficiarían con este control. Por otro lado, al igual que el sistema biométrico generado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) –y nunca utilizado finalmente–, el control recae sobre las y los hinchas comunes, mientras que los barrabravas siguen ingresando abiertamente a las canchas, dejando banderas o bombos en las instalaciones del club, viajando masivamente al exterior con un dinero que nadie sabe de dónde se genera y entrando desde bombas de estruendo, armas o gases lacrimógenos.

Como la campaña toca el “sentimiento” del hincha al sugerirle que lleve a su club en la piel “de verdad”, desde Marcha, entrevistamos a un puñado de hinchas del club de Victoria, para que nos transmitan su opinión sobre la implementación de este sistema de control.

En ese sentido, Nicolás opinó: “Esta propuesta parece una tomada de pelo para los hinchas y los socios de Tigre. Sabemos, y vemos fecha tras fecha, en Tigre en particular pero pasa en todas las canchas, cómo las barras pasan sin entradas, sin carnet, etc.”. Por su parte, Francisco detalló: “Los hinchas hacemos largas colas y cacheos para pasar a la cancha. El truncado AFA Plus puso molinetes gigantes en Victoria y vemos como la barra pasa por las puertas de emergencia, que se abren con complicidad del club y de la policía”. Y sentenció: “Terminar con las mafias en el fútbol argentino no depende de un chip bajo la piel, sino de una decisión política de los clubes y la AFA”.

Mientras las barras se relacionan con negociados dentro y fuera del fútbol, como fuerza de choque ante situaciones que exceden las canchas (recordemos el asesinato del militante Mariano Ferreyra y a Favale, barrabrava de Defensa y Justicia, como autor del disparo a instancias de Pedraza, ex mandamás de la Unión Ferroviaria), o como regenteadores de negocios en los mismos clubes (como muestra, el asesinato de Diego Bogado bajo las tribunas de Vélez Sarsfield, relacionado con el negocio del estacionamiento y la reventa de entradas).

Podemos seguir enumerando crímenes que involucran a barrabravas, también negocios turbios y policías que hacen la vista gorda o liberan zonas para peleas entre diferentes clubes. Mientras tanto, las tribunas visitantes siguen estando cerradas a las y los hinchas que siguen a sus equipos “vayan donde vayan” (aunque los lleven en la piel y no debajo de ella); una medida que más que resolver el tan difundido tema “violencia” acrecentó las internas entre las mismas hinchadas: en muchos de los casos, para ver quién se queda con el control del poder y los negocios dentro del mismo club.

En este contexto en el que el fútbol se diluye entre dinero, poder, conveniencias, desprecio por quienes siguen a su equipo con las mismas ganas de siempre (sin ir más lejos, por ejemplo, hace unos días renunció la Comisión íntegra de Colón de Santa Fe, que había asumido cuatro meses atrás. Con una dirección acéfala, Colón oscila entre el descenso y el “sálvese quien pueda”), jugadores que estafan el sentir del hincha (¿Para qué volvió Daniel Osvaldo?) y canchas destruidas que atentan contra la integridad de los jugadores; desde Tigre nos quieren hacer creer que el futuro es nuestro, que lo de la Matrix no es sólo ciencia ficción y que ser sólo otro ladrillo en la pared está a la alcance de nuestra mano, de nuestro corazón, y se lleva bien adentro… pero de verdad.

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Mientras vecinos y vecinas del partido de Tigre se organizan para prohibir nuevos barrios privados, el municipio autoriza irregularmente la construcción de un nuevo mega-emprendimiento: ‘Remeros Beach’. Sumado a ello el ex intendente Sergio Massa hace una campaña en la que promete invertir 1,2 millones en viviendas.

Cada fin de semana cientos de miles de personas se acercan al centro del partido de Tigre a disfrutar de la belleza natural del Puerto de Frutos y de la costa del Delta del Río de la Plata. Sin embargo, el recorrido céntrico -sumado al blindaje mediático que ostenta el municipio- impide que la mayor parte de los visitantes conozca los aspectos más problemáticos del distrito: la inequidad social, el hacinamiento y la falta de acceso a los servicios básicos.

El Censo Nacional de Poblaciones, realizado en 2010, mostró que un %82,7 de la población del distrito no cuenta con desagües cloacales, un %35,7 carece de red de agua potable y un %47,4 no accede a la red de gas. Esta situación contrasta fuertemente con los emprendimientos inmobiliarios especulativos de lujo, tales como barrios privados, clubes de campo o mega-torres de viviendas que se esparcen por todo Tigre.

Un estudio de la investigadora del Conicet Sonia Vidal-Koppmann registró que el %46 del territorio continental del municipio pertenece a barrios privados construidos o en construcción, donde vive apenas el 10% de la población. Muchos de estos barrios son ‘linderos’ de extensos barrios populares. La elevación de los terrenos en forma irregular y la destrucción de los históricos humedales a partir del avance de los countries multiplicaron exponencialmente las inundaciones que sufren los barrios humildes de Tigre. Esto fue explicado por el Espacio Intercuencas, foro de defensa de los humedales y las costas: “la transformación de los humedales (…) para emprendimientos inmobiliarios privados con lagunas interiores artificiales, o traslado de barrios, etc. anulan la capacidad del humedal como regulador hidrológico”.

Ante esta situación, desde la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre y el Movimiento en Defensa de la Pacha, se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza municipal para prohibir nuevos barrios privados en el distrito. Además de hacer dormir el proyecto en los cajones del Concejo, y como una irónica respuesta, el intendente Julio Zamora aprobó por decreto, semanas atrás la construcción de un nuevo complejo llamado ‘Remeros Beach’. El nuevo mega-emprendimiento contempla la construcción de torres de lujo con una laguna artificial, todo ello construido sobre un actual humedal.

Pero si ello pareciera poco, para sumar nuevos elementos a las irónicas respuestas del municipio, el ex intendente y candidato a presidente Sergio Massa viene proponiendo en distintas intervenciones públicas la creación de un plan de viviendas. Días atrás en diálogo con Radio Continental afirmó: “tenemos una propuesta elaborada para que 1,2 millón de familias puedan acceder a viviendas a través de créditos. Quiero argentinos propietarios y no inquilinos, como se fomenta en otros lugares, que no tiren la plata en alquileres sino en cuotas que les permita acceder a su casa propia”.

Llama la atención que la propuesta del líder del Frente Renovador contraste tan fuertemente con la gestión que él mismo (y su continuador Julio Zamora) llevaron a cabo desde el Palacio Municipal. Cabe destacar que durante sus mandatos apenas se alcanzaron a construir un puñado de viviendas sociales, todas ellas apuntaladas a partir de Plan Federal de Viviendas; de hecho es en el marco del plan PRO.CRE.AR, dependiente del gobierno nacional, que recientemente se pudo ejecutar la construcción de 442 viviendas sociales en el partido de Tigre. Anteriormente, había sido la fundación ‘Madres de Plaza de Mayo’ la que había impulsado en Tigre la construcción de viviendas, precisamente en los barrios Cina Cina, San Pablo y Villa Garrote.

Resistencia territorial a la especulación

Ante semejante avance de la especulación inmobiliaria, un conjunto de organizaciones sociales, movimientos populares y colectivos ambientalistas vienen denunciando la destrucción ecológica y la profundización de las desigualdades sociales que esta política de hábitat y vivienda genera en Tigre.

Tomando como ejemplo el caso de la Ciudad de Rosario, donde gracias a la organización del Movimiento Giros se logró en 2010 prohibir la construcción de nuevos barrios privados, surgió la presentación de la ordenanza municipal a la que hicimos alusión anteriormente. Esta presentación se lanzó con una conferencia de prensa en la estación de Tigre en la cual participó la geógrafa de la Universidad de La Plata Patricia Pintos, quien respaldó el proyecto de ordenanza, indicando la responsabilidad de los barrios privados en el aumento en las inundaciones.

Recientemente las mismas organizaciones barriales lanzaron un comunicado donde afirman su ‘No a Remeros Beach’. Allí denuncian los atropellos ambientales y sociales que este nuevo emprendimiento representa. A su vez, realizaron un ‘escrache’ en las puertas del Country Nordelta en el marco de un plan de lucha que sustenta la presentación legislativa.

Así, el ex intendente de Tigre necesitará reforzar su alianza con los medios masivos de comunicación si pretende consolidar su campaña en función de promesas que poco tienen que ver con la ‘gestión real’ que dejó sembrada en Tigre.

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