Una delegación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) realizará una conferencia de prensa en la Cámara Nacional de Diputados para denunciar los hechos de hostigamiento vividos por la comunidad Iacu Cachi. Marcha entrevistó a la comitiva.

“La justicia de Santiago del Estero no hizo ninguna investigación” denuncia la comitiva de campesinos que se acercó a la Ciudad de Buenos Aires  para realizar una conferencia de prensa en el Congreso Nacional, mañana jueves a las 11 horas. Se refieren a la problemática que viven en Bajo Hondo, Departamento de Ibarra, donde desde hace más de tres años intentan frenar los desalojos de sus tierras comunales supuestamente compradas –de forma irregular, denuncian– por el empresario Orlando Canido de la gaseosa Manaos. “Los pasos (de denuncia) también se dan a nivel nacional”, explicaron.

“La falta de voluntad política del gobierno provincial, la falta de justicia en Santiago del Estero, que teniendo todos los elementos –filmaciones, videos, fotos– no hacen nada. La idea era venir a Diputados, que también puedan ir a conocer la zona y que puedan presionar a distintos organismos, ya sean políticos, legislativos y judiciales”, desarrolla Paulo Aranda, del Consejo de Participación Indígena y parte de la comitiva. “La situación que se vive es de un conflicto muy serio, últimamente ha habido compañeros baleados, animales muertos; de eso están los videos y las fotos, pero todavía la justicia de Santiago del Estero no hizo un allanamiento, ni una detención, no indagó a nadie”, agregó.

Un comunicado del MOCASE VC denuncia que “desde el 2013 el conflicto no para de perjudicar a las familias, agravándose los hechos de violencia en estos últimos 6 meses donde el empresario y sus paramilitares armados con gruesos calibres ingresan violentamente al territorio”. En ese sentido, Aranda explicó: “Canido ha aparecido por la zona del Bajo Hondo por el 2004, cuando a dos parejas de ancianos los pasó la topadora por encima; de eso también hay fotos y él dice que no tiene problema”.

La comitiva denuncia diversas formas de hostigamientos a las comunidades, que van desde medidas cautelares contra las comunidades, pasando por presentaciones judiciales en el fuero penal (cuando el conflicto es de índole civil), y llegando hasta bandas armadas. Esta situación provoca que las familias opten por retirarse de los territorios. “Ese miedo comienza a instalarse dentro de uno y no es fácil que uno soporte, tiene que estar muy decidido de lo que queremos: la tierra”, desarrolló Aranda. También detalló las vivencia de la resistencia y la lucha por sus tierras, y las consecuencias del desarraigo: “Vamos a morir pero por lo menos de pie en nuestras tierras, pero no de mendigo o sabiendo que mi hijo haya emigrado y sin saber si lo voy a poder volver a ver; eso es lo que se genera cuando uno abandona su territorio”. “La idea de nosotros es que el territorio nos va a mantener unidos a la familia”, sentenció.

Los delegados relataron que, según un relevamiento propio, son 49 las familias que viven en la comunidad, pero que eran más de 60 antes de comenzar el conflicto. “El pasado sábado 24 septiembre, volvieron a irrumpir los sicarios con camionetas del empresario y en la balacera alcanzaron a herir a un compañero”, explican en su comunicado. “Habían llegado camionetas con 15 personas armadas y encapuchadas, llegaron a los tiros, una lluvia de balas era”, relata Valeria Araya. “Al que agarren métanle tiro, que no se les escape nadie” gritaban los sicarios. “Te roban todo y lo que no se pueden llevar lo prenden fuego”, relata la delegada y agrega: “Hace dos meses que no podemos mandar a los chicos a la escuela porque las camionetas andan con la gente armada y si te agarran te pegan o te matan”. “Queremos que la justicia haga algo, que detenga a alguien, porque así ya no se puede vivir más”, reclama Araya.

Consultados por las expectativas y los objetivos de la conferencia de prensa, la comitiva expresa que “buscamos darle difusión al conflicto y denunciar quien es el señor Canido. Denunciar tanta ambición, porque realmente es ambición. Hacerlo público, porque nosotros pensamos que ahí no es una zona más que agrícola, quieren liberar una zona en que las comunidades molestan: hay otros negocios por detrás. Lo que queremos es que se investigue, porque nadie puede comprar en negro tanta cantidad de tierras”.

Son 50 las propiedades que acusa tener el empresario y los delegados afirman que allí “todos trabajan en negro” y que en aquellas propiedades “vive de rentas, le da a otro tercero que siembre. Él es el encargado de limpiar un poco, contratar a alguno para que limpien y alambre. Se siembra soja y maíz”. “Lo único que hace él (Canido) es comprarlos y limpiarlos de gente y de maleza”.

El recorrido judicial es largo y la falta de respuesta los impulsó a realizar la denuncia pública a nivel nacional. “En Santiago hemos hecho todas las denuncias en fiscalía donde está el juez Alarcón, se hizo la denuncia en Jefatura de Gabinete y al ministro de justicia. Se entregó toda la documentación solicitada pero no se ha hecho nada. Las bandas armadas siguen adentro. También hemos denunciado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”.

“A nosotros nos preocupa el accionar político y judicial de la provincia de Santiago. Venimos denunciando un montón de veces y jamás han detenido a nadie” detalla Ricardo Cuellar de la comunidad Indígena Lule-Vilela, y enfatiza: “Pedimos, también, que se investiguen las compras que se han hecho de las tierras; no solamente él, porque hay muchísimas empresas que tienen grandes cantidades de campos comprados con muchas poblaciones adentros, con pozos, con represas: las posesiones de esas tierras las tienen las comunidades campesino-indígenas”.

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Tras 20 de años, la semana pasada la Corte Constitucional de Colombia les reintegró a campesinos y campesinas de la Hacienda la Bella Cruz, en el sur de Bolívar, el derecho a vivir y producir en estas tierras que vuelven a ser de su propiedad. Se trata de 1200 hectáreas que se encuentran ubicadas en el sur del Cesar, en los municipios de La Gloria y Pelaya.

La historia del despojo

La historia de esta hacienda es la historia de Colombia y Latinoamérica, donde la violencia de terratenientes y grandes empresarios han despojado a los campesinos de sus tierras. El caso de La Hacienda Bella Cruz es un ejemplo de resistencia de varias familias que fueron desplazadas por el ex embajador, Carlos Arturo Marulanda, y su familia utilizando a paramilitares del bloque de las autodefensas del Sur del Cesar en cabeza de su jefe Juan Francisco Prada alias “Juancho Prada”.

Entre el 11 y el 15 de febrero de 1996, 40 personas fueron asesinadas y entre 170 a 280 familias fueron desalojadas de su Hacienda BellaCruz por orden de los hermanos Marulanda (ver: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5518-piden-investigar-al-exministro-carlos-arturo-marulanda-por-desplazamiento-en-la-hacienda-la-bellacruz ). Los paramilitares quemaron por lo menos 250 ranchos y dieron un plazo de cinco días para desocupar la propiedad. Días después, numerosas personas que salieron con vida del desalojo fueron amenazadas, desaparecidas o asesinadas.

El Estado reconoció estos hechos como un crimen de lesa humanidad y asumió la responsabilidad del Ejército por acción y omisión, ya que el desplazamiento contó con la complicidad de un teniente y sus unidades de la base militar de Ayacucho que tiene sede en el municipio de La Gloria.

Luego de este episodio, la tierra fue comprada por el magnate brasileño German Efromovich a la familia Marulanda, quienes seguirían siendo inversionistas en los negocios de este empresario, en empresas vinculadas al monocultivo de palma aceitera y piña. Todo ello sin que se reconociera que esta tierra fue despojada a los campesinos de forma violenta y comprada de forma ilegal.

Ocupación, lucha por la tierra y recuperación por la permanencia en el territorio

En junio de 2015 las comunidades retornaron a una parte de la hacienda. Organizadas en asociaciones campesinas como ASOCADAR (Asociación Campesina de Desplazados al Retorno),  varias familias campesinas ocuparon las tierras que venían peleando jurídicamente desde el año 2009, cuando instauraron una demanda al Estado por el caso de los dos territorios.

Las acciones jurídicas y de hecho estuvieron acompañadas por la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar, una organización que aglutina a varios procesos comunitarios de la región. En este contexto, el día 12 de mayo pasado la Corte Constitucional en Colombia le dio la razón a las comunidades despojadas de la hacienda la Bella Cruz, ordenó que más de 1200 hectáreas fueran devueltas y que en tres días se debe revocar y cancelar los registro de la empresa de Efromovich; eso significa que todo producto que el empresario haya sembrado deberá ser retirado, lo que implica retirar los cultivo de palma aceitera que fueron sembrados para la empresa Agronegocios.

Sin embargo, frente a esto, el líder Fredy Rodríguez Corrales de ASOCADAR (Asociación Campesina de Desplazados al Retorno) explicó: “A los campesinos no les interesa la palma, los campesinos van a trabajar la tierra como campesinos y no como empresarios”. Luego de este proceso, la Agencia Nacional de Tierras deberá legalizar y titular los territorios a las comunidades campesinas.

Según Teófilo Acuña, miembro de la Comisión de Interlocución, “la gente desde siempre ha sabido que esas tierras son de ella y que con o sin el fallo siempre estuvo la esperanza de poder retornar, es por eso que las organizaciones sociales saludamos el fallo positivo que dio la Corte Constitucional y con este mensaje queda ratificado que los campesinos siempre han tenido la razón en el tema de exigir la tierra para la vida”.

La seguridad en el Sur de Bolívar

A pesar de este fallo, se conoce por algunas declaraciones y acciones, que existen allí estructuras paramilitares e incluso algunos jefes paramilitares continúan dando órdenes desde las cárceles para generar amedrentamiento a las familias que ocupan estos territorios. Dicen que cuando estén en libertad los integrantes de este grupo paramilitar piensan retomar a estas tierras.

Por otro lado en el Sur de Bolívar se ha dado una permanente violación de derechos humanos y el conflicto armado sigue en ascenso. Esto quedo claro cuando en el mes de abril se desarrolló un paro armado en la región, en las cabeceras municipales, en presencia de la policía y las fuerzas militares. (ver: http://www.elespectador.com/noticias/politica/paro-armado-del-clan-usuga-aterroriza-poblaciones-antio-articulo-624775 )

Por otro lado,  el mismo 12 de mayo se realizó una operación conjunta por parte del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) en la Garita el municipio de Rio viejo, en el departamento de Bolívar, donde se llevaron a varias personas detenidas y se robaron las pertenecías de la gente. Esto es una muestra de la situación que vive la región de forma permanente: hay una persecución de la fuerza pública y no hay instituciones públicas que intervengan para salvaguardar la vida de los habitantes de las comunidades.

En este contexto, vale celebrar que las comunidades campesinas hayan logrado una victoria importante, pero no hay que olvidar que siguen amenazadas por las agresiones militares y paramilitares, por lo que piden solidaridad y apoyo nacional e internacional.

*Educadora y comunicadora Cedins – Congreso de los Pueblos.

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